A Antonio Narváez, como a muchas otras víctimas del franquismo, se le acabó el tiempo. Falleció hace casi un año de COVID, el pasado octubre, con 87 años y el deseo pendiente de encontrar a sus padres, ambos represaliados por el franquismo en Marchena (Sevilla). Llegó a declarar en la denominada Querella Argentina. A la única jueza del mundo que investiga los crímenes del franquismo le contó que tenía tres años cuando aquello ocurrió, que era de noche cuando sacaron a su madre de casa para fusilarla mientras su hermano y él dormían y que nunca más supieron de ella. A su padre le habían matado un mes antes. Ambos siguen desaparecidos.
Antonio ya no podrá verles salir de la fosa bajo tierra en la que están, un propósito al que dedicó toda su vida, y por eso son ahora sus hijas las que continúan la búsqueda: María Teresa, Eva María y María Concepción Narváez Valencia no pueden ocultar la pena cuando hablan de él. Hoy son su voz, sus declaraciones a los medios y un día serán, confían, las manos que acojan los restos de sus abuelos para enterrarlos como Antonio siempre soñó. Por eso el pasado jueves se dirigieron al Congreso de los Diputados con la foto de su padre en la mano como parte de las 327.000 firmas con las que Amnistía Internacional pide una Ley de Memoria Democrática más ambiciosa.
"Lo hemos hecho en su representación, es como si hubiera venido él con nosotras", señala por teléfono Conchi poco después de bajar del tren en el que han vuelto de Madrid a Sevilla, donde viven. La decisión de seguir con la pelea la tenían "en mente" desde hace tiempo porque "sabíamos que mi padre era mayor", pero "no te lo planteas hasta que no llega el momento". Cuando Amnistía Internacional llamó a casa de sus padres para invitar a Antonio al acto, su madre les contó a los investigadores que el 26 de octubre de 2020 había fallecido, así que las tres hermanas se ofrecieron a asistir.
María Teresa, Eva María y María Concepción quieren "llegar hasta el final", hasta dar con el paradero de sus abuelos y "darles un entierro digno, como el de cualquier otra persona", y que "se sepa la verdad" de lo que pasó, que era "el afán" de su padre. Enrique Narváez Borrego y Concepción Hernández García tenían 32 años cuando las tropas franquistas acabaron con su vida tras el golpe de Estado. A él lo mataron el 17 de julio de 1936 de un tiro por la espalda; a ella se la llevaron un mes después. De su padre le dijeron que había sido enterrado en una fosa común, pero de su madre nadie le dijo nada. Aquello marcó su vida: "Era muy pequeño, pero nunca olvidó esa escena, se le quedó clavada", recuerda Conchi.
Hablar ante la jueza, un día "inolvidable"
Tanto a él como a su hermano, que entonces tenía cinco años, les crió su abuela, que apenas sacaba el tema, recordaba Antonio en varias entrevistas en medios de comunicación que le hicieron en los últimos años. Vivió con la angustia de no saber qué había pasado con sus padres ni dónde estaban. Conchi explica que "se cree que están en Marchena": su abuelo "en la fosa común del cementerio" y su abuela "parece, por algunos indicios que también, aunque no está tan claro". Antonio dejó hecha una prueba de ADN para que en el caso de que se encuentren los restos, puedan ser cotejados.
"A ver si puedo juntarlos a los dos", anhelaba hablando con elDiario.es hace ya seis años. Estaba a punto de asistir a uno de los momentos más importantes de su vida, la declaración que hizo en el marco de la Querella Argentina ante la jueza argentina María Servini, instructora de la única causa en el mundo que investiga los crímenes del franquismo. Estaba, decía poco antes de entrar al Juzgado de Instrucción nº 8 del Prado de San Sebastián, en Sevilla, "nervioso" porque por primera vez su testimonio iba a ser escuchado: "No se puede hacer una idea del estado de nervios que tengo, pesa mucho afrontar estas cosas casi 80 años después", le decía al periodista.
Tiempo después, en un vídeo grabado por Amnistía Internacional, contó que había "sentido una emoción como hacía mucho. Porque parece que no, pero poder expresarme con libertad sobre lo que pasó en mi casa... Para mí fue un día inolvidable". En España, la puerta de la justicia está cerrada para las víctimas del franquismo. Eso a pesar de las reclamaciones que varios organismos internacionales; el último, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, le han hecho a España para que revise los obstáculos que lo impiden, entre ellos la Ley de Amnistía o la prescripción de los delitos.
Tanto Amnistía Internacional como las organizaciones memorialistas y los socios del Gobierno, incluido Unidas Podemos, piden que la Ley de Memoria Democrática, que ha iniciado su trámite en el Congreso, sea más ambiciosa en este sentido y se abra a revisar estas trabas. El PSOE, sin embargo, no parece dispuesto a ceder en este asunto y defiende que la norma se mueve en el marco "de la justicia restaurativa", garantiza el derecho a la investigación y al acceso a la verdad judicial de las víctimas, según explicaba esta misma semana el secretario de Estado de Memoria Democrática en esta entrevista.
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