Blog d'en Jordi Grau i Gatell d'informació sobre les atrocitats del Franquisme.....
"Las voces y las imágenes del pasado se unen con las del presente para impedir el olvido. Pero estas voces e imágenes también sirven para recordar la cobardía de los que nada hicieron cuando se cometieron crímenes atroces, los que permitieron la impunidad de los culpables y los que, ahora, continúan indiferentes ante el desamparo de las víctimas" (Baltasar Garzón).
En el año 2000, el periodista Emilio Silva decidió viajar hasta la localidad leonesa de Priaranza del Bierzo en busca de su abuelo, Emilio Silva Faba, militante de Izquierda Republicana y desaparecido en la época del franquismo. Allí se encontró con un vecino que no dudó en señalar a una cuneta, entre tres nogales, donde aseguraba que había más de una decena de personas enterradas de cuando la Guerra Civil.
Su abuelo era una de las trece personas encontradas en esa fosa común, en la que fue la primera exhumación en España con métodos científicos, convirtiéndose en la primera víctima del franquismo identificada por una prueba genética. De esa exhumación surgió la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) de la que, hasta hoy, Emilio Silva es presidente.
Vivir con la duda de dónde están tus familiares | Entrevista a Emilio Silva, presidente de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica
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Un cuarto de siglo después, la organización ha recibido 1.300 peticiones formales emitidas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, 200 casos a través de cartas manuscritas por familiares de desaparecidos y más de 15.000 correos electrónicos, tanto de familias, como de informantes de cientos de pueblos españoles hablando de la fosa común de sus localidades.
"Les quitamos un problema"
Todavía existe cierto temor entre las familias de los desaparecidos a que solicitar ayuda a la organización y reclamar la busca de sus desaparecidos tenga ciertas consecuencias. Pero en el momento en el que un nuevo caso llega a la ARMH, cuenta Silva, tiran del hilo, acuden a la documentación, la ayuda de historiadores locales y a su amplia red de colaboradores repartida por la geografía española.
Pero, una vez llevada a cabo la investigación, ¿es muy difícil lograr la autorización para hacer una exhumación? Emilio Silva afirma en El Faro que es "relativamente sencillo". Se notifica la localización a la comunidad autónoma, al dueño del suelo, ya sea público o privado, y se solicita un permiso sanitario.
En caso de que exhumación se vaya a realizar en un terreno privado, el propietario podría negarse a ello, pero el periodista sostiene que esto no les ha ocurrido nunca. En caso de negarse, el caso tendría que ser tratado por la vía judicial. "En general, la gente no se queja. Mucha heredó ese suelo, lo compró y cuando alguien le ha contado que hay una fosa común dentro, nadie quiere tener eso en una finca. En el fondo, piensen lo que piensen de lo que vamos a hacer, también les estamos, entre comillas, quitando un problema."
Familiares de víctimas de la represión franquista se reunieron el pasado miércoles en las zonas de las fosas comunes de Fuen Narices y Mas de los Olmos, en la Comarca de Gúdar-Javalambre, donde fueron asesinadas 22 personas en octubre de 1947. Además de realizar un homenaje a sus familiares, cuyos restos fueron exhumados hace años, restituyeron las placas que habían sido vandalizadas.
El presidente de la Asociación Pozos de Caudé, Francisco Sánchez, explicó que el homenaje se hizo en sintonía con los encuentros con los familiares que se vienen haciendo todos los años en los sitios donde se hallaban ambas fosas.
Este año tuvo un especial carácter, según indicó Sánchez, porque además se restituyeron las placas que habían sido vandalizadas. En el caso de Fuen Narices, al lado de la carretera entre Alcalá de la Selva y Mora de Rubielos, los que atentaron contra la placa borraron con tinta negra los nombres de las víctimas. La Asociación Pozos de Caudé ha restituido los nombres que habían quedado ocultos bajo la pintura.
En la otra fosa común, en la carretera entre Alcalá de la Selva y Gúdar, se ha vuelto a colocar la placa que había sido arrancada y que instalaron en su día los familiares en recuerdo de las víctimas donde estaba la fosa común, en el paraje denominado Mas de los Olmos.
La mitad de los represaliados fueron arrojados en una fosa y la otra mitad en la otra, víctimas de una venganza después de que la Agrupación Guerrillera del Levante atacara el cuartel de la Guardia Civil de Gúdar y asesinara a ocho de sus vecinos.
Como represalia se ordenó la elaboración de un listado de 22 vecinos para ser ejecutados, según indican los estudios históricos que se han hecho. En la misma se incluyeron personas que no habían nacido en el pueblo y al no llegar a la cifra exigida, se recurrió a la cárcel de Aliaga para completar la relación.
La intención es colocar más adelante, junto a las placas que recuerdan a las víctimas, unos paneles informativos que expliquen lo allí sucedido. Sánchez indicó que se han elaborado ya los diseños y que en próximas fechas se instalarán para que se sepa la verdad de lo ocurrido.
En los actos participó también el escritor José Ramón Sanchís, autor del libro Maquis: una historia falseada, sobre la Agrupación Guerrillera del Levante y en la que se cuentan episodios que acontecieron en sitios como la Comarca de Gúdar-Javalambre.
La Asociación Pozos de Caudé aprovecha los meses de verano para contactar con personas que acuden a la provincia y que buscan la localización de fosas. Este mismo jueves estuvieron en Martín del Río intentando localizar una fosa de soldados republicanos.
¿Cómo no iban a rebelarse si la dictadura también se ensañó con ellas? Ahí está su historia, aunque no sea tan conocida ni reconocida. Porque sufrieron represión, cárcel y torturas. Y algunas fechorías más por el mero hecho de ser mujeres. En 2025 se conmemoran cincuenta años de dos acontecimientos (afortunadamente) decisivos para el futuro de nuestro país y el de las mujeres: la muerte del dictador y la decisión de la ONU de proclamar 1975 como el Año Internacional de la Mujer.
En España ya existían entonces organizaciones feministas, que venían coordinándose desde la clandestinidad. Habían elaborado un manifiesto unitario en el que pedían, por ejemplo, la legalización de los anticonceptivos y el divorcio, la igualdad en el empleo y la coeducación. También la libertad de reunión, asociación, expresión y manifestación. Apenas dos semanas después de la muerte del dictador, compañeras de Comisiones Obreras convocaron de forma clandestina en Madrid, entre los días 5 y 8 de diciembre, las I Jornadas Estatales por la Liberación de la Mujer. Y en julio de 1976, durante la asamblea de Barcelona, propusieron la creación de una Secretaría de la Mujer, que en 1977 se haría realidad.
Pero volvamos a los oscuros años de la dictadura. Aparte de la dedicación no remunerada al hogar y a la crianza (con familias numerosas y economías precarias muchas veces), a las mujeres se les ponían muchos impedimentos para trabajar asalariadamente y obtener, por tanto, derechos económicos, sociales y políticos. El franquismo se apresuró subyugar a las mujeres. Antes incluso de finalizada la guerra, una ley del 12 de marzo de 1938 rescataba el Código Civil de 1889 y acababa de un plumazo con los progresos que habían logrado las mujeres durante el primer tercio del siglo XX. A partir de entonces, estarían obligadas a obedecer a sus padres y esposos, dependían civilmente de ellos y necesitaban su autorización hasta para realizar una compra importante.
La historiadora Mayka Muñoz Ruiz ha analizado cómo la legislación laboral articuló una serie de medidas para que las mujeres, especialmente las casadas, tuvieran limitaciones para emplearse. Así, por Orden de 17 de noviembre de 1939 se prohibía a las mujeres inscribirse en las oficinas de colocación, salvo que fueran «cabeza de familia sin ingresos ni varón, la soltera que no tenga otro modo de subsistencia, o que tenga un título académico u oficio cualificado que le permita ejercer una profesión». Desde 1942 la mayoría de ordenanzas laborales estipulaban la excedencia forzosa por matrimonio de las mujeres, además de retribuciones menores por el mismo trabajo.
Hubo muchas humillaciones. La Ley de Contrato de Trabajo de 1944 incluía la necesidad de que las mujeres casadas tuvieran la autorización de su marido para poder formalizar su empleo. Durante décadas, las mujeres desempeñaron mucho más trabajo del que constaba «oficialmente», en la economía sumergida, irregular y sin derechos (en la confección o el bordado a domicilio, como asistentes por horas). En el empleo regular la segregación era muy fuerte, y las trabajadoras se concentraban en sectores y categorías relacionados con la maternidad social y el trabajo doméstico. A mediados de los años setenta trabajaban fuera de casa fundamentalmente las jóvenes solteras (solo el 28,8% tenían más de 25 años). Las mujeres casadas, si además eran madres, representaban un porcentaje muy bajo del conjunto de las asalariadas.
Pero el hecho de que representaran un porcentaje inferior de la fuerza del trabajo asalariado, no quiere decir que no se involucraran en los conflictos, las huelgas y los movimientos reivindicativos. Y por ello fueron detenidas en las fábricas, en las manifestaciones y en reuniones clandestinas. Y algunas dieron con sus huesos en las cárceles, como consta en los archivos de la Fundación 1º de Mayo de CCOO. Porque hubo muchas mujeres, a las que apenas se nombra, que mantuvieron viva la lucha durante la dictadura.
La mayoría se incorporaron al mundo laboral en el aluvión de la década de los sesenta y setenta como mano de obra barata, en sectores como la industria manufacturera, alimentación, electromecánica, textil y confección, artes gráficas, sanidad, enseñanza o Administración pública. También a los servicios se irían incorporando muchas trabajadoras jóvenes, en la banca y los seguros, o en el comercio de grandes almacenes. Con las leyes del franquismo era fácil para los empresarios «contar con plantillas dóciles que solo trabajaban hasta que contraían matrimonio o tenían descendencia», ha explicado Natividad Camacho. «Encajaban el interés patronal con la doctrina laboral del régimen y de la jerarquía de la Iglesia de la época».
Dentro del nuevo movimiento obrero también estuvieron las mujeres, revelándose contra la dictadura, luchando por las libertades y el futuro democrático de nuestro país. Lo sabemos bien en Asturies. En las décadas de los sesenta en Gijón y Avilés ya existía una importante industria conservera y textil formada mayoritariamente por mujeres, que sufrían una especial explotación, aunque no se incorporarían activamente a la lucha organizada hasta bien entrados los años setenta (salvo el caso de las cigarreras de la fábrica de Tabaco de Gijón). Mención aparte merece el importante papel de apoyo de las mujeres durante las huelgas de 1962 y 1963, como hicieron Anita Sirgo y Constantina Pérez, represaliadas, y símbolos de la lucha de las mujeres contra la dictadura.
A la Asamblea de Barcelona, celebrada pocos meses después de la muerte de Franco, asistieron pocas mujeres, pero una era asturiana. Lola Menéndez del Llano llevaba tiempo colaborando con CCOO en cuestiones de propaganda y se incorporó de forma efectiva y orgánica al sindicato cuando empezó a trabajar en la empresa textil gijonesa Simcos, en la que fue elegida para el comité de empresa y representó a Comisiones en la Asamblea de Roces, de la que saldría la delegación asturiana para la Asamblea de Barcelona. Lola era la única mujer. Es de justicia recordarlas. Recordar a las mujeres que lucharon contra la dictadura, que ayudaron a conquistar los derechos democráticos, que nos abrieron el camino.
Un equipo especializado en arqueología forense inicia intervenciones en el cementerio de La Soledad para esclarecer posibles enterramientos irregulares a petición de la Asociación SOS Bebés Robados
Exhumaciones en el cementerio de La Soledad de Huelva / Fotografía: SOS Bebés Robados Huelva.
Estas primeras actuaciones se centran en fosas señalizadas por las familias, aunque Ornedo explicó que próximamente se ampliarán a los laterales de las praderas donde podrían encontrarse más enterramientos. "Aquí es donde podremos saber si nuestros niños fueron robados, enterrados o si nunca jamás cruzaron las puertas de este cementerio", afirmó.
La presidenta destacó que, pese a los años de espera y la falta de intervención judicial, estas exhumaciones representan "un rayo de luz y esperanza para las madres que llegaron a pensar que sería imposible encontrar a esos hijos que les arrebataron nada más nacer". "La verdad no prescribe y la esperanza, aunque ha sido golpeada, sigue estando viva", concluyó.
Cuando Emilio Silva preguntaba por su abuelo, Emilio Silva Faba, fusilado en octubre de 1936 por un grupo de falangistas en Priaranza del Bierzo (León), la respuesta era siempre la misma: "De esto no se habla fuera de casa". Su abuelo, como decenas de miles de víctimas del franquismo, no tenía tumba. Solo una fosa común sin nombre y sin lápida.
Silva, sociólogo y periodista, convirtió esa duda infantil en una causa vital. En el año 2000, impulsó la exhumación de los restos de su abuelo junto a otros doce republicanos. Aquella excavación fue el germen de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que desde entonces ha localizado más de 700 fosas comunes y ha recuperado los restos de más de 2.000 personas.
"La historia de mi abuelo me llevó a entender que había miles de familias que vivían con el mismo silencio, con la misma herida. Y que había que hacer algo para romperlo", explica Silva en el Faro de la SER. "La memoria histórica no es solo una cuestión del pasado, es una forma de construir una democracia más justa en el presente."
La ARMH trabaja con voluntarios, arqueólogos, forenses y familiares, en un esfuerzo colectivo por devolver dignidad a quienes fueron asesinados y enterrados sin nombre. Pero también por desafiar el pacto de silencio que se impuso durante la Transición. "Nos dijeron que había que mirar hacia adelante, pero ¿cómo se puede avanzar si hay miles de cuerpos bajo tierra sin identificar?", se pregunta Silva.
El caso de su abuelo fue el primero en ser exhumado con metodología científica en España. Desde entonces, la asociación ha documentado testimonios, impulsado investigaciones judiciales y denunciado la falta de apoyo institucional. "El Estado ha sido lento y tímido. La Ley de Memoria Democrática es un paso, pero aún hay mucho por hacer", afirma.
En El Faro, Silva compartió cómo ese silencio familiar se convirtió en motor de acción. "Mi abuela decía que no se podía hablar. Tenía miedo. Pero yo decidí que sí, que había que hablar. Y que había que hacerlo fuera de casa."
Hoy, más de dos décadas después, Emilio Silva sigue acompañando a familias que buscan a sus desaparecidos. En cada fosa, en cada hueso, en cada nombre recuperado, hay una historia que vuelve a la luz. Y una sociedad que, poco a poco, aprende a mirar de frente su pasado.
Vivir con la duda de dónde están tus familiares | Entrevista a Emilio Silva, presidente de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica
Ochenta y nueve años después de ser asesinados por una centuria falangista canaria a la entrada de Mesegar de Tajo, ambos represaliados vuelven a la memoria de su pueblo y los restos exhumados descansarán en el cementerio municipal.
Los primeros restos óseos aparecían en dos puntos distintos de la zanja en la que se busca a Agustín Felipe Labrado y Timoteo Higuera.
TOLEDO.- Cincuenta años después del final de la dictadura franquista, casi noventa desde que se cometieron los asesinatos, y aún son decenas de miles los represaliados que siguen desaparecidos, enterrados en fosas comunes y en cunetas. Víctimas de la represión para las que se continúa buscando justicia y reparación.
Esto es lo que se persigue para Agustín Felipe Labrado Bolonio y Timoteo Higuera Ocaña, asesinados el 16 de octubre de 1936 en la localidad toledana de Mesegar de Tajo por una centuria de falangistas procedente de Las Palmas.
Sus asesinos habían llegado unas semanas antes en barco a Vigo acompañando a 'los diez del Dómine' -un grupo de destacados dirigentes republicanos de Canarias- a los que habían decidido ejecutar en la península en su marcha para incorporarse a las fuerzas rebeldes que luchaban contra el Gobierno legítimo de la Segunda República española. Tras su desembarco en tierras gallegas, continuaron el viaje en tren hacia Talavera, en cuyo entorno arrojaron en el Tajo a los diez republicanos canarios.
Unos días después, se cruzaban en el camino de estos dos vecinos de Mesegar de Tajo, de 30 y 17 años, que tras ser detenidos fueron ejecutados a las afueras del pueblo, donde sus cuerpos permanecieron expuestos varios días, hasta que fueron enterrados en esta fosa.
El encargado de enterrarles fue Eusebio Rojas, un vecino de Erustes -donde tres semanas antes habían sido ejecutados por los mismos falangistas otros cuatro vecinos de Mesegar de Tajo, integrantes del Comité de Defensa del propio municipio-, en una cuneta, terrenos que hoy forman parte de una finca particular, propiedad de su hijo, y en los que ahora se han recuperado los restos de Agustín Felipe y Timoteo, cuyos asesinatos no fueron casuales.
Así se desprende de la investigación llevada a cabo por Francisco Javier González Tornero, estudiante onubense de Geografía e Historia, cuyos lazos familiares con Mesegar de Toledo le llevaron a dar, casi por casualidad, con la existencia de esta fosa, no documentada hasta la fecha.
Según explica el investigador a PeriódicoCLM, fue una entrevista con un vecino mayor del pueblo, Ginés Pavón, en la que este le comentó que había dos personas enterradas a la entrada del pueblo, una historia que le había llegado por referencias, puesto que él era apenas un recién nacido cuando se cometieron las ejecuciones.
Sin nombres ni fechas concretas, tampoco ubicación exacta para la fosa, se ponía en marcha la investigación - "lo primero era saber quiénes eran, qué había sido de ellos y tratar de contactar con las familias", nos explica González-. Una tarea complicada desde el inicio, puesto que en Mesegar de Tajo "no hay padrones anteriores a 1940", aunque los recuerdos de los vecinos permitieron seguir tirando del hilo.
Imagen de la inscripción de la defunción de Agustín Felipe Labrado Bolonio, asesinado el 16 de octubre de 1936, incluida en la investigación de Francisco Javier González Tornero.
En el caso de Agustín Felipe fue algo más sencillo, tras dar en el registro con su partida de defunción, en la que se indica que fue asesinado el 16 de octubre de 1936, tras ser detenido en su domicilio; dejaba mujer y dos hijos.
Víctima de la represión, a buen seguro por la actividad política de su padre, puesto que él no se le conocía afiliación alguna. Su progenitor, militante de izquierdas, había sido juez municipal y nombrado teniente de alcalde tras las elecciones de 1936 en su pueblo natal, Carriches (Toledo), y era miembro del Comité de Defensa de Mesegar. Desde allí, por motivos de edad, fue evacuado a Valencia dos meses después del inicio de la guerra, coincidiendo con la ocupación del pueblo, y al terminar la contienda fue detenido y enviado a prisión, donde murió sin llegar a ser juzgado.
Pero el asesinato de Agustín terminaría también con su esposa, quien veinte años después, con los hijos ya criados, terminó suicidándose tras haber vivido junto a la fosa en la que yacía su esposo y aguantar el señalamiento del pueblo.
Conocer la identidad del otro represaliado fue algo más difícil llegar. La pista se la daba el testimonio de un vecino, que indicó el apodo por el que era conocido su padre. De ahí consiguió llegar -preguntando y preguntando- a dar con el apellido familiar y una vez hecho el árbol genealógico, por descarte entre sus vástagos, se puso nombre a la otra víctima: Timoteo, de 17 años.
"Tan solo un niño, teniendo en cuenta que la mayoría de edad en la República era a los 21", explica González Tornero. Timoteo era hijo del vicepresidente del Comité de Mesegar y afiliado del Partido Socialista, Cristino Higuera, quien a la llegada de las tropas sublevadas, huyó de la localidad. No así su hijo, que fue víctima de la violencia vicaria: "Le mataron por no poder matar al padre", explica González Tornero.
Dos asesinatos para los que fue preciso un señalamiento por parte del elemento civil derechista de Mesegar, "conocedor de las identidades y actividades de los vecinos del pueblo", así como el "brazo ejecutor de la centuria falangista" llegada de Las Palmas.
Crímenes que fueron quedando poco a poco atrás en la memoria colectiva. Si bien en los años 70 las familias de los cuatro vecinos de Mesegar de Tajo asesinados en Erustes trasladaron sus restos al pueblo, los de Agustín Felipe y Timoteo quedaron 'olvidados' en la fosa, hasta este verano.
Y es que, tras completar la investigación en octubre de 2022, conseguir contactar con familiares de Agustín Felipe -con la familia de Timoteo no ha sido posible aún-, se trasladaba la investigación a la Comisión de Memoria Histórica de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, encomendándose a la Asociación Manuel Azaña el proyecto para llevar a cabo la exhumación.
Una actuación que cuenta con financiación del Plan Cuatrienal de Exhumaciones, tal y como destacaba en las redes sociales el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, congratulándose por estos trabajos que "han dado resultado". Se refería así a la aparición de los primeros restos óseos en esta fosa de Mesegar de Tajo, al tiempo que manifestaba el compromiso del Ejecutivo central de seguir trabajando "por la verdad, la justicia y la reparación".
Trabajos que, sin embargo, llevaban en marcha varias semanas. Y es que si inicialmente la excavación arrancaba en una huerta de higueras, donde se creía que podían estar enterrados, la casualidad quiso que llegaran a conocer que los restos habían sido encontrados entre los años 70 y 80, cuando se levantaba el muro de cerramiento de una finca particular, propiedad del hijo de quien enterró a los dos represaliados.
De este modo, gracias también a la colaboración del Ayuntamiento de Mesegar de Tajo, cuyo alcalde, José Luis Arrogante, fue en persona a recogerlo, se pudo llevar hasta la zona a uno de los albañiles que llevó a cabo aquellos trabajos, quien ya cumplidos los 90 años no ha podido aún olvidar lo que supuso encontrar aquellos restos, y pudo indicar la ubicación exacta en la que habían sido depositados.
Así, tras ampliar el anexo del proyecto e incluir la finca en cuyo interior se encontraban los restos, se retomaba la excavación en el sitio correcto, dando así los primeros resultados con la aparición de los restos.
De ello daba cuenta este lunes la Asociación Manuel Azaña a través de las redes sociales, explicando que habían sido localizados dos depósitos óseos en dos zonas diferentes de la zanja perimetral; un día después, se confirmaba la más restos óseos.
Tras finalizar la exhumación de los restos óseos en la fosa de Mesegar de Tajo es el turno del informe forense y las pruebas de ADN. - ASOC. MANUEL AZAÑA
Se quedarán en el pueblo
Trabajos de exhumación que tras completarse, dan paso al estudio forense y a la realización de las pruebas de ADN para identificar los restos hallados y poder así devolverlos a las familias.
"La idea de la familia es dejar los restos en un nicho que se habilitará en el cementerio municipal, donde se colocará una placa en su memoria", explica González Tornero.
Un paso, para el que aún queda algo de tiempo, con el que se pondrá fin a un largo proceso, iniciado "hace casi 90 años con un asesinato a la entrada del pueblo, a modo de advertencia". Y es que, recuerda, la ocupación de Mesegar de Tajo y toda esa zona por parte de los falangistas canarios -que comenzaba el 24 de septiembre de 1936 y se extendió hasta meses después- fue acompañada de una represión sangrienta.
La intención, explica el autor de la investigación, ha sido "no dejarlos allí y que el pueblo sea un poquito más decente", devolviendo la dignidad a dos de sus vecinos asesinados por defender la libertad y la legalidad de la II República.
Una reparación necesaria, ante la que González Tornero no dudó en buscar nada más conocer la existencia de esta fosa, al haberlo vivido ya desde el otro lado hace unos años, al conseguir la exhumación de los restos de su bisabuelo, también represaliado.