Por Carmen López (@lacarmenlolo), responsable de Medios en Amnistía Internacional,
El 9 de mayo de 1993, Ruth Puertas tenía 19 años, no estaba casada y daba a luz a su primer hijo en una clínica de Bilbao. Todavía de resaca tras las Olimpiadas de Barcelona, España se presentaba al mundo como un país moderno. Sin embargo, en esos momentos, sobre ella cayeron décadas de ideología franquista sobre lo que se esperaba de las mujeres. Desde el final de la Guerra Civil se construyó un entramado ideológico, legal y científico que sirvió para limitar los derechos de las mujeres, privarlas de autonomía y capacidad de decisión, regular sus vidas, su maternidad, e incluso el porvenir de sus hijos e hijas. Algunas de estas leyes siguieron vigentes a finales de los 90. Un marco que pudo amparar el "robo de bebés" durante más de 50 años.
España, años 70. Varios recién nacidos en la maternidad de un hospital.© EFE
Mujer y solo madre
Terminada la guerra, el régimen franquista puso toda su maquinaria en marcha para reprimir, controlar y reeducar a la población de la nueva España. El nuevo gobierno obsesionado por el papel político de las mujeres durante la República y sus reivindicaciones feministas borró de un plumazo leyes como la ley del divorcio, el matrimonio civil o el reconocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos que permitieron a las mujeres durante la República avanzar en igualdad. Castigaron a las mujeres republicanas represaliadas. e intentaron reeducar al resto para conseguir madres sumisas, adiestradas y al servicio de la patria. A partir de ese momento su única misión sería ser madres. La Sección Femenina se convirtió en el brazo que controlaría y vigilaría a las mujeres para que no se salieran de la norma, y las enseñaría a ser buenas esposas y madres.
“La misión de la mujer en el mundo no es luchar por la vida, sino acunar la descendencia de quien tiene que luchar por ella"
Lo que mata es la ignorancia
Durante décadas, la ideología franquista responsabilizó a las madres de las muertes de sus hijos e hijas. Pero no a todas las madres. Estudios del Programa al Servicio de España y del Niño Español (1939-1963), con informes "científicos" de médicos, pediatras y psicólogos, intentó demostrar, entre otras cosas, cómo la mortalidad infantil es superior en familias sin recursos, en los hijos de madres solteras, en los hijos ilegítimos, en madres trabajadoras o por las características sanitarias de las viviendas. En este programa se utilizan criterios tan rigurosos como el número de moscas que hay en las casas (sin moscas, con pocas, con muchas) y su impacto en la mortalidad infantil. A principios de los 60, se puso en marcha un Plan de Construcción de Residencias Maternales que acabó con los partos en casa y la autonomía de la mujer. A partir de ese momento se hizo imprescindible la presencia del médico, que tomaba las decisiones por las madres. No les preguntaban, no les informaban de lo qué iban a hacer ni de qué estaba pasando.
“Les enseñaremos a las mujeres el cuidado de los hijos, porque no tiene perdón el que se mueran por ignorancia tantos niños que son siervos de dios y futuros soldados de España”
Una mujer sostiene una tira de papel durante una concentración contra las sustracciones ilegales de bebés, celebrada en Madrid el 9 de noviembre de 2011. Cientos de mujeres españolas han denunciado que sus bebés fueron robados al nacer y entregados en adopciones ilegales durante y después de la dictadura franquista y en la década de 1980. El papel dice: "SOS bebés robados". © REUTERS/Juan Medina
¿Sobre quién se produce el "robo de bebés"?
Tras la guerra, hubo una primera etapa de "desaparición legalizada" de menores por parte del Estado con pérdida de su identidad al separarlos de sus madres o familias represaliadas. Se aprobaron leyes que permitían separar a los bebés de sus madres encarceladas cuando estos cumplían los tres años. Era una forma más de castigo. Las mujeres eran conscientes de que les arrebataban a sus hijos e hijas.
Se reformó también el Código Civil de 1941 para "reintegrar física y espiritualmente a la patria" a los niños y niñas que regresaban a España tras la guerra, permitiendo la modificación de sus apellidos para terminar en familias de “comportamiento irreprochable”, según la ideología franquista. En la mayoría de los casos, estos niños y niñas pasaban a disposición de Juntas Provinciales de Protección. Más de 42.000 menores hijos de personas encarceladas o exiliadas hasta 1945, según datos oficiales de la época.
Tras esa etapa represiva, la mayoría de las sustracciones se producen en clínicas y maternidades. Las madres no eran conscientes de que las estaban separando de sus bebés. Les dicen que el bebé ha muerto, no lo pueden ver y no les dan opción a despedirse. Este modus operandi se produce también finalizado el franquismo hasta bien entrada la democracia. Se trata mayoritariamente de mujeres de sectores vulnerables: madres de familia numerosa, humildes o muy pobres, también de mujeres solteras, separadas y casi todas con importantes carencias culturales y educativas. Mujeres con pocas posibilidades de enfrentarse a la autoridad médica o religiosa que la atendiera en el parto.
La moralidad, una cosa de mujeres
En la ideología franquista, y a través de sus políticas, se legisla y se ponen en marcha instituciones para controlar la moralidad de las mujeres. En 1942, se crea el Patronato de Protección a la Mujer, que estuvo funcionando hasta 1984, y cuya función era encargarse de la “dignificación moral de la mujer". Por allí pasaron mujeres jóvenes, madres solteras, embarazadas por abusos en el ámbito familiar, pero también, en los últimos años del franquismo, mujeres a las que les gustaba ir a discotecas o tenían afinidades con partidos de izquierdas en la clandestinidad. Cientos de mujeres fueron recluidas en los centros pertenecientes al Patronato sin haber cometido ningún delito. En enero de 1977, solo la Junta Provincial de Madrid, tenía a su cargo a 424 mujeres. En ese mismo año, el total de mujeres encarceladas en España por haber cometido realmente delitos fue de 350.
Madres que no saben lo que quieren
En 1948, se aprueba la "ley de parto anónimo", vigente hasta 1999. Con ella se pretende facilitar a la madre soltera tapar su "deshonra", ocultando su identidad a la hora de registrar a un bebé que podría ser dado en adopción. Todavía en la década de los 80, las madres solteras se enfrentaban al rechazo social, y a la limitación de sus derechos y los de sus hijos e hijas al no contar, por ejemplo, con libro de familia.
La adopción estaba concebida como un negocio jurídico entre particulares, con apenas intervención de la administración. Los trámites quedaban en manos de hospitales, maternidades, centros de beneficencia gestionados mayoritariamente por organizaciones religiosas. Este sistema de adopción tan irregular estuvo vigente hasta que en 1987 se aprobó la Ley de Adopción, que en su exposición de motivos reconoce "la ausencia de control que permitía en ocasiones el odioso tráfico de niños".
El peso del pasado
Ruth Puertas llegaba a la clínica el 9 de mayo de 1993, iba con su pareja y su familia, estaba a punto de dar a luz. Les recibió una enfermera monja, que ante sus quejas de dolor, le espetó: "¿Te duele? Cuando lo hiciste, no te dolió tanto, ¿verdad?". Como la mayoría de las mujeres hasta esa época entró sola al paritorio, le ataron las piernas, le pusieron la epidural. Al salir la cabeza del bebé dijeron: "pero ¿que es esto?, ¡qué horror!" y lo terminaron tapando. Le aseguraron que tenía síndrome de Potter y que iba a morir. Ella pudo verlo, y recuerda un bebé normal. Le pusieron tranquilizantes, y mientras salía del quirófano, Ruth le oía llorar. A partir de ahí, un fundido en negro. Siguiendo un patrón que se repite en la mayoría de los casos, ni ella, ni su familia pudieron ver al bebé. Ruth no pudo salir del hospital hasta que se hubo producido el entierro. Y a su familia, le advirtieron que se podía romper por el dolor y perder la cabeza. Cuando Ruth decía que el bebé no estaba muerto, no la creían. Terminó callando.
Un duelo que no se cierra
Cuando Ruth oyó hablar de los "bebés robados" pensó "¿a cuánta gente le han hecho lo mismo que a mí?". La infantilización de la mujer, la limitación de sus derechos, el no tenerla en cuenta para tomar decisiones incluso durante el parto, tiene una continuidad en el momento que empieza la búsqueda. Cuando empiezan las denuncias, las mujeres que buscan a sus hijos e hijas e enfrentan a no ser creídas a que las consideren locas, se las vincula a una especie de "histeria colectiva", incluso se las acusa de haber dado los bebés en adopción y haberse arrepentido después. Mientras, después de décadas, siguen sin respuestas.
El impacto emocional y en su salud de estas violaciones de derechos humanos las acompañan hasta hoy. Ruth, desde entonces, necesita pastillas para poder dormir. Las preguntas que se hacen son muy parecidas: ¿dónde estará?, ¿cómo será?, ¿creerá que le abandoné?. Ruth, como muchas familias quiere saber qué pasó, que haya investigaciones exhaustivas, "yo quiero verdad, y que se sepa que no estamos locas". Es hora de que el Estado deje de dar la espalda a estas mujeres, reconozca el daño que les ha hecho, y tome medidas reales para encontrar respuestas y que el dolor pueda parar.
Amnistía Internacional acaba de presentar el informe: 'Tiempo de verdad y de justicia'. Vulneraciones de derechos humanos en los casos de"bebés robados"
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