Durante la Transición se promulgaron varias leyes para la devolución de inmuebles, pero los bienes muebles y las obras de arte quedaron en un limbo. La ministra Maroto ha hecho entrega oficial de los lienzos este viernes
FERNANDO DOMINGO-ALDAMA
Alguien fue a una exposición de la Colección Artística de Paradores, que se celebró en 2015 en la sede madrileña de la Fundación Mapfre, y vio un cuadro que le resultaba familiar: el Retrato de joven caballero, de Cornelis van der Voort. Y le resultaba familiar por una razón de peso: el cuadro había pertenecido, hace mucho tiempo, a su familia.
Ese alguien era un tataranieto del empresario vasco Ramón de la Sota y Llano, cuya colección de arte fue incautada en 1937, un año después de su muerte, como represalia política por el incipiente régimen franquista. La familia localizó otro cuadro propiedad del tatarabuelo, el Retrato de la Reina María Cristina, de Luis de la Cruz y Ríos, y comenzó a mover hilos en 2018 para recuperar lo que creía que era suyo por derecho. Este viernes los cuadros han sido devueltos en un acto celebrado en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, con la presencia de Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo. Serán cedidos a la pinacoteca bilbaína, con el que la familia tiene fuerte vinculación, por un tiempo de dos años. Una vinculación en la que el director de la institución, Miguel Zugaza, tiene la intención de profundizar e investigar. Es la primera restitución de este tipo que se produce en democracia y sienta un precedente jurídico.
“Reparamos una injusticia que ha durado 85 años y demostramos la prioridad del Gobierno por recuperar la memoria histórica”, dijo la ministra. La motivación de la familia, sin embargo, no tiene tanto que ver con la memoria histórica, sino con recuperar el patrimonio familiar, según aclara uno de sus tataranietos, Ramón de la Sota Chalbaud. “No es un tema político”, dice. Las dos obras, que estaban colgadas en un lugar destacado del Parador de Almagro, Ciudad Real, sin que se supiera de dónde habían salido, se encontraban en un estado de conservación “excelente”, según el museo, y solo han requerido tratamientos de puesta a punto. También han sido objeto de diversos estudios para determinar su autoría, pues anteriormente habían sido atribuidas a otros autores.
“El caso tiene mucha importancia”, señala el abogado Rafael Mateu de Ros, socio fundador de Ramón y Cajal Abogados, que se han ocupado del asunto, “durante la Transición se promulgaron varias leyes para la devolución de bienes inmuebles, como sedes de partidos y sindicatos que habían sido incautadas durante la guerra y el franquismo… pero no para los bienes muebles”. Sienta, por tanto, un precedente en el ordenamiento jurídico actual para nuevas reclamaciones. Para lograr la devolución hubo que llevar a cabo una investigación reconstruyendo la “cadena de legitimidad” para demostrar que, efectivamente, los cuadros pertenecían a la familia. En el libro Entre Hendaya y Gibraltar, de Ramón Serrano Suñer, cuñado de Franco y figura prominente del Régimen, se describe cómo el Ministerio de Industria del Gobierno franquista de Burgos estaba decorado con “muebles y cuadros magníficos de la familia De la Sota”. De Burgos las obras se trasladaron a Madrid, donde piezas como La Piedad, de Luis Morales, acabaron decorando otros despachos ministeriales.
La historia comienza en plena Guerra Civil, cuando la colección, como tantas otras, es incautada por el bando franquista, y sus piezas empiezan a diseminarse por la estructura capilar del Estado. El empresario De la Sota, que hizo fortuna en la minería, la exportación de hierro, la siderurgia y la naviera (fundó los Astilleros Euskalduna), sobre todo durante la I Guerra Mundial, había estado fuertemente implicado en el Partido Nacionalista Vasco, hasta llegar a ser diputado en 1918. La incautación de la colección es descrita por Arturo Colorado Castellary, autor de Arte, botín de guerra (Cátedra), como “un caso específico de la política franquista de revancha contra el enemigo”.
Por razones como ser nacionalista, haber enviado un telegrama de felicitación al presidente Wilson de Estados Unidos o haber pisoteado una bandera española en 1893 (hechos, según la familia, no del todo aclarados), el Tribunal de Responsabilidades Políticas le condenó, después de muerto, a una multa de cien millones de pesetas, la mayor impuesta por el Régimen, que la familia acabó de pagar en 1982 (faltaban 62 millones), en plena democracia. “Lo curioso del caso es que las actividades por las que se condenó a mi tatarabuelo tuvieron lugar en las primeras décadas del siglo, y esa ley se dedicaba a lo sucedido a partir de 1934″, señala De la Sota.
Con el paso de los años, antes de la muerte de Franco, la familia ya había ido reclamando sus bienes y consiguió recuperar unos cuantos antes de la llegada de la democracia. Algunas de las obras devueltas, de Goya, El Greco o Morales, fueron cedidas por Ramón de la Sota Aburto, hijo del empresario, a museos del País Vasco desde el exilio. En 1969, en cumplimiento del Decreto de Indulto de 1966, se ordena oficialmente la devolución de las obras incautadas, además del Palacio de Ibaigane, que se recupera solo tras el abono de la pertinaz multa a comienzos de los ochenta. El palacio, también propiedad de la familia, había sido residencia del empresario, hogar de la colección y, posteriormente, cuartel militar. Ahora es sede del Athletic Club de Bilbao. No todo se pudo recuperar, por estar un tercio del patrimonio en paradero desconocido, como estaban los cuadros devueltos esta semana a la familia. “Probablemente, algunas de las obras hayan acabado en manos privadas”, señala De la Sota.
Después de la reclamación de los abogados del despacho Ramón y Cajal a Turespaña, organismo que gestiona los Paradores, la Abogacía del Estado emitió un informe favorable, y el organismo estatal admitió la devolución. Los cuadros no estaban en propiedad, solo en depósito, y no era aplicable la usucapión, es decir, los cuadros no se habían convertido en propiedad del Estado por el mero hecho de haber estado en su posesión durante décadas. La firma del acta de devolución de las obras tuvo lugar el pasado 17 de junio en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Con el precedente sentado por este caso, según el abogado Rafael Mateu, podrían surgir nuevas reclamaciones. “Hay muchos cuadros que están en consulados, embajadas, tribunales, etc., que podrían provenir de una incautación ilícita durante la Guerra Civil”, asegura.
Está en el espíritu de estos tiempos que las obras expoliadas vuelvan a lo que algunos consideran su lugar (y otros no). El Gobierno polaco trata de recuperar dos piezas de Dirk Bouts incautadas por los nazis y que ahora se encuentran en el museo de Pontevedra. Un pisarro del Museo Thyssen es reclamado por la familia Cassirer. Y es común que museos de antiguas colonias reclamen la repatriación de piezas que fueron sustraídas de sus países en la época colonial.
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