Colectivos y expertos en memoria histórica reclaman fondos para reactivar la recuperación de las víctimas de la represión franquista
La exhumación de la Mina Terría (Valencia de Alcántara) ha revivido las peticiones para que se reactiven los trabajos de localización y recuperación de las víctimas de la represión franquista en Extremadura.
Tras seis años de parón en la investigación y apertura de fosas, familias, colectivos y expertos memorialistas reclaman ayudas públicas para que el trabajo hecho en Valencia de Alcántara no quede en un hito aislado.
Si hasta el momento se han exhumado en nuestra región medio centenar de fosas, todavía quedan decenas por abrir que están documentadas, y decenas aún por localizar. La represión del franquismo en Extremadura fue de tal magnitud -se estima hay en torno a 13.200 víctimas-, que sin las ayudas públicas la tarea sería inabarcable. Así lo califica José Manuel Corbacho, presidente de la Asociación Para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (Armex).
«Raro es el pueblo que no tiene una fosa y en algunos hay más de una, sobre todo en la provincia de Badajoz. Pero estamos sufriendo muchísimas dificultades para atender y canalizar las demandas de los familiares porque quedan muchas fosas y los recursos son limitados», explica.
La cifra de víctimas y de fosas en la región está viva. Buena prueba la da la mina Terría, donde han aparecido más del doble de las personas que se creían que estaban allí.
Sin ayudas
En el año 2011, el gobierno de España cortó el grifo de las ayudas destinadas precisamente a la localización y exhumación de fosas comunes recogidas en la ley de Memoria Histórica. «Esto ha condicionado muy negativamente el proceso de exhumación y de investigación de fosas comunes», valora Laura Muñoz Encinar, arqueóloga y antropóloga forense, quien ha dirigido en Extremadura los principales proyectos de exhumación de fosas, incluida la de la mina Terría.
Reclaman así que se reactiven estos fondos públicos. «Urge ahora que se retome esta línea de ayudas y que en los nuevos Presupuestos Generales del Estado se recupere la partida presupuestaria para este fin», reclama Corbacho.
Para él, el Estado es quien tiene que liderar las inversiones, pero se las reclama también al resto de administraciones públicas. Sobre este aspecto, el anteproyecto de ley de memoria histórica y democrática de Extremadura es entendido por los colectivos y expertos memorialistas como un acicate para impulsar de nuevo la labor de recuperación de las víctimas.
El texto está ahora en el Consejo de Estado pendiente de informe, que será el último paso antes de que inicie su tramitación parlamentaria en la Asamblea de Extremadura. «La extremeña viene a completar ciertas lagunas de la ley nacional, por ejemplo en cuanto a exhumación de fosas. Esto nos va a ayudar en nuestro trabajo, porque cuanto más precisa sea una ley mucho mejor para la investigación y el mundo científico», apunta Julián Chaves, profesor de la UEx y experto en memoria histórica.
En este aspecto insiste también Muñoz Encinar: «Todos tenemos muchas esperanzas en que la ley extremeña venga a paliar el problema de la paralización de la ley estatal y por fin intervenir para dar respuesta a una demanda ciudadana».
No obstante, la Junta de Extremadura ha avanzado que renovará en las próximas semanas el convenio con la Universidad de Extremadura y las dos diputaciones, para dar un nuevo impulso al proyecto de recuperación de la memoria histórica e intensificar los trabajos de recuperación y documentación de fosas.
Sobre la implicación de las administraciones públicas para sacar a los represaliados republicanos de las fosas, el caso de la mina Terría es un ejemplo, ya que ha sido posible gracias a un acuerdo entre el ayuntamiento de Valencia de Alcántara y la Diputación de Cáceres.
Estos trabajos se llevaban fraguando desde hace varios años, se consiguió incluso financiación para excavarla, pero la negativa de los propietarios de la finca donde está imposibilitó la exhumación y obligó a devolver la ayuda.
La autorización lograda por el alcalde del municipio, Alberto Piris, para acceder a la mina y el dinero de la institución cacereña ha sido lo que ha permitido desarrollar unos trabajos, que han logrado recuperar los restos de al menos 48 vecinos de Valencia de Alcántara y de otros municipios de la Sierra de San Pedro que fueron ejecutados entre agosto y diciembre de 1936.
Esta es hasta ahora la mayor fosa recuperada en Extremadura y la que ha devuelto las esperanzas a las familias que aún están pendientes de recuperar a los suyos. «La mina Terría ha vuelto a provocar un efecto llamada. En las últimas semanas hemos recibido llamadas de familiares dándonos información sobre nuevas fosas», cuenta Muñoz Encinar.
Conocer el paradero
Ella pone el foco en el hecho de que el tiempo corre en contra de las familias y también de la propia investigación. «Los familiares son mayores y no quieren morir sin intentar descubrir el paradero de sus seres queridos. Ya vamos tarde y mal porque muchos han fallecido y las personas con las que tratamos en muchos casos son de la generación de los nietos».
De este temor da buena cuenta Conchita Viera, quien ha abanderado la lucha de los familiares de los republicanos fusilados y arrojados a la mina Terría. A sus 84 años ha logrado recuperar los restos de su padre, alcalde republicano de Valencia de Alcántara. «Todos estos años de espera los he vivido con mucha ansiedad porque nadie sabe cuánto tiempo va a vivir y no quería morirme sin que sacaran a mi padre de la mina».
El padre de Toñi Perera no lo logró, pero ha sido ella quien cogió su testigo. Su abuelo, Pedro Perera, presidente de la Casa del Pueblo de Valencia de Alcántara, también está entre los represaliados hallados en la mina Terría. «Mi padre estaría orgulloso de que me haya inmiscuido en esto y que podamos darle una sepultura digna a mi abuelo».
La exhumación de la mina Terría ha abierto además las posibilidades de abordar trabajos que no se habían realizado hasta ahora por falta de experiencia. La recuperación del osario de los represaliados en Valencia de Alcántara es hasta la fecha la exhumación más compleja que se ha realizado en España y uno de los casos más excepcionales del mundo.
Esto ha sido así por las condiciones del pozo, que además de estrecho y profundo -los restos se hallaron a 25 metros bajo tierra- estaba inundado de agua. «Cuando hicieron la mina para la extracción de wolframio en el siglo XX, en este pozo tocaron el nivel freático y la mina se inundó y ha estado así permanentemente. Esto nos ha obligado a armar una serie de instalaciones para salvar unos condicionantes técnicos que nos planteaban muchos retos a la vez», recuerda la directora de este proyecto.
«La mina Terría, más allá de los casos de exhumaciones en área abierta, nos abre una ventana hacia otros casos de una complejidad mayor que no se habían podido abordar hasta el momento. Nos sirve como praxis para intervenir en otras minas que sabemos que funcionaron como fosa como la de La Paloma en Zarza la Mayor, que es un caso muy similar», añade.
«La mina Terría ha sido una exhumación modélica que demuestra que, a través del trabajo de la Universidad de Extremadura, tenemos la suficiente madurez científica para acometer las fosas que tenemos pendientes», valora Chaves.
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