El ex magistrado preside la Comisión de la Verdad que depende del Ministerio de Memoria Democrática. Apoyó la petición para concederles ese derecho
El jurista y presidente de la recién creada Comisión de la Verdad, Baltasar Garzón, se reunió de forma discreta el pasado 30 de abril con representantes de la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA) y la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS-Sáhara), que reclaman que se investiguen las violaciones de derechos humanos cometidas durante el franquismo en la antigua provincia española.
- Garzón pide esperar al 13 de mayo
- “Es lógico incluir a los saharauis”
- Una ofensiva política y memorialista
- El Sáhara entra en el debate de la memoria democrática
- Descontento de las asociaciones con el Gobierno de España
El encuentro se celebró de manera reservada y fuera de la agenda pública, según ha podido confirmar Confidencial Digital.
Se produjo el mismo día en el que las dos organizaciones de saharauis citadas registraron formalmente una petición ante el Gobierno de España en la que reclaman que se reconozca a los saharauis represaliados durante el franquismo y el periodo posterior a la salida española del Sáhara Occidental.
Garzón pidió esperar al 13 de mayo
Según fuentes cercanas al exjuez, Garzón trasladó a los representantes saharauis que la Comisión de la Verdad no podía actuar hasta su constitución oficial, prevista precisamente para este miércoles 13 de mayo.
Durante la conversación, el exmagistrado insistió en que, hasta que el órgano quede formalmente constituido, no tiene capacidad para abrir investigaciones ni adoptar decisiones relacionadas con nuevas víctimas reconocidas por la Ley de Memoria Democrática.
La Comisión de la Verdad fue creada por el Real Decreto 265/2025 que regula el Consejo de la Memoria Democrática. Está formada por 20 “expertos y expertas en derechos humanos” y tiene como finalidad “contribuir al esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos” durante el franquismo, asegura la página oficial de Moncloa.
“Es lógico incluir a los saharauis”
Pese a esa limitación institucional, Baltasar Garzón manifestó durante el encuentro que considera “lógico” que las víctimas saharauis sean incluidas dentro del marco memorialista español, al tratarse de un territorio que permaneció bajo administración española hasta febrero de 1976.
La afirmación supone uno de los primeros posicionamientos conocidos desde el entorno de la nueva Comisión de la Verdad respecto a las reclamaciones impulsadas por organizaciones saharauis y colectivos memorialistas.
Una ofensiva política y memorialista
La reunión se produce en plena ofensiva política y social para incorporar al Sáhara Occidental dentro de las políticas españolas de Memoria Democrática.
El pasado 30 de abril, AFAPREDESA y CEAS-Sáhara registraron un escrito en el Ministerio de Política Territorial solicitando que la futura Comisión de la Verdad investigue las violaciones de derechos humanos cometidas contra la población saharaui cuando el territorio aún estaba bajo control español.
La iniciativa cuenta con el respaldo de 120 entidades memorialistas y se acompaña del informe “Saharauis. Las otras víctimas del franquismo y postfranquismo”, que documenta casos de represión y denuncia la exclusión histórica de las víctimas saharauis de las políticas públicas de memoria.
El Sáhara entra en el debate de la memoria democrática
Las organizaciones impulsoras sostienen que excluir al Sáhara Occidental del trabajo de la Comisión de la Verdad supondría mantener una discriminación histórica hacia la población saharaui.
El presidente de AFAPREDESA, Abdeslam Omar Lahsen, destacó que el reconocimiento de las víctimas saharauis constituye una cuestión de “verdad, justicia y reparación”.
Descontento de las asociaciones con el Gobierno de España
Esta demanda no es la única que en los últimos tiempos abanderan los colectivos de saharauis en España.
El Real Decreto Ley 316/2026 que va a regularizar a más de medio millón de personas en situación irregular, y que se aprobó en el Consejo de Ministros el pasado 14 de abril, excluye a gran parte de los ciudadanos saharauis en España -casi 3.000- debido a su condición de apátridas.
La indignación de estas asociaciones de saharauis con el Gobierno de España se disparó en marzo de 2022, cuando Pedro Sánchez a través de una carta le trasladó al rey Mohamed VI el apoyo de España al plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental, considerando esta iniciativa como “la base más seria, creíble y realista para la resolución de esta disputa”.
