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El Gobierno estudia personarse en la trama corrupta ligada al PP
JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ - 18 comentarios
El Ministerio de Justicia espera que la Agencia Tributaria decida si acusa por fraude fiscal
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Valladolid favoreció a un imputado del 'caso Gürtel'
Comentarios: 33 PERE RUSIÑOL
El Ayuntamiento se apoyó en criterios subjetivos para conceder obras a empresas de Ulibarri.
El alcalde íntimo de Aznar y Ulibarri
El PP veta la investigación de las empresas de Correa
Comentarios: 10 P. R.
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León de la Riva, muy cercano a Aznar, se jactaba de su amistad con el empresario leonés
El alcalde de Valladolid dio concesiones millonarias al imputado en la trama Gürtel Ulibarri
El 57,4% cree que Gürtel tendrá costes electorales
Los votantes del PP quieren la dimisión del tesorero Bárcenas
Como en Madrid y Valencia, el Tribunal Superior de Justicia Balear tiene tintes conservadores
Jueces cercanos al PP juzgarán los casos de corrupción en Baleares
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dilluns, 13 d’abril del 2009
dijous, 19 de febrer del 2009
PP Vice. 19/02/2009. La Fiscalía implica a Camps en la trama de corrupción.
El presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps (d), en presencia -de izda a dcha- del conseller de Gobernación, Serafín Castellano; la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá; el conseller de Economía, Gerardo Camps, y el vicepresidente autonómico, Vicente Rambla, durante la declaración leída ante los periodistas que realizó esta mañana en el Palau de la Generalitat, en la que ha desmentido las informaciones que le vinculan con la investigación de una trama de corrupción por parte del juez Garzón.
EFE/Juan Carlos Cárdenas
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La Fiscalía implica a Camps en la trama de corrupción
Anticorrupción halla indicios de delito en tres diputados de Aguirre y otro cargo de Valencia
FRANCISCO MERCADO - Madrid - 19/02/2009
Francisco Camps, presidente de la Comunidad Valenciana, está implicado en la trama de corrupción masiva que durante al menos los últimos diez años ha dirigido Francisco Correa, el hombre contratado para montar los actos del Partido Popular durante el mandato de José María Aznar y que seguía encargándose de los eventos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Así se deduce del informe que la Fiscalía Anticorrupción entregó ayer al juez Baltasar Garzón.
Garzón dejará la investigación en unos días
Camps niega lazos con la trama y anuncia acciones legales
Francisco Camps Ortiz
Las grabaciones apuntaban al pago de 30.000 euros en trajes a Camps
Los sobornos abonados en Madrid suman cientos de miles de euros
En ese informe, la Fiscalía pide al juez que se inhiba en favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, dado que Camps es aforado, y de la Comunidad de Madrid, donde hay implicados tres diputados regionales del PP: Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes; Benjamín Martín Vasco, ex responsable de la empresa de suelo de Arganda del Rey (Madrid), y Alfonso Bosch, gerente de la empresa municipal de suelo de Boadilla del Monte (Madrid).
El informe de la Fiscalía cita una pequeña ramificación de la red corrupta con el pago de supuestos sobornos por los negocios facilitados desde la Comunidad Valenciana. El aforado que estaría implicado en el caso que instruye el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón es el máximo cargo del Gobierno valenciano, su presidente, el popular Francisco Camps, según fuentes de la investigación.
En las grabaciones aportadas en la denuncia sobre la trama corrupta que dirigía Francisco Correa aparece una frase de una imputada que alude al pago de 30.000 euros en trajes para el presidente valenciano, Francisco Camps. Garzón ha investigado tres facturas sobre este punto. Es la única referencia al pago de sobornos a cambio de un trato privilegiado con la Administración valenciana.
Es un "tema menor" dentro de la trama corrupta, que salpica fundamentalmente a la Comunidad de Madrid, pero que afectaría a un cargo especialmente relevante, el presidente del Ejecutivo valenciano, que ha negado cualquier implicación en los hechos.
La investigación abierta en noviembre de 2007 a raíz de la denuncia de un ex concejal del PP ha hallado indicios de que los tres parlamentarios madrileños podrían haber cobrado "cientos de miles de euros" a cambio de favorecer los negocios de Correa y de su trama empresarial.
Por eso, la Fiscalía ha remitido un informe a Garzón en el que propone la inhibición total del magistrado para que sea el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el que se encargue de la instrucción. Las implicaciones de los parlamentarios madrileños en los negocios turbios que investiga la Audiencia se explican así en la denuncia:
- Adjudicación de locales en Boadilla del Monte. Francisco Correa se ufanaba en diciembre de 2007 de la adjudicación de unos locales en Boadilla del Monte (Madrid), donde gobernaba una de las personas con las que había realizado negocios, el popular Arturo González Panero.
Correa, en una grabación aportada al sumario, consideraba que la adjudicación de los locales a un amigo suyo se había hecho "en unas condiciones muy ventajosas". El beneficiario fue José Ramón Blanco, ex consejero delegado de Repsol, colaborador de Correa y otro de los imputados.
Logró 32 locales y un aparcamiento de 180 plazas por un canon anual de 320.000 euros durante 75 años. Un negocio por el que podría ganar más de un millón de euros al año.
El gerente de la Empresa Municipal del Suelo, encargada de ese proyecto, es Alfonso Bosch, diputado regional por el PP, aludido por Correa en sus conversaciones e incluso implicado en un vídeo comprometedor donde se repartirían comisiones.
- Adjudicaciones a Martinsa. Los miembros de la red corrupta se refieren en sus conversaciones a supuestos pagos de una inmobiliaria. "Martinsa se portó conmigo; le quedaba un pago de lo de Arganda; tardó seis meses y, golpe en mesa, febrero, abril, junio jodido y mayo liquidado. Me debe aún un millón de euros...".
En otra conversación, Correa y sus colaboradores implican a un ex alto cargo de Arganda del Rey (Madrid), Benjamín Martín Vasco, ex consejero delegado de la empresa pública de suelo de Arganda del Rey, que en noviembre de 2004 adjudicó a Martinsa un desarrollo urbanístico para levantar 300 viviendas. "Le dieron su dinero. Él amenazó con hablar sobre el negocio de Arganda con Martinsa si no le daban su dinero".
Martín Vasco, diputado autonómico del PP, dimitió ayer forzado por Aguirre como presidente de la comisión que investiga el espionaje a cargos populares de Madrid. En la denuncia inicial se aludía a aumentos de edificabilidad en los planes parciales de Arganda como elemento clave para obtener plusvalías con la complicidad de miembros del consistorio.
- Contratos de la Consejería de Deportes. El ya ex consejero de Deportes de Madrid, Alberto López Viejo, adjudicó en los últimos años contratos al entramado de empresas de Correa. Por ese motivo, Esperanza Aguirre decidió atajar el escándalo destituyéndole. La Comunidad contrató cerca de ocho millones con la trama, de los que cinco corresponden a la Consejería de Deportes y están pendientes de pago.
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Camps niega lazos con la trama y anuncia acciones legales
El presidente de la Generalitat valenciana niega estar vinculado a la trama de Correa y amenaza con acciones legales
ELPAÍS.com - Madrid - 19/02/2009
Arropado por la cúpula de su Gobierno y Rita Barberá, alcaldesa de Valencia, en una breve intervención, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps ha negado la mayor (audio de la SER) y ha rechazado estar implicado en la trama de corrupción que salpica al PP, como recoge el informe que la Fiscalía Anticorrupción entregó ayer al juez instructor de la causa, Baltasar Garzón. Según publica hoy EL PAÍS, el presidente valenciano sería uno de los aforados que investiga el magistrado de la Audiencia Nacional en el contexto de la operación Gürtel. El presidente valenciano ha anunciado que emprenderá "todas las acciones legales en defensa del honor del PP" y de su cargo en la Comunidad Valenciana.
La fiscalía implica al presidente valenciano, Francisco Camps, en la trama corrupta
La desconfianza se instala en el PP tras los últimos escándalos
La comparecencia del presidente valenciano, Francisco Camps, tras conocer su implicación en la trama de corrupción del PP (19/2/2009)
AUDIO - Cadena Ser - 19-02-2009
El fiscal aporta una grabación en la que alude a un pago de 30.000 euros en trajes para el presidente valenciano -
Tras conocer la información, que el propio Camps ha dicho fue a las seis de la mañana, el jefe del Ejecutivo valenciano ha ofrecido una rueda de prensa en la que, de forma inusual, ha leído su intervención. "Ayer un concejal, hoy un alcalde, mañana, el presidente de una Comunidad Autónoma" ha manifestado Camps versionando -ha añadido- al escritor alemán Bertolt Brecht. Con tono de recital y defensa, el presidente valenciano ha recordado el "daño irreparable" sufrido por los compañeros de partido que fueron imputados en alguna causa más tarde sobreseída. "Esto parece -ha afirmado Camps- un proceso abierto a todo un partido".
"Proceso mediático sin garantías"
Camps ha anunciado que pediría la "comparecencia" de todos los funcionarios, empresarios o alcaldes con los que ha trabajado en cada una de sus etapas para que informen si alguna vez pidió contraprestación. El presidente de la Generalitat, ya en clave interna, ha defendido que desde el principio de la causa "se ha buscado la división, la incertidumbre y el ataque entre los miembros" del PP. "Pido tranquilidad y paciencia a los compañeros", ha dicho el presidente del PP valenciano quien ha confiado en que saldrán más "fortalecidos" de esta "amarga experiencia" y ha hecho gala de las últimas encuestas en la comunidad que ofrecen mayor distancia entre los populares y socialistas valencianos.
Como es norma en las intervenciones de los miembros del PP en torno a la causa abierta por la trama de corrupción, Camps se ha referido también a la publicación de las informaciones por los medios de comunicación. "Ninguna [de las informaciones] se ha sostenido más de 24 horas" ha mantenido el presidente regional quien además ha denunciado vivir un "proceso mediático sin garantías".
Ya en la sesión de control parlamentario, el presidente valenciano ha anunciado que todos sus consejeros acudirán a las Cortes Valencianas para explicar los contratos que firman con las empresas. Los socialistas valencianos han solicitado en el pleno la dimisión del consejero de Gobernación, Serafín Castellano, por la adjudicación de concursos y obras a dedo a la empresa Construcciones Taroncher y Asociados, S.L., con la que él y sus esposas tienen vinculaciones personales, según publicó este diario.
30.000 euros en trajes para Camps
El informe de la Fiscalía, desde ayer en manos del juez Garzón, cita una ramificación de la red corrupta con el pago de supuestos sobornos por los negocios facilitados desde la Comunidad Valenciana, informa Francisco Mercado. En las grabaciones aportadas en la denuncia sobre la trama corrupta que dirigía Francisco Correa aparece una frase de una imputada que alude al pago de 30.000 euros en trajes para el presidente valenciano. Garzón ha investigado tres facturas sobre este punto. Es la única referencia al pago de sobornos a cambio de un trato privilegiado con la Administración valenciana.
El escrito del fiscal solicita a Garzón que se inhiba en favor de los tribunales superiores de Madrid y Valencia en la totalidad de la investigación debido a la condición de aforados (diputados y cargos autonómicos) de los investigados en la trama que encabeza Correa.
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La Fiscalía implica a Camps en la trama de corrupción
Anticorrupción halla indicios de delito en tres diputados de Aguirre y otro cargo de Valencia
FRANCISCO MERCADO - Madrid - 19/02/2009
Francisco Camps, presidente de la Comunidad Valenciana, está implicado en la trama de corrupción masiva que durante al menos los últimos diez años ha dirigido Francisco Correa, el hombre contratado para montar los actos del Partido Popular durante el mandato de José María Aznar y que seguía encargándose de los eventos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Así se deduce del informe que la Fiscalía Anticorrupción entregó ayer al juez Baltasar Garzón.
Garzón dejará la investigación en unos días
Camps niega lazos con la trama y anuncia acciones legales
Francisco Camps Ortiz
Las grabaciones apuntaban al pago de 30.000 euros en trajes a Camps
Los sobornos abonados en Madrid suman cientos de miles de euros
En ese informe, la Fiscalía pide al juez que se inhiba en favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, dado que Camps es aforado, y de la Comunidad de Madrid, donde hay implicados tres diputados regionales del PP: Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes; Benjamín Martín Vasco, ex responsable de la empresa de suelo de Arganda del Rey (Madrid), y Alfonso Bosch, gerente de la empresa municipal de suelo de Boadilla del Monte (Madrid).
El informe de la Fiscalía cita una pequeña ramificación de la red corrupta con el pago de supuestos sobornos por los negocios facilitados desde la Comunidad Valenciana. El aforado que estaría implicado en el caso que instruye el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón es el máximo cargo del Gobierno valenciano, su presidente, el popular Francisco Camps, según fuentes de la investigación.
En las grabaciones aportadas en la denuncia sobre la trama corrupta que dirigía Francisco Correa aparece una frase de una imputada que alude al pago de 30.000 euros en trajes para el presidente valenciano, Francisco Camps. Garzón ha investigado tres facturas sobre este punto. Es la única referencia al pago de sobornos a cambio de un trato privilegiado con la Administración valenciana.
Es un "tema menor" dentro de la trama corrupta, que salpica fundamentalmente a la Comunidad de Madrid, pero que afectaría a un cargo especialmente relevante, el presidente del Ejecutivo valenciano, que ha negado cualquier implicación en los hechos.
La investigación abierta en noviembre de 2007 a raíz de la denuncia de un ex concejal del PP ha hallado indicios de que los tres parlamentarios madrileños podrían haber cobrado "cientos de miles de euros" a cambio de favorecer los negocios de Correa y de su trama empresarial.
Por eso, la Fiscalía ha remitido un informe a Garzón en el que propone la inhibición total del magistrado para que sea el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el que se encargue de la instrucción. Las implicaciones de los parlamentarios madrileños en los negocios turbios que investiga la Audiencia se explican así en la denuncia:
- Adjudicación de locales en Boadilla del Monte. Francisco Correa se ufanaba en diciembre de 2007 de la adjudicación de unos locales en Boadilla del Monte (Madrid), donde gobernaba una de las personas con las que había realizado negocios, el popular Arturo González Panero.
Correa, en una grabación aportada al sumario, consideraba que la adjudicación de los locales a un amigo suyo se había hecho "en unas condiciones muy ventajosas". El beneficiario fue José Ramón Blanco, ex consejero delegado de Repsol, colaborador de Correa y otro de los imputados.
Logró 32 locales y un aparcamiento de 180 plazas por un canon anual de 320.000 euros durante 75 años. Un negocio por el que podría ganar más de un millón de euros al año.
El gerente de la Empresa Municipal del Suelo, encargada de ese proyecto, es Alfonso Bosch, diputado regional por el PP, aludido por Correa en sus conversaciones e incluso implicado en un vídeo comprometedor donde se repartirían comisiones.
- Adjudicaciones a Martinsa. Los miembros de la red corrupta se refieren en sus conversaciones a supuestos pagos de una inmobiliaria. "Martinsa se portó conmigo; le quedaba un pago de lo de Arganda; tardó seis meses y, golpe en mesa, febrero, abril, junio jodido y mayo liquidado. Me debe aún un millón de euros...".
En otra conversación, Correa y sus colaboradores implican a un ex alto cargo de Arganda del Rey (Madrid), Benjamín Martín Vasco, ex consejero delegado de la empresa pública de suelo de Arganda del Rey, que en noviembre de 2004 adjudicó a Martinsa un desarrollo urbanístico para levantar 300 viviendas. "Le dieron su dinero. Él amenazó con hablar sobre el negocio de Arganda con Martinsa si no le daban su dinero".
Martín Vasco, diputado autonómico del PP, dimitió ayer forzado por Aguirre como presidente de la comisión que investiga el espionaje a cargos populares de Madrid. En la denuncia inicial se aludía a aumentos de edificabilidad en los planes parciales de Arganda como elemento clave para obtener plusvalías con la complicidad de miembros del consistorio.
- Contratos de la Consejería de Deportes. El ya ex consejero de Deportes de Madrid, Alberto López Viejo, adjudicó en los últimos años contratos al entramado de empresas de Correa. Por ese motivo, Esperanza Aguirre decidió atajar el escándalo destituyéndole. La Comunidad contrató cerca de ocho millones con la trama, de los que cinco corresponden a la Consejería de Deportes y están pendientes de pago.
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Camps niega lazos con la trama y anuncia acciones legales
El presidente de la Generalitat valenciana niega estar vinculado a la trama de Correa y amenaza con acciones legales
ELPAÍS.com - Madrid - 19/02/2009
Arropado por la cúpula de su Gobierno y Rita Barberá, alcaldesa de Valencia, en una breve intervención, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps ha negado la mayor (audio de la SER) y ha rechazado estar implicado en la trama de corrupción que salpica al PP, como recoge el informe que la Fiscalía Anticorrupción entregó ayer al juez instructor de la causa, Baltasar Garzón. Según publica hoy EL PAÍS, el presidente valenciano sería uno de los aforados que investiga el magistrado de la Audiencia Nacional en el contexto de la operación Gürtel. El presidente valenciano ha anunciado que emprenderá "todas las acciones legales en defensa del honor del PP" y de su cargo en la Comunidad Valenciana.
La fiscalía implica al presidente valenciano, Francisco Camps, en la trama corrupta
La desconfianza se instala en el PP tras los últimos escándalos
La comparecencia del presidente valenciano, Francisco Camps, tras conocer su implicación en la trama de corrupción del PP (19/2/2009)
AUDIO - Cadena Ser - 19-02-2009
El fiscal aporta una grabación en la que alude a un pago de 30.000 euros en trajes para el presidente valenciano -
Tras conocer la información, que el propio Camps ha dicho fue a las seis de la mañana, el jefe del Ejecutivo valenciano ha ofrecido una rueda de prensa en la que, de forma inusual, ha leído su intervención. "Ayer un concejal, hoy un alcalde, mañana, el presidente de una Comunidad Autónoma" ha manifestado Camps versionando -ha añadido- al escritor alemán Bertolt Brecht. Con tono de recital y defensa, el presidente valenciano ha recordado el "daño irreparable" sufrido por los compañeros de partido que fueron imputados en alguna causa más tarde sobreseída. "Esto parece -ha afirmado Camps- un proceso abierto a todo un partido".
"Proceso mediático sin garantías"
Camps ha anunciado que pediría la "comparecencia" de todos los funcionarios, empresarios o alcaldes con los que ha trabajado en cada una de sus etapas para que informen si alguna vez pidió contraprestación. El presidente de la Generalitat, ya en clave interna, ha defendido que desde el principio de la causa "se ha buscado la división, la incertidumbre y el ataque entre los miembros" del PP. "Pido tranquilidad y paciencia a los compañeros", ha dicho el presidente del PP valenciano quien ha confiado en que saldrán más "fortalecidos" de esta "amarga experiencia" y ha hecho gala de las últimas encuestas en la comunidad que ofrecen mayor distancia entre los populares y socialistas valencianos.
Como es norma en las intervenciones de los miembros del PP en torno a la causa abierta por la trama de corrupción, Camps se ha referido también a la publicación de las informaciones por los medios de comunicación. "Ninguna [de las informaciones] se ha sostenido más de 24 horas" ha mantenido el presidente regional quien además ha denunciado vivir un "proceso mediático sin garantías".
Ya en la sesión de control parlamentario, el presidente valenciano ha anunciado que todos sus consejeros acudirán a las Cortes Valencianas para explicar los contratos que firman con las empresas. Los socialistas valencianos han solicitado en el pleno la dimisión del consejero de Gobernación, Serafín Castellano, por la adjudicación de concursos y obras a dedo a la empresa Construcciones Taroncher y Asociados, S.L., con la que él y sus esposas tienen vinculaciones personales, según publicó este diario.
30.000 euros en trajes para Camps
El informe de la Fiscalía, desde ayer en manos del juez Garzón, cita una ramificación de la red corrupta con el pago de supuestos sobornos por los negocios facilitados desde la Comunidad Valenciana, informa Francisco Mercado. En las grabaciones aportadas en la denuncia sobre la trama corrupta que dirigía Francisco Correa aparece una frase de una imputada que alude al pago de 30.000 euros en trajes para el presidente valenciano. Garzón ha investigado tres facturas sobre este punto. Es la única referencia al pago de sobornos a cambio de un trato privilegiado con la Administración valenciana.
El escrito del fiscal solicita a Garzón que se inhiba en favor de los tribunales superiores de Madrid y Valencia en la totalidad de la investigación debido a la condición de aforados (diputados y cargos autonómicos) de los investigados en la trama que encabeza Correa.
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González Pons asegura que ayer se filtró el nombre de Camps para que no se hablara de la huelga de jueces (Aquest tio és tonto i creu que tots som ell).
PABLO X. SANDOVAL - Madrid - 19/02/2009
El vicepresidente de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha exigido que se levante el secreto de sumario de la trama de corrupción encabezada por el empresario Francisco Correa. "Queremos saber cuántos miembros del PP han sido investigados sin fuero para hacerlo", ha afirmado González Pons. Los populares presentarán esta tarde una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por lo que consideran violación del secreto de sumario.
Garzón dejará la investigación en unos días
La fiscalía implica al presidente valenciano, Francisco Camps, en la trama corrupta
Camps niega lazos con la trama y anuncia acciones legales
Camps pide el cierre filas ante su implicación en la trama de corrupción
Esteban González Pons
El PP se siente víctima de una cadena de filtraciones que proceden del Ministerio del Interior, del juez o del fiscal. González Pons ha vuelto a cargar contra el Gobierno porque considera que se ha transferido información de forma interesada. "Ayer se filtró un nombre - Francisco Camps- para que no se hablara de la huelga de jueces; nos tememos que vuelva a ocurrirla semana que viene para que no se hable de las elecciones", ha añadido el vicepresidente de Comunicación del PP en la rueda de prensa ofrecida en la sede nacional de la calle Génova.
Para González Pons la investigación del juez de la Audiencia Baltasar Garzón puede llegar el Gobierno por medio del Ministerio de Interior o del Ministerio de Justicia, mientras que el PP no tiene esa posibilidad. "Es una trama contra el Partido Popular con el fin de hacer daño político y eliminar cualquier oposición", ha insistido el portavoz del PP.
Sospechas sobre contrataciones
González Pons ha advertido de que si se hacen simples conexiones entre partidos políticos y adjudicaciones públicas se puede someter a sospecha toda la contratación pública española. En ese sentido ha puesto como ejemplo que los autores de la campaña de publicidad del PSOE en los comicios son adjudicatarios de la Expo de Zaragoza.
En línea con las manifestaciones de los últimos días de resto de miembros de su partido, el vicepresidente de Comunicación del PP ha vuelto a pedir la dimisión del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo. "No puede estar ni un día más al frente del ministerio después de haber reconocido que cazó sin licencia", ha afirmado.
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El presidente de la Comunidad Valenciana niega su implicación en la trama corrupta y anuncia que tomará medidas legales
La Fiscalía Anticorrupción implica al presidente de la Generalitat en la causa abierta por el juez Garzón
JOAQUÍN FERRANDIS - Valencia - 19/02/2009
El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, ha hecho una llamada a rebato en defensa de su honorabilidad tras conocer que la Fiscalía Anticorrupción lo vincula con la trama de corrupción que, supuestamente, dirigía Francisco Correa e investiga el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Tras varios años mirando al tendido en otros supuestos casos de corrupción, como los que afectan al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, a varios alcaldes y a empresas públicas de la Generalitat, Camps se encontró ayer en el epicentro del huracán. A primera hora de la mañana movilizó todos sus efectivos para mostrarse "profundamente indignado" con la información de EL PAÍS en la que se explica que el fiscal lo implica en la trama corrupta. Antes de las nueve de la mañana, Camps realizó una declaración institucional en la sede de Presidencia de la Generalitat arropado por todo su gobierno y por Rita Barberá, la alcaldesa de Valencia, en la que desmintió, "de pleno, la infamia", en relación al supuesto pago de 30.000 euros en trajes para el presidente valenciano.
La comparecencia del presidente valenciano, Francisco Camps, tras conocer su implicación en la trama de corrupción del PP (19/2/2009)
AUDIO - Cadena Ser - 19-02-2009
El fiscal aporta una grabación en la que alude a un pago de 30.000 euros en trajes para el presidente valenciano -
En la sede del Gobierno, Camps achacó su supuesta implicación en la trama corrupta a "un proceso abierto contra el PP" con el objetivo de dividir al partido. El presidente valenciano, que ignoró el hecho de que la empresa Orange Market, estrechamente relacionada con el PP y con su Gobierno, tiene a todos sus socios imputados, apuntó que ejercitará todas las acciones legales que considere necesarias y afirmó que "de la filtración [del contenido del informe de la Fiscalía Anticorrupción] se desprende la hipotética investigación a una persona aforada que podría anular todo el proceso".
Tras su declaración institucional, en la que no admitió preguntas, Camps se trasladó al hemiciclo de las Cortes Valencianas, siempre arropado por su gobierno en el que figura, al menos, un consejero que han reconocido haber adjudicado obras a un amigo íntimo. Allí, en sede parlamentaria, el presidente de la Generalitat volvió a escudarse en las amplias mayorías electorales obtenidas hasta ahora para justificar su gestión. Francisco Camps se negó a responder a las preguntas que le formuló con insistencia la oposición, tanto desde la filas socilaistas como del grupo de Compromís pel País Valencià. No quiso adelantar si dimitirá en caso de ser imputado, o pondrá su cargo a disposición de la dirección nacional del PP.
Camps tampoco quiso hablar sobre supuestas irregularidades en las contrataciones de distintas consejerías y, tras años de negar información a la oposición parlamentaria, anunció que todos sus consejeros comparecerán en las distintas comisiones parlamentarias para responder a las preguntas de la oposición. Camps, que tampoco quiso explicar si abrirá una investigación interna, se hizo arropar por dos de sus vicepresidentes, Vicente Rambla y Gerardo Camps, y el consejero de Gobernación, que esta semana ha reconocido que adjudicó a un amigo íntimo, distintos contratos. El discurso de los miembros del Gobierno valenciano fue para descalificar una y otra vez a la oposición. Al término de la sesión, Camps recibió la felicitación afectuosa de un nutrido grupo de diputados populares, entre los que estaban el ex alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, y el alcalde Torrevieja, Pedro Hernández Mateo, ambos imputados en supuestos casos de corrupción.
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Camps rechaza "indignado" cualquier vinculación con la trama de corrupción
El president de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, ha desmentido hoy las informaciones que le vinculan con la investigación del juez Garzón de una trama de corrupción, que ha enmarcado en una campaña que busca "la división del PP" y ha pedido "tranquilidad y paciencia" porque el PP "saldrá reforzado".
EFE/LEVANTE-EMV.COM
En una declaración leída ante los periodistas después de que se publicara que el juez le implica en esa trama de corrupción, Camps ha comparecido arropado por trece de sus catorce consellers y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y se ha mostrado "profundamente indignado" por las "filtraciones interesadas" del sumario. Camps ha anunciado que ejecutará todas las acciones legales en defensa de su honor, del del PP y de su cargo como president de la Generalitat, y ha dicho que su única culpa es que el PP, "de celebrarse hoy las elecciones autonómicas, aumentaría su distancia respecto al PSPV-PSOE". Además, ha pronosticado que un fallo en la "hipotética investigación" a una persona aforada como él "podría anular todo el procedimiento; cuando lo que se busca es la persecución del delito, un error de estas características tendría nefastas consecuencias judiciales".
En su comparecencia, en la que no se han admitido preguntas (com sempre, afegeixo jo), el president ha tenido un recuerdo para todos sus compañeros de partido "perseguidos, acosados y que con causas sobreseídas han sufrido daños irreparables", cuyas detenciones fueron "televisadas" pero que han quedado en libertad sin cargos, y a "los alcaldes que ya no lo son por falsas imputaciones que hoy han quedado en nada". Ha parafraseado a Bertold Brecht -"ayer, un concejal; hoy, un alcalde, y mañana, el presidente de una Comunidad Autónoma"-, ha reconocido que la noticia de su supuesta implicación le ha llegado a las seis de la mañana -"en Democracia, a diferencia de la dictadura, quien llamaba al albor de la mañana era el lechero y no una falsa imputación"- y ha criticado el "proceso abierto" contra el PP.
Asimismo, Camps ha anunciado que en caso de que la imputación siga su curso contra él, pedirá la comparecencia de todos los funcionarios que han trabajado con él en sus distintas etapas políticas, de los empresarios -valencianos y españoles, públicos y privados- con los que se ha relacionado y de los alcaldes de la Comunitat Valenciana para que avalen si alguna vez les ha pedido "alguna contraprestación" o les ha indicado "alguna decisión".
El president, quien ha valorado sus "veinte años de vida pública al servicio del interés general", se ha mostrado convencido de que "la división y la incertidumbre" que se ha intentado sembrar en el Partido Popular "no se ha conseguido", como tampoco la desilusión entre los militantes ni el "desestimiento" de quienes creen "en la libertad y la Democracia". "Pido tranquilidad y paciencia a todos mis compañeros. Saldremos más reforzados si cabe de esta amarga experiencia", ha añadido para valorar también los resultados de la encuesta sobre intención de voto en la Comunitat Valenciana.
"De celebrarse hoy las elecciones autonómicas -ha apuntado-, la distancia entre el PP y el PSPV sería todavía superior a la de las últimas elecciones. Ésta debe ser mi culpa". Tras insistir en que el proceso judicial abierto el pasado viernes 6 de febrero ha sido "extraño" por las "filtraciones interesadas" que se han producido pese al secreto de sumario decretado, Camps ha calificado de "falaces" todas las informaciones que, "como la de hoy", han implicado de una u otra forma a la Comunitat Valenciana: "Ninguna de ellas se ha sostenido más de 24 horas, ni una".
"Hemos vivido un proceso mediático paralelo sin garantías, contestando a golpe de nota de prensa", ha continuado para adelantar que la Generalitat estudiará la "falta de garantías procesales" que a su juicio se está produciendo y las tendrá "en cuenta". Tras finalizar su intervención, Camps ha recibido el aplauso de los miembros de su gobierno y de la alcaldesa y se ha dirigido a Les Corts Valencianes, donde esta mañana se somete a la sesión de control parlamentario para responder, entre otras preguntas, a la referidas a los contratos que mantiene la Generalitat con empresas investigadas por Garzón.
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Recibido con aplausos
Francisco Camps (perfil)
Camps anuncia que todos los consellers responderán en las Corts sobre los contratos
EU pide la dimisión del president y una comisión de investigación
Versos para contestar al PSPV
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Anticorrupción implica a mandatarios del PP en Valencia y pide a Garzón que ceda la causa al TSJ
La Fiscalía dice que hay casos valencianos "perfectamente escindibles", pero pide la inhibición del grueso del sumario en favor del TSJ de Madrid. Aguirre ha forzado dimisiones mientras Camps espera
Víctor Romero, Valencia
La causa abierta por el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón a partir de la Operación Gürtel tiene todas las papeletas para acabar en parte en los despachos de la Ciudad de la Justicia de Valencia. La Fiscalía Anticorrupción remitió ayer un escrito a Garzón en el que le solicita que se inhiba del caso en favor de los tribunales superiores de justicia de Madrid y la Comunitat Valenciana. La razón de esta petición no es otra que la presencia de aforados -diputados autonómicos o consejeros- del Partido Popular en los hechos investigados. Un extremo que ya fue adelantado por el propio Garzón cuando rechazó la personación de los populares en la causa. Entonces Garzón apuntó a "serios indicios" de responsabilidad penal en personas vinculadas a la formación de la gaviota y adelantó la posibilidad de inhibirse por la implicación de aforados en la causa. No obstante, Garzón sigue tomando declaraciones. No será hasta el 4 de marzo -día en el que ha citado al empresario José Luis Ulibarri- cuando soltará la causa.
Anticorrupción recoge ahora este razonamiento jurídico y sostiene en su escrito que la investigación de la totalidad del caso -el grueso de la trama de Francisco Correa, los empresarios y la implicación de populares madrileños- recaería en el tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Madrid. Pero añade que existen "determinados hechos, perfectamente escindibles", que correspondería investigar al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. De esto se deduce que en el sumario de Garzón aparecen implicados mandatarios valencianos aforados, aunque ello no excluye que estén salpicados otros cargos públicos sin fuero.
En la Comunitat Valenciana Garzón ha imputado al presidente de Orange Market, Álvaro Pérez, y al consejero delegado, Cándido Herrero, además de a Mónica Magariños, que también ha trabajado para la mercantil responsable de organizar las campañas y actos del Partido Popular de la Comunitat Valenciana desde 2003. La financiación de esas campañas, según algunas fuentes, podría formar parte de la causa. Garzón también ha requisado a la Conselleria de Turismo que dirige Angélica Such el expediente de adjudicación del stand de la Generalitat en Fitur y otras cuatro ferias, del que es beneficiario Orange Market. La firma ligada a la trama dirigida por Francisco Correa se ha adjudicado ese contrato desde el año 2005. Otra de las empresas de la trama, Easy Concept, preparaba y montaba en realidad los stands al menos durante los ejercicios de 2005, 2006 y 2007, según el testimonio a Garzón de la ex administradora de esta segunda mercantil, Isabel Jordán.
El escrito de Anticorrupción señalando a autoridades valencianas desató ayer los nervios en el PP de la Comunitat e incrementó la ansiedad en los despachos de la Generalitat. Fuentes del Consell aseguraron desconocer qué personas pueden estar implicadas. El jefe del Ejecutivo, Francisco Camps, ha optado por el enroque y por esperar acontecimientos, ya que todavía no se ha señalado a ninguno de sus altos cargos en las investigaciones. Por contra, la presidenta madrileña Esperanza Aguirre se ha visto obligada a forzar la dimisión del consejero de Deportes Alberto López Viejo, que Anticorrupción considera "central" en la trama por el presunto cobro de comisiones y malversación de fondos públicos, la del alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, y otros dos mandatarios.
Afilando cuchillos
Con todo, el traslado de la causa a Valencia implicará casi automáticamente una tormenta política. Los populares ya señalan al fiscal jefe Ricard Cabedo, al que consideran hostil a sus intereses. Por su parte, los socialistas recuerdan las excelentes relaciones del presidente del TSJCV, Juan Luis de la Rúa, con el jefe del Consell, Francisco Camps. Fuentes conocedoras de la investigación apuntan que será una instrucción complicada porque el sumario no llegará con todos los cabos atados. Obligará a una larga serie de diligencias para completar la pruebas.
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Blanco Balín: "Estoy hasta los huevos"
El bufete de Michavila y el secretario de Mediamed tiene entre sus especialidades las telecomunicaciones
Garzón bloquea las cuentas de Orange Market y los proveedores se quedan sin cobrar
La directora de "marketing" de Feria Valencia deja la institución por decisión propia
Pérez, con Rajoy en Xàtiva en junio de 2007
El ayuntamiento de Rocafort niega la relación con Ulibarri
Orange montó el congreso del PP de la Costera en 2005
El pleno del "¿sabes algo?"
El Consell mantendrá el título de "embajador" a Matas pese a los 8 ex altos cargos imputados
Renuncia a uno de los aparcamientos en Valencia
Sagunt adjudicó una parcela a la empresa del PAI de Xilxes por la que está imputado Ulibarri
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PRESUNTA TRAMA DE CORRUPCIÓN EN EL PP
La conversación entre Correa y Pérez Alonso
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La SER desvela las conversaciones de los cabecillas de la trama
"Ulibarri es el que pone la pasta, yo no la pongo", afirma Correa, y se jacta de que su contacto, "el hijo de puta" de Esteban González Pons, le ayuda a "desbloquear" un "tema medioambiental".
La Cadena SER desvela parte de las grabaciones que han destapado el escándalo de corrupción que investiga el juez Garzón y que afecta al Partido Popular. Una trama que ha provocado ya cuatro dimisiones en el entorno de Esperanza Aguirre y que ha llevado a la Fiscalía Anticorrupción a considerar que hay indicios de delito por parte del presidente de la Generalitat, Francisco Camps. En las grabaciones, a las que ha tenido acceso la SER, los presuntos cabecillas de la trama hablan en repetidas ocasiones de sus negocios y contactos en Valencia.
AUDIOS: Una de las grabaciones que han destapado el escándalo de corrupción que afecta al PP
Gallardón reconoce que se amañó un contrato con Special Events
En una de ellas, grabada en diciembre de 2006, Francisco Correa, el presunto jefe del entramado habla con sus socios, entre ellos, Álvaro Pérez, el bigotes, de un "tema gordo" que tiene "entre manos" en Valencia: un proyecto urbanístico en el Ayuntamiento de La Nucia en el que esperan lograr 12.000 millones de pesetas de beneficio.
En esa misma conversación, Correa alardea de sus contactos en el PP valenciano para desbloquear la aprobación del proyecto, es en este momento cuando habla del a día de hoy dirigente del PP nacional, González Pons.
"De mi 50% yo reparto con 'Alvarito"
En su conversación, Correa dice: " Compramos el suelo a 10.000...la operación son 8.000 millones de 'pelas' y le ganamos 12.000 'kilos'. Yo he metido a un monton de gente ahí ... he metido a Ulibarri, que es el que pone la pasta ... yo no la pongo.... y yo de mi 50% reparto con 'Alvarito'( el bigotes, que también está presente en la conversación) , reparto con el alcalde ( del PP), reparto con Ramón Blanco (ex vicepresidente de Repsol) y reparto con Pablo Crespo (ex secretario de organización del PP en Galicia) en fin...¡la polla!)
La conversación continúa así: "Ayer, estos tíos nos meten más edifica... no...más metros....que en el PAI luego no van a computar porque es agropecuario, en fin, ...un lío, y la operación estaba cerrada y nos hemos plantado hoy...Es un arma de doble filo porque este tío ( el promotor) esta noche se puede encabronar y decir "ya no lo vendo" y el PAI tiene un tema medioambiental y el que lo desbloquea soy yo". (Álavaro Pérez Le interrumpe diciendo: "¡Claro que tú tienes la llave!). "Claro ...yo tengo el contacto...que es el hijo de puta de Esteban ( González ) Pons... que lo han nombrado Conseller de Obras Públicas y este antes era de Presidencia ...os acordáis que estaba en el Senado? Pues este es".
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Camps niega su implicación y ve un proceso contra su partido
El presidente valenciano ha comparecido ante la prensa para rechazar la información que publica El País y el Periódico de Cataluña que lo implica en el pago de supuestos sobornos
Camps rechaza "indignado" cualquier vinculación con la trama de corrupción
El president de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, ha desmentido hoy las informaciones que le vinculan con la investigación del juez Garzón de una trama de corrupción, que ha enmarcado en una campaña que busca "la división del PP" y ha pedido "tranquilidad y paciencia" porque el PP "saldrá reforzado".
EFE/LEVANTE-EMV.COM
En una declaración leída ante los periodistas después de que se publicara que el juez le implica en esa trama de corrupción, Camps ha comparecido arropado por trece de sus catorce consellers y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y se ha mostrado "profundamente indignado" por las "filtraciones interesadas" del sumario. Camps ha anunciado que ejecutará todas las acciones legales en defensa de su honor, del del PP y de su cargo como president de la Generalitat, y ha dicho que su única culpa es que el PP, "de celebrarse hoy las elecciones autonómicas, aumentaría su distancia respecto al PSPV-PSOE". Además, ha pronosticado que un fallo en la "hipotética investigación" a una persona aforada como él "podría anular todo el procedimiento; cuando lo que se busca es la persecución del delito, un error de estas características tendría nefastas consecuencias judiciales".
En su comparecencia, en la que no se han admitido preguntas (com sempre, afegeixo jo), el president ha tenido un recuerdo para todos sus compañeros de partido "perseguidos, acosados y que con causas sobreseídas han sufrido daños irreparables", cuyas detenciones fueron "televisadas" pero que han quedado en libertad sin cargos, y a "los alcaldes que ya no lo son por falsas imputaciones que hoy han quedado en nada". Ha parafraseado a Bertold Brecht -"ayer, un concejal; hoy, un alcalde, y mañana, el presidente de una Comunidad Autónoma"-, ha reconocido que la noticia de su supuesta implicación le ha llegado a las seis de la mañana -"en Democracia, a diferencia de la dictadura, quien llamaba al albor de la mañana era el lechero y no una falsa imputación"- y ha criticado el "proceso abierto" contra el PP.
Asimismo, Camps ha anunciado que en caso de que la imputación siga su curso contra él, pedirá la comparecencia de todos los funcionarios que han trabajado con él en sus distintas etapas políticas, de los empresarios -valencianos y españoles, públicos y privados- con los que se ha relacionado y de los alcaldes de la Comunitat Valenciana para que avalen si alguna vez les ha pedido "alguna contraprestación" o les ha indicado "alguna decisión".
El president, quien ha valorado sus "veinte años de vida pública al servicio del interés general", se ha mostrado convencido de que "la división y la incertidumbre" que se ha intentado sembrar en el Partido Popular "no se ha conseguido", como tampoco la desilusión entre los militantes ni el "desestimiento" de quienes creen "en la libertad y la Democracia". "Pido tranquilidad y paciencia a todos mis compañeros. Saldremos más reforzados si cabe de esta amarga experiencia", ha añadido para valorar también los resultados de la encuesta sobre intención de voto en la Comunitat Valenciana.
"De celebrarse hoy las elecciones autonómicas -ha apuntado-, la distancia entre el PP y el PSPV sería todavía superior a la de las últimas elecciones. Ésta debe ser mi culpa". Tras insistir en que el proceso judicial abierto el pasado viernes 6 de febrero ha sido "extraño" por las "filtraciones interesadas" que se han producido pese al secreto de sumario decretado, Camps ha calificado de "falaces" todas las informaciones que, "como la de hoy", han implicado de una u otra forma a la Comunitat Valenciana: "Ninguna de ellas se ha sostenido más de 24 horas, ni una".
"Hemos vivido un proceso mediático paralelo sin garantías, contestando a golpe de nota de prensa", ha continuado para adelantar que la Generalitat estudiará la "falta de garantías procesales" que a su juicio se está produciendo y las tendrá "en cuenta". Tras finalizar su intervención, Camps ha recibido el aplauso de los miembros de su gobierno y de la alcaldesa y se ha dirigido a Les Corts Valencianes, donde esta mañana se somete a la sesión de control parlamentario para responder, entre otras preguntas, a la referidas a los contratos que mantiene la Generalitat con empresas investigadas por Garzón.
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Recibido con aplausos
Francisco Camps (perfil)
Camps anuncia que todos los consellers responderán en las Corts sobre los contratos
EU pide la dimisión del president y una comisión de investigación
Versos para contestar al PSPV
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Anticorrupción implica a mandatarios del PP en Valencia y pide a Garzón que ceda la causa al TSJ
La Fiscalía dice que hay casos valencianos "perfectamente escindibles", pero pide la inhibición del grueso del sumario en favor del TSJ de Madrid. Aguirre ha forzado dimisiones mientras Camps espera
Víctor Romero, Valencia
La causa abierta por el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón a partir de la Operación Gürtel tiene todas las papeletas para acabar en parte en los despachos de la Ciudad de la Justicia de Valencia. La Fiscalía Anticorrupción remitió ayer un escrito a Garzón en el que le solicita que se inhiba del caso en favor de los tribunales superiores de justicia de Madrid y la Comunitat Valenciana. La razón de esta petición no es otra que la presencia de aforados -diputados autonómicos o consejeros- del Partido Popular en los hechos investigados. Un extremo que ya fue adelantado por el propio Garzón cuando rechazó la personación de los populares en la causa. Entonces Garzón apuntó a "serios indicios" de responsabilidad penal en personas vinculadas a la formación de la gaviota y adelantó la posibilidad de inhibirse por la implicación de aforados en la causa. No obstante, Garzón sigue tomando declaraciones. No será hasta el 4 de marzo -día en el que ha citado al empresario José Luis Ulibarri- cuando soltará la causa.
Anticorrupción recoge ahora este razonamiento jurídico y sostiene en su escrito que la investigación de la totalidad del caso -el grueso de la trama de Francisco Correa, los empresarios y la implicación de populares madrileños- recaería en el tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Madrid. Pero añade que existen "determinados hechos, perfectamente escindibles", que correspondería investigar al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. De esto se deduce que en el sumario de Garzón aparecen implicados mandatarios valencianos aforados, aunque ello no excluye que estén salpicados otros cargos públicos sin fuero.
En la Comunitat Valenciana Garzón ha imputado al presidente de Orange Market, Álvaro Pérez, y al consejero delegado, Cándido Herrero, además de a Mónica Magariños, que también ha trabajado para la mercantil responsable de organizar las campañas y actos del Partido Popular de la Comunitat Valenciana desde 2003. La financiación de esas campañas, según algunas fuentes, podría formar parte de la causa. Garzón también ha requisado a la Conselleria de Turismo que dirige Angélica Such el expediente de adjudicación del stand de la Generalitat en Fitur y otras cuatro ferias, del que es beneficiario Orange Market. La firma ligada a la trama dirigida por Francisco Correa se ha adjudicado ese contrato desde el año 2005. Otra de las empresas de la trama, Easy Concept, preparaba y montaba en realidad los stands al menos durante los ejercicios de 2005, 2006 y 2007, según el testimonio a Garzón de la ex administradora de esta segunda mercantil, Isabel Jordán.
El escrito de Anticorrupción señalando a autoridades valencianas desató ayer los nervios en el PP de la Comunitat e incrementó la ansiedad en los despachos de la Generalitat. Fuentes del Consell aseguraron desconocer qué personas pueden estar implicadas. El jefe del Ejecutivo, Francisco Camps, ha optado por el enroque y por esperar acontecimientos, ya que todavía no se ha señalado a ninguno de sus altos cargos en las investigaciones. Por contra, la presidenta madrileña Esperanza Aguirre se ha visto obligada a forzar la dimisión del consejero de Deportes Alberto López Viejo, que Anticorrupción considera "central" en la trama por el presunto cobro de comisiones y malversación de fondos públicos, la del alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, y otros dos mandatarios.
Afilando cuchillos
Con todo, el traslado de la causa a Valencia implicará casi automáticamente una tormenta política. Los populares ya señalan al fiscal jefe Ricard Cabedo, al que consideran hostil a sus intereses. Por su parte, los socialistas recuerdan las excelentes relaciones del presidente del TSJCV, Juan Luis de la Rúa, con el jefe del Consell, Francisco Camps. Fuentes conocedoras de la investigación apuntan que será una instrucción complicada porque el sumario no llegará con todos los cabos atados. Obligará a una larga serie de diligencias para completar la pruebas.
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Blanco Balín: "Estoy hasta los huevos"
El bufete de Michavila y el secretario de Mediamed tiene entre sus especialidades las telecomunicaciones
Garzón bloquea las cuentas de Orange Market y los proveedores se quedan sin cobrar
La directora de "marketing" de Feria Valencia deja la institución por decisión propia
Pérez, con Rajoy en Xàtiva en junio de 2007
El ayuntamiento de Rocafort niega la relación con Ulibarri
Orange montó el congreso del PP de la Costera en 2005
El pleno del "¿sabes algo?"
El Consell mantendrá el título de "embajador" a Matas pese a los 8 ex altos cargos imputados
Renuncia a uno de los aparcamientos en Valencia
Sagunt adjudicó una parcela a la empresa del PAI de Xilxes por la que está imputado Ulibarri
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PRESUNTA TRAMA DE CORRUPCIÓN EN EL PP
La conversación entre Correa y Pérez Alonso
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La SER desvela las conversaciones de los cabecillas de la trama
"Ulibarri es el que pone la pasta, yo no la pongo", afirma Correa, y se jacta de que su contacto, "el hijo de puta" de Esteban González Pons, le ayuda a "desbloquear" un "tema medioambiental".
La Cadena SER desvela parte de las grabaciones que han destapado el escándalo de corrupción que investiga el juez Garzón y que afecta al Partido Popular. Una trama que ha provocado ya cuatro dimisiones en el entorno de Esperanza Aguirre y que ha llevado a la Fiscalía Anticorrupción a considerar que hay indicios de delito por parte del presidente de la Generalitat, Francisco Camps. En las grabaciones, a las que ha tenido acceso la SER, los presuntos cabecillas de la trama hablan en repetidas ocasiones de sus negocios y contactos en Valencia.
AUDIOS: Una de las grabaciones que han destapado el escándalo de corrupción que afecta al PP
Gallardón reconoce que se amañó un contrato con Special Events
En una de ellas, grabada en diciembre de 2006, Francisco Correa, el presunto jefe del entramado habla con sus socios, entre ellos, Álvaro Pérez, el bigotes, de un "tema gordo" que tiene "entre manos" en Valencia: un proyecto urbanístico en el Ayuntamiento de La Nucia en el que esperan lograr 12.000 millones de pesetas de beneficio.
En esa misma conversación, Correa alardea de sus contactos en el PP valenciano para desbloquear la aprobación del proyecto, es en este momento cuando habla del a día de hoy dirigente del PP nacional, González Pons.
"De mi 50% yo reparto con 'Alvarito"
En su conversación, Correa dice: " Compramos el suelo a 10.000...la operación son 8.000 millones de 'pelas' y le ganamos 12.000 'kilos'. Yo he metido a un monton de gente ahí ... he metido a Ulibarri, que es el que pone la pasta ... yo no la pongo.... y yo de mi 50% reparto con 'Alvarito'( el bigotes, que también está presente en la conversación) , reparto con el alcalde ( del PP), reparto con Ramón Blanco (ex vicepresidente de Repsol) y reparto con Pablo Crespo (ex secretario de organización del PP en Galicia) en fin...¡la polla!)
La conversación continúa así: "Ayer, estos tíos nos meten más edifica... no...más metros....que en el PAI luego no van a computar porque es agropecuario, en fin, ...un lío, y la operación estaba cerrada y nos hemos plantado hoy...Es un arma de doble filo porque este tío ( el promotor) esta noche se puede encabronar y decir "ya no lo vendo" y el PAI tiene un tema medioambiental y el que lo desbloquea soy yo". (Álavaro Pérez Le interrumpe diciendo: "¡Claro que tú tienes la llave!). "Claro ...yo tengo el contacto...que es el hijo de puta de Esteban ( González ) Pons... que lo han nombrado Conseller de Obras Públicas y este antes era de Presidencia ...os acordáis que estaba en el Senado? Pues este es".
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Camps niega su implicación y ve un proceso contra su partido
El presidente valenciano ha comparecido ante la prensa para rechazar la información que publica El País y el Periódico de Cataluña que lo implica en el pago de supuestos sobornos
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Qué dicen en el PP sobre la trama
Los dirigentes del PP se pronuncian sobre la supuesta trama de corrupción que se cierne sobre su partido
Los dirigentes del PP se pronuncian sobre la supuesta trama de corrupción que se cierne sobre su partido
Rajoy no habla cuando le preguntamos por Camps
Gallardón evita poner la mano en el fuego por Aguirre
Pons dice que su partido "no se va a rendir jamás"
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'Estoy profundamente indignado'"
La comparecencia de Camps
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La desconfianza se instala en el PP tras los últimos escándalos
Vídeo: Francisco Camps: "Es un proceso contra todo un partido político"
Audio: La comparecencia del presidente valenciano, Francisco Camps, tras conocer su implicación en la trama de corrupción del PP (19/2/2009)
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Una concejalía de Madrid amañó en 2004 un concurso a favor de Correa
Gallardón denuncia al juzgado el contrato y expedienta a un funcionario - El ex edil Sigfrido Herráez, próximo a Agag, dirigía Vivienda durante esa etapa
DANIEL VERDÚ - Madrid - 19/02/2009
El 27 de mayo de 2004, el Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) del Ayuntamiento de Madrid, presidido por el entonces concejal de Vivienda, Sigfrido Herráez, adjudicó un contrato de 153.000 euros para el diseño, montaje y mantenimiento del stand municipal en el Salón Inmobiliario de Madrid 2004 a Special Events, la empresa de Francisco Correa, el hombre que montaba los actos del PP durante el mandato de José María Aznar.
Rajoy acusa en el Congreso a Garzón de tener conductas prevaricadoras
La trama de corrupción 'tumba' al presidente de la comisión de espías
Gallardón reconoce que se amañó un contrato para la red de Correa
EMV(Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid)
Special Events fue la quinta empresa clasificada, pero se llevó el contrato
Se presentaron al concurso 10 empresas y, supuestamente, la firma vinculada a Correa quedó en segundo lugar. Pero se llevó el contrato porque se consideró que la primera clasificada incurría en "baja temeraria", es decir, que su oferta económica era poco creíble por demasiado barata.
Ésta es la información que contenía el expediente original de adjudicación que se aprobó en el Consejo de Administración de la EMV y que el ayuntamiento facilitó la semana pasada a este periódico.
Pero en 2004, cuando Alberto Ruiz-Gallardón llevaba ya un año como alcalde, la actual Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo estaba dividida en tres áreas: Suelo, Vivienda y Urbanismo. En cada una de ellas quedó una copia del expediente con una inquietante diferencia que apunta a que el concurso estuvo amañado para dárselo a Correa.
El informe técnico de las propuestas que se presentó en el consejo de la EMV, en cuya votación participaron PSOE e IU, venía firmado por cuatro funcionarios y estaba acompañado de un cuadro con la puntuación obtenida por cada empresa. Sin embargo, en el documento que sirvió para la adjudicación definitiva no había ninguna rúbrica de empleados públicos.
La suma de resultados obtenidos por su diseño, conocimiento y experiencia, colocó a Special Events en segundo lugar y en virtual ganadora del concurso. Pero en el cuadro que consta en el expediente hallado posteriormente, y al que ha tenido acceso EL PAÍS, el cuadro de puntuación, que está vez sí estaba firmado por los funcionarios que realizaron el informe, contenía unos datos distintos que dejaban a Special Events en quinto lugar y, por tanto, sin ninguna opción de obtener el contrato.
El apartado que puntuaba la oferta económica estaba intacto. Pero en las áreas en las que el criterio podía ser más arbitrario, como el diseño o la experiencia, las cifras eran distintas. Los cuatro funcionarios que firmaron el documento bueno confirmaron ayer que no son los autores de la valoración aprobada. Fuentes de la Concejalía de Urbanismo no encuentran explicación técnica posible a las diferencias aparecidas en el mismo expediente. Consideran que es factible que el cuadro original fuera destruido y reemplazado por otro más favorable a Special Events. La sospecha es que se amañó el concurso.
Por ello, el ayuntamiento ha presentado una denuncia al juzgado de guardia y ha abierto un expediente informativo a José Luis Gómez, funcionario y ex gerente de la empresa pública que firmó la propuesta que se llevó entonces al consejo de la EMV.
"Nosotros respaldamos lo que los técnicos nos elevan al consejo de administración. Yo no sé qué es lo que han archivado. Sé lo que voté, pero no conozco la existencia de otros documentos", declaró ayer el ex concejal de Vivienda, que además indicó que nunca tuvo relación profesional con Correa.
Herráez fue hombre de confianza del anterior alcalde, José María Álvarez del Manzano y miembro del clan Becerril, un grupo de jóvenes promesas del PP que, agrupados por Alejandro Agag y bendecido por el entonces presidente, José María Aznar, se reunía en la sierra de Madrid para hablar de política. A las reuniones acudieron en alguna ocasión los imputados por Garzón, Francisco Correa, Álvaro Pérez o Jacobo Gordon. Además, era asiduo el ex consejero de Aguirre Alberto López Viejo, recién dimitido por su presunta vinculación con la trama corrupta.
De concejal a constructor
Sigfrido Herráez (Madrid, 1964), arquitecto de formación, fue un hombre de José María Álvarez del Manzano. De su mano llegó al Ayuntamiento de Madrid en 1991, al cargo de concejal de Latina y, en 1995, el de Vivienda. Lo dejó en 2005 con el siguiente alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, cuando éste colocó por encima de él a la edil de Urbanismo, Pilar Martínez.
Sólo una semana después, fichó como vicepresidente de la constructora Rayet, que realizaba un proyecto en el Ensanche de Vallecas, una zona directamente administrada por Herráez como concejal al presidir su junta de Compensación. Legalmente no había incompatibilidad, pero todos los partidos, incluido el gobierno de Gallardón, quedaron escandalizados. Hoy preside dicha firma.
Esperanza Aguirre le prestó su apoyo en aquella decisión y le mantuvo como responsable de Vivienda del partido. Herráez se había significado por la candidatura de Aguirre como presidenta del PP de Madrid, en detrimento de Manuel Cobo, vicealcalde y hombre de Ruiz-Gallardón. "En el futuro, si quiere volver a la política, tendrá un sitio", declaró Aguirre. Pero un mes más tarde, promovió su dimisión del cargo en el PP.
Herráez perteneció al clan Becerril, un grupo de promesas del PP agrupados por Alejandro Agag que se reunían en la sierra para, según el yerno de José María Aznar, formar "el banquillo del banquillo" del partido. Pertenencieron al núcleo de ese grupo José Ignacio Echaniz, Alejandro Ballesteros o Lucía Figar.
Por otro lado, su mujer, María Gálvez, es consejera de Ploder, una constructora que junto al grupo Begar (entre otras), propiedad del imputado por el caso Gürtel, José Luis Ulibarri, obtuvo la concesión para la construcción del nuevo Hospital de Vallecas de la Comunidad de Madrid.
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La trama de corrupción 'tumba' al presidente de la comisión de espías
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'Estoy profundamente indignado'"
La comparecencia de Camps
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La desconfianza se instala en el PP tras los últimos escándalos
Vídeo: Francisco Camps: "Es un proceso contra todo un partido político"
Audio: La comparecencia del presidente valenciano, Francisco Camps, tras conocer su implicación en la trama de corrupción del PP (19/2/2009)
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Una concejalía de Madrid amañó en 2004 un concurso a favor de Correa
Gallardón denuncia al juzgado el contrato y expedienta a un funcionario - El ex edil Sigfrido Herráez, próximo a Agag, dirigía Vivienda durante esa etapa
DANIEL VERDÚ - Madrid - 19/02/2009
El 27 de mayo de 2004, el Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) del Ayuntamiento de Madrid, presidido por el entonces concejal de Vivienda, Sigfrido Herráez, adjudicó un contrato de 153.000 euros para el diseño, montaje y mantenimiento del stand municipal en el Salón Inmobiliario de Madrid 2004 a Special Events, la empresa de Francisco Correa, el hombre que montaba los actos del PP durante el mandato de José María Aznar.
Rajoy acusa en el Congreso a Garzón de tener conductas prevaricadoras
La trama de corrupción 'tumba' al presidente de la comisión de espías
Gallardón reconoce que se amañó un contrato para la red de Correa
EMV(Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid)
Special Events fue la quinta empresa clasificada, pero se llevó el contrato
Se presentaron al concurso 10 empresas y, supuestamente, la firma vinculada a Correa quedó en segundo lugar. Pero se llevó el contrato porque se consideró que la primera clasificada incurría en "baja temeraria", es decir, que su oferta económica era poco creíble por demasiado barata.
Ésta es la información que contenía el expediente original de adjudicación que se aprobó en el Consejo de Administración de la EMV y que el ayuntamiento facilitó la semana pasada a este periódico.
Pero en 2004, cuando Alberto Ruiz-Gallardón llevaba ya un año como alcalde, la actual Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo estaba dividida en tres áreas: Suelo, Vivienda y Urbanismo. En cada una de ellas quedó una copia del expediente con una inquietante diferencia que apunta a que el concurso estuvo amañado para dárselo a Correa.
El informe técnico de las propuestas que se presentó en el consejo de la EMV, en cuya votación participaron PSOE e IU, venía firmado por cuatro funcionarios y estaba acompañado de un cuadro con la puntuación obtenida por cada empresa. Sin embargo, en el documento que sirvió para la adjudicación definitiva no había ninguna rúbrica de empleados públicos.
La suma de resultados obtenidos por su diseño, conocimiento y experiencia, colocó a Special Events en segundo lugar y en virtual ganadora del concurso. Pero en el cuadro que consta en el expediente hallado posteriormente, y al que ha tenido acceso EL PAÍS, el cuadro de puntuación, que está vez sí estaba firmado por los funcionarios que realizaron el informe, contenía unos datos distintos que dejaban a Special Events en quinto lugar y, por tanto, sin ninguna opción de obtener el contrato.
El apartado que puntuaba la oferta económica estaba intacto. Pero en las áreas en las que el criterio podía ser más arbitrario, como el diseño o la experiencia, las cifras eran distintas. Los cuatro funcionarios que firmaron el documento bueno confirmaron ayer que no son los autores de la valoración aprobada. Fuentes de la Concejalía de Urbanismo no encuentran explicación técnica posible a las diferencias aparecidas en el mismo expediente. Consideran que es factible que el cuadro original fuera destruido y reemplazado por otro más favorable a Special Events. La sospecha es que se amañó el concurso.
Por ello, el ayuntamiento ha presentado una denuncia al juzgado de guardia y ha abierto un expediente informativo a José Luis Gómez, funcionario y ex gerente de la empresa pública que firmó la propuesta que se llevó entonces al consejo de la EMV.
"Nosotros respaldamos lo que los técnicos nos elevan al consejo de administración. Yo no sé qué es lo que han archivado. Sé lo que voté, pero no conozco la existencia de otros documentos", declaró ayer el ex concejal de Vivienda, que además indicó que nunca tuvo relación profesional con Correa.
Herráez fue hombre de confianza del anterior alcalde, José María Álvarez del Manzano y miembro del clan Becerril, un grupo de jóvenes promesas del PP que, agrupados por Alejandro Agag y bendecido por el entonces presidente, José María Aznar, se reunía en la sierra de Madrid para hablar de política. A las reuniones acudieron en alguna ocasión los imputados por Garzón, Francisco Correa, Álvaro Pérez o Jacobo Gordon. Además, era asiduo el ex consejero de Aguirre Alberto López Viejo, recién dimitido por su presunta vinculación con la trama corrupta.
De concejal a constructor
Sigfrido Herráez (Madrid, 1964), arquitecto de formación, fue un hombre de José María Álvarez del Manzano. De su mano llegó al Ayuntamiento de Madrid en 1991, al cargo de concejal de Latina y, en 1995, el de Vivienda. Lo dejó en 2005 con el siguiente alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, cuando éste colocó por encima de él a la edil de Urbanismo, Pilar Martínez.
Sólo una semana después, fichó como vicepresidente de la constructora Rayet, que realizaba un proyecto en el Ensanche de Vallecas, una zona directamente administrada por Herráez como concejal al presidir su junta de Compensación. Legalmente no había incompatibilidad, pero todos los partidos, incluido el gobierno de Gallardón, quedaron escandalizados. Hoy preside dicha firma.
Esperanza Aguirre le prestó su apoyo en aquella decisión y le mantuvo como responsable de Vivienda del partido. Herráez se había significado por la candidatura de Aguirre como presidenta del PP de Madrid, en detrimento de Manuel Cobo, vicealcalde y hombre de Ruiz-Gallardón. "En el futuro, si quiere volver a la política, tendrá un sitio", declaró Aguirre. Pero un mes más tarde, promovió su dimisión del cargo en el PP.
Herráez perteneció al clan Becerril, un grupo de promesas del PP agrupados por Alejandro Agag que se reunían en la sierra para, según el yerno de José María Aznar, formar "el banquillo del banquillo" del partido. Pertenencieron al núcleo de ese grupo José Ignacio Echaniz, Alejandro Ballesteros o Lucía Figar.
Por otro lado, su mujer, María Gálvez, es consejera de Ploder, una constructora que junto al grupo Begar (entre otras), propiedad del imputado por el caso Gürtel, José Luis Ulibarri, obtuvo la concesión para la construcción del nuevo Hospital de Vallecas de la Comunidad de Madrid.
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La trama de corrupción 'tumba' al presidente de la comisión de espías
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dimarts, 17 de febrer del 2009
PP Vice (2). 17/02/2009.
Bono de hotel facturado al PP, para el mítin de Aznar en Burgos, en 2003_
El séquito de Aznar se alojó en hoteles reservados por Francisco Correa
Correa proporcionó los hoteles al equipo de Génova que organizó los mítines de Aznar en las elecciones de 2003. Entre ellos, al actual diputado y secretario de organización del PP de Madrid, Alfonso Bosch
MARIELA RUBIO / CADENA SER 17-02-2009
Los populares salpicados por la trama viajaron en el avión presidencial de Aznar a los mítines organizados por Correa
Los protagonistas en el "Falcon" presidencial de Aznar
DOCUMENTO: Facsímil del listado de pasajeros: Viaje a Tenerife
DOCUMENTO: Facsímil del listado de pasajeros: Viaje a Las Palmas
Un conseller de Camps lleva 10 años adjudicando obras a la empresa de unos íntimos amigos
Las empresas de la trama de Correa crearon una red de facturas falsas para defraudar a Hacienda cantidades millonarias
Detenido el chófer de Francisco Correa por orden del juez Garzón
Correa construyó un entramado empresarial en el extranjero para esconder su patrimonio
El conseller Castellano fichó a su amiga constructora para el PP
Anticorrupción ha decidido qué aforados quiere imputar en el caso Gürtel
La empresa Pasadena Viajes, propiedad de Paco Correa es una de las sociedades de la trama investigadas por Garzón. Según facturas y documentos internos a los que ha tenido acceso la Cadena SER, fue esta empresa la que facturó al PP por el alojamiento del equipo organizador de los mítines del entonces presidente José María Aznar.
Cada vez que Aznar viajaba fuera de Madrid para participar en un mitin de la campaña de las elecciones autonómicas y municipales de 2003, lo hacía acompañado por un equipo de Génova que se encargaba de la organización de los actos. Esto obligaba a la contratación de un gran número de habitaciones de hotel. Correa -el cabecilla de la trama empresarial que presuntamente se beneficiaba de sus relaciones con altos dirigentes del PP para conseguir contratos públicos o recalificaciones urbanísticas- era el encargado del alojamiento de los miembros del partido que acompañaban a Aznar y por ello facturó importantes cantidades a Génova.
De este séquito electoral formaban parte el dimitido Alberto López Viejo y el actual diputado regional y secretario de movilización del PP de Madrid Alfonso Bosch.
Ambos son mencionados con frecuencia por Correa en las grabaciones en poder de Garzón. De López Viejo, entonces consejero de la Comunidad de Madrid, Correa dice que cobraba comisiones y que además, obligaba a las consejerías a pagar con dinero público actos del PP que montaba el propio Correa. "Alberto [López Viejo, ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid] se lleva una parte de cada acto que se hacía, aquí un kilo, aquí medio kilo".
Correa menciona también a Bosch. El líder de la trama asegura que le ha pedido "a Alfonso" que le presente a alguien que puede serle útil en sus negocios. Otra de las imputadas, cuya voz también aparece en las cintas, destaca la estrecha relación de Bosch con el líder de la trama. "Es uno de ellos, uno de los malos, de los que hacen cosas mandado por ellos", dice la imputada.
Los protagonistas en el "Falcon" presidencial de Aznar
Bosch fue la sombra de José María Aznar en las elecciones de 2003. Él era parte del comité organizador de Génova y el responsable de los Mítines multitudinarios que Aznar dio en Burgos, Tenerife o Las Palmas.
Bosch fue la sombra de José María Aznar en las elecciones de 2003. Él era parte del comité organizador de Génova y el responsable de los Mítines multitudinarios que Aznar dio en Burgos, Tenerife o Las Palmas.
Hasta tal punto no se despegó de Aznar, que su nombre figura en los registros de pasajeros del avión presidencial del entonces presidente del gobierno, el Falcon 900 en el que Aznar y su equipo se desplazaban a los mítines. Junto a él aparece también Antonio Cámara quién un año después pasaría a trabajar para Correa en la empresa "Special Events". Cámara es actualmente consejero de Caja Madrid dentro del sector Aguirrista.
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http://www.cadenaser.com/espana/articulo/anticorrupcion-decidido-aforados-imputar-caso/csrcsrpor/20090217csrcsrnac_9/Tes
Anticorrupción ha decidido qué aforados quiere imputar en el caso Gürtel
La Fiscalía le pedirá a Garzón que se inhiba para que sean los tribunales superiores los que investiguen a los nombres vinculados con la trama
GONZALO CORTIZO 17-02-2009
La Fiscalía anticorrupción ya tiene claro qué nombres de aforados ofrecerá al juez Garzón como posibles imputados en la trama, según adelanta la CADENA SER.
Los miembros del séquito de Aznar se alojaron en hoteles reservados por Correa
Detenido el chófer de Francisco Correa por orden del juez Garzón
Lo hará a través de un escrito en el que se solicita que el magistrado se inhiba en favor de los tribunales superiores de justicia, a quienes corresponde juzgar a diputados autonómicos o miembros de gobiernos autonómicos.
El juez Garzón recibirá el escrito de la fiscalía anticorrupción este miércoles, a través del que se solicita la inhibición del magistrado al entender que en la causa podrían resultar imputados aforados de Madrid y Valencia. El propio Garzón ya apuntaba esta posibilidad en su auto pero ahora el escrito de la fiscalía supondrá un impulso en el calendario de actuaciones judiciales.
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http://www.cadenaser.com/espana/articulo/anticorrupcion-decidido-aforados-imputar-caso/csrcsrpor/20090217csrcsrnac_9/Tes
Anticorrupción ha decidido qué aforados quiere imputar en el caso Gürtel
La Fiscalía le pedirá a Garzón que se inhiba para que sean los tribunales superiores los que investiguen a los nombres vinculados con la trama
GONZALO CORTIZO 17-02-2009
La Fiscalía anticorrupción ya tiene claro qué nombres de aforados ofrecerá al juez Garzón como posibles imputados en la trama, según adelanta la CADENA SER.
Los miembros del séquito de Aznar se alojaron en hoteles reservados por Correa
Detenido el chófer de Francisco Correa por orden del juez Garzón
Lo hará a través de un escrito en el que se solicita que el magistrado se inhiba en favor de los tribunales superiores de justicia, a quienes corresponde juzgar a diputados autonómicos o miembros de gobiernos autonómicos.
El juez Garzón recibirá el escrito de la fiscalía anticorrupción este miércoles, a través del que se solicita la inhibición del magistrado al entender que en la causa podrían resultar imputados aforados de Madrid y Valencia. El propio Garzón ya apuntaba esta posibilidad en su auto pero ahora el escrito de la fiscalía supondrá un impulso en el calendario de actuaciones judiciales.
Antes de finalizar esta semana, Garzón podría responder a la petición fiscal y declarar su inhibición parcial o total de la causa. El magistrado tiene que decidir y pronunciarse sobre qué ha encontrado acerca de cada uno de los aforados en concreto cuyos nombres aparecen, por ejemplo, en las grabaciones que acompañaron la denuncia.
En esas grabaciones, a cuyas transcripciones ha tenido acceso la Cadena Ser hay referencias concretas al exconsejero de deportes, Alberto López Viejo, ya cesado y todavía sin imputar. También se menciona a Benjamin Martín Vasco, presidente de la comisión de investigación sobre los espías creada en la Asamblea de Madrid, y al actual secretario de movilización del PP de Aguirre, Alfonso Bosch.
El escrito de anticorrupción señala con nombres y apellidos a todos aquellos diputados y consejeros sobre los que pesan indicios de delito. La Fiscalía señalará, asimismo, a los tribunales superiores de Madrid, sobre todo y Valencia, en menor medida, como los idóneos para retomar las causas que afectan a los aforados.
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Fotografía: Aznar y el equipo que lo acompañaba en sus mitines, donde figuran Cámara y Bosch
Bermejo: "La cacería fue inoportuna, pero se ha manipulado un hecho neutro"
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El conseller Castellano fichó a su amiga constructora para el PP
El titular de Gobernación de la Generalitat Valenciana ha admitido, tal y como informó ayer la SER, que adjudicó contratos a dedo a construcciones Taroncher, propiedad de dos de sus íntimos amigos
JUAN MAGRANER / CADENA SER 17-02-2009
EL grupo parlamentario del PP en la Comunidad Valenciana tiene contratada desde 1996 a María Ángeles González García, propietaria de la empresa Construcciones Taroncher y Asociados, a la que el consejero de Gobernación Serafín Castellano adjudicó numerosos contratos en los últimos diez años.
AUDIOS: Castellano asegura que nunca ha usado sus cargos para beneficiar a nadie
Un conseller de Camps lleva 10 años adjudicando obras a la empresa de unos íntimos amigos
El Conseller de Gobernación adjudica la limpieza de su departamento a la empresa de uno de los imputados por Garzón
El Conseller Serafín Castellano no niega en ningún caso la amistad que su esposa y él mismo mantienen con el matrimonio Taroncher, el constructor beneficiado por las adjudicaciones. Es más, la esposa del constructor y propietaria de la empresa trabaja en el grupo parlamentario popular, en las cortes valencianas.
De ese grupo fue portavoz durante la legislatura pasada Serafín Castellano que además ha ocupado tres consellerías y algunos cargos más en los gobiernos de Eduardo Zaplana y Francisco Camps. En rueda de prensa, Castellano ha defendido que todos los contratos y adjudicaciones que ha firmado durante su carrera son legales y que su conciencia está tranquila.
Para Castellano, "lo ético es cumplir con la legalidad" y, según ha asegurado, él lo ha hecho. El Conseller de gobernación del ejecutivo de Francisco Camps ha dado un dato: en los últimos 10 años Taroncher y asociados han obtenido, en adjudicaciones tras concurso público, 391.000 euros. En los dos últimos años, 171.034 euros en adjudicaciones sin necesidad de concurso. Cifras que ha contrapuesto a los más de 73 millones de euros que ha adjudicado en su etapa como conseller de gobernación, el beneficiado Taroncher sólo ha obtenido un 0'23% de ese total.
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Serafín Castellano, titular de Gobernación de Valencia, admite que se dieron contratos menores a una constructora con la que mantiene vinculación
CRISTINA VÁZQUEZ Valencia 17/02/2009
Serafín Castellano, consejero de Gobernación del Gobierno de Francisco Camps, ha negado que haya beneficiado a la empresa constructora de unos amigos. "Yo no he beneficiado a esa empresa. Tendría conflicto de intereses si le hubiera dado grandes adjudicaciones", ha dicho el consejero de la Generalitat valenciana, que ha adjudicado en los últimos diez años, en los que ha formado parte del Gobierno valenciano al frente de tres carteras diferentes, obras a la empresa Construcciones Taroncher, con cuyos administradores mantiene una relación de amistad.
Consejeros a la orden de López Viejo
Castellano: "Éticamente, cada uno puede tener su opinión"
Del brazo de Zaplana al del presidente Camps
Garzón investiga una comisión de tres millones por un pelotazo inmobiliario
Un consejero de Camps da obras a una empresa con la que comparte crédito
Francisco Camps Ortiz
En concreto, la dueña de esta sociedad es copropietaria con la esposa del consejero de una finca rústica en la localidad valenciana de Llíria, un suelo que también paga Castellano mediante un crédito compartido y solidario con su esposa y la dueña de la constructora.
"Obras menores"
Castellano ha reconocido que desde que está al frente de la consejería de Gobernación ha concedido a Construcciones Taroncher contratos de obras menores -que no necesitan de concurso público- por valor de 171.034 euros, "un 0,23% de las adjudicaciones de este departamento", precisó el político.
Y en los 10 años en que está vinculado al Ejecutivo valenciano, la constructora ha ganado concurso públicos en libre concurrencia por otros de 391.450 euros. "Durante ese tiempo he adjudicado miles de millones de euros en obras..." dejó en el aire el consejero. Castellano no ha facilitado, sin embargo, el monto total que Construcciones Taronger se ha adjudicado en la última década ya sea a través de concursos públicos ya sea como obras menores. Sí se ha comprometido a proporcionar este dato en cuanto disponga de él.
El consejero no ha descartado emprender acciones legales en defensa de su honorabilidad y su gestión política y ha apuntado en dirección al PSOE. "A río revuelto ganancia de pescadores. En vísperas electorales estamos acostumbrados a que el PSOE nos obsequie con cortinas de humo".
Garzón analiza la comisión de un pelotazo inmobiliario
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Un conseller de Camps defiende el nepotismo
Serafín Castellano cree "ético" adjudicar obras públicas a la constructora de un matrimonio de amigos. Admite que lleva 10 años incurriendo en esta práctica.
Serafín Castellano cree "ético" adjudicar obras públicas a la constructora de un matrimonio de amigos. Admite que lleva 10 años incurriendo en esta práctica.
BELÉN TOLEDO - VALENCIA - 18/02/2009 08:00
El conseller valenciano de Governació, Serafín Castellano, reconoció el martes que lleva diez años adjudicando obras y reformas en edificios públicos a la constructora de un matrimonio de amigos íntimos, María Ángeles González y José Miguel Pérez Taroncher. Además de una relación personal, Castellano y su mujer comparten con esta pareja la propiedad de una finca de naranjos en la localidad de Liria.
La empresa se llama Construcciones Taroncher y ha recibido un goteo de adjudicaciones de obras por parte de las diferentes consellerias que ha dirigido Castellano desde finales de la década de los 90: Justícia y Administracions Públiques, Sanitat y Governació.
La dueña de la empresa beneficiada trabaja para el PP
Castellano aseguró que las adjudicaciones "son legales, claras y transparentes". Y, según una curiosa definición de la ética acuñada por él mismo, aclaró que los contratos obtenidos por sus amigos no faltan a la ética política: "Lo ético es cumplir la legalidad".
Según los datos aportados por el conseller, en los últimos dos años Construcciones Taroncher ha cobrado facturas procedentes de la Conselleria de Governació por valor de 171.034 euros. Desde 1999, los trabajos que la empresa ha hecho para los departamentos dirigidos por Castellano le han reportado 391.450 euros.
Sin embargo, esta última cifra no incluye las adjudicaciones menores de las que también se benefició Taroncher.
Este tipo de contratos son los más opacos, ya que por su reducido importe no es necesario convocar un concurso en el que compitan varias empresas ni publicar la contratación en los documentos oficiales. El conseller aseguró que facilitaría esa cifra en cuanto tuviera tiempo de hacer el cálculo, cosa que no sucedió en todo el día de ayer.
Para completar la polémica, ayer se conoció que la propietaria de la constructora y amiga de Castellano, María Ángeles González, forma parte del personal contratado por el Grupo Parlamentario Popular en Las Cortes Valencianas desde el año 1995. El PP prefirió no dar explicaciones sobre la formación y méritos de González para el puesto que ocupa con el argumento de que no se trata de un cargo público.
La conciencia tranquila
Por su parte, el conseller atribuyó las informaciones aparecidas a "cortinas de humo" del PSOE para tapar el paro y la recesión. Castellano negó haber favorecido a la firma de sus amigos, dijo tener "la conciencia muy tranquila" y amenazó con ejercitar "acciones legales" contra quien "ponga en duda mi honradez". "A mí no me va a amedrentar nadie", afirmó.
Castellano destacó que lo facturado por Taroncher supone un 0,23% del importe total adjudicado por la Conselleria de Governació. Insistió en que la constructora es una más de las 81 empresas que trabajan para su departamento.
La oposición cree que el escándalo es consecuencia de la opacidad de Camps
Desde la oposición, el PSOE pidió a Castellano que dé explicaciones en Las Cortes Valencianas. "El problema del PP es que ha eliminado de plano el concepto de responsabilidades políticas", explicó el diputado socialista Joaquim Puig. "No sería reprobable que el conseller contratara a una empresa con cuyos dueños mantiene una relación personal si es en un momento concreto y por una razón justificada. Pero no parece moral que vaya jalonando de adjudicaciones a la misma empresa según la conselleria que esté dirigiendo", explicó Puig.
Por su parte, el grupo parlamentario Compromís destacó que el escándalo es una consecuencia de la opacidad del Gobierno valenciano. Su portavoz, Mónica Oltra, criticó que "desde hace años" el Ejecutivo de Francisco Camps se resiste a dar información sobre los contratos menores. Oltra anunció que enviará sus solicitudes de información no atendidas al juez Baltasar Garzón.
Según la portavoz, la secuencia es siempre la misma. Primero, la oposición presenta una pregunta parlamentaria en la que se interesa por las empresas que se benefician de estas adjudicaciones. Y, al cabo de unas semanas, la Mesa de Las Cortes rechaza la pregunta con argumentos como que los adjudicatarios no tienen "relevancia" en el País Valenciano. La diputada afirma que existen 776 millones de euros anuales adjudicados a través de contratos menores, de los que la Generalitat se niega a dar explicaciones.
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El ex consejero López Viejo y el diputado regional Bosch viajaban con el ex presidente
Correa organizó el alojamiento del séquito electoral de Aznar en 2003
ELPLURAL.COM
El presunto cerebro de la presunta trama de corrupción en torno al PP, Francisco Correa, se encargó a través de una de sus empresas de viajes del alojamiento del equipo que organizó los mítines de José María Aznar durante la campaña autonómica y municipal de 2003, actividades por las que facturó a Génova fuertes sumas. En aquel séquito electoral figuraban dos de los populares que aparecen en las cintas de la investigación: Alberto López Viejo, ex consejero de Aguirre que dimitió cuando saltó el escándalo de la trama, y el diputado regional de la Asamblea de Madrid Alfonso Bosch.
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“Alberto (López Viejo) se lleva una parte de cada acto que se hacía, aquí un kilo, aquí medio”
Según revela la Cadena Ser, el juez Garzón investiga la empresa Pasadena Viajes, propiedad de Correa, en el marco de las diligencias en torno al presunto entramado de corrupción que salpica a los populares. Esta empresa de viajes facturó al PP nacional fuertes sumas en concepto de alojamiento del equipo organizador de los mítines del entonces presidente José María Aznar. Se trata concretamente de facturaciones relacionadas por los viajes de Aznar y su séquito fuera de Madrid durante los mítines de la campaña para las autonómicas y municipales de 2003.
López Viejo y Bosh viajaban con Aznar
De este séquito electoral formaban parte el dimitido Alberto López Viejo y el actual diputado regional y secretario de movilización del PP de Madrid Alfonso Bosch, dos de los miembros del PP que aparecen citados comprometedoramente en las grabaciones incluidas en la investigación de Garzón contra la corrupción. De hecho, en las cintas aparece el propio Correa explicando que López Viejo “se lleva una parte de cada acto que se hacía, aquí un kilo, aquí medio kilo”. También en las grabaciones, una de las imputadas alude a las estrechas relaciones entre el cabecilla Correa y el diputado regional Bosch, apuntando sobre este último que “es uno de ellos, uno de los malos, de los que hacen cosas mandado por ellos”.
También Cámara, consejero de Caja Madrid
En aquella campaña de 2003 Bosch formaba parte del comité organizador de Génova y viajó incluso con Aznar en su avión presidencial, también junto a Antonio Cámara, actualmente consejero de Caja Madrid del bando aguirrista. Cámara pasó a trabajar en 2004 para Correa en la empresa Special Events.
Confianza con el entorno del ex presidente
Hace unos días ya se apuntó que Correa había desembarcado en el PP después de organizar un viaje a Álvarez Cascos cuando éste ere secretario general del partido, y a partir de entonces empezó a desenvolverse con soltura por Génova y en el entorno de Aznar trabajando para la formación.
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PP Vice. 17/02/2009.
Con el empresario. Serafín Castellano y Pérez Taroncher, al fondo. fernando bustamante.
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SUPUESTA TRAMA DE CORRUPCIÓN
El Conseller de Gobernación adjudica la limpieza de su departamento a la empresa de uno de los imputados
Serafín Castellano lo adjudica a la empresa Seralia, que forma parte del grupo propiedad de Ulibarri
CADENA SER 17-02-2009
El Diario Oficial de la Comunidad Valenciana publica que Serafín Castellano, titular de la Consellería de Gobernación de la Comunidad Valenciana, ha adjudicado el servicio de limpieza de los edificios dependientes de su Consellería, tanto en Valencia como en el Complejo de L?Eliana, a la empresa Seralia SA. Esta firma forma parte del Grupo Begar, que pertenece a José Luis Ulibarri, uno de los 37 imputados por el juez Baltasar Garzón en la operación Gürtel que investiga la supuesta trama de corrupción que salpica al Partido Popular.
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La adjudicación se decidió en noviembre del año pasado por un importe total de 214. 908 euros. El concurso ordinario se convocó el mes de septiembre.
Las empresas de José Luis Ulibarri han conseguido numerosas adjudicaciones de la Generalitat Valenciana. Junto con otros socios, su empresa Mediamed ha sido adjudicataria de 13 licencias de Televisión Digital Terrestre.
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"Se le adjudicó el suelo porque pagó tres millones en comisiones"
Correa se repartió el dinero del constructor con un alcalde del PP.- La trama presionó al Gobierno de Esperanza Aguirre para cobrar dos millones
FRANCISCO MERCADO - Madrid - 17/02/2009
La promoción Boadilla Park, aprobada en 2006, es uno de los más lucrativos casos de supuesta corrupción que tiene bajo su lupa el juez Baltasar Garzón en relación con la trama vinculada al PP que dirigía Francisco Correa. Los datos que obran en el sumario tienen el siguiente perfil acusatorio: UFC, constructora de José Luis Ulibarri, amigo de Correa, partió como claro caballo ganador en un concurso de suelo en Boadilla del Monte, un municipio madrileño donde el PP gobierna con amplia mayoría absoluta. Al concurso también se presentaron Nozar y Tecomsa, entre otras empresas constructoras.
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Según fuentes conocedoras del sumario, la explicación que tiene Garzón en la denuncia que investiga sobre el desenlace del concurso es tan simple como explosiva: "Se adjudicó a UFC porque esta empresa pagó tres millones de euros [en comisiones ilegales]" a los responsables de adjudicar el concurso y a los que intermediaron en favor de Ulibarri. El concurso se adjudicó el 28 de octubre de 2006.
Según los testimonios obrantes en el sumario, dicha suma se la pagó el constructor José Luis Ulibarri, dueño de UFC, a Correa en su despacho profesional de Valladolid. La entrega fue en metálico. La denuncia señala que el chófer de Correa lo llevó en ese viaje. El chófer fue detenido ayer por la policía, que realizó registros relacionados con la operación, informa Efe. Además, hay testimonios que apuntan que tal suma fue posteriormente repartida con Arturo González Panero, ex alcalde de Boadilla, del Partido Popular. González Panero lo niega tajantemente.
Reparto de dinero
En el sumario se han incorporado grabaciones donde se habla de una promoción en Boadilla, sin concretar cuál, donde Correa asegura que cobró el dinero por sus gestiones y luego lo repartió. Correa solía usar un discreto sistema para entregar sus sobornos o reparto de comisiones en metálico: lo hacía en el interior de cajas de zapatos que entregaba a cargos madrileños del PP.
Existe una singularidad en la oferta ganadora que UFC presentó al concurso del Ayuntamiento de Boadilla por 35 millones de euros: era tres millones más barata que la que perdió la adjudicación. Casualmente, la cifra ahorrada por Ulibarri para hacerse con la jugosa promoción inmobiliaria es idéntica a la suma presuntamente pagada en comisiones ilegales y sobornos a la trama de Correa y a los miembros del Ayuntamiento de Boadilla implicados.
UFC, a cambio de quedarse con el suelo, ofreció culminar el proyecto de construcción de 139 viviendas libres "de alto standing" en un tiempo récord doce meses, plazo que, según fuentes municipales de Boadilla del Monte, incumplió. Fue justamente el plazo de ejecución lo que inclinó la balanza a su favor en el fallo final del concurso. Un concejal independiente de Boadilla, Ángel Galindo, denunció en 2005 la irregularidad de esta operación inmobiliaria sobre suelo público.
Existe la sospecha, no verificada, y que consta en el sumario, de que hubo dos pagos por esta operación de 500.000 euros cada uno a una firma de Jacobo Gordon, amigo y ex socio del yerno de Aznar, Alejandro Agag.
En el negocio, según la denuncia que investiga Garzón, también estaba Alfonso Bosch, un alto cargo de Boadilla que hoy es diputado autonómico del PP. Sobre este presunto negocio bajo cuerda entre González Panero y Correa existe un precedente que facilitó su logro. Garzón posee testimonios sobre la existencia de un vídeo en el que González Panero cuenta dinero de una presunta comisión anterior rodeado de diversos cargos de su partido.
La grabación tuvo lugar, según los testimonios obrantes en el sumario, en el salón de la finca de Correa. Ese vídeo le sirvió a Correa, según se jactaba de contar a sus interlocutores íntimos, para presionar a González Panero y lograr sucesivos tratos de favor en el Ayuntamiento de Boadilla. González Panero jura ignorar la existencia de dicho vídeo y, por supuesto, niega dicha reunión.
El vídeo presuntamente comprometedor para el regidor de Boadilla también fue visionado por un alto cargo del Gobierno de Castilla y León. Es el vídeo por el que se jacta Correa de tener asegurado negocio en Boadilla por cuatro años. "Tuve que hacerle el vídeo para defender lo mío", se justifica Correa.
"Una empresa grande"
Correa no anda lejos de otro negocio que cobra inusitada turbidez: "Ibámos a adjudicar una cosa grande, una residencia de tercera edad en Boadilla; yo ganaba un pastón, la empresa era de un antiguo amigo mío de Córdoba". Lo decía Correa, sin cargo alguno en el Ayuntamiento de Boadilla, pero que figura como maestro que dirige no pocas operaciones municipales.
El chantaje parece haber sido un habitual método para conseguir contratos. Así, en relación con los contratos obtenidos a través de su trama de empresas, de modo directo o camufladas tras empresas blancas, Correa empezó a hacer llegar el siguiente mensaje a la Comunidad de Madrid: si no cobraba su deuda, que elevaba a más de dos millones de euros, difundiría que la Comunidad de Madrid había estado pagando facturas de actos del PP por la vía de abonar servicios no prestados a sus firmas.
El mensaje amenazador tenía como primer destinatario al entonces consejero de Deportes, Alberto López Viejo, destituido por Esperanza Aguirre sin haber detallado una sola de las decenas de irregularidades que ha dejado como herencia y a las que, el consejero de Hacienda, se esfuerza por depurar y buscar salida legal.
Legó un auténtico marasmo de facturas, ya que las asignaba a cada consejería organizadora de actos de Aguirre y las troceaba para adjudicar a dedo. López Viejo sigue siendo diputado autonómico, aunque Garzón posee datos de que recibió presuntos sobornos.
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Los vínculos de un consejero de Camps y la constructora
La esposa del alto cargo compró terrenos con la dueña de la constructora
JOSÉ MARÍA IRUJO - Madrid - 17/02/2009
Serafín Castellano Gómez, consejero de Gobernación del PP de la Comunidad Valenciana ha adjudicado con regularidad obras a la empresa Construcciones Taroncher y Asociados, con la que mantiene una estrecha vinculación personal. La dueña de esta firma es copropietaria con la esposa del consejero de unos terrenos rústicos en el término de Llíria (Valencia), un suelo que también paga el alto cargo del Gobierno de Francisco Camps mediante un crédito compartido y solidario con su esposa y la dueña de la citada empresa.
Castellano: "Éticamente, cada uno puede tener su opinión"
"SOY MÁS POBRE QUE CUANDO EMPECÉ EN POLÍTICA".
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La firma relacionada con el consejero es contratista habitual de su departamento
Construcciones Taroncher es propiedad de María Ángeles González García y de su hijo Daniel. El apoderado de la empresa es su marido, José Miguel Pérez Taroncher, de 57 años, un amigo personal del consejero Castellano, del que es compañero de cacerías y partidos de pelota.
La consejería de Gobernación ha encargado a la constructora, que apenas cuenta con cinco empleados, contratos menores de obras por unos 200.000 euros entre 2006 y 2007. Las obras han tenido lugar en la sede oficial de la consejería y en el Centro de Emergencias y Coordinación 112 de L'Eliana, dependiente de esa consejería. Algunas autorizaciones de obras llevan la firma del consejero Serafín Castellano, que fue consejero de Sanidad con Eduardo Zaplana y hoy está alineado con Camps.
El 25 de abril de 2008, Nuria Fundamento Rioja Rioja, esposa del consejero de Gobernación, y María Ángeles González García, la dueña de la constructora, escrituraron ante notario la compra de una finca de naranjos de dos hectáreas y media en el término de Llíria. Nuria Rioja está casada en régimen de gananciales, por lo que el político también es propietario de los terrenos, y María Ángeles González, en separación de bienes, según señala la escritura.
Ambas adquirieron la finca a la sociedad mercantil L'Alqueria Vella S.C.P., y declararon un precio de compra de 130.392 euros. La forma de pago, según el documento notarial, fue así: dos pagos en efectivo de 30.000 y 17.792 euros y un cheque de 82.600 euros.
El mismo día de la compra de estos terrenos, el consejero Castellano acompañó a su esposa a la notaría de Llíria donde se escrituraron. Y en esa misma notaría Castellano; su esposa, Nuria Rioja, y la dueña de la constructora, María Ángeles González, firmaron ante el mismo notario un préstamo hipotecario con el Banco Popular Español por 82.600 euros con la garantía de la finca de naranjos. Las dos mujeres tienen una cuenta conjunta.
"Firmé el préstamo porque tengo régimen de gananciales, pero lo hice como particular y pago la parte que me corresponde", explicó ayer el consejero a EL PAÍS.
Los contratos firmados por el consejero Castellano a favor de la citada constructora son de obras menores [inferiores a 50.000 euros] para los que no se requiere acudir a concurso.
En 2007, Taroncher facturó más de 27.000 euros en la planta tercera de la consejería de Gobernación por obras de ampliación de baño y hall. En esta planta se encuentra el despacho del consejero, también reformado. En este mismo edificio de la calle Historiador Chabás 2, la constructora hizo obras de pintura por unos 30.000 euros. Los proveedores de la Generalitat se quejan del atraso en los pagos, pero las obras de Taroncher se cobran con una celeridad poco común.
Construcciones Taroncher ha facturado desde el año 2000 más de siete millones de euros, en su mayoría en obras para la Generalitat de Valencia. Entre sus obras más importantes destaca el refuerzo de los pilares del pabellón general del Hospital La Fe de Valencia, por la que facturó en 2007 más de un millón de euros, y reformas en centros de salud, algunas en la época en la que Castellano fue consejero de Sanidad (entre 2000 y 2003). Entre ellas el concurso del laboratorio de hormonas del Hospital La Fe; rehabilitación de suelos y puertas en los quirófanos del Hospital Maternal y Hospital Infantil La Fe y ampliación del centro de salud de Ribarroja del Turia. En total, unos 300.000 euros.
Los implicados
- Serafín Castellano Gómez, consejero de Gobernación de la Generalitat valenciana. El 25 de abril de 2008 firmó un préstamo de 82.600 euros con su esposa, Nuria Rioja, y con María Ángeles González, dueña de Construcciones Taroncher y Asociados, SL, para la compra de una finca rústica en Llíria (Valencia). Entre 2007 y 2008, el consejero adjudicó a Construcciones Taroncher obras por unos 200.000 euros.
- Nuria Rioja. Esposa del consejero de Gobernación. Adquirió en 2008 la finca de naranjos, de más de dos hectáreas y media, con María Ángeles González. El precio en la escritura es de 130.392 euros. Rioja está casada en régimen de gananciales por lo que el consejero es también propietario de los terrenos.
- María Ángeles González García. Ha facturado en los últimos siete años unos siete millones de euros, en su mayoría con la Administración y el Gobierno de Valencia. Ha recibido obras de equipamientos sanitarios cuando Castellano fue consejero de Sanidad y para obras en dependencias de Gobernación, ahora que es titular de este área.
- José Miguel Pérez Taroncher. Marido de María Ángeles González, apoderado de la empresa Construcciones Taroncher y Asociados, SL. Amigo personal del consejero Serafín Castellano.
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Del brazo de Zaplana al del presidente Camps
EL PAÍS - Madrid - 17/02/2009
El consejero Serafín Castellano, de 44 años, natural de Benisano (Valencia) tiene una intensa trayectoria política en la Comunidad Valenciana. Ha sido consejero de Sanidad (2000-2003) y de Justicia y Administraciones Públicas (2003-2007) y presidente de la Federación Valenciana de Municipios. En 2003, Eduardo Zaplana, su principal mentor político, le nombró portavoz del Grupo Parlamentario Popular, tarea que desempeñó tres años.
Su fidelidad a Zaplana desapareció cuando Camps llegó al Palau de la Generalitat y encontró en este político el hombre para impulsar su proyecto de Estatuto. En marzo de 2006, las Cortes aprobaron el nuevo Estatuto con el acuerdo de populares y socialistas. Castellanos negoció con el dirigente socialista Joan Ignasi Pla y logró el consenso con la oposición. Desde Gobernación, Castellanos recibió el encargo de desarrollar legislativamente el nuevo Estatuto. De la Consejería de Gobernación dependen la policía autonómica, la seguridad ciudadana y la prevención de incendios.
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Octavo ex cargo del Gobierno de Matas imputado por corrupción
A. M. - Palma de Mallorca - 17/02/2009
El abogado Miguel Ángel Bonet Fiol, que fue secretario del consejo de administración y asesor jurídico del Instituto Balear de Turismo (Ibatur), abonó ayer en el juzgado de Palma de Mallorca 85.000 euros de fianza para eludir la orden de prisión dictada tras ser detenido bajo la acusación de supuesta corrupción.
Jaume Matas Palou
Los hechos investigados se ciñen a la anterior etapa política del Gobierno de Jaume Matas, del PP. Ibatur tenía 24 millones de euros de presupuesto.
Bonet confesó al juez que vació fondos públicos en una cantidad semejante a la de la fianza. La confesión llegó tras descubrirse que era el posible autor y receptor de dos facturas falsas de 19.000 euros.
Con Bonet, son siete los directores generales, gerentes o administradores de la época de Matas (2003-2007) que han sido detenidos por supuesta corrupción en Baleares. Un octavo, Pau Collado, ha sido imputado por sus relaciones empresariales en Madrid con la trama corrupta de Francisco Correa.
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'Golfos apandadores', por MIGUEL ÁNGEL AGUILAR
Rajoy: "Niego que el PP haya recibido un solo euro"
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"Tenemos derecho a saber"
MIGUEL OLIVARES
El Consell niega los papeles de la sociedad para grandes eventos
El TSJ asume la investigación a Alperi por Mercalicante
S. N.
Por el desfalco está imputado el ahora diputado del PP
Orange Market ocultó facturas electorales del PP en 2007 y Special Events, en 2003
M. O.
Los escándalos que afectan al PP
El urbanizador del PAI que Ulibarri ejecuta en Rocafort no avaló la obra
EL PAÍS
Urbanite tiene entre sus socios a miembros de la familia Serratosa Caturla
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El Consell gana tiempo al negar los papeles de Orange Market al PSPV y prometer que los dará
Rambla se hace el encontradizo con la oposición para ofrecerle garantías y afirma que la vinculación con la firma de Álvaro Pérez se ciñe a Fitur, la Volvo y que "son dos o tres pequeñas relaciones"
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El Bloc exige a la Generalitat las facturas de la empresa Rialgreen
Garzón detiene al conductor del cabecilla de la trama de corrupción vinculada al PP
Bermejo admite que la cacería con el juez fue "probablemente inoportuna"
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Serafín Castellano admite haber adjudicado obras a la constructora de unos amigos
La mujer del titular de Gobernación compró un campo de naranjos de 27.000 metros a medias con la esposa del constructor Pérez Taroncher, contratista de la Generalitat
Levante-EMV, Valencia
El conseller de Gobernación, Serafín Castellano, ha estado adjudicando, desde que fue titular de Sanidad con Eduardo Zaplana hasta ahora, contratos a Construcciones Taroncher y Asociados S. L., empresa creada en septiembre de 1996 y cuyo apoderado, José Miguel Pérez Taroncher, es íntimo amigo suyo. El conseller admitió la concesión de contratos a la firma de su amigo, según contó anoche la Cadena Ser. El titular de Gobernación afirma no ver "inconvenientes" en que sean contratistas de su departamento, según una información de la Cadena Ser recogida por Europa Press. Castellano reconoció que es íntimo amigo de los dueños de esta constructora, y admitió que firmaron juntos la compra de unos terrenos aunque dijo no detectar inconveniente alguno en que sean contratistas del departamento que él dirige.
La citada emisora informó, además, de que la mujer de Pérez Taroncher y la del conseller compraron, en abril de 2008, unos campos de naranjas de 27.000 metros cuadrados con una hipoteca del Banco Popular. Suscrita por María Ángeles García y por Nuria Fundamento Rioja, casada con Castellano en régimen de bienes gananciales. García, esposa de Pérez Taroncher, es, además, administradora de la empresa de construcción. En el acto de firma de la escritura estuvo presente el propio Serafín Castellano, según la citada emisora. Prueba de la estrecha amistad entre Castellano y el empresario es que juegan juntos casi todos los martes a pelota valenciana en el trinquete de la Pobla de Vallbona o en el de l´Eliana. Pérez Taroncher fue jugador profesional de este deporte, en el que es conocido como «Segarra». En la foto que acompaña esta información, aparece haciendo pareja con el conseller.
También cazan juntos.
La relación de contratos de Taroncher y Asociados con la Generalitat empieza con la llegada de Castellano a la Conselleria de Sanidad en 2000. Entre ese año y 2003, cuando dejó el cargo, la constructora recibió, según ha averiguado este diario, contratos por casi 430.000 euros. Correspondientes a la construcción del laboratorio de hormonas del Hospital La Fe, a la rehabilitación de suelos y puertas del maternal e infantil de ese mismo centro y a la construcción y ampliación del centro de salud de Riba-roja, en el Camp de Túria, comarca del conseller.
Posteriormente, en la legislatura en la que fue portavoz de las Corts, siguieron cayendo contratos sanitarios a la constructora de su amigo. El año 2005 fue muy fértil para la contratista. Desde reformas de quirófanos del infantil de la Fe, hasta la adecuación de instalaciones del traslado de basuras o impermeabilización de la terraza. Acondicionamientos y mejoras del centro de Salud de Trinitat, en Valencia, de Manises o de Buñol, son otras obras que hizo Taroncher y Asociados. Ya como conseller de Gobernación, Castellano adjudicó obras en la sala de mando del Centro de Emergencias, la reparación del tejado o la instalación de un sistema de detección de incendios y reforma del alumbrado en ese mismo centro. Castellano fue uno de los primeros dirigentes del PP en pasarse de las filas del zaplanismo al campsismo. De hecho, fue uno de los artífices del plante zaplanista en las Corts, en el verano de 2004, el día en que el conseller de Economía Gerardo Camps presentó el macroplan de inversiones estratégicas. Desde ese momento, Castellano hizo una labor impagable en favor del presidente Camps sumando diputados a su causa. Una tarea tan premiada por el jefe del Consell como repudiada desde el zaplanismo.
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Castellano asegura que nunca utilizó sus cargos para beneficiar a nadie
El conseller de Gobernación defendió la legalidad, claridad y transparencia de las adjudicaciones realizadas en sus departamentos y afirmó que ni su mujer ni él tiene ningún "interés" con empresa alguna
AGENCIAS/LEVANTE-EMV.COM
El conseller de Gobernación, Serafín Castellano, ha asegurado hoy que "jamás" ha utilizado sus cargos públicos "para beneficiar a nadie", ni ha hablado con nadie "para influir en contratos públicos a beneficio de ninguna empresa", y ha reivindicado la legalidad y transparencia de sus adjudicaciones.
Castellano ha hecho estas afirmaciones en su primera comparecencia pública después de que la Cadena Ser y El País hayan informado de que ha adjudicado con regularidad obras a la empresa Construcciones Taroncher, con la que mantiene una estrecha vinculación personal.Según estos medios de comunicación, la Conselleria ha encargado a esa constructora, de cinco empleados, contratos menores de obras por unos 200.000 euros entre 2006 y 2007, y la dueña de la empresa es copropietaria, con la mujer del conseller, de unos terrenos rústicos en Llíria (Valencia).
El conseller ha asegurado que ni él ni su mujer tienen "ninguna participación ni intereses" con ninguna empresa, aunque ha admitido que mantiene amistad con el responsable de Construcciones Taroncher, y ha reivindicado que no renuncia "a servir a los valencianos" y a seguir cumpliendo con su obligación y responsabilidad pública.Ha explicado que Construcciones Taroncher ha facturado en dos años a la Conselleria de Gobernación por distintos trabajos de reforma -entre ellos la sala de prensa de la Conselleria y en el Centro de Coordinación de Emergencias- por valor "de 171.034 euros en contratos menores".
Castellano ha agregado que el montante total de adjudicaciones desde que es titular de Gobernación asciende a 73.233.763,56 euros, de manera que lo facturado a esa empresa -que es una de las 81 adjudicatarias de contratos menores de su departamento- representa "un 0'23" por ciento.
Además, ha explicado que desde que es conseller de la Generalitat, donde ha ocupado distintas carteras, Construcciones Taroncher ha sido adjudicataria en concursos públicos de libre concurrencia que ha ganado por valor de "391.450,16 euros" en diez años, cuando como conseller ha adjudicado en ese tiempo "miles de millones de las antiguas pesetas".
Según el conseller, las adjudicaciones que ha ejecutado durante durante su trayectoria política son todas "legales, claras y transparentes", por lo que tiene "la conciencia muy tranquila" y "absolutamente nada que ocultar".Preguntado sobre si esta situación es "ética", Castellano ha asegurado que "lo ético es cumplir la legalidad", y ha insistido en que no ha beneficiado a esa empresa, en la que no tiene participación ni relación familiar, y que todo lo que ha hecho es "público y contrastable".
A su juicio, tendría un "conflicto de intereses" si hubiera hecho "grandes adjudicaciones" a esa empresa y la hubiera beneficiado o hubiera hecho algún tipo de trato de favor", lo que ha negado, y ha destacado que la mercantil se presentó a otras adjudicaciones que no logró.
Además, ha negado que su mujer o él hayan comprado un solar, "como algunos intentan insinuar", sino que se trata de un terreno rústico en suelo no urbanizable común para la explotación de naranjos, que es lo que hay allí, que adquirieron con un préstamo hipotecario que pagan mensualmente.
El conseller ha acusado a los socialistas de lanzar "cortinas de humo" en vísperas electorales para "desviar de los problemas que realmente tienen los ciudadanos", y ha indicado que no le va a "amedrentar nadie" y que si alguien pone en duda su "honradez" y transparencia ejercitará las acciones legales "oportunas".
Castellano ha instado a que se investigue su patrimonio todo lo que se quiera, "por activa y por pasiva", ya que será "beneficioso para la dignidad de la clase política", y ha defendido que "lo poco" que posee de patrimonio lo tiene por una hipoteca y por un préstamo hipotecario, y que vive en la misma casa, en un segundo piso que le hizo su padre.
"Voy a seguir defendiendo mi tierra y los intereses de esta comunidad", ha aseverado el conseller, quien ha asegurado que no renuncia a sus ideas, a su partido, a sus amistades ni a sus aficiones.
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La esposa del conseller fue socia de Conesa
Construcciones Taroncher multiplicó por 66 sus beneficios en 2007
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Aguirre protege a los suyos y bloquea la investigación del espionaje en Madrid
JUANMA ROMERO
Los conservadores madrileños también impiden la comparecencia del tesorero del PP, Luis Bárcenas, y del ex tesorero, Álvaro Lapuerta. Sí comparecerán Aguirre, Gallardón y Cospedal. La oposición habla de "censura".
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El albondiguilla y la compota
Tag: PP — Ignacio Escolar @ 9:46 pm
« Tranquilo, relámpago Pollo a la concejala »
El PP se ha puesto al fin duro con los corruptos. “Si hay manzanas podridas, las eliminaremos lo antes posible”, prometió el domingo María Dolores de Cospedal, que ha empezado la compota por la manzana más grande. ¿Carlos Fabra y sus 94 cuentas corrientes? ¿Ignacio González y sus rentables adjudicaciones familiares? ¿Jaume Matas y su exilio preventivo en EEUU? No: la manzana más urgente es Arturo González Panero, el ex alcalde de Boadilla, más conocido en el caso que instruye Garzón por su alias: el albondiguilla.
No se dejen engañar por su apodo, no le minusvaloren. En estos tiempos de balcanización del PP, el albondiguilla es casi un barón regional. No hay más que recordar cómo fue su dimisión, hace unos días. Primero dejó en evidencia a Esperanza Aguirre y Mariano Rajoy, que se marcaron un bonito discurso sobre la honradez de los cargos del PP, dando por hecha una dimisión “voluntaria” que el voluntario en cuestión desmintió al rato. Y después, a pesar del feo a sus jefes, el albondiguilla pudo negociar su rendición, forzar la dimisión de su enemiga en el pueblo –la ex teniente de alcalde– y elegir quién se quedaba con su sillón, que para eso el Ayuntamiento es suyo.
Cospedal, en otro gesto de autoridad, también ha sacado del cesto al ex alcalde de Majadahonda. Pero no ha querido precipitarse. A los dos militantes del PP imputados por Garzón les cae un “expediente informativo”, de esos que se ponen, se quitan o se suspenden, como aquella investigación interna sobre los espías que inició Génova y que ahora va como va en la Asamblea de Madrid. Sin duda, el albondiguilla está hoy mucho más preocupado por el expediente interno del PP que por la investigación de la Fiscalía Anticorrupción. Las compotas de Rajoy y Cospedal son siempre implacables.
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¿Debe comparecer Rajoy en la comisión?
El PP rechaza recusar al presidente de la comisión de investigación
El PP expedienta a sus dos imputados
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No haga más el ridículo, Sra. Cospedal
La secretaria general del PP exhibe memoria flaca y rostro duro
¿Ha recibido, María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, clases particulares con carácter de urgencia a cargo de Ángel Acebes, su antecesor como número 2 de la derecha política? Si hubiera aprendido la lección, habría que felicitar al ex ministro del Interior en el 11-M por la eficacia de su pedagogía. Si no, habría que felicitar a Cospedal por sobrepasar a su maestro en el arte del engaño o del embuste.
Tan laboriosa
Es una lástima que Cospedal -tan aplicada, tan laboriosa, tan voluntariosamente superficial, durante el tiempo que le dejaron investigar el affaire de los espías en el territorio de Esperanza Aguirre- exhiba estos día memoria flaca y rostro duro. Caso Naseiro No se quiere acordar Cospedal del caso Naseiro, en el cual las cintas magnetofónicas -con revelaciones dignas de truhanes tabernarios- recogieron testimonios que atestiguan, como mínimo, que los principios éticos no parecen ser los que regulan la conducta de ciertos relevantes dirigentes del PP.
La guerra sucia
No se quiere acordar Cospedal que antes que los GAL se utilizaba ya la guerra sucia para combatir ETA, aunque con otras denominaciones. ¿Por qué Cospedal no le pregunta a José María Aznar las razones por las que ordenó suspender súbitamente la Comisión de Investigación Parlamentaria sobre los GAL? Martín Villa Esta Comisión desarrollaba sus tareas en el Senado, mientras el líder de la derecha gritaba en el Congreso: “¡Váyase, Sr. González!” Pues bien, yo invito a Cospedal que se lo pregunte a Aznar y, si no puede atenderle -porque está reunido con Alejandro Agag, por ejemplo-, pregúnteselo a Rodolfo Martín Villa. O repase sucintamente las hemerotecas.
Soller y el Algarrobo
¿Le suena el caso Soller, del presidente Cañellas, al que admiraba en público Aznar, y que fue condenado por la Justicia? ¿Y el del alcalde de Burgos, José María Peña, conocido por el apodo del Algarrobo, promotor del partido Solución Independiente (SI), gracias al cual conquistó Aznar en parte la presidencia de Castilla y León, tras montar una mentira calumniosa sobre su predecesor en el cargo, el socialista Demetrio Madrid, absuelto más tarde por el Supremo? Peña fue condenado por el Supremo a raíz del asunto de la construcción en Burgos.
Rasputin incluido
¿Prefiere que hablemos de Jaume Matas, que protagoniza un affaire de presunta corrupción total, Rasputin incluido? ¿O le gustaría más acercarse a Castellón a saludar y dar una abrazo al caudillo Fabra, el suegro del inefable Juan José Güemes -en la actualidad más mudo que un ermitaño- o a dar una vuelta por Valencia o por Alicante, sin olvidar la Comunidad de Murcia o la ciudad de Oviedo?
Romero de Tejada
¿Le interesa tal vez que evoquemos al honorable Ricardo Romero de Tejada, a los constructores Bravo (tío y sobrino) y a los personajes ocultos que organizaron el tamayazo –cuya investigación judicial fue bloqueada por el fiscal general de la época, Jesús Cardenal, acólito de Aznar- no pocos de los cuales podrían ser presuntos implicados en el espionaje ilegal, en la batalla de los dossiers y en la trama de los correas, los jacobos, los álvaros bigotudos y, en general, el entorno no tan lejano de Agag?
Cuentos chinos
No haga más el ridículo, señora Cospedal. Reconozca el gigantesco fiasco. Limpien sus colegas y usted misma su casa antes de que hieda, desinfecten a fondo y con rapidez, expulsen pronto a los sinvergüenzas y no se escuden más en excusas estúpidas, en cuentos chinos y en la burda manipulación de la historia.
Enric Sopena es director de El Plural
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Entregó el dienero en metálico a Correa quien lo repartió con el ex alcalde Panero
Ulibarri habría pagado 3 millones de euros para construir una promoción de viviendas en Boadilla
"No hemos recibido ni un solo euro de la trama de corrupción”
Aunque no pone “la mano en el fuego” por ella, Rajoy asegura que Aguirre es “absolutamente honrada”
La esposa de Serafín Castellano y la administradora de esta firma compraron unos terrenos conjuntamente
Un consejero de Camps lleva 10 años adjudicando obras a la empresa de unos íntimos amigos
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Anticorrupción le investiga junto a 67 españoles por fraude fiscal
Blanco Balín también podría estar implicado en una red de blanqueo de capitales en Liechtenstein
ELPLURAL.COM
Ramón Blanco Balín está en todas las salsas. Además de estar imputado en la trama de corrupción relacionada con el Partido Popular, el ex consejero delegado de la empresa Repsol bajo la presidencia de Alfonso Cortina y organizador de eventos para el PP en época de José María Aznar, podría haber participado en un delito de evasión de capitales a través del paraíso fiscal de Liechtenstein.
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37 políticos y empresarios, imputados por Garzón en la trama de corrupción vinculada al PP
Según desvela Interviú, la Audiencia Nacional investiga a instancias de la Fiscalía Anticorrupción la procedencia de los fondos en Liechtenstein de 67 españoles, acusados de defraudar 170 millones de euros entre 2002 y 2006.
Dos únicos nombres
Los informes de la Fiscalía llevan dos únicos nombres como “colaboradores de algunos de esos inversores en la repatriación de capitales desde estructuras fiduciarias ‘off-shore’ o en la administración de tales capitales”. Los señalados por el fiscal son Andrés Guillamot Bernardo y José Ramón Blanco Balín. Ambos comparten oficinas. Además del empresario, los informes recogen el nombre de su empresa: R. Blanco Asesores Fiscales SL, informa Interviú.
Blanqueo de capitales
En concreto, un auto firmado por el juez Santiago Pedraz el 14 de julio de 2008, asegura “los motivos alegados en la solicitud permiten inferir que A Guillamot Asesores y R Blanco Asesores Fiscales habrían participado de forma activa en la constitución y gestión de entidades en Liechtenstein, dedicadas a la ocultación y gestión de fondos hasta que el inversor decida disponer de ellos o repatriarlos, lo que sería constitutivo no solo de defraudación a la Hacienda Pública sino también blanqueo de capitales”.
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SUPUESTA TRAMA DE CORRUPCIÓN
El Conseller de Gobernación adjudica la limpieza de su departamento a la empresa de uno de los imputados
Serafín Castellano lo adjudica a la empresa Seralia, que forma parte del grupo propiedad de Ulibarri
CADENA SER 17-02-2009
El Diario Oficial de la Comunidad Valenciana publica que Serafín Castellano, titular de la Consellería de Gobernación de la Comunidad Valenciana, ha adjudicado el servicio de limpieza de los edificios dependientes de su Consellería, tanto en Valencia como en el Complejo de L?Eliana, a la empresa Seralia SA. Esta firma forma parte del Grupo Begar, que pertenece a José Luis Ulibarri, uno de los 37 imputados por el juez Baltasar Garzón en la operación Gürtel que investiga la supuesta trama de corrupción que salpica al Partido Popular.
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Rajoy: "Niego que el PP haya organizado una trama empresarial como la del PSOE con Filesa"
La adjudicación se decidió en noviembre del año pasado por un importe total de 214. 908 euros. El concurso ordinario se convocó el mes de septiembre.
Las empresas de José Luis Ulibarri han conseguido numerosas adjudicaciones de la Generalitat Valenciana. Junto con otros socios, su empresa Mediamed ha sido adjudicataria de 13 licencias de Televisión Digital Terrestre.
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"Se le adjudicó el suelo porque pagó tres millones en comisiones"
Correa se repartió el dinero del constructor con un alcalde del PP.- La trama presionó al Gobierno de Esperanza Aguirre para cobrar dos millones
FRANCISCO MERCADO - Madrid - 17/02/2009
La promoción Boadilla Park, aprobada en 2006, es uno de los más lucrativos casos de supuesta corrupción que tiene bajo su lupa el juez Baltasar Garzón en relación con la trama vinculada al PP que dirigía Francisco Correa. Los datos que obran en el sumario tienen el siguiente perfil acusatorio: UFC, constructora de José Luis Ulibarri, amigo de Correa, partió como claro caballo ganador en un concurso de suelo en Boadilla del Monte, un municipio madrileño donde el PP gobierna con amplia mayoría absoluta. Al concurso también se presentaron Nozar y Tecomsa, entre otras empresas constructoras.
Consejeros a la orden de López Viejo
l partido corrige a Aguirre y expedienta a dos cargos populares imputados por Garzón
Según fuentes conocedoras del sumario, la explicación que tiene Garzón en la denuncia que investiga sobre el desenlace del concurso es tan simple como explosiva: "Se adjudicó a UFC porque esta empresa pagó tres millones de euros [en comisiones ilegales]" a los responsables de adjudicar el concurso y a los que intermediaron en favor de Ulibarri. El concurso se adjudicó el 28 de octubre de 2006.
Según los testimonios obrantes en el sumario, dicha suma se la pagó el constructor José Luis Ulibarri, dueño de UFC, a Correa en su despacho profesional de Valladolid. La entrega fue en metálico. La denuncia señala que el chófer de Correa lo llevó en ese viaje. El chófer fue detenido ayer por la policía, que realizó registros relacionados con la operación, informa Efe. Además, hay testimonios que apuntan que tal suma fue posteriormente repartida con Arturo González Panero, ex alcalde de Boadilla, del Partido Popular. González Panero lo niega tajantemente.
Reparto de dinero
En el sumario se han incorporado grabaciones donde se habla de una promoción en Boadilla, sin concretar cuál, donde Correa asegura que cobró el dinero por sus gestiones y luego lo repartió. Correa solía usar un discreto sistema para entregar sus sobornos o reparto de comisiones en metálico: lo hacía en el interior de cajas de zapatos que entregaba a cargos madrileños del PP.
Existe una singularidad en la oferta ganadora que UFC presentó al concurso del Ayuntamiento de Boadilla por 35 millones de euros: era tres millones más barata que la que perdió la adjudicación. Casualmente, la cifra ahorrada por Ulibarri para hacerse con la jugosa promoción inmobiliaria es idéntica a la suma presuntamente pagada en comisiones ilegales y sobornos a la trama de Correa y a los miembros del Ayuntamiento de Boadilla implicados.
UFC, a cambio de quedarse con el suelo, ofreció culminar el proyecto de construcción de 139 viviendas libres "de alto standing" en un tiempo récord doce meses, plazo que, según fuentes municipales de Boadilla del Monte, incumplió. Fue justamente el plazo de ejecución lo que inclinó la balanza a su favor en el fallo final del concurso. Un concejal independiente de Boadilla, Ángel Galindo, denunció en 2005 la irregularidad de esta operación inmobiliaria sobre suelo público.
Existe la sospecha, no verificada, y que consta en el sumario, de que hubo dos pagos por esta operación de 500.000 euros cada uno a una firma de Jacobo Gordon, amigo y ex socio del yerno de Aznar, Alejandro Agag.
En el negocio, según la denuncia que investiga Garzón, también estaba Alfonso Bosch, un alto cargo de Boadilla que hoy es diputado autonómico del PP. Sobre este presunto negocio bajo cuerda entre González Panero y Correa existe un precedente que facilitó su logro. Garzón posee testimonios sobre la existencia de un vídeo en el que González Panero cuenta dinero de una presunta comisión anterior rodeado de diversos cargos de su partido.
La grabación tuvo lugar, según los testimonios obrantes en el sumario, en el salón de la finca de Correa. Ese vídeo le sirvió a Correa, según se jactaba de contar a sus interlocutores íntimos, para presionar a González Panero y lograr sucesivos tratos de favor en el Ayuntamiento de Boadilla. González Panero jura ignorar la existencia de dicho vídeo y, por supuesto, niega dicha reunión.
El vídeo presuntamente comprometedor para el regidor de Boadilla también fue visionado por un alto cargo del Gobierno de Castilla y León. Es el vídeo por el que se jacta Correa de tener asegurado negocio en Boadilla por cuatro años. "Tuve que hacerle el vídeo para defender lo mío", se justifica Correa.
"Una empresa grande"
Correa no anda lejos de otro negocio que cobra inusitada turbidez: "Ibámos a adjudicar una cosa grande, una residencia de tercera edad en Boadilla; yo ganaba un pastón, la empresa era de un antiguo amigo mío de Córdoba". Lo decía Correa, sin cargo alguno en el Ayuntamiento de Boadilla, pero que figura como maestro que dirige no pocas operaciones municipales.
El chantaje parece haber sido un habitual método para conseguir contratos. Así, en relación con los contratos obtenidos a través de su trama de empresas, de modo directo o camufladas tras empresas blancas, Correa empezó a hacer llegar el siguiente mensaje a la Comunidad de Madrid: si no cobraba su deuda, que elevaba a más de dos millones de euros, difundiría que la Comunidad de Madrid había estado pagando facturas de actos del PP por la vía de abonar servicios no prestados a sus firmas.
El mensaje amenazador tenía como primer destinatario al entonces consejero de Deportes, Alberto López Viejo, destituido por Esperanza Aguirre sin haber detallado una sola de las decenas de irregularidades que ha dejado como herencia y a las que, el consejero de Hacienda, se esfuerza por depurar y buscar salida legal.
Legó un auténtico marasmo de facturas, ya que las asignaba a cada consejería organizadora de actos de Aguirre y las troceaba para adjudicar a dedo. López Viejo sigue siendo diputado autonómico, aunque Garzón posee datos de que recibió presuntos sobornos.
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Los vínculos de un consejero de Camps y la constructora
La esposa del alto cargo compró terrenos con la dueña de la constructora
JOSÉ MARÍA IRUJO - Madrid - 17/02/2009
Serafín Castellano Gómez, consejero de Gobernación del PP de la Comunidad Valenciana ha adjudicado con regularidad obras a la empresa Construcciones Taroncher y Asociados, con la que mantiene una estrecha vinculación personal. La dueña de esta firma es copropietaria con la esposa del consejero de unos terrenos rústicos en el término de Llíria (Valencia), un suelo que también paga el alto cargo del Gobierno de Francisco Camps mediante un crédito compartido y solidario con su esposa y la dueña de la citada empresa.
Castellano: "Éticamente, cada uno puede tener su opinión"
"SOY MÁS POBRE QUE CUANDO EMPECÉ EN POLÍTICA".
Francisco Camps Ortiz
La firma relacionada con el consejero es contratista habitual de su departamento
Construcciones Taroncher es propiedad de María Ángeles González García y de su hijo Daniel. El apoderado de la empresa es su marido, José Miguel Pérez Taroncher, de 57 años, un amigo personal del consejero Castellano, del que es compañero de cacerías y partidos de pelota.
La consejería de Gobernación ha encargado a la constructora, que apenas cuenta con cinco empleados, contratos menores de obras por unos 200.000 euros entre 2006 y 2007. Las obras han tenido lugar en la sede oficial de la consejería y en el Centro de Emergencias y Coordinación 112 de L'Eliana, dependiente de esa consejería. Algunas autorizaciones de obras llevan la firma del consejero Serafín Castellano, que fue consejero de Sanidad con Eduardo Zaplana y hoy está alineado con Camps.
El 25 de abril de 2008, Nuria Fundamento Rioja Rioja, esposa del consejero de Gobernación, y María Ángeles González García, la dueña de la constructora, escrituraron ante notario la compra de una finca de naranjos de dos hectáreas y media en el término de Llíria. Nuria Rioja está casada en régimen de gananciales, por lo que el político también es propietario de los terrenos, y María Ángeles González, en separación de bienes, según señala la escritura.
Ambas adquirieron la finca a la sociedad mercantil L'Alqueria Vella S.C.P., y declararon un precio de compra de 130.392 euros. La forma de pago, según el documento notarial, fue así: dos pagos en efectivo de 30.000 y 17.792 euros y un cheque de 82.600 euros.
El mismo día de la compra de estos terrenos, el consejero Castellano acompañó a su esposa a la notaría de Llíria donde se escrituraron. Y en esa misma notaría Castellano; su esposa, Nuria Rioja, y la dueña de la constructora, María Ángeles González, firmaron ante el mismo notario un préstamo hipotecario con el Banco Popular Español por 82.600 euros con la garantía de la finca de naranjos. Las dos mujeres tienen una cuenta conjunta.
"Firmé el préstamo porque tengo régimen de gananciales, pero lo hice como particular y pago la parte que me corresponde", explicó ayer el consejero a EL PAÍS.
Los contratos firmados por el consejero Castellano a favor de la citada constructora son de obras menores [inferiores a 50.000 euros] para los que no se requiere acudir a concurso.
En 2007, Taroncher facturó más de 27.000 euros en la planta tercera de la consejería de Gobernación por obras de ampliación de baño y hall. En esta planta se encuentra el despacho del consejero, también reformado. En este mismo edificio de la calle Historiador Chabás 2, la constructora hizo obras de pintura por unos 30.000 euros. Los proveedores de la Generalitat se quejan del atraso en los pagos, pero las obras de Taroncher se cobran con una celeridad poco común.
Construcciones Taroncher ha facturado desde el año 2000 más de siete millones de euros, en su mayoría en obras para la Generalitat de Valencia. Entre sus obras más importantes destaca el refuerzo de los pilares del pabellón general del Hospital La Fe de Valencia, por la que facturó en 2007 más de un millón de euros, y reformas en centros de salud, algunas en la época en la que Castellano fue consejero de Sanidad (entre 2000 y 2003). Entre ellas el concurso del laboratorio de hormonas del Hospital La Fe; rehabilitación de suelos y puertas en los quirófanos del Hospital Maternal y Hospital Infantil La Fe y ampliación del centro de salud de Ribarroja del Turia. En total, unos 300.000 euros.
Los implicados
- Serafín Castellano Gómez, consejero de Gobernación de la Generalitat valenciana. El 25 de abril de 2008 firmó un préstamo de 82.600 euros con su esposa, Nuria Rioja, y con María Ángeles González, dueña de Construcciones Taroncher y Asociados, SL, para la compra de una finca rústica en Llíria (Valencia). Entre 2007 y 2008, el consejero adjudicó a Construcciones Taroncher obras por unos 200.000 euros.
- Nuria Rioja. Esposa del consejero de Gobernación. Adquirió en 2008 la finca de naranjos, de más de dos hectáreas y media, con María Ángeles González. El precio en la escritura es de 130.392 euros. Rioja está casada en régimen de gananciales por lo que el consejero es también propietario de los terrenos.
- María Ángeles González García. Ha facturado en los últimos siete años unos siete millones de euros, en su mayoría con la Administración y el Gobierno de Valencia. Ha recibido obras de equipamientos sanitarios cuando Castellano fue consejero de Sanidad y para obras en dependencias de Gobernación, ahora que es titular de este área.
- José Miguel Pérez Taroncher. Marido de María Ángeles González, apoderado de la empresa Construcciones Taroncher y Asociados, SL. Amigo personal del consejero Serafín Castellano.
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Del brazo de Zaplana al del presidente Camps
EL PAÍS - Madrid - 17/02/2009
El consejero Serafín Castellano, de 44 años, natural de Benisano (Valencia) tiene una intensa trayectoria política en la Comunidad Valenciana. Ha sido consejero de Sanidad (2000-2003) y de Justicia y Administraciones Públicas (2003-2007) y presidente de la Federación Valenciana de Municipios. En 2003, Eduardo Zaplana, su principal mentor político, le nombró portavoz del Grupo Parlamentario Popular, tarea que desempeñó tres años.
Su fidelidad a Zaplana desapareció cuando Camps llegó al Palau de la Generalitat y encontró en este político el hombre para impulsar su proyecto de Estatuto. En marzo de 2006, las Cortes aprobaron el nuevo Estatuto con el acuerdo de populares y socialistas. Castellanos negoció con el dirigente socialista Joan Ignasi Pla y logró el consenso con la oposición. Desde Gobernación, Castellanos recibió el encargo de desarrollar legislativamente el nuevo Estatuto. De la Consejería de Gobernación dependen la policía autonómica, la seguridad ciudadana y la prevención de incendios.
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Octavo ex cargo del Gobierno de Matas imputado por corrupción
A. M. - Palma de Mallorca - 17/02/2009
El abogado Miguel Ángel Bonet Fiol, que fue secretario del consejo de administración y asesor jurídico del Instituto Balear de Turismo (Ibatur), abonó ayer en el juzgado de Palma de Mallorca 85.000 euros de fianza para eludir la orden de prisión dictada tras ser detenido bajo la acusación de supuesta corrupción.
Jaume Matas Palou
Los hechos investigados se ciñen a la anterior etapa política del Gobierno de Jaume Matas, del PP. Ibatur tenía 24 millones de euros de presupuesto.
Bonet confesó al juez que vació fondos públicos en una cantidad semejante a la de la fianza. La confesión llegó tras descubrirse que era el posible autor y receptor de dos facturas falsas de 19.000 euros.
Con Bonet, son siete los directores generales, gerentes o administradores de la época de Matas (2003-2007) que han sido detenidos por supuesta corrupción en Baleares. Un octavo, Pau Collado, ha sido imputado por sus relaciones empresariales en Madrid con la trama corrupta de Francisco Correa.
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"Tenemos derecho a saber"
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S. N.
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M. O.
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Serafín Castellano admite haber adjudicado obras a la constructora de unos amigos
La mujer del titular de Gobernación compró un campo de naranjos de 27.000 metros a medias con la esposa del constructor Pérez Taroncher, contratista de la Generalitat
Levante-EMV, Valencia
El conseller de Gobernación, Serafín Castellano, ha estado adjudicando, desde que fue titular de Sanidad con Eduardo Zaplana hasta ahora, contratos a Construcciones Taroncher y Asociados S. L., empresa creada en septiembre de 1996 y cuyo apoderado, José Miguel Pérez Taroncher, es íntimo amigo suyo. El conseller admitió la concesión de contratos a la firma de su amigo, según contó anoche la Cadena Ser. El titular de Gobernación afirma no ver "inconvenientes" en que sean contratistas de su departamento, según una información de la Cadena Ser recogida por Europa Press. Castellano reconoció que es íntimo amigo de los dueños de esta constructora, y admitió que firmaron juntos la compra de unos terrenos aunque dijo no detectar inconveniente alguno en que sean contratistas del departamento que él dirige.
La citada emisora informó, además, de que la mujer de Pérez Taroncher y la del conseller compraron, en abril de 2008, unos campos de naranjas de 27.000 metros cuadrados con una hipoteca del Banco Popular. Suscrita por María Ángeles García y por Nuria Fundamento Rioja, casada con Castellano en régimen de bienes gananciales. García, esposa de Pérez Taroncher, es, además, administradora de la empresa de construcción. En el acto de firma de la escritura estuvo presente el propio Serafín Castellano, según la citada emisora. Prueba de la estrecha amistad entre Castellano y el empresario es que juegan juntos casi todos los martes a pelota valenciana en el trinquete de la Pobla de Vallbona o en el de l´Eliana. Pérez Taroncher fue jugador profesional de este deporte, en el que es conocido como «Segarra». En la foto que acompaña esta información, aparece haciendo pareja con el conseller.
También cazan juntos.
La relación de contratos de Taroncher y Asociados con la Generalitat empieza con la llegada de Castellano a la Conselleria de Sanidad en 2000. Entre ese año y 2003, cuando dejó el cargo, la constructora recibió, según ha averiguado este diario, contratos por casi 430.000 euros. Correspondientes a la construcción del laboratorio de hormonas del Hospital La Fe, a la rehabilitación de suelos y puertas del maternal e infantil de ese mismo centro y a la construcción y ampliación del centro de salud de Riba-roja, en el Camp de Túria, comarca del conseller.
Posteriormente, en la legislatura en la que fue portavoz de las Corts, siguieron cayendo contratos sanitarios a la constructora de su amigo. El año 2005 fue muy fértil para la contratista. Desde reformas de quirófanos del infantil de la Fe, hasta la adecuación de instalaciones del traslado de basuras o impermeabilización de la terraza. Acondicionamientos y mejoras del centro de Salud de Trinitat, en Valencia, de Manises o de Buñol, son otras obras que hizo Taroncher y Asociados. Ya como conseller de Gobernación, Castellano adjudicó obras en la sala de mando del Centro de Emergencias, la reparación del tejado o la instalación de un sistema de detección de incendios y reforma del alumbrado en ese mismo centro. Castellano fue uno de los primeros dirigentes del PP en pasarse de las filas del zaplanismo al campsismo. De hecho, fue uno de los artífices del plante zaplanista en las Corts, en el verano de 2004, el día en que el conseller de Economía Gerardo Camps presentó el macroplan de inversiones estratégicas. Desde ese momento, Castellano hizo una labor impagable en favor del presidente Camps sumando diputados a su causa. Una tarea tan premiada por el jefe del Consell como repudiada desde el zaplanismo.
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Castellano asegura que nunca utilizó sus cargos para beneficiar a nadie
El conseller de Gobernación defendió la legalidad, claridad y transparencia de las adjudicaciones realizadas en sus departamentos y afirmó que ni su mujer ni él tiene ningún "interés" con empresa alguna
AGENCIAS/LEVANTE-EMV.COM
El conseller de Gobernación, Serafín Castellano, ha asegurado hoy que "jamás" ha utilizado sus cargos públicos "para beneficiar a nadie", ni ha hablado con nadie "para influir en contratos públicos a beneficio de ninguna empresa", y ha reivindicado la legalidad y transparencia de sus adjudicaciones.
Castellano ha hecho estas afirmaciones en su primera comparecencia pública después de que la Cadena Ser y El País hayan informado de que ha adjudicado con regularidad obras a la empresa Construcciones Taroncher, con la que mantiene una estrecha vinculación personal.Según estos medios de comunicación, la Conselleria ha encargado a esa constructora, de cinco empleados, contratos menores de obras por unos 200.000 euros entre 2006 y 2007, y la dueña de la empresa es copropietaria, con la mujer del conseller, de unos terrenos rústicos en Llíria (Valencia).
El conseller ha asegurado que ni él ni su mujer tienen "ninguna participación ni intereses" con ninguna empresa, aunque ha admitido que mantiene amistad con el responsable de Construcciones Taroncher, y ha reivindicado que no renuncia "a servir a los valencianos" y a seguir cumpliendo con su obligación y responsabilidad pública.Ha explicado que Construcciones Taroncher ha facturado en dos años a la Conselleria de Gobernación por distintos trabajos de reforma -entre ellos la sala de prensa de la Conselleria y en el Centro de Coordinación de Emergencias- por valor "de 171.034 euros en contratos menores".
Castellano ha agregado que el montante total de adjudicaciones desde que es titular de Gobernación asciende a 73.233.763,56 euros, de manera que lo facturado a esa empresa -que es una de las 81 adjudicatarias de contratos menores de su departamento- representa "un 0'23" por ciento.
Además, ha explicado que desde que es conseller de la Generalitat, donde ha ocupado distintas carteras, Construcciones Taroncher ha sido adjudicataria en concursos públicos de libre concurrencia que ha ganado por valor de "391.450,16 euros" en diez años, cuando como conseller ha adjudicado en ese tiempo "miles de millones de las antiguas pesetas".
Según el conseller, las adjudicaciones que ha ejecutado durante durante su trayectoria política son todas "legales, claras y transparentes", por lo que tiene "la conciencia muy tranquila" y "absolutamente nada que ocultar".Preguntado sobre si esta situación es "ética", Castellano ha asegurado que "lo ético es cumplir la legalidad", y ha insistido en que no ha beneficiado a esa empresa, en la que no tiene participación ni relación familiar, y que todo lo que ha hecho es "público y contrastable".
A su juicio, tendría un "conflicto de intereses" si hubiera hecho "grandes adjudicaciones" a esa empresa y la hubiera beneficiado o hubiera hecho algún tipo de trato de favor", lo que ha negado, y ha destacado que la mercantil se presentó a otras adjudicaciones que no logró.
Además, ha negado que su mujer o él hayan comprado un solar, "como algunos intentan insinuar", sino que se trata de un terreno rústico en suelo no urbanizable común para la explotación de naranjos, que es lo que hay allí, que adquirieron con un préstamo hipotecario que pagan mensualmente.
El conseller ha acusado a los socialistas de lanzar "cortinas de humo" en vísperas electorales para "desviar de los problemas que realmente tienen los ciudadanos", y ha indicado que no le va a "amedrentar nadie" y que si alguien pone en duda su "honradez" y transparencia ejercitará las acciones legales "oportunas".
Castellano ha instado a que se investigue su patrimonio todo lo que se quiera, "por activa y por pasiva", ya que será "beneficioso para la dignidad de la clase política", y ha defendido que "lo poco" que posee de patrimonio lo tiene por una hipoteca y por un préstamo hipotecario, y que vive en la misma casa, en un segundo piso que le hizo su padre.
"Voy a seguir defendiendo mi tierra y los intereses de esta comunidad", ha aseverado el conseller, quien ha asegurado que no renuncia a sus ideas, a su partido, a sus amistades ni a sus aficiones.
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La esposa del conseller fue socia de Conesa
Construcciones Taroncher multiplicó por 66 sus beneficios en 2007
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Aguirre protege a los suyos y bloquea la investigación del espionaje en Madrid
JUANMA ROMERO
Los conservadores madrileños también impiden la comparecencia del tesorero del PP, Luis Bárcenas, y del ex tesorero, Álvaro Lapuerta. Sí comparecerán Aguirre, Gallardón y Cospedal. La oposición habla de "censura".
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El albondiguilla y la compota
Tag: PP — Ignacio Escolar @ 9:46 pm
« Tranquilo, relámpago Pollo a la concejala »
El PP se ha puesto al fin duro con los corruptos. “Si hay manzanas podridas, las eliminaremos lo antes posible”, prometió el domingo María Dolores de Cospedal, que ha empezado la compota por la manzana más grande. ¿Carlos Fabra y sus 94 cuentas corrientes? ¿Ignacio González y sus rentables adjudicaciones familiares? ¿Jaume Matas y su exilio preventivo en EEUU? No: la manzana más urgente es Arturo González Panero, el ex alcalde de Boadilla, más conocido en el caso que instruye Garzón por su alias: el albondiguilla.
No se dejen engañar por su apodo, no le minusvaloren. En estos tiempos de balcanización del PP, el albondiguilla es casi un barón regional. No hay más que recordar cómo fue su dimisión, hace unos días. Primero dejó en evidencia a Esperanza Aguirre y Mariano Rajoy, que se marcaron un bonito discurso sobre la honradez de los cargos del PP, dando por hecha una dimisión “voluntaria” que el voluntario en cuestión desmintió al rato. Y después, a pesar del feo a sus jefes, el albondiguilla pudo negociar su rendición, forzar la dimisión de su enemiga en el pueblo –la ex teniente de alcalde– y elegir quién se quedaba con su sillón, que para eso el Ayuntamiento es suyo.
Cospedal, en otro gesto de autoridad, también ha sacado del cesto al ex alcalde de Majadahonda. Pero no ha querido precipitarse. A los dos militantes del PP imputados por Garzón les cae un “expediente informativo”, de esos que se ponen, se quitan o se suspenden, como aquella investigación interna sobre los espías que inició Génova y que ahora va como va en la Asamblea de Madrid. Sin duda, el albondiguilla está hoy mucho más preocupado por el expediente interno del PP que por la investigación de la Fiscalía Anticorrupción. Las compotas de Rajoy y Cospedal son siempre implacables.
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¿Debe comparecer Rajoy en la comisión?
El PP rechaza recusar al presidente de la comisión de investigación
El PP expedienta a sus dos imputados
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No haga más el ridículo, Sra. Cospedal
La secretaria general del PP exhibe memoria flaca y rostro duro
¿Ha recibido, María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, clases particulares con carácter de urgencia a cargo de Ángel Acebes, su antecesor como número 2 de la derecha política? Si hubiera aprendido la lección, habría que felicitar al ex ministro del Interior en el 11-M por la eficacia de su pedagogía. Si no, habría que felicitar a Cospedal por sobrepasar a su maestro en el arte del engaño o del embuste.
Tan laboriosa
Es una lástima que Cospedal -tan aplicada, tan laboriosa, tan voluntariosamente superficial, durante el tiempo que le dejaron investigar el affaire de los espías en el territorio de Esperanza Aguirre- exhiba estos día memoria flaca y rostro duro. Caso Naseiro No se quiere acordar Cospedal del caso Naseiro, en el cual las cintas magnetofónicas -con revelaciones dignas de truhanes tabernarios- recogieron testimonios que atestiguan, como mínimo, que los principios éticos no parecen ser los que regulan la conducta de ciertos relevantes dirigentes del PP.
La guerra sucia
No se quiere acordar Cospedal que antes que los GAL se utilizaba ya la guerra sucia para combatir ETA, aunque con otras denominaciones. ¿Por qué Cospedal no le pregunta a José María Aznar las razones por las que ordenó suspender súbitamente la Comisión de Investigación Parlamentaria sobre los GAL? Martín Villa Esta Comisión desarrollaba sus tareas en el Senado, mientras el líder de la derecha gritaba en el Congreso: “¡Váyase, Sr. González!” Pues bien, yo invito a Cospedal que se lo pregunte a Aznar y, si no puede atenderle -porque está reunido con Alejandro Agag, por ejemplo-, pregúnteselo a Rodolfo Martín Villa. O repase sucintamente las hemerotecas.
Soller y el Algarrobo
¿Le suena el caso Soller, del presidente Cañellas, al que admiraba en público Aznar, y que fue condenado por la Justicia? ¿Y el del alcalde de Burgos, José María Peña, conocido por el apodo del Algarrobo, promotor del partido Solución Independiente (SI), gracias al cual conquistó Aznar en parte la presidencia de Castilla y León, tras montar una mentira calumniosa sobre su predecesor en el cargo, el socialista Demetrio Madrid, absuelto más tarde por el Supremo? Peña fue condenado por el Supremo a raíz del asunto de la construcción en Burgos.
Rasputin incluido
¿Prefiere que hablemos de Jaume Matas, que protagoniza un affaire de presunta corrupción total, Rasputin incluido? ¿O le gustaría más acercarse a Castellón a saludar y dar una abrazo al caudillo Fabra, el suegro del inefable Juan José Güemes -en la actualidad más mudo que un ermitaño- o a dar una vuelta por Valencia o por Alicante, sin olvidar la Comunidad de Murcia o la ciudad de Oviedo?
Romero de Tejada
¿Le interesa tal vez que evoquemos al honorable Ricardo Romero de Tejada, a los constructores Bravo (tío y sobrino) y a los personajes ocultos que organizaron el tamayazo –cuya investigación judicial fue bloqueada por el fiscal general de la época, Jesús Cardenal, acólito de Aznar- no pocos de los cuales podrían ser presuntos implicados en el espionaje ilegal, en la batalla de los dossiers y en la trama de los correas, los jacobos, los álvaros bigotudos y, en general, el entorno no tan lejano de Agag?
Cuentos chinos
No haga más el ridículo, señora Cospedal. Reconozca el gigantesco fiasco. Limpien sus colegas y usted misma su casa antes de que hieda, desinfecten a fondo y con rapidez, expulsen pronto a los sinvergüenzas y no se escuden más en excusas estúpidas, en cuentos chinos y en la burda manipulación de la historia.
Enric Sopena es director de El Plural
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Entregó el dienero en metálico a Correa quien lo repartió con el ex alcalde Panero
Ulibarri habría pagado 3 millones de euros para construir una promoción de viviendas en Boadilla
"No hemos recibido ni un solo euro de la trama de corrupción”
Aunque no pone “la mano en el fuego” por ella, Rajoy asegura que Aguirre es “absolutamente honrada”
La esposa de Serafín Castellano y la administradora de esta firma compraron unos terrenos conjuntamente
Un consejero de Camps lleva 10 años adjudicando obras a la empresa de unos íntimos amigos
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Anticorrupción le investiga junto a 67 españoles por fraude fiscal
Blanco Balín también podría estar implicado en una red de blanqueo de capitales en Liechtenstein
ELPLURAL.COM
Ramón Blanco Balín está en todas las salsas. Además de estar imputado en la trama de corrupción relacionada con el Partido Popular, el ex consejero delegado de la empresa Repsol bajo la presidencia de Alfonso Cortina y organizador de eventos para el PP en época de José María Aznar, podría haber participado en un delito de evasión de capitales a través del paraíso fiscal de Liechtenstein.
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37 políticos y empresarios, imputados por Garzón en la trama de corrupción vinculada al PP
Según desvela Interviú, la Audiencia Nacional investiga a instancias de la Fiscalía Anticorrupción la procedencia de los fondos en Liechtenstein de 67 españoles, acusados de defraudar 170 millones de euros entre 2002 y 2006.
Dos únicos nombres
Los informes de la Fiscalía llevan dos únicos nombres como “colaboradores de algunos de esos inversores en la repatriación de capitales desde estructuras fiduciarias ‘off-shore’ o en la administración de tales capitales”. Los señalados por el fiscal son Andrés Guillamot Bernardo y José Ramón Blanco Balín. Ambos comparten oficinas. Además del empresario, los informes recogen el nombre de su empresa: R. Blanco Asesores Fiscales SL, informa Interviú.
Blanqueo de capitales
En concreto, un auto firmado por el juez Santiago Pedraz el 14 de julio de 2008, asegura “los motivos alegados en la solicitud permiten inferir que A Guillamot Asesores y R Blanco Asesores Fiscales habrían participado de forma activa en la constitución y gestión de entidades en Liechtenstein, dedicadas a la ocultación y gestión de fondos hasta que el inversor decida disponer de ellos o repatriarlos, lo que sería constitutivo no solo de defraudación a la Hacienda Pública sino también blanqueo de capitales”.
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