Aún quedan por poner muchos nombres y apellidos a las más de 45.000 víctimas arrojadas en 708 fosas comunes en Andalucía, pero el acuerdo que sostiene al banco de ADN que desde hace cuatro años se encarga de las identificaciones de víctimas de la guerra civil y el franquismo, uno de los cuatro que existen en España, ahora mismo no le ampara convenio alguno. El acuerdo entre la Junta de Andalucía y la Universidad de Granada (UGR), suscrito en septiembre de 2018 con una financiación de algo más de un millón de euros, expiró hace más de tres meses.
En septiembre de 2021, cuando apenas quedaba un año para que caducara el convenio, la entonces consejera con competencias en la materia, Patricia del Pozo, dijo en declaraciones a elDiario.es Andalucía: “Mi principal preocupación ha sido sacar adelante las ayudas y volcarme con los colectivos en las exhumaciones y en las identificaciones genéticas para poder devolver los cuerpos a las familias”. El Gobierno de Moreno dejó acabar la pasada legislatura y ha dejado que aquel acuerdo expire definitivamente al inicio del prresente mandato, en el que el PP dispone de mayoría absoluta.
Las identificaciones se vienen haciendo en el Laboratorio de Identificación Genética de la Facultad de Medicina de la UGR, explica a este periódico José Antonio Lorente, uno de los directores del Centro Pfizer de Genómica e Investigación Oncológica (Genyo), lugar donde quedan en depósito para su cotejo y tratamiento científico los restos óseos humanos procedentes de exhumaciones y las muestras genéticas de los descendientes. Pese a la ausencia de convenio, Lorente indica que “en este momento estamos trabajando al 100% y no hay ningún problema ni en este momento ni previsto a corto plazo por la renovación del convenio, ya que tenemos financiación activa para estos trabajos por parte de la Junta”.
En los tres últimos años, el instituto viene trabajando intensamente, entre otras cosas porque actualmente están abiertas grandes fosas como la de Pico Reja en Sevilla, la mayor fosa común del exterminio franquista, y también en Granada, Huelva y Jaén, lo que hace que se hayan multiplicado las muestras y los procesos. Actualmente, se trabaja con muestras de 62 fosas, algunas de ellas de grandes dimensiones, con no menos de 1.500 muestras óseas entregadas del total de la comunidad autónoma (más de mil de Pico Reja), según fuentes de la Coordinadora Andaluza por la Memoria Histórica y Democrática.
Las mismas fuentes memorialistas indican que la actualización de la tecnología y los equipos humanos han permitido que el instituto pueda ser mucho más eficiente y culminar la identificación de una muestra en unos diez días, teniendo en cuenta que se pueden simultanear hasta 30 muestras al día. “Una optimización de los recursos de extracción de ADN y cotejo de muestras que hace que los tiempos de los procesos hayan mejorado ostensiblemente”, detallan. Para ello cuenta con “un equipo humano altamente capacitado para la enorme tarea que aún tienen por delante, que no es otra que resolver de manera definitiva las exhumaciones y las identificaciones de represaliados de la dictadura franquista”.
Financiación estatal
Desde la Coordinadora Andaluza por la Memoria Histórica y Democrática reclamaron tras su última reunión en Granada que la Junta renovara el convenio “cuanto antes” y “que actualice la inversión adecuándola a la realidad de las exhumaciones a día de hoy”, principalmente “teniendo en cuenta todas las exhumaciones que se están llevando a cabo gracias a la financiación estatal, algunas de ellas de fosas de grandes dimensiones”.
Las asociaciones memorialistas, que opinan que el instituto y sus profesionales “están preparados pero el proceso se puede ver ralentizado”, decían en todo caso que había tenido conocimiento de un compromiso verbal por parte de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de prorrogar un año el acuerdo. El departamento que dirige Arturo Bernal confirma ese extremo a elDiario.es Andalucía: “Se está trabajando en esa prórroga y esperamos resolverla lo antes posible”, dicen fuentes de la Consejería, que no ofrecen mayor detalle. Según los memorialistas, se está preparando la documentación, las adendas y demás para hacer efectiva esa posible prórroga, en la que también confía Lorente, quien asegura que su departamento tiene “contacto directo permanente con todas las asociaciones y familiares que lo solicitan, algunos de los cuáles nos han visitado”.
La coordinadora memorialista, pese a todo, lamenta que el Gobierno de la Junta “no es proactivo a la hora de facilitar las identificaciones de los familiares”. “Se dilatan los plazos, las asociaciones y los familiares se pierden al no existir interlocución, no saben dónde solicitarlo, cómo hacerlo, y todo esto con el tiempo jugando en nuestra contra. Si existe voluntad del ayuntamiento en sí o de diputaciones, se facilita la labor, pero todo lo que dependa de la Junta se paraliza, pero se debe articular un canal de interlocución directa con Genyo o con la Universidad de Granada para las identificaciones, o de alguna manera para que se agilice la toma de muestras”, dicen fuentes de la misma. Cabe recordar desde primeros de septiembre el Comisionado de la Concordia está sin persona al frente, aunque desde la Consejería auguran novedades “en breve”. “Estamos buscando el mejor perfil posible para que acelere el desarrollo de la ley”, apuntan las mismas fuentes.
La coordinadora exige a la Junta de Andalucía “que firme un nuevo convenio, que actualice la inversión a las necesidades reales de las intervenciones que se están llevando a cabo y las que vendrán, que lo hagan en tiempo y forma y que cumplan la ley”. La Junta, a través del citado comisionado, creado en 2020, ha “colaborado” para la exhumación de 607 víctimas o cuerpos. Según detallan las asociaciones memorialistas, a falta de un balance oficial por parte de la Consejería, la administración autonómica “se arroja como mérito propio los convenios con otras administraciones, la financiación de otras administraciones y las intervenciones anteriores ya aprobadas y comprometidas”. Según detallan, la “única aportación” para ejecutar convenios en la pasada legislatura fue la de los 265.000 euros, como ya informó este medio, correspondientes al primer pago del convenio firmado con Ayuntamiento de Sevilla, Diputación y Gobierno de España para exhumar los cuerpos enterrados en Pico Reja y que data de 2017, aún con el PSOE al frente de la Junta.
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