https://eh.lahaine.org/las-victimas-invisibles-terrorismo-de
rETA cometió su primer atentado mortal en 1.968. Fue el de 
Recordadas ya las victimas mortales que había dejado el régimen franquista en los años 60, los primeros años 70 dejaron una lista interminable de asesinatos perpetrados por las fuerzas de seguridad del estado. La clase obrera empezaba a atreverse a manifestar sus demandas en la calle y esa lucha creciente solo podía ser reprimida por la fuerza de las armas. Por otra parte, las detenciones de disidentes políticos que eran torturados sistemáticamente y las emboscadas realizadas contra miembros de ETA, suponían un goteo constante de muertos, a lo que habría que sumar los numerosos casos de caídos en simples controles de carretera o huidas de supuestos pequeños delincuentes desarmados, resueltos mediante “gatillo fácil”, hechos que ocurrían especialmente y por razones obvias, en Euskal Herria.
Euskal Herria
Tras adoptarse principios marxista-leninistas en la “VI asamblada” de ETA en 1.970, surgieron nuevas tensiones entre el mayoritario sector obrerista, que supeditaba la lucha armada a la lucha política ligada a las organizaciones obreras (ETA-VI) y el sector militarista, que quedaría como ETA-V. Tras El Proceso de Burgos en el que fueron juzgados 16 militantes de los cuales 6 fueron condenados a muerte, las numerosas presiones internacionales contrarias a tal decisión que provocaron la conmutación de la pena capital, el atentado contra Carrero Blanco de 1.973 y la nueva escisión de la que surgieron ETA-m (Militarra) y ETA-pm (Politiko-militarra), el estado daría una nueva vuelta de tuerca a su estrategia mortífera de represión. En esas se desarrollaron los siguientes acontecimientos por el norte de la península, donde se dieron nada menos que 25 de los 43 asesinatos, cometidos por uniformados de diferentes colores, que aquí vamos a recordar;
El 14 de marzo de 1970, moría tras varios días sometido a torturas, el joven Javier Escalada Navaridas, de 21 años, detenido por la Brigada Político Social en las protestas de Pamplona- Iruña contra la ley de educación franquista. Otro navarro, Manuel Andueza Elizalde, criado en Estados Unidos, regresó a Bera, cuando al poco tiempo, yendo a Donostia, tuvo un pequeño accidente de tráfico. Ambos conductores estaban de acuerdo en la resolución del tema hasta que llegó la Guardia Civil a importunar, originando una discusión que terminó con tres balas en el pecho de Manuel, el 17 de julio del mismo año.
El 6 de octubre, el conductor de «Potasas de Navarra» Anacleto Rebolé Irigoyen, de 38 años, había quedado con el pagador de la empresa. Al picoleto que ejercía de escolta “se le disparó el subfusil en extrañas circunstancias”, acabando con la vida de Anacleto en el acto. La manifestación del 4 de diciembre en Eibar contra el Proceso de Burgos, consejo de guerra contra 16 miembros de ETA para los que se solicitaba pena de muerte, hizo que la localidad gipuzkoarra fuera tomada por uniformados de todo tipo. Un policía de paisano, José Ramón Sánchez Pizarro, disparo a 2 metros de distancia al joven de 21 años Roberto Pérez Jauregi, militante del PCE, que moriría 4 días después. La guardia civil remató la faena impidiendo la entrada en Eibar a quienes no siendo del municipio, acudían al entierro de Roberto. Antonio Goñi Igoa, de Etxarri Aranatz, fue detenido en otra manifestación contra el Proceso de Burgos, celebrada en Donostia, por gritar «Gora Euskadi askatuta». Tras ser torturado fue puesto en libertad bajo fianza de 200.000 pesetas pagadas por su mujer, un pastón indecente en esa época. 4 días después, 21 de diciembre, se suicidó dejando una carta para su mujer que sería confiscada para siempre por la policía franquista. También las secuelas de las torturas sufridas en un cuartel de la BPS, en su caso el de Indautxu, Bilbao, fueron la causa de la muerte, el 19 de febrero de 1972, del basauritarra Juan José Munduate Zamakona. Poco después, el 15 de marzo, moría, acribillado por la espalda por la Guardia Civil, Jon Ugutz Goikoetxea Elorriaga «Txapela», cuando intentaba cruzar la frontera por Elizondo, Nafarroa. Tenía 22 años y era de Derio. Su hermano Mikel, que adoptaría el sobrenombre con el que se conocía a Jon, sería asesinado por el GAL en 1983.
El 1 de abril estalló en Lezo, Gipuzkoa, una granada extraviada por el ejército español. Murieron dos vecinos de Orereta, Juan Etxebarria e Ignacio Elosegi. El 2 de septiembre se presentaron en Lekeitio, Bizkaia, 200 uniformes verdes bajo el mando de un tal Hidalgo, arrojando bombas lacrimógenas en la casa en la que estaban dos militantes de ETA. Joxe Benito Mujika Zumeta, «Xenki», zarautztarra de 22 años, se asomó a la ventana y cayó abatido de un disparo. Mikel Martínez de Murgia Mendizabal ,”Mikelon”, bilbotarra de 27 años, abrió la puerta pidiendo un médico y recibió 44 balazos que le partieron el cuerpo en dos. El día 20 de ese mismo mes, la Guardia Civil asesinaría en Urdax, Nafarroa, a Jon Andoni Aranguren Mujika,»Iharra», militante bilbotarra de 22 años, cuando estaba ojeando un mapa con la idea de cruzar la muga a Iparralde.
Ya en 1973, el 19 de abril en Algorta, la policía encontró a Eustakio Mendizabal Benito, «Txikia» y otro militante de ETA que consiguió escapar. Eustakio, de 28 años y natural de Itsasondo, Gipuzkoa, resultó abatido a tiros en la huida. Antes de ingresar en ETA ya había estado en la cárcel por dar clases y organizar actos por el euskera y no pagar las innumerables multas que por ello recibió. Dos años después, ETA ejecutó, en el mismo barrio getxotarra que le vio morir, a José Ramón Moran, el policía franquista que durante ese tiempo no se cansó de repetir en el pueblo que él había matado a Eustakio.
El 23 de mayo fue tiroteado en Altsasu, Nafarroa, un tal José Luis Martín Zaratiegi, bilbaíno de 25 años nacido en Madrid. El «fiable» ABC narraba como un tipo había sido requerido para su identificación y tras comprobarse que era un delincuente, el tío había huido cargándose a uno de los guardias civiles. Su nombre completo, Antonio García Colado, dirección, nombres de sus padres, historial delictivo…todo fue publicado. Pero luego resultaría que el muerto por disparos de los picoletos era otro, el citado José Luis, así que parecía evidente que los de verde se cargaron al que no era. La prensa franquista lo solucionaría con su descaro habitual…”uy, que no fue el Toño que describimos ayer con pelos y señales, que fue Pepe”. Total, Pepe, en el cementerio ya, no iba a decir lo contrario. Los controles de la muerte eran una constante a lo largo del estado, pero en Euskal Herria, la disculpa de ETA servía para que fuesen mucho más habituales que en ningún otro lado. Así, el 7 de septiembre en el barrio bilbaíno de La Peña, un coche se saltó un control de la guardia civil, que dispararía matando a uno de los ocupantes del vehículo, el joven de 24 años Rafael Quilez Rodríguez, de Salinas, Puerto Rico, pero domiciliado en la capital de Bizkaia. La misma suerte correría el 16 de octubre el gasteiztarra de adopción y pacense de nacimiento Joaquín Diestre Barroso, 36 años, pintor de profesión y sin antecedentes de ningún tipo, en un control de carretera de la Guardia Civil en Fruiz, también en Bizkaia. Les pareció que enarbolaba una pistola y como “les pareció”, bien muerto estaba. En 2016 se le homenajeó en Vitoria-Gasteiz, participando todos los grupos políticos menos el PP, ese partido que tanto saca “las victimas” a relucir. Hasta el 29 de octubre de 1973 nadie había escapado de la cárcel de Nanclares. Ese día lo hicieron un preso marroquí y el portugués Horacio Da Silva Veloso. A las 21.30, en la localidad de Manzanos, la guardia civil localizó a Horacio, a quien dieron el alto. Salió corriendo y “ le tuvieron que disparar» en virtud de la “Ley de fugas” que daba vía libre para tirar a matar a cualquier fugitivo. Murió de camino al hospital de Miranda de Ebro. Mohamed Ben Abdelkader Allal se convirtió así en el primer preso en completar con éxito la fuga del penal alavés. El 6 de diciembre, la Policía Armada rodeó la casa de Donosti en la que se encontraba el militante de ETA Josu Artetxe Aiesta, zeberiotarra de 21 años, junto a la pareja que le daba cobijo. Ametrallaron y gasearon la vivienda hasta que, al acercarse Josu a una ventana, un francotirador lo dejó seco. La versión oficial lo vendió como un suicidio.
Entrado ya el año 1974, Fernando López de Aberasturi Remiro tenía 19 años. Santiago Arbeo García sólo 18. Jugaban juntos en el equipo de futbol de su pueblo, el Alegría. Los dos vecinos de Dulantzi, Araba, fueron encontrados a las 7 de la mañana del 8 de abril, en la carretera entre Azilu y Gauna, tras su desaparición el día anterior. Un médico del hospital de Santiago afirmó que tenían heridas de bala, pero nadie lo reflejó en el informe. Mucho miedo a los uniformes. No se permitió que los familiares vieran los cadáveres y sin embargo la guardia civil registró las habitaciones de los dos chavales, extraños detalles para lo que oficialmente se quedó en que «fueron atropellados cuando cogían caracoles». En el pueblo siempre se ha creido que los detuvieron los picolos del cuartel de Alegria-Dulantzi, los torturaron y los dejaron tirados en aquella carretera.
Cuatro militantes de ETA cayeron muertos por las balas de los tricornios en 1974. El 20 mayo, Roke Xabier Méndez Villada «Poeta” o “Txapelgorri”, santurtziarra de 20 años, y José Luís Mondragón Elorza » Moriko», arrasatearra de 25, cruzaban en un bote hinchable de Iparralde a Hondarribia, Gipuzkoa, junto al que resultó ser un confidente de la policía, el ultra Jesús Arrondo Martín, «Cocoliso». Nada más llegar a la playa, el infiltrado se separó de sus dos acompañantes, que fueron ametrallados por un equipo conjunto de Policía Armada y Guardia Civil. Roke, que no llegó a conocer a su hija Ainhoa, no pudo ser enterrado en un Santurtzi tomado policialmente, mientras a la familia de » Moriko» no le dejaron siquiera ver el cadáver. «Cocoliso» fue detenido por la policía francesa años después, portando armas, explosivos y datos de militantes de ETA, tras amenazar con su pistola a los presentes en una manifestación pro amnistía en Donosti. Condenado a 3 años, no los llegó a cumplir. Son las ventajas de trabajar para los oficialmente «buenos». Tendría tiempo, incluso, de ser uno de los cómplices del » Dioni» cuando el estrábico vigilante se piró a Brasil con la pasta de aquel famoso furgón. El 11 de septiembre, día de redada general, el militante de ETA Jon Urzelai Imaz, 26 años, de Arano, Nafarroa, llegaba al piso en el que estaba viviendo en Bilbao tras haber huido dos meses antes desde el hospital. Nada más entrar, varios guardias civiles, que le esperaban dentro, lo acribillaron. Iñaki Iparragirre Aseginolaza «Iparra», de 19 años y natural de Idiazabal, había quedado con un contacto, el 29 de octubre, en un bar de Pasaia, Gipuzkoa. Este ya había sido detenido, así que al cabo de un rato de espera, «Iparra» salió del bar. Al pedirle la documentación un guardia civil de los dos que le esperaban, salió corriendo. Alcanzado por la espalda, desde el suelo consiguió disparar, hiriendo a uno de ellos, el sargento Jerónimo Vera García, que finalmente moriría. A Iñaki lo dejaron desangrándose en el suelo hasta que un particular lo llevó al hospital, donde murió el día 31.
El año lo remataria un caso que solo puede calificarse como de auténtica atrocidad, de esos que definen claramente la forma de actuar de los uniformes fascistas e invasores en Euskal Herria. El 18 de diciembre, Mikel Salegi Urbieta, de 21 años, volvía a su casa en Donostia tras una cena con amigos. Llovía mucho y no vieron un control de la Guardia Civil. Les ametrallaron, recibiendo Mikel 18 disparos efectuados por tres beneméritos. Dejaron su cuerpo en el suelo y detuvieron al conductor, dedicándose a “lo importante”, recoger los casquillos. El resto de amigos de Mikel trataron de llevarlo al hospital, pero otro control, de la Policía Armada, les retuvo 10 minutos que pudieron ser clave para que fuese imposible salvarle la vida. El funeral fue también una auténtica salvajada; no dejaron a la familia ver el cadáver, los «grises» y ultraderechistas golpearon a la gente a la salida de la iglesia, provocando un aborto por los golpes, que un joven perdiese un ojo y la muerte por infarto de una señora. Detuvieron a más de 100 personas, algunos de los cuales fueron encarcelados entre uno y dos meses. Para variar, el caso fue archivado sin culpables de ningún tipo. Su familia es una de esas que lleva décadas luchando y dando muestras de su enorme dignidad, no dejando que su sufrimiento sea utilizado por terceros que relegan el caso de Mikel y el de todos aquellos cuyos verdugos cobraban del estado, a la categoría de victimas de segunda o cuarta.
Resto del estado
La represión asesina del Franquismo, como no podía ser de otra forma, no solo dejó su sello en Euskal Herria. Otros territorios tuvieron también su dosis; Que el convenio de la construcción en Granada acabase siendo “uno de los menos malos” no es fruto de la casualidad. Costó vidas. 6.000 manifestantes del sector se echaron a la calle el 21 de julio de 1970 para reivindicar sus derechos. Hubo un ultimátum de la Policía Armada, según el cual, al tercer toque de corneta cargarían contra los que no se disolviesen. Cientos de heridos, 113 detenidos y tres muertos. Manuel Sánchez Mesa, de 27 años, Antonio Cristóbal Ibáñez (43) y Antonio Huertas Remigio, de 21, que fue disparado en la sien y a cuya familia la Guardia Civil impidió enterrarlo en Maracena, su pueblo. Nadie pagó por ello, ya que la causa fue sobreseída y no se indemnizó a las familias hasta casi 40 años después. La propaganda del régimen vendió su película a través de la prensa, mediante una crónica del asunto realizada directamente por el Gobierno franquista. El 13 de septiembre de 1971, durante una huelga de la construcción en Leganés, el albañil Pedro Patiño Toledo, militante del PCE y CCOO, fue asesinado por un Guardia Civil de un disparo, por no recoger las octavillas y panfletos que estaba repartiendo. Natural de Puebla de Almoradiel, Toledo, tenía dos hijos e iba a cumplir 34 años. El 18 de octubre, tras el encarcelamiento de 23 huelguistas, 7.000 trabajadores de SEAT de Barcelona se parapetaron en los talleres de la fábrica. Respondieron a las cargas de la policía franquista usando tornillería como arma defensiva. Murió tiroteado el obrero Antonio Ruiz Villalba. Añadir que 1971 fue, además de los dos casos aquí relatados, el año en que se detuvo al “Arropiero”, considerado mayor asesino en serie del siglo en el estado español y que, no podía ser de otro modo, también estaba vinculado a los distintos uniformes, en su caso al de la Legión, donde para más inri, aprendió el golpe con el que mató a varias de sus víctimas. Llegó a confesar 48 muertes, de las cuales la policía le acusó de 22 y se dieron por probadas 7. «El Arropiero», mote con el que se conoció al sevillano Manuel Delgado Villegas, se movió por toda la península, Francia e Italia entre 1964 y 1971, asesinando a golpe de instinto primario, porque no le diesen lo que pedía, por robar, por sexo necrófilo…Los siete casos que se le atribuyen con seguridad se iniciaron con el hombre al que golpeó con una piedra estando dormido en la playa barcelonesa de Llorach en 1964, siguiéndole la joven francesa a la que violó, estranguló y acuchilló en una masía ibicenca en 1967, el aldeano con el que puso en práctica el «golpe legionario» por no darle de comer en Chinchón, Madrid, en 1968, el adinerado cliente que no le quiso pagar lo que pedía por un servicio sexual en Barcelona y la anciana que no quiso tener relaciones con él en Mataró, Barcelona, con la que, tras estrangularla, volvió varios días a practicar sexo con el cadáver, ambos casos en 1969. Una vez asentado en el Puerto de Santa María, Cádiz, en diciembre de 1970 asesinó con su golpe favorito a un estudiante cordobés con el que se relacionaba. Mes y medio después, estranguló a su pareja, que la tenía por entonces, mientras hacían el amor, volviendo a practicar necrofilia con ella. Esta vez, en enero de 1971, fue detenido y confesó 48 asesinatos en total. Además de los cometidos en Italia y sobretodo Francia, quedaron sin probarse otros en Barcelona, Madrid, Valencia o Alicante. Varias de esas víctimas fueron señores adinerados con doble vida, que recurrían al Arropiero en su condición de chapero y cuyas familias es posible que prefiriesen dejar al muerto con su secreto y al ex legionario con la carga del resto de sus más que suficientes inculpaciones. Tras 6 años en el trullo sin ser juzgado, se le acabó declarando inimputable por su estado mental, siendo internado en un psiquiátrico hasta ser puesto en libertad en 1998. Al poco tiempo, convertido casi en una planta a causa de la medicación y sus fantasmas internos, murió.
Pedro Martínez Expósito era un pobre diablo de 21 años, natural de Gandía, Valencia. De familia acostumbrada a comer lo justo y con cierto retraso mental, estaba haciendo el servicio militar. De permiso en el pueblo, entró en una casa a robar. Al ser descubierto, mató con una azada a una mujer y a su hija de 16 años. Horrible crimen que, eso sí, sólo para un don-nadie podía suponer ser el último fusilado no político del franquismo. La ejecución, para la que se seleccionaba a sorteo a chavales que, como él, estaban haciendo la mili, se realizó el 8 de enero de 1972 en un cuartel militar valenciano. Poco después, el 10 de marzo, 4.000 personas se manifestaban por los derechos de los trabajadores de Astilleros de Bazán, en Ferrol. La Policía Armada disparó matando a dos militantes de CCOO y el PCE, Daniel Niebla García y Amador Rey Rodríguez. Ambos contaban 38 años y el segundo tenía dos hijos. Hubo cerca de 100 heridos y 4 manifestantes se comieron 4 años de cárcel, mientras que, para variar, nunca se juzgó a nadie por los dos asesinatos. En 2014 se propuso conceder a los asesinados la medalla de Galicia en el Parlamento de dicha tierra, pero el «no» del PP imposibilitó dicha posibilidad. En su línea. La fecha de la muerte de Amador y Daniel da nombre a una fundación y desde hace décadas es el día de la clase obrera gallega.
Tras un atentado en el consulado francés de Zaragoza, atribuido erróneamente a ETA -fue obra de un grupo de estudiantes autodenominados Hoz y Martillo-, la Guardia Civil tenía el 2 de noviembre varios controles establecidos en Aragón. A la altura de Castejón de Monegros, Huesca, ametrallaron un coche, en el que pensaron iban los fugitivos, muriendo un joven de Benimamed, Valencia, llamado José Esteven Abellán (José Díaz Samaniego, según otras fuentes). Al percatarse del error, a la Benemérita le quedaba uno de sus comodines habituales, ese de “eran unos delincuentes de todos modos». Asunto zanjado. Que un madero fuese condenado en esa época es tan poco habitual que casi podríamos dar por hecho que la familia de la víctima no era una familia cualquiera. Y no lo era, no. Eran más bien eso que suele catalogarse como “familia influyente”. Fue la noche del 3 al 4 de diciembre en Santiago de Compostela, A Coruña, cuando Luis Miguel Quiroga Bouza, subinspector del Cuerpo General de Policía, disparó desde 5-6 metros al estudiante de medicina José María Fuentes Fernández, que al estar de costado, fue atravesado en un brazo y el pecho por una de las dos balas disparadas con la disculpa de que el poli esperaba a que se produjera un robo del que había recibido un chivatazo. Pero no, los chavales a los que vio correr, no eran cacos. El agente fue condenado a 17 años y 4 meses.
La Guardia Civil se llevó dos vidas por delante en Catalunya a lo largo de 1973. Manuel Fernández Márquez, natural de Badajoz y de 27 años, llevaba sólo 3 meses viviendo allí, cuando el 3 de abril, fue ametrallado por los Beneméritos en el transcurso de una manifestación de 2.000 obreros en la central térmica de Sant Adriá de Besòs, Barcelona. Los mismos picoletos que lo mataron, impidieron a un compañero leer, en el funeral, el poema que había escrito en honor de Manuel, que tenía un hijo de 2 años. Cipriano Martos Jiménez era un militante del PCE y del FRAP de 28 años, natural de Loja, Granada, que marchó, como tantos, a buscarse la vida al norte. En una de las muchas protestas contra la política represiva franquista, fue detenido el 25 de agosto, por repartir propaganda. Torturado varios días en Reus, Tarragona, la Guardia Civil le hizo beber productos corrosivos que, tras varias semanas, le acabaron quemando por dentro, hasta su muerte el 17 de septiembre. Cuando su madre quiso ver el cadáver, los de verde la dieron de hostias. La prensa internacional se hizo eco de su espeluznante caso, la española va a ser que no. De la justicia mejor no hablamos, ya que este es otro de esos casos en que se ha tenido que actuar desde Argentina para tratar de depurar responsabilidades, más de 40 años después. El mismo día en que eran ejecutados mediante garrote Vil Salvador Puig y Georg Welzel, un tercer hombre acusado de lo mismo, matar a un miembro de las fuerzas del orden, fue indultado por el mismísimo Francisco Franco. ¿Raro? Para nada. Me explico. Se le condenó a muerte por haber asesinado el 31 de octubre de 1973 al capitán de la Guardia civil de La Palma del Condado, Huelva, Francisco Manfredi Cano. Y es que Franco tenía su corazoncito y era muy piadoso a veces, sobre todo cuando el homicida es también Guardia civil y además se llama José Antonio Franco Martín. ¿Sería sobrino lejano del dictador o algo? El caso es que a veces, bastantes, se mataban entre ellos. No seré yo quien honre igual a tales víctimas, pero justo es reflejarlo y contabilizarlo. Tras el atentado el día anterior de Carrero Blanco, la madrugada del 21 de diciembre, un chaval de 19 años, Pedro Barrios González, se dirigía a casa tras la jornada de trabajo. Llovía mucho y se refugió en un portal. Al seguir su camino un policía le dio el alto, pero el chaval se asustó y se escondió tras una furgoneta. Por ley se podía disparar a quien huía, así que el madero le atravesó la mandíbula de un disparo. Murió días después, el 5 de enero del 74. La escasa prensa española que sacó a la luz la noticia, lo hizo manipulando la verdad, hablando de que se trataba de uno de los autores del atentado, cuando era un crio que trabajaba hasta tarde en un local de hostelería madrileño. A la familia no se le indemnizó hasta cinco años después, aunque comparando con la regla general en estos casos, casi hasta tuvieron suerte.
Entrados ya en 1974, el 2 de marzo se llevaron a cabo las dos últimas ejecuciones mediante garrote vil de la España franquista, a pesar de la presión internacional, incluidas las peticiones de clemencia por parte del Papa. Miembro del «Movimiento Ibérico de Liberación», a Salvador Puig Antich, de 25 años y ejecutado en Barcelona, se le acusaba de matar a un policía en septiembre del año anterior, cuando iban a detenerle a él mismo y a varios compañeros. Las pruebas fueron manipuladas, el policía tenía 5 heridas de bala y no todas fueron disparadas desde la posición en el tiroteo de “El Metje”. Décadas después, aún prosiguió el caso en la lejana Argentina y a través de la querella de la jueza Servini, en un intento de hacer justicia con los responsables de su ejecución, pero esas cosas en Españita quedan impunes, ya sabéis. Su verdugo fue Antonio López Sierra, un falangista, taurino y machote, que tenía que ponerse chato de alcohol para hacer su repugnante trabajo, que venía desempeñando al menos desde 1963, año en que se encargó de ejecutar a Francisco Granados y Joaquín Delgado, del FIJL. El verdugo ejecutaba, pero los responsables eran otros. Uno de ellos el que fuera ministro, recientemente fallecido y despedido con el “Cara al sol”, el malagueño José Utrera Molina, que convalidó con su firma la ejecución de Salvador Puig. Falangista, suegro del pepero Ruiz Gallardón, miembro de la fundación Francisco Franco, no hace nada le fue retirada la medalla de la Diputación de Sevilla por un artículo en el que hacía, sin cortarse un pelo, apología franquista. Otro reclamado por la justicia argentina por el mismo motivo, era el lucense Antonio Carro Martínez, que era ministro de la presidencia. Después , con el PP, fue vicepresidente segundo hasta 1989. También firmó la ejecución el ministro de Hacienda Antonio Barrera de Irimo, paisano del anterior y que aprovechó bien las puertas giratorias, colocándose de presidente de Telefónica durante unos añitos. Ya ha palmado, como otro ministro que rubricó la ejecución de Salvador Puig, el de Trabajo, el toledano Licino De la Fuente De la Fuente. Ultra católico y falangista, luego fue cofundador de AP. Carlos Rey González fue el abogado que redactó la sentencia condenatoria. ¿Y a quién representaba este gusano hace escasos añitos? Pues a la pepera Alicia Sánchez Camacho.
La memoria de Puig Antich, su imagen, va unida para siempre a la doble imagen de un hombre anónimo. El de la izquierda era Heinz Chez y era polaco y huérfano. El de la derecha era Georg Michael Welzel , de 29 años, y era de la República Democrática Alemana, donde tenía hermanos, pareja y 3 hijos. Son la misma persona. La foto de la izquierda es falsa, retocada por la policía española y publicada por «El caso» después de que Welzel matase a un guardia civil en un camping de Tarragona. Todo ello lo sabía la Interpol y quiénes firmaron su sentencia de muerte. Interesaba mostrar que no sólo se ejecutaba a militantes antifranquistas y el polaco, que no era tal, era la víctima perfecta para aplicarle el garrote vil el mismo 2 de marzo de 1974 en que se iban a cepillar a Salvador Puig Antich. Había otro candidato, Antonio Franco, que también había asesinado a un capitán de la Guardia civil. Pero es que él también era picoleto, así que fue, como no, indultado. A Welzel lo ejecutó, en Tarragona, un verdugo sin experiencia, José Moreno Renomo, que tenía otra profesión pero fue el único en presentarse a una plaza que dejó vacante un veterano. La de Welzel fue la única vez que ejerció como tal, de lo que esperaba librarse, ya que no sabía ni colocar el mecanismo, así que resultó un esperpento de ejecución. No lo hizo bien y el alemán tardó 25 minutos en morir. 10 minutos después, en Barcelona, un veterano en estas lides ejecutaba a Puig Antich. Muchos años después, familiares de uno y otro fueron reunidos por el periodista que investigó durante años sobre la verdadera identidad de aquel polaco llamado Heinz Chez que no era polaco ni se llamaba Heinz Chez.
José Luis Herrero Ruiz vivía en Badalona con su mujer y 7 hijos de uno a 9 años. El 8 de junio fueron a detenerlo dos agentes de la Brigada Superior de Policía. Lo tenían contra una pared, dispuestos a ponerle las esposas cuando, según la versión policial, trató de sacar una navaja. El madero, de 20 años, Sebastián Trapote Gutiérrez, que llevaba un mes en el cuerpo, le disparó por la espalda desde 20 centímetros de distancia, acabando la bala en el corazón de José Luis. Dos indultos y un sobreseimiento después, Pilar, la viuda, decidió no rendirse. Dado que a José Luis le faltaban días para cumplir 2 años en la empresa de autobuses en que trabajaba, ella no percibía indemnización alguna para alimentar a sus hijos. En 1983 consiguió que el estado asumiese la responsabilidad, al menos en lo económico, recibiendo 7 millones de pesetas. En cuanto al asesino…en 2015 fue nombrado, por el Ministerio de Interior, nada menos que jefe superior de Policía de Catalunya, así que le hemos podido ver declarando en el juicio del “procés” de Catalunya, como uno de los máximos responsables de la actuación policial. El 1 de agosto, el pueblo de Carmona, Sevilla, se manifestaba pidiendo mejoras en el desastroso servicio de aguas. La guardia civil del cuartel del pueblo controlaba la protesta sin problema aparente y además también a ellos les afectaba el problema. Pero a última hora de la tarde llegaron en autobús decenas de picoletos, para a base de culatazos, amenazas, arrastrar de los pelos y finalmente a tiros, dispersar a la gente. Varios heridos, un chaval de 15 años grave y Miguel Roldán Zafra muerto, a los 37 años y con tres hijos pequeños. Como habitualmente, la crónica del ABC, siempre defendiendo al régimen, y la presencia policial de siempre en el entierro, remataron otro episodio de vergüenza nacional.
Quedaba un año de franquismo, que iba a ser mucho más prolífico en asesinatos perpetrados por el régimen que los que acabamos de recordar, de tal modo que 1975 da para tanto que merece, por desgracia, capítulo aparte. Será el siguiente.
https://kaosenlared.net/las-victimas-invisibles-terrorismo-de-estado-iii/
Francisco Franco era a duras penas mantenido con vida. Carrero Blanco había saltado por los aires en un atentado de ETA y “el carnicerito de Málaga”, Arias Navarro, no era sino una figurita a la que se premiaba, en el languidecer del franquismo como tal, con una presidencia que añadir a su currículum. Así, se había dejado todo atado y bien atado pasando el testigo de la jefatura de estado a Don Juan Carlos de Borbón. La represión política y policial eran una constante este último año de vida del dictador, pero la actividad de GRAPO (cinco víctimas mortales causadas), FRAP (cuatro víctimas) y sobretodo ETA, también iban en aumento. Los atentados y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad de estos últimos dejaron en 1975 un balance de 13 uniformados, un alcalde franquista (el de Oiartzun) y 2 civiles, acusados de confidentes, muertos. Hasta qué punto eran ultraderechistas que iban por libre o recibían órdenes del estado y/o de mandos policiales es una incógnita, pero el hecho es que alguien decidió que no era suficiente con los militares, la Policía Armada o la Guardia Civil, dando paso a los primeros coletazos de lo que pronto se transformaría en las siglas de los grupúsculos que iban a formar el entramado del terrorismo de estado y sus cloacas. De todos los asesinatos que vamos a recordar, apenas cinco vieron iniciar algún proceso judicial, pero todos ellos acabaron en sobreseimiento o absolución. Antes de meternos de lleno en la crónica de esas primeras acciones, como contraposición a la actividad de las organizaciones antes mencionadas que operaban mediante la lucha armada por entonces, convendría repasar los fríos números que nos dan una idea de la situación de violencia y represión que podía palparse en las calles. Y es que aparte de la evidente falta de libertades individuales y colectivas implícitas al franquismo, en 1975, seis militantes de ETA murieron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, dos, “Txiki” y Otaegi, fueron fusilados aquel inolvidable 27 de septiembre, al igual que los FRAP Baena, Sánchez -Bravo y García. En A Coruña fue ejecutado en una emboscada el emblemático militante de UPG Moncho Reboiras. Pero es que además de esas 12 víctimas significadas por su militancia antifranquista y de otros 6 asesinados que podrían tener cierta vinculación con la política, hasta un total de 45 asesinatos de estado van nada menos que 27 personas que, siendo simples “civiles”, se fueron a la tumba por acciones perpetradas por los diferentes uniformes y grupúsculos afines al régimen.
Militantes en la lucha armada
El 21 de marzo moría Alfredo Joaquín Valcárcel Navarro, natural de Colunga, Asturias, aunque residente en Arrigorriaga y militante de ETA, tras las torturas recibidas, aun sabiendo perfectamente que sólo tenía un riñón, en el cuartel de la policía franquista en Bilbao. Mikel Gardoki Azpiroz «Rubio», andoaindarra de 25 años, murió tiroteado por la Brigada Político Social a la salida de un bar de Ergobia, Astigarraga, el 24 de abril. Siempre dijo que prefería morir a ser detenido. Cinco días después fue declarado el estado de excepción en Bizkaia y Gipuzkoa, siendo detenidas más de 1.000 personas en los 3 meses siguientes. Desde 1979 hubo un paseo en Donosti que llevaba su nombre, hasta que el Tribunal Superior ordenó, en 2011, el cambio. El 14 de mayo, la Guardia Civil, asaltaba una vivienda en Gernika. Más adelante recordaremos de que forma. El después fue que el arrasatearra de 20 años Jesús Markiegi Aiastui, «Motriko», junto a otro compañero, escaparon por la ventana trasera matando en el tiroteo al teniente al mando. «Motriko», herido, se escondió en un baserri de Ajangiz hasta que los perros de los de verde consiguieron dar con su rastro. Sin intención de detenerle, varios picoletos lo acribillaron mediante más de 40 impactos de bala. Su cuerpo, desnudo, fue expuesto durante todo el día frente al cuartel de Gernika, mientras casa por casa y utilizando a vecinos como escudos humanos, los beneméritos buscaban al otro militante, al que no encontraron. El 30 de Julio, en Madrid, el infiltrado policial conocido como «El lobo» facilitó que la policía tendiese una emboscada al legazpiarra Josu Mujika Aiestaran, «Beltza», de 24 años. Trató de escapar, pero fue alcanzado por varios disparos. La prensa del régimen publicó que había muerto por causas naturales, pero la familia consiguiórecuperar el cuerpo y desmentirlo tras ver los balazos en su cuerpo. 
Tras la detención en Galiza de dos militantes de ETA y dos antifranquistas gallegos, una enorme cantidad de miembros de la Brigada Político Social franquista y de agentes de la Policía Armada, unos 300 en total, acordonaron, la madrugada del 12 de agosto, el edificio ferrolano donde se encontraban Xose Ramón «Moncho» Reboiras Noia (25 años) y otros dos militantes de Unión do Povo Galego. Por increíble que parezca, los maderos dieron tanto la nota y a la vez fueron tan torpes de no contar con que los tejados de unos edificios se unen a los de los otros, que el resultado fue la huida de Moncho, peluca incluida, después de que sus dos compañeros hubiesen escapado antes aprovechando el descontrol policial del tiroteo inicial con él, único armado de los tres. Dos horas después, le dieron caza y lo acribillaron por la espalda. Hasta 2009,34 años después, no fue reconocido como víctima del franquismo.Varios miembros de UPG se exiliaron a Portugal en los días siguientes ante su segura detención, de la que algunos otros no pudieron escapar a tiempo.
Las emboscadas preparadas gracias a la información facilitada por Miguel Lejarza Eguia, infiltrado policial conocido como “El lobo”, que ya habían servido para la ejecución de “Beltza” antes citada, se cobraron otras dos víctimas en septiembre. Ambos militantes de ETA tenían la misma edad, 22 años; el donostiarra José Ramón «Montxo» Martínez Antia, fue tiroteado el día 18, desnudo en la bañera del piso de Madrid en el que se encontraba. La versión oficial resultaría, como tantas veces, tan cómica, en el sentido de su poca credibilidad, como de costumbre. Primero se resistió haciendo uso de una metralleta. Luego se suicidó. Andoni Campillo Alkorta, natural de Gernika, ya había sido detenido por su participación en huelgas en el 70 y el 72, cuando fue duramente torturado en el cuartel de la Guardia Civil. El día 19, solo uno después del caso de Montxo, la policía acorraló a Andoni y otro compañero en Castellnou, Barcelona. Se refugiaron en la terraza de una vivienda durante la noche y a primera hora de la mañana fueron acribillados desde todas las direcciones, resultando muerto Andoni y gravemente herido su compañero. La madre de Andoni pasó un año luchando contra el muro post-franquista hasta conseguir, en octubre del año siguiente, que fuese, por fin, enterrado en su pueblo. 
En cuanto a “El Lobo”, es uno de esos seres despreciables a los que nos venden como héroe por su infiltración en ETA durante los últimos tiempos del franquismo, que como hemos visto supuso tres ejecuciones extrajudiciales durante 1975. Menos nos recuerdan que en 1993 fue detenido como uno de los principales implicados en una red de escuchas y posterior extorsión a medios de comunicación, aunque la condena fue mínima, seis arrestos de un mes en su caso, precisamente por ser los implicados quienes eran. Y es que además de nuestro “lobo”, que estuvo dos meses encarcelado hasta salir bajo fianza de 2,5 millones de pesetas, ex gerifaltes del Cesid y algún Guardia Civil andaban en el ajo. Cuando se investigaba dicha trama, los nombres de tres de los implicados, incluido «El Lobo», salieron como posibles integrantes de una banda que extorsionó, mediante paquetes bomba, a varios empresarios, causando 4 muertes entre 1987 y 1990. En 1987 también había sido cazado en Irún por extorsionar a empresarios en nombre de ETA, pero ser miembro de los servicios secretos le libró del trullo. Tanto que la propia policía se rascó el bolsillo de lo lindo para que los querellantes lo dejaran pasar. Son asuntos que no impidieron que en 2010 fuese condecorado con la Cruz al Mérito militar y en 2016 premiado por cierta asociación de víctimas.
El 27 de septiembre, tras juicio (farsa) sumarísimo y a pesar de la petición de indulto de la Comunidad europea, la ONU y el Vaticano, pelotones de Guardias Civiles voluntarios, o Policía Armada en el caso de Otaegi, fusilaron a dos militantes de ETA y tres del FRAP. Jon Paredes Manot, «Txiki», de 21 años, natural de Badajoz, aunque llevaba en Zarautz desde los 10 años, sería ejecutado en Serdanyola del Vallés, atado de pies y manos y mientras cantaba el Eusko Gudariak, acusado de participar en un atraco en el que murió un policía. Su entereza durante los días anteriores a la ejecución fue tal que, ante la extrañeza de un militar que le preguntó, respondió; «Nosotros no tenemos que avergonzarnos por estar aquí, vosotros sí». Su cuerpo no pudo ser trasladado a Zarautz hasta un año después. Acudieron 4.000 personas al funeral, siendo detenidos su madre y el cura. Ángel Otaegi Etxeberria , de Azpeitia, 33 años, fue fusilado en Burgos, sólo, sin la presencia de ningún familiar, acusado de facilitar información sobre un Guardia Civil que moriría en un atentado. A su entierro acudieron 2.000 personas, a pesar de que la maquinaria franquista pretendía permitir el paso únicamente a la familia. Familia que sigue reclamando justicia más de 40 años después. Los tres militantes del FRAP fueron fusilados, sin presencia de familiares y por tres pelotones de 10 guardias civiles, en Hoyo de Manzanares, Madrid. José Luis Sanchez-Bravo Solla , estudiante de Física, murciano de 21 años, había sido acusado de ser el responsable del atentado de un teniente de la Guardia Civil. Su pareja, embarazada, fue torturada. Sigue reclamando justicia mediante la querella argentina que engloba numerosos casos del franquismo. José Humberto Baena Alonso, vigués de 24 años, fue condenado por matar a un policía, a pesar de un testigo que testificó que no se parecía al autor. Ya había sido detenido y torturado por manifestaciones estudiantiles y de trabajadores. Y aunque había sido absuelto de los cargos que en esas ocasiones le habían atribuido, la policía le negó repetidas veces el certificado de buena conducta necesario para muchos puestos de trabajo, negándole también la posibilidad de sacar el pasaporte o el carnet de conducir. Ramón García Sanz «Pilo», de 27 años, fue fusilado como supuesto autor material del mismo atentado que José Luís. Casi dos años después, su familia aún no había podido llevarse el cadáver del cementerio de Hoyo de Manzanares, donde lo fusilaron.
Tras los cinco últimos fusilamientos del franquismo hubo manifestaciones en todo el mundo, doce países retiraron a sus embajadores en Madrid, en Portugal se quemó la embajada española y México pidió la expulsión de España de la ONU. Sobra decir que los responsables de los fusilamientos del 27 de septiembre de 1975 siguieron con su vida como si tal cosa, pero no será porque las familias de los fusilados se hayan rendido en su búsqueda de justicia y reparación. De hecho, cuatro de los firmantes de la quíntuple ejecución, figuran entre los reclamados por la jueza Servini de la conocida como “querella argentina”; el lucense Antonio Carro Martínez, era Ministro de la Presidencia. Después, con el PP, fue vicepresidente segundo hasta 1989. Fernando Suárez González, leonés, era vicepresidente tercero y Ministro de Trabajo. Es otro que también integró el PP en numerosos cargos hasta mediados los 90. Jesús Cejas Mohedano era el vocal del Consejo de guerra que condenó a muerte a los 5 fusilados. Ha venido mostrando su cercanía a diversas asociaciones hispano-israelíes. Y el Ministro de Justicia, el zaragozano José María Sánchez-Ventura Pascual, que acabó jubilándose como notario oficial de Madrid en 1992. “Señores respetables” todos ellos.
Militantes de base de organizaciones políticas
Tampoco es que al régimen le hiciese falta la disculpa de la militancia activa en la lucha armada, para ir dejando cadáveres por el camino. En 1975 fueron asesinados varios militantes de base de organizaciones políticas. El 20 de enero, durante un acto en su Portugalete natal, Víctor Manuel Pérez Elexpe, “Bittor”, militante del PCE de 23 años, repartía octavillas en solidaridad con los trabajadores de Potasas de Navarra, cuando el cabo de la Guardia Civil Narciso San Juan del Rey, que iba de paisano, le dio el alto. Víctor trató de escapar y dos disparos por la espalda, uno de ellos alcanzando su corazón, lo mataron. El guardia civil, que vivía en el barrio de Repelega, siendo así vecino de su víctima, fue trasladado de inmediato a otro lugar. La prensa, en su línea, trató de vender la moto de que Víctor iba armado y el picoleto actuó en defensa propia. Durante el funeral, como siempre, represión policial y 30 detenidos. Hasta 2010 no fue reconocido como víctima del franquismo. En 2012, los hermanos de Bittor seguían chocando con el muro de la impunidad franquista, que pervive en la “era democrática” para negar que sean juzgados los que jamás lo fueron. El 31 de agosto se celebraba, en el barrio donostiarra de Gros, un salto – mani express, otra cosa era imposible por entonces- como protesta ante el consejo de guerra contra varios militantes vascos. Jesús Mari García Ripalda, miembro del EMK (Euskadiko mugimendu komunista), de 23 años, era uno de los portadores de la pancarta. Tres miembros de paisano de la Brigada Político Social aparecieron para disolver al personal. Uno de ellos disparó, en el vientre y a bocajarro, a Jesusmari. Trasladado al hospital militar cercano y atendido por monjas en vez de sanitarios, mientras el pedía que llamasen a su familia, una de las religiosas le repetía que rezase…y allí murió. No se permitió poner esquelas en la prensa, que contó, como de costumbre, una versión manipulada de los hechos. La Policía Armada se dedicó a apuntar a la gente, no a boli, sino a fusil, tanto en el funeral como en el entierro. No hubo juicio. Es más, los tres maderos fueron premiados, en nuevo alarde de reírse del pueblo, por el estado. Atribuido popularmente el asesinato a Manuel Lestón , sargento al mando del trio, sin embargo la autoría material apunta a un tal José Fernández Espejo, pero dada la impunidad del caso, es algo que solo lo habrá pagado, en todo caso, la conciencia de uno de los dos. Un menor, descubierto conduciendo la furgoneta de su padre, contó a los uniformados que en casa de su padre había propaganda comunista de un amigo de la familia. En el registro encontraron lo que buscaban y cartuchos para pesca clandestina del padre del chaval. Suficiente para que el dueño de los papeles, de tinte comunista, fuese detenido el 30 de octubre por la Brigada Político Social. Era Antonio González Ramos, militante del PUCC, que había vuelto, de Alemania a Tenerife, con la maleta llena de conciencia social y ganas de sacar adelante a sus cuatro hijos. Fue asesinado a hostias por un sanguinario inspector, José Matute Fernández, que teóricamente debía estar trasladado fuera de Tenerife por una paliza anterior a un estudiante. Experto karateka, utilizó a Antonio de sparring, provocándole tantas fracturas que acabó con su vida. Después tiraron su cadáver a una cuneta y dijeron que se había suicidado saltando en marcha del vehículo policial. El tal Matute, cosa poco habitual, llegó a ser procesado, pero escapó a Venezuela y Brasil, demostrando lo fácil que es salir de una isla cuando te dejan hacer, volviendo en el año 77, cuando sabía que sería amnistiado. El PSOE, años después, le dio un puesto como responsable de la custodia de la información sobre detenidos. Es “nuestra izquierda”. Por cierto, que en 1987, Matute dio de hostias a otro compañero. Él es así. Si…Franco había muerto hacía dos semanas, pero no tanto el franquismo. Ricardo, Josemari y Koldo, jóvenes de Beasain, Gipuzkoa, ya habían pasado por la cárcel de Martutene un año antes, por hacer pintadas. Pertenecían a EGAM (Eusko Gazteri Abertzale Mugimendua) y llevaban casi dos meses escondidos en el monte tras participar en las protestas por los últimos fusilamientos y ver el posterior y continuo goteo de detenciones de estudiantes como ellos. De vez en cuando bajaban al baserri de la familia de Ricardo. Así lo hicieron aquel 2 de diciembre, cuando apareció un nutrido grupo de guardias civiles. Escaparon por una puerta trasera, pero un disparo en el cuello acabó con la vida de Koldo López de Guereñu Otxoa de Aizpuru, de 18 años. No hubo autopsia ni investigación. Ricardo y Josemari fueron llevados a consejo de guerra acusados de desobediencia a la autoridad con resultado de muerte… ¡les pretendían hacer responsables de la muerte de su amigo Koldo!
Además de estos cuatro militantes de organizaciones políticas, hubo dos víctimas que, sin militar bajo siglas concretas, fueron ejecutados por su acción política, en su caso relacionada con la condición de católicos en su vertiente solidaria. Si antes recordábamos como la Guardia Civil acribilló, el 14 de mayo, al militante de ETA conocido por “Motriko”, no fue la única víctima mortal de aquella operación. Él y otros militantes pernoctaban en casa de un matrimonio de Gernika, miembros ambos de Acción Católica. Iñaki Garai Lejarreta, fontanero de 53 años, fue acribillado nada más abrir la puerta, en lo que fue el inicio del bestial asalto de la Guardia Civil. Su mujer, Blanca Salegi Allende, de 48 años y catequista, corrió a abrazar a su marido moribundo. Sus gritos de dolor fueron acallados a balazos, uno de ellos en el bajo vientre, mortal de necesidad. «Motriko» y otro compañero escaparon por la ventana trasera y en el tiroteo mataron al teniente al mando, un tal Domingo Sánchez Muñoz.
Civiles
Por si esto no fuera suficiente, al menos 25 personas, de todo no hay listados oficiales, sin vinculación alguna con la política, fueron asesinadas aquel año a lo largo y ancho del estado por las fuerzas de seguridad. No parece casual que 14 de ellos lo fueran en Euskal Herria. Los “controles de la muerte” se llevaron por delante al menos 10 vidas; el 18 de enero, en Lezama y por disparos de la Guardia Civil, a un supuesto ladrón identificado como Emilio Pérez Pérez, de 31 años y natural de Zamora, que residía a medias entre Arrigorriaga (Bizkaia) y Santoña, Cantabria. Sin cambiar de provincia ni de uniforme, en Erandio, nada menos que cinco muertos de golpe, cuatro de ellos niños de muy corta edad. Fue el 21 de febrero cuando un vehículo se saltó un control. En vez de avisar a otra unidad para que le cerrasen el paso o apuntar la matrícula, mataron al conductor, Mariano Heredia Escudero. El vehículo cayó al río Asua y murieron ahogados los 4 niños que lo ocupaban, José Santos Etxebarria, de 7 años, su hermana Adela, de 3, y las hermanas Maricarmen (5) y Encarna Aranda Hernández (3). La prensa franquista hizo especial hincapié en el hecho de que fuesen gitanos, aparte de montarse una película de persecuciones kilométricas que acaban en el mismo punto de partida, así como muy poco creíbles. Total, que habían robado ganado y eso parece justificar cinco muertes. La siguiente también residía en Bizkaia, en Getxo concretamente, aunque su coche fue acribillado, el 27 de mayo, en Donostia- San Sebastián y cambia también el color del uniforme asesino, ya que en su caso fue la Policía Armada a la que hay que atribuir la muerte, cinco días después, de Felicitas María Alexandra Leckett, una de las dos alemanas que pudieron comprobar como se las gastaban por aquí. La prensa lo justificaría por la «imprudencia de las turistas». En agosto, entre Calella y Barcelona, la Guardia Civil tiroteó otro coche que se saltó un control. Lo ocupaban unos cuantos chavales, uno de los cuales resultó muerto. Se llamaba Juan Román Heredia y sólo tenía 13 años. Nada que objetar por los medios del régimen, que a fin de cuentas el chico era gitano y al parecer habían robado el coche. Kepa Josu Etxandi Iturri, carpintero de 39 años, fue ametrallado por la Guardia Civil, el 23 de octubre en la frontera de Luzaide-Valcarlos. Operado varias veces en el Hospital de Navarra, resultó imposible salvarlo. Es lo que tienen las balas dum-dum, que estallan dentro del cuerpo. Fue de esos casos que llamaban «lamentable confusión». Venía de cometer un crimen tal como echar la quiniela y el hombre había tenido incluso, durante un porrón de años, a dos picolos alojados en su casa. Fue la forma de agradecérselo, supongo. Su furgoneta tiroteada quedó en manos de la propia Benemérita y no hubo mayor investigación.
Y el 25 de noviembre, solo cinco días después de muerto el dictador, la Guardia Civil asesinó de un disparo a Ángel Esparza Basterra, bizkaitarra de Dima, de 28 años, cuando a su paso por un control junto al cuartel de Legutiano, Araba, acompañado de un amigo, hizo caso omiso del alto recibido y «tuvieron» que abrir fuego contra él. Lo tacharon de quinqui y santas pascuas. Bueno, sí que la prensa rizó un poco el rizó, destacando que no ya el muerto, que iba en el asiento del copiloto, sino el conductor…era gitano. Hubo muchas víctimas más. Lo ocurrido el 31 de enero lo narraba a su forma el ABC. Contaban que en el barrio chungo de Bilbao, Las Cortes, el albañil de 23 años Bonifacio Martínez Celemín, había sacado una navaja en una pelea callejera. El individuo al que se enfrentaba, era más chulo y sacó una pistola… ¡pum! Y fin de la historia. Se les olvidó decir que el de la pistola era guardia civil. Frantziska Saizar Ureta, de 86 años, murió en Ondarroa, Bizkaia, el 28 de abril, oficialmente al sufrir un infarto cuando la guardia civil irrumpió violentamente en su casa buscando a su nieto, Andoni. No pasaría siquiera un mes para que los de verde se llevasen por delante la vida de otro vecino del puerto pesquero limítrofe con Gipuzkoa, ya que el 23 de mayo, una cuadrilla de chavales celebraba haber terminado COU por su pueblo. Dado que las dos provincias costeras estaban en pleno estado de excepción, no se podía ir por la calle en grupos de más de tres, así que se separaron en tríos para seguir de “jaia”. Al pasar junto al cuartel de la guardia civil, el grupo de Koldo Arriola Arriola, de 18 años, recibió el alto. A él le hicieron un gesto con la mano, indicándole que debía pasar a sus dependencias. Sus amigos escucharon un disparo, efectuado por el picolo Pedro Rodríguez, para después ver a Koldo salir corriendo y desplomarse con un agujero en el corazón. Los uniformados lo metieron en el camión de la basura y lo llevaron al depósito del cementerio. A sus padres les avisaron sin prisa por la mañana, mediante una fría llamada. Precisamente regentaban el bar en el que tomaban el café (o se emborrachaban) los propios beneméritos. Las mentiras de la prensa y la ausencia de condena ni responsables remataron, como siempre, la faena. De hecho se abrieron diligencias contra Koldo, el muerto, por insultos a la autoridad.
Entre las muertes de los dos vecinos ondarrutarras, en otra ciudad costera, pero mucho mayor, como es Vigo, Pontevedra, se manifestaba la clase obrera con motivo del primero de mayo, cuando a un guardia civil, que no estaba de servicio, se le ocurrió bajar a reprimir «elementos subversivos» por su cuenta y en chaqueta de pijama, disparando dos veces. Una de las balas acabó con la vida de Manuel Montenegro Simón, de 48 años, que estaba trabajando en Fenosa en vez de participando en la manifestación y se asomó a la verja de la fábrica a mirar. Aquel día, a nivel de Galicia, hubo 10 detenidos en Ferrol, 14 en Santiago, decenas de heridos… El homicida, Justo Arias Sanfiz, fue absuelto. A quienes hicieron una colecta para poner una esquela en el «Faro de Vigo», también los fueron a detener. El 15 de Junio, el hojalatero plentziatarra Alfredo San Sebastián Zaldibar fue asesinado a las puertas de una discoteca de Mungia, Bizkaia, por un guardia civil. Celebraban una despedida de soltero y se originó una bronca sin mayor importancia, resuelta por un benemérito con un culatazo en la cabeza de un amigo de Alfredo, que no dudó en recriminar tal desproporción, lo que le costó ser atravesado por un disparo. Sus amigos insistieron, al resto de picoletos allí presentes, para que llamasen a una ambulancia. Incluso el dueño del local se ofreció a trasladar al herido al hospital. Pero parece que los de verde no tenían muchas ganas de ser invitados a bodas y prefirieron impedir cualquier ayuda amenazando al personal y dejando morir a Alfredo, cuyo cadáver sería trasladado en jeep directamente al cementerio.
Era 29 de septiembre en Burgos, ciudad en la que sólo dos días antes había sido fusilado Ángel Otaegi. El capitán de infantería Victorino Moradillo Alonso, de 42 años, había intervenido en los preparativos de la ejecución. En la barriada militar era bien sabido que era un borracho, putero y de carácter violento, que agredía a su mujer e incluso a la madre de esta. De tragos solía decir que la iba a matar. Y tras una discusión a las dos de la madrugada en plena calle, cuatro horas después, lo hizo. No sólo la mató a ella, María Cristina López Rodrigo, de 38 años y natural de Barrios de Colina. También asesinó a tiros a sus cuatro hijos; María Cristina, de 14 años, María Concepción (13), Victorino (10) y el pequeño David, de sólo 2 meses. Después, llamó a la policía para contar su hazaña y se voló la cabeza. Uno de esos machotes, con muchos galones, que había escrito, sobre un periódico que fue encontrado…»Todos en casa me hacen la vida imposible. Les mato y me mato.” El caso es hilo conductor de una novela. El 26 de octubre, la guardia civil asesinó a Antonio Padilla Corona en Adeje, Tenerife, cuando se disponía a pescar con dinamita, de forma clandestina, junto a dos amigos. Después de muerto, se personó la propia guardia civil en su casa de La Matanza de Acentejo, para decirle a su hermana que cuando volviese, dijese a Antonio que se personase en el cuartel. Debe ser que esperaban resucitase. No hubo juicio, culpables ni indemnización para la familia. Una vez muerto el dictador, al estado español del año 1975 le quedaban por regalarnos, en los 40 días restantes, además de dos ya antes citados, cuatro muertos más ; El 29 de noviembre, Francisco Gallego, de 18 años, salía corriendo de la casa de su novia, en Sabadell, Barcelona, tras una discusión con la familia de la chica. Un Policía Armada, para el que correr te convierte en un criminal, le dio el alto. Al hacer el chaval “caso omiso”, le pegó un tiro mortal. Tuvieron que pasar siete años para que la familia recibiese una ridícula indemnización de un millón de pesetas. Eso fue todo. Un policía casi siempre va armado. Con un policía no se puede discutir. Por eso y por nada más que eso murió, el 2 de diciembre, el vascofrancés Henri Etxeberri, cuando tras una discusión con uno de los «grises» en un bar de Madrid, este sacó su pistola y terminó así la discusión. El 4 de diciembre, José Ramón Rekarte, natural dePamplona- Iruña, moría tiroteado por un centinela en la base militarde Araca, en las afueras de Vitoria-Gasteiz, donde hacia el servicio militar. (Nota; Si hubiese datos más concretos de los muertos en la “mili”, sería un listado interminable, son 1960 reconocidos por el Gobierno desde que se empezaron a cuantificar, que se dice pronto. Solo casos muy evidentes de asesinato u homicidio han ido trascendiendo a la prensa). Estás a última hora de la tarde con tu novia en el coche…charlando, dándote besitos…ves que se acercan varios individuos, pones el motor en marcha y te ametrallan hasta matarte. Eso es lo que le ocurrió a Kepa Tolosa Goikoetxea el 9 de diciembre en Beasain, cuando tenía 28 años. Parece ser que a los guardias civiles había que distinguirlos y cuadrarse ante ellos incluso cuando iban de paisano, ya que hasta confundirlos con maleantes podía ser motivo suficiente para que te matasen. No hubo ninguna investigación. De todos estos asesinatos, apenas cuatro vieron iniciar algún proceso judicial, pero todos ellos acabaron en sobreseimiento o absolución.
Primeros atentados de autoría ultra o parapolicial
A pesar de la impunidad aquí relatada, tampoco bastaba únicamente con los métodos policiales y la colaboración del estado como amparo. Hacía falta algo más, algo que amedrentase a un pueblo que se resistía a agachar la cabeza ante tal atropello. Algo no tan reconocible como un uniforme oficial, un enemigo que atemorizase sin poder ser identificado ni señalado. Así las cosas, la maquinaria del terror ultraderechista diseñada para “el norte” se puso en marcha en abril de 1975, cuando la librería Mugalde de Hendaia, descrita un año antes por el ABC como “propiedad de ETA”, sufrió un primer atentado por medio de una bomba que causó, además, el destrozo de tres vehículos. Un mes después sufriría un segundo atentado similar. En solo seis días del mes de mayo hubo 31 atentados contra vehículos, bares, sedes de colectivos, ikastolas…cualquier cosa que se vinculase al mundo abertzale. En Ondarroa incluso ametrallaron, estando en su coche, a un sacerdote que había sido absuelto de la acusación de colaborar con ETA. En los meses de junio y julio fue “Nafarroa”, otra librería de Iparralde, la que sufrió sendos atentados mediante bomba. En agosto fue ametrallada una furgoneta con 15 refugiados vascos que volvían de Baiona tras participar en una manifestación contra el franquismo. Pero faltaba dar un paso más, el de causar víctimas mortales.
El “Etxabe-enea”, en el alto de Kanpazar, entre Elorrio y Arrasate, ya había sufrido dos explosiones previamente, el 12 de mayo y a finales de julio. El restaurante que llevaban otros dos hermanos Etxabe en Baiona, había corrido la misma suerte en junio. El 4 de octubre incendiaron el coche de Juanjo Etxabe en Donibane Lohitzune. Era el precio por estar vinculado a ETA. Precio a pagar por uno mismo o por cualquier familiar. Solo un día después, el 5 de octubre, tras un atentado de ETA contra la Guardia Civil de Oñati, tres encapuchados entraron en el Hostal- Restaurante que regentaban Luis e Iñaki, echando botes de humo al grito de”¡todos al suelo!”. Se dirigieron hacia Luis diciéndole “venimos a por vosotros” mientras ametrallaban el local. Luis escapó, pero en ese momento, su hermano, Iñaki Etxabe Orobengoa , de 39 años y que tenía tres hijos de corta edad, salió de la cocina y fue ametrallado. La acción fue reivindicada, un año después, por el comando Beldarrain del grupo paramilitar ultraderechista BVE (batallón vasco-español). En el entierro, la familia y allegados tuvieron que acompañar el cadáver mientras eran apuntados, metralleta en mano, por un grupo de guardias civiles. Y así, como chiste malo del franquismo, resulta que, un mes después, a la familia Etxabe le llegó la factura de la autopsia de Iñaki, aunque la propia autopsia ni les dejaran verla. El gobierno español jamás ha reconocido como víctima del terrorismo a Iñaki. En 2013 su familia seguía solicitándolo, pero se toparon con una nueva negativa, lo cual significa que además de ver como nada se hizo por esclarecer el caso, tampoco recibieran ni recibirán ninguna indemnización. El calvario para la familia Etxabe no queda ahí. En 1978, en Donibane Lohitzune, tres mercenarios, bajo las siglas de la Triple A, ametrallaron a Juanjo y a su pareja, Agurtzane Arregi. Etxabe pudo salvar la vida, no así ella, muerta en el acto con 11 impactos de bala alojados en su cuerpo.
Este primer asesinato, el de Iñaki, en el haber de los grupos de ultraderecha, trajo consigo el segundo. Fue solo una semana después, el 12 de octubre. Germán Agirre Irualegi , de 38 años, dos hijos, era natural de Bergara pero taxista en Arrasate- Mondragón. Era cliente del “Etxabe-enea” y reconoció, entre los autores del atentado al menos a un guardia civil que conocía de vista. Seria encontrado cerca del cuartel de Legutiano, Araba, en el interior de su taxi y con tres disparos en la cabeza. Cuenta la familia que durante los días siguientes al asesinato de Iñaki, la guardia civil anduvo preguntando por el con insistencia. Otro chiste malo resultaría el hecho de que el amago de investigación del asesinato de Germán corriese a cargo del señor Antonio Tejero…sí, el del 23f. Curiosamente, en los listados de la AVT aparece como víctima de ETA, aunque en el alto Deba se sepa muy bien el color de quien lo mató y porqué. Será, por tanto, uno de esos 300 sin esclarecer de los que tanto hablan algunos, omitiendo que, si no se esclarece, seguramente sea porque los autores gozaron y gozan de la protección del estado, como deja bien claro el hecho de que tras alrededor de 50 atentados ultras cometidos durante 1975 en Euskal Herria (o más allá, dos días después del atentado de Germán le tocó a la librería de la editorial Ruedo Ibérico en Paris sufrir otro reivindicado por “ATE-Antiterrorismo ETA” ) , nadie fuese detenido, juzgado ni condenado.
Y eso que eran solo los primeros ensayos, en los que algún mercenario ya voló por los aires, por cierto, para lo que nos quedaba por ver en los años venideros. Aquí lo recordaremos.
https://kaosenlared.net/las-victimas-invisibles-terrorismo-de-estado-iv/
Designado 6 años antes por Franco como su sucesor, Juan Carlos I ya había sido proclamado Rey de España. Fue él quien confirmaría a Arias Navarro como presidente, pero el malagueño dimitió a mediados de año y se decidió colocar en el puesto a un franquista de perfil bajo, alguien que hubiese pasado discretamente esos años de languidecer del dictador. El elegido seria Adolfo Suárez, hasta entonces Ministro de Gobernación y Vicesecretario general del Movimiento, que también había sido director de TVE y por tanto, todo un experto en manipulación y lavados de cara. Elaborada la “Ley para la reforma política”, se votó en referéndum en diciembre. Ya lo había dicho en las Cortes franquistas Arias Navarro antes de dimitir, “os corresponde la tarea de actualizar nuestras leyes e instituciones como Franco hubiera deseado”. Así que nadie mejor que Don Manuel Fraga para llevar a cabo la tarea de diseñar el programa de esas leyes con las que hacer creer al personal que, quienes habían de dirigir esa nueva etapa, habían cambiado de la noche a la mañana. ¿Éramos un pueblo libre? ¿Ya no había represión? ¿No se ejercía la violencia desde el estado y contra la población? ¿Muerto el perro se acabó la rabia? ¿Con los mismos empresarios-estómagos agradecidos, los mismos ministros y los mismos mandos policiales y militares que en tantos años de dictadura? El terrorismo de estado no desapareció con el franquismo. Muy al contrario, fue perfeccionado para ser ejercido de forma quizás más sibilina.
Para hacernos una idea de cómo se llegó a la transición en el aspecto del que nos ocupamos en esta serie de artículos, los fríos números dicen que GRAPO causó una víctima mortal en 1976 y ETA 16 (según la AVT uno más, ya que suman como muerto en atentado a un guardia civil electrocutado cuando quitaba una ikurriña colgada del tendido eléctrico), de los cuales 3 eran políticos franquistas, 7 miembros de las fuerzas de seguridad, 4 supuestos confidentes policiales y 2 civiles. Las fuerzas de seguridad del estado y grupos de ultraderecha se llevaron a la tumba en ese mismo año a 38 personas, de las cuales 3 eran miembros de ETA, uno del MIL, otro del GRAPO y 33 civiles, 22 de ellos concentrados en un pequeño territorio conocido como Euskal Herria. Añadir que 4 de esas 38 víctimas totales, eran menores de edad.
Fuerzas de seguridad del estado
Un día antes, en una manifestación con 4.000 participantes del sector del calzado en Elda, Alacant, los grises ya habían cargado contra la gente. El 24 de febrero ya eran 5.000 manifestantes. A última hora volvieron a pasar a toda velocidad varios vehículos de antidisturbios. El último coche se detuvo para disparar, resultando muerto Teófilo del Valle Pérez, de 20 años y natural de Silleda, Pontevedra. El día del funeral 20.000 personas acompañaron el féretro. En 2012, una moción en el ayuntamiento de Elda pedía un reconocimiento para Teófilo mediante una calle o plaza en su nombre. El PP votó en contra. Hoy en día tiene, por fin, una plaza en su recuerdo. 
Poco después, aconteció uno de los asuntos más sangrientos de la época. Tras dos meses de fuertes movilizaciones y después de alguna carga policial a lo largo del día, trabajadores de «Forjas Alavesas» celebraban su asamblea en una iglesia de Vitoria-Gasteiz, el 3 de Marzo de aquel 1976. La Policía Armada asaltó la iglesia lanzando gases lacrimógenos para forzar a los reunidos a salir y apalearlos al hacerlo, mientras los miles que se juntaban fuera eran tiroteados. Las grabaciones de la emisora policial ponen los pelos de punta, presumiendo de haber hecho más de 2.000 disparos, de causar una masacre. ¿Disfrutaban de matar al pueblo? Casi 200 heridos, 60 hospitalizados, 43 de ellos con heridas de bala y 5 muertos; Pedro María Martínez Ocio, de 27 años y único alavés de entre las víctimas mortales , obrero de Forjas Alavesas, murió de tres balazos nada más iniciarse el asalto policial, al igual que Francisco Aznar Clemente, de 17 años, estudiante natural de Oviedo. Al día siguiente moriría en el hospital Romualdo Barroso Chaparro, de 19 años, trabajador cacereño de «Agrator», días después José Castillo García, de32 años, salmantino de la empresa «Basa”, mientras un mes después acabaría muriendo Bienvenido Pereda Moral, de 31 años, burgalés de «Grupos Diferenciales».
El día siguiente, con la llegada de refuerzos de antidisturbios y Guardia Civil de otras provincias, habría otros 4 heridos graves más. Fraga, el siempre presente dinosaurio franquista, Ministro por entonces, culpó a los dirigentes sindicales, encarcelando a varios durante un año. De los asesinatos no salió culpable alguno en el juicio (farsa) militar, quedando el caso sobreseído. A través de la conocida como “querella argentina”, la jueza Servini ordenó en 2014 la detención de tres de los responsables de la matanza del 3 de marzo, como autores de crímenes de lesa humanidad. Alguno de ellos, como el que fuera Ministro de Relaciones Sindicales Rodolfo Martín Villa, después presidente de Endesa fue, hace no mucho y a pesar de estar en busca y captura dictada por Interpol, condecorado por el Rey en el Congreso de los diputados. Estamos en un estado tan tolerante con el fascismo que, más recientemente, hasta cuatro ex presidentes y un sinfín de personalidades políticas enviaron cartas de apoyo al acusado ante su inminente declaración telemática sobre los hechos por los que sigue manteniendo esa vergonzosa impunidad cuatro décadas después. Alfonso Osorio García, santanderino, por entonces ministro de presidencia, quien decidió que el operativo fuese dirigido por un mando único y el granadino Jesús Quintana Saracibar, capitán al mando de la operación que en el juicio-farsa declararía no poder saber quién disparó esas 1.000 o 2.000 balas, son los otros mandos políticos o policiales llamados a declarar por la jueza Servini en relación a un caso que ha llegado a ser denunciado ante la ONU.
En los días posteriores se produjeron manifestaciones de repulsa por los “sucesos de Vitoria” a lo largo de todo el estado. El 5 de marzo, en Tarragona, los grises cargaron contra la gente. Juan Gabriel Rodrigo Knafo, trabajador de la refinería, de 19 años, escapó metiéndose en un portal. Lo persiguieron y ya en la azotea se precipitó al vacío, víctima, al parecer de un pelotazo que lo desequilibró. La policía ocultó su muerte hasta el día siguiente. Por supuesto, no hubo juicio ni se permitió ver el cadáver, no fuese que se encontrase un balazo o hematoma de algún pelotazo. Vicente Antón Ferrero sólo llevaba año y medio en Euskal Herria tras emigrar desde San Martín de Tabora, Zamora. Tenía 18 años cuando el 8 de marzo, en otra de las manifestaciones por los sucesos de Vitoria, en Basauri, la guardia civil dispersó a tiros a las 8.000 personas congregadas. Sólo quedó su cuerpo tirado en el suelo, con un balazo en la cabeza que según los allí presentes se hizo desde menos de 7 metros de distancia. No hubo investigación. A la familia se le dio una compensación económica en 2009, 33 años después de su muerte. 
Añadir que la solidaridad por los “sucesos del 3 de marzo” fue también reprimida mortalmente en Italia, cuando en una protesta ante la embajada española en Roma, era asesinado por la policía Mario Marotta, de 52 años.
Tras un intento anterior abortado por un chivatazo y 6 meses de escavar un túnel, 29 presos antifranquistas consiguieron escapar de la cárcel de Segovia, el 5 de abril. Quien debía llevarlos hasta la frontera no apareció, pero lograron llegar a Nafarroa en un camión. Entre la niebla, tratando de llegar a Iparralde, a la altura de Auritz-Burguete, fueron ametrallados por la guardia civil, masacrando el pecho del militante del MIL Oriol Solé Sugranyes, barcelonés de 28 años. 24 compañeros fueron detenidos y 4 alcanzaron su objetivo, la huida. Dos días después aparecía el cadáver de un secuestrado por ETA. Fraga amenazaba…»sí quieren guerra, la tendrán.», como si en algún momento el estado hubiese dejado de matar.
No hacía falta estar metido en nada para ser acribillado…Felipe Suarez Delgado, de 28 años, natural de León y domiciliado en Gijón, fue otro de tantos asesinados en un simple control de carretera de la guardia civil. Ocurrió en Zarautz, Gipuzkoa el 12 de abril, cuando al saltarse el alto, los beneméritos hicieron lo que más les parecía gustar, ametrallar gente. El acompañante de Felipe resultó herido.
Las dos siguientes víctimas mortales de las balas de la guardia civil volvieron a tener tintes políticos. La madrugada del 18 de abril, la picoletada localizó, en la zona del cementerio de Bera, Nafarroa, a 4 miembros de ETA que pretendían cruzar la muga, abriendo fuego contra ellos. Dos consiguieron escapar, uno fue detenido tras ser herido y Manuel Mari Garmendia Zubiarrain, seria abatido por varios disparos en el pecho. Natural de Legorreta, tenía 30 años y una hija. Era conocido como «Korta» por el baserri familiar. «Kortatu» se llamaría así en su honor. 
Justo una semana después, el 25 de abril, Joxe Bernardo Bidaola Atxega, «Txirrita», de 23 años y vecino de Lizartza, trataba de llegar a Iparralde por el monte, en Etxalar, junto a tres compañeros. La guardia civil llegó hasta el lugar y consiguieron acorralar a Txirrita y otro de ellos. Los dos huidos vieron como cogían a Txirrita y escucharon después varios disparos, siendo que ninguno de los 4 iba armado. Sin embargo, mientras se anunciaba en medios la detención de Iñaki, no ocurrió lo mismo con «Txirrita», que apareció muerto en estado de descomposición y presentando un disparo, más de un mes después, en una zona cuyos allegados habían peinado varias veces. El orificio de bala y la posterior autopsia no cuadraba con la típica tesis del suicidio que dio por «vendida» la guardia civil, en nuevo alarde de tomar por idiota al personal.
Mientras, la Legión, recientemente trasladada a Fuerteventura, se estrenaba a lo grande; El 27 de abril, Pablo Espinel de Vera, de 43 años y alcalde pedáneo de Guisgey, Puerto Cabras, trabajaba en la cuadra que tenía junto a su casa. Dos legionarios, de un grupo de cinco, se acercaron, armados, para pedirle algo, por las buenas o por las malas. Le dispararon un primer tiro e hizo el intento de llegar a casa y coger su escopeta de caza para defenderse, pero sería ametrallado antes de poder hacerlo. Para lavarse las manos, a aquellos que la liaban, el ejército los consideraba desertores, aunque hubiesen cometido el crimen una hora después de salir del cuartel. Así fue en el caso de Andrés del Teso y José Gaspar Piris, condenados a 30 años por este asesinato. 
Apenas dos semanas después, los chicos del Tercio volvieron a “regalar” un muerto a la isla. Fue el 12 de mayo, cuando Fuerteventura se preparaba para la visita del Gobernador Civil, legionarios a 140 kilómetros por hora en un coche robado, chocaron de frente con el vehículo en el que iba el Presidente del Cabildo Insular, Santiago Hormiga Domínguez, de 59 años. Tras dos semanas hospitalizado con 7 fracturas de cráneo, murió el día 26. Pero es que lo de la Legión en Fuerteventura da para un especial.
El 12 de junio se celebraba en el Jai Alai de Eibar, Gipuzkoa, el certamen de la canción vasca. Alberto Soliño Masachs, de 33 años y nacido en Bouzas, Pontevedra, era batería de un grupo además de dueño de una tienda de electrodomésticos en Pasaia. Al acabar su actuación y salir a cargar el coche, vio a su compañero discutiendo con otro conductor que le apuntaba con una pistola. «¿Qué pasa? ¡Hablando se entiende la gente!», dijo Alberto, a lo que el individuo respondió fracturándole el cráneo con la culata y rematándolo con un tiro de gracia. Resultó ser Luis Carpintero Taravilla, guardia civil. No sería siquiera suspendido de empleo, sólo lo trasladaron. A la familia de Alberto le obligaron a poner en la esquela que había muerto en un accidente. Tenía tres hijos menores de 7 años.
El 18 de junio, un vecino recogió como chatarra una bomba de 20 kilos olvidada por los militares que realizaban maniobras en la sierra de Urbasa, Nafarroa. La bajó a Etxarri Aranatz y allí hizo explosión. Así murieron, despedazados, Segundo Maiza Beiza, de 71 años, su nieto Jesús Miguel Zeberio Maiza , de 11 años, Saturnino De Luis Erdozia, 43, su hijo José Luís De Luis Taber, de tan solo 6 años y María Gloria Pejenaute Pejenaute, de 58 años. Poco después aparecieron los militares para recoger nada menos que otras 5 bombas “olvidadas”. No era la primera vez que ocurría algo así. 
El 18 de julio, en Madrid, tres tíos merodeaban de madrugada, según la versión oficial, cerca de un cuartel de la guardia civil. Les dieron el alto y salieron corriendo, así que los picolos hicieron lo más propio, disparar. Aparecería muerto Carlos Hernández Expósito, de 29 años. Lo tildaron de maleante, pero su padre desmontó la película de los verdes; su hijo no pudo salir corriendo pues casi no podía ni andar, ya que estaba cojo, y sólo tenía en su curriculum una denuncia de hacía diez años por conducta inapropiada. Además, denunció que no dejarán ver el cadáver de Carlos a la familia. El día del funeral, la policía impidió una manifestación y detuvieron a algunas personas.
La noche del 13 al 14 de agosto, en Almería, el estudiante de biología y militante de la «joven guardia roja» del PTE, Francisco Javier Verdejo Lucas, de 19 años, comenzaba a hacer una pintada reivindicativa en una pared. Lo que debía ser un «Pan, trabajo y libertad» se quedó en «Pan, T» ya que fue visto por dos guardias civiles. Uno de ellos le perseguía y el otro le cerraba el paso, siendo el segundo quien le disparó desde 6-7 metros, dándole en la garganta. Su padre era un franquista que fuera alcalde de Almería, así que, cagaos al saber de quién era hijo la víctima, la versión benemérita fue que el perseguidor tropezó y se le disparó el arma. Aunque la trayectoria de la bala echase por tierra tal película, el gobernador civil hizo cerrar el caso sin investigación. El padre del joven asesinado, que renegaba de Javier por sus ideas, no sólo respondió que habían hecho su trabajo, sino que trató de impedir un homenaje popular el día del funeral y acabó denunciando, a quienes llevaron a hombros el féretro, por secuestro del cadáver.
Llegó a haber 10 detenidos, incluidos 4 menores, a causa de las muestras de solidaridad con Javier y sus compañeros de militancia.
Dado que la guardia civil y los grises tenían como pasatiempo liarla en todas las fiestas populares de Euskal Herria, la alcaldesa de Hondarribia, Gipuzkoa había pedido al Gobernador civil que las fuerzas del orden no estuviesen presentes en el tradicional alarde del municipio. Este le había dado su palabra de honor, pero…el 8 de septiembre allí estaban, junto a las 50.000 personas asistentes, tanto los antidisturbios de la Policía Armada como la Guardia Civil con Antonio Tejero Molina, el del 23F, al mando. Una mujer ebria armando lio y los uniformados tuvieron la disculpa que tanto deseaban para empezar a disparar bolas de goma y echar gases lacrimógenos. Para el momento de la manifestación pro-amnistia, el lío era monumental, de tal modo que tras una persecución en la que el perseguido tiraba sillas de las terrazas para facilitar su huida, el verde Enrique Pascual Diogo le pegó dos tiros en el pecho y a bocajarro. Josu Zabala Erasun, irundarra, tenía 22 años cuando murió. Hubo dos heridos de bala y una persona que recriminó a los antidisturbios el uso de fuego real, perdió el ojo de una hostia. Era Gabriel Alonso Aristiagirre, ex del Celta, Real Madrid y selección estatal, el que inició la jugada del famoso gol de Zarra. La alcaldesa dimitió llamando mentiroso al Gobernador civil y en las manifestaciones posteriores, prohibidas, hubo numerosos heridos más. Los medios de comunicación, a pesar de llevar Franco casi un año muerto, seguían en su línea, y hubo alguno que publicó que Josu era delincuente de profesión, cuando en realidad era delineante. 
En esos tiempos no colaba la disculpa del autocorrector, simple manipulación. El picoleto asesino vio abrirse procedimiento por el caso, pero acabó en sobreseimiento en aplicación de la ley de amnistía… amnistiado tras matar a un chaval por manifestarse en favor de la amnistía, paradojas de la vida.
Isidro Aldea Manzano era padre de 5 hijos y tenía 39 años. Puede que aquel 2 de julio estuviese pasado de alcohol y la liase en el bar de su pueblo, Robledo de Chavela, Madrid. Alguien llamó a los serenos y allí se presentó Alejandro Herranz Sánchez, el gorila del clásico alcalde franquista que seguía mandando. Palizón al canto y 12 días ingresado, saliendo con impotencia por una hostia en los testículos y con insuficiencia coronaria. Dos meses después, el 14 de septiembre, murió. Para entonces el homicida ya había sido acusado de alguna paliza más, a un borracho, o a otro por coger agua de la fuente del pueblo. También de encerrar a un niño de 5 años en el calabozo. Pero lo remataria a finales de octubre, cuando disparó desde el ayuntamiento a unos chavales que pintaban «Caciques asesinos. Alcalde dimisión», hiriendo de gravedad a uno de ellos. Entonces sí fue al trullo, tres mesecitos nada más, aunque la indignación popular forzó su posterior expulsión. Medio año y fue readmitido en el puesto.
El 15 de septiembre, en Valdepeñas, Jaén, el policía municipal Jesús López Amate mató de un tiro en la espalda a su mujer, Ana Ortega López, con la que tenía 9 hijos, entregándose acto seguido a la Guardia Civil.
El 22 de septiembre, en una operación conjunta con 4 policías del cuerpo superior de la Brigada Social y 2 de la Policía Armada, entraron los segundos en un portal de Somosierra, Tenerife, buscando, en teoría, al «Rubio», supuesto autor del secuestro de un industrial canario, falangista que había sido un conocido torturador durante el franquismo. El hecho es que en el piso al que fueron los maderos no estaba ese tal » rubio» sino la dueña de la casa, Antonia, sus hijos y su primo, el estudiante de magisterio Bartolomé García Lorenzo , de 21 años, que abrió la puerta, vio unos tíos armados (iban de paisano) y la volvió a cerrar. 33 disparos, 4 de ellos directos al cuerpo del joven, atravesaron la puerta. Murió dos días después. Los policías, que pensaron habían matado a quien buscaban, sabido que no era así, se inventaron que iba armado, pero resulta que el padre de la víctima era un teniente de la guardia civil retirado que le cantó las 40 al Gobernador Civil, así que la tercera versión ya hablaba de «lamentable error», un clásico de clásicos.
En las manifestaciones posteriores hubo detenidos y heridos, mientras los seis policías implicados fueron homenajeados por 200 compañeros en Madrid, resultando finalmente condenados a 2 escasos años de prisión y suspensión de cargo, profesión u oficio público. Que más da, si lejos de cumplir sus penas, alguno de ellos llegó a subcomisario o a escolta de cierto ministro » sosiata». Al «Rubio» nunca lo cogieron. Se entregó, aburrido de huir, pasados 13 años, periodo en que un policía tuvo tiempo de violar a la hermana del fugitivo.
Francisco Javier Alonso Castillejo, 24 años, era un mangui de poca monta, ladronzuelo del montón y no de los de guante blanco, que son tratados de otra forma. El 10 de octubre, la guardia civil lo cazó en un coche robado. Detuvieron al colega con el que iba y el escapó. Dicen que iba medio cojo, así que lo habrían cogido fácilmente, pero les resultó menos agotador dispararle por la espalda mientras saltaba una valla en Burlata, Nafarroa. Unos veinte balazos se contaron en la zona. Hicieron hincapié los medios en destacar lo malote que era, justificando así que se le acribillase. Hubo paros y movilizaciones, reprimidas por los grises y los de verde como era menester.
El 13 de octubre, José Vicente Artigues Fornés de 25años, alicantino de Pedreguer, militante del PCE(r) y GRAPO, fue rematado en el suelo por un guarda jurado cuando ya estaba herido e indefenso, tras el asalto a un banco en Barcelona.
El 29 de octubre, en Madrid, la policía municipal se acercó a un coche estacionado para identificar a los cuatro jóvenes que en él se encontraban. Emprendieron la huida y según la versión oficial, arrojaron un objeto contra el vehículo policial, así que los de uniforme dispararon, matando a Francisco Javier Cano Gil, de 16 años, de un disparo en la cabeza. Los medios lo presentaron como delincuente habitual, sin tener un sólo antecedente.
El 28 de noviembre, se realizó una manifestación en Madrid por la ruptura definitiva y real con el franquismo y en favor de la abstención en el referéndum de la diseñada por Fraga “ley de la reforma política”. Los antidisturbios echaron botes de humo y dispararon pelotas de goma. A Ángel Almazán Luna, estudiante y administrativo de 18 años, lo detuvieron para apalearlo, darle culatazos de fusil en la cabeza, patadas…Tras cinco días en el hospital y con una versión oficial del todo inverosímil (es un poco raro golpearse con una farola en varios sitios diferentes del cuerpo), el día 20 de diciembre moría mientras Suarez y Martín Villa celebraban con champagne el” Si” del referéndum. El historial médico y el certificado de defunción desaparecieron y el juicio, celebrado en el juzgado de guardia de la propia Policía Armada, fue un esperpento, con un teniente haciendo de secretario y un sargento de juez.
Y el mismo día, en la discoteca «Bordatxo» de Doneztebe-Santesteban, Nafarroa, un guardia civil, de paisano y borracho, disparó a tres jóvenes tras una bronca nocturna entre chavales de la zona y mineros asturianos que trabajaban por allí. Santiago Navas Agirre, de 21 años, labrador de Gerendain-Ulzama que trató de poner paz, murió allí mismo de un tiro en el tórax, mientras José Javier Nuin Azkarate , de 18 años y vecino de Txulapain-Juslapeña, lo hizo en el hospital, dos semanas después. El guardia civil José Roca Díaz se llevó una paliza allí mismo, cuando consiguieron quitarle el arma. 
Los días siguientes hubo múltiples cargas policiales y heridos en las manifestaciones que se organizaron en toda la provincia, en la que se terminaba el año con 10 muertos a manos de uniformados y ultrafascistas. Dicen que en Navarra pasan cosas “raras” cuando hay uniformados por medio. De aquellos polvos estos lodos.
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El terrorismo auspiciado por el estado se iba perfeccionando en lo logístico y en la necesaria protección por parte de sus valedores, hasta el punto de darse, durante 1976, situaciones tan esperpénticas, por su descaro, como espeluznantes, al mostrar lo que era en realidad eso que nos presentaban como un camino de rosas hacia la democracia al que iban a bautizar como “transición”. A las numerosas víctimas de la violencia ejercida directamente por los distintos uniformes al servicio del estado español, habría que añadir las causadas por los diferentes grupúsculos que empezaban a operar con cada vez más fuerza, amparados por la necesaria impunidad de que disfrutaban.
En marzo, el grupúsculo BVE (Batallón Vasco Español) ametrallaba al militante de ETA Tomás Pérez Revilla, su compañera Feli y al hijo de ambos, en Donibane Lohitzune, Iparralde. Feli resultó herida de gravedad. Tomás, afortunado en esta ocasión, seria asesinado por el GAL en 1984. El neofascista italiano Calzona, implicado, manifestó que era el comisario Ramón Lillo quien mandaba en el grupo. También iba ser señalado por Concutelli, otro italiano muy activo en esos años. Éste señor, que al mismo tiempo era actor de tercera trabajando con nombre artístico, fue, años después, puesto al mando de la seguridad de la Audiencia Nacional, donde tras ser despedido por la fuga de Ruiz Mateos, rápidamente fue recolocado, por el GAL Rafael Vera, oficialmente secretario del Estado, en el gabinete antiterrorista dirigido por otro policía clave en la guerra sucia, Manuel Ballesteros. Y como actor queda, el tal Lillo, en el recuerdo de esa prensa especialista en blanquear a asesinos fascistas. Días después, el grupo ultra ATE, otra forma de autoreivindicación de los mismos, destrozaba mediante una bomba un chalet en construcción propiedad de un abertzale en Forua, Bizkaia. Tanto Txomin Iturbe Abasolo, dirigente de ETA, como su hermano fueron objetivo de atentados del mismo grupo durante ese mismo mes de marzo. En abril, tres bombas estallaron en Tolosa, en dos coches y una librería amenazada previamente en nombre de los Guerrilleros de Cristo Rey.
Fue la previa hasta llegar a la fecha en que empezaría a quedar clara la implicación gubernamental en las actividades terroristas de los grupos de ultraderecha que surgieron en los 70 y 80. Era 9 de mayo. Romería carlista de Montejurra (Nafarroa). Desde tres semanas antes, en las páginas de” El Alcázar” y “El Pensamiento Navarro” se hacían llamamientos a recuperar Montejurra “para el tradicionalismo y el verdadero carlismo” y alejarlo de la “profanación marxista y separatista”. La evolución de un importante sector del carlismo hacia el socialismo, incluso invitando a participar de la festividad a todos los grupos opositores al franquismo, sería motivo para que los seguidores de Sixto de Borbón, junto a mercenarios fascistas llegados de Italia, Argentina, Portugal y Francia, Guerrilleros de Cristo Rey, falangistas…cientos de ultraderechistas en total, armados, uniformados y pre-organizados días antes, acudiesen a esa llamada. Contaban con 20 habitaciones reservadas previamente para ellos por el Gobernador Civil de Navarra, José Ruiz de Gordoa, siendo capaces de subir una metralleta del ejército al monte donde se celebraba el acto, en las narices de la Benemérita que tomaba la zona días antes, de tal forma que los 300 guardias civiles y 3 autobuses de grises mostrarían una pasividad pasmosa en lo que estaba por venir. A todo esto, Fraga, perdido en Alemania cuando la masacre de Vitoria-Gasteiz de 2 meses antes, estaba en Venezuela esta vez. ¿El resultado? Numerosos heridos y 2 muertos, uno el joven de 19 años, de Estella-Lizarra, Ricardo García Pellejero, que fue ametrallado. 
El otro, el carlista santanderino de 40 años Aniano Jiménez Santos, 
que recibió un disparo mortal en el vientre, efectuado por el «hombre de la gabardina», el ultra onubense José Luis Marín García-Verde, ex oficial del ejército. Es evidente que no fue algo espontáneo, de hecho, los servicios secretos del estado ya lo tenían bautizado de antemano como «Operación reconquista«. Los asesinos y líderes del asunto, perfectamente identificados, contaban de antemano con la ya habitual impunidad, de tal forma que el de la gabardina y los otros dos procesados sólo estuvieron entre 5 y 7 meses en prisión. El repaso a los personajes que participaron en el asunto deja muy claro que esta operación no podía ser un encuentro casual, como no lo es el hecho de que el despacho del director de la Guardia Civil, Ángel Campano López, acompañado por su segundo Salvador Bujanda González, fuese el lugar donde se reunieron los ideólogos de la acción o que el propio presidente del Consejo de Estado, el ex ministro franquista Antonio María de Oriol y Urquijo, financiase el asunto, todo ello con el conocimiento del Ministro Fraga y el Presidente Arias Navarro. Hagamos un pequeño repaso de los allí presentes y que cada cual saque sus conclusiones;
El autor del disparo mortal contra Aniano Jiménez fue el onubense José Luis Marín García-Verde, “el hombre de la gabardina”, 
oficial jubilado del ejército, que se entregó días después. 7 meses en la cárcel y fue amnistiado. Junto a él fueron procesados, como supuestos dirigentes de la operación, José Arturo Márquez de Prado y Francisco Carreras García-Mauriño. 7 y 5 meses respectivamente, el tiempo que pasaron entre rejas. De poco sirvieron los recursos contra la decisión de dejar en libertad a los tres fascistas señalados.
Jean Pierre Cherid, francés de origen argelino que traicionó la tierra de sus padres como integrante de la OAS. Encarcelado en Francia por sus prácticas delictivas y condenado a 30 años, huyó a España, siendo nuevamente encarcelado. Pero fue puesto en libertad y reclutado poco antes de Montejurra, actuando tanto como BVE (desaparición de Pertur, atentados mortales contra Argala, Martín Eizagirre, Fernández Cario, Sagardia…) como con el GAL, muriendo al explotar el coche en el que llevaba lo necesario para un nuevo atentado contra refugiados vascos. Entre unas siglas y otras fue encarcelado por colocar sendas bombas en una empresa en la que había trabajado y en casa del gerente que le había despedido, pero también en esa ocasión salió rápido en libertad gracias a sus contactos. Tras su muerte, el GAL lo reconoció como uno de los suyos, HB volvió a señalar la evidente relación del Gobierno con dicho grupúsculo y el estado hizo la de esconder la cabeza y silbar. Pasaría de disimulos la mujer de Cherid, que además de manifestar sus sospechas de que se lo habían quitado de en medio, después pidió una pensión al gobierno por los servicios prestados por su marido, el “rey de las cloacas” del estado.
Stefano Delle Chiaie, neofascista italiano que vivió en España al menos entre 1970 y 1977, trabajando para los servicios secretos del estado y tratando además de reagrupar a toda la ultraderecha de Europa. Sería uno de los acusados del atentado de Bolonia en el que murieron 85 personas en 1980, fue absuelto, causando tal hecho gran indignación, por el atentado de Piazza Fontana, Milán, de 1969, que supuso otras 12 víctimas mortales y reconoció haber estado relacionado con el atentado mortal contra Argala. Protegido de Carrero Blanco, de Perón y de Pinochet, fue detenido en Venezuela en 1987 y entonces pisó cárcel, siendo pronto puesto en libertad, por los atentados de Italia antes mencionados y otro más en Bolonia, en 1974, en el que murieron 12 personas en un tren. Murió en 2019 sin pagar por las más de 100 víctimas mortales con que se le relaciona.
Augusto Cauchi, otro neofascista italiano que cuando estuvo en Montejurra ya era sospechoso de varios atentados en Italia. El estado español y su policía reclutando aquienes en Italia mataban policías. Curioso. Como el anterior, murió en 2019.
Giusseppe Calzona, en España desde 1973, cometió el atentado de marzo del 76 en Iparralde contra Pérez Revilla y su familia, saldado sin víctimas mortales. Implicó a los servicios secretos españoles en los mismos. Italia solicitó su extradición por asesinato en su país, pero España pasó del asunto.
Pier Luigi Concutelli, que declaró haber recibido la metralleta con la que acribilló de 30 balazos al juez Occorsio de manos de los servicios de información españoles, atentado cometido en su país natal poco después de Montejurra. Reconoció haber secuestrado a un militante de ETA en este mismo 1976, aunque para cuando un juez español le iba a tomar declaración al respecto, la demencia le había pasado factura y ya no recordabanada al respecto. El único caso posible, el del desaparecido Pertur. Condenado a perpetuidad en Italia, fue liberado en 2011.
Rodolfo Eduardo Almirón Sena, ex policía y jefe de la Triple A Argentina, grupo responsable de más de 800 muertes en su país. Colocado como guardaespaldas de Manuel Fraga Iribarne, elefante franquista creador de AP-PP, acabó sus días en el Mediterraneo, muriendo en 2009 como si de un jubilado más se tratase y sin pagar por ninguno de sus crímenes, a pesar de ser detenido tres años antes en Valencia. 
El 8 de julio se celebraban en Santurtzi dos acontecimientos; una manifestación por la amnistía y el día de la sardina. En la primera se infiltraron ultraderechistas vestidos de arrantzale, que con la complicidad de la policía y cuando la manifestación estaba terminando, dispararon en la zona de la celebración marinera, hiriendo a dos personas y matando de un tiro en la cabeza a María Norma «Normi» Mentxaka Gonzalo, de 44 años. Varios de los ultras eran conocidos de la villa, guerrilleros de Cristo Rey, entre ellos «el Txapel», a quien el hijo de Normi vio salir del despacho del Gobernador Civil cuando fue a hablar con él. Tras la autopsia, las autoridades enterraron a Normi sin avisar siquiera a su familia. En la concentración del día del funeral, los grises se entretuvieron golpeando al personal. El juzgado de instrucción número 5 de Bilbao abrió diligencias sobre el asesinato, pero el caso no tardó en ser sobreseído. 26 años después, se reconoció a Normi como víctima de las fuerzas de seguridad del estado y su familia fue indemnizada, pero nadie pagó jamás por el crimen.
Los ultras italianos presentes en Montejurra seguían haciendo su vida, Así, el 23 de julio desapareció, en Behobia, Eduardo Moreno Bergaretxe «Pertur», militante donostiarra de ETA de 25 años. Las discrepancias que mantenía con otros miembros de la organización sirvieron, a estado y medios de comunicación, para poder vender la tesis de un ajuste de cuentas interno. ETA lo negó, la Triple A y el Batallón Vasco Español reivindicaron su secuestro y asesinato, haciendo lo propio, meses después, el VI comando Adolf Hitler de Ordine Nuovo. El día de la desaparición de Pertur merodeaban por la zona tres policías, uno de los cuales, José María Escudero Tejada, era el madero para el que trabajaba Joaquín Gambín, el infiltrado condenado por el atentado de la sala Scala de Barcelona, en 1978. Al reabrirse el caso, décadas después, neofascistas italianos declararon en su país haber participado, en 1976, en el secuestro de un militante de ETA, habiéndolo dejado después en manos de grupos parapoliciales españoles, lo cual nos volvería a llevar a la AAA y el BVE para cerrar el círculo. Sus confesiones mostraron numerosas evidencias de la implicación de la Policía española en este y otros asuntos, a pesar de lo cual, el caso fue sobreseído, aunque siempre quedará la sombra de los italianos Concutelli, Cauchi o el francoargelino Cherid, todos ellos presentes en Montejurra, como sus ejecutores. Añadir que también Juan de Dios Rubio Gómez, ultra detenido en 1996 por su relación con el GAL, llegó a afirmar tener constancia de como el grupo parapolicial llegó a sepultar a un militante de ETA, “Pertur”, en Orereta-Renteria.
Las huelgas y manifestaciones del 27 de septiembre en recuerdo de los últimos fusilados del franquismo un año antes, se saldaron con dos asesinados a manos de grupos de ultraderecha; En Laudio, Araba, un par de noches antes, alguien dio una soberana paliza a Vicente Velasco Garrán, palentino de 39 años. Murió días después, el 9 de octubre. Según el ABC, habían sido los piquetes de la huelga los que le dieron los palos, algo imposible teniendo en cuenta que dicha huelga era el día 27 y la paliza se la llevó la madrugada del día 25 al 26. Por el pueblo se había visto a grupos de «incontrolados», reconocidos como guardias civiles, paseando aquella noche por la zona.
El otro caso fue en Madrid. Hay quien dice que Carlos González Martínez, estudiante de psicología y poeta de 21 años, ni siquiera estaba participando en los actos. El hecho es que, al doblar una esquina, se topó con un grupo de gente que huía de la policía, así que le tocó correr. Después se encontró con tres ultraderechistas. Cuatro casquillos, dos disparos a quemarropa al grito de » Viva Cristo Rey»…y murió la madrugada del día 28. A pesar de que varios testigos describieron detalladamente a los autores, nadie fue juzgado. 30 años después fue reconocido como víctima del terrorismo.
Así fue la transición hacia la transición.
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