Blog d'en Jordi Grau i Gatell d'informació sobre les atrocitats del Franquisme.....
"Las voces y las imágenes del pasado se unen con las del presente para impedir el olvido. Pero estas voces e imágenes también sirven para recordar la cobardía de los que nada hicieron cuando se cometieron crímenes atroces, los que permitieron la impunidad de los culpables y los que, ahora, continúan indiferentes ante el desamparo de las víctimas" (Baltasar Garzón).
Las familias que llevan años tratando de averiguar lo ocurrido con sus seres queridos tendrán la oportunidad de saber qué pasó con sus cuerpos
15 DE FEBRERO DE 2022, 14:41
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) iniciará el próximo jueves, 24 de febrero, las labores de prospección en el cementerio de Villadangos del Páramo en busca de una o más fosas comunes donde pudieran estar los restos de decenas de personas asesinadas por franquistas en ese término municipal.
Después de numerosas trabas creadas por la alcaldía de la localidad, el colectivo que inició en octubre de 2000 las exhumaciones científicas de personas desaparecidas por la represión franquista, cumplirá con la petición de los familiares de tratar de encontrar los restos de sus seres queridos y conocer cuál de todas las versiones que han escuchado durante años al interesarse por el paradero de los cuerpos de sus seres queridos es la real.
Las personas asesinadas por la represión franquista en Villadangos procedían de distintos municipios de la provincia de León: Mansilla de las Mulas, Valencia de don Juan, Sahagún, Benavides de Órbigo, Valderas, Villaornate, Folgoso de la Ribera, Villamarco, León, Alija del Infantado, San Cristobal de la Palanca, San Martín del Agostedo, Valdevimbre, Vegas del Condado, Oncina, Fuentes de Peñacorada, Navianos de la Vega (Alija), Sahechores de Rueda y Villadangos.
La prospección será dirigida por el arqueólogo gallego Serxio Castro, que ha llevado a cabo numerosas exhumaciones con la ARMH desde 2018. Los trabajos de antropología forense serán dirigidos por Laura González-Garrido, del Área de Antropología Física de la Universidad de León. Y junto a ellas participarán numerosos voluntarios y voluntarias procedentes de diferentes puntos de España.
Durante esos días se acercarán familiares de las personas asesinadas, procedentes de distintos puntos de la geografía española. Los familiares tienen previsto llevar a cabo un homenaje a Rufino Juarez, hijo de una de las personas asesinadas en Villadangos del mismo nombre, que falleció el pasado 1 de septiembre y que pasó años luchando por conocer lo ocurrido en Villadangos.
En el día de ayer, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica notificó a la alcaldía de Villadangos del Páramo y a la Junta Vecinal que los trabajos de prospección se iniciarán el próximo 24 de febrero a las nueve de la mañana. Los trabajos se llevarán a cabo con los recursos de la asociación que no pide subvenciones para ello.
El colectivo envía un escrito a la Dirección General de Patrimonio como paso previo a la apertura de la vía judicial basándose en los tres años de investigación de este diario sobre el funcionamiento de Cuelgamuros
"Hay que acabar con la impunidad con la que funcionó durante décadas un sector estrechamente vinculado con el franquismo", resalta Arturo Peinado, presidente del Foro por la Memoria
El abogado de la familia Franco, Luis Felipe Utrera Molina y el prior de la basílica, Santiago Cantera a su llegada al Valle de los Caídos. EFE
La Federación Estatal de Foros por la Memoria lanza una ofensiva para expulsar a los monjes benedictinos del Valle de los Caídos. El colectivo, constituido en 2004 a partir de la integración de varias asociaciones de ámbito nacional, ha registrado este martes ante la Dirección General de Patrimonio del Estado una reclamación para que el Gobierno saque de una vez por todas del complejo monumental a la orden religiosa que custodia la Abadía desde finales de la década de los cincuenta. Y lo hace poniendo sobre la mesa el "incumplimiento sistemático" de las obligaciones que los religiosos tienen reconocidas en el armazón jurídico levantado durante la dictadura. Una violación permanente de la normativa que regula el funcionamiento del Valle de los Caídos que infoLibre desveló en una extensa investigación publicada el pasado mes de octubre.
"Hay que acabar con la impunidad con la que funcionó durante décadas un sector estrechamente vinculado con el franquismo", resalta en conversación con este diario Arturo Peinado, presidente del colectivo, quien sostiene que la salida de los religiosos del complejo monumental es "fundamental" si lo que se pretende es desacralizar Cuelgamuros y convertirlo en un espacio de memoria al estilo de los que existen en otros países como Argentina. El colectivo no cree que el Ejecutivo nacional vaya a moverse con este escrito. "Probablemente, nos encontremos con un silencio administrativo", reconoce Peinado. Sin embargo, es el paso previo que tienen que dar antes de abrir la vía contenciosa-administrativa. "No dudaremos en acudir a los tribunales si es necesario", exclaman.
La Federación Estatal de Foros por la Memoria reclama la expulsión de la orden por el "incumplimiento sistemático" de la ley por la que actualmente se rige el funcionamiento del Valle de los Caídos. Una armadura jurídica que se forjó durante el franquismo, que aún sigue vigente y que se sustenta sobre tres textos diferentes. En primer lugar, el decreto de agosto de 1957por el que se establece la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, firmado por el propio dictador. En segundo, el Convenio de mayo de 1958. Y, por último, el reglamento de enero de 1959 que desarrolla las normas aplicadas a la anteriormente mencionada fundación, un ente que administra provisionalmente Patrimonio Nacional.
La Abadía tiene derecho a permanecer en la Fundación de la Santa Cruz y a recibir "los productos de sus bienes" para el "cumplimiento de los fines fundacionales" siempre que cumpla "fielmente" con las "obligaciones establecidas". De no hacerlo, sentencia el decreto de 1957, el Patronato del ente debe dar "cuenta de ello" a la Santa Sede "para que ésta autorice la sustitución" de los benedictinos "por otra orden o instituto de la Iglesia". Algo que, sin embargo, nunca se ha hecho, a pesar del incumplimiento desde hace décadas de algunas de las obligaciones que los religiosos tienen encomendadas, tal y como desveló este diario el pasado mes de octubre en una extensa investigación publicada tras más de tres años reclamando a la administración información sobre Cuelgamuros, un largo proceso que acabó en los tribunales.
Un Centro de Estudios Sociales sin actividad desde 1983
El colectivo se agarra a este precepto para exigir la salida de los monjes. Y lo hace poniendo sobre la mesa algunos de los incumplimientos detectados. Por ejemplo, la normativa establece que la Abadía tiene que dirigir un Centro de Estudios Sociales (CES), "con su biblioteca, publicaciones y becarios pensionados". Sin embargo, el CES lleva muerto casi cuatro décadas. "Dejó de tener actividad continuada a partir de 1983", señalaba Patrimonio Nacional en una de las respuestas enviadas a este diario en el marco de la investigación.
El Estado nunca ha ejercido en democracia el control que debería sobre el funcionamiento del mausoleo. Así consta en un certificado emitido por la Gerencia de Patrimonio Nacional en el procedimiento judicial abierto por este periódico. El documento, fechado el 10 de diciembre de 2019 y firmado por el entonces gerente del organismo dependiente de Presidencia, Ernesto Abati García-Manso, reconocía que en los archivos del organismo público no constaba "información concreta" de la evolución del número de monjes, una cifra fundamental a nivel presupuestario en tanto que el quinto pacto del convenio de 1958 que regula la relación entre la Fundación de la Santa Cruz y la Abadía establece que en el presupuesto del ente "se incluirá un mínimo de 35 pesetas diarias por cada monje o novicio", una cantidad "revisable anualmente".
Descontrol económico
Del mismo modo, tampoco había ni rastro de los "ingresos y gastos" de la última década de la Hospedería o la llamada Casa de Ejercicios Espirituales. Conocer estos datos es de suma importancia. En una nota elaborada por los servicios jurídicos del Estado, la Abogacía sostiene que "si de las actividades desarrolladas por la Abadía se obtuvieran ingresos suficientes" la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos no estaría "obligada a traspasarle" la subvención que históricamente se ha concedido a los religiosos para el desarrollo de sus actividades. Sin esa información, ¿cómo ha sabido Patrimonio si existía o no esa obligación de darles apoyo económico?
Tampoco constan documentos relativos a la justificación de esa subvención. "No se dispone de las memorias justificativas de la realización de las actividades subvencionadas (...) correspondientes a ejercicios anteriores a 2014, si bien de los años 2012 y 2013 existen cuadros-resumen de los gastos realizados con cargo a la misma", rezaba el certificado firmado por Abati. Es decir, se comenzaron a elaborar estos documentos después de que el Tribunal de Cuentas, en un informe de fiscalización relativo al año 2013, alertase de que "nunca" se había rendido "cuenta justificativa" del dinero que el Estado destinaba en cada ejercicio a los monjes de Cuelgamuros.
Jueves, 17 de julio de 1958. A pocos meses de que el dictador Francisco Franco inaugure bajo palio el enorme mausoleo que ordenó levantar en plena sierra de Guadarrama, una veintena de monjes se instala en el Valle de los Caídos. Pertenecen al Monasterio de Santo Domingo de Silos y, con Justo Pérez de Urbel al frente, tienen la misión de custodiar el complejo monumental. Sesenta y tres años más tarde, la misma orden religiosa sigue en Cuelgamuros. Y lo hace a pesar de llevar desde 1983 incumpliendo alguna de las obligaciones que le permiten continuar asentada bajo la gigantesca cruz de piedra que preside la sierra madrileña. El Estado es plenamente consciente de ello, según se desprende de la información facilitada a infoLibre. Sin embargo, nunca ha procedido a la expulsión de los religiosos, a pesar de que la ley le habilita para ello.
infoLibre ha tenido que acudir a los tribunales para obtener diversa información sobre el Valle de los Caídos, en un proceso que se ha prolongado durante tres años. Todo se inició en agosto de 2018, cuando este periódico planteó un total de 65 preguntas a Patrimonio Nacional, acogiéndose a la Ley de Transparencia. El objetivo era conocer con detalle si se estaba cumpliendo con la normativa franquista que sigue regulando dicho complejo y qué controles estaba realizando la Administración sobre su funcionamiento y sobre las subvenciones que reciben los monjes. Patrimonio Nacional, que depende del Ministerio de Presidencia, respondió a muy pocas de las preguntas planteadas, incumpliendo inclusó resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) instándole a facilitar los datos a este periódico. infoLibre decidió entonces demandar a Patrimonio Nacional en los tribunales y presentó un recurso contencioso-administrativo. El proceso judicial finalizó recientemente y este periódico inicia ahora una serie de cinco reportajes basados en la documentación obtenida desde 2018.
Las obligaciones legales de los monjes
Más de cuatro décadas después de la muerte del dictador, el mausoleo continúa funcionando apoyado sobre una armadura jurídica forjada durante el franquismo, una estructura normativa que la nueva Ley de Memoria Democrática tiene previsto reformar tras su aprobación definitiva. En primer lugar, el decreto de agosto de 1957 por el que se establece la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, firmado por el dictador. En segundo, el Convenio de mayo de 1958 entre la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y la Abadía Benedictina de Silos, suscrito por Luis Carrero Blanco –entonces subsecretario de la Presidencia del Gobierno– y que fija los derechos y obligaciones de los monjes mientras custodien el complejo. Y, por último, el reglamento de enero de 1959 que desarrolla las normas aplicadas a la anteriormente mencionada fundación, un ente que administra provisionalmente Patrimonio Nacional.
Entre sus obligaciones, la Abadía tiene que dirigir un Centro de Estudios Sociales (CES), "con su biblioteca, publicaciones y becarios pensionados", así como "seguir al día el pensamiento social en el mundo, su legislación y sus realizaciones", recopilar "la doctrina de los pontífices y pensadores católicos sobre la materia", llevar a cabo "la redacción y, en su caso, la divulgación de aquellos trabajos que sobre materias sociales realice el centro" o preparar los documentos e informes que le sean encargados "en orden a los problemas sociales". Para ello, el decreto-ley de 1957 recogía la creación de una Junta integrada por diferentes ministros –Presidencia, Educación Nacional, Justicia y Trabajo– y autoridades religiosas –entre ellas, el Obispo de Madrid-Alcalá– que, anualmente, debía elaborar un plan de estudios y trabajos del centro. Documento de obligado cumplimiento para la Abadía benedictina.
Pero el CES lleva casi cuatro décadas muerto. Y el Estado lo sabe. "Dicho Centro de Estudios Sociales dejó de tener actividad continuada a partir de 1983", señala Patrimonio Nacional en una de las respuestas enviadas a infoLibre. Y añade que "en cumplimiento de los fines fundacionales", el CES "prosigue su actividad en el terreno del estudio y la investigación". ¿Cuáles han sido en los últimos años, entonces, los planes de estudios y trabajos que, según el decreto de 1957, tiene que elaborar anualmente la Junta en relación con el centro y que guían su actividad? infoLibre ha solicitado copia de los mismos y ha pedido conocer la composición actual de dicho órgano, cuyo presidente, según fija la ley, es designado por la Fundación de la Santa Cruz, el ente que el consejo de administración de Patrimonio Nacional administra provisionalmente. Sin embargo, el organismo público no tiene esos datos. "No dispone de información sobre los planes de estudio, sino tan solo de algunas actividades realizadas por el mismo", señalan en un informe aportado en el proceso judicial que planteó este periódico.
¿Cómo se cumplen entonces los fines fundacionales? "Facilitando consultas a investigadores en la biblioteca y archivo del CES y participando en jornadas de estudio en colaboración con otras instituciones", señala el organismo dependiente del Ministerio de Presidencia.
Pero eso no es lo que dice la normativa legal. No hay ni rastro de la Junta Rectora, ni de los planes anuales de estudio y trabajo, ni de los becarios pensionados, ni de las publicaciones regulares. Todo ello de existencia obligatoria de acuerdo con la estructura jurídica aprobada a finales de los años cincuenta del siglo pasado.
LA REALIDAD DEL CENTRO
Es más, ni siquiera los religiosos esconden la realidad del Centro de Estudios Sociales, aunque culpan de ello a la Administración. "Cuando el Gobierno decidió cerrarlo en 1982 no tuvimos el menor problema en dejarlo, aunque sí dolor y tristeza por lo que había significado. Porque esos estudios también contribuyeron al sentido de la reconciliación que tenía este lugar, y que no son palabras que están escritas o ideas que se aportan ahora, sino que pertenecen a la misma esencia de su fundación. El trabajo de casi 25 años y su compilación en 60 volúmenes está ahí. Pero de todo esto nadie quiere acordarse tampoco, como si nunca hubiera pasado", explicaba en 2007 el entonces abad, Anselmo Álvarez, al diario Abc.
El historiador Julián Casanova estuvo allí. Y contó su experiencia en noviembre de 2007 en un artículo en El País. "Un conserje me indicó que no había allí ninguna biblioteca y, como insistí y le recordé que estábamos en un recinto custodiado por el Patrimonio Nacional, me dijo que tenía que ir a hablar con los monjes benedictinos. Pregunté en la abadía por el bibliotecario, quien, tras una breve conversación sobre los fondos disponibles, me acompañó a la Hospedería y le pidió la llave de la biblioteca al conserje. La biblioteca, que contiene miles de libros de historia y sociología, huele a cerrado y abandono", relataba.
Es cierto que desde la Abadía se han impulsado algunos cónclaves centrados en el estudio social. Por ejemplo, en septiembre de 2019, el prior administrador, Santiago Cantera, impartió en el complejo monumental el "Curso de Historia de la Doctrina y de la Acción Social de la Iglesia". El problema es que la normativa que regula la permanencia de los monjes es bastante clara en relación a las actividades del centro, que en ningún momento quedan reducidas a la participación en unas jornadas o a facilitar consultas. Se debe "seguir al día" la "evolución del pensamiento social en el mundo" y mantener actualizada "una biblioteca especializada en materia religiosa y católico-social", llevando a cabo la "redacción" y "divulgación" de aquellos trabajos sobre materias sociales que se realicen en el CES.
Sustitución por otra orden religiosa
Buena parte de esos estudios forman parte del fondo bibliográfico de Patrimonio Nacional. Así, el organismo conserva en la actualidad, según su propia base de datos, títulos como Situación y revisión contemporánea del marxismo (1966), La familia española (1967), Juventud y formación religiosa (1974) o La concentración urbana en España: problemas demográficos, sociales y culturales. El más reciente disponible, Acción Social de la Orden Benedictina, está fechado precisamente en 1982.
A pesar de que el Estado ha sido siempre consciente de que el Centro de Estudios Sociales lleva sin tener actividad continuada desde 1983, los diferentes Gobiernos liderados por PSOE y PP nunca han actuado para que se cumpliese la normativa vigente, o para cambiarla en caso de que considerasen que la actividad del CES ya no debería figurar como una de las obligaciones exigidas a los monjes para permanecer en el Valle de los Caídos. Y es algo que, con la ley en la mano, debería haber hecho. Así, el decreto de 1957 establece que la Abadía tiene derecho a permanecer en la Fundación de la Santa Cruz y a recibir "los productos de sus bienes" para el "cumplimiento de los fines fundacionales" siempre que cumpla "fielmente" con las "obligaciones establecidas". "Caso de incumplimiento, el Patronato dará cuenta de ello, razonadamente, a la Santa Sede, para que ésta autorice la sustitución de la Abadía Benedictina por otra orden o instituto de la Iglesia", sentencia la ley.
Sin embargo, el Centro de Estudios Sociales no ha sido la única cuestión en la que el Estado ha preferido mirar hacia otro lado. De hecho, como ha podido averiguar este diario, Patrimonio Nacional no ejerció en democracia el necesario control sobre otras tantas obligaciones que tenían los monjes de Cuelgamuros, a los que el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene previsto expulsar del complejo monumental en cuanto salga adelante la nueva Ley de Memoria Democrática que ya está tramitándose en el Congreso de los Diputados. Es decir, no supervisó correctamente que se estuviera cumpliendo lo que marca la ley que regula el funcionamiento del complejo monumental. La explicación de todo ello será el eje de una próxima entrega de la serie que hoy inicia infoLibre.
José Hernández Merlo, militant del PSOE i de la UGT, va ser afusellat el 5 d’agost de 1941.
Acte a la Diputació de Castelló.
“De les parets d’aquesta casa pengen els retrats dels seus presidents, però en faltava un, el del president Hernández Merlo, una anomalia que calia resoldre i que la història ha volgut que ho fem el 2022, any en què la Diputació de Castelló compleix el seu aniversari número 200”. Així ha celebrat el president de la institució provincial, José Martí, la col·locació del retrat de José Hernández Merlo, afusellat pel franquisme el 5 d’agost de 1941, quan tenia 41 anys i exhumat fa poc d’una fossa comuna del cementeri de Castelló.
Des de dimarts, el quadre amb la fotografia d’Hernández Merlo decora el vestíbul del segon pis del Palau Provincial de les Aules, en què se situa l’àrea de Presidència de la institució, juntament amb la resta dels expresidents.
L’acte de reparació, que ha comptat amb l’assistència dels descendents, s’ha celebrat després de la XII Sessió Xarxa de Municipis per a la Posada en Valor de la Memòria Històrica organitzada per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) reunida en la sala de recepcions de la Diputació de Castelló.
La besneta del president assassinat, la regidora socialista a l’Ajuntament de Sogorb Laura Tortajada, ha agraït en nom de la família el gest de reparació de la Diputació de Castelló i ha remarcat que “és un descans que per fi es reconega allò que tants anys ha estat davall terra”.
Tortajada també ha animat a seguir avant amb les polítiques de memòria històrica i, singularment d’exhumació de fosses del franquisme, “perquè moltes altres famílies puguen també descansar en pau”.
L’edil socialista espera que la lluita del seu besavi “no haja quedat en va”. “Va dir que no fugiria, perquè no havia fet res de roí”, ha recalcat.
Militant de la UGT i del PSOE
Hernández Merlo va ser secretari local d’UGT, va formar part del Comité Provincial del PSOE a Castelló, va tindre acta de regidor de l’Ajuntament de Castelló el 1936 i durant la Guerra Civil va exercir com a director de l’Hospital Provincial. Acabada la contesa, va ser detingut a Lludient i va estar pres a les presons de Menorca, Borriana i Castelló.
Va resultar condemnat a mort en el consell de guerra celebrat el 29 d’abril de 1941 i afusellat el 5 d’agost d’aquell mateix any.
El equipo de arqueólogos dirigido por Andrés Fernández, que inició en noviembre de 2017 la apertura de las fosas comunes del cementerio de Nerva, la más grande de la España rural, vuelve a retomar los trabajos de exhumación de los restos de las víctimas de la represión franquista.
El nuevo proyecto plantea la exhumación integral de la fosa sur, ubicada a la derecha de la entrada al cementerio, que podría albergar los restos de entre 100 y 150 represaliados, según las estimaciones de los expertos, que elevarían a más de medio millar sumando la fosa norte.
En esta nueva exhumación, ya han comenzado a aflorar las suelas de los zapatos que podrían corresponder a media docena de personas represaliadas, además de indicios de inhumaciones realizadas en féretros de forma simultanea. “Estamos intentando delimitar la longitud exacta de la fosa sur para definir los distintos depósitos colectivos y poder proceder a la exhumación individual de los restos”, aclara Fernández.
Por su parte, el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala ha agradecido la implicación de la Dirección General de Memoria Democrática del Gobierno de España en los trabajos que se están realizando en la localidad minera, esperando que la Administración regional esté a la altura. “Nos han concedido la máxima cuantía subvencionable. Esto pone de manifiesto la importancia de los trabajos que estamos desarrollando en Nerva desde hace años, que podremos prolongar con otros 29.000 euros de la Diputación de Huelva y 10.000 más del convenio de responsabilidad social promovido por la Fundación Atalaya Riotinto”, destaca.
Trabajos de exhumación en el cementerio de Nerva. / JUAN A. HIPÓLITO(Nerva)
Los trabajos de exhumación individual y ordenada en las fosas comunes de Nerva comenzaron el 20 de mayo de 2019. La reanudación de los mismos es posible gracias a la subvención de 50.000 euros concedida al Ayuntamiento de Nerva por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para continuar con el proyecto global emprendido hace cinco años.
En febrero de 2021, la Coordinadora Cuenca Minera del Río Tinto para la Memoria Histórica recibió otra subvención de 29.400 euros del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Histórica del Gobierno de España que permitió alcanzar las 89 exhumaciones.
De los estudios antropológicos realizados a los esqueletos exhumados en Nerva hasta ahora (39 de la Fosa Sur y 50 de la Norte), 17 pertenecen a mujeres y uno a un menor de entre 15 y 18 años. La media andaluza de restos de mujeres encontrados en fosas comunes de la guerra civil es del 5%, mientras que en la localidad minera esa cifra se eleva ya al 20%. Según los expertos, el proceso de exhumación podría encontrarse en estos momentos entorno al 15% del total contemplado, por lo que las primeras estimaciones realizadas sobre unas 200 víctimas podrían llegar a triplicarse.
Los restos que han ido apareciendo conforme iban avanzando los trabajos de exhumación presentan evidentes signos de violencia. Junto a alguno de ellos han aparecido proyectiles de fusil y casquillos de bala de pistola corta. Se encontraban interrelacionados de manera irregular. Las suelas de los zapatos de algunos sujetos han aparecido junto a los cráneos de sus compañeros, lo que indica que fueron arrojados a la fosa de cualquier manera, unos boca abajo y otros boca arriba.
Trabajos de exhumación en el cementerio de Nerva. / JUAN A. HIPÓLITO(Nerva)
El trabajo de exhumación es especialmente complejo en la fosa de Nerva por la degradación que presentan los cuerpos expuestos durante más de 80 años la acidez del terreno minero, a lo que se suma la disposición en forma de apiñamiento que presentan los mismos y los diferentes niveles en los que se encuentran.
En julio del año pasado, la Universidad de Granada recepcionó las muestras óseas de los restos exhumados hasta ahora, así como las tomas biológicas realizadas a medio centenar de familiares de represaliados por el Franquismo durante la guerra civil española, para su cotejo y posterior identificación. Aún se está a la espera de los resultados, y todo parece indicar que podría demorar, aún más, debido a la falta de recursos económicos.
En Nerva se sitúa el enterramiento común más grande de los 120 contabilizados en Huelva, la segunda provincia con mayor número de fosas de su región. Se trata de la mayor fosa común documentada en una zona rural de España. Se encuentra en el interior del cementerio municipal y ocupa prácticamente todo el muro de la fachada principal, de extremo a extremo, con más de 200 metros cuadrados, a excepción de la puerta de entrada que divide a la fosa.
“San Lorenzo era un macho, no gritaba, no gritaba, estaba en silencio mientras lo tostaban torquemadas paganos, estaba en silencio y sólo dijo -la historia sólo recuerda que dijo- dame la vuelta que por este lado ya estoy tostado... y el verdugo le dio la vuelta por una simple cuestión de simetría”. De “Tiempo de Silencio” Luis Martín Santos.
Al norte de París se encuentra la comuna de Saint-Denis, que ocupa por historia y patrimonio cultural lugar destacado en la historia de Francia. Sitio magno de enterramiento de sus reyes, empezando el rey de Francia Enrique IV, el asesinado por un fanático religioso y luego descabezado por revolucionarios no menores que él; rey también de Navarra y fundador de la dinastía Borbónica en Francia (cuyo parecido a algunos de sus parientes contemporáneos españoles no deja dudas sobre la eficacia de la genética de sangre azul a pesar de los casi 500 años transcurridos).
Pero Saint-Denis es, particularmente desde el siglo XX, residencia de inmigrantes del mundo, banlieu conflictivo y, su monumental e histórica puerta parisina, lugar de encuentro y entrada de las más variadas razas y oficios antiguos de todo tipo. Hoy, como tantas cosas que evolucionan y se transforman, constituye punto de referencia de la modernidad y también paralela expresión del conflicto racial y fundamentalista religioso. De manera que si algo puede resumir a Saint-Denis es que la historia lo contempla, desde no pocos ángulos, con toda seguridad.
Tal vez por eso es posible reconocer en ella una manifestación de la tragedia hispánica que no por su dimensión física reducida deja de magnificar la enormidad de esta y sus contradicciones permanentes. Todo porque desde el 29 de septiembre de 1975 del pasado siglo XX –sí, hace ya 47 años- Los concejales democráticos en la Maisón de Ville de Saint-Denis decidieron llamar a una calle céntrica de la localidad con el nombre de Rue des Victimes du Franquisme. Y ahí sigue para reconocimiento de una ciudadanía que ofreció su vida y libertad a la democracia española y en el combate contra una dictadura. Pero también como vergüenza viva para los beneficiarios de ella, que se pueden contar por millones y desconocen, al igual que la placa, que ese sacrificio existió, incluidos los que disfrutan de los derechos constitucionales españoles desde 1978 aún habiéndolos combatido. Lo que permite, también, a no pocos seguir denostándolos y, a otros, más que nada sumidos en la ignorancia o en el fanatismo sectario de su ideología, negar el homenaje debido a aquellas víctimas. Y denigrarlas sin más explicaciones y únicamente por razón de su ideario político, ya fuesen socialistas, anarquistas, comunistas o simplemente defensoras de un modelo de estado republicano.
Curioso es que la placa de una calle francesa se haya “descubierto” afanosa y recientemente por las redes sociales, tal y como si se hubiese colocado antes de ayer. Algunas gentes han llegado atribuir su instalación a la intervención de la actual Alcaldesa de París, Anne Hidalgo, dada su raíz genética e ideológica por ser hija de exiliados españoles. Lo que debería ser un honor; lo que implicaría estar orgullosos de nuestro pasado e influencia intelectual y material en el primer nivel de la vida democrática europea; se transforma en un discurso paleto y papanatas de una derecha (aunque no solo) que aún no parece haber superado sus nostalgias de una dictadura; cuya influencia permanece ideológicamente en nuestras instituciones y poderes del estado. Aunque lo políticamente correcto lo niegue, es aplicable el axioma de que cuando la naturaleza es expulsada por la puerta aparece por la ventana.
Pero esa lucha ideológica (mal llamada intencionalmente cultural), que ha emprendido sin despeinarse una derecha supuestamente “liberal” al respecto, tiene no pocos caladeros también en sectores ideológicamente democráticos, que han aceptado parte del revisionismo y blanqueo del franquismo a que estamos siendo sometidos impunemente. La equidistancia en esto no es expresión de neutralidad razonable, ni objetivación necesaria de los acontecimientos históricos pasados. La equidistancia y el apoliticismo subsidiario en este asunto es una concesión a los agresores ademocráticos actuales y una traición moral e intelectual a las víctimas.
La ubicación de la Rue des Victimes du Franquisme no está lejos del Hôpital de la Fontaine, frente al Parc de la Légion d'Honneur, antes de llegar al barrio de Plaine Saint-Denis. Sí, ese de la “pequeña España” lugar de encuentro y residencia de españoles en el exilio y no lejos de la actual Universidad Federico García Lorca. Todo un enorme monumento universal a nuestra desmemoria y a nuestra contemporánea incapacidad de asumir nuestra historia y reconocernos a nosotros mismos. Si alguien piensa ahora que estas líneas significan una remembranza nostálgica o un relato desactualizado de las “verdaderas” preocupaciones políticas necesarias, es que simplemente debemos de vivir vidas paralelas o espacios-tiempo virtuales independientes. No hay más que reseñar las actuaciones de la Alcaldía de Madrid (si, esa que ostenta también el portavoz del Partido Popular de 2022) sobre estos asuntos, profanando memorias de cementerios o insultando, aún hoy, la de Almudena Grandes, para comprobar, en hechos reales, la incomprensión de nuestro legado material e inmaterial a la democracia europea por parte de gentes con responsabilidades evidentes en nuestras instituciones.
Solo con darse una pequeña vuelta por numerosas poblaciones francesas, es posible encontrar más que reconocida la gesta española contra el fascismo y por las libertades humanas: El jardín de la Nueve en París. El homenaje a la masacre nazi de Vercors con las tumbas de decenas de maquisards, el 90% españoles. El Enorme Liceo y el Centro Cultural Manuel Azaña en Montauban, muy cerca de donde descansan sus restos. La Tumba de Don Antonio Machado en Colliure. El Quai del exilio español en Toulouse o La Avenida de la retirada en los municipios costeros de la Cataluña Francesca. El monumento de homenaje en el antiguo emplazamiento del campo de concentración de Argelés Sur Mer. El monumento a la resistencia al lado del Vieux Port de Marsella… Y así tantas decenas y tal vez centenares de homenajes a la españolidad democrática que no he podido contemplar. Estos al menos, con orgullo de español republicano, sí.
Hay pues demasiadas asignaturas pendientes en nuestra desmemoria democrática. Nadie duda de la importancia de la reparación de la tragedia en el respeto a las familias de los enterrados en fosas de ignominia. No hay ni un pero a eso. Si parece imprescindible el ampliar el foco al relato de nuestra historia y proyectarla públicamente desde la más absoluta reconciliación con nuestras tragedias. Básicamente para intentar acabar con ellas de una vez. Sacando a la luz su manifestación positiva y el ejemplo que la España democrática ha dado a todos los pueblos del mundo en el siglo XX y que ha demostrado en su reconciliación desde 1977 hasta nuestros días.
Pelear por ello, que en nuestras calles y plazas esté presente esa memoria viva de la lucha contra una dictadura es una misión tan importante como ineludible. No se trata de cambiar nombres de calles por títulos culturalmente inocuos, sino de mostrar valores y conceptos mas allá de una placa esmaltada. Porque los que se sorprenden del desconocimiento por las nuevas generaciones de españoles sobre nuestras vicisitudes del pasado, tal vez tampoco comprendan en absoluto su responsabilidad personal y directa, en el “Tiempo de Silencio” que las ha hecho desconocerlo. Y que nos quema a todos. Habrá pues que romper esa simetría.
