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El abogado Enrique Vila, autor de la demanda, critica «la nula protección jurisdiccional» a los afectados en España
13.08.13 - 00:06 -
El caso de los niños robados toma una nueva dirección. El abogado y presidente de la Asociación SOS Bebés Robados, Enrique Vila, ha decidido salir de las fronteras españolas para intentar resolverlo y ha presentado la primera denuncia ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos después de que el proceso llegara al Constitucional y fuera archivado por prescripción del delito.
«A mi me parece correcto, que lo manden donde haga falta», reconoce Rafael San Jaime, quien lleva desde 1983 sin saber dónde está el cuerpo de su hija. Su caso ha sido archivado, aunque ha seguido haciendo investigaciones por su cuenta. «He averiguado muchas cosas, pero se quedan en el aire porque muchas voces callan».
Vila ha tomado la decisión de enviar a la Unión Europea una denuncia que tiene su origen en el nacimiento de una niña en el Hospital Civil de Málaga el 12 de octubre de 1964. Su hermana asegura que nadie en su familia ha llegado a ver el cuerpo de la pequeña supuestamente fallecida. Asimismo, tampoco consta en ningún registro su defunción o las circunstancias en las que se produjo el enterramiento, de modo que no se puede acreditar su muerte.
El proceso ha pasado en los últimos años por los juzgados de instrucción de Málaga, por la Audiencia Nacional y por el Tribunal Constitucional, y en todos ellos ha encontrado la misma respuesta. En el último incluso se reconocen por defecto formal «los delitos de suposición de parto y detención ilegal».
Enrique Vila quiere conocer la verdad de lo sucedido y por eso ha dado el siguiente paso. «Ningún tribunal -español-, tampoco el Constitucional, ha entrado en el fondo del asunto», explicó. Por ello va a alegar «ante el Europeo de Derechos Humanos la falta de recursos efectivos, la nula protección jurisdiccional de mi cliente y la falta de tutela judicial efectiva».
En la denuncia presentada a finales de la semana pasada, el letrado reclama una indemnización para su representado 15.000 euros anuales y otros mil euros diarios mientras los tribunales nacionales no reabran el caso.
Vila considera que el estado español «tiene que actuar en un asunto tan grave como el de los bebés robados y tiene que hacerlo a través de los tribunales», puesto que ve necesario «defender el derecho que tienen estas personas a unirse a sus familiares».
El letrado considera, basándose en el artículo 13 del convenio de Estrasburgo, que los delitos que reclaman «son permanentes y no pueden prescribir», puesto que todas las personas «tienen derecho a una tutela judicial efectiva y real y, en este caso, los tribunales españoles se quitan de encima los casos sin investigarlos en profundidad», indicó a LAS PROVINCIAS.
«Los casos se archivan por falta de pruebas» cuando, desde su punto de vista, se observa «la posible existencia de delitos. Se está realizando una mala aplicación de la prescripción», considera.
Vila reconoce que hay jueces que están actuando correctamente «porque hay casos de imputaciones», pero los demás no. De ahí que las familias de niños robados vayan a denunciar a la fiscal de Valencia, como adelantó este periódico.
De momento, al Tribunal Europeo ha llevado uno de los procesos archivados, pero habrá más. «Depende del cliente, porque esto tiene un coste, pero iremos con todos los que quieran». Con todo ello «le estamos diciendo a Europa que vigile al estado español», concluyó.
Afectados por los casos de niños robados protestan en la Ciudad de la Justicia de Valencia. :: J.SIGNES
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