dilluns, 9 de febrer del 2009

PP Vice. 09/02/2009

09 Feb 2009
Cospedal desatada
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Per a la trama A, polsi 1; per a la trama B, polsi 2. A mesura que surtin més trames hi afegirem números.
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El jefe del grupo se jacta de tener pruebas contra altos cargos.- El partido rompió con él por sospechas
Alcaldes de Madrid confirmaron en junio de 2004 las irregularidades

FRANCISCO MERCADO - Madrid - 09/02/2009
Álvaro Lapuerta hizo cortar las relaciones del PP a nivel nacional con su principal proveedor electoral, Francisco Correa, presunto jefe de la trama corrupta desarticulada el pasado viernes. Sucedió en junio de 2004, cuando Lapuerta era tesorero nacional del partido. Lapuerta tomó esa decisión, que avaló Mariano Rajoy, tras conocer que Correa estaba exigiendo, en nombre de su departamento, la adjudicación de contratos a sus empresas a alcaldes madrileños populares, según confirman altos cargos del partido. Ésa es, precisamente, la sospecha que alimenta la investigación que ha culminado ahora el juez Baltasar Garzón al desarticular la presunta trama corrupta que dirigía Correa: que captaba contratos públicos mediante tráfico de influencias en municipios del PP.

Lapuerta reunió a los alcaldes susceptibles de haber sido tocados
Correa fue declarado persona no grata en Génova en 2004
Siguió siendo contratado por Gobiernos autónomos del PP

De hecho, la información inicial sobre la trama fue brindada por cargos del PP, que en noviembre de 2007 aportaron a la policía y a la Fiscalía Anticorrupción su denuncia y pruebas sobre los manejos de esta red. La investigación se alargó durante más de un año y acumula abundantes grabaciones. Ese material aporta abundante información sobre las maniobras de Correa, pero también aparentes datos comprometedores que dice conocer de otros personajes.

Grifo cerrado
Así, en diciembre de 2007 afirmó en una conversación lo siguiente sobre Luis Bárcenas, entonces gerente y hoy tesorero del PP. "A Bárcenas yo le he llevado, yo, vamos a sumarlo, 1.000 millones de pesetas, yo Paco Correa, a Génova y a su casa". No aportó ninguna prueba de tal acusación. Bárcenas tacha la declaración de "absolutamente falsa y calumniosa". Y sus colaboradores explican cuál puede ser la razón de tal inquina: Bárcenas formaba parte del equipo de Lapuerta que forzó que se le cortara el grifo de contrataciones para las campañas del PP en junio de 2004. Tras conocer la denuncia de que presionaba a alcaldes madrileños para exigir contratos en nombre de la tesorería nacional del partido, Lapuerta organizó en Génova, 13 una reunión con los regidores susceptibles de haber sido tocados. Todos confirmaron la información recibida en la dirección del partido. A partir de ese momento, Correa fue declarado persona no grata y sus empresas dejaron de prestar servicios electorales al PP nacional.

Obviamente, como gerente, Bárcenas ha tenido una "relación fluida" con Correa durante los más de doce años que éste monopolizó la prestación de servicios al partido. Pero hay algo que avala la versión del entorno de Bárcenas: Correa, en sus conversaciones grabadas, denigra con frecuencia a cargos del partido susceptibles de haber chocado con sus intereses. Así, se jacta de poseer informaciones comprometedoras, que niegan los afectados, sobre el alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, o el ex regidor de Majadahonda Guillermo Ortega. Casualmente, dos municipios donde ha tenido contratos y donde debería haber dejado de captarlos desde 2004, tras el veto del PP nacional, año en que Correa se convirtió en un apestado para el equipo de Rajoy. Hasta el punto de que cuando el PP iba a celebrar su congreso en Valencia, en junio de 2008, donde se debatía el liderazgo por el partido entre Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre, el equipo de Lapuerta y Bárcenas fueron tajantes: Correa no podía organizar el acto. Y no le permitieron ni concursar, con el pleno respaldo de Ángel Acebes, secretario general. A partir de ahí, las empresas de Correa siguieron funcionando gracias a contratos en Administraciones donde aún les quedaban contactos de su etapa de esplendor, bajo el paraguas aznarista en el partido y en el Gobierno: en Madrid, en la Comunidad Valenciana y en Galicia. En sus conversaciones grabadas, Correa también arremetió contra Esteban González Pons, actual vicesecretario de Comunicación del PP y persona que apoyó decididamente su defenestración, según altos cargos de ese partido. En relación con un negocio urbanístico que gestionaba en La Nucía (Alicante) y topaba con restricciones legales, Correa manifestó a fines de 2006: "Lo desbloqueo yo con el contacto, con el hijoputa de Esteban González Pons, me lo arregla con el pollo que está cayendo en Valencia".

González Pons, entonces consejero de Territorio en la Comunidad Valenciana, nunca desbloqueó tal plan, según personas de su entorno. Incluso, según recuerdan sus colaboradores, el proyecto fue sometido al dictamen favorable de la Confederación del Júcar, que dependía del Gobierno de Zapatero. Nunca tuvo luz verde, por lo que nunca salió adelante, afirman colaboradores de González Pons. "El proyecto era y es inviable", aseguran.

Lo llamativo de la historia de Correa es que mientras era ya un apestado en Génova 13, sede central del PP, aún siguió siendo contratado por Gobiernos autónomos de ese partido, según demuestran las grabaciones realizadas por orden del juez. Así, en noviembre de 2006, dijo lo siguiente: "Estoy haciendo la campaña a Paco Camps (...) Le hacemos todo". Y añadió su convicción de que le iban a adjudicar más contratos, como Fitur...

Felisa Jordán, miembro de la trama, se quejó de que Orange Market, empresa que controlaba para Correa, le estaba dando problemas: "La deuda de Orange Market de Valencia es del grupo. He hecho trabajo real para la Comunidad de Valencia que no he cobrado, Master Open, Fitur y que no le he facturado. Incluso hemos adelantado las nóminas. Los 300.000 euros de la deuda con Orange son cosas que hemos facturado pero que yo no les he hecho, las hizo Orange, pero las facturé yo".

Correa también halló cobijo en el Gobierno de Esperanza Aguirre, a tenor de sus conversaciones grabadas. En febrero de 2006, Felisa Jordán habló de una demanda que interpuso Pablo Crespo, ex secretario general del PP gallego detenido como miembro de la trama, contra la Comunidad de Madrid por falta de pago a FCS (Formación Comunicación y Servicios), una firma de la red. Jordán le pidió que la retirara para que no le quitaran a ella sus negocios con la Comunidad que preside Esperanza Aguirre.

En noviembre de 2007 Correa ya sabe que algunos miembros del partido amenazan con denunciarlo a Hacienda. Según sus propias conversaciones grabadas, una destacada consejera del Gobierno de Aguirre, Paloma Adrados, responsable de Empleo y Mujer, había elaborado una "carta" en la que había participado "todo el PP". En efecto, para entonces Correa ya se hallaba bajo el foco de una conjura de al menos media docena larga de concejales y cargos del PP que acabarían sacando sus turbios negocios a la luz.

Entretanto, pasarán hoy a disposición judicial Francisco Correa, Pablo Crespo Sabaris y Antoine Sánchez. La esposa del primero, María del Carmen Rodríguez Quijano, y Felisa Jordán, fueron puestas en libertad con cargos el sábado. Presumiblemente, serán citados a continuación una treintena de personajes vinculados a sus negocios de Correa que aparecen en las grabaciones. En este contexto, el sábado fue registrado en Madrid un despacho contiguo al de Alejandro Agag, yerno de Aznar. El de Agag no fue inspeccionado. Los policías se centraron en un ex compañero de negocios suyo que aparece en las grabaciones presumariales.
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Las alusiones grabadas de Correa a altos cargos del PP

F. M. - Madrid - 09/02/2009

Lo que sigue es una selección de las abundantes acusaciones, sin aportar detalles, formuladas en las conversaciones grabadas a Francisco Correa, jefe de la trama corrupta vinculada al PP, contra dirigentes de dicho partido. La totalidad de los afectados ha restado veracidad a sus palabras. Algunas de esas acusaciones, conocidas antes de abrirse el sumario, tienen como objetivo cargos del PP, singularmente dirigentes afines a Mariano Rajoy, que se han interpuesto en sus negocios.

Sobre el alcalde de Boadilla: "Si doy la cinta se caga, pero yo voy al trullo"
Correa afirma: "Si doy la cinta que tengo del Albondiguilla [mote que aplica a Arturo González Panero], se caga. Pero también voy yo al trullo, y además me interesa seguir haciendo negocios cuatro años en Boadilla". Y añade sobre un asunto urbanístico en Boadilla: "Dile que mi amigo no ha pagado nada, que el Ayuntamiento le ha dado una prórroga, que no joda al empresario, éste no le ha dado un duro a Arturo. (...) No le ha dado el dinero a Arturo, me lo ha dado a mí".

Sobre el presidente valenciano: "Estoy haciendo la campaña de Camps"
Francisco Correa: "Estoy haciendo la campaña a Paco [Francisco] Camps [presidente de la Comunidad Valenciana, del PP] y la presentamos el miércoles. Al vicepresidente, el director de campaña y al secretario general del partido se les presenta mañana la creatividad porque le hacemos todo. Él tiene [Álvaro Pérez Alonso, responsable en la Comunidad Valenciana de la empresa Orange Market] una reunión con el tema de Fitur [Feria Internacional de Turismo] que le van a adjudicar".

Sobre el tesorero del PP: "Le he llevado 1.000 millones a Génova"
Correa: "A [Luis] Bárcenas [tesorero del PP] yo le he llevado, yo, vamos a sumarlo, 1.000 millones de pesetas, yo Paco Correa, a Génova y a su casa". A renglón seguido, amaga con conocer el patrimonio secreto en un paraíso fiscal de un ex ministro de Aznar vinculado a las obras públicas. Sus interlocutores se admiran de sus datos: "Por eso te tienen miedo. Los tienes pillados". Pero Correa les tranquiliza. "Pero yo nunca cantaré".

Sobre el ex alcalde de Majadahonda: "Pagó facturas extrañas de Pasadena Viajes"
Correa insinúa que Guillermo Ortega le pagó "facturas extrañas" de su empresa, Pasadena Viajes, cuando era alcalde de Majadahonda, por el procedimiento de anticipo de caja. Y que su mujer, Carmen Rodríguez Quijano, detenida en la operación, le compró un piso al "Rata", apodo con el que denomina a dicho regidor, que oficialmente no era de él sino que usaba un testaferro. Ortega niega tajantemente tales acusaciones.

Sobre el portavoz del PP: "Yo lo desbloqueo con González Pons"
Tras exponer la situación de un negocio urbanístico en La Nucía (Alicante), Correa se jacta de que tiene un as para desbloquear el proyecto. "Lo desbloqueo yo con el hijoputa de Esteban [González] Pons, me lo arregla con el pollo que está cayendo". González Pons, entonces consejero de Territorio valenciano, supeditó la aprobación del proyecto a la Confederación del Júcar, en manos del PSOE, y el plan no fructificó.
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Media docena de cargos del partido espiaron y grabaron al jefe de la trama durante dos años

F. M. - Madrid - 09/02/2009

Durante meses, media docena de cargos del PP madrileño, en su mayoría vinculados a municipios del noroeste, tendieron una trampa a las personas que integraban la presunta trama de corrupción vinculada al partido que lideraba Francisco Correa. Dos años antes de que se iniciara propiamente la investigación por la Fiscalía Anticorrupción sobre esta red, empezaron a procurarse pruebas contra ella. Estuvieron dos años acudiendo a citas con ellos, grabándoles, manteniendo citas en hoteles, en restaurantes y en los propios locales de las empresas de la trama. El piano acompaña muchas de las grabaciones como música de fondo. Y, entre copa y copa, Correa les desnuda sus negocios, sus socios ocultos, sus bienes en paraísos fiscales, sus protectores políticos. O, por el contrario, suelta invectivas contra decenas de cargos políticos del partido. Lo mismo se jacta de haber recaudado sumas para Génova que de saber en qué paraíso fiscal ocultó un ex ministro de Aznar su patrimonio ilegal. O amenaza con poseer información delicada o grabaciones contra alcaldes o ex aclcaldes del PP. Todo eso le sirve para concienciar a sus interlocutes de que hay un poder que el PP que dirige Mariano Rajoy no le puede arrebatar: la información sucia que se jacta de poseer tras haber servido al partido durante una década en régimen de monopolio para atender las campañas electorales. Nadie repara en una contradicción que aflora de su relato: ¿Cómo puede defenestrarlo Luis Bárcenas, gerente y luego tesorero del PP, si él le ha entregado 1.000 millones de pesetas en Génova y en su casa?

Y, entre copa y copa, les desnudó sus negocios, sus socios ocultos...

Pero el mensaje sirve para que su red clientelar le tenga respeto y propague en sus círculos que, en el fondo, sigue contando con poder para poder exigir contratos públicos en los municipios donde gobierna el PP. Por contra, algunas de las supuestas personas con las que insinúa haber tenido relaciones comprometedoras, como Bárcenas o González Pons, han colaborado decisivamente a erradicarlo de Génova 13, cuartel general del PP, desde que asumió en 2003 el liderazgo Mariano Rajoy.

Por fin, con un material probatorio que arranca en febrero de 2006 y culmina en octubre de 2007, en noviembre de 2007 se presenta una denuncia a la Policía, que, a su vez, la traslada a la Fiscalía Anticorrupción. Los conspiadores del PP anti-Correa aportan a la justicia todos sus documentos y grabaciones presumariales. Y ese material sirven de arranque para la investigación del juez Baltasar Garzón, que decreta numerosas intervenciones telefónicas, cuyo contenido no ha sido desvelado, pero que, según fuentes conocedoras del sumario, han proporcionado abundantes indicios sobre la actividad delictiva de esta trama. Hasta el punto de que no sólo están bajo el foco del juez los cinco ya detenidos, sino más de 30 personas que han tenido estrecha relación con ellos. El PP, oficialmente, se siente víctima política de una investigación de la Fiscalía Anticorrupción. Pero la realidad es que esta bola de nieve, que se agiganta por minutos, la empujó un puñado de cualificados militantes suyos para erradicar unas prácticas ilegales que, amén de ensombrecer la imagen del partido, convertían en un calvario la vida de quienes se oponían personalmente a sus intereses. Para desgracia de los investigadores, desde hace meses los investigados sabían que estaban bajo la lupa. Una filtración periodística les alertó. Eso rebajó notablemente el contenido probatorio de las charlas que seguía grabando la policía semana tras semana. Sin embargo, los responsables de la investigación se muestran satifechos: sobran pruebas contra los detenidos, dicen.
Un ex concejal popular asegura que el alcalde de Boadilla viajó a Florida para adquirir propiedades inmobiliarias

J. S. G. - Madrid - 09/02/2009

El ascenso de Arturo González Panero (PP) a la alcaldía de Boadilla del Monte está sembrado de puntos oscuros. En 1999, siendo concejal de Hacienda de la localidad, fue suspendido del cargo por el alcalde de su propio partido, Enrique Roda, que sospechaba de "determinadas actuaciones" de su gestión.

Los grupos de la oposición denunciaron entonces que el concejal de Hacienda tenía acceso a las cuentas municipales y hacía revertir los beneficios de estas en un hombre de su confianza. Todo quedó en un cruce de acusaciones. Pero desde entonces las sospechas se acumulan sobre este hombre. Ese mismo año, una tormenta política sacudió el Ayuntamiento de Boadilla. En sólo seis meses tres ediles ocuparon la alcaldía del municipio.

González Panero ascendió de concejal de Hacienda a alcalde gracias al apoyo del entonces secretario regional del Partido Popular, Ricardo Romero de Tejada. En sólo seis meses obligó a dimitir de la alcaldía a Nieves Hernández, también del PP. Y encabezó una moción de censura contra el sustituto de ésta, Enrique Roda.

Romero de Tejada, ex alcalde de Majadahonda, está relacionado con una supuesta trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento majariego. Boadilla y Majadahonda vuelven a estar vinculadas por la presunta trama de corrupción en Administraciones gobernadas por el PP.
Nada más convertirse en regidor de Boadilla se propuso modificar el urbanismo del municipio. Aprobó un plan urbanístico que fue declarado nulo por los tribunales. A pesar de que González lo rehizo en 2002, sigue acumulando denuncias de ecologistas y oposición.

Sobre su forma de ser hay pocas dudas. "A Arturo siempre le ha gustado ostentar y alardear. Ahora viste de sastre", cuenta un antiguo colaborador del alcalde de Boadilla del Monte. "El y Willy [Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda por el PP] eran jóvenes ambiciosos de Nuevas Generaciones a los que pocas cosas les detenían", recuerda una ex concejal popular del municipio, que fue testigo del ascenso de ambos. Su forma de actuar le puede salir ahora cara con la justicia.
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J. S. G. - Madrid - 09/02/2009

El ascenso de Arturo González Panero (PP) a la alcaldía de Boadilla del Monte está sembrado de puntos oscuros. En 1999, siendo concejal de Hacienda de la localidad, fue suspendido del cargo por el alcalde de su propio partido, Enrique Roda, que sospechaba de "determinadas actuaciones" de su gestión.

Los grupos de la oposición denunciaron entonces que el concejal de Hacienda tenía acceso a las cuentas municipales y hacía revertir los beneficios de estas en un hombre de su confianza. Todo quedó en un cruce de acusaciones. Pero desde entonces las sospechas se acumulan sobre este hombre. Ese mismo año, una tormenta política sacudió el Ayuntamiento de Boadilla. En sólo seis meses tres ediles ocuparon la alcaldía del municipio.

González Panero ascendió de concejal de Hacienda a alcalde gracias al apoyo del entonces secretario regional del Partido Popular, Ricardo Romero de Tejada. En sólo seis meses obligó a dimitir de la alcaldía a Nieves Hernández, también del PP. Y encabezó una moción de censura contra el sustituto de ésta, Enrique Roda.

Romero de Tejada, ex alcalde de Majadahonda, está relacionado con una supuesta trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento majariego. Boadilla y Majadahonda vuelven a estar vinculadas por la presunta trama de corrupción en Administraciones gobernadas por el PP.
Nada más convertirse en regidor de Boadilla se propuso modificar el urbanismo del municipio. Aprobó un plan urbanístico que fue declarado nulo por los tribunales. A pesar de que González lo rehizo en 2002, sigue acumulando denuncias de ecologistas y oposición.

Sobre su forma de ser hay pocas dudas. "A Arturo siempre le ha gustado ostentar y alardear. Ahora viste de sastre", cuenta un antiguo colaborador del alcalde de Boadilla del Monte. "El y Willy [Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda por el PP] eran jóvenes ambiciosos de Nuevas Generaciones a los que pocas cosas les detenían", recuerda una ex concejal popular del municipio, que fue testigo del ascenso de ambos. Su forma de actuar le puede salir ahora cara con la justicia.

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EL PAÍS - Valencia - 09/02/2009

La empresa Orange Market, SL, fue constituida en julio de 2003 con un capital de 3.000 euros como filial valenciana de Special Events, cuyo máximo responsable, Pablo Crespo, encomendó a su amigo Álvaro Pérez Alonso la tarea de poner en marcha y hacer crecer la nueva empresa. Y desde entonces, Pérez, conocido como El Bigotes, se ha dedicado a ello. Y no le ha ido mal, a tenor de los datos disponibles. En 2004, Pérez dejó Madrid, donde había colaborado con el entonces presidente de Telefónica, Juan Villalonga, y se trasladó a Valencia, donde Special Events le había allanado el camino, pues había metido cabeza en el PP valenciano. En 1999 trabajó en la campaña electoral que permitió a Eduardo Zaplana repetir como presidente de la Generalitat. Y lo hizo de nuevo en 2003, ya con Francisco Camps como candidato. En la de 2007 ya fue Orange Market la que se hizo cargo del asunto. En los tres casos, la Sindicatura de Comptes, órgano fiscalizador de la Generalitat, denunció que las empresas aparecían como perceptoras de un total de 375.000 euros por servicios que no declaraban.

Y a partir de 2004, Orange Market empezó a hacerse omnipresente en la Comunidad Valenciana, organizando actos de Camps en su condición de presidente regional del PP, así como jornadas parlamentarias, cenas de inicio de curso político y mítines. Además, recibió el encargo de acondicionar la sala de prensa de la nueva sede del partido en la capital Valenciana. El PP no ha dado a conocer el importe de las facturas pagadas a Orange por esos conceptos.

La buena relación con el PP le abrió a Orange las puertas de la Generalitat. Ya en 2004 obtuvo el encargo para una campaña de publicidad de la empresa pública Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, SA (Vaersa), por 130.000 euros, que no llegó a cobrar en su totalidad porque no la ejecutó al completo. También ha trabajado para la Consejería de Territorio.

El contrato más voluminoso es el referido al pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur, cuyo montaje se ha adjudicado ininterrumpidamente en los últimos cinco años por importes siempre en torno al millón de euros. También colabora con Feria Valencia y algunas fuentes aseguran que participó en la visita del Papa en julio de 2006. El arzobispado lo niega, pero lo cierto es que ni la Iglesia ni la Generalitat han dado a conocer lo que se gastaron entonces para traer a Benedicto XVI a Valencia.
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El PP blinda los datos sobre Orange Market

El Gobierno de Camps se ha negado sistemáticamente a dar información

M. F. - Valencia - 09/02/2009

"Es una persona jurídica no relevante". Ésta es una de las fórmulas que, de forma habitual, utiliza el Gobierno de Francisco Camps para no contestar a las preguntas que formula la oposición sobre determinadas subvenciones, ayudas o contratos. Las relaciones entre los adjudicatarios de servicios o proveedores y la Administración autonómica deberían ser públicas y expeditas pero, en la práctica, el Consell utiliza todas las argucias legales posibles no sólo para poner trabas, sino para impedir que la oposición fiscalice su tarea en este ámbito.

El caso de Orange Market no ha sido distinto. El oscurantismo del PP ha planeado, desde el principio, sobre esta empresa, incluida en el entramado de sociedades que investiga el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ante posibles delitos de soborno, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y evasión fiscal. Ni la insistencia ni el interés de la oposición han servido, de momento, para que la Generalitat aporte la información sobre todos los contratos adjudicados a esta empresa. Dos días después de que se conocieran las detenciones y la investigación de la trama, ni el PP de la Comunidad Valenciana ni sus representantes en la Generalitat han ofrecido algún tipo de explicación o aclaración sobre el caso. El silencio, como cuando la oposición ha tratado de obtener información sobre Orange Market, es absoluto. Ni siquiera el secretario regional de los populares valencianos, Ricardo Costa, ha mentado el nombre de la firma. Aunque ayer a últim hora la dirección de los populares valencianos anunció que rompe con Orange Market.

Las únicas adjudicaciones a Orange Market publicadas en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana son las realizadas por la Consejería de Turismo por la creación y montaje del expositor de varias ferias de turismo, entre ellas, Fitur, a partir de 2005. La documentación de la última de ellas, el expediente 33/08 sobre el contrato para el diseño y montaje del pabellón de la Comunidad Valenciana de este año, fue requisada el pasado viernes, por orden del juez Garzón, cuando la policía judicial acudió a las sedes de la mercantil y de la Agencia Valenciana de Turismo en Valencia.

Los negocios entre el PP valenciano y las firmas investigadas empiezan hace ya una década, en la época de Eduardo Zaplana cuando Orange Market, ahora filial de Special Events, aún no había nacido: era la matriz la que realizaba los servicios.

El bloqueo del PP a ofrecer información sobre la relación de la Generalitat comenzó en 2005. El diputado socialista José Camarasa remitió seis cuestiones al Consell en las que se preguntaba por la relación de Orange Market con la Generalitat. "¿Ha mantenido alguna relación contractual?", pidió saber. En el caso de que la respuesta a esta cuestión fuera positiva, el socialista quería saber qué contratos habían adjudicado la Generalitat, las empresas públicas y/o organismos autónomos a la empresa, desde 1995 hasta 2005, cuál era el objeto de estos contratos y a cuánto ascendía cada uno de ellos.

La información detallada que exigía el parlamentario incluía también las fechas de adjudicación de cada uno de los contratos y las fechas en las que éstas fueron publicadas en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, en el caso de que se hubieran publicado.

El PP no optó por admitir las preguntas y responder con evasivas o ambigüedades, como en otras ocasiones. En este caso, ni siquiera tramitó las cuestiones. La decisión del PP provocó que Camarasa presentara un recurso, que también fue desestimado. El interés de los socialistas por la firma comenzó después de que el entonces consejero de Relaciones Institucionales y Comunicación, Esteban González Pons, adjudicara a Orange Market la elaboración de la guía de la comunicación, tal como recuerda el propio Camarasa.Desde 1999 la Sindicatura de Comptes incluye los nombres de las sociedades Special Events y Orange Market (desde 2003) en sus informes por incumplir la obligación de comunicar los trabajos realizados en campañas electorales, todos ellos para el PP. Los tres últimos procesos electorales autonómicos, 1999, 2003 y 2007, fueron fiscalizados por la Sindicatura de Comptes, entidad encargada de revisar los ingresos y gastos electorales derivados de la participación de formaciones políticas en las elecciones.

En los tres últimos informes de la Sindicatura aparecen las firmas de la trama que investiga el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, ante la posible comisión de presuntos ante posibles delitos de soborno, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y evasión fiscal. En total, son 375.000 euros los que el PP facturó a estas empresas. Pero las firmas no comunicaron, tal como obliga el Régimen Electoral General, la prestación de los servicios realizados. La fiscalidad sobre los trabajos que el PP contrata a las empresas se limita al proceso electoral. Así, los demás encargos realizados por los populares no están sujetos a ninguna otra condición que las propias de la ley.

La adjudicación directa de la Generalitat y la contratación por el PP no son las únicas vías en la relación de los populares valencianos y las empresas sometidas a investigación. El PP ha utilizado también sociedades públicas para realizar contratos de los que luego, alegando que se trata de firmas que están participadas por otras entidades, no rinde cuentas. Ésa es una de las principales batallas de la oposición a la que, de forma sistemática, se niega cualquier tipo de información sobre los trabajos que contratan sociedades como Cacsa, Ciegsa o la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana (SGIEP). Ésta última fue creada en la época en la que Esteban González Pons era el portavoz del Gobierno valenciano. La Sindicatura de Comptes también fiscaliza su funcionamiento y recoge el objeto de los contratos, pero no tiene acceso a las empresas adjudicatarias de los servicios.

Aún así, el informe del Síndic indica que esta sociedad "no justifica y motiva la determinación del precio contratado". Entre los proyectos de esta sociedad figura la organización del gran premio de España de Hípica, que se celebrará en mayo en Valencia. Orange Market, que participó el pasado verano en los actos de la salida de la Volvo Ocean Race desde Alicante, opta a organizar el evento.

Las preguntas a las que el grupo socialista no obtuvo respuesta
- Contratos: ¿Ha mantenido la Generalitat valenciana alguna relación contractual con la empresa Orange Market?
- Cuántos: ¿Qué contratos han adjudicado la Generalitat valenciana, empresas públicas y/o organismos autónomos a la empresa Orange Market desde 1995 hasta la fecha?
- Para qué: ¿Cuál era, detalladamente, el objeto de los contratos adjudicados a Orange?
- Cuánto: ¿A cuánto asciende, detalladamente, cada uno de los contratos adjudicados a Orange Market?
- Cuándo: ¿Cuáles han sido las fechas de adjudicación de cada uno de los contratos?
- Publicidad: ¿Se han publicado en el DOGV las adjudicaciones de los contratos?
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Orange Market organizó el inicio de campaña del PP en Alicante con Alperi y la actual alcaldesa

La rama valenciana del entramado empresarial que investiga el juez Baltasar Garzón, organizó el arranque de campaña de Luis Díaz Alperi en las municipales de 2007, al que también asistió la actual alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, quien el sábado dijo que no le sonaba el nombre de la empresa que preside Álvaro Pérez. Una firma que también organizó el congreso regional del PP en 2004, el de la elección directa de Camps como líder popular.


González Pons: "Cuatro chorizos no son el PP"

Ricardo Costa critica el "tufillo partidista" del fiscal y amenaza con acciones legales contra el PSOE. La adjudicación de la organización del congreso del PP en Valencia a la esposa de Juan Costa, y no a Orange Market, desató una pugna interna

Cospedal acusa al PSOE de usar a la Fiscalía en una campaña de acoso y derribo contra el PP

El alcalde de La Nucia se desmarca de la trama pero el PSPV preguntará si hay contratos

Bernabé Cano (PP) intentó que Orange Market organizara la gala provincial del deporte
Un proyecto de casi 3 millones de metros y 3.884 viviendas

El beneficiario de 13 TDT del Consell tiene 60 millones en contratos públicos en la Comunitat

Ulibarri, que se ha visto salpicado por la operación de Garzón, construye un hospital, trabaja en carreteras y presta servicios de limpieza. El empresario promovió un PAI con golf en Xilxes
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TVE omite la ramificación valenciana de la trama
Álvaro Pérez montó una reunión del clan de Becerril en 2001 a la que fueron Francisco Camps y Ricardo Costa
La firma investigada montó el primer congreso de Camps en 2004
Álvaro Pérez da clase en un máster de la Pontificia y se presenta como asesor del Gobierno de Aznar

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Enric Sopena
Cabos sueltos
¿Por qué la derecha tiene tanto pavor a que se tire de la manta?

María Dolores de Cospedal convocó ayer por la mañana - de urgencia- a los medios de comunicación. La número 2 de los populares no anunció ninguna novedad respecto a la avalancha de corrupción que se le ha venido encima al PP.

Ni autocrítica ni investigación interna de ningún género ni alguna medida con cara y ojos para –como mínimo- guardar las mínimas apariencias exigibles en casos como éste. No parece, sin embargo, que se haya adoptado sanción alguna, aunque fuese con carácter preventivo, para los militantes del PP inmersos de un modo u otro en el escándalo.
Modelo Pons
Cospedal ha seguido, en su comparencia, el modelo de argumentación esgrimido el sábado por Esteban González Pons, que consistió en trasladar la responsabilidad de cuanto está sucediendo al PSOE y, en definitiva, al Gobierno. González Pons es vicesecretario de Comunicación del PP y ocupó - hasta que fue fichado por Mariano Rajoy para su sanedrín- altos cargo en la Generalitat valenciana que preside Francisco Camps, circunstancia ésta que conviene ahora mismo no desdeñar.
En Valencia
Ese territorio, el de Valencia, es donde la trama de corrupción, por cierto, parece que está notablemente arraigada, según lo que ha trascendido hasta el momento de los trabajos policiales y judiciales. Ahí Francisco Correa -el íntimo amigo de Alejandro Agag y con buenas relaciones con la familia Aznar- ha hecho, gracias al PP y a las instituciones controladas por la derecha, tan fructíferos como sospechosos negocios.
Vergonzoso affaire
Lo más grave de este vergonzoso affaire –que recuerda en parte el caso Naseiro, por lo visto un detalle pequeño que los dirigentes del PP han borrado de su memoria- estriba en la reacción de Génova 13. Al igual que Esperanza Aguirre, los marianistas se han atrincherado en su bunker y han decidido culpabilizar al Gobierno Zapatero de sus sucios manejos económicos, supuestamente delictivos, según el criterio –al menos- del magistrado Garzón y según la impresión mayoritaria no ya en los mentideros madrileños, sino en la calle. Una vez más se comprueba que la distancia real entre el moderado Rajoy y la radical Aguirre es sólo una ficción.
¿Partido único?
Cuando González Pons advierte de que, tras las operaciones de estricta higiene democrática, existe el riesgo “de que se cumpla el sueño de José Blanco y que España acabe siendo un país de partido único”, está cometiendo una vileza dialéctica y está demostrando hasta qué grado se puede ser políticamente miserable. El ex alto cargo de Camps afirma también que el PSOE ha puesto en marcha una “estrategia sistemática de eliminación del PP utilizando a la Fiscalía General del Estado y la Policía”.“
Acoso y derribo”
Cospedal ha venido a decir lo mismo. Habla de una campaña de “acoso y derribo” del PP y lo hace en términos parecidos a los de Aguirre, exhumando los GAL, las escuchas telefónicas en la época de Felipe González y otras aseveraciones de carácter demagógico. Cospedal cita a Filesa, pero –como queda apuntado- silencia el caso Naseiro.
El Batallón Vasco-Español
En cuanto a los GAL, tanto Cospedal como Aguirre tendrían que saber cómo Aznar, candidato entonces a residir en Moncloa, se negó a que la Comisión Parlamentaria que investigaba los GAL hiciera lo propio con el Batallón Vasco- Español, que salpicaba directamente a UCD y algún que otro destacado militante de AP.
Respuesta sencilla
Después del asunto del espionaje, que va unido en no pocos episodios al de la trama capitaneada por Correa –como hoy publica El Plural-, puede asegurarse, sin error a equivocación, que el PP es un partido incapaz de depurar a sus ovejas negras, a sus sinvergüenzas o a sus vividores. ¿Por qué tiene la dirección popular tanto pavor a la verdad y tanto pánico a tirar de la manta? La respuesta es bien sencilla o bien obvia.
Cuestiones no marginales
Intuyen o saben que estas cuestiones no son marginales, sino que pueden alcanzar a la línea de flotación y llevarse a gente muy importante del partido por delante. Pueden más los intereses creados que los principios y los valores de los que alardean.
Enric Sopena es director de El Plural
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La Comunidad de Madrid, en el punto de mira por la trama de corrupción
Correa y el presidente de la Comisión Parlamentaria que investiga el espionaje, buenos amigos

El magnate leonés consiguió una polémica adjudicación en Boadilla, un hospital en Llíria y 13 TDT’s en Valencia
Garzón investiga las concesiones del PP al empresario Ulibarri

¿Quién fue el hombre de confianza que organizó y coordinó todos los detalles de la boda imperial?
Aznar contó con Álvaro Pérez, ahora involucrado en el escándalo de corrupción, para montar la ceremonia de El Escorial y los fastos adyacentes

Denuncia “un puzle de redes familiares de poder y amistades provechosas” en el PP
Tomás Gómez le pregunta a Cospedal si no quiere que se esclarezca la trama de corrupción
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Declaran los detenidos en la operación contra la corrupción en Madrid

Se les imputa delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal y asociación ilícita.

El líder del PP coincidió con Correa como director de la campaña electoral de Aznar. El partido le insta a no lavarse las manos y a pedir explicaciones a las administraciones conservadoras.
MARÍA JESÚS GÜEMES - Madrid - 09/02/2009 07:30

Los colaboradores de Mariano Rajoy afirman que los escándalos de corrupción que salpican al PP no tocan a su jefe porque precisamente fue él quien rompió definitivamente los contactos del partido con Special Events, empresa dirigida por Francisco Correa, supuesto cabecilla de la trama que ha puesto al descubierto el juez Baltasar Garzón.

Pero por mucho que el líder de la oposición pretenda mantenerse al margen, no le va a ser fácil. No puede echar balones fuera, culpar al PSOE o dejar que su gente lo vincule a la etapa de José María Aznar. Dentro del partido creen que no se puede lavar las manos en este asunto porque él también conocía a Correa.

De hecho, recuerdan que cuando Rajoy fue director de la campaña de Aznar para las generales de 1996 y para las de 2000, mantenía reuniones habituales con el hoy detenido. Además hay quien resalta que en la etapa anterior a esas dos convocatorias electorales, Rajoy era vicesecretario de Organización, el área a la que justamente corresponde la preparación de actos y eventos.

«Como Correa cante, el PP se viene abajo», afirma un conservador

Correa y su socio Álvaro Pérez Alonso, a quien todos llaman dentro del partido “Álvaro bigotes”, se pasearon durante años por la sede del PP como reyes por su casa. Y se hicieron amigos íntimos de Alejandro Agag, yerno de Aznar. Pero se cuenta que fue hasta que llegó Javier Arenas a la secretaría general. Entonces, dicen que “el grifo se fue cerrando” para esta empresa. Y que en 2003, con Rajoy como sucesor, hubo orden de no contratarla nunca más.

A pesar de todo, Correa hizo uso de sus contactos y extendió sus lazos por Madrid y la Comunidad Valenciana, administraciones públicas gobernadas por el PP. Para algunos miembros conservadores este último dato debería bastar para que Rajoy, como máximo responsable de la formación, tomara cartas en el asunto y pidiera explicaciones sobre los supuestos sobornos y contratos irregulares que existen en la actualidad.

Psicosis
También, y siempre en privado porque en el PP se ha desatado una auténtica psicosis, algún miembro de la Junta Directiva Nacional se atreve a decir que en el mismo edificio que Rajoy tiene su despacho quedan aún muchas personas cercanas a Correa. Fuentes del PP destacan la “excelente relación” que este mantiene con Luis Bárcenas, ex gerente y actual tesorero del partido.

Dicen que Correa tiene buena relación con Luis Bárcenas, tesorero del partido

A pesar de todo, la cúpula del PP se resiste a implicarse. Un colaborador de Rajoy apunta que el detenido es un empresario y no un militante del partido. Por eso considera que la resolución tiene que venir por otras vías. Pero al menos dos de las cinco personas arrestadas el pasado viernes –Pablo Crespo y Carmen Rodríguez Quijano– ostentaron cargos dentro del partido. En las filas conservadoras más de uno opina que “como Correa cante, el PP se viene abajo”.
Por esa razón, para varios dirigentes del PP, Rajoy debería abordar el tema personalmente. Esperan que no actúe como cuando se destapó la presunta trama de espionaje de la Comunidad de Madrid, cuando se mantuvo 16 días en silencio. De momento lleva dos. Este fin de semana Rajoy ha estado en Suiza en busca del voto emigrante para las elecciones gallegas. El sábado pidió la dimisión del vicepresidente económico Pedro Solbes. Ayer señalaba a Zapatero como “el mayor temporal” de España. Eso sí, al menos dio orden para que María Dolores de Cospedal, secretaria general, diera la cara y afrontara su chaparrón.

LAS CLAVES
¿Por qué Rajoy no se puede desentender?
Coincidiendo con Correa // Rajoy fue vicesecretario de Organización con Francisco Álvarez Cascos como secretario general. Después fue director de la campaña para las elecciones de 1996 y de 2000 y mantuvo contacto con Francisco Correa.

Génova, 13 // Dentro del partido cuentan que en la sede nacional todavía hay gente relacionada con el detenido. Y resaltan que este tiene “una excelente relación” con Luis Bárcenas, tesorero del PP.

Extendiendo las redes // Cuando Correa dejó de trabajar para el PP empleó sus contactos para ponerse a trabajar con Madrid y Comunidad Valenciana, dos administraciones públicas gobernadas por el PP.

Con cargos en el PP // Entre los cinco detenidos el pasado viernes, hay dos personas que desempeñaron directamente tareas orgánicas para el PP.
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Aguirre contrató a dedo a una empresa recién creada

A los 15 días de constituirse, Good and Better recibió 9.158 euros.
ALICIA GUTIÉRREZ - MADRID - 09/02/2009 07:30

No se habían cumplido aún 15 días desde su constitución cuando la empresa Good and Better SL, presuntamente adscrita a la trama de corrupción destapada por el juez Baltasar Garzón, logró en enero de 2005 su primer contrato a dedo de la Comunidad de Madrid. Tanto la que fue hasta febrero de 2008 su administradora única, Felisa Isabel Jordán Goncet, como su sucesor al frente de la compañía, el ex dirigente del PP gallego Pablo Crespo Sabaris, permanecen detenidos desde el viernes. Garzón les imputa, entre otros, los delitos de cohecho (soborno a funcionario o cargo público), blanqueo de capitales y asociación ilícita.

Como informó el sábado Público, Good and Better y Easy Concept Comunicación, ambas ligadas a Jordán y Crespo, facturaron al Ejecutivo de Esperanza Aguirre 562.000 euros entre abril de 2004 y el mismo mes de 2005 gracias a la adjudicación directa de 76 contratos menores, esto es, aquellos que no se someten a concurso dado que su importe no supera los 12.000 euros [18.000 tras la nueva ley de 2007].

Según la nota registral, Good and Better quedó constituida el 11 de enero de 2005. El día 26 de ese mes, ya había tenido tiempo para preparar la presentación del nuevo helicóptero Bescam [Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid], acto protagonizado esa mañana en Móstoles por Esperanza Aguirre.El 14 de febrero, la empresa giraba factura por su primer trabajo: 9.158 euros. Y el 7 de abril de ese mismo año ya había recabado del Ejecutivo madrileño ocho contratos, cuya suma total ascendió a 58.753 euros.

Fuera de su objeto social
Pero si resulta inédita la velocidad con que Good and Better se hizo un hueco en la agenda de adjudicatarios directos del Gobierno de Madrid, más complicado de explicar parece otro dato: cuando el 26 de enero colocó la carpa, el enmoquetado, la iluminación y el escenario desde donde Aguirre difundió las bondades del nuevo helicóptero, Good and Better no se dedicaba oficialmente a la organización de eventos. Fue el 3 de febrero cuando, en el mismo momento en que Felisa Isabel Jordán Goncet adquirió la condición de administradora única, la compañía modificó su objeto social para asumir tareas tales como "organización de convenciones, eventos, congresos y todo tipo de actos públicos" y "proyectos con las administraciones públicas".

En menos de tres meses, la firma logró ocho contratos del Gobierno de Madrid

Good and Better (en castellano, bueno y mejor) pertenece a la categoría de sociedades limitadas llave en mano. Quien gestionó los trámites y figuró como primer administrador fue el abogado Ramón Cerdá Sanjuán, que anuncia por Internet sus servicios. Un empleado de su empresa explicó ayer que el negocio consiste en vender una sociedad limitada durmiente dispuesta para ser activada y lanzarse al mercado.

Las adjudicaciones a Easy Concept y Good and Better se produjeron en la etapa de Ignacio González como consejero de Presidencia y de Alberto López Viejo, actual titular de Deportes, como viceconsejero.


CESIÓN URBANÍSTICA
El PSOE denuncia más anomalías en Boadilla
El PSOE de Boadilla (Madrid) criticó ayer que Ramón Blanco, adjudicatario de un derecho de superficie sobre 30 locales comerciales concedido por la empresa municipal del suelo por un canon anual de 320.000 euros, alquile uno de ellos al Ayuntamiento por una tercera parte de esta suma.

Según el PSOE, el Ayuntamiento ha arrendado uno de estos locales para la nueva comisaría por un precio de 104.000 euros al año a la empresa de Ramón Blanco, supuestamente vinculado a Francisco Correa, a quien la Policía señala como jefe de la trama. Este importe supone el 34% del canon que recibe el Ayuntamiento.

El alcalde de Boadilla, Arturo González Panero (PP), figura entre las 30 personas cuya imputación ha pedido Anticorrupción a Garzón.
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PRESUNTA TRAMA DE CORRUPCIÓN EN EL PP

Los detenidos declararán hoy previsiblemente ante el juez Garzón

El juez de la Audiencia Nacional y la Fiscalía ordenaron a los agentes requerir documentación a los ayuntamientos madrileños de Boadilla del Monte y Majadahonda

Rajoy elude comentar la presunta corrupción de su partido y acusa a Zapatero de "ineficaz e incompetente"
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