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La plataforma por la Memoria Democrática pide a la Junta que declare el recinto militar, propiedad de Defensa, como 'Lugar de la Memoria'. Al menos durante un lustro, fue cárcel y escenario de trabajos forzados para presos políticos.
01-04-2018 / 15:06 h.
Imagen retrospectiva de las instalaciones militares de Vicos, entre Arcos y Jerez.
Info
Manuel Cobos Peña, jornalero de 41 años, vocal del Sindicato Nacional de Industrias Ferroviarias de la CNT, estuvo unos cuatro años y medio preso en aquel cortijo militar. Como él, el jardinero de 35 años José Romero Miranda; el ubriqueño y subalterno de Correos de 40 años Juan Ramos Ruiz; el barbero y apoderado por Izquierda Republicana en las elecciones del 36, con apenas 37 años, José Luis Gutiérrez Muñoz… La lista es mucho más larga. Hace una década un grupo de investigadores jerezanos se afanaron en reconstruir a partir de testimonios documentales una base de datos de la mayoría de represaliados en la comarca jerezana tras el Golpe del 18 de julio de 1936. Pocos saben que, entre los centenares de ajusticiados a lo largo y ancho de la árida geografía de la campiña, hubo otros muchos que dieron con sus huesos en un campo de concentración cerca de Jédula.
"El camino que hay del cortijo de Vicos a la carretera los construyeron sus prisioneros", relatan testimonios de familiares de prisioneros en aquel complejo que era y sigue siendo de los militares. Por la carretera de Arcos, en un punto equidistante entre la puerta de entrada a los pueblos blancos y el núcleo urbano de Jerez, se encuentra el acceso al Cortijo de Vicos. Muchos habrán pasado por su puerta sin reparar (ni imaginar si quiera) en su tenebroso pasado. El que a día de hoy es un centro de cría caballar propiedad del Ministerio de Defensa, con varios miles de aranzadas de tierra, también fue destacamento, cárcel, centro militar de trabajos forzados y campo de concentración hace 82 años.
Un “capitán de campo”, dependiente del comandante Salvador Arizón Mejías, comandante golpista que encabezó la sublevación militar en Jerez el 18 de julio de 1936, se hizo cargo del control directo de las instalaciones, al menos, entre aquel año y 1941. La presencia de los militares en Vicos está directamente relacionada con la finca denominada Garrapilos, conectada físicamente con el anterior. El cortijo de Garrapilos está situado en una línea casi recta entre Vicos y La Barca de la Florida, pedanía jerezana con un importante poso entre sus calles y plazas que glorifica al Movimiento.
Una de las pruebas documentales que acreditan que el cortijo de Vicos fue campo de concentración en la campiña durante los primeros años tras el Golpe.
Acceso actual al cortijo de Vicos.
El dossier que acompaña la carta remitida al Gobierno andaluz, plagado de documentos probatorios y valiosas piezas documentales, avala la existencia, al menos durante un lustro, de un campo de concentración en la mencionada instalación militar. Entre los documentos que incluye el dossier, y que dan cuenta del papel estratégico de Vicos en la represión, se incluyen algunas hojas de servicio del golpista Arizón —"Orden escrita al Capitán de Servicio de los cortijos del Estado de Vicos y Garrapilos, distantes de la Plaza 20 kms., para que monte servicios de seguridad en los mismos y el resto de la fuerza los envíen a Jerez"—; un fragmento del padrón municipal de 1935 en el que figura la existencia en el cortijo de un destacamento de unos 12 soldados; testimonios y copias documentales procedentes del Archivo Municipal que citan al cortijo de Vicos como lugar de detención, y campo de concentración y trabajos forzados.
"No existe ninguna duda documental del funcionamiento de estas instalaciones militares como campo de concentración y lugar de detención en el periodo, comprendido, como mínimo, entre agosto de 1936 y 1941. En ese periodo pasaron por estas instalaciones muchos detenidos en el contexto de la represión franquista, prisioneros a la espera de consejo de guerra y obligados a realizar trabajos forzosos, razón por la cual consideramos que este enclave merece el reconocimiento de Lugar de Memoria, según el artículo 21 de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía", detallan los investigadores que firman el amplio dossier remitido a la Junta.
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