Ordenan la detención internacional de un exjefe de Policía de Balears

Ordenan la detención internacional de un exjefe de Policía de Balears Posted: 06 Nov 2014 04:18 AM PST Diario de Mallorca, 6.11.2014 Felipe Armendáriz. Palma La juez argentina María Servini de Cubría ha incluido a un exjefe superior de Policía de Balears, Benjamín Solsona Cortés, en una lista de detenciones internacionales de sospechosos de crímenes durante el Franquismo. Solsona, de 83 años, podría ser arrestado si abandona España, dado que en nuestro país los hechos que se le imputan o están prescritos o fueron perdonados por la Amnistía de 1977. Benjamín Solsona fue primero jefe superior de Policía del País Vasco desde marzo de 1980 hasta el 22 de diciembre de 1982. Tres días después de su cese fue nombrado jefe superior de Balears, puesto que desempeñó hasta el 23 de febrero de 1988. Solsona perteneció durante la Dictadura a la brigada político-social, una unidad especializada en reprimir la oposición contra el régimen de Franco. Los hechos por los que se ha decretado la orden de arresto ocurrieron en abril de 1971 en Valencia. Solsona, como miembro de la brigada político-social, habría participado en la detención e interrogatorio de 20 estudiantes sospechosos de pertenecer al Partido Comunista de Valencia. Los detenidos pasaron 18 días en los calabozos de la Jefatura Superior de Policía de Valencia, donde habrían sido sometidos a torturas y malos tratos durante los interrogatorios y donde carecieron de asistencia letrada. Estado de excepción La magistrada argentina investiga una querella interpuesta por víctimas, familiares de víctimas, y entidades defensoras de los derechos humanos. Dos querellantes han acusado al exalto cargo policial agredirles durante los interrogatorios, en los que participaron otros agentes. “Sufrí golpes en los pies, la cabeza y el cuerpo, inmersiones en el agua, patadas, empujones y amenazas hacia mí y mi familia por parte de los policías Benjamín Solsona y otros”, ha declarado uno de los testigos. Las presuntas torturas ocurrieron el 23 de abril de 1971, durante el estado de excepción que fue decretado en toda España. La magistrada argentina ordenó hace unos días la detención, a efectos de su extradición a Argentina para tomarles declaración como imputados, del exministro de Relaciones Sindicales en 1975 y de Gobernación entre 1976 y 1979, Rodolfo Martín Villa, y del exministro-secretario general del Movimiento, José Utrera Molina, además de otros 18 acusados en la causa, incluido Solsona. Vinculado al Sindicato Vertical en la dictadura de Francisco Franco, Martín Villa ocupó diversos altos cargos a lo largo de los años en el anterior régimen. Ya en la transición, con Carlos Arias Navarro, fue nombrado ministro de Relaciones Sindicales en diciembre de 1975. Después, con Adolfo Suárez como presidente del Gobierno, desempeñó la cartera de Gobernación hasta abril de 1979. Era popularmente conocido como “la porra” de la transición debido a la excesiva dureza que empleaba en reprimir manifestaciones obreras y estudiantiles. A Utrera Molina, que es suegro del exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, Servini le acusa de haber convalidado con su firma la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich, y a Martín Villa, de la muerte de cinco trabajadores en la protesta del 3 de marzo de 1976 en Vitoria. La lista de exfranquistas extraditables se completa con Antonio Carro Martínez, exministro de la Presidencia (1974-1975); Licinio de la Fuente, exministro de Trabajo (1969-1975) y vicepresidente (1974-1975); Antonio Barrera Irimo, exministro de Hacienda (1973-1974); José María Sánchez Ventura, exministro de Justicia (1975) y Alfonso Osorio García, exministro de la Presidencia (1975-1977). Hechos no punibles La Justicia española se ha pronunciado en varias ocasiones respecto a la imposibilidad de perseguir crímenes de estado durante el Franquismo. Entre los motivos alegados destacan la amnistía que se otorgó en 1977, en plena Transición, y que hizo tabla rasa de los delitos políticos cometidos durante la Dictadura. También se ha argumentado que los delitos habrían prescrito, de acuerdo con el Código Penal. Los querellados son libres de circular por España.