dilluns, 16 de febrer del 2009

PP Vice. 16/02/2009.

Peridis
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Orange Market operaba con empresas subcontratadas en los grandes eventos

Vía Cultural participó en el macroconcierto "Night of the Proms" de 2007, organizado por Álvaro Pérez. La firma montó recitales en la Volvo, la Fórmula 1 y el escenario de la visita del Papa
J. L. G., Valencia
La empresa Orange Market, marca valenciana de la presunta trama de corrupción investigada por el juez Baltasar Garzón en varias autonomías, realizaba sus eventos en la Comunitat Valenciana a través de varias empresas, en las que se apoyaba para obtener el suministro de material técnico, por un lado, y el personal para el montaje de las producciones, por otro.
Se trata de firmas de confianza, aunque sin ninguna vinculación aparente con Orange Market más allá de la relación comercial, que en la práctica ejecutarían los montajes de los eventos encargados a Álvaro Pérez, detenido a los pocos días de destaparse la presunta trama y puesto en libertad. Y es que, según los datos que figuran en el registro mercantil correspondientes a 2006, Orange Market contaba con solo cinco empleados en aquellos momentos. Así, Orange realizaría esta especie de subcontratación.
Una de las empresas que supuestamente participaba en los actos que organizó Orange Market es Vía Cultural, según ha sabido Levante-EMV de fuentes conocedoras de las contrataciones. Esta empresa con sede en Valencia tiene en su objeto social la organización por cuenta de terceros de congresos, exposiciones, actos sociales y toda clase de eventos culturales, musicales, deportivos, de ocio y recreo.
Vía Cultural, según la relación de trabajos que figura en su propia página web, trabajó el año 2007 en el concierto Night of the Proms. Este festival, celebrado en el Velódromo Luis Puig de Valencia, estuvo organizado por Álvaro Pérez, presidente de Orange, que compró los derechos de la primera gira por España de este macroconcierto, como ya informó este periódico.
Además, Vía Cultural estuvo presente en el congreso del Partido Popular de 2008 en Feria Valencia, aunque la información de la empresa no especifica si se trató del cónclave nacional o del regional, celebrados con unos meses de diferencia. Orange Market ha sido en los últimos años la empresa de cabecera del PP para la organización de mítines, congresos y todo tipo de eventos. El último congreso regional también contó con su organización. Consultadas por su relación con Orange Market, fuentes de la dirección de Vía Cultural declinaron hacer valoraciones aunque no negaron la relación con la firma de Álvaro Pérez.
Vía Cultural se presenta en su web con "una experiencia que abarca más de 400 eventos anuales". Sus trabajos han coincidido en ocasiones en el espacio y en el tiempo con los intereses de Orange Market. En el marco de la salida de la regata Volvo Ocean's Race desde Alicante, por ejemplo, Orange recibió 445.000 euros de Presidencia de la Generalitat por el evento de inauguración del Village del Puerto de Alicante. En el mismo contexto, Vía Cultural realizó trabajos en la organización de conciertos de la Volvo.
Precisamente, entre los trabajos realizados en las últimos años destaca la gran cantidad de conciertos realizados por esta empresa. También participó en el concierto de la Fórmula 1 organizado en Valencia. Igualmente, Vía Cultural participó en el montaje de las gradas para la presentación del coche Fórmula 1 de Mc Laren Mercedes en la Ciudad de las Artes y las Ciencias en 2007.
La misma empresa estuvo presente en la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia. Concretamente, participó en el montaje de las gradas y el escenario del Encuentro Mundial de las Familias 2006 (Cacsa, Valencia), según la información de la propia empresa. Recientemente, Vía Cultural ha participado en conciertos en el Palau de la Música, festivales musicales en la Ciudad de las Ciencias o espectáculos teatrales en varios escenarios valencianos.
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Una firma de Ulibarri ejecuta un PAI que no tiene depositado el aval obligatorio por ley
Rajoy: "La cacería es una muestra de la degeneración democrática"
Otro Pérez Alonso al frente de Vip Eventos y Producciones
Barreda cree que la cacería "no ha sido conveniente" y ha dado pie al PP a "agarrase a un clavo ardiendo"
Rambla ciñe el trato con Orange Market a Fitur, la Volvo "y dos o tres pequeñas relaciones"
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La trama corrupta logró contratos de AENA con el Gobierno de Aznar

La entidad pagó a una firma de Correa 350.000 euros en 2001 y 2002.- Álvarez Cascos admite conocer al jefe de la red pero niega que hubiera irregularidades

MÓNICA C. BELAZA - Madrid - 16/02/2009

Una de las empresas de la trama corrupta ligada a cargos del Partido Popular que investiga el juez Baltasar Garzón fue contratada al menos en cuatro ocasiones por la entidad pública AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea), adscrita al Ministerio de Fomento, a lo largo de 2001 y 2002 -durante el segundo Gobierno de José María Aznar-. El ministro del ramo en ese momento era Francisco Álvarez-Cascos. El monto de las cantidades entregadas a la sociedad, Technology Management Consulting (TCM), fue de más de 350.000 euros.

No es la primera vez que aparece algún tipo de vínculo entre Francisco Correa, cabecilla de la trama corrupta y en prisión preventiva desde el pasado 12 de febrero, y altos cargos de gobiernos del Partido Popular. En una de las grabaciones que obran en poder del juez Garzón, Correa da a entender que dio 1.000 millones de pesetas a Luis Bárcenas, actual tesorero del PP, por adjudicarle obras durante la época como ministro de Álvarez-Cascos, de quién Bárcenas era estrecho colaborador.

Álvarez-Cascos afirmó ayer a EL PAÍS que no tiene "nada que ver" con ningún contrato entre las empresas de Correa y AENA. "Si se cometió alguna irregularidad, lo que a mí desde luego no me consta, se hizo sin mi consentimiento. Pero también hay que tener en cuenta que el señor Correa tenía una reputación como proveedor en el año 2000 que ahora evidentemente no tiene. Mucha gente contrataba con él de buena fe". El ex ministro contrastó ayer con algunos colaboradores la existencia de los contratos entre TCM y AENA, que él no recordaba, y confirmó finalmente las cuatro adjudicaciones. "Todo se hizo siguiendo los procedimientos establecidos en la ley, los que deben cumplir las administraciones públicas para poder contratar. La empresa de Correa ganó la adjudicación por ser la mejor oferta presentada, creo, probablemente la más barata. Nadie tenía en ese momento ninguna suspicacia hacia esta empresa. En cualquier caso y aunque me extrañaría que hubiera irregularidades, si las hubo yo no tuve nada que ver con esos contratos. Ni siquiera me enteré de ellos en su día porque eran temas como organizar la participación de AENA en algunas ferias internacionales".

Álvarez-Cascos niega haber beneficiado en ningún momento al cabecilla de la trama corrupta, Francisco Correa, ni tener relación alguna con él. "Algunos medios han llegado a decir incluso que yo lo apadriné dentro del PP, pero eso es rigurosamente falso. Le conocí ya como proveedor de viajes y de actos para el PP cuando yo era secretario general del partido, así que no pude ser yo quien le acercó al PP", señala el ex ministro. "Compré en su agencia de viajes algo así como tres viajes. Pero, repito, cuando yo le conocí ya era proveedor del partido. Todo esto es perfectamente contrastable a través de las fechas de mis viajes y el inicio de los trabajos de Correa para el PP".

A través de contactos y supuestos sobornos a políticos, Francisco Correa tejió presuntamente a lo largo de más de una década una red de empresas inversoras, inmobiliarias y de gestión de las que se servía para enriquecerse a través de adjudicaciones de suelo, recalificaciones urbanísticas y concesión de contratos con distintas administraciones públicas a las que habría pagado para lograr un trato de favor. El juez Garzón está investigando distintos casos relacionados con la Comunidad de Madrid, la Generalitat Valenciana y numerosos municipios gobernados por el PP.
Uno de los lugares en los que las empresas de Correa obtuvieron un buen número de contratos fue Majadahonda (Madrid). Y para lograr una adjudicación en este municipio, la empresa TCM entregó al Ayuntamiento -gobernado por el PP- una documentación en la que los representantes de la empresa hacían constar los negocios que habían mantenido durante 2001 y 2002 con AENA.

La mujer de Correa, María del Carmen Rodríguez, trabajaba como asesora del entonces alcalde Guillermo Ortega (imputado también por Garzón) cuando TCM concursó y obtuvo la adjudicación de la concesión para montar la Oficina de Atención al Ciudadano del municipio. La operación suponía más de medio millón de euros al año y la adjudicación se produjo a pesar de que el secretario general de la Mesa de Contratación había insistido en que TCM no había concretado los servicios que se iban a prestar en la oficina y que el contrato no tenía un objeto claro. Sobre estos hechos, el Grupo Socialista de Majadahonda presentó en mayo de 2003 una denuncia ante el Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Manuel Moix. La Fiscalía remitió la denuncia a los juzgados de Majadahonda, pero el caso fue archivado.

Entre los papeles que TCM presentó al Ayuntamiento de Majadahonda en ese momento para acreditar su solvencia e historial empresarial -localizados gracias a una investigación del PSOE local- aparecen un par de documentos que acreditan que la sociedad había contratado con AENA en cuatro ocasiones a lo largo de 2001 y 2002.

Por un lado, hay una declaración de dos representantes de TCM, Pablo Crespo Sabaris -ex secretario de organización del PP en Galicia (hasta 1999), presunto segundo de la trama corrupta, en prisión preventiva e imputado por asociación ilícita, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad y defraudación fiscal- y el también imputado José Luis Izquierdo. En este escrito, Crespo e Izquierdo detallan "bajo su solvencia y honor personal" los principales servicios realizados entre 1999 y 2002 por TCM a distintas empresas y organismos, uno de los cuales resulta ser AENA.

Por otro lado, aparece también en el expediente administrativo la declaración tributaria de TCM relativa a las operaciones con terceras personas durante el ejercicio fiscal de 2001. En este documento declaran haber recibido de AENA 111.547 euros a lo largo de ese año. Hay una discordancia entre la cantidad de 2001 que los representantes declaran en su documento privado y en la declaración tributaria. Crespo e Izquierdo dicen que durante 2001 sólo hicieron un servicio a AENA por valor de 12 millones de pesetas (77.000 euros) mientras que en su declaración tributaria dicen haber recibido de AENA durante ese ejercicio fiscal 111.000 euros. La diferencia podría deberse a alguna deuda anterior de AENA con TCM que se pagó en 2001, lo que implicaría que existió otro contrato más, probablemente en el año 2000.

La relación entre AENA y TCM entre 2001 y 2002

Dos documentos acreditan los vínculos entre la empresa pública Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) y Tecnology Management Consulting, firma ligada a la trama corrupta.

- Declaración tributaria. En la declaración de operaciones con terceros de TCM relativa al ejercicio fiscal de 2001 aparece una operación con AENA por valor de 111.547 euros, un tercio del importe total de las operaciones de la empresa en ese año.

- Declaración de Pablo Crespo Sabaris y José Luis Izquierdo. Como representantes de TCM, Crespo (en prisión preventiva) e Izquierdo (imputado) firman una carta el 23 de enero de 2003 para presentar en un concurso público en la que describen los principales servicios realizados de 1999 a 2002 a otras empresas. Los cuatro contratos con AENA (como figura en uno de los documentos reproducidos, de nueve páginas, del que se extractan las líneas con los contratos con la entidad pública) son:

Marzo de 2001. Organización, montaje y desmontaje del stand de AENA en la feria ITB de Berlín. Importe de facturación: 12.876.000 pesetas (77.386,32 euros).
Febrero de 2002. Asistencia Técnica para la participación de AENA en la Feria de Maastricht. Importe: 89.237,64 euros.

Febrero de 2002. Segundas jornadas por Excelencia en AENA y entrega de premios. Importe: 60.013,48 euros.

Marzo de 2002. Asistencia Técnica para la participación de AENA en la Feria de Berlín. Importe: 98.998,72 euros.
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Cospedal anuncia los expedientes informativos cuatro días después de que Güemes afirmara lo contrario
Cospedal enmienda a Güemes y abre expediente a los imputados del PP

El PSM pedirá la reprobación de López Viejo si no entrega el acta de diputado en una semana

AGENCIAS - Madrid - 16/02/2009

María Dolores de Cospedal ha enmendado la plana hoy al PP de Madrid al afirmar, en contra de lo dicho el jueves pasado por el consejero de Sanidad y secretario de Comunicación de los populares madrileños, Juan José Güemes, que el PP sí va a expedientar a los dos imputados en la trama de corrupción y tráfico de influencias: el dimitido alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, que se ha quedado como concejal y como presidente del PP local, y el ex alcalde de Majadahonda y ex presidente del Mercado Puerta de Toledo, Guillermo Ortega. "Vamos a abrir expediente informativo a las personas imputadas en esta causa", ha anunciado De Cospedal.

Agag y sus amigos implicados
Aguirre sacrifica a dos cargos de Madrid ante el alud de sospechas
El juez Garzón investiga sobornos a tres cargos del PP de Madrid
Correa afirma que López Viejo carga a la Comunidad de Madrid gastos del PP
El Partido Popular no expedienta a los implicados en la trama
Aguirre investiga contratos sin pagar a la red
Empresas tapadera para contratar en Madrid
El Partido Popular no expedienta a los implicados en la trama
López Viejo y un cargo valenciano, aforados investigados por Garzón

Juan José Güemes
Maria Dolores De Cospedal García

Güemes cerró filas el jueves y dijo que el PP de Madrid no abriría expediente, "de momento" a ninguno de los miembros del partido que están imputados en la operación Gürtel (correa en alemán) lanzada por el juez Baltasar Garzón y que han dimitido, uno, Ortega, de manera fulminante nada más conocerse la trama y otro, González Panero, tres días después y en medio de fuertes presiones, amagos y anuncios. Cuatro días después, la secretaria general del PP ha confirmado que el Comité de Derechos y Garantias de su partido les ha abierto expediente informativo. En una rueda de prensa en la sede nacional del PP, tras la reunión del Comité de Dirección del partido, De Cospedal ha aclarado, eso sí, que no se ha abierto expediente informativo al ex consejero de la Comundiad de Madrid, Alberto López Viejo, dado que no está imputado. López Viejo presentó su renuncia por este escándalo y es uno de los principales sospechosos de percepción de sobornos.

El PP se aferra a la cacería
En cuanto a su ofensiva contra la Justicia y el ministro Mariano Fernández Bermejo, Cospedal ha anunciado una batería de preguntas parlamentarias sobre la cacería en la que participaron el juez Garzón y el responsable de Justicia. En esa bateria de preguntas, el PP pide explicaciones por la presencia en esa monteria del comisario de Policía Judicial que, a su juicio, tiene una "curiosa" trayectoria, en la que aparece el caso Roldan y los papeles de Laos.

Por otro lado, el grupo socialista de la Asamblea de Madrid promoverá la reprobación en la cámara de Alberto López Viejo si en una semana no devuelve su acta de diputado autonómico. Lo ha anunciado esta mañana el secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM-PSOE), Tomás Gómez, quien ha subrayado: "Hay que tener mucha cara para seguir sentándose en el Parlamento autonómico ante indicios tan fundados de cobros de comisiones y delitos tipificados en el código penal". Aunque ya no es consejero, el popular sigue ostentando su cargo como diputado autonómico, una condición que le permite ser aforado ante un proceso judicial y, por tanto, ser investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, competente para dirimir posibles responsabilidades penales de altos cargos autonómicos.

En una reunión de la ejecutiva regional del PSM, Gómez ha considerado "evidente que hay indicios más que fundados de que López Viejo ha incurrido en un acto delictivo" y ha argumentado que "alguien que es indigno para ser consejero del Gobierno de la Comunidad de Madrid es indigno también para ser diputado autonómico". El mismo argumento lo aplican al dimitido alcalde de Boadilla de Monte, Arturo González Panero, al que piden que entregue su acta de concejal. González Panero, además de edil, sigue siendo presidente del PP local. Gómez también ha considerado "increíble" e "inadmisible" que el PP "no haya abierto ningún expediente informativo" a López Viejo y ha insistido en que Esperanza Aguirre tiene que "contar lo que sabe a los ciudadanos".

Aguirre: "Ya ha dimitido"
Según viene publicando este diario, el presunto cabecilla, Francisco Correa, llega a manejar varios millones de deuda de la comunidad madrileña con las firmas de su trama, en su mayoría a partir de contratos presuntamente logrados con la mediación irregular de López-Viejo. Correa lo retrataba así en las grabaciones: "Alberto se lleva una parte de cada acto que se hacía, aquí un kilo, aquí medio". Incluso proclamaba en una charla que el consejero de Aguirre le indicaba cómo debía fraccionar el contrato y utilizar una empresa blanca, fuera de toda sospecha, para cobrarle al Gobierno de Madrid sin levantar sospechas. La finalidad, según Correa, de tales contratos del Gobierno de Aguirre en favor de su red era financiar actos electorales del PP de Madrid, algo que niegan tajantemente altos cargos de la dirección nacional del PP. El juez Garzón está investigando a varios aforados, entre ellos a López-Viejo. Garzón tiene que dirimir en los próximos días si remite los datos que tiene contra los aforados a los tribunales competentes.

Preguntada hoy en un acto por este asunto, Esperanza Aguirre ha afirmado que López Viejo "ya ha dimitido". Por su parte, Güemes ha asegurado que "si hay algún dirigente o militante que no ha estado a la altura de lo que se espera de un militante del PP, naturalmente que hay que depurar todas las responsabilidades, tanto en el ámbito judicial como político". Al ser preguntado por si el PP apoyaría la reprobación del ex consejero, Güemes ha insistido en que él es el primer interesado "en que se depuren todas las responsabilidades que sean necesarias".
Luis de Miguel formó parte de media docena de empresas de la trama

ADOLF BELTRAN - Valencia - 16/02/2009

El desmantelamiento de la trama de corrupción vinculada al Partido Popular, que ha llevado a la cárcel a tres personas y en la que están imputadas al menos otras 34, se originó hace cinco años cuando el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón abrió una investigación por supuesto blanqueo de dinero al abogado Luis de Miguel Pérez.

Este abogado, ahora imputado en la causa, fue quien constituyó en 2003 en Algemesí la empresa Orange Market, cuyo presidente y cabeza visible, Álvaro Pérez Alonso, ha sido detenido y puesto en libertad con cargos de blanqueo, tráfico de influencias y cohecho mientras todos sus socios eran también imputados por el juez.

El fundador de Orange Market, miembro de los consejos de más de medio centenar de sociedades, dirige un bufete en Madrid (De Miguel y Abogados Asociados) especializado en el asesoramiento financiero y empresarial y ha formado parte de los consejos de media docena de las empresas de la trama de corrupción supuestamente dirigida por el detenido Francisco Correa. Se trata de Pasadena Viajes, Special Events, Technology Consulting Management, Caroki, Easy Concept y Orange Market. En tres de ellas fue durante un tiempo administrador único. Es el caso de Orange Market, donde fue sustituido en enero de 2006 por Francisco Javier Pérez Alonso, quien ejerció de administrador único de la empresa valenciana hasta el pasado mes octubre. Mientras desempeñaba la función de administrador único de Orange Market, De Miguel lo era a su vez de Caroki y de Easy Concept, sociedades controladas por Pablo Crespo, ex secretario de organización del PP de Galicia e ingresado en prisión preventiva. Garzón sospecha que Easy Concept inflaba costes en los encargos de administraciones gobernadas por el PP a otras firmas tapadera.La presencia de Luis de Miguel Pérez en el origen de la investigación del juez Baltasar Garzón, -reactivada tras la entrega a la fiscalía, en noviembre de 2007, de 18 horas de grabaciones por parte de un ex concejal del PP madrileño-, y su vinculación a algunas de las sociedades más destacadas de la trama corrupta sitúan a Orange Market en el núcleo de la red que lideraba Correa.

De esta manera, la empresa que ahora preside Álvaro Pérez Alonso, la cara visible de Orange Market en Valencia desde hace años, no es una pieza vinculada a la trama tangencialmente, como tampoco son tangenciales sus contactos con el poder político. Amigo de varios de los principales dirigentes del PP valenciano, formación política con la que se ha relacionado de forma casi exclusiva, bien para organizar los actos públicos y electorales o bien a través de los encargos de las instituciones donde gobierna el partido, como la misma Generalitat, Álvaro Pérez Alonso interviene en varias de las grabaciones en las que se ha basado el juez Garzón para actuar contra la trama de corrupción.

Como recoge en el auto por el que envió a prisión a tres de los supuestos integrantes de la red, el juez de la Audiencia Nacional precipitó las detenciones el pasado día 6 de febrero después de recibir una alerta policial de que algunos de los sospechosos podían intentar la fuga de territorio español. Ese mismo viernes ejecutó, entre otros, el registro de la Agencia Valenciana de Turismo, en busca del expediente sobre la adjudicación a Orange Market del pabellón valenciano en el certamen turístico Fitur, que conseguía por quinto año consecutivo, y de las propias dependencias de la empresa en Valencia.

Tras la detención de Álvaro Pérez, Garzón imputó a todos los miembros actuales del consejo de Orange Market y a los que habían formado parte anteriormente de él. Entre esos socios figura José Ramón Blanco Balín, considerado uno de los principales implicados e imputado por presuntos delitos de fraude fiscal, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Sin embargo, Blanco Balín, desde cuyo despacho en Madrid se gestionaron empresas de la trama de corrupción vinculadas a Pablo Crespo, abandonó el consejo de administración de Orange Market cuatro días antes de la intervención judicial.

Según los datos que constan en el registro mercantil, Ramón Blanco Balín fue sustituido el pasado 2 de febrero como secretario del consejo de administración por Nuria Pérez Alonso, hermana del presidente y cabeza visible de Orange Market, Álvaro Pérez Alonso. Ese mismo día, la sociedad cambió oficialmente su domicilio social de su antigua dirección en la calle de Conde Salvatierra, en Valencia, a la que efectivamente ocupan sus oficinas, en el número 18 de la calle de Colón.
En ese mismo domicilio, Orange Market registró hace tres meses, el 19 de noviembre del año pasado, una filial, Orange Factory, SL, cuyo administrador único es el consejero delegado de la empresa matriz, Cándido Herrero Martínez, también imputado por Garzón.
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Las empresas de la trama de Correa crearon una red de facturas falsas para defraudar a Hacienda

Según consta en las grabaciones que tiene Garzón, las sociedades cruzaban facturas con terceras empresas por servicios no realizados
Según consta en las grabaciones que tiene Garzón, las sociedades cruzaban facturas con terceras empresas por servicios no realizados

MARIELA RUBIO/CADENA SER 16-02-2009

Según el testimonio de una de las imputadas, recogido en las grabaciones que obran en poder del juez Garzón y a cuya transcripción ha tenido acceso la SER, cuatro de las sociedades de la trama corrupta crearon una red de facturas falsas organizada a través de una asesoría fiscal que servía de intermediaria entre las empresas de la trama (vinculadas a Correa) y terceras empresas.

Una de estas sociedades recibió 70.000 euros del Gobierno de Aguirre hace apenas diez semanas
El método consistía en cruzar facturas por servicios no realizados y así conseguir beneficios fiscales y desgravaciones en las declaraciones del Impuesto de Sociedades y en el IVA. "Todo por recomendación de Pablo crespo, (ex secretario de organización del PP en Galicia) que era el hombre en la sombra" asegura la imputada en las grabaciones.

Las cuatro empresas de la trama que habrían colaborado en esta red de facturas falsas son, según la documentación que baraja Garzón : Easy Concept Comunicación, Good and Better, Diseño Asimétrico y Servi Madrid. Según la imputada estas son "empresas con contratos muy interesantes, muy golosos (...) con mucha rentabilidad, tienen costes pero hay mucha facturación, y hay mucho beneficio real entonces se hicieron una serie de facturas falsas, facturas que no son reales"

El asunto iba mucho mas allá de cruzar facturas dentro de las empresas vinculadas a la trama "no era entre nosotros , era peor (...) eran empresas ajenas a nosotros y todo a través de la asesoría" se asegura en las grabaciones en poder de Garzón

La labor de la asesoría fiscal que contrató Pablo Crespo (ex secretario de organización del PP en Galicia) era captar a terceras empresas, ajenas a las vinculadas a Correa, para utilizarlas en la emisión y recepción de las facturas falsas.

Las revelaciones contenidas en estas grabaciones son una pieza clave en la investigación impulsada por Garzón. Del contenido de las mismas, así como de las investigaciones todavía en marcha depende que la concurrencia de delito fiscal sea probada, al margen del resto
imputaciones impulsadas por el magistrado de la Audiencia Nacional entre las que se encuentran el tráfico de influencias, el cohecho y el blanqueo de capitales.

Una de estas sociedades recibió 70.000 euros del Gobierno de Aguirre hace apenas diez semanas
Otra novedad que les adelanta la SER. El Gobierno de Esperanza Aguirre adjudicó hace sólo tres meses uno de los últimos contratos uno de los últimos contratos a una de estas empresas del grupo de Correa. Fue un contrato a dedo de 70.000 euros.

Diseño Asimétrico SL, una de las empresas de la trama fue contratada por la Comunidad de Madrid el pasado 2 de diciembre. El contrato fue negociado y sin publicidad y adjudicado a esta empresa vinculada a Correa, por la consejería de Inmigración que dirige Javier Fernandez-Lasquetty. El objeto del mismo era el montaje del Stand institucional de la Consejería en la feria "Intregra Madrid" que tuvo lugar tres días después, el 5 de diciembre, en Ifema.

A la empresa se le encargó también un informe sobre la ejecución de la feria y un reportaje fotográfico. Por todo ello, el gobierno de Esperanza Aguirre pago a esta empresa 69.020 euros.
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Una empresa beneficiada por Ignacio González multiplicó por 17 sus ingresos

La empresa beneficiada por el número dos de Aguirre pasó de facturar 95.000 euros a 1,7 millones.
MANUEL RICO - Madrid - 15/02/2009 23:38

Uno de los métodos más seguros para que prospere un negocio, al menos en la Comunidad de Madrid, es convertirse en socio de la familia de Ignacio González. A esa conclusión se llega fácilmente comprobando la evolución de los ingresos de Tecnoconcret, empresa fundada por José Antonio Clemente. En 2005, antes de que Clemente se convirtiera en socio del hermano y del cuñado del vicepresidente , la empresa facturó 95.336 euros; un año después, cuando se asoció a la familia González, la cifra de negocio se disparó hasta 1,4 millones. Y en 2007, último ejercicio que consta en el Registro Mercantil, superó los 1,7 millones. Es decir, en dos años, los ingresos de Tecnoconcret crecieron un 1.686%. O, lo que es lo mismo, se multiplicaron por 17,8.

Comienzos duros
Tecnoconcret fue constituida en mayo de 2003 por José Antonio Clemente y por su esposa, con un capital de 3.010 euros. La sede social se fijó en el domicilio del matrimonio y el objeto de la compañía era “la ejecución de trabajos de ingeniería”. Los comienzos fueron duros para Clemente, un ingeniero civil español de padre venezolano: en el ejercicio de su constitución, Tecnoconcret sólo facturó 18.527 euros; en 2004, los ingresos ascendieron a 74.002 euros, y un año después se quedaron en 95.336.

Pero la suerte de Clemente cambió de forma radical en 2006. El 21 de junio de ese año, constituyó la sociedad Tamanaco 07 Consulting junto a Pablo González y José Juan Caballero, hermano y cuñado del número dos de Esperanza Aguirre. Cada uno de los socios se quedó con el 33,3% del capital de la firma, dedicada a “la promoción y explotación de instalaciones deportivas”.

Los dos familiares del vicepresidente demostraron tener gran confianza en su socio porque aceptaron que la sede social de la empresa se instalara en el domicilio particular de Clemente. Y el nombre de la compañía también parece una sugerencia de este: Tamanaco fue uno de los más famosos caciques venezolanos, que lideró durante parte del siglo XVI la resistencia contra los invasores españoles.

Llama la atención que Clemente, González y Caballero decidieran crear una compañía dedicada a promover y explotar instalaciones deportivas, no sólo porque ninguno de los socios tuviera experiencia previa en el sector, sino por el hecho de que en esas mismas fechas se comenzó a construir el campo de golf de Chamberí en terrenos del Canal de Isabel II. Y resulta que el presidente de esta empresa pública es el vicepresidente madrileño, Ignacio González.
Las obras para transformar los depósitos de agua del Canal en una zona deportiva fueron adjudicadas al Grupo ACS, que subcontrató la construcción del campo de golf con una compañía denominada Only Golf Planning and Design. Como desveló Público el pasado 6 de febrero , Clemente y Caballero aparecen como “promotores de proyectos” en dicha sociedad.

Un año inmejorable
El caso es que la facturación de Tecnoconcret se disparó en 2006 hasta 1.423.935 euros. Y el año terminó de manera inmejorable para el socio de la familia González. El 27 de diciembre, el Canal decidió adjudicar la explotación del campo de golf, por un plazo de cinco años, a un consorcio formado por tres empresas: Iridium (del grupo ACS), Soto Once y Tecnoconcret. Ignacio González beneficiaba así directamente a la empresa del socio de sus familiares.

La compañía siguió en racha durante 2007, cuando su facturación se elevó a 1,7 millones. Y al año siguiente, el 10 de noviembre de 2008, Tecnoconcret decidió ampliar su capital en 100.000 euros y facilitar la entrada a dos nuevos socios: los mismísimos Pablo González y José Juan Caballero, que pasaron a controlar entre ambos más del 60% de las acciones.

ÉXITO REPENTINO
La historia empresarial de Tecnoconcret

Fundación: 29 de mayo de 2003 // La empresa fue fundada por José Antonio Clemente, que suscribió el 75% del capital, y por su esposa, que se adjudicó el 25% de las acciones. La sede de la sociedad se fijó en el domicilio del matrimonio y su objeto social era “la realización de servicios técnicos y la ejecución de trabajos de ingeniería”. Clemente fue nombrado administrador único.
Objeto social: 5 de febrero de 2008 // La empresa amplió su objeto social para incluir “la realización de proyectos deportivos, la planificación de servicios sociales y los servicios de recogida de basura y reciclajes”, entre otros.

La familia González: 10 de noviembre de 2008 // Pablo González y José Juan Caballero, hermano y cuñado del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, se convierten en accionistas mayoritarios de la empresa. Cada uno de ellos suscribe el 31,6% de las acciones, en una ampliación de capital de 100.000 euros. Clemente retiene otro 31,6% y Fernando Serrano recibe el 5,2% de las acciones.
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Barreda cree "inoportuna" la cacería de Garzón y Bermejo
El presidente de Castilla- La Mancha argumenta que "permite al PP echar una cortina de humo sobre lo sustancial y fundamental". _

La entidad pública pagó 350.000 euros a una de las empresas de Correa
La trama de corrupción consiguió contratos con Aena, con Álvarez Cascos como ministro de Fomento

Álvarez Cascos introdujo al presunto cerebro de la trama de corrupción en el PP

“Quien mal anda, mal acaba”
Aguirre en tres semanas ya se ha quemado la mano y parece que ha caído en desgracia a causa de su protegido López Viejo

López Viejo gestionaba entonces todos los actos públicos de la presidenta, lo que ha venido haciendo hasta ahora
Los del clan de Correa también se llenaron los bolsillos con el 11-M

El líder socialista llama en Galicia a “limpiar los despachos de caciques”
Zapatero presenta al PP como un partido que “sólo tiene líos internos y problemas graves”

De Cospedal pide que se recuse a Garzón "por enemistad manifiesta y aversión al PP"
"El PSOE quiere campar a sus anchas como único gran partido nacional"

El número dos de Aguirre le adjudicó concesiones a través del Canal de Isabel II
La empresa de la familia del vicepresidente González multiplicó sus ingresos al calor de contratos con el Gobierno regional

Pablo Crespo: “Ya le he dado lo que me pedía y se ha quedado contento"
El consejero destituido de Aguirre cobró 238.000 euros en sobornos de Correa

Tomás Gómez exige a Aguirre que explique hasta dónde sabía de los asuntos de su ex consejero
El PSM pedirá a López Viejo que “entregue su acta de diputado”
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20MINUTOS.ES. 16.02.2009 - 13:45h

La cantidad total entregada a una sociedad de Correa asciende a más de 350.000 euros durante los años 2001 y 2002.

Cascos afirma que no tiene "nada que ver" con ningún contrato.
Ignacio González, segundo de Esperanza Aguirre en Madrid, ayudó a uno de sus socios a multiplicar sus ingresos un 1.686%.

Las claves de la trama de corrupción que investiga Garzón.

El Gobierno de José María Aznar, durante su segundo mandato, otorgó contratos a la trama corrupta encabezada por el empresario Francisco Correa, a través de AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea), según informa este lunes el diario El País. La cantidad total entregada a una sociedad de Correa, Technology Management Consulting (TCM), asciende a más de 350.000 euros durante los años 2001 y 2002. El organismo aéreo está adscrito al Ministerio de Fomento, que en ese momento estaba dirigido por Francisco Álvarez Cascos.

Si se cometió alguna irregularidad, se hizo sin mi consentimiento

En una entrevista publicada también por el mismo diario este domingo, el propio Álvarez Cascos afirmaba que no tiene "nada que ver" con ningún contrato entre las empresas de Correa y AENA y que nunca ha beneficiado al presunto cabecilla de la trama. "Si se cometió alguna irregularidad, lo que a mí desde luego no me consta, se hizo sin mi consentimiento. Pero también hay que tener en cuenta que el señor Correa tenía una reputación como proveedor en el año 2000 que ahora evidentemente no tiene. Mucha gente contrataba con él de buena fe", dice el ex ministro de Fomento.

Álvarez Cascos confirmó las cuatro adjudicaciones aunque en un principio no las recordaba. "Todo se hizo siguiendo los procedimientos establecidos en la ley. La empresa de Correa ganó la adjudicación por ser la mejor oferta presentada, creo, probablemente la más barata. Nadie tenía en ese momento ninguna suspicacia hacia esta empresa", explicaba.

La mencionada sociedad de Correa, TCM, informó de esos cuatro contratos con AENA en unos documentos presentados al Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid) para acreditar su solvencia e historial empresarial con el objetivo de lograr una nueva adjudicación, indica El País. También se destaca que dos colaboradores de Correa, Pablo Crespo y José Luis Izquierdo, mencionan que algunos de sus principales servicios fueron destinados a AENA.
Ignacio GonzálezPor otro lado, el diario Público informa este lunes que José Antonio Clemente un empresario relacionado con Ignacio González, número dos de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, llegó a multiplicar los ingresos de su empresa Tecnoconcret casi un 18% en dos años aprovechándose supuestamente de diversos favores desde que comenzara a tener relación con el vicepresidente madrileño.
Según el citado diario, la empresa de Clemente facturó en 2005 más de 95.000 euros y en 2007 supero los 1,7 millones en beneficios. Así, los ingresos de Tecnoconcret crecieron un 1.686%. En ese periodo de tiempo, Clemente se asoció con Pablo González y José Juan Caballero, hermano y cuñado de Ignacio González, respectivamente, para crear una empresa dedicada a “la promoción y explotación de instalaciones deportivas” y, según Público, se convirtieron en “promotores de proyectos” en la construcción del campo de golf de Chamberí en terrenos del Canal de Isabel II, empresa pública de la que Ignacio González es presidente. Más adelante, a Tecnoconcret se le adjudicó, junto a Iridium (del grupo ACS) y Soto Once, la explotación del campo de golf.
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