Para un socialista militante en la memoria histórica se hace muy duro que
el PSOE vote junto al PP contra órdenes de la Comisión de DDHH de la ONU, y
que, además, dé argumentos falaces y peregrinos para justificarse.
El representante socialista que argumentó el NO a la propuesta de IP de que
se cumpliera el mandato de la ONU (sí, el PSOE votó en contra de la ONU)
diciendo que esos crímenes habían prescrito parece, insisto, parece ignorar que
los Crímenes contra la Humanidad no prescriben como no lo hace el Genocidio.
Argumentar eso o demuestra un cinismo mayúsculo o una mayúscula ignorancia del
Derecho Internacional. La ONU ha exigido a España las extradiciones y PP
(normal en ellos) y PSOE se han ciscado en la ONU (1).
Por otro lado la misma Comisión de DDHH de la ONU ha exigido la derogación
de la Ley de Amnistía, que es una ley de Punto Final (como las derogadas en
Chile y Argentina). El gobierno del PP no ha hecho caso y el PSOE de Rubalcaba
y Pedro Sánchez se ha escondido (2).
Zapatero se atrevió (Felipe. por supuesto, no) con la llamada Ley de
Memoria Histórica. Era un paso, un inicio, aunque insuficiente, en la buena
dirección. El PP la ha derogado de facto al no dotarla de presupuesto.
Más carencias podemos encontrar en esa ley, pero me centro en dos:
-La ley preveía subvenciones finalistas para las asociaciones que buscaran
fosas, hicieran homenajes en forma de escultura, etc. Lo que sobraba se tenía
que devolver tras el preceptivo informe sobre la dedicaqción del dinero.
La ley adolecía de falta de compromiso obligatorio de las instituciones y
dejaba en manos de asociaciones sin ánimo de lucro su aplicación. Carecía pues
del compromiso por ley del estado de buscar a los muertos. Sin subvenciones,
pagando directamente y siendo el estado el encargado y quienes hicieran las
excavaciones, profesionales, bien antropólogos, médicos forenses, arqueólogos o
mano de obra.
-La ley no recordaba algo obvio: ningún particular ni asociación puede
remover cadáveres ni lugares de crímenes. Son los jueces quienes deben hacerlo
y levantar acta. Después del procedimiento judicial ya se pueden levantar
cadáveres y enterrar dignamente. Y así resulta que aparecen fosas y fosas pero
ni un solo juez va al lugar, salvo honrosas y honradas excepciones. ¿Hay que
recordar que alterar el lugar del crimen es delito? Pues se ve que sí y que la
ley no lo decía.
Así, ha resultado que cada juez o jueza, cuando Garzón se inhibió en un
auto memorable, a favor de los juzgados de primera instancia, ha hecho lo le ha
venido en gana. Ir, no ir, inhibirse o abrir causa judicial. La mayoría se ha
inhibido y las asociaciones, mediante subvenciones finalistas y dinero propio.
han localizado, excavado, levantado cadáveres y los han dado a las familias.
Cuando a una ley insuficiente se une un gobierno del PP que no la dota de
presupuesto y un partido como el PSOE que da un giro y apoya en ese tema, el de
desobecer a la ONU, a los neofascistas uno no tiene más remedio que pensar
porque las dudas sobre su partido quedan sembradas.
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