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Olivia Carballar | SevillaLa comunidad, con más de 600 fosas por abrir, está a punto de aprobar una ley de memoria más adelantada que la estatal- Algunas asociaciones temen que esta norma, al igual que la estatal, quede caduca antes de aprobarse
Olivia Carballar | SevillaLa comunidad, con más de 600 fosas por abrir, está a punto de aprobar una ley de memoria más adelantada que la estatal
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Luis Vega a pie de fosa, en el cementerio de Paterna (Cádiz). J.L.V.
El arqueólogo Andrés Fernández está trabajando en la exhumación de dos cuerpos en Zalamea la Real (Huelva). El historiador José Luis Gutiérrez está revisando las fechas de nacimiento de varios asesinados en la localidad gaditana de Paterna de Rivera. El director general de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, Javier Giráldez, está reunido con familiares de víctimas en otro pueblo gaditano, Arcos de la Frontera. Están. Todos están –en presente– a pie de fosa. A pesar del desmantelamiento de las políticas de memoria llevado a cabo por el Gobierno de Rajoy y aunque sea a paso lento, la búsqueda de represaliados por el franquismo avanza poco a poco en Andalucía, una comunidad con más de 600 fosas por abrir que está, además, a punto de aprobar una ley de memoria más adelantada que la estatal. La norma se fundamenta en la obligación del Estado –en este caso la Junta– de realizar las exhumaciones como una política pública, tal y como venían reclamando el colectivo memorialista, el derecho internacional y la ONU. En el último año, han sido recuperados los restos de aproximadamente un centenar de víctimas, según el director general de memoria.
“Siempre nos parece poco porque queremos ir más rápido y queremos hacer más, pero de todas formas hay que tratar las cifras con cautela porque el trabajo previo hasta que se produce la exhumación lleva muchísimo tiempo”, explica Giráldez a infoLibre. Este mismo jueves, acompañado de los familiares y el equipo técnico, presentó a los medios de comunicación el resultado de una exhumación en La Campana (Sevilla): 35 cuerpos con evidentes signos de violencia. Actualmente, la Junta está actuando –o va a comenzar en breve– en una decena de fosas repartidas por toda la comunidad, todas ellas a instancias de familiares y asociaciones de víctimas. Sólo en una de las actuaciones previstas, la segunda fase de una fosa en Puerto Real (Cádiz), la Junta calcula encontrar los restos de unas 150 personas más. “Este año se recuperará el mayor número de víctimas”, destacó en una rueda de prensa la consejera de Cultura,Rosa Aguilar, de cuyo departamento dependen ahora las políticas de memoria.
A pie de fosa
Luis Vega, que acude como un reloj a las 9 de la mañana al cementerio de Paterna, estaba desanimado el pasado viernes. “Había visto la noche anterior un reportaje en el programa del Wyoming en el que un señor, por llamarlo de alguna manera, dijo que no había fosas, y otro señor, que nos llevábamos el dinero de las subvenciones, y otro carca, con lo joven que es, que no se podía ser de izquierdas. Esta gente me lo desanima y lo humilla doblemente”, lamenta su hijo, Juan Luis. Se refería al senador del PP que negó la existencia de fosas, Joaquín Peñarrubia; al portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, que acusó a las víctimas de exhumar cuando se comenzaron a otorgar subvenciones; y al vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, que aseguró que era de carcas buscar a los abuelos. “Papá, no hay que perder el tiempo escuchando a esta gente, le tuve que decir”, añade Juan Luis, que se ha llevado casi toda su vida intentando convencer a su padre para recuperar los restos de sus familiares. Luis Vega, ahora con 87 años, presenció cómo se llevaban a su madre. Ella, su padre y su tío fueron asesinados cuando él era un niño de siete años. Según Juan Luis, su padre no tuvo infancia y hasta ahora no ha perdido el miedo: “Quieras o no, los voy a buscar, porque además es una obligación moral y te vas a morir y no vamos a hacer nada, advertí a mi padre”. En la fosa han sido localizados hasta el momento seis cuerpos, pero es probable que la cifra ascienda a once, según el historiador José Luis Gutiérrez, especialista en la represión franquista en Cádiz.
Juan Luis denunció públicamente los crímenes en un pleno del Ayuntamiento (PSOE), que desde entonces ha apoyado la intervención. “Después los denuncié ante la Guardia Civil y no vino nadie”, añade. Mientras la justicia no se pronunciara, la exhumación no podía comenzar. “Así que me planté en el juzgado y dije que de allí no me movía hasta ver al juez”. No logró hablar con él, pero, según su relato, el juez terminó firmando un papel: el archivo de la denuncia. “Me siento humillado judicialmente pero al menos estoy recuperando a mis muertos, algo a lo que tengo derecho y con lo que no hago daño a nadie;busco justicia, no venganza”, reflexiona. Al principio quiso costear los trabajos con actuaciones benéficas, entre otras, de sus amigos cantaores de flamenco. Finalmente, la Junta asumió su financiación. “Han sido unos 14.000 euros. Porque hasta el peor Ejército da un momento de tregua para recoger a los muertos”, concluye. Está grabando todo el proceso con una cámara de vídeo: “Es muy duro ver cuerpos unos encima de otros, boca abajo”.
En Zalamea la Real la fosa mide un metro de largo, por 90 cm de ancho y uno de profundidad. En ella limpia los huesos Andrés Fernández, que dirigió los trabajos en el cementerio de San Rafael, en Málaga, donde se recuperaron 2.840 cadáveres. De tantas como ha exhumado, tiene que hacer un recuento para saber el número exacto de fosas en las que ha intervenido. “En este lugar no había dudas”, indica el arqueólogo. Modesta Vázquez, la viuda de Ramón Delgado López, supuestamente uno de los dos asesinados localizados, había señalizado el enterramiento con una cruz y unas piedras. Hasta que murió, llevó flores. En el pueblo se conoce como 'la fosa del marido de Modestita'. “Hasta ahora están dando más información los objetos que los huesos porque la tierra es muy ácida y los ha deteriorado mucho”, asegura el presidente de la Coordinadora de la Cuenca Minera del Río Tinto para la Memoria Histórica, Juan Barba, también presente en la exhumación. Un monedero con tres monedas, un bote de cristal roto similar a un medicamento y un crucifijo: “Ella era muy religiosa, conocía mucho al cura y pensaba que lo podía salvar. Parece ser que fue el padre de Modestita quien los enterró”. Tras ser ocultados por sus familias durante un año hubo un chivatazo en el pueblo, fueron encarcelados y finalmente asesinados. “En Huelva –continúa Barba– hay más de cien fosas. Si eso significa que ya hemos terminado… Por aquí está pasando todo el pueblo y van contando historias. Uno decía que acudió al entierro del hijo de un guardia civil con fama de haber sido especialmente severo. El hijo había muerto ahogado muy joven. Y este hombre dice que le dijo: '¿Ves lo que se siente cuando se pierde a un hijo?'”. En Zalamea cuentan con el respaldo de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento (IU).
Carta a Peñarrubia
Otros, sin embargo, aún no han encontrado a los suyos. “Sr. Peñarrubia, he visto, oído y leído su contestación a una interpelación en la que afirmaba 'ya no hay más fosas que descubrir'. Le ruego encarecidamente, pues estimo, en base a su afirmación, que sabe o tiene posibilidad de averiguar el lugar de enterramiento de mi tío Benito Fernández Rubiano, asesinado el 22 de diciembre de 1936, en la Pata del Caballo, lugar perteneciente a la provincia de Huelva. Él era natural de El Madroño, residente en Nerva. Dejó viuda embarazada y dos hijos de muy corta edad. A pesar de los intentos realizados por la familia, durante muchos años, no ha sido posible la localización del lugar en el que se encuentra enterrado”, escribe Santiago Fernández. Él exhumó la fosa donde se encontraba su otro tío, Nicomedes Fernández Rubiano, sin apoyo de ninguna administración. Ahora ni él ni su familia creen que la ley que prepara la Junta sea la solución.
“La ley, aunque aporta cosas positivas, es un desastre porquefalla en las exhumaciones, que son el corazón del movimiento. Tal y como está redactado el proyecto de ley, ahora los familiares no podemos intervenir por nuestra cuenta, como lo hemos hecho hasta ahora, siempre tiene que estar la administración controlando la exhumación y viene a complicar que las fosas se abran”, sostiene el hijo de Santiago Fernández, del mismo nombre. Considera, además, que organiza la fiscalización y control de las asociaciones en un movimiento que nace de la sociedad: “Nos están domesticando”, añade. Desde su punto de vista, la respuesta no puede venir de los políticos –“cuando pudieron hacerlo no lo hicieron”– sino de la gente: “Tenemos una base social en absoluta y franca disminución, estamos desmovilizados. Yo sé que nunca voy a encontrar la fosa de mi tío, pero puedo encontrar al tío de otras personas. Y si son cuatro, pues cuatro. Es así de triste, pero es la realidad”.
El coordinador del Grupo de Trabajo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía (RMHSA-CGT-A), Cecilio Gordillo, insiste en que la participación de la sociedad en el trámite parlamentario es fundamental y teme que pueda ocurrir con esta ley lo que pasó con la estatal: quedar caduca antes de aprobarse. El grupo, de todas formas, no considera que sea necesaria una ley específica, sino voluntad política y compromiso presupuestario. “Como demuestra el ritmo tan increíble que han tomado las exhumaciones desde la nueva Dirección de Memoria Democrática. Escuchan, hay otra sensibilidad”, afirma.
Una ley heredada del pacto PSOE-IU
La nueva ley, cuyo proyecto fue aprobado hace apenas dos semanas por el Consejo de Gobierno, es una de las normas que quedaron en el aire tras la ruptura del pacto entrePSOE e IU. “Venía de trabajarse y ser un texto participado y participativo y no queríamos demorar el debate de la ley en el Parlamento ni un solo día”, explicó tras el Consejo de Gobierno Rosa Aguilar. La nueva consejera valoró el trabajo de sus excompañeros de IU, el exvicepresidente Diego Valderas y el exdirector de Memoria Democrática, Luis Naranjo.
Paqui Maqueda, coordinadora de la querella argentina en Andalucía, opina que el Gobierno socialista ha devaluado las políticas de memoria al pasarlas a la Consejería de Cultura. Con Izquierda Unida, dependían de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales. Otras asociaciones también han criticado la gestión particular de Aguilar en su etapa en IU como alcaldesa de Córdoba, donde todavía hoy luce una cruz de los caídos. Con la nueva ley, tendrá que ser derribada.
La norma obligará a las administraciones a retirar los símbolos franquistas –incluidos los edificios privados con proyección a un espacio o uso público– y eliminará las razones artísticas que la ley aprobada por el Gobierno de Zapatero recogía para mantenerlos. La infracción de este apartado conllevará multas de hasta 10.000 euros. La ley también incluirá en el currículo escolar la memoria histórica, que no será una asignatura específica.
También más avanzada que la estatal en este sentido, irá más allá en el tiempo y en la definición de víctimas. Abarcará desde la Segunda República hasta la entrada en vigor del primer Estatuto de Andalucía (1931-1982). Y reconocerá como víctimas, además de a los familiares directos, a las personas que hayan realizado trabajos forzados, a los exiliados, a los familiares de niños robados, a las personas torturadas en los campos de exterminio nazis, a las personas represaliadas por su orientación sexual, al movimiento feminista, a los guerrilleros antifranquistas y a los andaluces que fallecieron fuera de la comunidad en defensa de la libertad, la justicia y la democracia.
Desde Unidad Cívica Andaluza por la República valoran positivamente el texto: “Saludamos el compromiso legislativo de la presencia de la Junta en las exhumaciones porque, como la justicia, la educación y la sanidad, las exhumaciones deben ser públicas y la Administración debe poner al alcance de la sociedad lo necesario para que se pueda ejercer el derecho a la reparación.No entendemos las exhumaciones como un acto familiar y privado”.
El director general de Memoria concluye que la ley sólo tendrá sentido si están presentes los familiares: “Si vas de la mano con ellos, todo saldrá bien”.
“Siempre nos parece poco porque queremos ir más rápido y queremos hacer más, pero de todas formas hay que tratar las cifras con cautela porque el trabajo previo hasta que se produce la exhumación lleva muchísimo tiempo”, explica Giráldez a infoLibre. Este mismo jueves, acompañado de los familiares y el equipo técnico, presentó a los medios de comunicación el resultado de una exhumación en La Campana (Sevilla): 35 cuerpos con evidentes signos de violencia. Actualmente, la Junta está actuando –o va a comenzar en breve– en una decena de fosas repartidas por toda la comunidad, todas ellas a instancias de familiares y asociaciones de víctimas. Sólo en una de las actuaciones previstas, la segunda fase de una fosa en Puerto Real (Cádiz), la Junta calcula encontrar los restos de unas 150 personas más. “Este año se recuperará el mayor número de víctimas”, destacó en una rueda de prensa la consejera de Cultura,Rosa Aguilar, de cuyo departamento dependen ahora las políticas de memoria.
A pie de fosa
Luis Vega, que acude como un reloj a las 9 de la mañana al cementerio de Paterna, estaba desanimado el pasado viernes. “Había visto la noche anterior un reportaje en el programa del Wyoming en el que un señor, por llamarlo de alguna manera, dijo que no había fosas, y otro señor, que nos llevábamos el dinero de las subvenciones, y otro carca, con lo joven que es, que no se podía ser de izquierdas. Esta gente me lo desanima y lo humilla doblemente”, lamenta su hijo, Juan Luis. Se refería al senador del PP que negó la existencia de fosas, Joaquín Peñarrubia; al portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, que acusó a las víctimas de exhumar cuando se comenzaron a otorgar subvenciones; y al vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, que aseguró que era de carcas buscar a los abuelos. “Papá, no hay que perder el tiempo escuchando a esta gente, le tuve que decir”, añade Juan Luis, que se ha llevado casi toda su vida intentando convencer a su padre para recuperar los restos de sus familiares. Luis Vega, ahora con 87 años, presenció cómo se llevaban a su madre. Ella, su padre y su tío fueron asesinados cuando él era un niño de siete años. Según Juan Luis, su padre no tuvo infancia y hasta ahora no ha perdido el miedo: “Quieras o no, los voy a buscar, porque además es una obligación moral y te vas a morir y no vamos a hacer nada, advertí a mi padre”. En la fosa han sido localizados hasta el momento seis cuerpos, pero es probable que la cifra ascienda a once, según el historiador José Luis Gutiérrez, especialista en la represión franquista en Cádiz.
Juan Luis denunció públicamente los crímenes en un pleno del Ayuntamiento (PSOE), que desde entonces ha apoyado la intervención. “Después los denuncié ante la Guardia Civil y no vino nadie”, añade. Mientras la justicia no se pronunciara, la exhumación no podía comenzar. “Así que me planté en el juzgado y dije que de allí no me movía hasta ver al juez”. No logró hablar con él, pero, según su relato, el juez terminó firmando un papel: el archivo de la denuncia. “Me siento humillado judicialmente pero al menos estoy recuperando a mis muertos, algo a lo que tengo derecho y con lo que no hago daño a nadie;busco justicia, no venganza”, reflexiona. Al principio quiso costear los trabajos con actuaciones benéficas, entre otras, de sus amigos cantaores de flamenco. Finalmente, la Junta asumió su financiación. “Han sido unos 14.000 euros. Porque hasta el peor Ejército da un momento de tregua para recoger a los muertos”, concluye. Está grabando todo el proceso con una cámara de vídeo: “Es muy duro ver cuerpos unos encima de otros, boca abajo”.
En Zalamea la Real la fosa mide un metro de largo, por 90 cm de ancho y uno de profundidad. En ella limpia los huesos Andrés Fernández, que dirigió los trabajos en el cementerio de San Rafael, en Málaga, donde se recuperaron 2.840 cadáveres. De tantas como ha exhumado, tiene que hacer un recuento para saber el número exacto de fosas en las que ha intervenido. “En este lugar no había dudas”, indica el arqueólogo. Modesta Vázquez, la viuda de Ramón Delgado López, supuestamente uno de los dos asesinados localizados, había señalizado el enterramiento con una cruz y unas piedras. Hasta que murió, llevó flores. En el pueblo se conoce como 'la fosa del marido de Modestita'. “Hasta ahora están dando más información los objetos que los huesos porque la tierra es muy ácida y los ha deteriorado mucho”, asegura el presidente de la Coordinadora de la Cuenca Minera del Río Tinto para la Memoria Histórica, Juan Barba, también presente en la exhumación. Un monedero con tres monedas, un bote de cristal roto similar a un medicamento y un crucifijo: “Ella era muy religiosa, conocía mucho al cura y pensaba que lo podía salvar. Parece ser que fue el padre de Modestita quien los enterró”. Tras ser ocultados por sus familias durante un año hubo un chivatazo en el pueblo, fueron encarcelados y finalmente asesinados. “En Huelva –continúa Barba– hay más de cien fosas. Si eso significa que ya hemos terminado… Por aquí está pasando todo el pueblo y van contando historias. Uno decía que acudió al entierro del hijo de un guardia civil con fama de haber sido especialmente severo. El hijo había muerto ahogado muy joven. Y este hombre dice que le dijo: '¿Ves lo que se siente cuando se pierde a un hijo?'”. En Zalamea cuentan con el respaldo de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento (IU).
Carta a Peñarrubia
Otros, sin embargo, aún no han encontrado a los suyos. “Sr. Peñarrubia, he visto, oído y leído su contestación a una interpelación en la que afirmaba 'ya no hay más fosas que descubrir'. Le ruego encarecidamente, pues estimo, en base a su afirmación, que sabe o tiene posibilidad de averiguar el lugar de enterramiento de mi tío Benito Fernández Rubiano, asesinado el 22 de diciembre de 1936, en la Pata del Caballo, lugar perteneciente a la provincia de Huelva. Él era natural de El Madroño, residente en Nerva. Dejó viuda embarazada y dos hijos de muy corta edad. A pesar de los intentos realizados por la familia, durante muchos años, no ha sido posible la localización del lugar en el que se encuentra enterrado”, escribe Santiago Fernández. Él exhumó la fosa donde se encontraba su otro tío, Nicomedes Fernández Rubiano, sin apoyo de ninguna administración. Ahora ni él ni su familia creen que la ley que prepara la Junta sea la solución.
Una cruz en la fosa conocida como 'del marido de Modestita', en Zalamea (Huelva). | Ángel del Río
“La ley, aunque aporta cosas positivas, es un desastre porquefalla en las exhumaciones, que son el corazón del movimiento. Tal y como está redactado el proyecto de ley, ahora los familiares no podemos intervenir por nuestra cuenta, como lo hemos hecho hasta ahora, siempre tiene que estar la administración controlando la exhumación y viene a complicar que las fosas se abran”, sostiene el hijo de Santiago Fernández, del mismo nombre. Considera, además, que organiza la fiscalización y control de las asociaciones en un movimiento que nace de la sociedad: “Nos están domesticando”, añade. Desde su punto de vista, la respuesta no puede venir de los políticos –“cuando pudieron hacerlo no lo hicieron”– sino de la gente: “Tenemos una base social en absoluta y franca disminución, estamos desmovilizados. Yo sé que nunca voy a encontrar la fosa de mi tío, pero puedo encontrar al tío de otras personas. Y si son cuatro, pues cuatro. Es así de triste, pero es la realidad”.
El coordinador del Grupo de Trabajo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía (RMHSA-CGT-A), Cecilio Gordillo, insiste en que la participación de la sociedad en el trámite parlamentario es fundamental y teme que pueda ocurrir con esta ley lo que pasó con la estatal: quedar caduca antes de aprobarse. El grupo, de todas formas, no considera que sea necesaria una ley específica, sino voluntad política y compromiso presupuestario. “Como demuestra el ritmo tan increíble que han tomado las exhumaciones desde la nueva Dirección de Memoria Democrática. Escuchan, hay otra sensibilidad”, afirma.
Una ley heredada del pacto PSOE-IU
La nueva ley, cuyo proyecto fue aprobado hace apenas dos semanas por el Consejo de Gobierno, es una de las normas que quedaron en el aire tras la ruptura del pacto entrePSOE e IU. “Venía de trabajarse y ser un texto participado y participativo y no queríamos demorar el debate de la ley en el Parlamento ni un solo día”, explicó tras el Consejo de Gobierno Rosa Aguilar. La nueva consejera valoró el trabajo de sus excompañeros de IU, el exvicepresidente Diego Valderas y el exdirector de Memoria Democrática, Luis Naranjo.
Paqui Maqueda, coordinadora de la querella argentina en Andalucía, opina que el Gobierno socialista ha devaluado las políticas de memoria al pasarlas a la Consejería de Cultura. Con Izquierda Unida, dependían de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales. Otras asociaciones también han criticado la gestión particular de Aguilar en su etapa en IU como alcaldesa de Córdoba, donde todavía hoy luce una cruz de los caídos. Con la nueva ley, tendrá que ser derribada.
La norma obligará a las administraciones a retirar los símbolos franquistas –incluidos los edificios privados con proyección a un espacio o uso público– y eliminará las razones artísticas que la ley aprobada por el Gobierno de Zapatero recogía para mantenerlos. La infracción de este apartado conllevará multas de hasta 10.000 euros. La ley también incluirá en el currículo escolar la memoria histórica, que no será una asignatura específica.
También más avanzada que la estatal en este sentido, irá más allá en el tiempo y en la definición de víctimas. Abarcará desde la Segunda República hasta la entrada en vigor del primer Estatuto de Andalucía (1931-1982). Y reconocerá como víctimas, además de a los familiares directos, a las personas que hayan realizado trabajos forzados, a los exiliados, a los familiares de niños robados, a las personas torturadas en los campos de exterminio nazis, a las personas represaliadas por su orientación sexual, al movimiento feminista, a los guerrilleros antifranquistas y a los andaluces que fallecieron fuera de la comunidad en defensa de la libertad, la justicia y la democracia.
Desde Unidad Cívica Andaluza por la República valoran positivamente el texto: “Saludamos el compromiso legislativo de la presencia de la Junta en las exhumaciones porque, como la justicia, la educación y la sanidad, las exhumaciones deben ser públicas y la Administración debe poner al alcance de la sociedad lo necesario para que se pueda ejercer el derecho a la reparación.No entendemos las exhumaciones como un acto familiar y privado”.
El director general de Memoria concluye que la ley sólo tendrá sentido si están presentes los familiares: “Si vas de la mano con ellos, todo saldrá bien”.
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