Conchita Viera fue protagonista sin saberlo del pleno de la Asamblea de Extremadura. Su caso ejemplifica el vacío al que se enfrentan algunos familiares a la hora de aplicar la Ley de Memoria Histórica.
Esta mujer de 82 años nunca ha logrado que la propietaria de una finca de secano sin cultivar le diera permiso para desenterrar la fosa en la que yacen los cuerpos de su padre y otras 11 personas. Su padre, alcalde republicano socialista de Valencia de Alcántara, fue asesinado por los franquistas y arrojado a una mina.
Su caso sonó en el Parlamento regional para poner en evidencia la necesidad de una ley regional que lleve a la práctica los principios que promueve la Ley de Memoria Histórica. Que son eso, una declaración de principios. El motivo es que Conchita llegó a conseguir una subvención de 40.000 euros por parte del Gobierno Zapatero para exhumar los restos de la mina; la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura reclamó a la Junta que iniciara el expediente de ocupación forzosa temporal, como marca la ley. Pero elEjecutivo de Monago nunca respondió a la reclamación de expropiación. Esta mujer se vio obligada a devolver la subvención.
Este es solo un ejemplo que explica el motivo por el que las asociaciones de memoria histórica reclaman con insistencia un marco legal propio en Extremadura. Un marco que no solo de garantías y una cobertura legal a familiares y víctimas, sino que determine qué ocurre en caso de no cumplirse la Ley de Memoria Histórica, que realice un trabajo de recuperación y documentación de la Guerra Civil y de los 40 años de la dictadura de Franco, muchos en archivos militares.
Extremadura ha abierto este jueves el debate de una ley de memoria democrática, como la andaluza. En el pleno ha sobrepasado su primer reto, tras lograr que todos los grupos parlamentarios excepto el PP avalen la necesidad de instar a la Junta a su elaboración.
La Asociación de la Recuperación de la Memora Histórica de Extremaduraadvierte de que existen flecos sin resolver, como un calendario concreto para retirar la simbología franquista. También qué hacer ante las expropiaciones forzosas, en los casos en los que los propietarios nieguen el acceso de los familiares a las fosas comunes, como es el caso de Conchita Viera.
Y no se trata de un elemento anecdótico, si se tiene en cuenta que este colectivo de memoria viene solicitando desde 2008 a diferentes administraciones que retiren escudos, insignias y placas. En algunos casos lo ha logrado, en otros ha obtenido el no por respuesta, o el silencio administrativo.
La propuesta de impulso aprobada en la Asamblea de Extremadura con los votos de PSOE, Podemos C's --el PP se ha abstuvo-- también exige al Gobierno de la Nación que cumpla con lo establecido en la Ley de la Memoria Histórica en cuanto al reconocimiento y la ampliación de derechos y el establecimiento de medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.
Los lugares de la memoria y los familiares
Uno de los elementos básicos para la asociación es que la administración acompañe a los familiares o víctimas, que los apoyen, teniendo en cuenta que se trata de personas mayores que en muchas ocasiones no saben qué procesos burocráticos hay que seguir para recuperar la carta de ajusticiamiento de sus seres queridos, o incluso cómo iniciar el proceso para abrir una fosa común.
La protección jurídica de los lugares de la memoria, protagonistas vivos de los hechos ocurridos, es un elemento también básico para la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura. Nadie pone en duda que Mauthausen debe permanecer en pie para recordar el holocausto, porque es parte de la historia, y sin embargo el campo de concentración de Castuera corrió el peligro de convertirse en una zahúrda de cerdos antes de lograr una figura de protección especial.
Puede parecer algo grotesco, pero cabe preguntarse por ejemplo qué pasó con lastapias del cementerio viejo de Badajoz. Allí el equipo de Gobierno del PP tapó en 2009 con un muro las tapias donde se cometieron parte de los crímenes de agosto de 1936, la famosa 'matanza de Badajoz', narrada por toda la prensa internacional de la época.
Otro caso sangrante puede resultar el del convento de la Plaza de Santo Domingo de Mérida. Un espacio que sirvió de cárcel durante muchos años, donde permanecieron encarcelados muchos presos antes de llevarlos a hacer el ‘paseíllo’ a las tapias del camposanto. Unas paredes con alto valor histórico, teniendo en cuenta que alojaban grafiti, mensajes y escritos que estos presos habían grabado a modo de mensajes de despedida antes de ser ejecutados. Las paredes fueron derribadas por sus propietarios.
Hay otros tantos restos que siguen en pie, edificios en ruinas que poco a poco van perdiendo su valor histórico por derrumbes. Y para el colectivo es vital su protección. Porque son lugares de la memoria, espacios que hablan en primera persona de la historia de España.
Están completamente abandonados, como por ejemplo una línea de bunkers en la zona de Castuera. También la Casa de la Sierra o Casa de las Cruces, en Don Benito, un refugio republicano donde se conserva el dibujo de un campesino que torea a un Hitler con cuernos con el mapa de España, y donde puede leerse debajo "Entra en Madrid si tienes cojones".
Destaca además un aeródromo franquista, que se sigue conservando en Calzadilla de los Barros, una línea de trincheras en Talarrubias, o un nido de ametralladoras sin cubrir junto a otro búnker entre Casas de Don Pedro y Talarrubias.
El debate parlamentario
Francisco Ayala, diputado socialista, fue el encargado de defender la propuesta de impulso de los socialistas, que apuestan por una ley de memoria democrática que homologue a la región con la práctica ‘memorialística’ de otras comunidades autónomas. También habló de la necesidad de incorporar al curriculum educativo los valores de la democracia en su más amplio sentido, como recoge la ley de memoria que se impulsa desde Andalucía.
Advirtió que la solución a las reivindicaciones de las víctimas y familiares no pasa por una "solución biológica", es decir, porque desaparezcan todos los que vivieron en primera persona este capítulo para pasar página. Tuvo una mención especial para los colectivos que desde hace ya más de una década trabajan organizados pidiendo memoria y justicia.
Insistió en que, en un ejercicio democrático tras 30 años de autonomía en Extremadura, ya es momento de recuperar la memoria, hablar de quienes lucharon contra una dictadura y quienes defendieron un sistema democrático referente del actual sistema. Insistió en que consiste en aplicar la pedagogía social y educativa, porque sin duda --a su juicio-- el conocimiento de la historia debe pasar por fomentar la memoria democrática (triple prisma de verdad, justicia y reparación).
Ciudadanos apoyó la moción, aunque la diputada María Victoria Domínguez señaló que la mejor memoria que se puede hacer es la del debate democrático y el cumplimiento de la ley nacional. Argumentó que estar apelando a los bandos y la guerra civil “no es algo bueno para el sistema democrático”, y que lo que quieren es apoyar el cumplimiento de la ley nacional.
Por parte de Podemos, el diputado Eugenio Romero dijo que la ley no ha sido cumplida ni por el PSOE ni por el PP, teniendo en cuenta la cantidad de símbolos franquistas que ocupan actualmente los espacios públicos. Mostró la voluntad de su grupo de hablar con seriedad de una ley que tiene que contar, dijo, con las asociaciones de memoria y que en el caso de Andalucía se incluya en el currículum educativo.
El PP ha sido la única formación en abstenerse. El diputado Miguel Canteroargumentó que su partido tenía el temor de que, con esta nueva norma, se busque “buscar más nicho para la gente amiga”, ante la posibilidad de crear por ejemplo un instituto de memoria democrática, mientras el PSOE desea eliminar el Consejo Consultivo.
Se refirió igualmente al acuerdo de 2014 entre la Junta, las diputaciones y la Universidad de Extremadura, por 476.000 euros, en el proyecto de recuperación de la memoria.
