Blog d'en Jordi Grau i Gatell d'informació sobre les atrocitats del Franquisme.....
"Las voces y las imágenes del pasado se unen con las del presente para impedir el olvido. Pero estas voces e imágenes también sirven para recordar la cobardía de los que nada hicieron cuando se cometieron crímenes atroces, los que permitieron la impunidad de los culpables y los que, ahora, continúan indiferentes ante el desamparo de las víctimas" (Baltasar Garzón).
Un maestro y un inspector de impuestos, últimos identificados en la fosa de Víznar/UGR
Un maestro nacional y telegrafista de 58 años de edad y un inspector municipal de impuestos, de 41, son las dos últimas víctimas identificadas tras haber sido encontradas y exhumadas en el Barranco de Víznar. La identificación de Francisco Ruiz Guiraum y de Fermín Roldán García ha sido posible gracias a los trabajos de comparación y cotejo realizados por el Laboratorio de Genética de la Universidad de Granada con las muestras de los restos exhumados y las de sus familiares. Los cuerpos de Francisco y Fermín serán entregados a sus familias a la mayor brevedad posible, como ya ha ocurrido con otros casos.
El número de personas exhumadas en el barranco hasta el momento por el equipo multidisciplinar de la UGR (como parte del proyecto Barranco de Víznar. Lugar de Memoria) es de 166 víctimas y el de personas identificadas hasta ahora, siete. Antes que Francisco Ruiz Guiraum y Fermín Roldán García, los investigadores de la universidad granadina –antropólogos, arqueólogos, historiadores o sociólogos, entre otros– identificaron a Juan de Dios Adarve López, escribiente de la Fábrica de Pólvoras del Fargue, de 41 años; a Antonio Rosales Ruiz, enfermero de 35 años; a Eloísa Martín Cantal, modista de 19 años; a Francisco del Águila Rodríguez, mecánico del Tranvía de Sierra Nevada, de 24 años; y a Jesús Gámiz Garzón, maestro de escuela, de 35 años. Todas ellas fueron víctimas civiles, detenidas, asesinadas y ocultadas en fosas comunes a raíz del golpe de Estado de 1936.
Desde el comienzo de los trabajos en 2021, se han sucedido ya cinco campañas en el Barranco de Víznar. En noviembre de este año, el equipo de la UGR retomará el trabajo en el Barranco e intervendrán en una fosa que se presume de grandes dimensiones. Con ello, darán por terminada la quinta campaña. Posteriormente, a comienzos de 2026 y en una fecha aún por concretar, comenzará la sexta temporada de trabajo.
Actualmente, el equipo continúa trabajando en la localización de familiares y en la toma de muestras de ADN. Por último, está en marcha la creación de una página web para facilitar el acceso a información, listados de víctimas, formularios de contacto y otros recursos.
La ARMH (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica) busca a partir de este martes a dos personas presuntamente desaparecidas en una fosa franquista de Poladura de la Tercia, en Villamanín.
Es la tercera exhumación que realizará la asociación en busca de víctimas que fueron abatidas tras la caída del frente norte y la defensa republicana en esta franja de la montaña leonesa. La búsqueda en el paraje La Peña ha sido solicitada por los familiares de Aurelio Rodríguez Martínez y Daniel Rodríguez Martínez.
Las familias y los vecinos de las localidades de Poladura de la Tercia, Viadangos de la Tercia y Casares de Arbas han podido acotar el lugar de la fosa con bastante precisión después de una larga búsqueda. Su asesinato se produjo tras ser denunciados por una dirigente de Falange, después de permanecer escondidos durante varios meses.
Aurelio y Daniel son «dos de las centenares de víctimas represaliadas después del golpe de estado fascista del 18 de julio de 1936 en todas las provincias de España y, en este caso, represaliadas extrajudicialmente una vez caído el frente de Asturias y la defensa del frente norte en octubre de 1937, en la provincia de León», señala Marco González, vicepresidente de la ARMH.
En las fosas de Busdongo y Aralla de Luna se han localizado los restos de 14 víctimas, en su mayoría de Casares de Arbas y Busdongo.
El informe histórico de Doutón Carracedo señala que «la desaparición de estas víctimas se enmarca dentro de la represión franquista» y no como víctimas de combates, ya que sus muertes son posteriores a la caída del frente norte en el otoño de 1937.
La magnitud de la represión en esta zona de la provincia se relaciona con la relevancia que tuvo la zona, considerada «capital republicana de León» durante la primera etapa de la Guerra Civil después de que el 26 de agosto de 1936 se creara en Busdongo el Comité Provincial de Milicias Antifascistas Leonesas para organizar las diferentes milicias y en septiembre el Frente Popular en Villamanín. El 23 de diciembre de 1936 se creó el Consejo Interprovincial de Asturias y León que nombró gobernador en Villamanín a Alfredo Nistal.
Begoña Collado, del Gobierno de Asturias, recordó que gracias a asociaciones y familiares «hoy tenemos ley de memoria democrática en el estado español»
El Pozo Grajero lleva siendo un lugar de encuentro para recordar a los represaliados del franquismo.CAMPOS
El Pozo Grajero volvió a ser ayer el lugar de encuentro de personas que quisieron homenajear a las personas represaliadas por el franquismo y hacer un homenaje a las guerrillas que lo combatieron. La actividad se inició con la subida desde Polvoredo, municipio de Burón, hasta la sima donde se encuentra el Poco Grajero. Begoña Collado, directora general de Memoria Democrática de Asturias en su intervención dijo que «desde IU de Asturias en el gobierno del principado la políticas de memoria son nuestro ADN pero siempre ponemos en valor que esos cimientos sean basados recaigan en asociaciones y familiares que llevan décadas trabajando por la memoria y que no se pierda la información y ayudando en la transmisión oral. Gracias a estos a día de hoy tenemos políticas de memoria y una ley de memoria democrática en el estado español».
Cada año más jóvenes se acercan para conocer la historia de las personas cuyos restos yacen en esta sima. Santiago Ordoñez, miembro de la asociación Pozo Grajero, hizo una recopilación de los datos históricos. Así el 7 de noviembre de 1988 el grupo de la Guardia Civil del Greim rescató los restos de 15 personas. En diciembre de 1999 los forenses certificaron los restos de 13 hombres y la aparicion de cuatro fémures de mujeres. Empieza así un movimiento en toda la montaña leonesa siendo Mario Osorio concejal de IU de Puebla de Lillo el motor de la causa. El 21 de noviembre Julián Morante baja al interior del pozo y se certifican muchos más restos. El 3 de diciembre se acuerda por la jueza de Cistierna devolver los restos a la sima y hacer un homenaje. El 23 de febrero de 2000 haciendo caso a la petición de la mayoría de los familiares de las víctimas se organiza un entierro católico para los huesos en el cementerio de Lario. Entonces se empezó a trabajar desde la asociación para sellar la sima del Pozo Grajero y realizar un homenaje a todas las víctimas de la represión franquista. El homenaje se produjo el 14 de julio de 2001 siendo el primero en toda la provincia leonesa. Se recordó que es imposible abrir todas las fosas de España ya que la inmensa mayoría son técnicamente inviables pero hay que contar lo que paso en la Guerra Civil.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y su esposa, Eva Cárdenas. EP.
El periodista y colaborador televisivo Antonio Maestre ha arrojado luz a uno de los negocios más tempranos de la familia del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. A través de un artículo publicado en elDiario.es, Maestre ha detallado la forma en la que el abuelo de Eva Cárdenas, esposa del líder del PP, se quedó con una farmacia en Pontedeume (La Coruña) después de que asesinaran a su dueño en 1937, apenas un año después del inicio de la Guerra Civil.
El tertuliano ha compartido la noticia a través de sus redes sociales y desde ahí ha destapado el patrimonio del que ahora gozan Feijóo y su esposa. "Esta es la historia de un asesinato que benefició a la familia política de Alberto Núñez Feijóo. Santiago Botas es el abuelo de la mujer de Alberto Nuñez Feijóo y se quedó con la farmacia de un asesinado por los fascistas en Pontedeume. El falangista y miembro de las milicias del pueblo hizo fortuna gracias al crimen. Feijóo y Eva Cárdenas disfrutan ahora del patrimonio familiar que surgió de la represión. Ahora que los negocios de la familia política forman parte del juego ya tienen todos cartas para jugar", señala Maestre.
En este sentido, en el artículo el periodista relata cómo llegó a quedarse con la farmacia de un asesinado por los falangistas en la Guerra Civil. "Santiago Botas Blanco era un famoso terrateniente y farmacéutico de Pontedeume. Su historia en el negocio, con ventajas, comenzó en el año 1937, una fecha que siempre llama la atención en aquellos lugares donde el golpe de Estado triunfó rápido y que en otros sitios comienza en 1939. Algunos tenemos ya el olfato afinado al ver cuándo empiezan a hacer fortuna algunas familias solo con ver el año de fundación de sus negocios. Pocas veces juega la casualidad y la mayoría la filiación política. Esta es una historia de caciques locales en Galicia. De la represión franquista. De asesinatos y de familias afines al régimen que hicieron fortuna con esos crímenes. Una historia que habría incluido sin dudar en Franquismo S.A.".
Asimismo, en el artículo, Maestre señala que se trata de una "historia sin trazar paralelismos de ningún tipo con ningún otro caso". "Una más de la Guerra Civil y de cómo se fraguaron algunas fortunas en el franquismo, como muchas otras de las que hubo pero que por cuestiones del destino acabó favoreciendo al que aspira a ocupar la presidencia del gobierno. La Voz de Galicia publicó en el año 2003 un relato recogido en un libro del juez José Luis Aulet Barros sobre las boticas en Galicia que iba a tener trascendencia años después en la familia de Alberto Núñez Feijóo. Se trataba de la trágica historia de una botica de Pontedeume y los farmacéuticos del pueblo. Uno de izquierdas, otro de derechas", comenta.
Con todo ello, y a raíz de la información que ofrece Maestre en dicho artículo, lo cierto es que la mujer de Feijóo estaría en la actualidad disfrutando de una herencia que bebe de la represión franquista y de los asesinados por el bando nacional entre 1936 y 1939.
ERC registró este lunes en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley con la que insta al Gobierno de Pedro Sánchez a que lleve a cabo el reconocimiento inmediato de los dos últimos guerrilleros antifranquistas vivos: Francisco Martínez López, 'El Quico', y Esperanza Martínez García.
Según apunta el partido de Oriol Junqueras en su iniciativa, ambos “combatieron el franquismo en condiciones extremas y, pese a haber sufrido persecución y exilio, aún no han sido reconocidos oficialmente como luchadores por la libertad”.
La propuesta de ERC insta al Gobierno a otorgarles “honores públicos e institucionales, la máxima distinción civil, y el reconocimiento de su condición militar para poder acceder a posibles pensiones” y reclama garantizarles “una vida digna mediante apoyo económico, atención sanitaria y reconocimiento como víctimas del franquismo”.
Asimismo, en la proposición no de ley se solicita “centralizar y hacer accesibles los archivos sobre la guerrilla antifranquista, e impulsar un programa de recuperación y difusión de su memoria”. Con esta iniciativa, ERC busca “saldar una deuda histórica y preservar el legado de quienes resistieron la dictadura”.
Javier Fernández Galeano, investigador y profesor de la Universitat de València, publica 'Gestos en la noche. Historias de represión, erotismo y sociabilidad LGTB+ (1971-1979)'
El historiador Javier Fernández Galeano (Badajoz, 1987) ha analizado 181 expedientes de los juzgados de peligrosidad social de las postrimerías del franquismo catalogados en el Arxiu Històric de la Comunitat Valenciana. Los expedientes desvelan el papel de jueces, fiscales y forenses que, identificados con nombres y apellidos, aplicaban la represión de las leyes de la dictadura contra los homosexuales, a los que la teoría franquista acusaba de contagiar a la población sana y respetable de toda la vida de Dios. “El quedarte marcado de forma que todo tu vecindario sepa que eres el maricón y que eso se merece la cárcel y que es una enfermedad y que todo el mundo debería rechazarte por eso, la idea de que eres contagioso, de que eres algo peligroso, de que seduces, de que vas a hacer que otras personas sean como tú, que ese sea el ideario que se impone desde el Estado, es algo terrible y creo que hay que visibilizarlo y repararlo, abrir la herida para que se cure”, afirma en una entrevista con elDiario.es el investigador, autor de Gestos en la noche. Historias de represión, erotismo y sociabilidad LGTB+ (1971-1979), editado por Publicacions de la Universitat de València.
Uno de los principales protagonistas del libro —el juez Fernando Tintoré, que llegó a presidir la Audiencia Provincial de Castelló entre 1991 y 2003— dictó gran parte de las sentencias analizadas, correspondientes a casos del País Valenciano y Murcia. “Si el acusado se presentaban ante el juzgado con un discurso de autorrechazo, de disposición a someterse al aparato de la ley, de ir a la mili, de tener novia, de una serie de conductas que muestran una capacidad de integrarse socialmente, el juez Tintoré lo consideraba”, explica Javier Fernández Galeano. La mayoría de los acusados eran jóvenes varones de entre 16 y 20 años, con un perfil “muy concreto” de situación precaria.
Por su parte, el forense Antonio Sabater Sanz también acapara gran parte del estudio: “Sobre todo porque tenía un interés en elaborar una base teórica para esta persecución; su criterio era que en los homosexuales se podía medir la peligrosidad según un grado de promiscuidad, básicamente cuanto más promiscuo sea y más activo sexualmente, más contagioso”, dice el autor de la obra. La técnica forense tampoco era demasiado elaborada, a pesar de los aires teóricos con los que trataba de adornarse Sabater, autor de un manual sobre sexología: “Simplemente, intenta sonsacarle todo lo que podía al arrestado, preguntarle por su vida íntima, su privacidad, el tipo de sexo que tiene, con mucho interés por la eyaculación y por el tipo de sexo anal. Y con esa base, elaborando informes, también mira la pluma, la gestualidad o los manierismos”.
La legislación franquista, sostiene el historiador, buscaba “identificar a sujetos que se considera que tienen una conducta de tipo social que implica que suponen un contagio o un peligro para la sociedad y que, eventualmente, pueden llegar a la criminalidad, pero como no es todavía criminalidad, es predelictual. Es decir, a ti te detienen por homosexual, que no es un crimen tal cual, con esa idea de que puedes contagiar a otros”. “Lo que se mide es esa predisposición de una forma que depende muchísimo de la colaboración entre jueces y forenses”, apostilla.
Publicacions de la Universitat de València ha editado 'Gestos en la noche' del historiado Javier Fernández Galeano. Jesús Císcar
—Lo peligroso del homosexual es la seducción de otros. Ahí el forense te examina, decide a qué grado de arrepentimiento puedes llegar a experimentar, de autocontrol, afeminamiento o pluma. Y, en base a eso, hay una serie de informes entre jueces y forenses que van decidiendo cómo se aplican las penas. Estas penas de homosexualidad empiezan en 1954 con la modificación de la Ley de Vagos y Maleantes y se reforman en 1970; son tres años de cárcel, tres años de exilio y tres años de vigilancia. Como máximo. Y luego se van modulando, según lo que decidan forenses y jueces. Eso, lo que implica es que hay muchísima más arbitrariedad, más discrecionalidad. O sea, el acusado, el condenado, no sabe realmente cuánto tiempo va a acabar en la cárcel o cuánto tiempo va a estar en vigilancia. Según cómo se vaya comportando, lo cual a su vez sirve para estimular que tenga un comportamiento lo más normativo posible y que renuncie a su condición de marica, a su condición de persona con pluma o promiscuo.
Las prisiones de Huelva y Badajoz
La legislación franquista, especialmente a partir de 1970, con una ley que “pretende ser más científica, más racional, más taxonómica, más lógica”, distingue entre “pasivos y activos, con la idea de que si los separas por rol sexual no pueden tener relaciones”. Así, los condenados tenían dos destinos principales: la prisión de Badajoz, a la que solía enviar a los acusados “pasivos” con los que las autoridades se ensañaban más, y el penal de Huelva para los que se consideraba que tenían más posibilidades de rehabilitación (siempre desde la óptica de la dictadura).
“El objetivo de la división Huelva/Badajoz era, en realidad, debilitar los lazos comunitarios, afectivos e identitarios entre personas sexodisidentes y trasladar los discursos en torno a la abyección marica y travesti al plano material del panóptico”, escribe Javier Fernández Galeano.
En Badajoz acabó recluido, entre muchos otros, el valenciano Antonio Ruiz, fundador de la Asociación de Ex Presos Sociales y cuyo relato vital evoca la “violencia sexual promovida y ejercida por policías y funcionarios en las celdas de las comisarías y las cárceles modelo, donde homosexuales y trans adolescentes eran violados por otros presos y por los propios funcionarios como forma de escarmiento y para disfrute de los violadores”, afirma Fernández Galeano en el libro.
—Realmente, se enviaba a Huelva o a Badajoz según se considerase que la peligrosidad se correlacionaba con la posibilidad de rehabilitarse. Los que más podían rehabilitarse, los jóvenes, varoniles, que se habían prostituido, que estaban haciendo la mili, que habían tenido un desliz, que renegaban de su condición homosexual o que sufrían algún otro tipo de patología mental, porque si tú decías que estabas deprimido, paradójicamente, eso ya por sí demostraba que estabas en una situación de autorrechazo. Y era un índice positivo de potencial regeneración. O sea, demostrar que lo estabas pasando mal, cualquier tipo de enfermedad mental, era positivo. O colaborar con la Policía. Ese tipo de sujetos van a Huelva. A Badajoz: mujeres trans, personas con pluma, los que no colaboran, los que denuncian el clasismo del régimen y, en general, los que no quieren despegarse de su comunidad marica o de esas redes de afecto que se han generado en la subcultura disidente del periodo.
El historiador repasa las diligencias policiales incluidas en los expedientes, en las que los agentes “intentaban traducir el placer homoerótico a un lenguaje lo más aséptico y técnico posible”, reseña Fernández Galeano, con verbos como “incrustar”. También detalla las terapias de electroconvulsión, practicadas en el Hospital Clínico de València, “episodios muy traumáticos” contados por algunos testimonios que los sufrieron en primera persona.
El historiador Javier Fernández Galeano, retratado en València. Jesús Císcar
—El sexo anónimo ocurre sobre todo en lo que yo llamaba la arquitectura del abandono, en un periodo de reconversión industrial; la ciudad se está reinventando y hay muchos espacios que antes eran fábricas, descampados o edificios abandonados en general, en los que aparecen los homosexuales como ovejas en la colmena. Van por las noches, se localizan por el código de la mirada o gestos del cuerpo y se apropian de ese espacio, se corre la voz y se practica. O sea, es la propia práctica la que se apropia de ese espacio, la que convierte un espacio en homosexual. Los parques y los baños públicos también. Los baños públicos son fundamentales porque tú podías acudir con la excusa de mear, enseñabas tu pene y otra persona te lo miraba. Solía haber alguien que vigilaba para ver quién entraba. Hay toda una serie de códigos para asegurar que se basaban en el consentimiento, que las personas que participaban de esa práctica eran conscientes de cómo acceder a ese espacio y cuáles eran las normas. Y los expedientes son muy buenos, son una gran fuente para recrear ese espacio.
El libro repasa las zonas del trabajo sexual en València, con las calles de la Paz y del Mar como “eje fundamental”. También la indefensión de las personas homosexuales ante robos o ataques: “Si tú denuncias que te han robado, que te han extorsionado, que has caído en las redes de personas que victimizan a los homosexuales, te estás denunciando a ti mismo como homosexual, es contraproducente”. Así, a ojos de la legislación franquista, el homosexual “no es un sujeto con derecho” ni tiene la “capacidad de defender su propia autonomía corporal”.
El mismo archivo alberga expedientes relativos a la zona de Murcia, con los alrededores del acuartelamiento de Cartagena como epicentro: “Hay muchísimos reclutas que se dedican a la prostitución con otros hombres y que se justifican en ese sentido. Lo que explican de cara al juez es que no es que tengan un deseo homosexual, sino una instrumentalización del sexo. Necesitan ingresos y también pueden llegar a ser tratados con más benevolencia. Porque performan la virilidad. Tienen toda la apariencia de un chaval de 18 o 19 años que está haciendo la mili, que fuma tabaco, que lleva chaqueta de cuero y que ha tenido un desvío”.
La alianza interseccional con cristianos y psiquiatras
Javier Fernández Galeano cierra su obra con la fase de movilización de los nacientes movimientos LGBT+, especialmente del Front d'Alliberament Sexual del País Valencià (FAHPV), en el contexto de la Transición, contra la Ley de Peligrosidad Social, y el encaje de la demanda con otras luchas sociales y políticas de la época, en una suerte de cruce de caminos y con el trasfondo del movimiento antipsiquiátrico o de las tendencias libertarias y de la fuerza del conjunto de la oposición a la dictadura franquista. “De forma inesperada”, explica el autor, “el hecho de que la ley persiga por igual a enfermos mentales, homosexuales y prostitutas, genera dinámicas de colaboración y solidaridad entre esos sectores que son perseguidos por la misma norma. Es lo que hoy en día llamaríamos un enfoque interseccional”.
Destaca el papel, como precedente de los grupos de liberación gay, de las Fraternidades Cristianas de la Amistad (FCA), nacidas en la clandestinidad desde a mediados de la década de 1960 y lideradas por un antiguo sacerdote, Antonio José Mora, con la marginalidad como “coartada temática”. Y la figura del psiquiatra valenciano Manuel Gómez Beneyto, ponente en el I Congreso Internacional de Marginación Social organizado en 1976 en Burjassot por las FCA y con la asistencia del FAHPV.
“Si la persecución venía de la ley, la religión y la medicina, había que, de alguna forma, incluir a aquellos sectores que, en un comienzo, habían apoyado la ley de criminalización, para deslegitimarla”, apostilla Fernández Galeano.
Por fin, el 26 de diciembre de 1978, el consejo de ministros acordó la supresión de los artículos sobre homosexualidad de la Ley de Peligrosidad Social. “Con la memoria histórica hay que enseñar primero lo que ha pasado para que podamos curarlo. El libro intenta hacer justicia a ambas facetas, como el hecho de que hubo mucho dolor, pero también mucha alegría, mucha gente que siguió contando el placer, que se dio apoyo mutuo o que crearon sus familias alternativas”, concluye el historiador.
1