Según datos oficiales, se estima que hay unas 100.000 personas desaparecidas; la ONU instó al país a eliminar obstáculos que impiden su búsqueda
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El cine de Pedro Almodóvar siempre tuvo un trasfondo social y político, pero nunca de manera tan explícita como en su nueva película, Madres paralelas. Su protagonista, Janis, interpretada por Penélope Cruz, es bisnieta de víctimas de la Guerra Civil y lucha por abrir las fosas y sacar de ellas a sus familiares.
A propósito de este estreno, nos acercamos con datos a la situación de las fosas comunes en España, que mereció ya llamadas de atención de organismos internacionales como el Comité sobre Desapariciones Forzosas de la ONU.
En España no hay un número oficial de personas desaparecidas debido a la falta de una investigación efectiva por parte del Estado sobre las graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura de Franco (1939-1975) y la Guerra Civil Española (1936-39).
La falta de un registro único y actualizado de fosas comunes y de víctimas dificulta la adopción de un plan estatal para la exhumación y recuperación de los restos de las personas desaparecidas. Mientras tanto, los familiares de las víctimas sufren una angustia constante, una especie de duelo “congelado” al no poder enterrar a sus seres queridos desaparecidos conforme a sus creencias.
Mas de 4000 fosas comunes y alrededor de 100.000 personas desaparecidas
Según datos extraídos del mapa de fosas creado por el Ministerio de Justicia en el 2011, actualmente dependiente del Ministerio de la Presidencia, están registradas 4265 fosas y se contabilizaron un total de 57.911 víctimas. Se estima que hay alrededor de 100.000 personas desaparecidas.
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Del total de fosas registradas, 326 fueron exhumadas totalmente, 899 no están intervenidas, 496 fueron trasladadas al Valle de los Caídos y de 2263 no se especifica su estado. Según estos datos, solamente el 8,4 % de las fosas registradas por el Estado fueron exhumadas totalmente. Del total de víctimas registradas por el Estado, destacan 12.988 en Aragón, 12.112 en la Comunidad de Madrid, 8012 en Cataluña, 6627 en Andalucía y 5430 en Asturias.
En Cataluña, entre 1999 y 2018, se hicieron 41 actuaciones en fosas comunes y se recuperaron los restos de 345 personas. El mapa autonómico catalán registra 525 fosas, de las cuales 251 están confirmadas y 274 son probables y tiene registradas 12.154 víctimas. Asimismo, en Cataluña, 66.643 víctimas de juicios sumarísimos fueron identificadas y reparadas gracias a la Ley 11/2017, de 4 de julio, de reparación jurídica de las víctimas del franquismo, que permite declarar nulos los consejos de guerra ocurridos entre 1938 y 1978, por considerarlos contrarios a la ley y vulnerar el derecho a un juicio justo.
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Una carrera de obstáculos continua para los familiares de las víctimas
La mayoría de las personas represaliadas en territorio republicano fueron localizadas, exhumadas, identificadas y enterradas en sus lugares de origen después de la Guerra Civil en virtud de disposiciones legales dictadas en 1939.
En los años de la transición democrática se llevaron acabo algunas exhumaciones sin rigor científico que se paralizaron con el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. El miedo de los familiares hizo que las víctimas de la represión franquista no empezaran a ser exhumadas hasta bien entrada la democracia, siendo el punto de inflexión la apertura de la fosa de Priaranza del Bierzo en el 2000. A raíz de esta actuación se creó la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que daría lugar al inicio de un proceso asociativo en torno a la Memoria.
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Desde entonces, la recuperación de los restos de las personas desaparecidas quedó principalmente en manos de los familiares de las víctimas, que tuvieron que recurrir a las subvenciones del Estado (suspendidas entre 2011 y 2021) para realizar los trabajos de exhumación contando con la participación voluntaria de antropólogos y expertos. Además, el impulso de las exhumaciones de las fosas comunes a nivel regional depende del partido político en el poder, creando desigualdades para las víctimas en función de la región.
Así, comunidades como Andalucía, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Euskadi, Illes Balears y Navarra promovieron políticas de memoria, mientras que otras, como Asturias, optaron por no abrir fosas, pero sí señalizar los lugares de memoria y la existencia fosas. En cambio, en Cantabria, Madrid y Murcia el número de exhumaciones es muy reducido por la falta políticas activas de memoria.
El derecho a conocer la suerte o paradero de las personas desaparecidas
El derecho a la verdad fue señalado por las Naciones Unidas como uno de los pilares de la lucha contra la impunidad, junto con el derecho a la justicia y el derecho a obtener reparación y las garantías de no repetición.
El derecho a saber la verdad se invoca generalmente en un contexto de violaciones graves de los derechos humanos y tiene una doble dimensión individual y colectiva. Las víctimas y sus familias tienen el derecho imprescriptible a conocer la verdad acerca de las circunstancias en que se cometieron las violaciones y, en caso de fallecimiento o desaparición, acerca de la suerte que corrió la víctima. Además, el derecho a la verdad es de carácter colectivo y, por tanto, la sociedad en su conjunto tiene derecho a conocer las atrocidades ocurridas en el pasado para prevenir y garantizar que no se van a repetir en el futuro.
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El fenómeno de la desaparición forzada, por su gravedad y su práctica generalizada en muchos países, fue calificado como crimen de lesa humanidad. El hecho de considerarse un crimen de lesa humanidad debe su importancia sobre todo a las consecuencias jurídicas que ello implica, como la imprescriptibilidad del delito y la inadmisión de leyes de amnistía.
En España, la Ley de Amnistía de 1977 impidió cualquier investigación sobre las graves violaciones de derechos humanos del pasado, incluso la apertura de fosas comunes. A este respecto, no se puede olvidar que el propio Tribunal Supremo de España, en relación con las desapariciones forzadas cometidas durante la Guerra Civil y el Franquismo, reconoció en la STS 101/2012, de 27 de febrero, que “los hechos (…) son de acuerdo con las normas actualmente vigentes, delitos contra la humanidad en la medida que las personas fallecidas y desaparecidas lo fueron como consecuencia de una acción sistemática dirigida a su eliminación como enemigo político”.
Exhumación de las fosas comunes: una forma de reparar y dignificar a las víctimas
Las exhumaciones, tanto de las personas desaparecidas como ejecutadas extrajudicialmente que se encuentran en fosas comunes, tienen por finalidad no solo aclarar la verdad de los hechos ocurridos, sino también restituir la dignidad de las víctimas y de sus familiares y promover el acceso a la justicia.
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Por un lado, las exhumaciones tienen una dimensión humanitaria que implica la identificación y restitución de los restos de las personas desaparecidas y ejecutadas a sus familiares para que puedan “cerrar” el duelo congelado y puedan ser enterradas conforme a sus creencias. Aparte de la dimensión humanitaria, las exhumaciones pueden ser relevantes también en el marco de un procedimiento judicial para que los restos exhumados puedan constituir una prueba y al mismo tiempo permitir establecer los hechos y circunstancias que dieron lugar a la desaparición forzada o ejecución extrajudicial.
En enero de 2016, a petición de la jueza argentina María Servini de Cubría y mediante un exhorto internacional, se abrió una fosa común en el cementerio de Guadalajara en donde estaban enterrados los restos de 22 fusilados entre noviembre de 1939 y febrero de 1940.
Ascensión Mendieta, de 90 años, buscaba los restos mortales de su padre Timoteo Mendieta, que fue secretario general del sindicato UGT de Sacedón en 1936 y fusilado en 1939 por sentencia de muerte de las autoridades franquistas. Ana Messutti, una de las abogadas que lleva la querella argentina que investiga los crímenes de la represión franquista, señala que lo importante del caso es que “Ascensión Mendieta no solo tendrá los restos sino una resolución judicial que le diga que su padre fue asesinado”.
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Más allá de una cuestión humanitaria, la exhumación de fosas es una cuestión de justicia
El derecho a la verdad perdura mientras no se esclarezca la suerte o paradero de la persona desaparecida y la falta de una investigación rápida y efectiva vulnera el derecho a la verdad y el acceso a la justicia. El derecho a la verdad también permite restablecer la dignidad de las víctimas y constituye una medida de reparación. Su denegación provoca sufrimiento y angustia a los familiares de las personas desaparecidas y constituye un trato inhumano según los tribunales internacionales de derechos humanos.
En España es imprescindible una política estatal de búsqueda de las personas desaparecidas, que no dependa de partidos políticos ni ideologías y que cumpla con la justa expectativa de los familiares de recuperar los restos de sus allegados y saber la verdad de lo que ocurrió. La exhumación de las fosas no solo es una cuestión humanitaria, sino que también es una cuestión de justicia, que debe hacerse de oficio, sin esperar a que las víctimas inicien las actuaciones.
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El pasado 27 de septiembre de 2021, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU volvió a insistir en la necesidad de que España remueva los obstáculos que impiden las investigaciones de casos de desapariciones forzadas y búsqueda de personas desaparecidas, como la Ley de Amnistía de 1977, además de la necesidad de acelerar la creación de un banco de ADN centralizado que permita la identificación de las víctimas.
Este texto se reproduce de The Conversation bajo licencia Creative Commons
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