El Gobierno asegura que carece de datos sobre la ausencia de investigaciones judiciales respecto a los crímenes de la dictadura.
Madrid--Actualizado a
Cuatro mandatos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) han advertido al Gobierno español de que incumple con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos al archivar querellas por crímenes cometidos durante la dictadura franquista y la transición, ha informado la asociación para la defensa de los DDHH Irídia en un comunicado este martes.
La comunicación oficial, consultada por Europa Press, la firman el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, y la Relatora Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
En ella, expresan una "seria preocupación" con respecto a una aparente ausencia de investigación judicial en 18 casos tramitados ante tribunales españoles al amparo de la nueva Ley de Memoria Democrática por presuntos crímenes cometidos durante la dictadura franquista y la transición.
En este sentido, los relatores recuerdan al Estado español que mientras no inicie investigaciones "estaría incumpliendo sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos".
"Recordamos que, si bien es importante asegurar que la Justicia opere con respeto al principio de legalidad penal, el derecho internacional no permite la aplicación de plazos de prescripción o causas de extinción de la acción penal, tales como las amnistías", en causas de crímenes de lesa humanidad y graves violaciones de los derechos humanos.
Los relatores insisten en que la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad de 1968 establece que los crímenes de lesa humanidad, independientemente de cuándo se hayan cometido, nunca prescriben.
De igual modo, la jurisprudencia internacional prohíbe la aplicación de "obstáculos legales" o jurídicos a la rendición de cuentas por graves violaciones de derechos humanos, tales como inmunidades, amnistías (ya sean totales o parciales) o la prescripción, ya que propician la impunidad e impiden a los Estados investigar y procesar a los responsables de tales hechos.
Por todo ello, los relatores han solicitado al Estado que informe del estado actual de estas 18 querellas y, en caso de haber sido archivadas o inadmitidas, que indiquen si las decisiones judiciales correspondientes se ajustan a los estándares internacionales.
También piden saber el número total de querellas que actualmente están pendientes de tratamiento y resolución en tribunales del ámbito estatal y qué medidas se han adoptado para que las mismas sean resueltas de forma "eficaz, rápida, exhaustiva, independiente e imparcial", a fin de ofrecer un recurso adecuado a las víctimas.
El Gobierno asegura que carece de datos
Respecto a este tema, el Gobierno ha respondido al relator de la ONU que no tiene datos sobre la ausencia de una investigación judicial de los crímenes durante la dictadura franquista, en concreto sobre 18 casos denunciados por asociaciones como Irídia o CEAQUA, que están detrás de la denuncia interpuesta ante Naciones Unidas.
De esta manera, el Ministerio de Asuntos Exteriores aseguró que no tiene constancia de que no se esté llevando a cabo esta investigación judicial efectiva de estos crímenes, subrayando que la estadística judicial no publica el desglose de datos sobre esta cuestión.
Añade que los únicos datos actualmente disponibles están recogidos en la Memoria Anual de la Fiscalía 2025 y menciona así que se incoaron diez expedientes de seguimiento por querellas de crímenes durante el franquismo y se registraron otras 14 querellas que ya estaban inadmitidas por resolución judicial firme.
Asimismo, aseguran que el Ministerio Fiscal intervino activamente presentando nueve recursos, de los cuales tres fueron desestimados basándose en la prescripción, y seis se mantienen pendientes de resolución.
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