dimecres, 4 d’abril de 2018

Los hermanos Lapeña continúan en el Valle de los Caídos pese a la sentencia de 2016 que exige su exhumación


http://arainfo.org/hermanos-lapena-continuan-valle-caidos-pese-sentencia-2016-exige-exhumacion/


En este sentido Podemos Aragón presenta una iniciativa parlamentaria en las Cortes para que el Gobierno de Aragón apoye a los familiares de las víctimas del franquismo e inste al Gobierno español a acatar la sentencia que reconocía el derecho a la digna sepultura de los hermanos Lapeña

 | 4 abril, 2018 07.04


Antonio Ramiro y Manuel Lapeña Altabás.
Manuel y Antonio Ramiro Lapeña debían haber sido los primeros asesinados por el franquismo que fueran desenterrados del Valle de los Caídos, así lo exigía un auto dictado en marzo de 2016 por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de San Lorenzo del Escorial que reconocía “el derecho a la digna sepultura”, y determinaba el inicio de las actuaciones pertinentes para llevar “a cabo la entrega de los restos cadavéricos de los hemanos Lapeña Altabás a su familiar María Purificación Lapeña Garrido tras la identificación positiva de los mismos, con el fin de darles digna sepultura”.
Ambos hermanos fueron víctimas de un asesinato ideológico. Afiliados a la Confederación Nacional del Trabajo en la localidad de Villaroya de la SierraManuel era técnico veterinario, mientras que su hermano Antonio Ramiro ejercía como herrero.
El cuerpo de Manuel fue encontrado en el barranco de la Bartolina de Calatayud, quedando registrada su muerte el 14 de agosto de 1936, casi un mes después de su desaparición. Fue enterrado en una fosa común, y en 1959 trasladado al Valle de los Caídos por orden del Ministerio de Gobernación. Antonio Ramiro huyó en octubre de 1936. Terminó entregándose y fue fusilado. Sus restos también fueron a parar al Valle de los Caídos. En ninguno de los dos casos existe constancia de juicio que les condenara a muerte.
Sin embargo, pese a tener una sentencia que avala la exhumación de sus cuerpos del Valle de los Caídos, todavía no se ha llevado a cabo, debido fundamentalmente al entorpecimiento del Prior Administrador de la Abadía Benedictina, el padre Santiago Cantera, que negó el paso a varios técnicos del Estado e impidió la instalación de una microcámara para iniciar los trabajo previos de identificación de los restos.
Esta obstrucción no solo afecta a la exhumación de los hermanos Lapeña, sino a un total de ocho personas que fueron enterradas en el Valle de los Caídos, dos que pertenecían al bando nacional y seis al republicano. Tanto es así que doce familiares de estas ocho personas han denunciado al máximo responsable de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, por la comisión de un delito de atentado contra la autoridad, desobediencia y denegación de auxilio al oponerse a permitir la exhumación de estos cuerpos.
Dos años después de la primera sentencia que avalaba la sepultura digna de ambos hermanos, las trabas administrativas puestas por la Iglesia y por el Prior del Valle de los Caídos, parecen salvadas. Miguel Ángel Capapé, presidente de la Asociación por la Recuperación e Investigación Contra el Olvido (ARICO), advertía durante una visita con diputados de Podemos al barranco de la Bartolina que todavía no hay fecha para la exhumación de los hermamos. “Estamos a expensas de que nos llame Patrimonio para ver que medidas va a tomar. Ya no hay nada que impida entrar para ver en qué condiciones está el tercer nivel de la capilla del sepulcro”.
Para Alfonso Clavería, diputado de Podemos Aragón en las Cortes, “el Gobierno ha consentido a la Iglesia, y concretamente al Prior del Valle de los Caídos, el no acatamiento no solo de una sentencia judicial, sino también del informe pericial, de informes de la abogacía, de informes de Patrimonio…, los ha ignorado totalmente. El gobierno ha demostrado que su respeto a la laicidad del Estado es nulo. Un gobierno que hemos visto este fin de semana en un acto religioso dando vivas a la muerte”.
En este sentido, Clavería ha anunciado que Podemos Aragón presenta este miércoles una iniciativa en Las Cortes de Aragón instando al Gobierno de Aragón al reconocimiento y apoyo a todos los familiares de personas asesinadas durante la guerra civil y la dictadura franquista cuyos restos no han sido recuperados ni identificados, y que están luchando por dar una sepultura y un descanso digno a sus seres queridos. Además, piden al ejecutivo aragonés que inste al Gobierno español a acatar la sentencia que reconocía el derecho a la digna sepultura de los hermanos Lapeña efectuando con carácter inmediato los trabajos de identificación, exhumación y entrega de los restos.