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De Rosa ha estat promocionat per Molt Honorable des del càrrec de Conseller de Justícia al de Vicepresident del CGPJ. I De Rosa es marca un panegíric al seu mentor a la tele del seu mentor sense deixar de disparar al cap de Garzón. La portaveu del CGPJ -òrgan que du en funcions més d'un any i mig pel boicot del PP a la renovació- l'ha desautoritzat. Hom pot recusar De Rosa, número dos del màxim òrgan de jutges i fiscals, per haver donat una opinió fora de temps, context i dret. Dijous es reuniran per decidir-ho.
Una altra cosa. Si resulta que el PP i la premsa dela Caverna critica Garzón per les seves amistats, què podem dir si el cas de corrupció passa al TSJCV, el President del qual, Sr. De la Rua, és amic del Molt Honorable?
I més si recordem el que digué el Tal sobre el tema dels desapareguts del franquisme, actuat per Garzón, i que encara està en vies d'anar als jutjats territorials. El Tal, prèviament a cap procediment o actuació processal, va opinar negativament sobre el procediment de Garzón (.http://www.antifeixistes.org/arxiu/Mema3199.pdf) Quan arribarà al TSJCV, no se'l pot recusar? Ens podem fiar de tota aquesta tropa?
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El juez Garzón sugiere más aforados en la trama corrupta
El magistrado apunta a la implicación de otros cargos públicos antes de inhibirse a favor de otros tribunales
MANUEL ALTOZANO - Madrid - 21/02/2009
El presidente valenciano, Francisco Camps; el ex consejero madrileño Alberto López Viejo, y los diputados de esa comunidad Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch, pueden no ser los únicos cargos públicos implicados en la trama de "dádivas y sobornos" a instituciones gobernadas por el PP que han aparecido en la investigación que dirige Baltasar Garzón. El juez ha pedido nuevos informes a la Fiscalía Anticorrupción sobre aforados, cuya identidad no fue anoche revelada debido al secreto del sumario. Alguno de ellos debe responder ante un tercer órgano que no es ni el Tribunal Superior de Justicia de Madrid -donde se investigará a los aforados madrileños- ni el de la Comunidad Valenciana, el que correspondería a Camps.
Subida de tensión
El PP da un ultimátum al juez para que se inhiba antes del lunes o se querellará
La Fiscalía Anticorrupción, "descolocada" por la nueva resolución
El juez preguntó al fiscal si podía seguir investigando tras abstenerse
Justo antes de abandonar la Audiencia Nacional para ingresar en un hospital madrileño por una fuerte subida de tensión, el juez redactó una providencia que sugiere la implicación en la causa de nuevos parlamentarios, nacionales o autonómicos, o miembros de gobiernos regionales, cuyos delitos, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, deben ser investigados por el Tribunal Supremo (diputados, senadores y miembros del Gobierno central) o los Tribunales Superiores de cada comunidad (parlamentarios autonómicos y miembros de gobiernos autónomos).
La fiscalía remitió el pasado miércoles al juez un escrito en el que le informaba de que la totalidad de la causa debía pasar a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid -que debe investigar los presuntos delitos de López Viejo, Martín Vasco y Bosch-, salvo una parte desgajable que correspondería al de la Comunidad Valenciana, que instruiría todo lo relacionado con Camps.
Sin embargo, en la providencia de ayer, Garzón anuncia que ha solicitado a Anticorrupción otros dos informes "en relación con las personas aforadas" antes de inhibirse a favor de otros tribunales, lo que indicaría que existen nuevos parlamentarios o gobernantes regionales implicados en la causa.
Alguna de los cargos públicos aforados, según se desprende de la providencia, tendría que responder ante un tercer tribunal, que podría ser el Tribunal Supremo u otro tribunal superior de justicia de un comunidad autónoma -que no es ni el de Madrid ni el de la Comunidad Valenciana-. Lo indica el hecho de que, en su resolución de ayer, el juez reclame "con carácter urgente" al servicio de reprografía de la Audiencia "tres juegos de copias de las actuaciones" sobre la trama corrupta. Dos de ellas irán previsiblemente a los tribunales superiores de Madrid y de la Comunidad Valenciana, respectivamente, para que estos decidan si son competentes para investigar a los aforados de esas comunidades. La tercera debería remitirse a otro tribunal, según fuentes jurídicas.
En las grabaciones que dieron lugar a la Operación Gürtel aparece mencionado Luis Bárcenas, tesorero del PP y senador por Cantabria, cuyas eventuales responsabilidades deberían ser exigidas ante el Tribunal Supremo. El supuesto cerebro de la trama, Francisco Correa, dijo en una de sus conversaciones a su interlocutor: "Ya te he dicho que yo le he llevado a Bárcenas, a su casa y a Génova, 1.000 millones de pesetas por adjudicaciones de obras de la época de Cascos, y sé cómo lo ha sacado y el paraíso fiscal donde lo tiene". Otro de los posibles aforados que aparecen en las grabaciones es Esteban González Pons, diputado y vicesecretario de comunicación del PP.
Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción aseguraron ayer que se habían quedado "sorprendidos" y "descolocados" con la última resolución de Garzón. Esas fuentes aseguraron que uno de los aspectos sobre los que el juez ha solicitado informe es sobre si puede seguir instruyendo una vez que se haya inhibido. El artículo 25 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que el instructor que acuerde la inhibición a favor de otro "seguirá practicando todas las diligencias necesarias para comprobar el delito, averiguar e identificar a los posibles culpables y proteger a los ofendidos o perjudicados por el mismo".
El juez pretendía inhibirse el próximo lunes, según fuentes jurídicas, aunque la resolución podría dilatarse debido a los problemas de salud por los que ayer fue hospitalizado. Una vez tomada su decisión enviará las copias del sumario a los tribunales que competentes para investigar aforados, para que decidan si lo son y respecto a qué personas. Mientras, seguirá investigando.
Subida de tensión
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ingresó sobre las dos y media de la tarde de ayer de urgencia en un hospital madrileño aquejado de un fuerte dolor de pecho. El magistrado abandonó apresuradamente su puesto quejándose de opresión en el pecho y con el rostro visiblemente enrojecido. Los médicos aseguraron que se encontraba fuera de peligro y que su estado no revestía gravedad.
El dolor en el tórax se debía, según esas mismas fuentes, a una fuerte subida de tensión acompañada de un ataque de ansiedad. El juez permaneció toda la tarde en la unidad coronaria del centro sanitario después de que los médicos le suministraran fármacos para rebajarle la hipertensión.
El juez seguirá hospitalizado en observación previsiblemente hasta hoy, cuando el personal sanitario planea hacerle un examen completo para certificar que su estado no es grave, según fuentes de la Audiencia, que añaden que en los próximos días se reincorporará a su juzgado.
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El PP da un ultimátum al juez para que se inhiba antes del lunes
F. GAREA - Madrid - 21/02/2009
El PP dio ayer una nueva vuelta de tuerca en su acoso al juez Baltasar Garzón, por instruir un sumario sobre corrupción en administraciones gobernadas por este partido. Y, además, anunció que la próxima semana redoblará sus esfuerzos contra el magistrado.
Dirigentes del PP se lanzaron ayer contra Garzón, y el portavoz popular de justicia, Federico Trillo, lanzó un ultimátum en nombre de la dirección del partido: o abandona el caso antes del lunes o presentarán una querella contra él por prevaricación ante el Tribunal Supremo.
La tesis oficial del PP es que la investigación forma parte de "una trama contra el partido, urdida y puesta en marcha por el juez Garzón, el ministro de Justicia y el jefe de la Comisaría General de Policía Judicial, con la colaboración especial del fiscal general del Estado". La investigación, no obstante, ya ha hecho caer a un consejero de la Comunidad de Madrid (Alberto López Viejo), a un alto cargo de esa comunidad (Guillermo Ortega), un alcalde (Arturo González) y un asesor de un concejal de Madrid (Javier Nombela). Todos ellos son del PP.
El propio Rajoy encabezó ayer la oleada de declaraciones de los dirigentes del PP contra el juez. "El sumario se está filtrando todos los días y nadie sabe de qué se le acusa exactamente". El líder el PP considera que, de este modo, Garzón "está generando indefensión a mucha gente, que se ve todos los días en los medios de comunicación y nadie, ni un juez ni un fiscal, les ha dicho nada".
La ofensiva tiene continuidad en el Congreso, donde el PP intenta forzar un Pleno con el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y ha pedido la comparecencia del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido. Esta última fue tramitada en la Mesa del Congreso, pero el PSOE la frenará en la Comisión de Justicia hasta que vaya a presentar la memoria fiscal, o sea, en octubre.
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Set anys al jutjat i set dies al TSJCV. No apesta a prevaricació, Sr. De Rosa?
El TSJ resuelve en una semana 7 años del 'caso Mercalicante'
El alto tribunal exculpa al ex alcalde Díaz Alperi del presunto desfalco
SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 21/02/2009
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valencina ha acordado exculpar a Luis Díaz Alperi, ex alcalde de Alicante y ahora diputado autonómico del PP, de la causa abierta sobre el desfalco de seis millones de euros en la empresa pública Mercalicante. El agujero se descubrió en 2002, con Díaz Alperi al frente del consejo de administración de la entidad.
Luis Díaz Alperi
Juan Montero, magistrado instructor de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ, dictó el auto de sobreseimiento parcial de Alperi de la causa el jueves, justo una semana después de que el alto tribunal se declarara competente para investigar los hechos, dada la condición de aforado del ex alcalde.
El magistrado sólo ha necesitado de ese lapso de tiempo (siete días) para pronunciarse sobre un sumario que, según recoge su propio auto, cuenta con "10.866 folios, en las diligencias previas y con seis [no cuatro] cajas de documentación y una maleta".
La celeridad del magistrado del TSJ contrasta, en cambio, con el cansino ritmo de la instrucción de las diligencias que dirigió la titular del juzgado número de 1 de Alicante, Cristina Costa. La juez instruyó el sumario desde septiembre de 2002, cuando se arrestó al principal acusado, el ex gerente de Mercalicante, José Emilio Clavero, hasta noviembre de 2008, cuando remitió la causa al TSJ por el aforamiento de Alperi.
La juez y el fiscal, el titular de Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, coincidieron en imputar a Alperi por los delitos societarios y de malversación de caudales. El TSJ, por el contrario, no haya "indicios" de esos delitos en la actuación del ex alcalde.En al auto de sobreseimiento de Díaz Alperi del desfalco de Mercalicante, el magistrado Montero, aparte de señalar los argumentos jurídicos de la exculpación, analiza el proceso de la instrucción para concluir que se ha "producido una dilación indebida", que imputa a la juez y las acusaciones, especialmente al fiscal anticorrupción.
El magistrado descarta el delito de malversación de fondos "porque no hay una verdadera imputación". Y respecto al delito societario, Montero señala que "Díaz Alperi sólo podrá ser cooperador necesario si actúa también dolosamente, no si actuaba imprudentemente". Para el magistrado, esa condición de dolo no se produjo: "No existe ni siquiera un elemento desde el que poder llegar a la conclusión de que todos los integrantes de la comisión ejecutiva (pero ninguno del consejo de administración) estaban conjurados para poder realizar conjunta y dolosamente actos que puedan incluirse en la noción de cooperación necesaria en el delito societario", recoge el auto.
El razonamiento de Montero contrasta con la exposición razonada del auto de la juez mediante el que trasladó el caso al TSJ. En ese escrito la magistrada señalaba que Alperi estaba al tanto del uso indebido de fondos (préstamos por 1,2 millones de euros) de la empresa. "Ese destino de los fondos para fines distintos de los de Mercalicante, y amparados en la supuesta necesidad de obtener los préstamos para financiar las obras y demás proyectos expansivos, no pudieron ser desconocidos por quienes autorizaron la suscripción, ya fuera por el actual aforado o el vicepresidente segundo [el edil del PP Juan Zaragoza] que estampó su firma en los préstamos y que derivaron en pérdidas".
Mientras, el fiscal Felipe Briones, en su informe de competencia, aseguraba que la comisión ejecutiva de Mercalicante, también presidida por Alperi, "se convirtió en el instrumento que generó gran parte de las irregularidades y propició un ambiente de descontrol". Para Briones, la comisión acabó convirtiéndose en una "administración paralela que realizó una actuación opaca frente al consejo".
El magistrado aprovecha la primera parte del apartado de razonamientos jurídicos para analizar el desarrollo de las diligencias en el juzgado. Montero concluye que durante ese proceso se ha vulnerado el derecho de los imputados a "proceso sin dilaciones indebidas". "La vulneración aumentaría, sin duda y además de modo inútil, si se actuara como se pretende por las acusaciones populares y, especialmente por el ministerio fiscal, para los cuales estamos todavía ante una instrucción inacabada que necesita ser completada", expone Montero. El magistrado apela la coherencia de las partes y suelta un nuevo aldabonazo a Briones: "La instrucción ha estado paralizada, sin realizar acto alguno de investigación durante meses, bien porque el titular del juzgado no las ha acordado, bien porque las partes acusadoras, incluido el fiscal, no las ha pedido. Especialmente el fiscal, que ha permanecido durante meses y meses inactivo".
La Fiscalía de Alicante rechazó responder al auto. "Lo estudiaremos, antes de decidir si lo recurrimos", dijo lacónicamente Juan Carlos López Coig, teniente fiscal.
Quienes sí se han pronunciado ya sobre el auto han sido las acusaciones populares que ejercen el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Alicante y José Luis Valdés, dirigente del movimiento vecinal que presentó la primera denuncia en los juzgados tras conocerse el desfalco. Ambas partes han anunciado que recurrirán la exculpación de Alperi.
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El Poder Judicial desautoriza a De Rosa por decir que Garzón prevaricaría si no se inhibe
R. Laguna/E. Press, Valencia
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desautorizó ayer a su vicepresidente, Fernando de Rosa, tras declarar en un programa de Canal 9 que el juez Baltasar Garzón podría haber incurrido en prevaricación tras revelarse el nombre del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, como posible imputado en la Operación Gürtel que investiga la Audiencia Nacional. El vicepresidente del Consejo y ex conseller de Justicia en el Gobierno Valenciano explicó que el juez Garzón debería inhibirse en el Tribunal Superior de Justicia si está investigando a una persona aforada, ya que no es de su competencia. La portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, convocó ayer tarde a los medios para manifestar en representación del Poder Judicial que "las declaraciones del vicepresidente Fernando de Rosa han sido realizadas a título particular y no representan la opinión del Consejo". Bravo no quiso entrar en el contenido de las declaraciones realizadas ayer por la mañana en el programa La Tertulia, de Canal 9. Preguntado por si el CGPJ puede intervenir para solucionar esta situación, De Rosa subrayó que en el ámbito jurídico, el juez es "independiente y tiene el apoyo de la Constitución para instruir", aunque "una vez sepamos el trabajo realizado por el juez, veremos si hay errores y hay mecanismos sancionadores". Ante una posible actuación del Consejo apuntada por De Rosa, la portavoz insistió en que la finalidad de su comparecencia "es aclarar que es el vicepresidente quien habla y no el Consejo". Durante la entrevista, Fernando de Rosa aseguró que, si en la presunta trama de corrupción que investiga el juez Garzón dentro de la Operación Gürtel existe alguna persona aforada y el magistrado no se inhibe a favor de los Tribunales Superiores de Justicia correspondientes, "podríamos estar pasando una línea roja muy importante, que es la prevaricación".
Críticas y valoración
Preguntada sobre si cabría una reprobación a Fernando de Rosa o a los representantes de las instituciones del PP que están emitiendo críticas a la labor de Garzón, la portavoz reiteró que "se adoptará una valoración por los órganos del Consejo. Y añadió que, "respecto a si ésta u otras declaraciones pueden alterar la independencia de Garzón, se adoptará una decisión".
Ante estas palabras, Gabriela Bravo indicó que "el CGPJ, como órgano institucional, va a velar siempre por la independencia de los jueces". En este sentido, realizó "un llamamiento genérico a todos para que se respete siempre".En Canal 9, De Rosa explicó que "al presidente de la Generalitat solamente lo puede investigar el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana".
Hay que recordar que fue precisamente el actual presidente de la Generalitat, Francisco Camps, quien nombró conseller de Justicia y Administraciones Públicas a Fernando de Rosa y, anteriormente, secretario autonómico en la misma conselleria.
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