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Juan José Torres Núñez
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En la Guerra Civil española tenemos que denunciar la barbarie en ambos bandos, pero los republicanos no empezaron la guerra. Fueron los generales traidores los que llenaron de fosas comunes las cunetas y los cementerios de España. Pablo Neruda consideró responsables de las lágrimas de España a los militares facciosos cuando dijo: “Malditos los que un día / no miraron, malditos ciegos malditos, / los que no adelantaron a la solemne patria / el pan sino las lágrimas…”.
Los vencedores, sin embargo, entendieron el “glorioso alzamiento nacional” como el día en que un grupo de héroes, capitaneados por Franco, nos salvó de la revolución bolchevique que se estaba gestando en España. Pero Franco dejó cautivo y desarmado al Ejército rojo cuando se lanzó con una escuadra de jefes y oficiales del Ejército contra unas hordas fanatizadas y llenas de rencor. Para él España estaba amenazada por los principios rojo-comunistas. Para los vencedores Franco vino a restituir la patria y a traer a los españoles paz, pan y justicia.
Manuel Azaña, presidente de la República Española entre 1936 y 1939, pidió paz, piedad y perdón. Sabía que la República no tenía medios para frenar el desembarco de toneladas de material y miles de hombres en las costas de España: un país democrático invadido por potencias extranjeras. Pero Franco no perdonó porque no tenía ninguna piedad. Cuando Azaña pidió reconciliación, los vencedores siguieron matando como si la guerra no hubiera terminado. Franco y sus criminales siguieron con los ideales de la cruzada española. Él estaba más interesado en las represalias que en la paz. Por eso siguió con los fusilamientos masivos.
Cuando la guerra terminó, el Papa Pío XII envió a Franco y al noble pueblo español su apostólica bendición por haber alcanzado la paz. En el telegrama decía que levantaba su corazón al Señor y agradecía sinceramente con el generalísimo la deseada victoria de la católica España, haciendo votos por nuestro país para que emprendiera con nuevo rigor sus antiguas y cristianas tradiciones. El Papa no habló de perdón en ningún momento, ni tampoco de los muertos. Y Franco lo que hizo fue emprender con nuevo rigor las represalias contra todos aquellos que lucharon por salvar al Gobierno legítimo de la República, que para él representaba a los enemigos de la religión, de la patria y de la civilización cristiana. Franco contestó a su Santidad dándole las gracias por el telegrama con motivo de la victoria total. También le dio las gracias por los sentimientos de cariño hacia el pueblo español y por su apostólica bendición, pero tampoco habló de perdón, ni dijo nada sobre los fusilamientos y los pelotones de ejecución.
Hoy, cuando ya han pasado más de cuarenta años de la muerte de Franco, miles de esos represaliados siguen aún en las cunetas de la vergüenza. El año 1978 el pueblo español aprobó la Constitución. El artículo 10 habla de la dignidad de la persona y de nuestros derechos fundamentales, que “se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos”. Sin embargo, como señaló Vicenç Navarro, cuando el magistrado Baltasar Garzón se atrevió a exigir al Estado que “encuentre a los desaparecidos durante la brutal represión de los golpistas sublevados contra las fuerzas democráticas”, entonces, tuvo que enfrentarse en el Tribunal Supremo a una querella por prevaricación, por abrir una causa contra los crímenes cometidos por el franquismo. Lo que le ocurrió a Garzón, hoy ex juez de la Audiencia Nacional, es bien conocido por todos. Como ha apuntado Vicenç Navarro, la situación actual “cubre de vergüenza a toda España”, porque su enjuiciamiento fue “un insulto a todos los demócratas”. La sentencia tuvo una repercusión mundial. The Guardian comentó que la Justicia politizada de España “es profesionalmente incompetente”.
Natalia Junquera informó en 2010 de que “España guarda aún2.052 fosas del franquismo y quedan 1.821 por abrir”. María Garzón y Jaime Ruiz advierten en Actúa por los derechos de las víctimas de que “es urgente atender las exigencias, reconociendo su condición y sus derechos […], implementando identificaciones [para que se investiguen] las 2.350 fosas aún existentes”. También nos recuerdan que nuestro Gobierno no reconoce “el estatus de víctimas a quienes sufrieran los crímenes atroces de la dictadura de Franco”. Este Gobierno no puede hablar de Derechos Humanos y al mismo tiempo negar el derecho a los familiares de las víctimas a enterrar dignamente a sus seres queridos. El Partido Popular ha derogado de facto la Ley de la Memoria Histórica al no financiarla. Esto se entiende porque como ha manifestado Vicenç Navarro, “El PP nunca ha condenado explícitamente y por su nombre la dictadura totalitaria y su terror” (véase “La dictadura terrorista y totalitaria”). Vemos que el PP no se comporta como “las derechas civilizadas europeas [que] sí condenan los fascismos que subyugaron a sus países”, como afirma Teodulfo Lagunero en Enterrar a los asesinados por los fascistas.
Con la Ley de la Memoria Histórica (Ley 52/2007 de 26 de Diciembre), el Gobierno de Zapatero sentó las bases para que se reconocieran los derechos de todos los que “padecieron persecución o violencia” en nuestra Guerra Civil y en la dictadura franquista. Esta ley está impregnada de un espíritu de reconciliación y concordia. El Informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa –firmado en París el 17 de marzo de 2006- también denuncia “las graves violaciones de Derechos Humanos cometidos en España entre los años 1939 y 1975”, el año que murió Franco. El artículo 3 pide “la rehabilitación moral de quienes sufrieron tan injustas sanciones y condenas”. Los artículos 11 a 14 establecen medidas para “la legítima demanda de no pocos ciudadanos, que ignorando el paradero de sus familiares”, desean solicitar “las tareas de localización y en su lugar, identificación de los desaparecidos, como una última prueba de respeto hacia ellos”. Por desgracia, este Gobierno no ha implementado esta ley; tampoco lo han hecho los anteriores. El Partido Socialista perdió una gran oportunidad para actuar: tuvo mucho miedo y poco coraje. No entendió que la LMH se tenía que implementar para cerrar las heridas todavía abiertas en España. El artículo 2 dice claramente que las víctimas tienen el derecho “a la reparación moral” y a su “memoria personal y familiar”.
Quien parece que tampoco ha entendido la LMH es la Iglesia católica. Siempre ha estado dispuesta para abrir las fosas de sus mártires y para anunciar beatificaciones masivas, pero no ha querido hablar de los represaliados para no abrir heridas, olvidando que nunca van a cicatrizar si tantos miles siguen ignorados. Sabemos que la Iglesia es responsable de muchas de las atrocidades cometidas en nuestra guerra. Siguió las recomendaciones de la carta episcopal de apoyo al golpe militar y a Franco, redactada por el cardenal Isidro Gomá en 1937 (véase La Asociación de Memoria reclama que la Iglesia perdone y pida perdón, de Juan G. Bedoya). Hoy es mejor que la Iglesia diga en voz alta las palabras del obispo auxiliar de Toledo, Carmelo Morobia, cuando al ver una fosa en el pueblo toledano de Camuñas, pidió “que esto nos sirva para no repetir nunca las barbaridades que hicimos en la guerra”. También sabemos que “algunos curas confeccionaron listas de rojos para entregarlas a los asesinos” (véase La Iglesia también abre las fosas a sus muertos, de Natalia Junquera). Como ha expresado Julián Casanova en La Iglesia de Franco, la Iglesia siempre estuvo al servicio del dictador. Sin embargo, la Iglesia nunca se ha olvidado de “apropiarse de bienes sin aportar título alguno”. Por esta razón, Antonio Manuel Rodríguez Ramos, en El paraíso fiscal de la Iglesia, exige “que devuelva lo público y pague por lo que demuestre ser suyo”. Parece que estos privilegios no pueden seguir mucho tiempo. Una revisión de las relaciones entre Iglesia y Estado no puede esperar más.
Quien sí tuvo coraje a sus 88 años fue Ascensión Mendietacuando se marchó a Argentina para buscar la justicia que España le denegaba. Hoy a sus 91 años ha podido, por fin, enterrar a su padre, Timoteo Mendieta, asesinado por los criminales franquistas y arrojado a una fosa común del cementerio de Guadalajara. Hay muchas más personas con coraje y organizaciones y plataformas como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, la Asociación Pro Derechos Humanos de España, la Plataforma Actúa, la Plataforma por la Comisión de la Verdad, entre muchas otras, que merecen nuestro encomio y admiración por su lucha constante para que se reconozcan los derechos de las víctimas, que exige el Derecho Internacional: Verdad, Justicia, Reparación y Garantías para que el horror no se repita. Nosotros también tenemos que actuar.
Los vencedores, sin embargo, entendieron el “glorioso alzamiento nacional” como el día en que un grupo de héroes, capitaneados por Franco, nos salvó de la revolución bolchevique que se estaba gestando en España. Pero Franco dejó cautivo y desarmado al Ejército rojo cuando se lanzó con una escuadra de jefes y oficiales del Ejército contra unas hordas fanatizadas y llenas de rencor. Para él España estaba amenazada por los principios rojo-comunistas. Para los vencedores Franco vino a restituir la patria y a traer a los españoles paz, pan y justicia.
Manuel Azaña, presidente de la República Española entre 1936 y 1939, pidió paz, piedad y perdón. Sabía que la República no tenía medios para frenar el desembarco de toneladas de material y miles de hombres en las costas de España: un país democrático invadido por potencias extranjeras. Pero Franco no perdonó porque no tenía ninguna piedad. Cuando Azaña pidió reconciliación, los vencedores siguieron matando como si la guerra no hubiera terminado. Franco y sus criminales siguieron con los ideales de la cruzada española. Él estaba más interesado en las represalias que en la paz. Por eso siguió con los fusilamientos masivos.
Cuando la guerra terminó, el Papa Pío XII envió a Franco y al noble pueblo español su apostólica bendición por haber alcanzado la paz. En el telegrama decía que levantaba su corazón al Señor y agradecía sinceramente con el generalísimo la deseada victoria de la católica España, haciendo votos por nuestro país para que emprendiera con nuevo rigor sus antiguas y cristianas tradiciones. El Papa no habló de perdón en ningún momento, ni tampoco de los muertos. Y Franco lo que hizo fue emprender con nuevo rigor las represalias contra todos aquellos que lucharon por salvar al Gobierno legítimo de la República, que para él representaba a los enemigos de la religión, de la patria y de la civilización cristiana. Franco contestó a su Santidad dándole las gracias por el telegrama con motivo de la victoria total. También le dio las gracias por los sentimientos de cariño hacia el pueblo español y por su apostólica bendición, pero tampoco habló de perdón, ni dijo nada sobre los fusilamientos y los pelotones de ejecución.
Hoy, cuando ya han pasado más de cuarenta años de la muerte de Franco, miles de esos represaliados siguen aún en las cunetas de la vergüenza. El año 1978 el pueblo español aprobó la Constitución. El artículo 10 habla de la dignidad de la persona y de nuestros derechos fundamentales, que “se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos”. Sin embargo, como señaló Vicenç Navarro, cuando el magistrado Baltasar Garzón se atrevió a exigir al Estado que “encuentre a los desaparecidos durante la brutal represión de los golpistas sublevados contra las fuerzas democráticas”, entonces, tuvo que enfrentarse en el Tribunal Supremo a una querella por prevaricación, por abrir una causa contra los crímenes cometidos por el franquismo. Lo que le ocurrió a Garzón, hoy ex juez de la Audiencia Nacional, es bien conocido por todos. Como ha apuntado Vicenç Navarro, la situación actual “cubre de vergüenza a toda España”, porque su enjuiciamiento fue “un insulto a todos los demócratas”. La sentencia tuvo una repercusión mundial. The Guardian comentó que la Justicia politizada de España “es profesionalmente incompetente”.
Natalia Junquera informó en 2010 de que “España guarda aún2.052 fosas del franquismo y quedan 1.821 por abrir”. María Garzón y Jaime Ruiz advierten en Actúa por los derechos de las víctimas de que “es urgente atender las exigencias, reconociendo su condición y sus derechos […], implementando identificaciones [para que se investiguen] las 2.350 fosas aún existentes”. También nos recuerdan que nuestro Gobierno no reconoce “el estatus de víctimas a quienes sufrieran los crímenes atroces de la dictadura de Franco”. Este Gobierno no puede hablar de Derechos Humanos y al mismo tiempo negar el derecho a los familiares de las víctimas a enterrar dignamente a sus seres queridos. El Partido Popular ha derogado de facto la Ley de la Memoria Histórica al no financiarla. Esto se entiende porque como ha manifestado Vicenç Navarro, “El PP nunca ha condenado explícitamente y por su nombre la dictadura totalitaria y su terror” (véase “La dictadura terrorista y totalitaria”). Vemos que el PP no se comporta como “las derechas civilizadas europeas [que] sí condenan los fascismos que subyugaron a sus países”, como afirma Teodulfo Lagunero en Enterrar a los asesinados por los fascistas.
Con la Ley de la Memoria Histórica (Ley 52/2007 de 26 de Diciembre), el Gobierno de Zapatero sentó las bases para que se reconocieran los derechos de todos los que “padecieron persecución o violencia” en nuestra Guerra Civil y en la dictadura franquista. Esta ley está impregnada de un espíritu de reconciliación y concordia. El Informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa –firmado en París el 17 de marzo de 2006- también denuncia “las graves violaciones de Derechos Humanos cometidos en España entre los años 1939 y 1975”, el año que murió Franco. El artículo 3 pide “la rehabilitación moral de quienes sufrieron tan injustas sanciones y condenas”. Los artículos 11 a 14 establecen medidas para “la legítima demanda de no pocos ciudadanos, que ignorando el paradero de sus familiares”, desean solicitar “las tareas de localización y en su lugar, identificación de los desaparecidos, como una última prueba de respeto hacia ellos”. Por desgracia, este Gobierno no ha implementado esta ley; tampoco lo han hecho los anteriores. El Partido Socialista perdió una gran oportunidad para actuar: tuvo mucho miedo y poco coraje. No entendió que la LMH se tenía que implementar para cerrar las heridas todavía abiertas en España. El artículo 2 dice claramente que las víctimas tienen el derecho “a la reparación moral” y a su “memoria personal y familiar”.
Quien parece que tampoco ha entendido la LMH es la Iglesia católica. Siempre ha estado dispuesta para abrir las fosas de sus mártires y para anunciar beatificaciones masivas, pero no ha querido hablar de los represaliados para no abrir heridas, olvidando que nunca van a cicatrizar si tantos miles siguen ignorados. Sabemos que la Iglesia es responsable de muchas de las atrocidades cometidas en nuestra guerra. Siguió las recomendaciones de la carta episcopal de apoyo al golpe militar y a Franco, redactada por el cardenal Isidro Gomá en 1937 (véase La Asociación de Memoria reclama que la Iglesia perdone y pida perdón, de Juan G. Bedoya). Hoy es mejor que la Iglesia diga en voz alta las palabras del obispo auxiliar de Toledo, Carmelo Morobia, cuando al ver una fosa en el pueblo toledano de Camuñas, pidió “que esto nos sirva para no repetir nunca las barbaridades que hicimos en la guerra”. También sabemos que “algunos curas confeccionaron listas de rojos para entregarlas a los asesinos” (véase La Iglesia también abre las fosas a sus muertos, de Natalia Junquera). Como ha expresado Julián Casanova en La Iglesia de Franco, la Iglesia siempre estuvo al servicio del dictador. Sin embargo, la Iglesia nunca se ha olvidado de “apropiarse de bienes sin aportar título alguno”. Por esta razón, Antonio Manuel Rodríguez Ramos, en El paraíso fiscal de la Iglesia, exige “que devuelva lo público y pague por lo que demuestre ser suyo”. Parece que estos privilegios no pueden seguir mucho tiempo. Una revisión de las relaciones entre Iglesia y Estado no puede esperar más.
Quien sí tuvo coraje a sus 88 años fue Ascensión Mendietacuando se marchó a Argentina para buscar la justicia que España le denegaba. Hoy a sus 91 años ha podido, por fin, enterrar a su padre, Timoteo Mendieta, asesinado por los criminales franquistas y arrojado a una fosa común del cementerio de Guadalajara. Hay muchas más personas con coraje y organizaciones y plataformas como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, la Asociación Pro Derechos Humanos de España, la Plataforma Actúa, la Plataforma por la Comisión de la Verdad, entre muchas otras, que merecen nuestro encomio y admiración por su lucha constante para que se reconozcan los derechos de las víctimas, que exige el Derecho Internacional: Verdad, Justicia, Reparación y Garantías para que el horror no se repita. Nosotros también tenemos que actuar.
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Juan José Torres Núñez es socio de infoLibre
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