El presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps (d), en presencia -de izda a dcha- del conseller de Gobernación, Serafín Castellano; la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá; el conseller de Economía, Gerardo Camps, y el vicepresidente autonómico, Vicente Rambla, durante la declaración leída ante los periodistas que realizó esta mañana en el Palau de la Generalitat, en la que ha desmentido las informaciones que le vinculan con la investigación de una trama de corrupción por parte del juez Garzón.
EFE/Juan Carlos Cárdenas
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La Fiscalía implica a Camps en la trama de corrupción
Anticorrupción halla indicios de delito en tres diputados de Aguirre y otro cargo de Valencia
FRANCISCO MERCADO - Madrid - 19/02/2009
Francisco Camps, presidente de la Comunidad Valenciana, está implicado en la trama de corrupción masiva que durante al menos los últimos diez años ha dirigido Francisco Correa, el hombre contratado para montar los actos del Partido Popular durante el mandato de José María Aznar y que seguía encargándose de los eventos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Así se deduce del informe que la Fiscalía Anticorrupción entregó ayer al juez Baltasar Garzón.
Garzón dejará la investigación en unos días
Camps niega lazos con la trama y anuncia acciones legales
Francisco Camps Ortiz
Las grabaciones apuntaban al pago de 30.000 euros en trajes a Camps
Los sobornos abonados en Madrid suman cientos de miles de euros
En ese informe, la Fiscalía pide al juez que se inhiba en favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, dado que Camps es aforado, y de la Comunidad de Madrid, donde hay implicados tres diputados regionales del PP: Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes; Benjamín Martín Vasco, ex responsable de la empresa de suelo de Arganda del Rey (Madrid), y Alfonso Bosch, gerente de la empresa municipal de suelo de Boadilla del Monte (Madrid).
El informe de la Fiscalía cita una pequeña ramificación de la red corrupta con el pago de supuestos sobornos por los negocios facilitados desde la Comunidad Valenciana. El aforado que estaría implicado en el caso que instruye el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón es el máximo cargo del Gobierno valenciano, su presidente, el popular Francisco Camps, según fuentes de la investigación.
En las grabaciones aportadas en la denuncia sobre la trama corrupta que dirigía Francisco Correa aparece una frase de una imputada que alude al pago de 30.000 euros en trajes para el presidente valenciano, Francisco Camps. Garzón ha investigado tres facturas sobre este punto. Es la única referencia al pago de sobornos a cambio de un trato privilegiado con la Administración valenciana.
Es un "tema menor" dentro de la trama corrupta, que salpica fundamentalmente a la Comunidad de Madrid, pero que afectaría a un cargo especialmente relevante, el presidente del Ejecutivo valenciano, que ha negado cualquier implicación en los hechos.
La investigación abierta en noviembre de 2007 a raíz de la denuncia de un ex concejal del PP ha hallado indicios de que los tres parlamentarios madrileños podrían haber cobrado "cientos de miles de euros" a cambio de favorecer los negocios de Correa y de su trama empresarial.
Por eso, la Fiscalía ha remitido un informe a Garzón en el que propone la inhibición total del magistrado para que sea el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el que se encargue de la instrucción. Las implicaciones de los parlamentarios madrileños en los negocios turbios que investiga la Audiencia se explican así en la denuncia:
- Adjudicación de locales en Boadilla del Monte. Francisco Correa se ufanaba en diciembre de 2007 de la adjudicación de unos locales en Boadilla del Monte (Madrid), donde gobernaba una de las personas con las que había realizado negocios, el popular Arturo González Panero.
Correa, en una grabación aportada al sumario, consideraba que la adjudicación de los locales a un amigo suyo se había hecho "en unas condiciones muy ventajosas". El beneficiario fue José Ramón Blanco, ex consejero delegado de Repsol, colaborador de Correa y otro de los imputados.
Logró 32 locales y un aparcamiento de 180 plazas por un canon anual de 320.000 euros durante 75 años. Un negocio por el que podría ganar más de un millón de euros al año.
El gerente de la Empresa Municipal del Suelo, encargada de ese proyecto, es Alfonso Bosch, diputado regional por el PP, aludido por Correa en sus conversaciones e incluso implicado en un vídeo comprometedor donde se repartirían comisiones.
- Adjudicaciones a Martinsa. Los miembros de la red corrupta se refieren en sus conversaciones a supuestos pagos de una inmobiliaria. "Martinsa se portó conmigo; le quedaba un pago de lo de Arganda; tardó seis meses y, golpe en mesa, febrero, abril, junio jodido y mayo liquidado. Me debe aún un millón de euros...".
En otra conversación, Correa y sus colaboradores implican a un ex alto cargo de Arganda del Rey (Madrid), Benjamín Martín Vasco, ex consejero delegado de la empresa pública de suelo de Arganda del Rey, que en noviembre de 2004 adjudicó a Martinsa un desarrollo urbanístico para levantar 300 viviendas. "Le dieron su dinero. Él amenazó con hablar sobre el negocio de Arganda con Martinsa si no le daban su dinero".
Martín Vasco, diputado autonómico del PP, dimitió ayer forzado por Aguirre como presidente de la comisión que investiga el espionaje a cargos populares de Madrid. En la denuncia inicial se aludía a aumentos de edificabilidad en los planes parciales de Arganda como elemento clave para obtener plusvalías con la complicidad de miembros del consistorio.
- Contratos de la Consejería de Deportes. El ya ex consejero de Deportes de Madrid, Alberto López Viejo, adjudicó en los últimos años contratos al entramado de empresas de Correa. Por ese motivo, Esperanza Aguirre decidió atajar el escándalo destituyéndole. La Comunidad contrató cerca de ocho millones con la trama, de los que cinco corresponden a la Consejería de Deportes y están pendientes de pago.
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Camps niega lazos con la trama y anuncia acciones legales
El presidente de la Generalitat valenciana niega estar vinculado a la trama de Correa y amenaza con acciones legales
ELPAÍS.com - Madrid - 19/02/2009
Arropado por la cúpula de su Gobierno y Rita Barberá, alcaldesa de Valencia, en una breve intervención, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps ha negado la mayor (audio de la SER) y ha rechazado estar implicado en la trama de corrupción que salpica al PP, como recoge el informe que la Fiscalía Anticorrupción entregó ayer al juez instructor de la causa, Baltasar Garzón. Según publica hoy EL PAÍS, el presidente valenciano sería uno de los aforados que investiga el magistrado de la Audiencia Nacional en el contexto de la operación Gürtel. El presidente valenciano ha anunciado que emprenderá "todas las acciones legales en defensa del honor del PP" y de su cargo en la Comunidad Valenciana.
La fiscalía implica al presidente valenciano, Francisco Camps, en la trama corrupta
La desconfianza se instala en el PP tras los últimos escándalos
La comparecencia del presidente valenciano, Francisco Camps, tras conocer su implicación en la trama de corrupción del PP (19/2/2009)
AUDIO - Cadena Ser - 19-02-2009
El fiscal aporta una grabación en la que alude a un pago de 30.000 euros en trajes para el presidente valenciano -
Tras conocer la información, que el propio Camps ha dicho fue a las seis de la mañana, el jefe del Ejecutivo valenciano ha ofrecido una rueda de prensa en la que, de forma inusual, ha leído su intervención. "Ayer un concejal, hoy un alcalde, mañana, el presidente de una Comunidad Autónoma" ha manifestado Camps versionando -ha añadido- al escritor alemán Bertolt Brecht. Con tono de recital y defensa, el presidente valenciano ha recordado el "daño irreparable" sufrido por los compañeros de partido que fueron imputados en alguna causa más tarde sobreseída. "Esto parece -ha afirmado Camps- un proceso abierto a todo un partido".
"Proceso mediático sin garantías"
Camps ha anunciado que pediría la "comparecencia" de todos los funcionarios, empresarios o alcaldes con los que ha trabajado en cada una de sus etapas para que informen si alguna vez pidió contraprestación. El presidente de la Generalitat, ya en clave interna, ha defendido que desde el principio de la causa "se ha buscado la división, la incertidumbre y el ataque entre los miembros" del PP. "Pido tranquilidad y paciencia a los compañeros", ha dicho el presidente del PP valenciano quien ha confiado en que saldrán más "fortalecidos" de esta "amarga experiencia" y ha hecho gala de las últimas encuestas en la comunidad que ofrecen mayor distancia entre los populares y socialistas valencianos.
Como es norma en las intervenciones de los miembros del PP en torno a la causa abierta por la trama de corrupción, Camps se ha referido también a la publicación de las informaciones por los medios de comunicación. "Ninguna [de las informaciones] se ha sostenido más de 24 horas" ha mantenido el presidente regional quien además ha denunciado vivir un "proceso mediático sin garantías".
Ya en la sesión de control parlamentario, el presidente valenciano ha anunciado que todos sus consejeros acudirán a las Cortes Valencianas para explicar los contratos que firman con las empresas. Los socialistas valencianos han solicitado en el pleno la dimisión del consejero de Gobernación, Serafín Castellano, por la adjudicación de concursos y obras a dedo a la empresa Construcciones Taroncher y Asociados, S.L., con la que él y sus esposas tienen vinculaciones personales, según publicó este diario.
30.000 euros en trajes para Camps
El informe de la Fiscalía, desde ayer en manos del juez Garzón, cita una ramificación de la red corrupta con el pago de supuestos sobornos por los negocios facilitados desde la Comunidad Valenciana, informa Francisco Mercado. En las grabaciones aportadas en la denuncia sobre la trama corrupta que dirigía Francisco Correa aparece una frase de una imputada que alude al pago de 30.000 euros en trajes para el presidente valenciano. Garzón ha investigado tres facturas sobre este punto. Es la única referencia al pago de sobornos a cambio de un trato privilegiado con la Administración valenciana.
El escrito del fiscal solicita a Garzón que se inhiba en favor de los tribunales superiores de Madrid y Valencia en la totalidad de la investigación debido a la condición de aforados (diputados y cargos autonómicos) de los investigados en la trama que encabeza Correa.
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La Fiscalía implica a Camps en la trama de corrupción
Anticorrupción halla indicios de delito en tres diputados de Aguirre y otro cargo de Valencia
FRANCISCO MERCADO - Madrid - 19/02/2009
Francisco Camps, presidente de la Comunidad Valenciana, está implicado en la trama de corrupción masiva que durante al menos los últimos diez años ha dirigido Francisco Correa, el hombre contratado para montar los actos del Partido Popular durante el mandato de José María Aznar y que seguía encargándose de los eventos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Así se deduce del informe que la Fiscalía Anticorrupción entregó ayer al juez Baltasar Garzón.
Garzón dejará la investigación en unos días
Camps niega lazos con la trama y anuncia acciones legales
Francisco Camps Ortiz
Las grabaciones apuntaban al pago de 30.000 euros en trajes a Camps
Los sobornos abonados en Madrid suman cientos de miles de euros
En ese informe, la Fiscalía pide al juez que se inhiba en favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, dado que Camps es aforado, y de la Comunidad de Madrid, donde hay implicados tres diputados regionales del PP: Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes; Benjamín Martín Vasco, ex responsable de la empresa de suelo de Arganda del Rey (Madrid), y Alfonso Bosch, gerente de la empresa municipal de suelo de Boadilla del Monte (Madrid).
El informe de la Fiscalía cita una pequeña ramificación de la red corrupta con el pago de supuestos sobornos por los negocios facilitados desde la Comunidad Valenciana. El aforado que estaría implicado en el caso que instruye el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón es el máximo cargo del Gobierno valenciano, su presidente, el popular Francisco Camps, según fuentes de la investigación.
En las grabaciones aportadas en la denuncia sobre la trama corrupta que dirigía Francisco Correa aparece una frase de una imputada que alude al pago de 30.000 euros en trajes para el presidente valenciano, Francisco Camps. Garzón ha investigado tres facturas sobre este punto. Es la única referencia al pago de sobornos a cambio de un trato privilegiado con la Administración valenciana.
Es un "tema menor" dentro de la trama corrupta, que salpica fundamentalmente a la Comunidad de Madrid, pero que afectaría a un cargo especialmente relevante, el presidente del Ejecutivo valenciano, que ha negado cualquier implicación en los hechos.
La investigación abierta en noviembre de 2007 a raíz de la denuncia de un ex concejal del PP ha hallado indicios de que los tres parlamentarios madrileños podrían haber cobrado "cientos de miles de euros" a cambio de favorecer los negocios de Correa y de su trama empresarial.
Por eso, la Fiscalía ha remitido un informe a Garzón en el que propone la inhibición total del magistrado para que sea el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el que se encargue de la instrucción. Las implicaciones de los parlamentarios madrileños en los negocios turbios que investiga la Audiencia se explican así en la denuncia:
- Adjudicación de locales en Boadilla del Monte. Francisco Correa se ufanaba en diciembre de 2007 de la adjudicación de unos locales en Boadilla del Monte (Madrid), donde gobernaba una de las personas con las que había realizado negocios, el popular Arturo González Panero.
Correa, en una grabación aportada al sumario, consideraba que la adjudicación de los locales a un amigo suyo se había hecho "en unas condiciones muy ventajosas". El beneficiario fue José Ramón Blanco, ex consejero delegado de Repsol, colaborador de Correa y otro de los imputados.
Logró 32 locales y un aparcamiento de 180 plazas por un canon anual de 320.000 euros durante 75 años. Un negocio por el que podría ganar más de un millón de euros al año.
El gerente de la Empresa Municipal del Suelo, encargada de ese proyecto, es Alfonso Bosch, diputado regional por el PP, aludido por Correa en sus conversaciones e incluso implicado en un vídeo comprometedor donde se repartirían comisiones.
- Adjudicaciones a Martinsa. Los miembros de la red corrupta se refieren en sus conversaciones a supuestos pagos de una inmobiliaria. "Martinsa se portó conmigo; le quedaba un pago de lo de Arganda; tardó seis meses y, golpe en mesa, febrero, abril, junio jodido y mayo liquidado. Me debe aún un millón de euros...".
En otra conversación, Correa y sus colaboradores implican a un ex alto cargo de Arganda del Rey (Madrid), Benjamín Martín Vasco, ex consejero delegado de la empresa pública de suelo de Arganda del Rey, que en noviembre de 2004 adjudicó a Martinsa un desarrollo urbanístico para levantar 300 viviendas. "Le dieron su dinero. Él amenazó con hablar sobre el negocio de Arganda con Martinsa si no le daban su dinero".
Martín Vasco, diputado autonómico del PP, dimitió ayer forzado por Aguirre como presidente de la comisión que investiga el espionaje a cargos populares de Madrid. En la denuncia inicial se aludía a aumentos de edificabilidad en los planes parciales de Arganda como elemento clave para obtener plusvalías con la complicidad de miembros del consistorio.
- Contratos de la Consejería de Deportes. El ya ex consejero de Deportes de Madrid, Alberto López Viejo, adjudicó en los últimos años contratos al entramado de empresas de Correa. Por ese motivo, Esperanza Aguirre decidió atajar el escándalo destituyéndole. La Comunidad contrató cerca de ocho millones con la trama, de los que cinco corresponden a la Consejería de Deportes y están pendientes de pago.
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Camps niega lazos con la trama y anuncia acciones legales
El presidente de la Generalitat valenciana niega estar vinculado a la trama de Correa y amenaza con acciones legales
ELPAÍS.com - Madrid - 19/02/2009
Arropado por la cúpula de su Gobierno y Rita Barberá, alcaldesa de Valencia, en una breve intervención, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps ha negado la mayor (audio de la SER) y ha rechazado estar implicado en la trama de corrupción que salpica al PP, como recoge el informe que la Fiscalía Anticorrupción entregó ayer al juez instructor de la causa, Baltasar Garzón. Según publica hoy EL PAÍS, el presidente valenciano sería uno de los aforados que investiga el magistrado de la Audiencia Nacional en el contexto de la operación Gürtel. El presidente valenciano ha anunciado que emprenderá "todas las acciones legales en defensa del honor del PP" y de su cargo en la Comunidad Valenciana.
La fiscalía implica al presidente valenciano, Francisco Camps, en la trama corrupta
La desconfianza se instala en el PP tras los últimos escándalos
La comparecencia del presidente valenciano, Francisco Camps, tras conocer su implicación en la trama de corrupción del PP (19/2/2009)
AUDIO - Cadena Ser - 19-02-2009
El fiscal aporta una grabación en la que alude a un pago de 30.000 euros en trajes para el presidente valenciano -
Tras conocer la información, que el propio Camps ha dicho fue a las seis de la mañana, el jefe del Ejecutivo valenciano ha ofrecido una rueda de prensa en la que, de forma inusual, ha leído su intervención. "Ayer un concejal, hoy un alcalde, mañana, el presidente de una Comunidad Autónoma" ha manifestado Camps versionando -ha añadido- al escritor alemán Bertolt Brecht. Con tono de recital y defensa, el presidente valenciano ha recordado el "daño irreparable" sufrido por los compañeros de partido que fueron imputados en alguna causa más tarde sobreseída. "Esto parece -ha afirmado Camps- un proceso abierto a todo un partido".
"Proceso mediático sin garantías"
Camps ha anunciado que pediría la "comparecencia" de todos los funcionarios, empresarios o alcaldes con los que ha trabajado en cada una de sus etapas para que informen si alguna vez pidió contraprestación. El presidente de la Generalitat, ya en clave interna, ha defendido que desde el principio de la causa "se ha buscado la división, la incertidumbre y el ataque entre los miembros" del PP. "Pido tranquilidad y paciencia a los compañeros", ha dicho el presidente del PP valenciano quien ha confiado en que saldrán más "fortalecidos" de esta "amarga experiencia" y ha hecho gala de las últimas encuestas en la comunidad que ofrecen mayor distancia entre los populares y socialistas valencianos.
Como es norma en las intervenciones de los miembros del PP en torno a la causa abierta por la trama de corrupción, Camps se ha referido también a la publicación de las informaciones por los medios de comunicación. "Ninguna [de las informaciones] se ha sostenido más de 24 horas" ha mantenido el presidente regional quien además ha denunciado vivir un "proceso mediático sin garantías".
Ya en la sesión de control parlamentario, el presidente valenciano ha anunciado que todos sus consejeros acudirán a las Cortes Valencianas para explicar los contratos que firman con las empresas. Los socialistas valencianos han solicitado en el pleno la dimisión del consejero de Gobernación, Serafín Castellano, por la adjudicación de concursos y obras a dedo a la empresa Construcciones Taroncher y Asociados, S.L., con la que él y sus esposas tienen vinculaciones personales, según publicó este diario.
30.000 euros en trajes para Camps
El informe de la Fiscalía, desde ayer en manos del juez Garzón, cita una ramificación de la red corrupta con el pago de supuestos sobornos por los negocios facilitados desde la Comunidad Valenciana, informa Francisco Mercado. En las grabaciones aportadas en la denuncia sobre la trama corrupta que dirigía Francisco Correa aparece una frase de una imputada que alude al pago de 30.000 euros en trajes para el presidente valenciano. Garzón ha investigado tres facturas sobre este punto. Es la única referencia al pago de sobornos a cambio de un trato privilegiado con la Administración valenciana.
El escrito del fiscal solicita a Garzón que se inhiba en favor de los tribunales superiores de Madrid y Valencia en la totalidad de la investigación debido a la condición de aforados (diputados y cargos autonómicos) de los investigados en la trama que encabeza Correa.
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González Pons asegura que ayer se filtró el nombre de Camps para que no se hablara de la huelga de jueces (Aquest tio és tonto i creu que tots som ell).
PABLO X. SANDOVAL - Madrid - 19/02/2009
El vicepresidente de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha exigido que se levante el secreto de sumario de la trama de corrupción encabezada por el empresario Francisco Correa. "Queremos saber cuántos miembros del PP han sido investigados sin fuero para hacerlo", ha afirmado González Pons. Los populares presentarán esta tarde una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por lo que consideran violación del secreto de sumario.
Garzón dejará la investigación en unos días
La fiscalía implica al presidente valenciano, Francisco Camps, en la trama corrupta
Camps niega lazos con la trama y anuncia acciones legales
Camps pide el cierre filas ante su implicación en la trama de corrupción
Esteban González Pons
El PP se siente víctima de una cadena de filtraciones que proceden del Ministerio del Interior, del juez o del fiscal. González Pons ha vuelto a cargar contra el Gobierno porque considera que se ha transferido información de forma interesada. "Ayer se filtró un nombre - Francisco Camps- para que no se hablara de la huelga de jueces; nos tememos que vuelva a ocurrirla semana que viene para que no se hable de las elecciones", ha añadido el vicepresidente de Comunicación del PP en la rueda de prensa ofrecida en la sede nacional de la calle Génova.
Para González Pons la investigación del juez de la Audiencia Baltasar Garzón puede llegar el Gobierno por medio del Ministerio de Interior o del Ministerio de Justicia, mientras que el PP no tiene esa posibilidad. "Es una trama contra el Partido Popular con el fin de hacer daño político y eliminar cualquier oposición", ha insistido el portavoz del PP.
Sospechas sobre contrataciones
González Pons ha advertido de que si se hacen simples conexiones entre partidos políticos y adjudicaciones públicas se puede someter a sospecha toda la contratación pública española. En ese sentido ha puesto como ejemplo que los autores de la campaña de publicidad del PSOE en los comicios son adjudicatarios de la Expo de Zaragoza.
En línea con las manifestaciones de los últimos días de resto de miembros de su partido, el vicepresidente de Comunicación del PP ha vuelto a pedir la dimisión del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo. "No puede estar ni un día más al frente del ministerio después de haber reconocido que cazó sin licencia", ha afirmado.
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El presidente de la Comunidad Valenciana niega su implicación en la trama corrupta y anuncia que tomará medidas legales
La Fiscalía Anticorrupción implica al presidente de la Generalitat en la causa abierta por el juez Garzón
JOAQUÍN FERRANDIS - Valencia - 19/02/2009
El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, ha hecho una llamada a rebato en defensa de su honorabilidad tras conocer que la Fiscalía Anticorrupción lo vincula con la trama de corrupción que, supuestamente, dirigía Francisco Correa e investiga el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Tras varios años mirando al tendido en otros supuestos casos de corrupción, como los que afectan al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, a varios alcaldes y a empresas públicas de la Generalitat, Camps se encontró ayer en el epicentro del huracán. A primera hora de la mañana movilizó todos sus efectivos para mostrarse "profundamente indignado" con la información de EL PAÍS en la que se explica que el fiscal lo implica en la trama corrupta. Antes de las nueve de la mañana, Camps realizó una declaración institucional en la sede de Presidencia de la Generalitat arropado por todo su gobierno y por Rita Barberá, la alcaldesa de Valencia, en la que desmintió, "de pleno, la infamia", en relación al supuesto pago de 30.000 euros en trajes para el presidente valenciano.
La comparecencia del presidente valenciano, Francisco Camps, tras conocer su implicación en la trama de corrupción del PP (19/2/2009)
AUDIO - Cadena Ser - 19-02-2009
El fiscal aporta una grabación en la que alude a un pago de 30.000 euros en trajes para el presidente valenciano -
En la sede del Gobierno, Camps achacó su supuesta implicación en la trama corrupta a "un proceso abierto contra el PP" con el objetivo de dividir al partido. El presidente valenciano, que ignoró el hecho de que la empresa Orange Market, estrechamente relacionada con el PP y con su Gobierno, tiene a todos sus socios imputados, apuntó que ejercitará todas las acciones legales que considere necesarias y afirmó que "de la filtración [del contenido del informe de la Fiscalía Anticorrupción] se desprende la hipotética investigación a una persona aforada que podría anular todo el proceso".
Tras su declaración institucional, en la que no admitió preguntas, Camps se trasladó al hemiciclo de las Cortes Valencianas, siempre arropado por su gobierno en el que figura, al menos, un consejero que han reconocido haber adjudicado obras a un amigo íntimo. Allí, en sede parlamentaria, el presidente de la Generalitat volvió a escudarse en las amplias mayorías electorales obtenidas hasta ahora para justificar su gestión. Francisco Camps se negó a responder a las preguntas que le formuló con insistencia la oposición, tanto desde la filas socilaistas como del grupo de Compromís pel País Valencià. No quiso adelantar si dimitirá en caso de ser imputado, o pondrá su cargo a disposición de la dirección nacional del PP.
Camps tampoco quiso hablar sobre supuestas irregularidades en las contrataciones de distintas consejerías y, tras años de negar información a la oposición parlamentaria, anunció que todos sus consejeros comparecerán en las distintas comisiones parlamentarias para responder a las preguntas de la oposición. Camps, que tampoco quiso explicar si abrirá una investigación interna, se hizo arropar por dos de sus vicepresidentes, Vicente Rambla y Gerardo Camps, y el consejero de Gobernación, que esta semana ha reconocido que adjudicó a un amigo íntimo, distintos contratos. El discurso de los miembros del Gobierno valenciano fue para descalificar una y otra vez a la oposición. Al término de la sesión, Camps recibió la felicitación afectuosa de un nutrido grupo de diputados populares, entre los que estaban el ex alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, y el alcalde Torrevieja, Pedro Hernández Mateo, ambos imputados en supuestos casos de corrupción.
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Camps rechaza "indignado" cualquier vinculación con la trama de corrupción
El president de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, ha desmentido hoy las informaciones que le vinculan con la investigación del juez Garzón de una trama de corrupción, que ha enmarcado en una campaña que busca "la división del PP" y ha pedido "tranquilidad y paciencia" porque el PP "saldrá reforzado".
EFE/LEVANTE-EMV.COM
En una declaración leída ante los periodistas después de que se publicara que el juez le implica en esa trama de corrupción, Camps ha comparecido arropado por trece de sus catorce consellers y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y se ha mostrado "profundamente indignado" por las "filtraciones interesadas" del sumario. Camps ha anunciado que ejecutará todas las acciones legales en defensa de su honor, del del PP y de su cargo como president de la Generalitat, y ha dicho que su única culpa es que el PP, "de celebrarse hoy las elecciones autonómicas, aumentaría su distancia respecto al PSPV-PSOE". Además, ha pronosticado que un fallo en la "hipotética investigación" a una persona aforada como él "podría anular todo el procedimiento; cuando lo que se busca es la persecución del delito, un error de estas características tendría nefastas consecuencias judiciales".
En su comparecencia, en la que no se han admitido preguntas (com sempre, afegeixo jo), el president ha tenido un recuerdo para todos sus compañeros de partido "perseguidos, acosados y que con causas sobreseídas han sufrido daños irreparables", cuyas detenciones fueron "televisadas" pero que han quedado en libertad sin cargos, y a "los alcaldes que ya no lo son por falsas imputaciones que hoy han quedado en nada". Ha parafraseado a Bertold Brecht -"ayer, un concejal; hoy, un alcalde, y mañana, el presidente de una Comunidad Autónoma"-, ha reconocido que la noticia de su supuesta implicación le ha llegado a las seis de la mañana -"en Democracia, a diferencia de la dictadura, quien llamaba al albor de la mañana era el lechero y no una falsa imputación"- y ha criticado el "proceso abierto" contra el PP.
Asimismo, Camps ha anunciado que en caso de que la imputación siga su curso contra él, pedirá la comparecencia de todos los funcionarios que han trabajado con él en sus distintas etapas políticas, de los empresarios -valencianos y españoles, públicos y privados- con los que se ha relacionado y de los alcaldes de la Comunitat Valenciana para que avalen si alguna vez les ha pedido "alguna contraprestación" o les ha indicado "alguna decisión".
El president, quien ha valorado sus "veinte años de vida pública al servicio del interés general", se ha mostrado convencido de que "la división y la incertidumbre" que se ha intentado sembrar en el Partido Popular "no se ha conseguido", como tampoco la desilusión entre los militantes ni el "desestimiento" de quienes creen "en la libertad y la Democracia". "Pido tranquilidad y paciencia a todos mis compañeros. Saldremos más reforzados si cabe de esta amarga experiencia", ha añadido para valorar también los resultados de la encuesta sobre intención de voto en la Comunitat Valenciana.
"De celebrarse hoy las elecciones autonómicas -ha apuntado-, la distancia entre el PP y el PSPV sería todavía superior a la de las últimas elecciones. Ésta debe ser mi culpa". Tras insistir en que el proceso judicial abierto el pasado viernes 6 de febrero ha sido "extraño" por las "filtraciones interesadas" que se han producido pese al secreto de sumario decretado, Camps ha calificado de "falaces" todas las informaciones que, "como la de hoy", han implicado de una u otra forma a la Comunitat Valenciana: "Ninguna de ellas se ha sostenido más de 24 horas, ni una".
"Hemos vivido un proceso mediático paralelo sin garantías, contestando a golpe de nota de prensa", ha continuado para adelantar que la Generalitat estudiará la "falta de garantías procesales" que a su juicio se está produciendo y las tendrá "en cuenta". Tras finalizar su intervención, Camps ha recibido el aplauso de los miembros de su gobierno y de la alcaldesa y se ha dirigido a Les Corts Valencianes, donde esta mañana se somete a la sesión de control parlamentario para responder, entre otras preguntas, a la referidas a los contratos que mantiene la Generalitat con empresas investigadas por Garzón.
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Recibido con aplausos
Francisco Camps (perfil)
Camps anuncia que todos los consellers responderán en las Corts sobre los contratos
EU pide la dimisión del president y una comisión de investigación
Versos para contestar al PSPV
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Anticorrupción implica a mandatarios del PP en Valencia y pide a Garzón que ceda la causa al TSJ
La Fiscalía dice que hay casos valencianos "perfectamente escindibles", pero pide la inhibición del grueso del sumario en favor del TSJ de Madrid. Aguirre ha forzado dimisiones mientras Camps espera
Víctor Romero, Valencia
La causa abierta por el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón a partir de la Operación Gürtel tiene todas las papeletas para acabar en parte en los despachos de la Ciudad de la Justicia de Valencia. La Fiscalía Anticorrupción remitió ayer un escrito a Garzón en el que le solicita que se inhiba del caso en favor de los tribunales superiores de justicia de Madrid y la Comunitat Valenciana. La razón de esta petición no es otra que la presencia de aforados -diputados autonómicos o consejeros- del Partido Popular en los hechos investigados. Un extremo que ya fue adelantado por el propio Garzón cuando rechazó la personación de los populares en la causa. Entonces Garzón apuntó a "serios indicios" de responsabilidad penal en personas vinculadas a la formación de la gaviota y adelantó la posibilidad de inhibirse por la implicación de aforados en la causa. No obstante, Garzón sigue tomando declaraciones. No será hasta el 4 de marzo -día en el que ha citado al empresario José Luis Ulibarri- cuando soltará la causa.
Anticorrupción recoge ahora este razonamiento jurídico y sostiene en su escrito que la investigación de la totalidad del caso -el grueso de la trama de Francisco Correa, los empresarios y la implicación de populares madrileños- recaería en el tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Madrid. Pero añade que existen "determinados hechos, perfectamente escindibles", que correspondería investigar al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. De esto se deduce que en el sumario de Garzón aparecen implicados mandatarios valencianos aforados, aunque ello no excluye que estén salpicados otros cargos públicos sin fuero.
En la Comunitat Valenciana Garzón ha imputado al presidente de Orange Market, Álvaro Pérez, y al consejero delegado, Cándido Herrero, además de a Mónica Magariños, que también ha trabajado para la mercantil responsable de organizar las campañas y actos del Partido Popular de la Comunitat Valenciana desde 2003. La financiación de esas campañas, según algunas fuentes, podría formar parte de la causa. Garzón también ha requisado a la Conselleria de Turismo que dirige Angélica Such el expediente de adjudicación del stand de la Generalitat en Fitur y otras cuatro ferias, del que es beneficiario Orange Market. La firma ligada a la trama dirigida por Francisco Correa se ha adjudicado ese contrato desde el año 2005. Otra de las empresas de la trama, Easy Concept, preparaba y montaba en realidad los stands al menos durante los ejercicios de 2005, 2006 y 2007, según el testimonio a Garzón de la ex administradora de esta segunda mercantil, Isabel Jordán.
El escrito de Anticorrupción señalando a autoridades valencianas desató ayer los nervios en el PP de la Comunitat e incrementó la ansiedad en los despachos de la Generalitat. Fuentes del Consell aseguraron desconocer qué personas pueden estar implicadas. El jefe del Ejecutivo, Francisco Camps, ha optado por el enroque y por esperar acontecimientos, ya que todavía no se ha señalado a ninguno de sus altos cargos en las investigaciones. Por contra, la presidenta madrileña Esperanza Aguirre se ha visto obligada a forzar la dimisión del consejero de Deportes Alberto López Viejo, que Anticorrupción considera "central" en la trama por el presunto cobro de comisiones y malversación de fondos públicos, la del alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, y otros dos mandatarios.
Afilando cuchillos
Con todo, el traslado de la causa a Valencia implicará casi automáticamente una tormenta política. Los populares ya señalan al fiscal jefe Ricard Cabedo, al que consideran hostil a sus intereses. Por su parte, los socialistas recuerdan las excelentes relaciones del presidente del TSJCV, Juan Luis de la Rúa, con el jefe del Consell, Francisco Camps. Fuentes conocedoras de la investigación apuntan que será una instrucción complicada porque el sumario no llegará con todos los cabos atados. Obligará a una larga serie de diligencias para completar la pruebas.
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Blanco Balín: "Estoy hasta los huevos"
El bufete de Michavila y el secretario de Mediamed tiene entre sus especialidades las telecomunicaciones
Garzón bloquea las cuentas de Orange Market y los proveedores se quedan sin cobrar
La directora de "marketing" de Feria Valencia deja la institución por decisión propia
Pérez, con Rajoy en Xàtiva en junio de 2007
El ayuntamiento de Rocafort niega la relación con Ulibarri
Orange montó el congreso del PP de la Costera en 2005
El pleno del "¿sabes algo?"
El Consell mantendrá el título de "embajador" a Matas pese a los 8 ex altos cargos imputados
Renuncia a uno de los aparcamientos en Valencia
Sagunt adjudicó una parcela a la empresa del PAI de Xilxes por la que está imputado Ulibarri
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PRESUNTA TRAMA DE CORRUPCIÓN EN EL PP
La conversación entre Correa y Pérez Alonso
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La SER desvela las conversaciones de los cabecillas de la trama
"Ulibarri es el que pone la pasta, yo no la pongo", afirma Correa, y se jacta de que su contacto, "el hijo de puta" de Esteban González Pons, le ayuda a "desbloquear" un "tema medioambiental".
La Cadena SER desvela parte de las grabaciones que han destapado el escándalo de corrupción que investiga el juez Garzón y que afecta al Partido Popular. Una trama que ha provocado ya cuatro dimisiones en el entorno de Esperanza Aguirre y que ha llevado a la Fiscalía Anticorrupción a considerar que hay indicios de delito por parte del presidente de la Generalitat, Francisco Camps. En las grabaciones, a las que ha tenido acceso la SER, los presuntos cabecillas de la trama hablan en repetidas ocasiones de sus negocios y contactos en Valencia.
AUDIOS: Una de las grabaciones que han destapado el escándalo de corrupción que afecta al PP
Gallardón reconoce que se amañó un contrato con Special Events
En una de ellas, grabada en diciembre de 2006, Francisco Correa, el presunto jefe del entramado habla con sus socios, entre ellos, Álvaro Pérez, el bigotes, de un "tema gordo" que tiene "entre manos" en Valencia: un proyecto urbanístico en el Ayuntamiento de La Nucia en el que esperan lograr 12.000 millones de pesetas de beneficio.
En esa misma conversación, Correa alardea de sus contactos en el PP valenciano para desbloquear la aprobación del proyecto, es en este momento cuando habla del a día de hoy dirigente del PP nacional, González Pons.
"De mi 50% yo reparto con 'Alvarito"
En su conversación, Correa dice: " Compramos el suelo a 10.000...la operación son 8.000 millones de 'pelas' y le ganamos 12.000 'kilos'. Yo he metido a un monton de gente ahí ... he metido a Ulibarri, que es el que pone la pasta ... yo no la pongo.... y yo de mi 50% reparto con 'Alvarito'( el bigotes, que también está presente en la conversación) , reparto con el alcalde ( del PP), reparto con Ramón Blanco (ex vicepresidente de Repsol) y reparto con Pablo Crespo (ex secretario de organización del PP en Galicia) en fin...¡la polla!)
La conversación continúa así: "Ayer, estos tíos nos meten más edifica... no...más metros....que en el PAI luego no van a computar porque es agropecuario, en fin, ...un lío, y la operación estaba cerrada y nos hemos plantado hoy...Es un arma de doble filo porque este tío ( el promotor) esta noche se puede encabronar y decir "ya no lo vendo" y el PAI tiene un tema medioambiental y el que lo desbloquea soy yo". (Álavaro Pérez Le interrumpe diciendo: "¡Claro que tú tienes la llave!). "Claro ...yo tengo el contacto...que es el hijo de puta de Esteban ( González ) Pons... que lo han nombrado Conseller de Obras Públicas y este antes era de Presidencia ...os acordáis que estaba en el Senado? Pues este es".
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Camps niega su implicación y ve un proceso contra su partido
El presidente valenciano ha comparecido ante la prensa para rechazar la información que publica El País y el Periódico de Cataluña que lo implica en el pago de supuestos sobornos
Camps rechaza "indignado" cualquier vinculación con la trama de corrupción
El president de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, ha desmentido hoy las informaciones que le vinculan con la investigación del juez Garzón de una trama de corrupción, que ha enmarcado en una campaña que busca "la división del PP" y ha pedido "tranquilidad y paciencia" porque el PP "saldrá reforzado".
EFE/LEVANTE-EMV.COM
En una declaración leída ante los periodistas después de que se publicara que el juez le implica en esa trama de corrupción, Camps ha comparecido arropado por trece de sus catorce consellers y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y se ha mostrado "profundamente indignado" por las "filtraciones interesadas" del sumario. Camps ha anunciado que ejecutará todas las acciones legales en defensa de su honor, del del PP y de su cargo como president de la Generalitat, y ha dicho que su única culpa es que el PP, "de celebrarse hoy las elecciones autonómicas, aumentaría su distancia respecto al PSPV-PSOE". Además, ha pronosticado que un fallo en la "hipotética investigación" a una persona aforada como él "podría anular todo el procedimiento; cuando lo que se busca es la persecución del delito, un error de estas características tendría nefastas consecuencias judiciales".
En su comparecencia, en la que no se han admitido preguntas (com sempre, afegeixo jo), el president ha tenido un recuerdo para todos sus compañeros de partido "perseguidos, acosados y que con causas sobreseídas han sufrido daños irreparables", cuyas detenciones fueron "televisadas" pero que han quedado en libertad sin cargos, y a "los alcaldes que ya no lo son por falsas imputaciones que hoy han quedado en nada". Ha parafraseado a Bertold Brecht -"ayer, un concejal; hoy, un alcalde, y mañana, el presidente de una Comunidad Autónoma"-, ha reconocido que la noticia de su supuesta implicación le ha llegado a las seis de la mañana -"en Democracia, a diferencia de la dictadura, quien llamaba al albor de la mañana era el lechero y no una falsa imputación"- y ha criticado el "proceso abierto" contra el PP.
Asimismo, Camps ha anunciado que en caso de que la imputación siga su curso contra él, pedirá la comparecencia de todos los funcionarios que han trabajado con él en sus distintas etapas políticas, de los empresarios -valencianos y españoles, públicos y privados- con los que se ha relacionado y de los alcaldes de la Comunitat Valenciana para que avalen si alguna vez les ha pedido "alguna contraprestación" o les ha indicado "alguna decisión".
El president, quien ha valorado sus "veinte años de vida pública al servicio del interés general", se ha mostrado convencido de que "la división y la incertidumbre" que se ha intentado sembrar en el Partido Popular "no se ha conseguido", como tampoco la desilusión entre los militantes ni el "desestimiento" de quienes creen "en la libertad y la Democracia". "Pido tranquilidad y paciencia a todos mis compañeros. Saldremos más reforzados si cabe de esta amarga experiencia", ha añadido para valorar también los resultados de la encuesta sobre intención de voto en la Comunitat Valenciana.
"De celebrarse hoy las elecciones autonómicas -ha apuntado-, la distancia entre el PP y el PSPV sería todavía superior a la de las últimas elecciones. Ésta debe ser mi culpa". Tras insistir en que el proceso judicial abierto el pasado viernes 6 de febrero ha sido "extraño" por las "filtraciones interesadas" que se han producido pese al secreto de sumario decretado, Camps ha calificado de "falaces" todas las informaciones que, "como la de hoy", han implicado de una u otra forma a la Comunitat Valenciana: "Ninguna de ellas se ha sostenido más de 24 horas, ni una".
"Hemos vivido un proceso mediático paralelo sin garantías, contestando a golpe de nota de prensa", ha continuado para adelantar que la Generalitat estudiará la "falta de garantías procesales" que a su juicio se está produciendo y las tendrá "en cuenta". Tras finalizar su intervención, Camps ha recibido el aplauso de los miembros de su gobierno y de la alcaldesa y se ha dirigido a Les Corts Valencianes, donde esta mañana se somete a la sesión de control parlamentario para responder, entre otras preguntas, a la referidas a los contratos que mantiene la Generalitat con empresas investigadas por Garzón.
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Recibido con aplausos
Francisco Camps (perfil)
Camps anuncia que todos los consellers responderán en las Corts sobre los contratos
EU pide la dimisión del president y una comisión de investigación
Versos para contestar al PSPV
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Anticorrupción implica a mandatarios del PP en Valencia y pide a Garzón que ceda la causa al TSJ
La Fiscalía dice que hay casos valencianos "perfectamente escindibles", pero pide la inhibición del grueso del sumario en favor del TSJ de Madrid. Aguirre ha forzado dimisiones mientras Camps espera
Víctor Romero, Valencia
La causa abierta por el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón a partir de la Operación Gürtel tiene todas las papeletas para acabar en parte en los despachos de la Ciudad de la Justicia de Valencia. La Fiscalía Anticorrupción remitió ayer un escrito a Garzón en el que le solicita que se inhiba del caso en favor de los tribunales superiores de justicia de Madrid y la Comunitat Valenciana. La razón de esta petición no es otra que la presencia de aforados -diputados autonómicos o consejeros- del Partido Popular en los hechos investigados. Un extremo que ya fue adelantado por el propio Garzón cuando rechazó la personación de los populares en la causa. Entonces Garzón apuntó a "serios indicios" de responsabilidad penal en personas vinculadas a la formación de la gaviota y adelantó la posibilidad de inhibirse por la implicación de aforados en la causa. No obstante, Garzón sigue tomando declaraciones. No será hasta el 4 de marzo -día en el que ha citado al empresario José Luis Ulibarri- cuando soltará la causa.
Anticorrupción recoge ahora este razonamiento jurídico y sostiene en su escrito que la investigación de la totalidad del caso -el grueso de la trama de Francisco Correa, los empresarios y la implicación de populares madrileños- recaería en el tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Madrid. Pero añade que existen "determinados hechos, perfectamente escindibles", que correspondería investigar al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. De esto se deduce que en el sumario de Garzón aparecen implicados mandatarios valencianos aforados, aunque ello no excluye que estén salpicados otros cargos públicos sin fuero.
En la Comunitat Valenciana Garzón ha imputado al presidente de Orange Market, Álvaro Pérez, y al consejero delegado, Cándido Herrero, además de a Mónica Magariños, que también ha trabajado para la mercantil responsable de organizar las campañas y actos del Partido Popular de la Comunitat Valenciana desde 2003. La financiación de esas campañas, según algunas fuentes, podría formar parte de la causa. Garzón también ha requisado a la Conselleria de Turismo que dirige Angélica Such el expediente de adjudicación del stand de la Generalitat en Fitur y otras cuatro ferias, del que es beneficiario Orange Market. La firma ligada a la trama dirigida por Francisco Correa se ha adjudicado ese contrato desde el año 2005. Otra de las empresas de la trama, Easy Concept, preparaba y montaba en realidad los stands al menos durante los ejercicios de 2005, 2006 y 2007, según el testimonio a Garzón de la ex administradora de esta segunda mercantil, Isabel Jordán.
El escrito de Anticorrupción señalando a autoridades valencianas desató ayer los nervios en el PP de la Comunitat e incrementó la ansiedad en los despachos de la Generalitat. Fuentes del Consell aseguraron desconocer qué personas pueden estar implicadas. El jefe del Ejecutivo, Francisco Camps, ha optado por el enroque y por esperar acontecimientos, ya que todavía no se ha señalado a ninguno de sus altos cargos en las investigaciones. Por contra, la presidenta madrileña Esperanza Aguirre se ha visto obligada a forzar la dimisión del consejero de Deportes Alberto López Viejo, que Anticorrupción considera "central" en la trama por el presunto cobro de comisiones y malversación de fondos públicos, la del alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, y otros dos mandatarios.
Afilando cuchillos
Con todo, el traslado de la causa a Valencia implicará casi automáticamente una tormenta política. Los populares ya señalan al fiscal jefe Ricard Cabedo, al que consideran hostil a sus intereses. Por su parte, los socialistas recuerdan las excelentes relaciones del presidente del TSJCV, Juan Luis de la Rúa, con el jefe del Consell, Francisco Camps. Fuentes conocedoras de la investigación apuntan que será una instrucción complicada porque el sumario no llegará con todos los cabos atados. Obligará a una larga serie de diligencias para completar la pruebas.
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Blanco Balín: "Estoy hasta los huevos"
El bufete de Michavila y el secretario de Mediamed tiene entre sus especialidades las telecomunicaciones
Garzón bloquea las cuentas de Orange Market y los proveedores se quedan sin cobrar
La directora de "marketing" de Feria Valencia deja la institución por decisión propia
Pérez, con Rajoy en Xàtiva en junio de 2007
El ayuntamiento de Rocafort niega la relación con Ulibarri
Orange montó el congreso del PP de la Costera en 2005
El pleno del "¿sabes algo?"
El Consell mantendrá el título de "embajador" a Matas pese a los 8 ex altos cargos imputados
Renuncia a uno de los aparcamientos en Valencia
Sagunt adjudicó una parcela a la empresa del PAI de Xilxes por la que está imputado Ulibarri
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PRESUNTA TRAMA DE CORRUPCIÓN EN EL PP
La conversación entre Correa y Pérez Alonso
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La SER desvela las conversaciones de los cabecillas de la trama
"Ulibarri es el que pone la pasta, yo no la pongo", afirma Correa, y se jacta de que su contacto, "el hijo de puta" de Esteban González Pons, le ayuda a "desbloquear" un "tema medioambiental".
La Cadena SER desvela parte de las grabaciones que han destapado el escándalo de corrupción que investiga el juez Garzón y que afecta al Partido Popular. Una trama que ha provocado ya cuatro dimisiones en el entorno de Esperanza Aguirre y que ha llevado a la Fiscalía Anticorrupción a considerar que hay indicios de delito por parte del presidente de la Generalitat, Francisco Camps. En las grabaciones, a las que ha tenido acceso la SER, los presuntos cabecillas de la trama hablan en repetidas ocasiones de sus negocios y contactos en Valencia.
AUDIOS: Una de las grabaciones que han destapado el escándalo de corrupción que afecta al PP
Gallardón reconoce que se amañó un contrato con Special Events
En una de ellas, grabada en diciembre de 2006, Francisco Correa, el presunto jefe del entramado habla con sus socios, entre ellos, Álvaro Pérez, el bigotes, de un "tema gordo" que tiene "entre manos" en Valencia: un proyecto urbanístico en el Ayuntamiento de La Nucia en el que esperan lograr 12.000 millones de pesetas de beneficio.
En esa misma conversación, Correa alardea de sus contactos en el PP valenciano para desbloquear la aprobación del proyecto, es en este momento cuando habla del a día de hoy dirigente del PP nacional, González Pons.
"De mi 50% yo reparto con 'Alvarito"
En su conversación, Correa dice: " Compramos el suelo a 10.000...la operación son 8.000 millones de 'pelas' y le ganamos 12.000 'kilos'. Yo he metido a un monton de gente ahí ... he metido a Ulibarri, que es el que pone la pasta ... yo no la pongo.... y yo de mi 50% reparto con 'Alvarito'( el bigotes, que también está presente en la conversación) , reparto con el alcalde ( del PP), reparto con Ramón Blanco (ex vicepresidente de Repsol) y reparto con Pablo Crespo (ex secretario de organización del PP en Galicia) en fin...¡la polla!)
La conversación continúa así: "Ayer, estos tíos nos meten más edifica... no...más metros....que en el PAI luego no van a computar porque es agropecuario, en fin, ...un lío, y la operación estaba cerrada y nos hemos plantado hoy...Es un arma de doble filo porque este tío ( el promotor) esta noche se puede encabronar y decir "ya no lo vendo" y el PAI tiene un tema medioambiental y el que lo desbloquea soy yo". (Álavaro Pérez Le interrumpe diciendo: "¡Claro que tú tienes la llave!). "Claro ...yo tengo el contacto...que es el hijo de puta de Esteban ( González ) Pons... que lo han nombrado Conseller de Obras Públicas y este antes era de Presidencia ...os acordáis que estaba en el Senado? Pues este es".
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Camps niega su implicación y ve un proceso contra su partido
El presidente valenciano ha comparecido ante la prensa para rechazar la información que publica El País y el Periódico de Cataluña que lo implica en el pago de supuestos sobornos
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Qué dicen en el PP sobre la trama
Los dirigentes del PP se pronuncian sobre la supuesta trama de corrupción que se cierne sobre su partido
Los dirigentes del PP se pronuncian sobre la supuesta trama de corrupción que se cierne sobre su partido
Rajoy no habla cuando le preguntamos por Camps
Gallardón evita poner la mano en el fuego por Aguirre
Pons dice que su partido "no se va a rendir jamás"
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'Estoy profundamente indignado'"
La comparecencia de Camps
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La desconfianza se instala en el PP tras los últimos escándalos
Vídeo: Francisco Camps: "Es un proceso contra todo un partido político"
Audio: La comparecencia del presidente valenciano, Francisco Camps, tras conocer su implicación en la trama de corrupción del PP (19/2/2009)
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Una concejalía de Madrid amañó en 2004 un concurso a favor de Correa
Gallardón denuncia al juzgado el contrato y expedienta a un funcionario - El ex edil Sigfrido Herráez, próximo a Agag, dirigía Vivienda durante esa etapa
DANIEL VERDÚ - Madrid - 19/02/2009
El 27 de mayo de 2004, el Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) del Ayuntamiento de Madrid, presidido por el entonces concejal de Vivienda, Sigfrido Herráez, adjudicó un contrato de 153.000 euros para el diseño, montaje y mantenimiento del stand municipal en el Salón Inmobiliario de Madrid 2004 a Special Events, la empresa de Francisco Correa, el hombre que montaba los actos del PP durante el mandato de José María Aznar.
Rajoy acusa en el Congreso a Garzón de tener conductas prevaricadoras
La trama de corrupción 'tumba' al presidente de la comisión de espías
Gallardón reconoce que se amañó un contrato para la red de Correa
EMV(Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid)
Special Events fue la quinta empresa clasificada, pero se llevó el contrato
Se presentaron al concurso 10 empresas y, supuestamente, la firma vinculada a Correa quedó en segundo lugar. Pero se llevó el contrato porque se consideró que la primera clasificada incurría en "baja temeraria", es decir, que su oferta económica era poco creíble por demasiado barata.
Ésta es la información que contenía el expediente original de adjudicación que se aprobó en el Consejo de Administración de la EMV y que el ayuntamiento facilitó la semana pasada a este periódico.
Pero en 2004, cuando Alberto Ruiz-Gallardón llevaba ya un año como alcalde, la actual Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo estaba dividida en tres áreas: Suelo, Vivienda y Urbanismo. En cada una de ellas quedó una copia del expediente con una inquietante diferencia que apunta a que el concurso estuvo amañado para dárselo a Correa.
El informe técnico de las propuestas que se presentó en el consejo de la EMV, en cuya votación participaron PSOE e IU, venía firmado por cuatro funcionarios y estaba acompañado de un cuadro con la puntuación obtenida por cada empresa. Sin embargo, en el documento que sirvió para la adjudicación definitiva no había ninguna rúbrica de empleados públicos.
La suma de resultados obtenidos por su diseño, conocimiento y experiencia, colocó a Special Events en segundo lugar y en virtual ganadora del concurso. Pero en el cuadro que consta en el expediente hallado posteriormente, y al que ha tenido acceso EL PAÍS, el cuadro de puntuación, que está vez sí estaba firmado por los funcionarios que realizaron el informe, contenía unos datos distintos que dejaban a Special Events en quinto lugar y, por tanto, sin ninguna opción de obtener el contrato.
El apartado que puntuaba la oferta económica estaba intacto. Pero en las áreas en las que el criterio podía ser más arbitrario, como el diseño o la experiencia, las cifras eran distintas. Los cuatro funcionarios que firmaron el documento bueno confirmaron ayer que no son los autores de la valoración aprobada. Fuentes de la Concejalía de Urbanismo no encuentran explicación técnica posible a las diferencias aparecidas en el mismo expediente. Consideran que es factible que el cuadro original fuera destruido y reemplazado por otro más favorable a Special Events. La sospecha es que se amañó el concurso.
Por ello, el ayuntamiento ha presentado una denuncia al juzgado de guardia y ha abierto un expediente informativo a José Luis Gómez, funcionario y ex gerente de la empresa pública que firmó la propuesta que se llevó entonces al consejo de la EMV.
"Nosotros respaldamos lo que los técnicos nos elevan al consejo de administración. Yo no sé qué es lo que han archivado. Sé lo que voté, pero no conozco la existencia de otros documentos", declaró ayer el ex concejal de Vivienda, que además indicó que nunca tuvo relación profesional con Correa.
Herráez fue hombre de confianza del anterior alcalde, José María Álvarez del Manzano y miembro del clan Becerril, un grupo de jóvenes promesas del PP que, agrupados por Alejandro Agag y bendecido por el entonces presidente, José María Aznar, se reunía en la sierra de Madrid para hablar de política. A las reuniones acudieron en alguna ocasión los imputados por Garzón, Francisco Correa, Álvaro Pérez o Jacobo Gordon. Además, era asiduo el ex consejero de Aguirre Alberto López Viejo, recién dimitido por su presunta vinculación con la trama corrupta.
De concejal a constructor
Sigfrido Herráez (Madrid, 1964), arquitecto de formación, fue un hombre de José María Álvarez del Manzano. De su mano llegó al Ayuntamiento de Madrid en 1991, al cargo de concejal de Latina y, en 1995, el de Vivienda. Lo dejó en 2005 con el siguiente alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, cuando éste colocó por encima de él a la edil de Urbanismo, Pilar Martínez.
Sólo una semana después, fichó como vicepresidente de la constructora Rayet, que realizaba un proyecto en el Ensanche de Vallecas, una zona directamente administrada por Herráez como concejal al presidir su junta de Compensación. Legalmente no había incompatibilidad, pero todos los partidos, incluido el gobierno de Gallardón, quedaron escandalizados. Hoy preside dicha firma.
Esperanza Aguirre le prestó su apoyo en aquella decisión y le mantuvo como responsable de Vivienda del partido. Herráez se había significado por la candidatura de Aguirre como presidenta del PP de Madrid, en detrimento de Manuel Cobo, vicealcalde y hombre de Ruiz-Gallardón. "En el futuro, si quiere volver a la política, tendrá un sitio", declaró Aguirre. Pero un mes más tarde, promovió su dimisión del cargo en el PP.
Herráez perteneció al clan Becerril, un grupo de promesas del PP agrupados por Alejandro Agag que se reunían en la sierra para, según el yerno de José María Aznar, formar "el banquillo del banquillo" del partido. Pertenencieron al núcleo de ese grupo José Ignacio Echaniz, Alejandro Ballesteros o Lucía Figar.
Por otro lado, su mujer, María Gálvez, es consejera de Ploder, una constructora que junto al grupo Begar (entre otras), propiedad del imputado por el caso Gürtel, José Luis Ulibarri, obtuvo la concesión para la construcción del nuevo Hospital de Vallecas de la Comunidad de Madrid.
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La trama de corrupción 'tumba' al presidente de la comisión de espías
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'Estoy profundamente indignado'"
La comparecencia de Camps
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La desconfianza se instala en el PP tras los últimos escándalos
Vídeo: Francisco Camps: "Es un proceso contra todo un partido político"
Audio: La comparecencia del presidente valenciano, Francisco Camps, tras conocer su implicación en la trama de corrupción del PP (19/2/2009)
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Una concejalía de Madrid amañó en 2004 un concurso a favor de Correa
Gallardón denuncia al juzgado el contrato y expedienta a un funcionario - El ex edil Sigfrido Herráez, próximo a Agag, dirigía Vivienda durante esa etapa
DANIEL VERDÚ - Madrid - 19/02/2009
El 27 de mayo de 2004, el Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) del Ayuntamiento de Madrid, presidido por el entonces concejal de Vivienda, Sigfrido Herráez, adjudicó un contrato de 153.000 euros para el diseño, montaje y mantenimiento del stand municipal en el Salón Inmobiliario de Madrid 2004 a Special Events, la empresa de Francisco Correa, el hombre que montaba los actos del PP durante el mandato de José María Aznar.
Rajoy acusa en el Congreso a Garzón de tener conductas prevaricadoras
La trama de corrupción 'tumba' al presidente de la comisión de espías
Gallardón reconoce que se amañó un contrato para la red de Correa
EMV(Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid)
Special Events fue la quinta empresa clasificada, pero se llevó el contrato
Se presentaron al concurso 10 empresas y, supuestamente, la firma vinculada a Correa quedó en segundo lugar. Pero se llevó el contrato porque se consideró que la primera clasificada incurría en "baja temeraria", es decir, que su oferta económica era poco creíble por demasiado barata.
Ésta es la información que contenía el expediente original de adjudicación que se aprobó en el Consejo de Administración de la EMV y que el ayuntamiento facilitó la semana pasada a este periódico.
Pero en 2004, cuando Alberto Ruiz-Gallardón llevaba ya un año como alcalde, la actual Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo estaba dividida en tres áreas: Suelo, Vivienda y Urbanismo. En cada una de ellas quedó una copia del expediente con una inquietante diferencia que apunta a que el concurso estuvo amañado para dárselo a Correa.
El informe técnico de las propuestas que se presentó en el consejo de la EMV, en cuya votación participaron PSOE e IU, venía firmado por cuatro funcionarios y estaba acompañado de un cuadro con la puntuación obtenida por cada empresa. Sin embargo, en el documento que sirvió para la adjudicación definitiva no había ninguna rúbrica de empleados públicos.
La suma de resultados obtenidos por su diseño, conocimiento y experiencia, colocó a Special Events en segundo lugar y en virtual ganadora del concurso. Pero en el cuadro que consta en el expediente hallado posteriormente, y al que ha tenido acceso EL PAÍS, el cuadro de puntuación, que está vez sí estaba firmado por los funcionarios que realizaron el informe, contenía unos datos distintos que dejaban a Special Events en quinto lugar y, por tanto, sin ninguna opción de obtener el contrato.
El apartado que puntuaba la oferta económica estaba intacto. Pero en las áreas en las que el criterio podía ser más arbitrario, como el diseño o la experiencia, las cifras eran distintas. Los cuatro funcionarios que firmaron el documento bueno confirmaron ayer que no son los autores de la valoración aprobada. Fuentes de la Concejalía de Urbanismo no encuentran explicación técnica posible a las diferencias aparecidas en el mismo expediente. Consideran que es factible que el cuadro original fuera destruido y reemplazado por otro más favorable a Special Events. La sospecha es que se amañó el concurso.
Por ello, el ayuntamiento ha presentado una denuncia al juzgado de guardia y ha abierto un expediente informativo a José Luis Gómez, funcionario y ex gerente de la empresa pública que firmó la propuesta que se llevó entonces al consejo de la EMV.
"Nosotros respaldamos lo que los técnicos nos elevan al consejo de administración. Yo no sé qué es lo que han archivado. Sé lo que voté, pero no conozco la existencia de otros documentos", declaró ayer el ex concejal de Vivienda, que además indicó que nunca tuvo relación profesional con Correa.
Herráez fue hombre de confianza del anterior alcalde, José María Álvarez del Manzano y miembro del clan Becerril, un grupo de jóvenes promesas del PP que, agrupados por Alejandro Agag y bendecido por el entonces presidente, José María Aznar, se reunía en la sierra de Madrid para hablar de política. A las reuniones acudieron en alguna ocasión los imputados por Garzón, Francisco Correa, Álvaro Pérez o Jacobo Gordon. Además, era asiduo el ex consejero de Aguirre Alberto López Viejo, recién dimitido por su presunta vinculación con la trama corrupta.
De concejal a constructor
Sigfrido Herráez (Madrid, 1964), arquitecto de formación, fue un hombre de José María Álvarez del Manzano. De su mano llegó al Ayuntamiento de Madrid en 1991, al cargo de concejal de Latina y, en 1995, el de Vivienda. Lo dejó en 2005 con el siguiente alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, cuando éste colocó por encima de él a la edil de Urbanismo, Pilar Martínez.
Sólo una semana después, fichó como vicepresidente de la constructora Rayet, que realizaba un proyecto en el Ensanche de Vallecas, una zona directamente administrada por Herráez como concejal al presidir su junta de Compensación. Legalmente no había incompatibilidad, pero todos los partidos, incluido el gobierno de Gallardón, quedaron escandalizados. Hoy preside dicha firma.
Esperanza Aguirre le prestó su apoyo en aquella decisión y le mantuvo como responsable de Vivienda del partido. Herráez se había significado por la candidatura de Aguirre como presidenta del PP de Madrid, en detrimento de Manuel Cobo, vicealcalde y hombre de Ruiz-Gallardón. "En el futuro, si quiere volver a la política, tendrá un sitio", declaró Aguirre. Pero un mes más tarde, promovió su dimisión del cargo en el PP.
Herráez perteneció al clan Becerril, un grupo de promesas del PP agrupados por Alejandro Agag que se reunían en la sierra para, según el yerno de José María Aznar, formar "el banquillo del banquillo" del partido. Pertenencieron al núcleo de ese grupo José Ignacio Echaniz, Alejandro Ballesteros o Lucía Figar.
Por otro lado, su mujer, María Gálvez, es consejera de Ploder, una constructora que junto al grupo Begar (entre otras), propiedad del imputado por el caso Gürtel, José Luis Ulibarri, obtuvo la concesión para la construcción del nuevo Hospital de Vallecas de la Comunidad de Madrid.
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La trama de corrupción 'tumba' al presidente de la comisión de espías
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