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Posted: 02 Nov 2014 06:13 AM
PST
La magistrada argentina María
Servini de Cubría, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional
Federal N° 1, encomendó a la Interpol el arresto preventivo de los imputados con fines de
extradición para ser interrogados, según indica el Centro de
Información Judicial (CIJ). A Martín Villa, ministro de Relaciones Sindicales
entre 1975 y 1976 y que había ocupado previamente altos cargos de
responsabilidad en el régimen franquista, se le piden responsabilidades por
la muerte en la ciudad vasca de Vitoria en marzo de 1976 de cinco
trabajadores por una carga policial.
A Utrera Molina, suegro del exministro de Justicia
Alberto Ruiz Gallardón, quien encabezó la cartera de la
Vivienda en 1973 y fue ministro secretario general del Movimiento, por su
responsabilidad en la pena de muerte del anarquista Salvador Puig Antich, el
último ajusticiado a garrote vil en España (1974). La detención de Fernando
Suárez, ministro de Trabajo y vicepresidente del gobierno en 1975, fue
solicitada por su presunta responsabilidad en la pena de muerte de los cinco
últimos fusilados por el régimen franquista en septiembre de 1975 (dos
miembros de ETA y tres del FRAP -Frente Revolucionario Antifascista y
Patriótico-).
Figuran también Antonio Carro
Martínez, ministro de la Presidencia (1974-1975); Licinio de la Fuente,
ministro de Trabajo (1969-1975) y vicepresidente (1974-1975); Antonio
Barrera, ministro de Hacienda (1973-1974), ya fallecido; José María Sánchez
Ventura Pascual, ministro de Justicia (1975); Alfonso Osorio García, ministro
de la Presidencia (1975-1977) y vicepresidente del Gobierno (1976-77).
Además, están imputados
el excapitán de la antigua Policía Armada, Jesús Quintana Saracíbar y siete
expolicías: Jesús González Reglero, Ricardo Algar Barrón,
Félix Criado Sanz, Pascual Honrado de la Fuente, Jesús Martínez Torres,
Benjamín Solsona Cortés, y Atilano del Valle Oter.
Los últimos reclamados por la
Justicia argentina son Carlos Rey González, quien fuera miembro del Consejo
de Guerra que juzgó a Salvador Puig Antich, los antiguos jueces Antonio
Troncoso de Castro y Jesús Cejas Mohedano, y el ginecólogo Abelardo García
Balaguer.
La jueza federal argentina
lleva adelante la causa abierta en Buenos Aires por crímenes cometidos
durante la Guerra Civil Española y el franquismo, en virtud del principio de
Justicia universal, a la que se
han sumado víctimas tanto en España como en Argentina. La
querellante Adriana Fernández dijo estar “orgullosa, como nieta de
republicanos y como argentina, de que acá pueda haber justicia para las
víctimas de España, porque lamentablemente allá no hay justicia para estos
casos”. “Muchas víctimas de la última parte del franquismo están viendo su
sueño de justicia realizado hoy”, agregó Fernández.
El abogado de la querella
Máximo Castex mostró también su satisfacción por una orden judicial que, a su
juicio, “da una respuesta positiva al pedido de las víctimas”. Castex se
mostró confiado en que
los imputados deban comparecer ante la Justicia española por
las peticiones de extradición, tal y como ocurrió previamente con el
exinspector Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, y el excapitán de
la Guardia Civil, Jesús Muñecas Aguilar, acusados de torturas.
Ambas órdenes de extradición
fueron denegadas por la Audiencia Nacional española por considerar que los crímenes de los
que se acusaba a González Pacheco y Muñecas Aguilar habían prescrito
y no eran constitutivos de genocidio. La querella que originó esa
investigación, presentada en abril de 2010 por “delitos de genocidio y/o de
lesa humanidad”, abarca desde el 17 de julio de 1936, fecha del levantamiento
militar con que comienza la Guerra Civil española, hasta el 15 de junio de
1977, fecha de las primeras elecciones democráticas en España tras la
dictadura.
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dimecres, 5 de novembre del 2014
La Sexta Noticias: Argentina ordena la detención de 20 imputados por crímenes del franquismo
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