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La Junta actualiza los datos recopilados en 2010 y contabiliza casi 46.000 represaliados y más de 700 puntos donde se hacinaron cadáveres.
05-04-2018 / 20:50 h.
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La provincia de Cádiz tiene un total de 1.584 víctimas, reconocidas, de la represión franquista y 118 fosas comunes localizadas, 26 de las cuales están exhumadas, doce de ellas dignificadas. Los datos los aporta la Junta tras la actualización del mapa de fosas comunes de Andalucía, que recoge que hay 704 fosas en toda la comunidad y 45.794 personas desaparecidas durante la dictadura —un 14% más que en 2010, cuando se publicaron las últimas cifras—, aunque no todas están en fosas ubicadas en Andalucía, ya que también se pueden encontrar en regiones del resto del país y del extranjero. Las provincias de Sevilla, con 138, y la de Huelva, con 124, son las únicas de la comunidad que superan a la de Cádiz en número de fosas, aunque todas, excepto Almería, superan a la gaditana en número de represaliados.
Jerez tiene el dudoso honor de ser la ciudad de la provincia con mayor número de víctimas, 351, y seis fosas, tan solo una de ellas exhumada, la del cortijo del Marrufo, cerca de la provincia de Málaga, aunque en su término municipal. En este enclave, 13 de las 28 personas cuyos restos fueron exhumados se identificaron, para satisfacción de las familias. "Casi todos ellos eran trabajadores del campo, pequeños campesinos, carboneros o ganaderos; uno de ellos era cartero y otro comerciante", detalla el comunicado remitido en su momento por el Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar y la Asociación de Familiares de Represaliados por el Franquismo en La Sauceda. Los trabajos de exhumación, indicaron, pusieron "un poco de paz y sosiego en unas vidas marcadas por la tragedia y la pérdida a edades muy tempranas de seres queridos: padres, madres, abuelos, hermanos o tíos que fueron asesinados por el simple delito de haber permanecido fieles al Gobierno legítimo de la República".
La Línea, con 200 víctimas, sigue a Jerez en este penoso ranking de represión. El patio norte del cementerio alberga una fosa común, que tiene cuerpos de las víctimas que sufrieron la represión de los sublevados, que duró desde el 20 de julio de 1936 hasta febrero del año siguiente. Al inicio de la Guerra Civil, los jefes y oficiales del batallón que guarnecía a la ciudad decidieron unirse a los golpistas y unos días después se torpedeó el cuartel y el palacio municipal, donde vecinos de La Línea se mostraron hostiles con los sublevados, que reaccionaron de forma violenta, provocando muertes y muchos heridos, y terminaron tomando la ciudad. La situación provocó que gran cantidad de linenses optaran por refugiarse en Gibraltar o en pueblos de la costa malagueña.
Puerto Real contabiliza 193 víctimas. “Es lo más duro que he visto”, decía un miembro del equipo arqueológico que participó en la exhumación de la fosa del cementerio de la localidad, a principios de 2016, cuando se localizaron más de un centenar de personas en la que es una de las mayores fosas comunes de la provincia. “Aquí están mis tres tíos, hermanos de mi madre. Eran hijos de Cayetano Roldán Moreno, mi abuelo, último alcalde republicano de San Fernando. A todos los mataron. ¿Razones? Ninguna”, decía Juan Manuel Fernández Roldán en declaraciones a eldiario.es cuando se exhumaron los restos de muchos vecinos de la localidad, que mostraban signos de haber sido víctimas de muertes violentas: a balazos en la tapia del cementerio, tirados en la vía del tren, cubiertos con cal viva… “Mi padre se ganaba la vida con el periodismo, tenía una librería… lo que hicieron con él fue un asesinato puro y duro”, señalaba al mismo diario digital Elena Fernández Muñoz, hija de José María Fernández Gómez, quien fuera alcalde de Puerto Real.
La localidad de San Roque tiene 123 vecinos que fueron represaliados y diez fosas en su término municipal, la mayor de ellas situada a continuación de las tapias del cementerio, donde se realizaban los fusilamientos, por lo que esta zona alberga a un centenar de estas víctimas. San Roque fue incorporada pronto a la zona nacional y hacia finales de junio de 1936 se abrió esta fosa, que se cree que se utilizó durante bastante tiempo y que alberga a vecinos de la localidad, y de otras cercanas como La Línea o pueblos de Málaga.
Tarifa tiene cinco fosas comunes y 106 víctimas reconocidas, según el recuento de la Junta. La mayor de ellas se encuentra en la esquina izquierda de la parte superior del cementerio, donde en 2007 se inauguró la construcción de un monumento en honor de los represaliados. La localidad fue fácilmente ocupada por las tropas sublevadas. Los detenidos fueron encerrados en la cárcel local, en la planta de abajo a los hombres y arriba a las mujeres. El 19 de agosto de 1936 se nombró como alcalde al falangista José Mora Figueroa Derqui, que duró en el cargo tan solo dos semanas, tras lo que se inició en Tarifa una temible represión que se fue intensificando con los días y que terminó hacia el mes de septiembre.
La localidad serrana de Grazalema cuenta con 105 víctimas y siete fosas. En la de mayor tamaño, situada sobre el muro perimetral del cementerio —que actualmente es un jardín—, ahora hay un monolito en homenaje a las víctimas de la Guerra Civil, con un suelo de hormigón sobre lo que sería la fosa, que alberga una treintena de cuerpos. Grazalema fue bombardeada por la aviación nacional, y ocupada definitivamente el 13 de septiembre, fecha a partir desde la que la represión fue brutal, en este municipio y en Benamahoma, ya que según un informe estadístico del Ayuntamiento, de 1940, se contabilizan 209 víctimas entre ambas. Olvera es la última localidad de la provincia que roza el centenar de represaliados, 95 en total, localizados en el cementerio. La sublevación militar triunfó en este pueblo el 18 de julio del 36, para poco después ser ocupado por una columna republicana, que se retiró al poco tiempo, precediendo a una gran represión —en la fuente de la calle Socorro, por ejemplo, aparecieron asesinadas varias personas— que terminó con un reguero de víctimas.
Todas estas cifras, incluidas en la última actualización del mapa de fosas comunes de Andalucía, se han podido recopilar gracias a la colaboración de asociaciones memorialistas, universidades, corporaciones locales y familiares de víctimas del franquismo, además de la aportación técnica del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Andalucía fue la primera comunidad autónoma en comenzar la elaboración de un mapa de fosas comunes en el año 2005. La Junta, además, anuncia que también ha abierto la licitación para la contratación de actuaciones de indagación, localización y delimitación, exhumación, estudio antropológico y, si procede, identificación genética de víctimas, en otros 29 municipios de la comunidad autónoma, una iniciativa que cuenta con un presupuesto de 413.000 euros para un periodo de un año.
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