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Alberto Pozas
El Estado ha recurrido la sentencia que hace unas semanas anuló la licencia de obras necesaria para la exhumación de víctimas del franquismo de las criptas del antes denominado Valle de los Caídos. Según ha podido saber elDiario.es, la Abogacía del Estado ha presentado sus alegaciones contra la resolución y ha pedido al Tribunal Superior de Justicia que avale la licencia que otorgó el ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. Los trabajos, que por ahora no se han paralizado, arrancaron el pasado mes de junio en Cuelgamuros.
La sentencia fue dictada por el juzgado de lo contencioso número 10 de Madrid, el mismo que mantuvo la licencia paralizada de forma cautelar durante meses hasta que el Tribunal Superior de Justicia desbloqueó las exhumaciones. El recurso de la Abogacía del Estado implica que el pleito llegará ahora a la mesa del mismo tribunal pero esta vez para tomar una decisión sobre el fondo del asunto.
El juzgado estimó una petición de la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, la misma que por ejemplo denunció sin éxito a la Delegada del Gobierno en Madrid por desplazar unos metros una manifestación contra la ley de Memoria Histórica. La magistrada entendió que el informe del arquitecto municipal adolece de “falta de motivación” y se limitó a dar por buena la calificación propuesta por Patrimonio Nacional: un “copia y pega”, según la sentencia que ahora recurre la Abogacía.
Los trabajos preparatorios arrancaron hace unos meses y poco antes del verano, en julio, las primeras víctimas eran identificadas y sus restos entregados a sus descendientes. Los republicanos Valerico Canales, Emilio Caro, Floja Labajos y Román González, fusilados en 1936, fueron los primeros identificados: “Mi anhelo era abrazar los huesos de mi padre”, explicó uno de los familiares.
La sentencia, por el momento, no ha sido ejecutada y no ha tenido efectos prácticos sobre los trabajos de los forenses que buscan desde hace meses restos mortales de víctimas de la dictadura en las criptas de Cuelgamuros. La decisión que tome el Tribunal Superior de Madrid todavía podrá ser recurrida, además, ante el Tribunal Supremo y su sala de lo contencioso.
“Son intervenciones muy puntuales”
En su recurso, la Abogacía del Estado combate los principales argumentos de la sentencia: ni el informe del arquitecto estaba mal motivado, ni las obras que se van a realizar son profundas e irreversibles y, además, el Tribunal Superior ya se pronunció en ese sentido en la fase de medidas cautelares. “Se trata de intervenciones muy puntuales atendidas las dimensiones de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de Cuelgamuros”, explica.
Las criptas no son accesibles y eso, dice el recurso, obliga a hacer unos trabajos que requieren de una licencia de obras. “No se afecta ningún elemento estructural, ya que se practican huecos de acceso en los cerramientos formados por tabique de fábrica”, asegura. Es, en todo caso, una “obra de mantenimiento” y no de ampliación. No hay que tirar, por ejemplo, un muro de hormigón o de ladrillo macizo.
Además, recuerda la Abogacía que representa en este pleito a Patrimonio Nacional, “se trata de unas obras que, dentro del propio proyecto, prevén que, una vez se realicen los trabajos, se proceda a la restitución del inmueble a su estado actual”.
Años de espera de las víctimas
Las exhumaciones del anteriormente conocido como Valle de los Caídos han tenido que pelear, desde el principio, contra recursos de asociaciones franquistas o directamente de la familia del dictador, y han tenido que esperar meses o años hasta que han podido llevarse a cabo. La salida del cadáver de Franco, por ejemplo, permaneció paralizada de forma cautelar por el Supremo durante varios meses hasta que se ejecutó en octubre de 2019 y sus restos abandonaron Cuelgamuros en un helicóptero militar con destino Mingorrubio.
En el caso de los descendientes de las víctimas del franquismo ejecutadas y enterradas en el Valle, la espera ha sido mucho más larga y podría sufrir una nueva paralización si los tribunales ejecutan en algún esta última resolución ahora recurrida. Ya en 2016 una sentencia reconoció el derecho de los hermanos Lapeña a recuperar a sus seres queridos aunque siguen a la espera.
No tuvieron que esperar tanto las exhumaciones y traslado de los restos mortales de destacadas figuras de la dictadura y del bando golpista como el general Gonzalo Queipo de Llano o el falangista José Antonio Primo de Rivera. El primero fue exhumado en noviembre de 2022 de la Basílica de la Macarena mientras Paqui Maqueda, presidenta de la Asociación Nuestra Memoria, gritaba: “¡Honor y gloria para las víctimas del franquismo!”.
El segundo, fundador de Falange, fue exhumado del Valle de Cuelgamuros el pasado mes de abril, recibido por decenas de fascistas en el madrileño cementerio de San Isidro. Las víctimas del franquismo se han llegado a dirigir al Defensor del Pueblo para denunciar estas dos velocidades en la exhumación de restos mortales de Cuelgamuros.
