dilluns, 3 d’agost del 2009

PP Vice 03/08/2009. El juez más que amigo pone fin al "calvario" del presidente valenciano, ¿prevaricació?

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Ja ho havien avançat "El Plural" i la SER però jo no m'ho podia creure. No perquè la dreta espanyola no sigui capaç de qualsevol cosa -quaranta anys de genocidi ho proven- sinó per vergonya i interès en la pròpia carrera professional dels dos magistrats que han votat sobreseure la causa.

Com es pot entendre que un dels tres jutjadors no estigui d'acord amb l'acte i hi faça un vot particular? Com es pot entendre que se sobresegui una causa quan encara no se n'han obert totes les caixes? Com es pot entendre que el Fiscal, el TSJM, el TS, el Jutge Flors i les acusacions demanen que l'encausament continuï i dos -repeteixo: dos- magistrats de dretes es passin per l'entrecuix tots els arguments anteriors?

Com es pot entendre que dos magistrats es juguin llur reputació si la revocació de l'acte d'avui, després d'un recurs al TS, els desqualificaria com a jutges? Perquè aleshores el que tocaria fóra que les acusacions s'hi querellessin per prevaricació.

Com es possible que el polític més cínic i ignominiós de la Democràcia hagi "estat en contacte" darrerament amb els tres jutges del TSJCV?

El problema, en el fons, és que l'únic poder franquista que no s'ha renovat és el Judicial i que hi segueixen campant els feixistes de tota la vida.

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Ítem més:

La Fiscalía Anticorrupción recurre en el Supremo el archivo de la causa a Francisco Camps en el marco del caso Gürtel - 19:22 h:

Cal recordar que Aznar va suprimir aquesta fiscalia?

Ara diran que la manipula el govern i que és Zapatero qui n'ha donat l'ordre. Són les 19:29, quant hi trigaran?

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03 Ago 2009

El caso Camps será el caso De la Rúa, con la ayuda de dios

14:39, por Manolo Saco Tags: ,

Decía Camps, refiriéndose a la amistad profunda que le une con el presidente del TSJ de Valencia: “Tendremos que buscar en el diccionario otra palabra distinta (a la de amistad) que resuma esta íntima y sentida relación entre De la Rúa y el presidente de la Generalitat”. Y un magistrado, con esa relación sentimental tan sentida e íntima con el presunto delincuente al que va a juzgar, no tuvo el coraje moral de retirarse para ahorrarnos el bochornoso espectáculo de que la justicia en España parezca un instrumento de los partidos políticos o de las sectas religiosas, como el Opus Dei, en las que militan algunos de ellos.

Si ese tribunal valenciano ha reforzado la sospecha de que la Justicia a veces hace trampas y mira por debajo de la venda de los ojos para ver quién se sienta en su presencia, la vergüenza también caerá sobre quienes tuvieron en la mano el impedir semejante desmán, el Consejo General del Poder Judicial, en el que se sienta como vicepresidente un ex consejero de Justicia de la Generalitat con el PP, Fernando de Rosa, íntimo amigo también de Camps, y un presidente del Consejo, Carlos Dívar, que antepone los intereses de la secta (por mandato religioso) a los de la justicia terrenal. Un CGPJ que no relevó a De la Rúa porque sus miembros no se pusieron de acuerdo para nombrar a tiempo otro juez libre de sospechas.

Veamos: La Ley Orgánica del Poder Judicial dice en su Artículo 219, referido a las causas de abstención de un juez y, en su caso, de recusación:Apartado 9. Amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de las partes. Repito: Amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de las partes.

Todo un espectáculo. La amistad de Camps y de la Rúa es tan íntima que su no abstención en la causa es un bochorno que no se conocía desde el caso Gómez de Liaño, juez delincuente que prevaricó dictando sentencia a sabiendas de que sus resoluciones iban contra derecho.

No tienen vergüenza. Sin vergüenza por la vida, consejo con el que les alentaba el hombrecillo insufrible para caminar por la política. No tener vergüenza es en ellos una virtud. Vendrán ahora bandadas de gaviotas reidoras a sobrevolar sobre nuestras cabezas, para contarnos que al fin se ha hecho justicia. Mariano Rajoy, el jefe de la banda, decía esta mañana, nada más conocerse la noticia del archivo de la causa: “Ha ganado la justicia, el sentido común”.

Puntualicemos: por los datos que tenemos, ha ganado la amistad de los jueces conservadores con el presunto delincuente, sobre los que ya siempre caerá la sospecha de su falta de imparcialidad. Podrán haber dictado una sentencia justa, ya nunca lo sabremos, pero la forma ha contaminado el fondo para siempre.

Y el sentido común ha sido pisoteado y burlado, porque el sentido común dicta que un juez no puede juzgar a un hijo, a una esposa, a un padre… o a un amigo íntimo. Por sentido común y porque lo exige La Ley Orgánica del Poder Judicial.

La sentencia es recurrible ante el Tribunal Supremo, donde también gobierna cristianamente el señor Dívar. Con todo, porque la burla es de una desmesura hiriente, esperemos que allí nos devuelvan en su día la esperanza de que todavía vivimos en un Estado de Derecho. Para entonces el caso Camps será inevitablemente el caso De la Rúa. Si es que hay justicia, claro.

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El juez más que amigo pone fin al "calvario" del presidente valenciano

El TSJV salva los muebles a Camps y archiva el caso de los trajes

EL PLURAL.COM

No por sabido resulta menos sorprendente. Finalmente, el TSJV, presidido por el juez De la Rúa, declarado más que amigo de Camps, ha decidido archivar el caso de los trajes que el presidente valenciano y otros tres altos cargos de su administración recibieron de parte de la trama corrupta liderada por Francisco Correa. El tribunal ha atendido a los recursos de los cuatro imputados contra el auto del juez Flors en los que aseguraban no haber recibido regalo alguno.

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El juez más que amigo de Camps ultima el carpetazo al caso de los trajes Correa, El Bigotes y Crespo se sentarán en el banquillo junto a Camps Bigotes: "Estoy comprando un bolso de Louis Vuitton a la alcaldesa” Los magistrados del TSJ de Valencia pactaron que sólo se investigase a Camps por los trajes De la Rúa decidirá la causa contra Camps, a pesar de la amistad que les une

Junto a Francisco Camps estaban imputados en el caso su mano derecha, el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa; el ex vicepresidente del Consell, Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de la Consellería de Turismo, Rafael Bertoret. Ahora todo quedará en manos del Tribunal Supremo, ya que las acusaciones han anunciado que recurrirán.

Voto particular
El pasado viernes, El Plural adelantaba que la decisión de archivar el caso ya estaba tomada. En realidad, el plazo de tres días que se dio el TSJV formaba parte de una pantomima cuyo objetivo real era presionar al único de los tres magistrados de la Sala de lo Civil y de lo Penal que no quería el archivo, José Francisco Ceres. Finalmente, no ha sido Ceres el rebelde, sino Juan Montero quien ha emitido un voto particular muy duro que asegura que sólo debería archivarse la parte referente a Ricardo Costa y que debería seguir la investigación para comprobar si son hechos constitutivos de delito.

Rechazo a la Fiscalía y al PSPV
El auto no sólo acepta los recursos de los cuatro imputados, sino que también ha rechazado los de otras entidades como la Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular, que está representada por el Partido Socialista del País Valenciano (PSPV), que ya ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Supremo.

Más que amigo
La historia de los trajes recibidos por Francisco Camps ha sufrido altibajos continuos durante su estancia en el TSJV. La investigación ya empezó con fuertes críticas tras saberse que el presidente del alto tribunal autonómico era íntimo amigo del presidente regional, como el propio Camps había reconocido antes de que el caso se destapara. Aunque todo hacía pensar que lo lógico hubiera sido la inhibición, nadie pidió esta medida.

El pacto de los magistrados
Otro oscuro capítulo se dio cuando El Plural adelantó que los magistrados del tribunal autonómico habrían pactado no investigar más allá de los trajes regalados a los cuatro imputados, dado que ya era algo evidente.

Bolsos y más
De esta manera quedarían apartadas del caso las sospechas de que el PP valenciano se había financiado ilegalmente y, además, así se explicaba la pasividad ante los bolsos de Louis Vuitton que recibía Rita Barberá o la ingente cantidad de regalos recibidos por miembros del Govern, como se ha sabido este fin de semana.

Correa y amigos
Tampoco se quiso juzgar a los donantes de los regalos. El TSJV rechazó aceptar la parte que implicaba a Francisco Correa, Álvaro Pérez El Bigotes y Pablo Crespo. Alegaba que esa parte de la investigación se estaba llevando en Madrid. Sin embargo, con este archivo, se confirma la falta de interés del tribunal valenciano, ya que el juez Antonio Pedreira, del TSJM remitió la semana pasada lo referente a la generosidad de Correa y amigos con los dirigentes valencianos.
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No habrá juicio para Camps

CADENA SER/ EUROPA PRESS

El Tribunal Superior de Justicia de Valencia archiva la causa por cohecho contra el presidente de la comunidad. El TSJCV no ha tomado la decisión por unanimidad

El tribunal ha estimado los recursos presentados por los imputados en la ramificación valenciana del "caso Gürtel", entre ellos el president de la Generalitat, Francisco Camps, y ha ordenado el sobreseimiento libre de la causa abierta contra ellos

CADENA SER/ EUROPA PRESS 03-08-2009

El Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha acordado el sobreseimiento libre de la causa abierta contra Francisco Camps, Ricardo Costa, Víctor Camps y Rafael Betoret, según un auto hecho público este mediodía por el Gabinete de Comunicación del tribunal. Según fuentes judiciales consultadas por la SER, el responsable de Justicia del PP, Federico Trillo, ha estado en contacto prácticamente diario con uno de los magistrados de la sala.

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La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha decidido el sobreseimiento libre de la causa abierta por un supuesto delito de cohecho pasivo contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y los otros tres imputados en el proceso judicial en el que se investiga la trama valenciana del caso Gürtel, según informó hoy el TSJCV en un comunicado.

La decisión ha contado con un voto particular de uno de los magistrados, Juan Montero, quien entiende que el sobreseimiento sólo debe acordarse con respecto al el portavoz del PP en las Corts Valencianes y secretario general del PPCV, Ricardo Costa.

Tanto Camps como el portavoz del PP en las Corts Valencianes y secretario general del PPCV, Ricardo Costa; el ex vicepresidente del Consell y ex conseller, Víctor Campos, y el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo, Rafael Betoret, también imputados en la causa, habían recurrido la decisión del magistrado instructor en el TSJCV que consideraba que los hechos podían ser constitutivos de cohecho impropio pasivo.

La sala se ha pronunciado de esta forma tras estudiar los seis recursos de apelación presentados contra el auto del magistrado instructor. Los cuatro imputados habían reclamado el archivo del procedimiento. Ante esta decisión se puede presentar recurso.

Hábil solo para cosas urgentes
Agosto es inhábil para todas las actuaciones judiciales, excepto las declaradas urgentes por las leyes procesales y para la instrucción de causas criminales, "lo que no es del caso, al tratarse de la resolución de un recurso de apelación", según explicó el TSJCV. Ante esta situación, se ha resuelto que la sala pudiera trabajar hasta el lunes con el fin de no interrumpir la deliberación ya iniciada, la redacción de la resolución y la notificación de la misma", señalaron.

En sus recursos, los cuatro imputados por un supuesto delito de cohecho pidieron el sobreseimiento de la causa, alegando no haber recibido trajes como regalo de empresas de Francisco Correa, ni haber incurrido en irregularidades en la adjudicaciones a la empresa Orange Market.

Rajoy: "Ha ganado la justicia"
El máximo dirigente del PP, Mariano Rajoy, ha felicitado al presidente de la Generalitat Valeciana, Francisco Camps, tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de sobreseer la causa abierta por un supuesto delito de cohecho y aseguró que quien tiene que hablar ahora "es la inquisición" que, según resaltó, el PP ha tenido "a lo largo de medio año".

"Ha ganado la justicia, el sentido común y los vendedores de tila, porque seguro que hay algunos de los nervios" aseguró durante su intervención ante el comité de la Junta Directiva del PPdeG en Santiago. "Muchas felicidades, Camps", sentenció.
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La Fiscalía Anticorrupción recurrirá el auto que archiva la rama valenciana

Rajoy: "Ha ganado el sentido común frente a la Inquisición"

La Fiscalía Anticorrupción recurrirá porque es contrario a derecho y a la doctrina del propio Tribunal Supremo

CADENA SER / AGENCIAS 03-08-2009

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció este lunes que la Fiscalía Anticorrupción recurrirá en casación ante el Tribunal Supremo la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV), que hoy decidió archivar la causa abierta en relación con el ''caso Gürtel'', que afectaba al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y otros tres cargos del Ejecutivo autonómico.

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De la Vega hizo el anuncio al ser preguntada sobre este asunto durante una rueda de prensa junto al presidente costarricense, Oscar Arias. La portavoz del Gobierno, que aseguró desconocer los "pormenores" de la sentencia, expresó en todo caso el "respeto" de José Luis Rodríguez Zapatero a la decisión judicial y se mostró convencida de que "ninguno de los intentos que han hecho los responsables del PP por presionar a la Justicia ha influido en la decisión".

Dicho esto, la vicepresidenta primera del Gobierno subrayó que ante la decisión del tribunal valenciano "cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo" y anunció que la Fiscalía General del Estado "lo interpondrá en los próximos días". La Fiscalía Anticorrupción recurrirá porque es contrario a derecho y a la doctrina del propio Tribunal Supremo.

Además, desde el punto de vista político, apuntó que deberían ser los responsables del PP "los que valoren si su actuación es el mejor ejemplo para que los ciudadanos se sientan más próximos a sus representantes políticos".

Un mensaje al líder de la oposición
También aprovechó para mandar un mensaje al líder de la oposición, Mariano Rajoy, quien este lunes dijo que se ha demostrado que han ganado "los vendedores de tila" frente a los que "están de los nervios" y calificó de auténtica "inquisición" a los seis meses vividos por Camps. De la Vega subrayó que esta asunto es "lo suficientemente serio como para hacer gracietas". "Menos gracietas y más respeto a los ciudadanos, a todos los ciudadanos", insistió la vicepresidenta primera.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana aceptó este lunes los recursos de los implicados en la trama valenciana del caso Gürtel, archivando así la causa abierta contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y el resto de imputados valencianos por supuesto delito de cohecho pasivo.

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Una decisión política

Así califican el archivo del caso Camps fuentes jurídicas consultadas por la SER

PEDRO JIMÉNEZ/CADENA SER 03-08-2009

Una decisión política. Esta es la única explicación que encuentran las fuentes jurídicas consultadas a la decisión de la Sala de lo Civil y Penal del TSJV. La sala desoye al magistrado instructor José Flors y archiva el asunto de los trajes, y lo hace cuando aún no ha recibido toda la documentación que le ha remitido el TSJM. Las fuentes consultadas afirman que no es habitual que una sala falle en contra de su magistrado instructor, y menos aún cuando cuenta con el apoyo de la Fiscalía.

El auto de imputación de Camps y Costa recogía hasta once indicios de la comisión de un presunto delito de cohecho por haber recibido gratis trajes a medida de la trama. Decía Flors en su auto que la verosimilitud inicial de la comisión de un delito había alcanzado un grado de "realidad muy probable y que con este tipo de conductas se degradaban los principios que deben regir en la función pública.

Sobre si Camps y Costa pagaron sus trajes, el auto sostenía que no había ninguna prueba que lo acreditara, y que sin embargo había muchas en sentido contrario. Por ejemplo, las conversaciones telefónicas que mantuvieron los lugartenientes de Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, con Ricardo Costa, para intentar arreglar el asunto cuando sabían que la Fiscalía lo estaba investigando.

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El tribunal archiva el 'caso Camps'

El Tribunal de Justicia de Valencia ha archivado la causa por un delito de cohecho pasivo contra el presidente autonómico, Francisco Camps, por recibir regalos de la trama Gürtel

LYDIA GARRIDO Valencia 03/08/2009

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) archiva la causa abierta contra Francisco Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret por supuesto delito de cohecho. El tribunal considera, aunque no por unanimidad, que los regalos recibidos por los cargos públicos de la trama corrupta que lidera Francisco Correa no son constitutivos de delito.

Resoluciones de Flors, Pedreira y el fiscal
Los tres trozos de una causa con conexiones
El 'caso Camps' llega a una encrucijada
El Bigotes presumía de hacer regalos a cambio de contratos
Camps reitera en su recurso que pagó sus trajes y que no guarda recibo
"Te envío las compras. Camps: cinco trajes a 950=4.750 euros"
El PP se esfuerza en diferenciar a Camps de Bárcenas
Rajoy, sobre el archivo de la causa contra Camps: "Ha ganado la justicia"
El archivo de un cohecho
Auto por el que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia archiva la causa por cohecho impropio contra Camps
DOCUMENTO (PDF - 279,5Kb) - 03-08-2009
Documento: Recurso de apelación de Camps

A favor de esa tesis, con archivo definitivo de las actuaciones, han estado Juan Luis de la Rúa, presidente del TSJCV y de quien Camps dijo que era más que un amigo, y José Francisco Ceres, magistrado conservador cuyo nombramiento fue en su día impugnado y posteriormente repescado. Sin embargo, el magistrado Juan Montero, propuesto en su día por el PP, ha dejado constancia de que tiene sus dudas de que los hechos que se imputaban a Camps, Campos y Betoret, que no a Ricardo Costa, no sean constitutivos de delito. Según su opinión, la causa debería haber quedado abierta para avanzar en las investigaciones que aseguraran si en efecto lo fueron o no.

La decisión de la sala permite recurso al Tribunal Supremo. El PSPV-PSOE, que actuó como acusación popular, ya anunció que así lo haría. También la fiscalía anticorrupción puede presentar recurso.

El tribunal no descarta que pudiera ser cierta la versión de los imputados, dadas las contradicciones de testigos y las irregularidades de la prueba documental. Sobre el delito de cohecho pasivo impropio el tribunal considera que se refiere no a la condición de autoridad o funcionario del imputado, sino a actos propios de la competencia de la autoridad o funcionario. "No cabe en el ámbito del Derecho Penal estimar que la conducta de admitir una dádiva por una autoridad o funcionario público, con independencia de otras posibles valoraciones de tipo ético, implique prácticamente de modo casi inevitable que necesariamente se realiza en consideración a su función", señala el tribunal.

Regalos por contratos
El juez instructor, José Flors, encontró numerosos indicios de la existencia del cohecho, pero no investigó si los regalos se hicieron a cambio de los contratos logrados por la empresa Orange Market, dirigida por Álvaro Pérez, El Bigotes. Entre los regalos que la investigación ha acreditado que recibió Camps había trajes, zapatos, pulseras, relojes, juguetes caros y entradas para el Circo del Sol. El principal contrato que Orange Market obtuvo cinco años consecutivos fue el montaje del pabellón de Fitur en Madrid. La empresa de El Bigotes logró también 40 adjudicaciones, la mayoría a dedo o fraccionadas en contratos inferiores a 12.000 euros para evitar el concurso público.

La sala tiene que decidir aún si incorporar a la causa a los cabecillas de la trama - Francisco Correa, Pablo Crespo y El Bigotes,- por un delito de cohecho activo al haber hecho los regalos a los cargos de la Generalitat y del PP valenciano, después de que la semana pasada el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se inhibiera a favor del de Valencia en este apartado de la investigación.

En el PP esperaban que la decisión que hoy ha tomado el tribunal valenciano de archivar la investigación pusiera fin a un "calvario". Tras conocer el sobreseimiento de la causa contra Camps, el presidente del PP, Mariano Rajoy ha declarado que ha ganado "la justicia, el sentido común y los vendedores de tila, porque hay algunos que están de los nervios".


Resoluciones de Flors, Pedreira y el fiscal

- Auto del juez Flors. El instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana afirma que hay "indicios racionales" para creer que Camps pudo cometer un cohecho por aceptar regalos de la trama. "No existe constancia de que su precio [el de los trajes] fuera abonado en caja y en metálico en el momento de recoger aquellos trajes, como afirmó el Sr. Camps en su declaración". El juez José Flors, por orden de la Sala, se negó a investigar a quienes hicieron los regalos: Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez.

- Opinión de la fiscalía. La Fiscalía Anticorrupción señala que El Bigotes y los demás cabecillas de la trama deben ser juzgados en Valencia junto a los aforados. "Su enjuiciamiento conjunto resulta inevitable", señala Anticorrupción en un escrito.

- El juez Pedreira avala la tesis del fiscal. "La incoación de procedimientos distintos para la investigación y enjuiciamiento de unas y otras conductas por separado podría motivar que se dictaran pronunciamientos contradictorios" señala el juez instructor de Madrid.
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El carpetazo judicial de un cohecho


El juez que investigó el caso en Valencia encontró suficientes indicios de un delito de cohecho y sostuvo en un auto que los dirigentes del PP valenciano deberían ser juzgados por un jurado popular. Pero tres compañeros suyos, que forman la sala encargada de estudiar los recursos de las partes, han dado la razón a Camps y a los suyos

JOSÉ MANUEL ROMERO - Madrid - 03/08/2009

Los jueces que han decidido archivar la investigación sobre un supuesto delito de cohecho contra el presidente de la Generalitat y otros tres cargos públicos del PP valenciano hacen en su auto una interpretación especial de lo que significa el artículo 426 del código Penal (La autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función o para la consecución de un acto no prohibido legalmente, incurrirá en la pena de multa de tres a seis meses).

Francisco Camps Ortiz
A FONDO
Francisco Correa
A FONDO

Dos de los tres magistrados que han analizado los recursos de los altos cargos del PP entienden que Álvaro Pérez, El Bigotes, hizo todos los regalos que se citan en el auto, pero las dádivas no estaban relacionadas con la función que ocupaban entonces Francisco Camps, presidente; Victor Campos, vicepresidente; Rafael Betoret, jefe de gabinete de la consejera de Turismo; y Ricardo Costa (portavoz parlamentario del PP). Los jueces lo escriben así: "Entendemos que no cabe en el ámbito del Derecho Penal estimar que pueda existir un automatismo genérico en considerar que la conducta de admitir una dádiva por una autoridad o funcionario público, con independencia de otras posibles valoraciones de tipo ético, implique prácticamente de modo casi inevitable, que se estime que necesariamente se realiza en consideración a su función, por el mero hecho de constatarse que se reúne la cualidad de autoridad o funcionarios público". Y añaden: "Se descarta incluso un posible agradecimiento por la adjudicación contractual obtenida, e inclusive se reitera, que no se tendía a la obtención de una determinada contraprestación".

La red de empresas dirigidas por Francisco Correa, el hombre que organizó durante 10 años todos los actos del PP y trabó contactos con decenas de dirigentes de este partido en ayuntamientos y comunidades autónomas para lograr cientos de contratos, pagó varios millones de euros en comisiones ilegales a alcaldes, diputados y al menos un consejero autonómico e hizo regalos caros a otros dirigentes populares. Su principal centro de negocio desde 2004 fue la Comunidad de Madrid, donde sobornó a alcaldes, diputados autonómicos y, al menos, un consejero. Correa extendió sus tentáculos a la Comunidad Valenciana, donde creó una empresa llamada Orange Market, al frente de la cual puso a Álvaro Pérez, conocido como El Bigotes, que desde el primer día de funcionamiento logró ingresos de la administración autonómica que dirige Francisco Camps. En cuatro años, cerca de 8 millones de euros, más otro millón por organizar los actos del PP valenciano.

Para cultivar esa fuente de ingresos, El Bigotes, según la investigación judicial, hizo regalos a diestro y siniestro, acreditados por los apuntes registrados en la contabilidad B de la trama empresarial corrupta, los testimonios de muchos de los implicados y los documentos de los establecimientos donde se hicieron los regalos. La empresa Orange Market logró decenas de contratos a dedo por parte de distintos departamentos de la Comunidad Valenciana. Los funcionarios declararon que les daban contrato sin concurso porque los conocían como proveedores y por su experiencia. Sin embargo, al menos en el primer año de existencia de la empresa, no habían hecho ni un solo trabajo para la Comunidad Valenciana y recibieron múltiples contratos, algunos troceadas en varias partes con importes inferiores a 12.000 euros para evitar la concurrencia de ofertas y el concurso público.

La empresa que lograba estos negocios, regalaba a la vez trajes, zapatos, entradas de circo, juguetes carísimos, corbatas, bolsos, relojes y pulseras a los dirigentes del PP valenciano, al presidente Camps y a su familia. Muchos de los regalos los hacía El Bigotes por Navidad y otros, durante el resto del año y durante cuatro ejercicios seguidos.

El juez que investigó el caso en Valencia encontró suficientes indicios de un delito de cohecho y sostuvo en un auto que los dirigentes del PP valenciano deberían ser juzgados por un jurado popular. Pero tres compañeros suyos, que forman la sala encargada de estudiar los recursos de las partes, han dado la razón a Camps y a los suyos y han decidido archivar el caso.

El magistrado Juan Montero Aroca ha formulado un voto particular en el que discrepa de la interpretación que sus dos compañeros han hecho del artículo 426 del Código Penal: "No me parece que ese tipo penal tenga que requerir una relación de casualidad".

El auto del Tribunal Superior de Justicia de Valencia implica que cualquier alto cargo de la Comunidad Valenciana puede admitir, sin ningún problema, regalos por varios miles de euros de empresas que contraten con la administración valenciana. Esos regalos, según dos de los tres jueces de la Sala de lo Penal del Tribunal Valenciano, son legales.
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Archivada la causa contra Camps

La decisión, contra la que cabe recurso, cuenta con el voto discrepante del magistrado Juan Montero, que no está convencido "de que los hechos imputados a Camps, Campos y Betoret no sean constitutivos de delito".

PÚBLICO.ES / AGENCIAS - Madrid - 03/08/2009 12:29

El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, puede respirar un poco más tranquilo. Pero sólo un poco. La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) considera que "no existe relación directa entre el pago de prendas" y los "agasajos" que pudieron recibir los imputados por el caso "Gürtel" y la adjudicación de contratos públicos a la empresa Orange Market.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha acordado el sobreseimiento libre de la causa abierta por supuesto delito de cohecho contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps; el portavoz del PP en las Corts y secretario general del PPCV, Ricardo Costa; el ex vicepresiente y ex conseller, Víctor Campos, y el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo y actual responsable de Protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael Betoret, al considerar que los hechos investigados en relación con el caso Gürtel no son constitutivos de delito.

Nada más conocer la decisión, el presidente del PP, Mariano Rajoy, se ha felicitado porque, asegura, ha ganado "la justicia, el sentido común y los vendedores de tila, porque hay algunos que, sin duda, están de los nervios. Lo siento mucho", ha señalado para gritar: "¡Muchas felicidades, Camps!".

Con esta decisión, -adoptada con el parecer del presidente de la sala, Juan Luis de la Rúa (íntimo amigo de Camps), y del magistrado José Francisco Ceres, ya que existe un voto discrepante del magistrado Juan Montero, quien entiende que la decisión del sobreseimiento del procedimiento debe acordarse sólo respecto de Ricardo Costa-, el alto tribunal valenciano ha estimado los recursos de apelación planteados por los cuatro imputados contra el auto del magistrado instructor del TSJCV, José Flors, quien sostenía que había indicios de cohecho pasivo en la actuación de los cuatro imputados por supuestamente aceptar regalos de la empresa Orange Market, dirigida por Alvaro Pérez, 'El Bigotes', e investigada en el marco de la 'operación Gürtel'.
El recurso de Camps se basaba en que había pagado sus trajes en efectivo.

Contra la decisión puede presentarse recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo

Paralelamente, la Sala ha desestimado los recursos de apelación formulados por el Ministerio Fiscal y la acusación popular, -ejercida por el PSPV- que solicitaban la ampliación del objeto del procedimiento, extendiendo los hechos iniciales del cohecho pasivo al del cohecho activo, la continuación de la investigación en fase de diligencias previas para practicar más pruebas, y la ampliación del número de imputados. De igual manera, ha desestimado la petición de nulidad de las actuaciones, que de forma referencial, fue planteada por la defensa de Francisco Camps.

Redactada el sábado
Contra esta decisión, que lleva fecha del pasado sábado aunque ha sido notificada a través de un auto esta mañana a todas las partes, puede presentarse recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, pero únicamente contra el pronunciamiento que afecta a los cuatro imputados, según el artículo 848 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Según informó el TSJCV en el comunicado, la resolución de la Sala, basada en una "amplia" jurisprudencia del Tribunal Supremo, revisa la declaración de hechos probados del magistrado instructor, valora indicios, pero no realiza un nuevo relato de hechos, y en este sentido señala que "no cabe descartar de forma absoluta otras versiones", es decir, que no excluye "que pudiese ser cierta la versión de los imputados, dadas las contradicciones de testigos y de las irregularidades de la prueba documental".

Cosas de su función
Hay un voto particular del magistrado Juan Montero, que defiende el sobreseimiento sólo para Ricardo Costa

Respecto al tipo delictivo investigado, -el cohecho pasivo impropio recogido en el artículo 426 del Código Penal-, el tribunal entiende que se refiere no a la condición de autoridad o funcionario de la persona imputada, sino a actos propios de "su función", a actos propios de la competencia de la autoridad o funcionario.

En este sentido, la resolución señala que "no cabe en el ámbito del Derecho Penal estimar que pueda existir un automatismo genérico en considerar que la conducta de admitir una dádiva por una autoridad o funcionario público, con independencia de otras posibles valoraciones de tipo ético, implique prácticamente de modo casi inevitable, que se estime que necesariamente se realiza 'en consideración a su función', por el mero hecho de constatarse que se reúne la cualidad de autoridad o funcionario público".

"Por tanto, no cabe concluir que se haya lesionado o puesto mínimamente en peligro el bien jurídico protegido por el tipo penal y relativo a la correcta actuación de la Administración Pública y la imparcialidad de sus decisiones.... Las anteriores consideraciones vienen avaladas por la más actualizada doctrina jurisprudencial, de la cual se infiere que no cabe realizar una valoración automática o genérica de la concurrencia de dicha relación de causalidad...", indica.

Francisco Camps
Presidente de la Generalitat
Garzón vio indicios que apuntaban a que recibió de las empresas de Correa más de 12.783 euros, principalmente en trajes.

Ricardo Costa
Secretario general del PP valenciano
El juez sostenía que adquirió trajes en tiendas de ropa por un importe de 7.325 euros pagados por empresas de Correa.

José V. Campos Guino
Ex vicepresidente de la generalitat
Las investigaciones apuntaban a que habría recibido en especie de las empresas del supuesto cabecilla de la trama 4.850 euros.

Rafael Betoret Parreño
Ex jefe de gabinete de Turismo en Valencia
El auto de Garzón le imputaba, al igual que a Campos Guinot, por los delitos de cohecho, falsedad y tráfico de influencias.
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Camps es íntimo del presidente del TSJCV

BELÉN TOLEDO - VALENCIA - 07/03/2009 009:10

El auto del juez Baltasar Garzón que implica a Francisco Camps en una presunta trama de corrupción está viajando ya hacia Valencia. En unos días, los documentos que conforman la causa serán recibidos por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Dado que el presidente de la Generalitat es aforado, es este órgano el encargado de valorar los indicios que existen contra él, de decidir si se le imputa y de juzgarlo si hay evidencias suficientes.

La sala que se ocupará del caso se compone de cinco magistrados. Cuatro de ellos se turnan para instruir y juzgar los casos que van llegando al TSJ. Sólo uno de ellos, por razón de su cargo, tiene asegurada una plaza en todos los juicios y, por lo tanto, también en el que decidiría la suerte de Camps. Es el presidente del Tribunal Superior y su nombre es Juan Luis de la Rúa. Un magistrado al que todos en el mundo de la judicatura valenciana reconocen un gran prestigio profesional. Y un hombre del que toda la clase política y jurídica de la comunidad conoce, al menos, una amistad: la que le une al presidente Camps.

Las pruebas de la amistad
Hay varias muestras de esa amistad. La más importante es la propia declaración del presidente valenciano el pasado mes de septiembre, en el acto de toma de posesión de la consellera de Justicia, Paula Sánchez de León: "Tendremos que buscar en el diccionario otra palabra distinta a la de amistad que resuma y defina la íntima y sentida colaboración entre De la Rúa y el president de la Generalitat". La respuesta del aludido no fue menos efusiva: "Me siento feliz de esa relación", afirmó.

Muestra de esa amistad es la presencia de De la Rúa en un acto electoral del PP. Fue en la precampaña de las autonómicas de 2007. El presidente del TSJ fue el invitado estrella de la presentación del programa del partido en materia de justicia. De la Rúa acudió al acto a pesar de que ostentaba la presidencia de la Junta Electoral. Desde el PP valenciano, justifican su asistencia: "En actos importantes siempre invitamos a representantes de la sociedad civil. Por poner un ejemplo, en el Congreso regional de octubre invitamos a representantes sindicales".

La excelente relación entre ambos presidentes ha sido glosada en la prensa regional. En los cinco años que Camps lleva al frente de la Generalitat -De la Rúa está desde hace diez a la cabeza del TSJ-, el protocolo institucional los ha llevado a coincidir en multitud de actos públicos. En uno de ellos, la colocación de la primera piedra del Palacio de la Justicia de Paterna celebrada en septiembre, el jefe del Ejecutivo autonómico agradeció la "compañía leal" de De la Rúa durante todo su mandato. La reunión estuvo plagada de elogios mutuos, según publicó el diario Las Provincias.

También De Rosa
Al acto también acudió Fernando de Rosa, protagonista de otro coqueteo del presidente valenciano con el Poder Judicial. De Rosa, vicepresidente del órgano de gobierno de los jueces, fue hasta hace cinco meses conseller de Justicia a las órdenes de Camps. El 20 de febrero atacó duramente al juez Garzón, acusándolo de rozar la prevaricación en la instrucción del caso Gürtel. Ese mismo día, había mantenido una reunión con su antiguo jefe que en reiteradas ocasiones se ha negado a comentar.

La sintonía entre el posible imputado y el posible juzgador podría ser un motivo para que el propio De la Rúa se apartara del caso. La "amistad íntima o enemistad manifiesta" será "causa de abstención y, en su caso, de recusación", según la Ley Orgánica del Poder Judicial. El propio Partido Popular ha insistido en las últimas semanas en la necesidad de que los jueces guarden apariencia de imparcialidad. Incluso han pedido la recusación del juez Baltasar Garzón por coincidir en una cacería con el ex ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, que se vio obligado a dimitir.

En el TSJ argumentaron ayer que De la Rúa mantiene una relación "institucional" y no personal con Camps "al igual que con el resto de instituciones de la Comunitat Valenciana". La oposición pidió el jueves en Las Cortes Valencianas que Camps explicara su relación con el presidente del TSJ. Él evitó hacerlo.

Crónica
Zaplanistas y campistas marcan distancias
Las implicaciones del caso Gürtel en Valencia han reavivado la guerra entre los partidarios de Eduardo Zaplana y los de su sucesor, Francisco Camps. Ante las informaciones que atribuían el inicio de las supuestas irregularidades en el período en el que Zaplana dirigía los destinos del PP de Valencia, su entorno ha comenzado a marcar distancias. Así, desde ese círculo se aclararó ayer que la relación entre la presunta trama de corrupción y el PP valenciano comenzó después de que Camps asumiera el control de las finanzas del partido. En concreto, recuerdan que el actual presidente valenciano fue nombrado secretario general en julio de 2002, un cargo entre cuyas competencias están las responsabilidades económicas, cuentas bancarias del partido y custodia de los pagos y recibos.

El primer congreso regional del PP en el que Garzón detectó irregularidades se celebró en septiembre de 2002. Zaplana era todavía en aquel momento presidente del PP regional. Pero desde el entorno del ex presidente recuerdan que “Camps, reunido con Olivas, asume directiva y personalmente la preparación del congreso regional”.

Las mismas fuentes recuerdan que no fue hasta julio de 2003 cuando se constituyó Orange Market. Y recalcan que ninguna de las sociedades y empresas que aparecen en el auto de Garzón trabajó para el PP ni la Generalitat antes de septiembre de 2002. Zaplana dirigió el PP hasta 2002.

Camps asumió el cargo en 2003. Desde entonces, el actual presidente se ha esforzado por modelar el partido a su medida y por sustituir a los leales a Zaplana por personas afines a él. Camps ha conseguido su objetivo en la mayor parte del País Valenciano. Sólo el PP de Alicante continúa gobernado por los zaplanistas.
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Rajoy: "Ha ganado la Justicia, ahora que hable la inquisición"
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"Muchas felicidades Camps", grita el líder del PP.
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Camps salva el primer escollo para sobrevivir al 'caso Gürtel'

Una carrera hecha a medida.

EFE - Valencia - 03/08/2009 13:25

Francisco Camps ha salvado hoy el escollo mas duro que ha tenido en su carrera política al ver como el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana le daba la razón al decir que no cometió ningún delito en relación con el caso Gürtel.

Camps fue uno de los "barones" del PP que se colocó inmediatamente al lado de Mariano Rajoy y el líder del partido le devolvió el "favor" apoyándole hasta el final en sus declaraciones de inocencia sobre el caso Gürtel.

El Presidente del PP Valenciano se ha ganado su peso en el partido a cuenta de dos mayorías absolutas en las dos elecciones en las que ha sido cabeza de lista.

Camps (Valencia, 1962) inició su andadura política como concejal en un Ayuntamiento de Valencia que ya presidía Rita Barberá. En 1996, obtuvo un escaño de diputado por Valencia y, con la llegada al poder del PP, fue nombrado, en enero de 1999, secretario de Estado para las Administraciones Públicas.


El hombre fuerte del PP

lnició su andadura política como concejal en un Ayuntamiento de Valencia que ya presidía Rita Barberá

En 2002, volvió a la Comunitat como delegado del Gobierno y empezó su carrera dentro del PPCV, siendo elegido secretario general del partido, presidido entonces por Eduardo Zaplana.
Tras la marcha de Zaplana a Madrid como ministro, Camps se convirtió en el hombre fuerte del PP valenciano, aunque la impresión general era que, aún Zaplana seguía mandando en Valencia y Camps era su lugarteniente.

En julio del 2002, fue elegido candidato del PP a la Generalitat y en mayo se enfrentó a su primer reto electoral como cabeza de lista. Los resultados no pudieron ser mejores: administró la herencia de Zaplana y consiguió su primera mayoría absoluta. Ahí comenzó su despegue político autónomo como máximo responsable del gobierno regional valenciano y del PP en la Comunitat.
Poco a poco, fue soltando los nudos que Zaplana había dejado tanto en el partido como el gobierno, fue haciendo ambos a su mano y en el 2004 fue reelegido presidente de un PPCV que era ya fiel reflejo de su personalidad: serio y pertinaz, sin concesiones a la galería y, mucho menos, a la oposición.

La hora de la reválida
En mayo del 2007, le llegó la hora de la reválida en una situación de bonanza: los grandes acontecimientos deportivos situaron a Valencia en el centro de las portadas y la oposición acababa de perder a su principal representante -Joan Ignasi Pla- por un asunto de supuestos favores en unas obras realizadas en su casa.

Camps no desaprovechó el viento favorable y volvió a conseguir y aumentar la mayoría absoluta: 54 de los 99 diputados de Les Corts se sentaron en los bancos del PP.

Sin embargo, en ese viento favorable se cruzaron las investigaciones del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón: unas presuntas facturas de trajes hicieron salir su nombre en el informe de la fiscalía de la operación Gürtel.

Cuando salieron los primeros datos, aún sin nombres, la Generalitat negó cualquier relación con esas facturas y amenazó con querellarse contra quien lo publicase.

En cuanto se conoció que el nombre de Camps aparecía en esos papeles, se afanó por comparecer no solo para desmentirlo, sino para enmarcarlo en una campaña que, según dijo, busca "la división del PP".

Los reveses judiciales
Sin embargo, los reveses judiciales para el máximo responsable del Consell se fueron repitiendo, pero él cada vez que se mostraba convencido de que las cosas terminarían "pronto" y "muy bien", aunque la justicia se encargaba de aguarle la fiesta.

El juez Garzón decidió trasladar parte del caso Gürtel al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), ante la existencia de indicios contra él, y otros responsables del PP, y éste tribunal se consideró competente para investigar la causa.

Camps aseguró en Les Corts tener "unas ganas locas, locas" de explicar su no relación con la supuesta trama de corrupción, y tendría ocasión de hacerlo porque el instructor de la causa, José Flors, le llamó a declarar como imputado.

En su declaración insistió en asegurar que pagó los trajes adquiridos, y en Les Corts volvió a negar haber recibido regalo alguno de la trama corrupta, algo que desmentía Flors en un auto, en el que afirmaba encontrar "suficientes indicios racionales" de delito contra Camps y el resto de imputados.

Tras conocerse ese auto, en el que se decía que Camps no pagó los trajes que recibió, el president de la Generalitat miró hacia otro lado y consideró que "quedan uno o dos escaloncitos" para que "toda esta cuestión tan extraña tan absurda y extrafalaria" quede "en el pasado".

En medio de esta tormenta, y mientras el resto de imputados populares ha ido cediendo a las presiones y dimitido de sus cargos de responsabilidad, el PP mantuvo un respaldo absoluto sobre Camps, y por extensión sobre el portavoz popular en Les Corts, Ricardo Costa, imputado en la misma causa.

Ahora el tribunal les da la razón, al estimar los recursos presentados por los cuatro imputados y ordenar el sobreseimiento libre de la causa abierta contra ellos por un supuesto delito de cohecho.
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PP Vice 03/08/2009. El Bigotes regaló a Camps trajes, pulseras y entradas de circo.

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El Bigotes regaló a Camps trajes, pulseras y entradas de circo
JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ / LYDIA GARRIDO
El Tribunal Superior de Justicia de Valencia decide hoy si archiva la causa contra el presidente regional

PERFIL.- Ricardo Costa, un dandi en apuros

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Alfredo Prada, ex vicepresidente de Aguirre, denuncia cómo se intentó "convertir la víctima en verdugo"

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El Tribunal Superior de Valencia decide si archiva el 'caso Camps'
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El tribunal se inclina por archivar el caso. Según fuentes judiciales consultadas por la SER, Federico Trillo ha estado en contacto con uno de los magistrados de la sala

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El TSJCV decide hoy sobre la causa contra Camps
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La sala de Valencia decidirá si acepta los recursos de los cuatro imputados por cohecho.
Caamaño: "La cuestión es si Camps puede demostrar que pagó sus trajes"


ENTREVISTA A GABRIELA BRAVO
"No sé hasta qué punto De la Rúa y Camps son íntimos"
Comentarios: 21 ÁNGELES VÁZQUEZ
La fiscal valenciana y portavoz del CGPJ repasa las últimas actuaciones del órgano que controla a los jueces.
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Caamaño: «La cuestión es si Camps pagó los trajes como dijo al juez»
El PP denuncia presiones al tribunal y ve inaudito que el presidente deba demostrar su inocencia


El Bigotes también agasajaba a Angélica Such

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PP Vice 02/08/2009. Orange Market hacía regalos al núcleo duro de Camps y su familia en Navidad.

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Orange Market hacía regalos al núcleo duro de Camps y su familia en Navidad

Dirigentes del PP y responsables de las consellerias que contrataban con la empresa de «El Bigotes» figuran como receptores de obsequios de Álvaro Pérez

Martínez recibió de «El Bigotes» un reloj de 2.400 euros cuando dirigía Turismo
El director de RTVV y su esposa: bufanda de 180 ? y bolso de 300



La trama Gürtel habría hecho regalos a otros 14 altos cargos valencianos
Según el diario 'El País', entre los beneficiados por la trama corrupta se encontraría el hijo de Francisco Camps


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Angélica Such, bajo el manto de la mayoría popular, se niega a entregar los contratos con Orange Market
Bigotes: “Un reloj para la consejera actual de Turismo como se lo compré a la anterior”


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dissabte, 1 d’agost del 2009

PP Vice 01/08/2009. ¿Habrá final vergonzoso en el caso Gürtel valenciano? El TSJV planea archivar el caso Camps tras las presiones del PP.

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Auto de inhibición a favor el TSJ de la Comunidad Valenciana
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El TSJV planea archivar el caso Camps tras las presiones del PP

Federico Trillo ha estado, según han señalado a la SER fuentes jurídicas, en contacto permanente con los magistrados que deben decidir si el presidente de la Generalitat debe ser juzgado por los trajes que recibió de la trama de Correa.- La sala que tiene la úñtima palabra está presidida por el magistrado De la Rúa que mantiene una estrecha relación con Francisco Camps

PEDRO JIMÉNEZ / CADENA SER 31-07-2009

La decisión se hará oficial el próximo lunes, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) haya solicitado una prórroga para seguir deliberando. En cualquier caso, el Presidente de la Sala, Juan Luis de la Rúa y el Magistrado Juan Montero apuestan por dar carpetazo a la investigación abierta contra Camps y su número 2, Ricardo Costa.

AUDIOS: Eduardo Madina: "Si es cierto, estaríamos ante un tema muy grave que Trillo debería explicar bien"
AUDIOS: Juan Cotino: "Lamento que usted trabaje en la SER, pero habitualmente dice muchas mentiras"
El juez del TSJM se ha inhibido de la parte de los trajes de Camps en favor del de Valencia

Ahora se trata de convencer al ponente, José Francisco Ceres para que la decisión de archivar el caso se tome por unanimidad, algo que dan por hecho en el entorno del Presidente de la Generalitat.

Fuentes cercanas al Tribunal de Justicia de Valencia han señalado a la SER que esta decisión, contra la que cabe recurso, supone un duro revés para el magistrado José Flors que dictó un auto de imputación contra Camps y Costa muy bien fundamentado y que contenía hasta 11 indicios de la comisión de un presunto delito de cohecho al haber recibido regalos -trajes a medida- de las empresas de la trama Gürtel.

Una decisión que además se tomará antes de que haya llegado a Valencia la documentación del caso que le tiene que enviar el Tribunal de Justicia de Madrid. Estas mismas fuentes sostienen que el magistrado Montero ha estado en contacto casi a diario con el responsable de Justicia del Partido Popular, Federico Trillo.

Todo sobre Gürtel en CADENASER.com
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De la Rúa y Camps, “una íntima y sentida relación”

¿Habrá final vergonzoso en el caso Gürtel valenciano, similar al del caso Naseiro?

Si Francisco Camps, presidente de la Generalitat, tuviera –en términos políticos- una mínima dosis de dignidad, debería haberse dirigido hace meses, y en público, al presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencia (TSJV), Juan Luis de la Rúa, para subrayarle que le agradecía mucho sus gestos de deferencia hacia él, pero que le solicitaba su inhibición en el affaire de los trajes. Y ello porque entre ambos –según dijera textualmente Camps hace menos de un año- hay “una íntima y sentida relación”.

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Pero ni Camps se lo pidió ni se le pasó por las mientes a De la Rúa hacerlo. Por cierto, conviene además no desdeñar el dato de que De la Rúa ha rebasado el plazo de su presidencia reglamentaria en el TSJV. Sin embargo, ahí continúa ejerciendo su mando en plaza, entre su propia indiferencia y, lo que es peor, la indiferencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), poco sensible al parecer frente a un juicio –como el de Camps- de una trascendencia política y social sin apenas precedentes.

Nombramientos sorprendentes
Claro que, en este punto, hay que puntualizar que quien nombró presidente del CGPJ y, por tanto, del Tribunal Supremo al conservador Carlos Divar –menospreciando así, de facto, a numerosos jueces progresistas- fue José Luis Rodríguez Zapatero. Y es que la tendencia de Zapatero para sacarse de la manga nombramientos sorprendentes viene de lejos. Algún día tendrá que explicar –al menos en su libro de memorias- porqué, de pronto, designó a Miguel Sebastián candidato a la alcaldía de Madrid y, como premio por los servicios prestados [probablemente a Alberto Ruiz-Gallardón], luego lo hizo ministro de Industria.

El carpetazo
Volvamos a Valencia. De la Rúa parece que se dispone –según múltiples indicios- a dar el carpetazo definitivo al asunto de los trajes. Pretende archivar el caso, dejando de rebote en fuera de juego al juez instructor José Flors, –conservador moderado- quien tuvo que luchar él solo contra el viento y la marea de los De la Rúa y compañía, que intentan salvar como sea al Gran Estadista de los Vestidos y los Zapatos, gratis total; pues pagaban los corruptos las facturas. O sea, su “amiguito del alma, te quiero un huevo”, Álvaro Pérez, más conocido como el Bigotes y los auxiliares de éste.

¿Exento de connivencia?
Sucede que si Camps estuviera de verdad exento de connivencia con los jefes de la trama Gürtel, lo que no ha podido investigarse hasta el momento en la Comunidad valenciana -que es el escenario de hechos presuntamente delictivos que pudieron conducir a los famosos trajes-, tendría que ser el primero en ofrecerse a todo género de pesquisas judiciales.

¿A qué temen De la Rúa y Camps?
Si Camps no tuviera nada que esconder, no habría motivo para empeñarse en enterrar cuanto antes un affaire sórdido y –por lo que ha trascendido en estos últimos tiempos- rebosante de negocios extraordinariamente florecientes en ganancias aunque repugnantes en el método de conseguirlas.

Nitidez y clarividencia
Camps ha mentido desde que le estalló el regalo de los trajes. El juez Flors lo ha probado con una nitidez y clarividencia encomiables. Basta con leer su instrucción. Y por eso ahora el líder de la derecha valenciana espera ansioso que la justicia lo absuelva por la puerta falsa, la de eludir una investigación a fondo. ¿Tendremos que soportar un final vergonzoso del caso Gürtel, en lo relativo a Camps, similar al del caso Naseiro?.

Enric Sopena es director de El Plural
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El 'caso Camps' llega a una encrucijada

La causa puede seguir en Valencia o acabar en el SupremoEl tribunal de Madrid advierte de que puede haber nueva documentación

LYDIA GARRIDO - Valencia - 01/08/2009

Los dos "escalones" que Francisco Camps, presidente de la Generalitat, pensaba subir sin esfuerzo y con paso firme hacia el archivo de la causa en la que está imputado por recibir regalos de una trama corrupta son desde el viernes bastante más altos y complicados de superar. Camps y los otros tres imputados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), Ricardo Costa, secretario general de los populares valencianos; Víctor Campos, ex vicepresidente de la Generalitat, y Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo, podrían tener como compañeros de banquillo al cabecilla de la trama, Francisco Correa, y a dos de sus hombres: Álvaro Pérez, El Bigotes, y Pablo Crespo, el hombre que pagó los trajes supuestamente regalados.

Francisco Camps Ortiz

La sala ha recibido una invitación para seguir investigando los regalos a Camps

Están más cerca que hace solo dos días de verse todos juntos frente a un jurado popular. El auto del Tribunal Superior de Madrid (TSJM) en el que se inhibe en favor del TSJCV para que incorpore a la causa a los empresarios corruptos ha introducido un elemento nuevo que puede desembocar en que la investigación prosiga con más imputados o en que se archive y el tribunal madrileño plantee un incidente de competencia ante el Supremo. Los jueces de la Sala de Lo Civil y Penal, Juan Luis de la Rúa, Juan Montero y José Francisco Ceres, tienen la palabra.

La sala de Lo Civil y Penal tiene que resolver dos cuestiones que además están vinculadas. De una parte, los recursos presentados por los cuatro imputados contra el auto que el pasado día 6 de julio dictó el instructor José Flors y en el que convertía el procedimiento en jurado y dejaba claros los sólidos indicios que le servían para seguir adelante con la instrucción. Camps, Costa, Campos y Betoret solicitaron el archivo de la causa, negaron la existencia de delito alguno porque aseguraron no haber recibido regalos y sostuvieron que en el hipotético caso de que los hubieran recibido, habría sido por su relevancia en el PP y no por sus responsabilidades en la Administración pública. Además de esos recursos, la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular, que ejercen los socialistas valencianos, presentaron alegaciones a los escritos de las defensas.

La sala tiene que decidir si estima que los argumentos de los imputados frente al auto de José Flors son o no más creíbles, válidos y contundentes. Pero también tiene que decidir sobre la incorporación a la causa de Francisco Correa, Álvaro Pérez y Pablo Crespo, todos ellos imputados en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por delitos varios relacionados con la trama de corrupción que afecta a Valencia. En ocasiones previas, la respuesta de la sala a la petición realizada por las acusaciones fue negativa. Sin embargo, en este momento, no es una parte la que lo solicita. Se trata de un tribunal superior que estima conveniente que las tres personas que supuestamente realizaron los regalos sean juzgadas junto a quienes los recibieron. Y lo entiende oportuno porque cree que evidentemente existe una conexión, porque supone economía procesal (¿por qué juzgar por el mismo hecho en dos tribunales distintos pudiendo estar todos en uno?) y por seguridad jurídica, para evitar que se pudieran producir sentencias contradictorias sobre un mismo hecho.

Hay más. El tribunal de Madrid no solo esgrime esas razones: advierte de que puede haber más en el procedimiento en tanto quedan por desprecintar cajas con documentación.

Si la sala decidiera rechazar la competencia, mantener que asumió el caso solo para los cuatro imputados actuales y por el delito de cohecho pasivo impropio, el tribunal de Madrid podría presentar un incidente de competencia ante el Tribunal Supremo. Y si lo rechazara porque previamente archivara la causa al estimar los recursos de los imputados y por tanto planteara que al no haber caso no tiene nada que asumir, también acabaría en el Supremo: porque el Tribunal de Madrid presentaría el mismo incidente y porque las acusaciones recurrirán, como así han anunciado. Camps, por tanto, tiene una encrucijada. No parece fácil que la sala archive una causa en la que aún podrían incorporarse documentos nuevos sobre los hechos.
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Orange Market facturó 872.208 euros al PP en 2007, el año de las autonómicas que ganó Camps

La Fiscalía dice que los regalos a Camps no fueron como presidente del partido porque la contratación con la Generalitat fue de mayor volumen. La firma controlada por Álvaro Pérez recibió hace dos años 1,2 millones del Consell, según la documentación de Hacienda.

V. R./R. L./ F. A.

Orange Market fue durante la campaña de las elecciones autonómicas de 2007 la empresa de cabecera del Partido Popular en las Comunitat Valenciana. La contabilidad presentada a la Agencia Tributaria por la empresa presidida por el comercial de Francisco Correa en Valencia, Álvaro Pérez, refleja una facturación por valor de 8762.208 euros a la formación que preside Francisco Camps el año que fue reelegido jefe del Ejecutivo Valenciano.

La cifra supone el 70% del gasto efectuado por el PP valenciano durante la campaña de las autonómicas justificado ante la Sindicatura de Cuentas, que ascendió a 1,2 millones de euros, el máximo autorizado para la formación de la gaviota en virtud de la Ley Electoral Valenciana.

Entre las facturas cobradas por la franquicia valenciana de la trama Gürtel a las que ha tenido acceso este diario figura una por 175.000 euros en la que aparece como concepto genérico el "diseño, desarrollo y ejecución de la campaña electoral". Tan inconcreto o más es la factura en la que con el epígrafe "diferentes actos" Orange Market pasa al cobro 348.000 euros a los populares valencianos.

Durante esa campaña, Orange Market fue la principal responsable del montaje y organización de actos electorales. Ejerció de intermediaria ante el resto de subcontratistas y se convirtió, con Álvaro Pérez, en el principal contacto para el resto de proveedores del partido. Una función similar a la desempeñada en el año 2006. Según las declaraciones de Orange Market ante Hacienda, la facturación con el PP el año anterior al de las elecciones de mayo ascendió a 342.743 euros.

Ambas cifras son, sin embargo, inferiores a las que Orange Market percibió de la Generalitat. Según los datos presentados ante la Agencia Tributaria, Orange Market contrató con la Administración autonómica por valor de 1,1 millones de euros en 2006 y de 1,2 millones en 2007. En ambos casos la documentación de Hacienda revela que la Agencia Valenciana de Turismo "es su cliente más importante en volumen de facturación", recoge el escrito de alegaciones de la Fiscalía Anticorrupción al recurso presentado por el presidente Francisco Camps contra el auto del juez José Flors de 6 de julio en el que se propone su procesamiento por cohecho.

Para la Fiscalía, el mayor volumen de contratación con la Generalitat en comparación con el del PP "desvirtúa" el argumento de Camps de que los regalos de trajes y prendas de vestir se habrían hecho en razón de su puesto de presidente del PPCV y no por el cargo de presidente de la Generalitat. Sólo en este último caso cabe el delito del cohecho.
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Correa y Camps deben ir juntos a juicio
El magistrado Antonio Pedreira, del TSJM, se inhibe en favor de su homólogo valenciano.
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divendres, 31 de juliol del 2009

PP Vice 31/07/2009. El juez más que amigo de Camps ultima el carpetazo al caso de los trajes.

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Jo no m'ho puc creure. No puc creure que tres magistrats es puguen jugar tota la carrera professional prevaricant. Tanmateix si s'arxiva caldrà recórrer al Suprem i querellar-se contra els tres magistrats per prevaricació. En qualsevol cas, una pregunta: per què De la Rúa no s'ha abstingut?
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El TSJV pide tres días más para presionar al único magistrado que se opone al archivo de la causa

El juez más que amigo de Camps ultima el carpetazo al caso de los trajes

MARCOS PARADINAS

El juez De la Rúa, más que amigo de Camps, está a punto de dar carpetazo a la investigación sobre los trajes. El molt honorable presidente valenciano ni siquiera tendría que sentarse en el banquillo y tampoco se aceptaría la petición del TJSM para que se juzgue a Correa, El Bigotes y Crespo. Así lo ha revelado el diario Información de Alicante. Además, se estaría intentado presionar a uno de los tres jueces de la Sala, José Francisco Ceres, para que no emita un voto contrario y crítico con la postura de sus compañeros.

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Correa, El Bigotes y Crespo se sentarán en el banquillo junto a Camps

El Tribunal Superior de Justicia Valenciano habilitó ayer tres días inhábiles (este sábado, el domingo y el lunes, primer día laboral de agosto) para “no interrumpir la deliberación ya iniciada” sobre qué hacer con el presunto cohecho de Camps y otros tres imputados. En realidad, se estaría ganando tiempo para convencer al juez díscolo, el magistrado Ceres.

A punto de archivarse
Ayer, el TSJM enviaba al tribunal valenciano la petición para que Correa, Crespo y El Bigotes fueran juzgados junto a Camps, Costa, Betoret y Campos por considerar que el hecho de realizar regalos a un político está relacionado con el presunto delito de aceptarlos. Sin embargo, la lógica conclusión puede que no sirva de nada si finalmente el caso se da por archivado, como quiere el presidente del TSJV, Juan Luis de la Rúa.

Una pantomima
El tribunal valenciano tenía que decidir ahora qué hacía con el caso de los trajes y ha pedido tres días más para tomas la decisión. Sin embargo, todo sería una pantomima, puesto que la decisión de dar carpetazo ya estaría tomada. El plazo sería necesario para conseguir la unanimidad en los votos de los tres jueces que conforman la Sala de lo Civil y de lo Penal.

El juez rebelde
Y es que, según fuentes judiciales, José Francisco Ceres se habría rebelado contra Juan Montero y el presidente del TSJV y más que amigo de Camps, De la Rúa. Mientras que los dos últimos tienen claro que hay que dar carpetazo, Ceres no sólo se opone sino que baraja la opción de dar un voto particular. Este magistrado coincide con el planteamiento del magistrado instructor, José Flors, sobre la conveniencia de juzgar a Camps y compañía.

“Íntima y sentida relación”
En un acto oficial en septiembre de 2008, Camps, ante la mirada de De la Rúa, aseguraba: “Tendremos que buscar en el diccionario otra palabra distinta [de amistad] que resuma esta íntima y sentida relación entre De la Rúa y el presidente de la Generalitat”. El Plural ya adelantó hace dos semanas que los magistrados del TSJV habían pactado que sólo se investigase los trajes de Camps, y no otros asuntos más espinosos como la posible financiación ilegal del PP valenciano. _

La división en el TSJ obliga a prolongar la deliberación sobre el archivo del caso Gürtel

La Sala aplaza la decisión el mismo día en que el juez que instruye el proceso en Madrid envía a la Comunidad la parte de la investigación que afecta a quienes supuestamente pagaron los trajes

MERCEDES GALLEGO

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad se ha visto obligado a habilitar tres días inhábiles -mañana sábado, el domingo y el lunes, primera jornada laboral de agosto, un mes considerado inhábil para todas las actuaciones judiciales excepto para las declaradas urgentes- dada la división de pareceres existente entre los tres miembros de la Sala que tienen que pronunciarse sobre el archivo o no del proceso por cohecho que se sigue contra el jefe del Consell, Francisco Camps, contra su número dos, Ricardo Costa, contra el ex vicepresidente de la Generalitat Víctor Campos, y contra el ex jefe de gabinete de Turismo, Rafael Betoret.

La decisión de alargar las deliberaciones ha coincidido en el tiempo con la adoptada por el instructor del caso Gürtel en el TSJ de Madrid, el magistrado Antonio Pedreira, de inhibirse a favor del valenciano en la parte de la investigación que afecta a los presuntos cabecillas de la trama -Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez- por entender que existe una conexión entre los hechos que se les atribuyen a los imputados en la Comunidad -la recepción de ropa supuestamente pagada por la red corrupta- y quienes según todos los indicios la abonaban.

"La incoación de procedimientos distintos para la investigación y enjuiciamiento de unas y otras conductas por separado podría motivar que se dictaran pronunciamientos contradictorios, conculcándose la seguridad jurídica", argumenta el juez, que entiende que "se trata de los mismos hechos aunque examinados desde dos perspectivas: la del particular que entrega y la del funcionario que percibe". Un planteamiento que coincide con el mantenido a lo largo del proceso por la Fiscalía Anticorrupción, cuya petición ha aceptado ahora con este auto el juez de Madrid, y por el PSPV que, como acusación particular, tiene pedida no sólo la inhibición en este punto sino también en lo referente a las adjudicaciones del Consell a la red corrupta y a la supuesta financiación ilegal del partido.

Esta solicitud está pendiente de respuesta. El TSJ de la Comunidad tiene que decidir ahora si acepta o no la competencia para investigar a los cabecillas de la trama cuando, paradójicamente, se encuentra en plena deliberación sobre si archiva o no el proceso contra Camps. Una decisión que, casi con toda seguridad, se conocerá a principios de la próxima semana y que determinará si el máximo órgano judicial de la Comunidad asume o no la investigación procedente del TSJ de Madrid.

Aunque contra el archivo del caso cabe recurso ante el Supremo, no parece que tuviera mucha lógica que, de concluir los magistrados que no hay indicios de un presunto delito de cohecho en la actuación de los cuatro imputados en la Comunidad, se inclinaran por investigar a quienes supuestamente pagaron las dádivas.

Mientras tanto, a últimas horas de la mañana de ayer el TSJ de la Comunidad informó de que el plazo para pronunciarse sobre los recursos de apelación presentados por todas las partes contra el auto del magistrado José Flors, en el que el instructor habla de indicios "con un grado de realidad muy probable" de un presunto cohecho en la actuación de los cuatros imputados, finalizaba mañana, 1 de agosto, y que al tratarse de un día inhábil debía prorrogarse hasta el 1 de septiembre.

La Sala de lo Civil y de lo Penal argumenta la decisión de habilitar el 1, 2 y 3 de agosto "para no interrumpir la deliberación ya iniciada", aunque este diario ha podido saber que está siendo la dificultad para llegar a un acuerdo entre los tres magistrados que la forman -Juan Luis de la Rúa, Juan Montero y José Franscisco Ceres- lo que ha obligado a ampliar el plazo para intentar llegar a un acuerdo y que la decisión que se adopte sea por unanimidad y no cuente, como en estos momentos se apunta como lo más probable, con el voto particular de Ceres, único magistrado de los tres que defiende que el presunto cohecho se dirima en un juicio.

Fuentes judiciales explicaron que la postura del presidente del TSJ, Juan Luis de la Rúa, y del procesalista Juan Montero, partidarios ambos de dar carpetazo al asunto y evitar al presidente del Consell sentarse en el banquillo para ser juzgado por un jurado popular al entender que de las actuación de los imputados no se desprenden indicios de delito, está chocando con el planteamiento de su colega, José Francisco Ceres, que comparte con Flors la conveniencia de que el asunto se dirima en un juicio.

Las mismas fuentes contrapusieron la capacidad de convicción de Montero frente a la juventud de Ceres para intentar aventurar cuál podría ser el resultado que al final adopte la Sala aunque será el Supremo el que, en caso de archivo, tenga la última palabra, otro elemento que tampoco olvidan los magistrados.
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El ideólogo del PP encuentra la solución a los problemas judiciales de sus compañeros
Lassalle: “El cohecho está en la mente de quien regala”

El Tribunal de Madrid envía la causa por cohecho a Valencia para que se juzgue conjuntamente
Correa, El Bigotes y Crespo se sentarán en el banquillo junto a Camps
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El tribunal estudia si archiva el 'caso Camps' sin tener aún todos los papeles

El juez de Madrid recuerda a sus colegas valencianos que hay documentos sin analizar

J. A. HERNÁNDEZ / L. GARRIDO - Madrid / Valencia - 31/07/2009

El Tribunal Superior de Justicia de Valencia está estudiando si archiva, o no, el caso de los regalos de la trama Gürtel al presidente valenciano, Francisco Camps, sin tener aún sobre la mesa toda la documentación policial sobre este caso. Así se desprende del auto que hizo ayer público el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el que se inhibe en favor del de Valencia respecto de la implicación de los cabecillas de la trama en lo que se refiere a los supuestos trajes que éstos regalaron a Camps. Lógicamente, esa documentación podría ser incriminatoria o, por el contrario, favorable al presidente valenciano.

Francisco Camps Ortiz

Fuentes del Supremo creen un error que se hayan abierto tres procedimientos

La Sala del Tribunal Superior valenciano estudia un recurso de Camps contra la decisión del juez instructor de su caso, José Flors, de imputarle un delito de cohecho pasivo (recibir regalos a cambio de nada) susceptible de ser enjuiciado por un jurado popular. En ese recurso, Camps pide que se archive la causa porque sostiene que no existe tal delito. La sala tenía previsto tomar una decisión ya, pero, tras recibir el auto del juez de Madrid, ha habilitado varios días de agosto para analizar la nueva documentación.

Aunque no la tendrá toda, ya que el magistrado del Tribunal Superior de Madrid Antonio Pedreira, instructor de la variante del caso Gürtel en Madrid, señala a sus colegas de Valencia, en el citado auto, que les ha ido remitiendo documentación intervenida por la policía, pero que aún queda por desprecintar otra parte. "Al irse avanzando en el volcado y levantamiento de precinto de los diversos soportes intervenidos", señala Pedreira, "se ha acordado la remisión de testimonio de algunos documentos. [Pero] aún no se ha concluido el levantamiento de precinto de [toda] la documentación intervenida", según el auto.

El troceo en tres partes del sumario de la trama Gürtel está creando problemas. La causa se la reparten el Tribunal Supremo y los tribunales superiores de Madrid y Valencia. Este último asumió inicialmente el caso Gürtel sólo en lo que respecta a los aforados de esa comunidad (entre ellos, el presidente Camps) y por un único delito, el de cohecho pasivo (que castiga a la autoridad que recibe dádivas, en este caso, trajes) aunque sea a cambio de nada. El juez Garzón, primer instructor de la causa, incluyó más delitos, entre ellos el de tráfico de influencias, pero el Tribunal Superior de Valencia redujo el asunto exclusivamente al cohecho pasivo y, además, limitó la investigación a sus aforados. De hecho, el juez Flors se ha inhibido en favor de su colega de Madrid para no tener que investigar a los cabecillas de la trama (Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, alias El Bigotes), que son precisamente quienes hicieron los regalos a los aforados valencianos: a Camps y a su número dos, Ricardo Costa. Pero, en el auto de ayer, el Tribunal Superior de Madrid entiende que Correa, Crespo y Pérez, al menos en lo que respecta a los supuestos regalos de los trajes, deben ser juzgados en Valencia "para no romper la continencia de la causa".

Fuentes del Tribunal Supremo señalan al respecto: "¿En qué cabeza cabe que en Valencia sea juzgado Camps por recibir regalos y no quien se los da, El Bigotes y compañía, si se trata de una misma acción punible?". Estas fuentes consideran una "barbaridad" que el caso Gürtel se haya troceado en tres partes.

El juez Flors se había negado a investigar a Correa, Crespo y El Bigotes en contra del criterio de la fiscalía, que señala al respecto en un escrito: "Dada la íntima relación entre las conductas de quienes aparecen como donantes de los regalos y quienes aparecen como perceptores de los mismos su enjuiciamiento conjunto resulta ineludible".

En su auto de ayer, Pedreira avala esa tesis: "La incoación de procedimientos distintos para la investigación y enjuiciamiento de unas y otras conductas por separado podría motivar que se dictaran pronunciamientos contradictorios, conculcándose la seguridad jurídica".
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Auto de inhibición a favor el TSJ de la Comunidad Valenciana
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Correa y Camps deben ir juntos a juicio

El magistrado Antonio Pedreira, del TSJM, se inhibe en favor de su homólogo valenciano.

ÁNGELES VÁZQUEZ - MADRID - 31/07/2009 08:00

Los presuntos cabecillas de la trama de corrupcióndesarticulada en el caso Gürtel deben ser también investigados y, en su caso, juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV), ya que regalaron, supuestamente, trajes al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y a otros tres dirigentes del PP de dicha comunidad. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira considera que "resulta ineludible" juzgar al que recibe una dádiva junto al que la entrega.

Por eso ha hecho suyas las alegaciones de la Fiscalía Anticorrupción y ha decidido inhibirse a favor del TSJCV en toda la documentación de la que dispone y vincula a los presuntos cabecillas de la trama corrupta con el pago de trajes a Camps; al secretario general del PP valenciano y portavoz del grupo popular en Les Corts, Ricardo Costa; al ex vicepresidente del Consell Víctor Campos; y el ex jefe de gainete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret.

El cohecho de Camps es el «reverso» del de Correa, según el TSJM

La decisión no supone que Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes, ya no estén imputados en la causa que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por el caso Gürtel, sino que también pueden serlo en Valencia por el delito de cohecho que presuntamente cometieron al pagar trajes a los dirigentes del PP valenciano.

Segundo intento en Madrid
La Fiscalía Anticorrupción intentó que el instructor del caso en Valencia incluyera en las diligencias a Correa, Crespo y El Bigotes, pero el magistrado José Flors se negó. En su resolución explicaba que la investigación se limitaba al delito de cohecho imputado a Camps, Costa, Campos y Betoret. Los cuatro están acusados de un delito de cohecho del artículo 426, que castiga con multa de entre tres y seis meses a "la autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo en consideración a su función".

Los tres cabecillas de la Gürtel podrían estar imputados en los tres tribunales

El resto de delitos que se investigan en la causa, así como todo lo relativo a los demás imputados (salvo los que por aforamiento corresponden al Tribunal Supremo) se investigan en el TSJM. El juez Flors añadía que sin que éste se inhibiera no le era posible hacer "actividad instructora alguna respecto de una parte de las conductas de esos tres sujetos (el pago del precio de las prendas con que, al parecer, fueron obsequiadas unas personas en Valencia), cuando todas las acciones realizadas por ellos forman parte, en principio y en su conjunto, del objeto más amplio de otro proceso en curso que se tramita" en Madrid.

La Fiscalía procedió a seguir la recomendación del juez Flors y el lunes pasado presentó un escrito en el tribunal madrileño solicitando la inhibición que se hizo pública ayer. Ahora la pelota vuelve a estar en el tejado del Tribunal valenciano, pues una vez recibida la inhibición, debe decidir si acepta la competencia e imputa a los cabecillas de la Gürtel por un delito del artículo 423.

A diferencia de Camps y los dirigentes valencianos, a Correa, Crespo y El Bigotes se les acusaría en Valencia de un cohecho del artículo 423, que castiga a "los que con dádivas, presentes, ofrecimientos o promesas corrompieren o intentaren corromper a las autoridades o funcionarios públicos". Su pena sería la misma que la que se imponga a los que intentaban corromper.

El TSJM ve «íntima relación» en el pago y el cobro de los sobornos

Es decir, si el TSJCV decide seguir adelante con el caso y acepta la inhibición de Madrid, Correa, su presunto lugarteniente en el grupo de empresas y el responsable de Orange Market, la filial valenciana de Special Events, estarán imputados en los tres tribunales que llevan el caso.

El Tribunal Supremo aceptó la competencia para investigar a los aforados nacionales del PP implicados el senador por Cantabria Luis Bárcenas y el diputado por Segovia Jesús Merino, así como a las personas relacionadas con los supuestos pagos que recibieron. Todo apunta a que entre los que pagaron estarán Francisco Correa y Pablo Crespo.

Delitos conexos

Los delitos conexos deben investigarse en un solo proceso por seguridad jurídica

Al inhibirse a favor de Valencia, el juez Pedreira "hace suya la fundamentación invocada por el Ministerio Fiscal". Los argumentos de Anticorrupción consistían en que el cohecho imputado a Camps y el que habría cometido Correa "son conexos". En su opinión, el cohecho que se imputaría a los pagadores "no es sino el reverso del cohecho pasivo que se imputa a los cargos públicos de Valencia".

Los delitos conexos deben investigarse "en un solo proceso" para evitar "resoluciones contradictorias", que conculcarían el principio de seguridad jurídica y merma las posibilidades de defensa de los imputados.

"Dada la íntima relación entre las conductas de quienes aparecen como donantes de los regalos y quienes aparecen como perceptores de los mismos, su enjuiciamiento conjunto resulta ineludible", dice el auto para justificar el envío de la documentación a Valencia.

El juez Pedreira precisa que todavía no ha terminado de revisar toda la documentación intervenida en el caso, pero que su "volcado" avanza.
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Los cabecillas del caso Gürtel en Madrid podrán ser juzgados con Camps en Valencia

El TSJ madrileño remite al valenciano la imputación por cohecho de Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez. El juez corrige a Flors y da la razón a la Fiscalía

REGINA LAGUNA VALENCIA

Al presidente de la Generalitat Valenciana le están haciendo un traje a medida y, en este caso, no es el sastre de Milano. Las hechuras las ha comenzado a marcar el Tribunal Superior de Justicia madrileño (TSJM), al inhibirse a favor del juez de Valencia para que impute en el mismo procedimiento que a Francisco Camps a los cabecillas del caso Gürtel en Madrid.

El magistrado instructor del TSJM, Antonio Pedreira, estima procedente que Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez sean enjuiciados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) al aparecer "como pagadores" de la "posible recepción de dádivas" por la que se investiga a Francisco Camps, al portavoz del PP Ricardo Costa, al ex viceconseller Víctor Campos y al ex jefe de Gabinete de Turismo Rafael Betoret.

Esta decisión ha dado un vuelco a la causa en Valencia, que desde fuentes próximas al PP valenciano se veía cada vez más cerca del archivo -no olvidemos los dos "escaloncitos" que citó el presidente Camps que le quedaban-. Esta semana iba a ser decisiva a la espera de que la Sala del TSJ valenciano resolviera los recursos presentados por las defensas pidiendo el sobreseimiento, y también los de las acusaciones, pidiendo que se ampliaran las imputaciones, como ahora puede ocurrir si se aceptara la inhibición de Madrid. Aunque esta decisión también la pueden recurrir la defensas de los imputados en Madrid. En concreto, tienen tres días cuyo plazo vence el próximo 3 de septiembre, al ser agosto un mes inhábil. Recordemos que una de estas defensas, la de Álvaro Pérez, se había personado al inicio del procedimiento y fue "expulsado" de la causa a Madrid, al asumir la competencia el TSJ valenciano sólo respecto del cohecho pasivo. Además, la Sala del TSJCV ha dado un plazo de cinco días, que vence en septiembre, a las defensas y acusaciones en Valencia para que presenten sus alegaciones ante la inhibición de Madrid. Ello implicaría una situación un tanto absurda en el caso de que la Sala decidiera el archivo el lunes, ya que entonces la imputación de la trama de Madrid en el delito de cohecho quedaría en el limbo jurídico y procesal.

Respecto a las razones por las que el juez de Madrid reenvía esta parte de la causa a Valencia, son las mismas que han venido alegando la acusación popular y la Fiscalía, y que tanto el instructor José Flors como la Sala de Valencia han venido denegando sistemáticamente en referencia a la famosa "montería".

Son los mismos hechos
No obstante, el instructor Antonio Pedreira recoge íntegramente las motivaciones de las fiscales. En su auto explica que los hechos imputados a Correa, Crespo y Pérez por el delito de cohecho son "los mismos en relación con los eventuales regalos de prendas de vestir a Ricardo Costa, Francisco Camps, Rafael Betoret y Víctor Campos". En este sentido, asume la tesis de la Fiscalía de que ambos delitos "son conexos" y "deben comprenderse en un solo proceso". Además, establece concretamente el delito por el que debería imputárseles: el cohecho activo del artículo 423 del Código Penal, como ya señalaba la Fiscalía en su petición al juez Flors.

Y añade el auto, copiando a la Fiscalía, que, "dada la íntima relación entre las conductas de quienes aparecen como donantes de los regalos y quienes aparecen como perceptores de los mismos, su enjuiciamiento conjunto resulta ineludible".

De otro lado, el magistrado madrileño abunda en que la misma Sala del TSJ de Valencia, cuando asumió la competencia de la causa que le remitía el juez Baltasar Garzón, ya dejó abierta esta puerta. En su auto del 21 de abril, el tribunal decía que "la Sala no se pronuncia, por el momento, sobre la competencia acerca de las conductas bilaterales atribuibles a particulares", y que decidirá según "lo que resulte del curso de las actuaciones".
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La Sala resolverá el lunes si archiva o sigue adelante

LEVANTE-EMV/M. GALLEGO ALICANTE

Los magistrados de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) no han querido dejar para septiembre la asignatura pendiente del caso Gürtel -una espada de Damocles para el PP- y han decidido habilitar el próximo fin de semana para resolver antes de las vacaciones los recursos pendientes pidiendo el archivo de la causa abierta por "posible" delito de cohecho contra Francisco Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret.

Según informa el TSJCV, la Sala acordó en la mañana de ayer "habilitar los próximos 1, 2 y 3 de agosto para continuar con la deliberación, redacción y notificación de la resolución que se dicte frente a los seis recursos de apelación presentados contra el auto del magistrado instructor del pasado 6 de julio". El plazo para resolver lo recursos de apelación es de cinco días, y consecuentemente en este caso el plazo finalizaría el próximo sábado, 1 de agosto, que al ser inhábil, debería prorrogarse hasta el 1 de septiembre. Por ello, la Sala ha resuelto que procede "habilitar los próximos días 1, 2 y 3 de agosto a los efectos de no interrumpir la deliberación ya iniciada, la redacción de la resolución y la notificación de la misma".

Hay que señalar que se consideran inhábiles los días del mes de agosto para todas las actuaciones judiciales, excepto las declaradas urgentes por las leyes procesales y para la instrucción de causas criminales.

Falta de acuerdoSegún otras fuentes, está siendo la dificultad para llegar a un acuerdo entre los tres magistrados de la Sala -Juan Luis de la Rúa, Juan Montero y José Ceres- lo que ha obligado a ampliar el plazo para intentar llegar a un acuerdo y que la decisión se adopte por unanimidad sin el voto particular de José Ceres.

Fuentes próximas al TSJ explicaron que la postura del presidente del TSJ, Juan Luis de la Rúa, y del procesalista Juan Montero, partidarios ambos de dar carpetazo al asunto y evitar al presidente del Consell sentarse en el banquillo de los acusados para que lo juzgue jurado popular, está chocando con el planteamiento de Ceres, que comparte con Flors la conveniencia de celebrar juicio. Por su parte, Ricardo Costa manifestó ayer que no se plantea dimitir en caso de que el juez instructor del caso Gürtel en Valencia decida abrir juicio contra él y el resto de imputados en esta causa. Mientras tanto, el portavoz socialista en las Corts, Ángel Luna, manifestaba que la resolución de Madrid hace "cada vez más inverosímil la posibilidad de archivo" de la causa.
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