13 Feb 2009
Enemistad manifiesta
Enemistad manifiesta
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Los escándalos que afectan al PP
Los escándalos que afectan al PP
El juez Garzón investiga sobornos a tres cargos del PP de Madrid
Los pagos, hechos entre 2006 y 2007, salpican a áreas municipales y regionales
FRANCISCO MERCADO - Madrid - 13/02/2009
El auto del juez Garzón confirma que la trama de corrupción vinculada al PP que dirigía Francisco Correa utilizó "como norma común y frecuente, las dádivas y sobornos a funcionarios y autoridades públicas, cuya identidad y cargos se están investigando". De entrada, están bajo el foco de Garzón tres cargos del PP de Madrid (dos autonómicos y uno municipal) que presuntamente percibieron sobornos entre 2006 y 2007. De ello, hay indicios sonoros -"Alberto López Viejo [ex consejero de Deportes de Aguirre, que niega tales pagos] se lleva una parte de cada acto que se hacía, aquí un kilo, aquí medio", se oye en una grabación- y escritos internos redactados por jefes de esta trama.
"El monto total de tales cohechos reseñados ronda los 400.000 euros"
Garzón dispone de un documento interno de Easy Concept, firma de la red, donde aparecen los sobornos a tres cargos madrileños, dos autonómicos y uno municipal. El monto total de los cohechos ronda los 400.000 euros. El dinero para tales pagos salía de una caja llamada "madre". Isabel Jordán, imputada, que fue administradora de Easy Concept hasta que fue destituida por denunciar irregularidades contables en octubre de 2007, ha sido interrogada sobre el documento por Garzón.
Por otro lado, Garzón es ya conocedor de la mecánica empleada para distraer y blanquear fondos de la caja "madre". Se emitían facturas falsas que se cobraban en metálico por miembros de la red, que retornaban el dinero a dicha caja. De ese modo, el dinero había sido blanqueado. Oficialmente, había sido pagado a una empresa por un servicio inexistente y eso cuadraba las salidas de fondos de la empresa. La propia Jordán solicitó una auditoría para esclarecer esa fuga de fondos por servicios que ignoraba que su empresa hubiese recibido. Tal petición forzó su cese. Pero el borrador de la auditoría le dio la razón. De entrada, los e-mails demostraron quién era el amo de Easy Concept y Good and Better. Pese a administrarlas Jordán, la voz cantante la llevaba Pablo Crespo, en prisión. La inspección le atribuía una "gestión paralela". La auditoría avaló otro extremo de las denuncias de Jordán: la profusión de pagos en metálico.
Una firma, Femasa, recibió en 2005 de ambas empresas pagos en metálico: 60.459 euros; 34.002 euros; 20.706 euros y 25.694 euros. "Esta práctica [pagos en metálico], por ser estos importes significativos, además de no ser un uso habitual en los negocios, supone un riesgo sobre la propia seguridad jurídica de las transacciones". Igualmente, se citaban pagos de otra firma del grupo en metálico, Servimadrid, que abonó a Femasa y a otros más de 350.000 euros en efectivo.
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Un 'pinchazo' a Correa confirma que el ex regidor estaba en la red
Un 'pinchazo' a Correa confirma que el ex regidor estaba en la red
R. T. - Madrid - 13/02/2009
José Luis Ulibarri es un hombre bien relacionado, sobre todo con gobernantes de comunidades autónomas regidas por el PP. Preside 23 empresas y ostenta diferentes cargos en otras 24. La mayoría tienen su sede en Castilla y León, donde está al frente de un holding (Grupo Begar) que también ha echado sus redes en la Comunidad Valenciana, donde tiene importantes intereses audiovisuales, inmobiliarios y de obra pública.
Trabaja para administraciones de distinto signo, como el Ministerio de Fomento, para el que construye varios tramos del AVE a Barcelona o parte de la Ronda Sur de Granada. Pero se ha hecho fuerte en tierras castellano-leonesas, donde gobierna el PP. Su empresa Begar Construcciones y Contratas, SA, ha recibido adjudicaciones para edificar viviendas, colegios públicos y mejorar algunas carreteras de la región. En Ponferrada y en Valladolid, con cuyo alcalde mantiene una buena relación, participa en numerosas obras, la mayoría relacionadas con los servicios de limpieza.
Su negocio más conocido en Valencia es Mediamed, empresa desde la que, con otros socios, se ha hecho con el control de 13 televisiones digitales adjudicadas por el Gobierno que preside Francisco Camps (PP). Begar también ha logrado en Valencia dos aparcamientos y un colector de la Generalitat. El Gobierno valenciano le concedió con la constructora Ocide la obra del hospital de Lliria por 25 millones.
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"Dádivas y sobornos a autoridades"
Correa montó un complejo entramado que se extendía a paraísos fiscales - El juez indaga a cargos públicos y funcionarios que recibieron "regalos o dinero"
"Dádivas y sobornos a autoridades"
Correa montó un complejo entramado que se extendía a paraísos fiscales - El juez indaga a cargos públicos y funcionarios que recibieron "regalos o dinero"
J. YOLDI / M. ALTOZANO - Madrid - 13/02/2009
El juez Baltasar Garzón ha puesto por fin por escrito el objetivo de su investigación. En el auto por el que la pasada madrugada envió a prisión a los tres cabecillas de la trama de corrupción -Francisco Correa, Pedro Crespo y Antoine Sánchez-, explica que en la causa que instruye hay indicios suficientes de que un grupo organizado de personas en el que participaban los imputados, "establecieron un conglomerado de empresas para nutrirse de fondos de entidades públicas, en particular de algunos ayuntamientos y comunidades autónomas", como Madrid y Valencia. La finalidad de ese grupo era obtener beneficios utilizando "como norma común y frecuente, las dádivas y sobornos a funcionarios y autoridades públicas". Por el momento han resultado implicados dos cargos públicos, pero Garzón especifica que se investiga a las autoridades y funcionarios que hayan sido receptores de esas dádivas y cuya voluntad haya podido ser corrompida para exigirles las responsabilidades penales correspondientes.
Auto de prisión de Garzón
DOCUMENTO (PDF - 1017,68Kb) - 12-02-2009
Consulta el auto del juez de la Audiencia por el que envía a la cárcel a los tres cabecillas de la trama de corrupción
El juez dejó libre a Álvaro Pérez, que deberá ir al juzgado cada semana
El grupo tenía un piso de seguridad donde guardaba papeles sensibles
Según el juez, los imputados "entregaron regalos, presentes y cantidades de dinero para mover voluntades de quienes tenían responsabilidades en las áreas que coincidían con los intereses económicos del grupo organizado, y así obtener contratos, eventos y actividades en detrimento de otras personas o empresas que no utilizaban las mismas prácticas".
Al mismo tiempo, el juez considera acreditado que se ha producido una "defraudación fiscal" y que ha habido movimientos de dinero en el extranjero por medio de sociedades que operan en paraísos fiscales para blanquear fondos. El magistrado especifica que los imputados utilizaron "técnicas de ingeniería financiera", de tal forma que al utilizar territorios como Panamá, las islas del Canal de la Mancha o las Antillas Holandesas, han buscado la opacidad y han impedido que la justicia alcance los fondos desplazados.
Además, para conseguir sus objetivos y disfrazar las contabilidades, el grupo no dudó en alterar y falsificar documentos, entre otros, facturas comerciales.
El auto destaca que Correa -cuyo nombre en alemán, Gürtel, da nombre a la operación policial-, montó una estructura de empresas en España a la que superponía otra estructura internacional con sociedades constituidas en Inglaterra y Holanda, que a su vez estaban participadas por sociedades creadas en paraísos fiscales. Precisamente, los fondos procedían de sociedades matrices con sede en Antillas Holandesas, Jersey y Guernsey, Suiza y otros territorios off shore, y llegaban a las sociedades españolas camuflando las aportaciones como si fueran ampliaciones de capital.
Se trata de un presunto delito de blanqueo de dinero cometido por españoles en el extranjero, lo que determina la competencia de la Audiencia Nacional en el caso.
Correa, según el auto del juez, utilizó testaferros y estructuras fiduciarias opacas, creadas por asesores fiscales y jurídicos en su estrategia de ocultación, mientras realizaba operaciones en países tan dispares como China, Azerbaiyán, Colombia, Panamá o Estados Unidos.
Entre otros hechos, el juez imputa a Correa haber dado "instrucciones para realizar dádivas a funcionarios públicos con el fin de obtener un provecho económico para él y el grupo que dirige o para conseguir la paralización de procedimientos sancionadores que afectan a su patrimonio".
El jefe de la trama ha intentado obtener la residencia en Panamá y tenía previsto abandonar en breve España, por lo que la policía aconsejó al juez que precipitase las detenciones.
También dio instrucciones a su primo Antoine Sánchez -utilizado como testaferro al frente de las sociedades- para que obtuviera pasaporte y residencia en Senegal.
El lugarteniente de Correa, sin embargo, era Pablo Crespo Sabaris, que actuaba como gerente y consejero delegado de las empresas. Crespo es responsable de la gestión del patrimonio personal de Correa y "codiseña con éste la estrategia de ocultación de fondos del mismo".
Asimismo, Garzón le achaca el impartir "instrucciones para el pago de cantidades a funcionarios públicos y autoridades y pago en especie, por medio de objetos y enseres en distintas localidades españolas para obtener tratos de favor o la concesión de eventos a los que se dedica el grupo".
Uno de los aspectos que denotan el carácter delictivo del grupo es que "utilizan como canal de blanqueo el envío de transferencias a través de los fondos de que disponen en Suiza desvinculándolos de su origen".
La organización, según se describe en la resolución judicial, "dispone de un piso de seguridad [en la calle de Martínez Campos, 32, 7º, puerta sexta, de Madrid] donde, además de vivir una persona de su confianza y trabajador de una de sus empresas, guarda documentos sensibles que han sacado de la sede de Serrano, 40, 4º izquierda, de Madrid".
El juez destaca que en la causa hay elementos que determinan un riesgo de fuga "objetivo y real", puesto que fue precisamente la posibilidad de fuga de Correa el detonante de que se produjeran las detenciones. Además, Crespo dio órdenes de que se escondieran documentos y no se utilizaran los móviles porque los teléfonos estaban intervenidos.
El juez afirma también que "la trama parcialmente desvelada, en este momento, no alcanza a la totalidad de las actividades delictivas que se pueden imputar, pero extendiéndose a todas las personas que ya están imputadas, puede afectar a un mayor número". Es decir, la operación sigue abierta y va para largo.
Por otro lado, ayer declaró ante el juez, en calidad de imputado, Álvaro Pérez, conocido como El Bigotes, que fue detenido el lunes pasado por su presunta vinculación con la trama de corrupción en la Comunidad Valenciana. Las fiscales Miriam Segura y Concha Sabadell no solicitaron prisión ni fianza para él, según explicó su abogada, Ángela Coquillat. El juez, por tanto, le dejó en libertad, aunque con la obligación de presentarse semanalmente en el juzgado más próximo a su domicilio.
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Camps lo ve todo "correcto"
Aguirre: "Garzón y Bermejo deberían estar avergonzados"
El juez Garzón investiga sobornos a tres cargos del PP de Madrid
El PP pide a Garzón que dé los nombres de los cargos públicos investigados en la trama de corrupción
UNA IMAGEN DE OTROS
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El PP mAudiencia para intentar apartar a Garzón del caso aniobra en la
Los populares pretenden que el Poder Judicial abra diligencias al juez
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El PP mAudiencia para intentar apartar a Garzón del caso aniobra en la
Los populares pretenden que el Poder Judicial abra diligencias al juez
MANUEL ALTOZANO - Madrid - 13/02/2009
Quieren ser parte en el proceso que investiga la trama corrupta, pero no para acusar a sus presuntos cabecillas, sino para echar al juez. Los dirigentes del PP Federico Trillo y Soraya Sáenz de Santamaría acudieron ayer a la Audiencia para solicitar a Baltasar Garzón que admita a su partido como acusación particular en la investigación sobre la red de sociedades que presuntamente se lucraban con dinero de instituciones gobernadas por esa formación. Junto a esa petición, el responsable de Justicia del partido y su portavoz parlamentaria presentaron otra en el que exigen a Garzón que deje el caso.
Documento: Escrito de recusación de Garzón del PP
Además, el PP logró con sus quejas abrir otra vía: el Consejo del General Poder Judicial ha derivado a sus servicios de inspección una denuncia de los populares contra el juez para que se analice si actuó correctamente al ordenar la detención de los implicados y, según el PP, dejarlos en el calabozo durante el fin de semana que estuvo de caza en Jaén, donde coincidió con el ministro Fernández Bermejo, informa J. A. Hernández.
Quieren ser parte en el proceso que investiga la trama corrupta, pero no para acusar a sus presuntos cabecillas, sino para echar al juez. Los dirigentes del PP Federico Trillo y Soraya Sáenz de Santamaría acudieron ayer a la Audiencia para solicitar a Baltasar Garzón que admita a su partido como acusación particular en la investigación sobre la red de sociedades que presuntamente se lucraban con dinero de instituciones gobernadas por esa formación. Junto a esa petición, el responsable de Justicia del partido y su portavoz parlamentaria presentaron otra en el que exigen a Garzón que deje el caso.
Documento: Escrito de recusación de Garzón del PP
Además, el PP logró con sus quejas abrir otra vía: el Consejo del General Poder Judicial ha derivado a sus servicios de inspección una denuncia de los populares contra el juez para que se analice si actuó correctamente al ordenar la detención de los implicados y, según el PP, dejarlos en el calabozo durante el fin de semana que estuvo de caza en Jaén, donde coincidió con el ministro Fernández Bermejo, informa J. A. Hernández.
El juez Garzón tendrá que decidir en primer lugar si admite al PP como perjudicado, condición para que la Sala Penal estudie su recusación. En el escrito con el que piden ser parte, los letrados del partido aseguran que los principales imputados, según "las grabaciones filtradas en los medios de comunicación", "simulan inciertas e inexistentes vinculaciones con miembros", del PP.
El PP no explica en su documento a quién piensa acusar en caso de que el juez lo acepte como perjudicado. Solicita "personarse en las actuaciones en concepto de acusación particular sin necesidad de formular querella". Los hechos revelados en la investigación representan "un claro perjuicio" a sus "derechos fundamentales al honor y a la propia imagen y a la tutela judicial efectiva" y le han producido "una absoluta situación de indefensión y desamparo", según el escrito.
El escrito es un auténtico alegato político contra Garzón, del que, sin embargo, Mariano Rajoy decía en 1998, cuando se juzgaban los GAL: "Los jueces actúan en el Gobierno de Felipe González, pues Garzón instruyó el sumario gobernando González, y siguen actuando en el Gobierno del PP con la misma independencia".
Sin embargo, el texto señala: "No es la única ocasión en la que el Magistrado al que recusamos exhibe su estrecha vinculación con el PSOE y sus distintos gobiernos de la nación, y su permanente animosidad contra el PP. Fue público y notorio que, tras una reunión también campestre, en esta ocasión en la Finca de Quintos de Mora, y oficiando como intermediario el entonces presidente de Castilla-La Mancha, hoy presidente del Congreso, el socialista José Bono, el Magistrado Baltasar Garzón acordó con Felipe González su inclusión como número dos en la candidatura del PSOE por Madrid".
Pero los precedentes no son muy favorables. El PSOE también intentó personarse en el caso Filesa sobre la presunta financiación irregular, pero la Audiencia lo rechazó porque entre los investigados había miembros de ese partido. El mismo resultado obtuvo el Gobierno de Felipe González cuando intentó convertirse en acusación particular del caso Amedo, en plena investigación sobre la guerra sucia contra ETA. Se impidió porque los policías José Amedo y Michel Domínguez eran funcionarios y el Estado podría resultar responsable.
De su lado, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, calificó ayer de "exageración tan evidente que no se compadece con las reglas habituales de la democracia", la reacción del PP ante la noticia de que el ministro de Justicia y el juez Garzón habían asistido juntos a una cacería. Aunque Zapatero no entró a valorar esta coincidencia, pidió "mesura y tranquilidad" a los dirigentes del PP. "Los problemas propios hay que resolverlos y no se consigue nada atacando a los otros", les aconsejó.
Correa montó un complejo entramado que se extendía a paraísos fiscales - El juez indaga a cargos públicos y funcionarios que recibieron "regalos o dinero"
J. YOLDI / M. ALTOZANO - Madrid - 13/02/2009
El juez Baltasar Garzón ha puesto por fin por escrito el objetivo de su investigación. En el auto por el que la pasada madrugada envió a prisión a los tres cabecillas de la trama de corrupción -Francisco Correa, Pedro Crespo y Antoine Sánchez-, explica que en la causa que instruye hay indicios suficientes de que un grupo organizado de personas en el que participaban los imputados, "establecieron un conglomerado de empresas para nutrirse de fondos de entidades públicas, en particular de algunos ayuntamientos y comunidades autónomas", como Madrid y Valencia. La finalidad de ese grupo era obtener beneficios utilizando "como norma común y frecuente, las dádivas y sobornos a funcionarios y autoridades públicas". Por el momento han resultado implicados dos cargos públicos, pero Garzón especifica que se investiga a las autoridades y funcionarios que hayan sido receptores de esas dádivas y cuya voluntad haya podido ser corrompida para exigirles las responsabilidades penales correspondientes.
Consulta el auto del juez de la Audiencia por el que envía a la cárcel a los tres cabecillas de la trama de corrupción
El juez dejó libre a Álvaro Pérez, que deberá ir al juzgado cada semana
El grupo tenía un piso de seguridad donde guardaba papeles sensibles
Según el juez, los imputados "entregaron regalos, presentes y cantidades de dinero para mover voluntades de quienes tenían responsabilidades en las áreas que coincidían con los intereses económicos del grupo organizado, y así obtener contratos, eventos y actividades en detrimento de otras personas o empresas que no utilizaban las mismas prácticas".
Al mismo tiempo, el juez considera acreditado que se ha producido una "defraudación fiscal" y que ha habido movimientos de dinero en el extranjero por medio de sociedades que operan en paraísos fiscales para blanquear fondos. El magistrado especifica que los imputados utilizaron "técnicas de ingeniería financiera", de tal forma que al utilizar territorios como Panamá, las islas del Canal de la Mancha o las Antillas Holandesas, han buscado la opacidad y han impedido que la justicia alcance los fondos desplazados.
Además, para conseguir sus objetivos y disfrazar las contabilidades, el grupo no dudó en alterar y falsificar documentos, entre otros, facturas comerciales.
El auto destaca que Correa -cuyo nombre en alemán, Gürtel, da nombre a la operación policial-, montó una estructura de empresas en España a la que superponía otra estructura internacional con sociedades constituidas en Inglaterra y Holanda, que a su vez estaban participadas por sociedades creadas en paraísos fiscales. Precisamente, los fondos procedían de sociedades matrices con sede en Antillas Holandesas, Jersey y Guernsey, Suiza y otros territorios off shore, y llegaban a las sociedades españolas camuflando las aportaciones como si fueran ampliaciones de capital.
Se trata de un presunto delito de blanqueo de dinero cometido por españoles en el extranjero, lo que determina la competencia de la Audiencia Nacional en el caso.
Correa, según el auto del juez, utilizó testaferros y estructuras fiduciarias opacas, creadas por asesores fiscales y jurídicos en su estrategia de ocultación, mientras realizaba operaciones en países tan dispares como China, Azerbaiyán, Colombia, Panamá o Estados Unidos.
Entre otros hechos, el juez imputa a Correa haber dado "instrucciones para realizar dádivas a funcionarios públicos con el fin de obtener un provecho económico para él y el grupo que dirige o para conseguir la paralización de procedimientos sancionadores que afectan a su patrimonio".
El jefe de la trama ha intentado obtener la residencia en Panamá y tenía previsto abandonar en breve España, por lo que la policía aconsejó al juez que precipitase las detenciones.
También dio instrucciones a su primo Antoine Sánchez -utilizado como testaferro al frente de las sociedades- para que obtuviera pasaporte y residencia en Senegal.
El lugarteniente de Correa, sin embargo, era Pablo Crespo Sabaris, que actuaba como gerente y consejero delegado de las empresas. Crespo es responsable de la gestión del patrimonio personal de Correa y "codiseña con éste la estrategia de ocultación de fondos del mismo".
Asimismo, Garzón le achaca el impartir "instrucciones para el pago de cantidades a funcionarios públicos y autoridades y pago en especie, por medio de objetos y enseres en distintas localidades españolas para obtener tratos de favor o la concesión de eventos a los que se dedica el grupo".
Uno de los aspectos que denotan el carácter delictivo del grupo es que "utilizan como canal de blanqueo el envío de transferencias a través de los fondos de que disponen en Suiza desvinculándolos de su origen".
La organización, según se describe en la resolución judicial, "dispone de un piso de seguridad [en la calle de Martínez Campos, 32, 7º, puerta sexta, de Madrid] donde, además de vivir una persona de su confianza y trabajador de una de sus empresas, guarda documentos sensibles que han sacado de la sede de Serrano, 40, 4º izquierda, de Madrid".
El juez destaca que en la causa hay elementos que determinan un riesgo de fuga "objetivo y real", puesto que fue precisamente la posibilidad de fuga de Correa el detonante de que se produjeran las detenciones. Además, Crespo dio órdenes de que se escondieran documentos y no se utilizaran los móviles porque los teléfonos estaban intervenidos.
El juez afirma también que "la trama parcialmente desvelada, en este momento, no alcanza a la totalidad de las actividades delictivas que se pueden imputar, pero extendiéndose a todas las personas que ya están imputadas, puede afectar a un mayor número". Es decir, la operación sigue abierta y va para largo.
Por otro lado, ayer declaró ante el juez, en calidad de imputado, Álvaro Pérez, conocido como El Bigotes, que fue detenido el lunes pasado por su presunta vinculación con la trama de corrupción en la Comunidad Valenciana. Las fiscales Miriam Segura y Concha Sabadell no solicitaron prisión ni fianza para él, según explicó su abogada, Ángela Coquillat. El juez, por tanto, le dejó en libertad, aunque con la obligación de presentarse semanalmente en el juzgado más próximo a su domicilio.
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Camps, ninguna respuesta
J. FERRANDIS / M. OLIVARES
El presidente se niega a informar sobre Orange Market y Ulibarri
Análisis - Los escándalos que afectan al PP
Tinta de calamar
JOSEP TORRENT
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Garzón investiga a cargos públicos y funcionarios valencianos sobornados por la red de Correa
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Garzón investiga a cargos públicos y funcionarios valencianos sobornados por la red de Correa
El juez obliga a Álvaro Pérez a comparecer semanalmente tras dejarlo en libertad con cargos
Ramón Ferrando/Víctor Romero, Valencia
El magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón acusa a la trama de sobornar a funcionarios y autoridades públicas valencianas y madrileñas en el auto en el que envió a prisión a Francisco Correa, a su primo Antoine Sánchez y al ex dirigente del PP en Galicia Pablo Crespo. La red, que supuestamente ha conseguido adjudicaciones ligadas al Partido Popular, está formada por un entramado de 23 empresas que dirigía en la sombra Francisco Correa. El objetivo del grupo, según el auto de Garzón, era organizar eventos para captar negocios y dinero sobretodo en la Comunitat Valencia -a través de Orange Market- y Madrid. Pablo Crespo supuestamente es el director de las empresas y Antoine Sánchez figura como hombre de paja de Correa.
El hombre del grupo en Valencia, Álvaro Pérez Alonso, quedó en libertad tras prestar declaración anoche ante el juez. Pérez Alonso, conocido como "el bigotes", fue detenido en Valencia en la noche de lunes. Su arresto se produjo después de que la policía registrara la sede de Orange Market, donde se obtuvieron numerosos contratos del PP valenciano y de la Comunitat Valenciana, entre ellos los expositores que esta región mostró en la pasada Feria Internacional de Turismo (Fitur). La policía también se personó en las dependencias de la Conselleria de Turismo para llevarse el expediente de adjudicación a Orange Market en Fitur. Pérez, junto con su abogada Ángela Coquillat, asistió ayer al desprecintado de las 25 cajas con documentación que le intervinieron.
El auto de Garzón explica que en la causa existen indicios suficientes de que los tres imputados, en unión de otros, "establecieron un conglomerado de empresas para nutrirse de fondos de entidades públicas -en particular de algunos ayuntamientos y comunidades autónomas- para obtener un beneficio propio". Garzón sostiene en el auto que la red operaba con "dádivas y sobornos a funcionarios y autoridades públicas, cuya identidad y cargos se están investigando" (para decidir si ordena su detención o imputación). La policía, según publicó ayer La Vanguardia, estaría reuniendo pruebas que podrían implicar algún diputado autonómico del PP en Valencia y Madrid.
El magistrado incide en su resolución en que la red entregó "regalos, presentes y cantidades de dinero para mover voluntades de quienes tenían responsabilidades en las áreas que coincidían" con sus intereses y "así obtener contratos, eventos y actividades en detrimento de otras personas o empresas que no utilizaban las mismas prácticas". El encargado de dar instrucciones para pagar cantidades a autoridades públicas es Pablo Crespo.
El juez ha encontrado indicios de que la red cometió fraude ocultando el dinero que obtenía en paraísos fiscales. Además, la organización alteró y falsificó documentos para disfrazar las contabilidades.
Garzón desgrana en el auto la responsabilidad de los tres principales acusados. El auto precisa que desde hace diez años han organizado eventos para captar fondos y negocios. En la Comunitat lo habrían hecho, sobre todo, a través de Special Events y Orange Market. El entremado empresarial supuestamente tenía como principal objetivo las operaciones inmobiliarias, aunque con la situación del sector habían iniciado inversiones con alta rentabilidad en países como China, Estados Unidos, Azerbaiyán o Colombia. Las nuevas inversiones iban desde operaciones turísticas en Colombia a negocios de fibra óptica en Cuba o al intento de entrar en explotaciones petroleras. El grupo disponía de una estructura internacional con empresas pantalla en Inglaterra y Holanda.
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Campos, una "buena relación" con Pérez Alonso
Orange encargaba el "stand" de Fitur a otra de las empresas de la trama lid
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Campos, una "buena relación" con Pérez Alonso
Orange encargaba el "stand" de Fitur a otra de las empresas de la trama lid
Correa planeaba salir de España tras el bautizo de Barcelona
Camps se defiende exhibiendouna foto de Zapatero con Ulibarri
El PP recusa a Garzón por enemistad con el partido y su interés en la causa
DOCUMENTO: Auto íntegro del juez Garzón Vídeo: El PP recusa al juez Garzón
Correa planeaba salir de España tras el bautizo de Barcelona.
El PP recusa a Garzón por enemistad con el partido y su interés en la causa.
Orange encargaba el "stand" de Fitur a otra de las empresas de la trama liderada por Correa.
Camps mantendrá los contratos con Ulibarri pese a la imputación.
Canal 9 contrató con Orange Market el alquiler de material para el telemaratón.
Entre Canal 9 y Teatres.
Olivas tiene plena confianza en el director de Bancaja en Miami que está imputado .
Falta de sintonía entre el PP de Castelló y la dirección regional .
Campos, una "buena relación" con Pérez Alonso.
El TSJ anuló una permuta de suelo público en la Nucia que duplicó su valor en un año.
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Francisco Correa llegó al PP de la mano de Álvarez Cascos
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El PP quiere saber "cuanto antes" qué altos cargos hay implicados
Camps se defiende exhibiendouna foto de Zapatero con Ulibarri
El PP recusa a Garzón por enemistad con el partido y su interés en la causa
DOCUMENTO: Auto íntegro del juez Garzón Vídeo: El PP recusa al juez Garzón
Correa planeaba salir de España tras el bautizo de Barcelona.
El PP recusa a Garzón por enemistad con el partido y su interés en la causa.
Orange encargaba el "stand" de Fitur a otra de las empresas de la trama liderada por Correa.
Camps mantendrá los contratos con Ulibarri pese a la imputación.
Canal 9 contrató con Orange Market el alquiler de material para el telemaratón.
Entre Canal 9 y Teatres.
Olivas tiene plena confianza en el director de Bancaja en Miami que está imputado .
Falta de sintonía entre el PP de Castelló y la dirección regional .
Campos, una "buena relación" con Pérez Alonso.
El TSJ anuló una permuta de suelo público en la Nucia que duplicó su valor en un año.
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Francisco Correa llegó al PP de la mano de Álvarez Cascos
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El PP quiere saber "cuanto antes" qué altos cargos hay implicados
La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, insiste en que Garzón ya no está capacitado para investigar.
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"Si no quieres acabar como Correa tienes que llevar 50.000 euros..."
Aguirre asegura que el PP no se ha financiado ilegalmente
Niega adjudicaciones a la trama a pesar de que la Comunidad les dio 76 contratos.
Orange Market trabaja con la televisión de Camps
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También asistieron otros altos cargos del PP y el director de Canal 9
El presidente de la Generalitat valenciana fue a la boda del Bigotes, uno de los imputados en la trama
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Aguirre asegura que el PP no se ha financiado ilegalmente
Niega adjudicaciones a la trama a pesar de que la Comunidad les dio 76 contratos.
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También asistieron otros altos cargos del PP y el director de Canal 9
El presidente de la Generalitat valenciana fue a la boda del Bigotes, uno de los imputados en la trama
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Todos los miembros de El clan de la boda de El Escorial, bajo sospecha o imputados
JOSÉ MARÍA GARRIDO
“Me parece muy bien el apoyo interno, pero me gustaría que sea a toda la etapa del partido, incluida la del presidente Aznar", afirmó la concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid y esposa del ex presidente popular, Ana Botella, en el Comité Ejecutivo Nacional del PP que se celebró el pasado miércoles.
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Sin duda, las palabras de Ana Botella, que no suele intervenir en este tipo de foros, no eran casuales y tampoco pasaron desapercibidas. El entorno del ex presidente del Gobierno es consciente de que la investigación abierta por el juez Baltasar Garzón podría llegar a salpicar de forma directa al yerno de Aznar: Alejandro Agag. El clan hace aguas Desde luego, a Ana Botella y a su marido no les faltan motivos ni razones para estar preocupados. Precisamente el clan que organizó la boda entre su hija y Alejandro Agag hace literalmente aguas. Los organizadores Era septiembre de 2002, Álvaro Perez -imputado, detenido y puesto en libertad con cargos-, Alberto López Viejo -cesado de la Consejería de Deportes-, Alfonso Bosch -cuya pista se sigue en documentos investigados por Garzón-, Francisco Correa -considerado el cerebro de la presunta trama, también imputado y detenido- y sus respectivas mujeres acudieron juntos a la ceremonia religiosa que se celebró en El Escorial. Fueron los encargados de organizar el banquete e incluso compartieron mesa y mantel. Siete años después, todos ellos, a los que se suma la mujer de Correa, han sido investigados por el juez Garzón. Amigo y testigo Pero sobre todo, al entorno de Aznar le ha preocupado que el empresario Jacobo Gordon, compañero de carrera en Empresariales de Alejandro Agag y "mano derecha" de este, también esté imputado en la trama.
Tal y como informó El Plural, Gordon fue uno de los testigos, al igual que Francisco Correa, en su boda con Ana Aznar. También ex ministros Pero más allá de las vinculaciones de Alejandro Agag con algunos de los implicados e imputados -que ya son suficientes como para que los más avezados establezcan posibles relaciones de causa-efecto-, periodistas tan próximos a Génova y al nuevo PP como Federico Quevedo (uno de los últimos defensores a ultranza de Rajoy), ya empiezan a sospechar que en la segunda fase de la instrucción, el juez Garzón podría elevar la categoría de los imputados. Incluso, creen que, además del propio Agag, algún ex ministro de Aznar podría acabar declarando ante el prestigioso juez.
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Garzón les acusa de sobornar a cargos públicos, especialmente en Valencia y Madrid, para beneficiar a sus empresas
Canal 9, cuyo director está relacionado con empresarios imputados, oculta la trama en sus informativos
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Las claves de la trama de corrupción que afecta al PP
Claves para entender la trama de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón
A. COBOS. 12.02.2009 - 21:32h
Casi una semana después de que saliera a la luz pública la investigación del juez de Baltasar Garzón sobre una presunta red de corrupción en torno al PP, muchos son los interrogantes que han surgido en un caso que no deja de enredarse según van pasando los días.
Estas son algunas de las claves para entender mejor la 'Operación Gürtel'.
1. ¿Qué se investiga?
Una red de corrupción que supuestamente operaba en varios municipios del oeste de Madrid, así como en Valencia y en localidades de la Costa del Sol, y en la que sus integrantes están imputados por los delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias.
2. ¿Qué dice el auto del juez Garzón?
El auto del juez Garzón dice que el "conglomerado de empresas" investigadas se nutría de fondos de entidades públicas de las comunidades autónomas de Madrid y Valencia para" obtener un beneficio propio". Para ello utilizaba "como norma común y frecuente las dádivas y sobornos a funcionarios públicos cuya identidad y cargos se están investigando".
Además señala que los miembros de la trama les entregaban (a los cargos públicos) "regalos, presentes y cantidades de dinero. De esta forma, lograban obtener contratos, eventos y actividades en detrimento de otras personas o empresas que no usaban las mismas prácticas".
3. ¿Cuántas personas están imputadas y cuántas en prisión?
En su auto, el magistrado imputa a 37 personas por varios delitos (blanqueo, fraude fiscal...), de las que tres ya están en prisión sin fianza: Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez.
Además, Garzón dejó en libertad sin ningún tipo de medida cautelar, tras tomarles declaración, a las tres primeras imputadas: Carmen Rodríguez, esposa de Correa, Felisa Jordán y Carmen Luis Cerezo. Este jueves, tras ser interrogado por el juez, Álvaro Pérez también quedó en libertad con prohibición de salir de España.
4. ¿Cuántos cargos del PP se han visto salpicados y quiénes han dimitido?
Hasta el momento cinco, aunque sólo cuatro desempeñaban cargos públicos. Sus nombres son los siguientes: Alberto López Viejo, que presentó su dimisión como consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid; Arturo González Panero, que dimitió como alcalde de Boadilla aunque sigue ejerciendo de concejal; María Jesús Díaz, ex número dos en la Alcaldía de Boadilla; Guillermo Ortega (ex alcalde de Majadahonda), que cesó de su actual cargo como gerente del Mercado Puerta de Toledo en Madrid; y Pablo Crespo, ex secretario de organización del PP en Galicia.
5. ¿Por qué Alberto López Viejo no está imputado?
Se especula que el ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid no está imputado porque al ser diputado regional está aforado (protección jurídica especial). Si Garzón le acusa de algún delito, tendría que renunciar a la investigación y pasar el caso inmediatamante al Tribunal Superior de Justicia de Madrid o al Tribunal Supremo, dos juzgados que ni cuentan con los medios ni con la experiencia de la Audiencia Nacional para llevar un caso así.
El método más utilizado en estos casos -no es la primera vez que sucede- pasa por imputar a los aforados en el último momento, cuando la investigación ya está prácticamente completa. Y a este caso le queda aún mucho recorrido.
6. ¿Qué empresas están involucradas en la trama?
El entramado de empresas de la red de corrupción estaba compuesto por 23. Entre ellas destacan:
Special Events
Agencia de eventos que entre 1996 y 1999 organizó todos los actos políticos del PP de Galicia. Esta empresa tiene como administrador único a Pablo Crespo, ex secretario de organización del PP gallego. El Ayuntamiento de Madrid adjudicó en 2007 varios contratos a la empresa por un importe total de 210.000 euros.
Pasadena Viajes S.L.
Una empresa, también propiedad de Pablo Crespo, con la que el Ayuntamiento de Boadilla organizó diversos viajes. Está siendo también investigada.
Easy Concept
Compañía especializada en la gestión del servicio público de información y atención al ciudadano. En 2005 el alcalde de Boadilla, Arturo González, suscribió un contrato con ella. La Comunidad de Madrid adjudicó sin concurso, según el diario Público, más de 70 contratos.
Good and Better, SL
Junto con Easy Concept es la otra firma presuntamente favorecida con contratos "a dedo" por el Gobierno de Esperanza Aguirre. Entre los años 2004 y 2005 habría organizado eventos junto con Easy Concept por valor de 562.183 euros.
Orange Market
Es la proveedora de servicios de la dirección regional del Partido Popular valenciano. La empresa organiza mítines, congresos y toda clase de eventos para los populares, según reconoce el partido. Vinculada a uno de los detenidos, Pablo Crespo, a ella se le adjudicó el diseño del expositor de la Comunitat Valenciana en Fitur.
7. ¿Por qué el PP quiere personase como acusación particular?
El PP quiere presentarse como acusación particular con la intención de "aclarar todo" ya, que según fuentes del partido, se trata de unos hechos que les afectan directamente, aunque no han explicado a quién quieren acusar. Además, para ejercer como acusación, Garzón tiene que admitirles en el caso.
8. ¿Por qué los populares han presentado la recusación de Garzón?
El Partido Popular presentó su escrito de recusación contra el juez Garzón (que no sea este el magistrado que lleve el caso), alegando su "enemistad manifiesta" y "animosidad contra el PP", así como su "interés directo o indirecto" en la causa que instruye sobre la presunta trama de corrupción, conocida como 'Operación Gürtel'.
Además, para que la recusación se haga efectiva tienen que cumplirse cinco requisitos: el PP tiene que ser parte de la acusación; es imprescindible que Garzón admita el recurso; para ser recusado un magistrado tienen que opinar todos las partes del caso (defensa, fiscalía, acusación...); si prospera la recusación, después decide la Sala de lo Penal que es la competente para suspender al juez; y si no se cumplen los pasos anteriores, tendrían que ir a una instancia superior para pedir su recusación.
9. ¿Cómo va a continuar el caso?
El juez Garzón va a seguir tomando declaración al resto de los imputados hasta el día 5 de marzo, aunque el plazo podría ampliarse. Con estas declaraciones pretende descubrir cuáles son los cargos públicos supuestamente sobornados por esta red de corrupción.
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