Blog d'en Jordi Grau i Gatell d'informació sobre les atrocitats del Franquisme..... "Las voces y las imágenes del pasado se unen con las del presente para impedir el olvido. Pero estas voces e imágenes también sirven para recordar la cobardía de los que nada hicieron cuando se cometieron crímenes atroces, los que permitieron la impunidad de los culpables y los que, ahora, continúan indiferentes ante el desamparo de las víctimas" (Baltasar Garzón).
diumenge, 1 de novembre del 2026
QUAN LA POR VA CAMINAR PELS CARRERS DE LLÍRIA
31 d'octubre: la memòria que encara ens deuen. Veritat, justícia i reparació per a totes les víctimes
90 aniversario de la Guerra Civil. Historia, memoria y debate actual | 3. Represión y violencia en las retaguardias
La violencia que asoló las retaguardias durante los primeros meses de la Guerra Civil, no fue un simple estallido de locura colectiva o de venganzas irracionales, sino el resultado directo del colapso del Estado y de la lucha por el control social. A través de las aportaciones de José Luis Ledesma, David Alegre Lorenz, Javier Rodrigo y Carlos Píriz, este tercer bloque analiza los mecanismos, los discursos de legitimación y los agentes de la represión en ambos bandos. Los autores señalan que la violencia en la zona leal funcionó como un “puente” directo con los procesos revolucionarios que hemos analizado en el bloque anterior, ya que la situación que fue conformándose no puede entenderse sin la quiebra del poder central y la aparición de una infinidad de micropoderes locales que cambiaron por completo las reglas del juego. En cambio, en la zona sublevada, las ejecuciones masivas se organizaron de forma preventiva a través de la acción de la Guardia Civil y paisanos voluntarios, movidos por el imperativo militar de asegurar las comunicaciones y por un miedo atávico a la resistencia invisible de los huidos. Lejos de limitarse a los paseos de 1936, las “lógicas del terror” mutaron con la estabilización de los frentes hacia políticas de ocupación, bombardeos y un vasto sistema concentracionario asimétrico, obligando a la historiografía a indagar en la identidad, motivaciones y perfiles de los propios perpetradores. Un escenario total, donde el conflicto también se libró en secreto en las entrañas de las ciudades a través del fenómeno del “quintacolumnismo”, cuyo métodos de espionaje, sabotaje y tácticas de implosión terminaron por desmoronar la resistencia republicana desde dentro. En definitiva, estas propuestas ofrecen una panorámica global que, en parte, desmitifica los relatos heredados, situando las prácticas represivas y a sus ejecutores en la compleja encrucijada de las urgencias bélicas, los proyectos políticos en disputa y las memorias rotas de la España contemporánea.
Índice:
La República en guerra, ¿escenario de una revolución? por José Luis Ledesma
El imperativo militar y los miedos sociales en la raíz de la violencia golpista de 1936, por David Alegre Lorenz
Las violencias en la España del 36 (y después): de lógicas y contingencias, por Javier Rodrigo
La guerra en las entrañas, por Carlos Píriz

La República en guerra, ¿escenario de una revolución?
José Luis Ledesma (UCM)
Una de las cosas que más huella dejó entre quienes vivieron la guerra civil en la zona republicana es la experiencia de los cambios vertiginosos que se produjeron en esa retaguardia durante la primera fase de la contienda. Y ya desde entonces, a la sensación de fascinación o espanto que podía generar le acompañó la cuestión de cómo valorarla. ¿Fue solo un estallido caótico y pasajero de sueños y venganzas o en conjunto constituyó una revolución? Lógicamente, también las y los historiadores se han enfrentado a esas preguntas. Tras noventa años de tinta impresa, sin embargo, la respuesta sigue sin ser fácil.
Si buscamos puntos de encuentro para un debate, hay en primer lugar, en la literatura académica, un considerable consenso en torno a que antes de la guerra no había una revolución en marcha. La República en paz no había sido una balsa de aceite, sino que fue escenario de discursos intransigentes, de una indudable conflictividad social y política, de numerosos episodios de violencia e incluso de auténticas insurrecciones, organizadas unas por las organizaciones libertarias (1932 y 1933) y otra por las socialistas (1934). Sus últimos seis meses albergaron en particular una intensa movilización social que incluyó ocupaciones de tierras, oleadas de huelgas, enfrentamientos a tiros entre grupos paramilitarizados y ubicuas retóricas de la revolución. Ahora bien, eso no implica que hubiera una imparable pendiente hacia una toma del Palacio de Invierno. Lo que había era una democracia inestable y sometida a muchas amenazas aunque no agonizante. La cultura política estaba impregnada de lenguajes de revolución, pero eran usados por actores de todo el espectro político y para referirse a cosas tan dispares como la proclamación de la República en 1931 y lo que aspiraba a hacer Falange. Y a la altura de julio de 1936 los límites de los proyectos de ruptura revolucionaria eran patentes, incluso en una CNT que dos meses antes dejaba atrás la vía insurreccional. Ningún grupo político o social podía enrolarse “en una estrategia revolucionaria de conquista del poder” y la movilización (huelgas, milicias, ocupaciones) parecía la propia de la competencia política en agudos procesos democratizadores.
La excepción, el grupo que sí podía y pudo asaltar el poder, fue un importante sector del Ejército y eso sí que supuso la verdadera santabárbara. Es la sabida paradoja: un golpe de Estado contrarrevolucionario emprendido frente a una revolución supuesta desencadenó una movilización sin precedentes y una revolución real. Dicho en los términos de la sociología histórica clásica, la sublevación cívico-militar creó la “situación revolucionaria”, por provocar un estado de “soberanía múltiple” y por precipitar un colapso de la capacidad coercitiva y administrativa del Estado republicano imposible en otro contexto.
Una vez abierta esa situación, qué duda cabe que tuvo un cierto recorrido, al menos durante el verano y otoño de 1936. Además de la orgía iconoclasta y las violencias de clase, la revolución del 36 consistió por supuesto en un intenso proceso de colectivización agraria (entre 1.500 y 2.000 colectividades en el primer invierno de guerra) e industrial. Pero a ello se añadían muchas otras prácticas inéditas: un sinfín de nuevos micropoderes locales (comités, consejos, juntas), provinciales e incluso regionales que asumieron funciones de gobierno, justicia, abastecimiento o intercambio comercial en un marco de guerra y colapso estatal; un amplio repertorio de políticas sociales de emergencia (racionamiento, requisa de viviendas, economatos, sanidad de guerra) que buscaban conjugar esfuerzo bélico e ideales igualitaristas de redistribución; programas de alfabetización, escuelas racionalistas, prácticas de secularización del espacio público y usos seglares de iglesias y conventos; e incluso, aunque con resultados desiguales, reformas destinadas a ampliar el papel social de la mujer y mejorar la salud reproductiva.
La segunda cuestión a dilucidar sería hasta qué punto podemos llamar a todo ello revolución. Frente a los relatos abracadabrantes del franquismo o aquellos de cariz idealizador, la historiografía ha tendido a reevaluar a la baja la trascendencia de todas esas transformaciones. Para algunos autores, más que una revolución, encontramos un colapso del poder estatal y una explosión de poder popular fragmentado que carecía de un proyecto político unificado y de vocación de ocupar y transformar el Estado. Pese a la competencia entre las instituciones de gobierno y los comités, no se dió una situación de “doble poder”, hasta una parte de la CNT se avino a tareas de gobierno y el poder estatal pudo así recomponer pronto sus espacios, autoridad y base social y política. Para otros, se puede hablar de revolución, pero se trató de un proceso acotado en el tiempo y contraproducente para la República. Se argumenta así que la inflación de poderes paraestatales, las colectividades, las milicias o la violencia de retaguardia fueron factores de desorden que debilitaron la capacidad militar y diplomática de la República. El experimento revolucionario fue aparatoso pero, a medida que la contienda se fue alargando e internacionalizando, entró en creciente contradicción con las lógicas de ordenación de la retaguardia, reconstrucción del Estado y movilización de todos los recursos que parecía exigir un esfuerzo bélico sin precedentes. Desde ese punto de vista, tras la ofensiva del Estado republicano contra los poderes y actores revolucionarios habría algo más que traición y órdenes de Moscú. Estaban la tensión entre revolución e institucionalidad republicana que atravesó siempre esa retaguardia y las urgencias de una guerra que iba adquiriendo rasgos de “guerra total”. Ahí estaría la otra paradoja del caso: el mismo contexto que hizo posible la ruptura revolucionaria la lastró hasta ahogarla. El enfrentamiento armado que originó el 17 de julio permitió que estallara esa ruptura pero, al transformarse en guerra civil larga y total, generó prioridades con las que era cada vez más contradictoria.
Dicho lo cual, limitarnos a esa línea de análisis, sin matiz alguno, plantea algunos problemas. Por un lado, puede conducir a trazar una imagen demasiado dicotómica según la cual había actores y proyectos políticos acertados y otros equivocados; unos conscientes de que la prioridad era reconstruir el Estado y otros empecinados en el error de imponer sus sueños revolucionarios. Por otro lado, existe el riesgo de desagenciar a los actores colectivos, grupos y personas que no se movilizaron solo en defensa de una República “burguesa” que “nos importaba un comino” –diría uno de ellos décadas después– y que no habrían ido a la guerra a jugarse la vida “de no haber sido para hacer la revolución”. ººº
Varios trabajos han subrayado que la experiencia revolucionaria fue compleja y heterogénea y bastante más que un mero barniz colorido pero efímero. El balance no tiene por qué ser celebratorio. La imagen de una revolución completa “funcionó más como construcción ideológica que como descripción fiel de lo ocurrido” y la cautela debe primar al evaluar algo que engloba experiencias muy dispares en el espacio y el tiempo. Ahora bien, en su conjunto habría supuesto, al menos por unos meses y en algunas regiones, una profunda transformación socioeconómica y cultural, toda una “reconfiguración de las relaciones de poder, propiedad y sociabilidad” y un motor de movilización y legitimación de sacrificios en medio de una guerra que imponía además límites de todo tipo. Hasta estudios que subrayan la lógica centralizadora del poder para afrontar la guerra encuentran que la tensión constante y multipolar entre “orden revolucionario” y “orden republicano”, y entre poderes de diferentes escalas, definió la evolución política en la zona republicana. Más aun, mostraba que había una real y profunda pugna entre proyectos enfrentados de cambio social, reorganización económica y poder que a menudo se declinaban en clave revolucionaria. Sin considerar esto, quedan desdibujadas las dinámicas que operaban tras no pocas prácticas colectivas del primer semestre de guerra civil en la zona republicana, entre otras las de tipo represivo, que de otro modo pueden ser retratadas como arrebatos irracionales y una suerte de violencia revolucionaria sin apenas revolución.
Un último elemento de reflexión, más amplia, atañe a qué entender por revolución. Una tradición clásica reserva esa categoría para aquellos casos parteaguas donde hubo conquista y transformación radical y duradera del Estado, un proyecto político homogéneo y consciente, una dirección capaz de articularlo y sostenerlo y –si hablamos de revoluciones sociales– la forja de todo un nuevo orden socioeconómico. Sin embargo, desde distintas disciplinas están surgiendo definiciones más amplias para las que la ausencia de ese proyecto estatal uniforme o la no toma del poder central no invalidan el carácter revolucionario de los procesos de cambio político y social súbitos. Antes bien reflejarían lo que sucede más a menudo: su naturaleza plural y policéntrica; su carácter contingente y cambiante, por la influencia más de contextos específicos y movilizaciones desde abajo que de planes y doctrinas venidos desde arriba; no ser acontecimientos unívocos, sino procesos repletos de dinámicas impredecibles, contradicciones y tensiones; y la escasa frecuencia con que logran –o se proponen– la conquista y reordenación radical del poder estatal. Se trataría así de dejar de ver las revoluciones como grandes procesos centralizados y prestar más atención a la fragmentación del poder y la competencia entre actores estatales y paraestatales; a la movilización social que a menudo desborda a instituciones y vanguardias; a otros sujetos revolucionarios (campesinos, mujeres, colonizados, minorías); y, en suma, a una pluralidad de experiencias y prácticas que van más allá del panteón de las revoluciones canónicas y de los relatos icónicos sobre lo que fueron.
Nada de eso significa que haya que regresar a tropos como el de la revolución “camuflada” ni a retratos idílicos. El marco de una guerra salvaje que exigía cada vez más la centralización del poder y la movilización de todos los recursos inevitablemente lastró el proceso o procesos revolucionarios, que fueron primero contestados, luego bloqueados y al final puestos en sordina incluso por buena parte de sus actores iniciales. Pero se puede ir más allá de la tesis del corto y fútil verano de la revolución y preguntarnos si, con sus límites y contradicciones, fue solo una fase caótica y forzosamente transitoria previa a la reconstrucción del Estado republicano o si tuvo también algún tipo de entidad propia. Acaso la revolución del 36 haya sido la pagana de un combate más amplio por la representación de nuestro pasado de guerra civil: para defenderse de los “mitos” franquistas y neofranquistas, los relatos prorrepublicanos han podido instalarse en un “marco liberal-democrático” en el que no se integra bien aquella revolución. Lo cual remite a la cuestión de si, con todo ello, no proyectamos significados posteriores. Porque tal vez estemos aplicando una mirada sospechosa hacia todo proyecto utópico, producto de la “sensibilidad postotalitaria” posterior a 1989, que no solo puede alejarnos de las muy diferentes semánticas políticas de la Europa de entreguerras, sino también hacernos aún más difícil poder pensar hoy en presentes y futuros alternativos.
Selección bibliográfica
- Casanova, Julián, De la calle al frente. El anarcosindicalismo en España (1931-1939), Crítica, Barcelona, 1997.
- Castillo, Assumpta, “El mito de la revolución. Utopías y proyectos en disputa”, en Javier Rodrigo, Miguel Alonso y David Alegre (coords.), La guerra civil española: una historia global, Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2026, pp. 404-412.
- Graham, Helen, La República Española en guerra (1936-1939), Debate, Barcelona, 2006 [2002].

El imperativo militar y los miedos sociales en la raíz de la violencia golpista de 1936
David Alegre Lorenz (UAB)
En la década de 1990 se produjo la plena emergencia de los estudios sobre las diferentes formas de violencia ejecutadas durante la guerra civil contra personas indefensas en ambas retaguardias. Desde entonces se han convertido en uno de los campos más dinámicos y prolíficos de la historiografía española e hispanista. Este persistente interés se explica por la centralidad que dichas violencias tuvieron en la conformación de la España contemporánea, con un impacto durable sobre la memoria colectiva, con su activa instrumentalización a manos de la dictadura franquista y con su poder a la hora de transformar la vida en comunidad, las relaciones laborales y la imagen misma de la política y del Estado. A ello también han ayudado las muchas zonas en sombra de aquellas violencias, que han ido saliendo a la luz gracias al trabajo ingente de tres generaciones de historiadores, casi siempre en estrecha colaboración con la sociedad civil.
El principal debe de la historiografía sigue siendo avanzar en un mayor conocimiento de las políticas de eliminación ocurridas en la zona republicana, así como en la toma de decisiones y en los agentes que la hicieron posible. Parte del problema a la hora de conseguirlo radica en el abordaje chapucero y anticientífico de los crímenes por parte de las autoridades franquistas a cargo de las exhumaciones, de las autopsias y de los autos en general. La encarnación de ello la encontramos tanto en la Causa General, como ha probado recientemente Miriam Saqqa, como en los juicios sumarísimos de los tribunales militares, fuentes que suelen ser el principal recurso a nuestra disposición. En ambos casos, jueces, forenses, militares, dirigentes políticos y personal religioso afines a la dictadura franquista encontraron la manera de ajustar los complejos hechos del 36 a las teorías de la conspiración que motivaron el golpe de Estado, lo cual hace mucho más difícil si cabe la reconstrucción de los hechos y el descubrimiento de los individuos implicados en ellos.
Según dichas teorías, España estaba al borde de una revolución promovida fundamentalmente desde Moscú con el apoyo activo de agentes autóctonos altamente politizados. De acuerdo con la visión infantilizada de las clases populares dominante entre los golpistas, los cuadros político-sindicales de la izquierda española, leales a intereses extranjeros, habrían engañado a amplias capas de la sociedad española con falsas promesas de libertad y prosperidad, empujándolas a liberar sus instintos y odios acumulados contra sus supuestos enemigos: la gente de orden, para los rebeldes los mejores hijos del país. El desbordamiento de los poderes públicos causado por la disolución parcial de la autoridad estatal, fruto del propio golpe cívico-militar del 17-19 de julio de 1936, abriría la puerta en las semanas siguientes a un proceso revolucionario que se convertirían en la confirmación de sus temores, actuando como una profecía autocumplida, es decir, la prueba evidente de que dicha revolución era inminente y de que la sublevación había contribuido a pararla. No en vano, buena parte de la derecha española sigue dando por bueno este relato cincuenta años después de la muerte de Franco. Sin embargo, reputados militantes del anarquismo español como Diego Abad de Santillán reconocerían más adelante la falta de preparación de las organizaciones revolucionarias para asaltar el poder y alumbrar un proyecto alternativo viable. De hecho, el estallido de violencia que se dio en amplias zonas del país habría resultado imposible sin las condiciones creadas por los propios golpistas.

Por lo que respecta a la violencia de masas ocurrida en zona golpista, tanto su reconstrucción como el conocimiento de sus víctimas supuso un arduo reto para la historiografía y la sociedad española por diversos factores: las políticas de ocultación impulsadas desde principios de agosto de 1936 por sus promotores; la transmisión oral de las órdenes para la comisión de los asesinatos; el miedo atávico que se apoderó de las actitudes sociales y políticas de cada comunidad local desgarrada por los asesinatos, que ha marcado hasta nuestros días los límites de lo que se puede decir y lo que no; y, por supuesto, el monopolio del relato por parte de la dictadura durante cuarenta años, que consiguió poner el foco exclusivamente en los crímenes de la barbarie roja, al tiempo que hacía pasar las referencias puntuales a las masacres rebeldes como desafortunados excesos de supuestos grupos incontrolados, y que en cualquier caso serían de una magnitud mucho menor y sin la premeditación que caracterizó a los ocurridos en zona republicana. Hace décadas que la falsedad de dicho relato está ampliamente demostrada, y las últimas aportaciones solo hacen que aportar nuevas pruebas.
Los territorios que quedaron bajo control rebelde pertenecían de forma muy mayoritaria a la España rural, con las notables excepciones de Sevilla y Zaragoza, donde operaron lógicas y sujetos distintos. Así pues, la principal agencia a cargo de las políticas de control y eliminación del bando golpista fue la Guardia Civil, con la inestimable colaboración de paisanos voluntarios reclutados para la ocasión. Dicha colaboración no era algo excesivamente nuevo en la gestión del orden público por parte de las autoridades centrales, provinciales y municipales, que venían recurriendo a civiles desde el siglo XIX en situaciones percibidas como críticas, tal y como ha demostrado Assumpta Castillo en sus trabajos. Lo que no tuvo precedentes fue el alcance numérico, la persistencia en el tiempo y las consecuencias irreparables de esa cooperación entre civiles y guardias, que no solo actuaron juntos en detenciones, batidas e interrogatorios, sino que algunos perfiles seleccionados de uno y otro colectivo también estuvieron a cargo en equipo de las ejecuciones que darían como resultado varias decenas de miles de asesinatos en apenas unos meses. De hecho, en una imitación de las praxis y actitudes aprendidas en el ámbito familiar y comunitario, el 23 de febrero de 1981 fue bastante recurrente en ciertas regiones de España, caso del Bajo Aragón, que individuos de todo tipo y condición identificados con los nuevos golpistas acudieran a ofrecer sus servicios en las casas-cuartel de la Guardia Civil repartidas por los pueblos, una historia desde abajo que está por hacer.
No obstante, muchas preguntas siguen pendientes de respuesta. La primera de ellas pasa por identificar de forma clara y sistemática a los perpetradores materiales que actuaron en cada comunidad local, las cuadrillas mixtas de guardias y paisanos voluntarios que llegaron a conformar y las áreas de varias decenas de kilómetros en las que a veces operaron. En este sentido, resulta necesario preguntarnos qué tuvieron de particular los perfiles humanos que acabaron especializándose como ejecutores en la comisión de los asesinatos. El próximo estudio del autor plantea todas estas cuestiones para las comarcas del Aragón occidental. No en vano, será difícil plantear este tipo de investigaciones dentro de un alcance mayor, por el grado de exhaustividad que requieren, el necesario conocimiento del territorio y la gran cantidad de repertorios documentales que hay que consultar en archivos muy diversos. Es de esperar que en un futuro sean posibles las visiones de síntesis, sobre todo si comenzamos a contar con más estudios de caso.

Una futura panorámica global de lo ocurrido en España nos permitirá indagar en otras lógicas y naturalezas de la violencia golpista del 36, sin dejar de lado los análisis más avanzados y recientes de Antonio Míguez, que apuntan a su dimensión genocida. En lo que respecta a Aragón, por ejemplo, las mayores tasas de letalidad se concentraron de forma muy clara en poblaciones situadas sobre los principales ejes de comunicaciones, así como en zonas económicamente vitales para el sostenimiento de una guerra de duración indeterminada que ya en agosto de 1936 comenzaba a prefigurarse: la Ribera Alta del Ebro, que comunicaba con Logroño, Pamplona y Burgos; el corredor del Jalón, que vía Calatayud conectaba con el Henares y los accesos a Madrid; la vital carretera Zaragoza-Huesca, en torno a la cual se dieron combates de gran crudeza desde las primeras semanas, y la conexión Huesca-Jaca vía Ayerbe; el Teruel asediado por las fuerzas republicanas, muy aislado del conjunto de la zona golpista; y, muy importante, el área cerealícola de las Cinco Villas, donde tanto conflicto habían generado los bienes comunales, hasta el punto de ser la única comarca aragonesa que tomó parte en los sucesos revolucionarios de octubre de 1934. Efectivamente, el fracaso del golpe de Estado puso sobre la mesa el reto mayúsculo de asaltar los principales centros políticos, demográficos e industriales del país, sobre todo tras las primeras dos semanas de impasse, cuando se hizo evidente que enfrentaban una guerra de duración incierta y exigencia creciente. Así se entiende mejor que la violencia se cebara mucho más en ciertos puntos, dada la importancia vital de garantizar el control de las comunicaciones. Desde esta perspectiva, es imposible no pensar en la dimensión contingente de la violencia, muy marcada por el imperativo militar, es decir, el despliegue de todas las medidas necesarias para conseguir la derrota incondicional del enemigo, categoría que incluía a la población civil como amenaza latente.
Así pues, conocer la cadena de mando e indagar en los perfiles que la integraron nos permitirá problematizar aún más el estudio de la violencia asesina desplegada por los golpistas en 1936, conocer la forma en la que se organizó, los objetivos que perseguía, las razones diversas de los perpetradores y el grado de planificación que hubo detrás de ella. Es necesario ir más allá de las archiconocidas instrucciones reservadas de Emilio Mola, porque resulta necesario conocer en sus matices la toma de decisiones. Dicha metodología y objetivos de estudio nos han permitido saber, por ejemplo, que los conspiradores de la Zaragoza del 36 consiguieron captar a las dos compañías de la Guardia de Asalto radicadas en la ciudad y algunos valiosos colaboradores en la plantilla de la Policía. Entre ellos destacaría el agente de segunda Pascual Coderque Amorós, que en su papel de secretario de la Delegación de Orden Público, cargo que mantuvo a pesar de los seis cambios de delegado habidos durante la guerra, se acabó convirtiendo en el hombre fuerte de la agencia clave para la coordinación de los operativos de las fuerzas de seguridad y las milicias de ultraderecha en la retaguardia, incluidos los asesinatos. Tal y como reconocía el general Gustavo Urrutia, figura central en la conspiración y el esfuerzo de guerra golpista en Aragón, ya en los preparativos del golpe Coderque llevó a cabo la “confección de una lista de individuos que a juicio suyo estuvieran calificados como los más indeseables, […], sobre los que habría de actuarse en un momento determinado”.
A la luz de fuentes como esta resulta innegable el alto grado de planificación que rodeó la campaña de masacres golpista, cosa que sabemos gracias a uno de los expedientes de Coderque custodiados por el casi inaccesible Archivo General del Ministerio del Interior. Lo que quizás resulta más cuestionable, al margen de que se previera la eliminación de cuadros sindicales y políticos de la izquierda democrática o revolucionaria, es que estuviera previsto desde un primer momento llevar a cabo un número de asesinatos de tal magnitud y capilaridad. Por eso conviene seguir indagando en las fuentes, que también nos transmiten una sensación de desbordamiento e incluso de impotencia entre los propios golpistas ante el fracaso de los planes de Mola. En ello tuvo mucho que ver la dura resistencia que se encontraron desde el primer momento, tanto en las zonas que cayeron bajo su control como en las que no, por mucho que los opositores al golpe carecieran a menudo de lo más básico para plantear una amenaza real. Visto en retrospectiva, es fácil ver el triunfo rebelde como algo inevitable o pensar que todas sus acciones respondieron a un plan preconcebido, pero el miedo, la manifiesta hostilidad de amplios sectores de la sociedad española y la incertidumbre jugaron un papel importante en su toma de decisiones. De hecho, las fuentes permiten intuir que impulsaron la violencia eliminacionista como una forma de anticiparse a cualquier posible brote de resistencia en las zonas que ya dominaban o que fueron ocupando a lo largo del verano y el otoño de 1936, de otra manera resulta bastante difícil explicar que un 60% de los asesinatos que ejecutaron entre 1936 y 1948 se concentren en aquellos meses.

Además, un número imposible de calcular de personas, sin duda bastantes miles, se lanzaron desde los primeros días al monte en todos los territorios bajo la autoridad rebelde, con la idea de ver cómo evolucionaban los acontecimientos. Muy pronto descubrirían que esta decisión les había salvado la vida, al menos de manera provisional, siempre y cuando consiguieran llegar a zonas bajo control republicano. Lo supieron gracias a pastores, buhoneros, cuadrillas de gitanos y nuevas remesas de huidos que se iban sumando a aquellos que sobrevivían como podían en campos, casetos, peñas y grietas moviéndose por toda la geografía. También supieron que en sustitución de ellos se estaba tomando como rehenes a sus padres, madres, esposas, hijos e hijas, que en no pocos casos serían asesinados. La realidad de los huidos, a veces poco atendida y caracterizada por la historiografía, fue un elemento característico de los primeros compases de la guerra y resultó decisivo para el rápido entendimiento entre la Guardia Civil y los civiles dispuestos a colaborar con ella en sus operativos por razones de lo más diverso, algunos de los cuales ya habían formado parte de somatenes cívicos en los diferentes ciclos de conflictividad del quinquenio republicano. Es cierto que las organizaciones políticas de ultraderecha habían previsto una amplia cooperación de sus militantes subordinados a los militares golpistas, pero ni en sus mejores previsiones podían pensar que decenas de vecinos de poblaciones donde a menudo no tenían ningún arraigo se iban a poner bajo el amparo de sus siglas para buscar protección, alinearse con el nuevo orden, legitimarse, investirse de respetabilidad y conseguir una mayor visibilidad pública.
Todo apunta que los huidos debieron despertar gran preocupación entre las autoridades golpistas, al menos en un primer momento y sobre todo entre las que ostentaban el mando a nivel local, como parte de las comisiones gestoras golpistas o del puesto de turno de la Guardia Civil. Una de sus peores pesadillas eran los muy cacareados depósitos de armas con los que se pensaba que contaban los partidos y sindicatos de izquierdas, de ahí que una de las preguntas recurrentes en los interrogatorios fuera dirigida a conocer su existencia y paradero. Por supuesto, casi nunca existían, aunque muy puntualmente las hojas de servicios se refieren a la captura de algún pequeño alijo, pues formaban parte de la estrategia de la tensión y la retórica del quinquenio republicano, pero la amenaza de su existencia bastó para condicionar las actitudes de los golpistas y explicaría en parte el miedo a los huidos, que a su juicio habrían huido al monte para armarse y organizarse. No es casual que casi desde el primer día se organizaran batidas capitaneadas por la Guardia Civil, por militares que disfrutaban de su permiso de verano o por oficiales retirados dispersos por todo el territorio estatal, quienes se pusieron a la cabeza del voluntariado local para dar caza a los huidos, a menudo con gran saña. Por aquel entonces, el tipo de poblamiento era mucho más disperso que en la actualidad, con infinidad de aldeas, masías, cortijos, caseríos y pequeños núcleos hoy deshabitados, mientras que cerca de la mitad de los españoles residían en poblaciones medias y pequeñas muy vinculadas a la agricultura. Es probable, por tanto, que una alta tasa de asesinatos en núcleos pequeños y alejados de las principales comunicaciones respondiera en parte a la lógica del castigo contra individuos y familias de los que se tenía sospechas de que estaban dando algún tipo de apoyo a los huidos, permitiéndoles subsistir en el monte.
A la altura de 1936 había un Guardia Civil por cada 707 habitantes, lo que contrasta con la proporción de hoy, de 1 por cada 530. Sin embargo, en aquel entonces el despliegue era mucho más capilar que en la actualidad. La sensación de aislamiento e indefensión jugó un papel muy importante en el accionar de los guardias, muy condicionados por una concepción del honor poco adaptada a las problemáticas de la década de 1930, tal y como ha explicado Foster Chamberlin. Una de las principales aportaciones de su trabajo radica en el señalamiento de la contradicción inherente a la Guardia Civil, cuya responsabilidad era hacer que se cumpliera la ley al tiempo que se regía por un código de valores al margen de esa misma ley. Este le exigía sobreponerse a las ofensas y al cuestionamiento públicos, recurriendo a la fuerza en caso necesario para restablecer su autoridad, su credibilidad y, en definitiva, su honor. Así quedaba establecido en el Reglamento para el servicio o en la casi intocable Cartilla del Guardia Civil redactada a mediados del siglo XIX por el Duque de Ahumada, reverenciado fundador de la institución. En este sentido, falta por analizar en profundidad qué tipo de decisiones tomaron los jefes de cada unidad territorial de la Guardia Civil en los primeros momentos, qué grado de autonomía tuvieron los mandos sobre el terreno para adoptarlas o hasta qué punto respondían a directivas emanadas desde las comandancias. También conviene preguntarse en qué medida existieron perfiles humanos y profesionales suficientemente diversos dentro de la Guardia Civil como para protagonizar abordajes distintos de la situación, cosa que podemos suponer a partir de las fuentes.
En el caso de Aragón, con una orografía endiablada en buena parte del territorio, malas comunicaciones y paisajes inhóspitos, lo más corriente fue que en las zonas controladas por los golpistas la Guardia Civil se concentrara en las cabeceras de cada línea. Esta unidad territorial intermedia del cuerpo estaba mandada por un alférez o un teniente, por lo general jóvenes oficiales del Ejército que habían ingresado en la Benemérita pocos años antes de la guerra, después de pasar por la campaña de Alhucemas, combatiendo no pocas veces en unidades de choque comandadas por consumados africanistas. Las líneas solían agrupar tres o más puestos locales con una cantidad muy variable de guardias en cada uno de ellos mandados por un sargento o un cabo, a veces un brigada. El objetivo de este reagrupamiento de fuerzas era evitar el potencial peligro de quedar aislados, ser desarmados e, incluso, atacados, establecer una única base de operaciones cuyo control estuviera garantizado, unir fuerzas, conseguir apoyo civil y desde allí volver a los pueblos bajo su jurisdicción para recoger a sus familiares, deponer ayuntamientos, nombrar nuevas comisiones, organizar y armar a los vecinos afectos al golpe, llevar a cabo las llamadas operaciones de limpieza en los montes, recoger información, practicar detenciones y llegado el caso ejecutar los asesinatos que se consideraban necesarios. Esta fue la lógica que se siguió en toda la comarca de Valdejalón y Calatayud, concentrando a las fuerzas en las poblaciones de la ribera del Jalón como Alhama, Calatayud, Morata, Calatorao y Épila, dejando desguarnecidas de efectivos las abruptas áreas montañosas al norte y al sur del curso fluvial durante los primeros seis meses de la guerra.
Así pues, queda mucho trabajo por hacer. Conseguir respuestas a las muchas preguntas pendientes pasa por reconstruir a fondo la cadena de mando en cada región, así como en los oficiales al cargo en cada una de las circunscripciones objeto de estudio, una amplia revisión de la literatura memorialística y los egodocumentos escritos por víctimas y supervivientes, una revisión profunda de la bibliografía sobre la violencia que permita mapear la violencia y el acceso a nuevos fondos documentales en el Archivo General del Ministerio del Interior o en las propias comandancias provinciales de la Guardia Civil.

Bibliografía
David Alegre Lorenz: Verdugos del 36: la maquinaria del terror en la Zaragoza golpista, Barcelona, Crítica, 2025.
David Alegre Lorenz: Verano de sangre: guardias civiles y paisanos armados en el Aragón rural de 1936, Barcelona, Crítica, 2027.
Assumpta Castillo: “Procesos de privatización del orden público en el mundo ibérico de finales del XIX e inicios del XX”, Historia y Política, 54 (2025), pp. 69-99.
Foster Chamberlin: Uncivil Guard: Policing, Military Culture and the Coming of the Spanish Civil War, Louisiana State University Press, 2025.
Antonio Míguez: La genealogía genocida del franquismo: violencia, memoria e impunidad, Madrid, Abada, 2014.
Miriam Saqqa Carazo: Las exhumaciones por Dios y por España, Madrid, Cátedra, 2024.

Las violencias en la España del 36 (y después): de lógicas y contingencias
Javier Rodrigo (GRECS-UAB)
Hay muchos motivos que justifican la adjetivación de una guerra como “civil”. Están la fragmentación y lucha por la soberanía en una civitas previa, una comunidad política preexistente. Está la lucha por el poder en el marco de un mismo Estado. Y está, por supuesto, la concepción de las guerras civiles como guerras contra la población civil. Guerras donde, de manera preferente, la población no combatiente se convierte en objetivo central de las violencias directas e indirectas, de los diferentes repertorios que, si bien abarcan situaciones muy dispares y no necesariamente graduales, tampoco son infinitos: van de la indagación e interrogatorio hasta el asesinato o el suicidio inducido, pasando por la detención, la exposición y exclusión simbólica de la comunidad, el sometimiento a juicios públicos, la represión económica, la deportación y/o el desplazamiento forzoso, el confinamiento, el encarcelamiento, la reeducación (política, religiosa, identitaria), el abuso físico o la tortura, de forma selectiva o colectiva.
Cuando las víctimas de asesinatos, bombardeos, desplazamientos forzosos, explotaciones laborales en tiempos de guerra son preferentemente los connacionales, la población civil, las paisanas y los paisanos desarmados, la población no uniformada, la naturaleza misma del conflicto bélico varía y se somete a unas lógicas que no son solamente las propiamente militares, las ligadas a la concepción de la guerra como enfrentamiento entre ejércitos. Las razones que explican las contingencias de guerras como la española del 36 son también las lógicas de la guerra contra el civil: las lógicas de la violencia.
Entre julio de 1936, inicio de la rebelión militar que tuvo como consecuencia una larga (aunque no más larga que otras) guerra civil, y el final de ese mismo año (momento de recomposición de fuerzas, administraciones y soberanías), la mayoría de las víctimas mortales en la España en guerra fueron civiles, no combatientes. En los lugares donde triunfó el golpe de Estado, más del 60-70% de las víctimas civiles totales de todo el conflicto se acumularon en ese primer semestre. También ocurrió lo mismo donde el golpe no triunfó, y la fractura estatal y de las fuerzas del orden dio paso a un largamente preparado proyecto revolucionario (por más que sobre el terreno hubiese enormes diferencias entre territorios, lo que apunta a una forma clara de improvisación). Mucho antes de que los fascismos europeos lanzasen sus campañas genocidas vinculadas a la ocupación del continente, en España ya se estaban desplegando unas praxis eliminacionistas preventivas, tanto revolucionarias como contrarrevolucionarias, que marcarían la realidad de la guerra incluso antes de que pudiese hablarse, stricto sensu, de una guerra regular.

En esto existen diferencias con otras guerras civiles. Al igual que en Finlandia, en Irlanda la violencia contra los no combatientes no se concentró en el principio de la guerra, sino en su finalización. La violencia homicida irregular en España se concentró en 1936. La violencia revolucionaria y la contrarrevolucionaria tuvieron lugar no tanto como respuesta una a la otra, sino prácticamente a la vez (aunque casi parece obvio que se reforzaron mutuamente con la llegada de desplazados de una zona a la otra, que seguramente reforzaron la determinación de los sectores más radicales). Eso no las convierte, empero, en violencias equiparables. Para la zona golpista, se calcula que unas 52.800 muertes se produjeron en los primeros meses tras el golpe de Estado (sobre un total aproximado para toda la guerra de unos 130.000), mientras que la violencia revolucionaria ascendería a unas 38.000 asesinatos en esos primeros meses, del total aproximado de 55.000 muertos en la retaguardia republicana. Con todo, pese a ser mayor tanto cuantitativa como cualitativamente (en relación con la población y el territorio ocupado) en los territorios rebeldes respecto a los republicanos, en ambos casos se acumularon en el primer semestre de los seis que duró la guerra, entendida en términos convencionales entre julio de 1936 y abril de 1939. También la violencia sacrofóbica, que daría algunas de las imágenes más perdurables de la Guerra Civil: en muchos territorios, la primera manifestación revolucionaria fue la de una guerra de religión, alcanzando unos guarismos aceptados por la comunidad historiográfica de en torno a 6.800 asesinados entre clero regular y secular. Decenas de miles de personas que estaban vivas en la primavera de 1936 fueron asesinadas en el verano y el otoño de ese año. La responsabilidad de que eso pudiera pasar recae, por supuesto, en quienes iniciaron el golpe de Estado.
Con esas variables, hace ya tiempo que identificamos las violencias de las retaguardias como asimétricas y preventivas. Situarlas bajo el término de “represión”, que apela claramente a una naturaleza reactiva, supone pues un desenfoque notable del carácter anticipatorio y supraindividual de esas formas de violencia, centradas sobre todo al principio del conflicto en sus formas más efectivas a efectos de la implantación de proyectos (o contraproyectos) políticos: los asesinatos. Con todo, también en esto hay multitud de matices. Si en vez de guarismos y estadísticas bajamos a una mirada sobre el terreno, veremos que hubo contingencias, adaptaciones e improvisaciones que muchas veces desmienten la idea del masterplan represivo. Investigaciones como las de Ángel Alcalde o David Alegre proponen, precisamente, el estudio de las cadenas de mando, las secuencias operativas, las realidades militares o los mecanismos decisionales en materia securitaria que determinaron los cuándo, cómo, dónde y por qué de esas violencias. No todo fue la aplicación sin más de un plan predeterminado, fuese el revolucionario o el golpista. El hecho de que la violencia eliminacionista de primera hora fuese, en cierta medida, controlada, demuestra tanto su operatividad efectiva en el momento de la toma del poder cuanto su relativa ineficacia, una vez pasada esa primera oleada de terror, para la gestión de recursos económicos en el contexto de una guerra total. Como llevo diciendo más de 25 años, en una guerra irregular a los prisioneros de guerra se los asesina in situ, sea en la Extremadura de 1936 o en el Maestrazgo de 1946. En una guerra total, es tan importante un prisionero de guerra trabajando en retaguardia como un soldado disparando en los frentes. Tal vez sea esa la clave explicativa del 36 (y lo que lo diferencia del 37-39) en términos bélicos, en el que no solo no se alargó de manera artificial la guerra para tener tiempo de matar más, como muchas veces se ha dicho, sino que, todo lo contrario, cuanto más rápida fue la guerra en términos militares, también lo fue más asesina en términos de control de la población a través de la violencia.
De hecho, una vez asentados (precariamente, pero asentados, como es propio de una guerra convencional entre estados o para-estados) ambos proyectos políticos y de soberanía territorial, es decir, con una territorialidad definida, a diferencia de las guerras irregulares, la guerra mutó en formas de guerra de guerra de ocupación. Y con ello, mutaron también, o mejor, se yuxtapusieron también las lógicas y formas de violencia contra las poblaciones civiles. Cronológicamente, hablaríamos del período más largo dentro del conflicto: 1937-39. A efectos de políticas de ocupación y limpieza de las retaguardias, destaca en este período —junto con los bombardeos sobre la población civil en las grandes capitales republicanas: en total la aviación republicana causaría unas 4.000 bajas, y la franquista unas 11.000 entre la población no combatiente— el hecho de que los avances y las retiradas de dos ejércitos sumidos en una guerra total tuvieron siempre como corolario la violencia y la represión de las disidencias reales o potenciales. Como ha identificado Miguel Alonso a partir de los partes de operaciones y las directivas del alto estado mayor franquista, hubo que contar en todo momento con los fusilamientos en caliente de prisioneros, de forma sumaria y expeditiva. Conquistas militares como las de Bilbao, Santander y Asturias, primero, de Teruel, del Aragón oriental y de Cataluña, después, y finalmente de Castilla-La Nueva, Madrid y el Levante peninsular acarrearon siempre el despliegue de una lógica de limpieza y purificación de la retaguardia como políticas de ocupación. Sin embargo, los datos revelan que las proporciones entre las víctimas de la violencia extrajudicial y las generadas por las ejecuciones de sentencias judiciales habrían variado. Barcelona, Valencia o Madrid se vieron azotadas por una ola de venganza directa en los barrios más representativos de la resistencia a la ocupación militar, en una combinación irregular entre ejecución de sentencias en firme, depuraciones, sacas y paseos, en primera instancia bajo un modelo de ocupación territorial. Como en el 36, la inmensa mayoría de las muertes violentas tuvieron lugar en los meses inmediatamente posteriores a la implantación del poder. A estas, además, se les sumaron las ejecuciones derivadas de lo que Pedro Payá ha denominado el frente judicial de la, esta sí, represión franquista.

Pero los repertorios de violencia no se limitaron a los asesinatos, con o sin procedimiento judicial. Las violencias también fueron asimétricas en lo relativo a otros aspectos como, de manera muy llamativa, la cuestión de los desplazamientos forzosos que afectaron, en coherente lógica y alineamiento con la historia de las guerras integrales contemporáneas, tanto a población civil como a población militar. En España, se calcula la existencia de unos 3 millones de personas refugiadas internas, muchas de las cuales saldrían al exilio. Igualmente, el cálculo más acertado de prisioneros de guerra habla de en torno a 500.000 internos en campos de concentración y espacios parapenitenciarios y concentracionarios, sobre todo bajo el poder del naciente Nuevo Estado. Son guarismos que difícilmente pueden plantearse para la República, donde existieron campos de trabajos forzosos, pero en escalas mucho menores que las del sistema concentracionario rebelde, y cuya escasa capacidad de avance territorial no generó flujos de personas refugiadas como las generadas por los avances territoriales de los sublevados. En la retaguardia republicana tampoco hubo una incidencia del fenómeno de la guerra irregular asimétrica, frente a la que ya desde 1936 el régimen a la postre vencedor estableció un combate asimétrico que perduró largamente después del final de la guerra regular en abril de 1939. Una guerra contra la resistencia, hecha de persecución de civiles (las y los enlaces) y soldados que, como ha estudiado Arnau Fernández Pasalodos, volvió a vincular el combate entre fuerzas estatales y resistencia/supervivencia armada a formas de violencia directa contra combatientes armados o desarmados, confinamientos y desplazamientos forzosos y prácticas como la ley de fugas y las prácticas de fuego libre propias de las guerras contrainsurgentes. También, las civiles.
No es casualidad que prácticamente todos los debates sobre las políticas de memoria en España tengan que ver con la guerra y sus violencias, con las desapariciones, las fosas, las sacas y paseos (de militares, políticos, civiles, religiosos), los desplazamientos forzosos (de mujeres, niños y ancianos), las hambrunas, los abusos sexuales, los campos de concentración de prisioneros (188, no 300). En definitiva, con las consecuencias en forma de gigantesca crisis humanitaria de una guerra que, lejos de ser inevitable e irreversible, fue el resultado de una violentísima escalada golpista devenida rápidamente en guerra irregular, así como de las contingencias y adaptaciones que hubieron de afrontarse sobre el terreno. Un conflicto que después fue global y total explicable como sucesión de retaguardias, frentes y batallas y que, finalmente, extendió sus consecuencias y cronología más allá del 39. Una guerra donde una gran mayoría de las víctimas civiles fueron asesinadas, en ambas retaguardias, antes de acabar 1936.
Siglos podridos reventando, los llamó Miguel Labordeta: algo en cierta medida cierto, pero no porque reventasen solos, sino porque los hicieron reventar. Más que del golpe que dio inicio a la guerra, 2026 es el aniversario de la gigantesca matanza fundacional de la España contemporánea.

Bibliografía básica
Alegre Lorenz, David, Verdugos del 36. La maquinaria del terror en la Zaragoza golpista, Barcelona, Crítica, 2025.
Alonso Ibarra, Miguel, Cruzados sin gloria. El ejército de Franco en la Guerra Civil, Barcelona, Pasado & Presente, 2025.
del Rey Reguillo, Fernando, Retaguardia roja. Violencia y revolución en la Guerra Civil española, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2019.
Fernández Pasalodos, Arnau, Hasta su total exterminio. La guerra antipartisana en España, 1936-1952, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2024.
Rodrigo, Javier y Alegre, David, Comunidades rotas. Una historia global de las guerras civiles, 1917-2017, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2019.

La guerra en las entrañas
Carlos Píriz (UCA)
Tras la victoria del Frente Popular en 1936, la reorganización conspirativa condujo al golpe de Estado de julio y al inicio de la Guerra Civil. En las principales ciudades donde fracasó la sublevación surgió una contienda soterrada sostenida por las mismas redes que integraron el complot. Poco tiempo después les bautizaron como la Quinta Columna. Ese colapso en Barcelona obligó a los supervivientes falangistas, requetés y militares a reorganizarse en la clandestinidad. Bajo la dirección de líderes como Luis Gutiérrez Santa Marina, Julio Mendoza y Leocadio Cuevas, las células de sabotaje y auxilio se unieron para dar origen a la organización «Luis de Ocharán», una de las redes quintacolumnistas más influyentes de Cataluña. De forma paralela, surgieron iniciativas como el «Socorro Blanco» —impulsado por Juan Aguasca para ayudar financieramente a las familias de los perseguidos y que más tarde evolucionaría en el grupo «Todos»—, mientras que otros enlaces, como Jaime Jaume Valent («L.J.R.C.») y Jorge Alegría Mayoral («Concepción»), se encargarán de canalizar información militar hacia los servicios de inteligencia sublevados.
En la capital del país, pese a la derrota y el arresto de sus cabecillas, las estructuras de Falange y el Requeté mantuvieron su cohesión organizando células secretas triangulares basadas en meses de trabajo clandestino. Desde la Cárcel Modelo, dirigentes como Raimundo Fernández-Cuesta y Manuel Valdés Larrañaga dirigían una «Junta Local» clandestina mediante enlaces con embajadas e infiltrados. Así, células como las de Eduardo Isla o Fernández-Golfín canalizaron planos e información militar al mando rebelde a través de embajadas y diplomáticos colaboradores. En paralelo, la «Organización Antonio Rodríguez Aguado» ejecutó labores de sabotaje interno gracias a figuras clave como Mateo Salla, quien alteraba sumarios en el Tribunal Supremo, Sebastián Moll, que mantenía los sueldos de oficiales desafectos desde la Pagaduría del Ejército, o Victoriano Sanjuán, quien modificaba atestados y borraba expedientes policiales. En el plano asistencial, María Paz Martínez-Unciti creó la «Hermandad de Auxilio Azul», una red femenina enfocada en dar refugio y alimento a los perseguidos.
Paralelamente, en Valencia, ante la oposición al golpe por parte del jefe de la División, el general Martínez-Monje, la Junta Militar pospuso las operaciones en varias ocasiones. Las indecisiones, unidas a las noticias de las derrotas en Madrid y Barcelona, terminó por paralizar a las tropas y desmoralizar a los doscientos civiles armados que esperaban concentrados en los locales de la Derecha Regional Valenciana. Tras este colapso, surgieron nuevas redes quintacolumnistas en la clandestinidad, destacando la dirigida por Francisco Rodríguez-Trelles, las células de jóvenes católicos articuladas por José Gilabert y la red organizada por el sacerdote capuchino Fray Estanislao de Algimia (Francisco Salt Gómez).

En el sureste se dio la excepción. A diferencia de las grandes capitales, en Almería y Cartagena la Quinta Columna no surgió como continuación del complot militar, sino como respuesta defensiva a la violencia y represión desatadas tras el levantamiento. En Almería, la débil intentona del teniente coronel Juan Huerta Topete el 21 de julio fracasó rápidamente ante la falta de apoyo civil y la amenaza de bombardeo del destructor Lepanto. Tras la ejecución de numerosos alzados y la represión estival, Carmen Góngora López vertebró en el Sindicato Católico de la Aguja una red asistencial de «Socorro Blanco» que posteriormente daría paso a la red de espionaje «Hataca». En Cartagena, grupos como «Los hijos de María» o el «Socorro Blanco de Intendencia» promovieron el auxilio y el sabotaje dentro de las propias instalaciones de la Base Naval.
La proliferación del concepto «Quinta Columna» desde el otoño de aquel año de 1936 desencadenó una profunda psicosis colectiva e histeria social en la retaguardia republicana. Fomentada por discursos políticos, prensa, propaganda y caricaturas, esta «espiofobia» generó un clima de sospecha permanente. El temor a enemigos invisibles camuflados en la vida cotidiana condujo a un aumento masivo de delaciones entre vecinos, registros domiciliarios sin garantías y detenciones de sospechosos o militantes afines al bloque rebelde. Esta atmósfera represiva derivó en ejecuciones extrajudiciales y represalias justificadas bajo el pretexto de exterminar al enemigo interno antes de que pudiera colaborar con el avance de las tropas insurgentes.
Para combatir a estas redes clandestinas de sabotaje y espionaje, las autoridades republicanas y diversas organizaciones armadas crearon múltiples organismos de investigación y contrainteligencia. Por su parte, la Quinta Columna encontró un amparo fundamental en el uso del derecho de asilo en sedes, legaciones y embajadas diplomáticas extranjeras. A pesar de los asaltos policiales y registros a locales diplomáticos como los de Finlandia, Perú o Turquía para desmantelar arsenales y redes de espionaje, numerosos cónsules y agregados facilitaron refugio, pasaportes, valijas e informes confidenciales, permitiendo la supervivencia de estas organizaciones hasta el final de la contienda.

Los rebeldes estructuraron tempranamente su inteligencia a través de iniciativas como la oficina de Nacho-Enea y el Servicio de Información de la Frontera Nordeste de España (SIFNE), dirigido por José Bertrán y Musitu, para el espionaje, la propaganda y el enlace con la Quinta Columna. Para homogeneizar y militarizar estas tareas, la Junta de Defensa Nacional creó en septiembre de 1936 el Servicio de Información Militar (SIM), el cual se reorganizó definitivamente bajo el mando del teniente coronel José Ungría. Transformado a finales de 1937 en el Servicio de Información y Policía Militar (SIPM), absorbió pocos meses después al SIFNE y los servicios de Falange, y se estructuró en el frente por sectores para dirigir de forma sistemática el espionaje, el sabotaje y la guerra psicológica del enemigo interno en la retaguardia republicana.
Más allá de los actos puntuales de sabotaje, la inteligencia franquista estructuró su labor clandestina en torno a la «táctica de la implosión». El objetivo consistía en identificar las grietas ideológicas del bloque antifascista para profundizarlas hasta el colapso. Agentes infiltrados alimentaron el rencor y las disputas internas entre comunistas, anarcosindicalistas, trotskistas y las distintas facciones del socialismo. Esta manipulación y propaganda subterránea caló en momentos críticos, como la conformación de la Junta de Defensa de Madrid o los violentos Sucesos de Mayo de 1937 en Barcelona, sembrando el desencanto y minando la moral republicana.
A partir de la primavera de 1938, la reorganización del SIPM dotó a la Quinta Columna de una estructura mucho más agresiva y coordinada. En un Madrid cercado y fatigado, operaban simultáneamente varios entramados clandestinos: el Servicio Exterior de la Sección Destacada del I Cuerpo de Ejército, donde destacaron jóvenes oficiales e infiltrados como Manuel Gutiérrez Mellado, Antonio Ortega Lopo y Antonio Bouthelier; entramados de corte católico liderados por José María Taboada Lago (como el SINSE y el SIE), nutridos por apoyos eclesiásticos y canales diplomáticos extranjeros; y la Falange Clandestina, subordinada a las órdenes de la inteligencia militar rebelde.

En paralelo al trabajo de zapa político, las redes clandestinas pusieron en marcha unas «ofensivas personales» orientadas a tantear, vigilar e intentar doblegar la voluntad de las cúpulas militares y políticas de la República. A través de asistentes, chóferes o médicos, la sombra del espionaje franquista se aproximó al entorno de figuras militares cruciales como José Miaja, Vicente Rojo, Manuel Matallana, Juan Hernández Saravia o Cipriano Mera. Esta constante presión tejió una red que terminó por aislar al gobierno de Juan Negrín y su doctrina de resistencia a ultranza. A través de intermediarios como el catedrático Antonio de Luna García, la Quinta Columna cercó políticamente al líder socialista Julián Besteiro. La confluencia entre el cansancio militar, la desilusión política y la conspiración quintacolumnista desencadenó la tormenta perfecta: en marzo de 1939, el golpe del teniente coronel Segismundo Casado terminó por fracturar definitivamente la resistencia republicana, abriendo las puertas de Madrid y sellando el fin de la guerra.
A esa altura, la República agonizaba. Convencidos de que la resistencia comunista solo prolongaría el sangriento final, el coronel Segismundo Casado y el veterano socialista Julián Besteiro encabezaron un golpe interno para arrebatar el control antifascista y crear el Consejo Nacional de Defensa. Buscaban negociar con Franco una «paz honrosa» que evitara represalias y permitiera evacuar a los amenazados. Sin embargo, el dictador exigió una rendición incondicional. Ante las dificultades técnicas republicanas para entregar la aviación en los plazos fijados, Franco ordenó la ofensiva final sobre un ejército hambriento, desmoralizado y abandonado.
Mientras los frentes se venían abajo como un castillo de naipes y las cúpulas republicanas buscaban desesperadamente una vía de escape, en las entrañas de las ciudades se desencadenó la fase secreta del conflicto. La Quinta Columna, coordinada silenciosamente con los agentes del SIPM, emergió de las sombras en Madrid, Valencia, Cartagena y Jaén como había sucedido antes en Barcelona. Sin esperar a que los tanques de Franco cruzaran las calles, falangistas y requetés que habían vivido ocultos irrumpieron en los ministerios, desarmaron a los guardias desgastados, liberaron a miles de prisioneros afines y tomaron los mandos del poder. La toma de las ciudades se consumó desde dentro, sellando el fin de la guerra con una ola masiva de detenciones y el estallido de un férreo y sangriento aparato represivo, donde la victoria militar daría paso a medallas y recompensas para ese ejército clandestino triunfal.

Referencias bibliográficas
Javier Cervera Gil, Madrid en guerra: la ciudad clandestina (1936-1939), Madrid, Alianza, 1998.
Morten Heiberg y Manuel Ros Agudo, La trama oculta de la guerra civil: los servicios secretos de Franco (1936-1945), Barcelona, Crítica, 2006.
Carlos Píriz, En zona roja. La Quinta Columna en la guerra civil española (1936-1941), Granada, Comares, 2022.
Fuente: Conversación sobre la historia
Portada: conducción de prisioneros capturados por los sublevados durante la batalla de Guadarrama (foto: Wikimedia Commons)
Ilustraciones: Conversación sobre la historia
