El PSOE vuelve a alinearse con las derechas y la ultraderecha para tumbar en el Senado una iniciativa legislativa que pretendía modificar el Código Penal para introducir el principio de legalidad. Para CeAQUA, Amnistía Internacional Iridia, se trata de "un paso más para bloquear la investigación y enjuiciamiento de los crímenes franquistas".
El pasado miércoles 10 de mayo, el pleno del Senado español rechazó, con el voto del PSOE, PP, Vox y Ciudadanos la consideración de una iniciativa legislativa que pretendía modificar el Código Penal para introducir el principio de legalidad desde una perspectiva del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
En una nota de prensa conjunta, CeAQUA (Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina), Amnistía Internacional y el Centro para la Defensa de los Derechos Humanos – Iridia señalan que esta iniciativa "pretendía remover uno de los obstáculos principales que invocan reiteradamente los juzgados y tribunales españoles" para investigar y enjuiciar los crímenes franquistas, "el principio de legalidad". Un principio recogido en diferentes tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por el Estado español, entre otros en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Para CeAQUA, Amnistía Internacional Iridia, se trata de "un paso más para bloquear la investigación y enjuiciamiento de los crímenes franquistas".
Además, critican que este rechazo a facilitar la investigación judicial en el Senado coincide con la notificación el 9 de mayo, de la inadmisión, y consecuentemente archivo, de la segunda querella presentada desde la entrada en vigor en octubre de 2022 de la nueva Ley de Memoria Democrática. La querella, fue presentada en los juzgados de Iruñea por las torturas que María Concepción Edo Gil recibió tras su detención en 1973 por repartir octavillas de un sindicato.
"La inadmisión de la querella de María Concepción Edo Gil resaltaba la importancia de la iniciativa legislativa llevada al Senado como una herramienta efectiva para luchar contra la impunidad de los crímenes del franquismo, aún vigente en el Estado español, garantizando la investigación de los hechos", señalan las tres organizaciones.
La toma en consideración fue rechazada como consecuencia del voto en contra del PSOE que, como en otras ocasiones en esta materia, se alineó con la posición mantenida por el Partido Popular, Vox y Ciudadanos, lo que impide que continúe su tramitación parlamentaria. Ya en el mes de marzo de 2022, esta iniciativa fue rechazada en el Congreso, también con el voto en contra del PSOE.
La iniciativa fue apoyada en el Senado por un amplio y diverso conjunto de fuerzas parlamentarias que votaron a favor: Esquerra Republicana de Catalunya, Euskal Herria Bildu, PNV, Junts per Catalunya, Más Madrid, Més per Mallorca, Compromís y la aragonesa Agrupación de Electores Teruel Existe. Esta misma iniciativa también fue apoyada en el Congreso en marzo de 2022, por fuerzas parlamentarias que actualmente no tienen representación en el Senado: la CUP, Unidas Podemos y Bloque Nacionalista Galego.
En su argumentación para alinearse con el voto de las derechas y la ultraderecha, desde el PSOE afirmaron que con la actual Ley de Memoria Democrática, los derechos de las víctimas que sufrieron graves violaciones de derechos humanos durante la dictadura franquista y la llamada Transición, y de sus familiares, "están reconocidos y materializados".
"El PSOE sigue manteniendo políticas de impunidad que dejan en el más absoluto desamparo y olvido a las víctimas de la dictadura"
Sin embargo, desde CeAQUA, Amnistía Internacional y el Centro para la Defensa de los Derechos Humanos – Iridia se valora que esto no es así. "El derecho a la justicia continúa siendo negado por los juzgados y tribunales del Estado español", alertan. Un aviso que ya hizo la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina antes de aprobarse la nueva Ley de Memoria. Entonces advirtieron que "sigue asentándose en los pilares del régimen de impunidad con los crímenes del franquismo". De hecho, en ciudades como Zaragoza, el Gobierno municipal del PP sigue burlándose de la Ley de Memoria con la "permisividad del PSOE aragonés de Javier Lambán".
Asimismo, estas organizaciones manifiestan que tras la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática "siguen existiendo los mismos obstáculos legislativos que demuestran la poca voluntad y compromiso político para asegurar y proteger el derecho a la verdad, justicia, la reparación y las garantías de no repetición en el Estado español".
"Prueba de ello son las dos últimas resoluciones de archivo dictadas por diferentes juzgados españoles en relación con la interposición de querellas criminales en las que se denunciaban crímenes franquistas constitutivos de crímenes contra la humanidad, querellas interpuestas una vez que entró en vigor la actual Ley de Memoria Democrática", añaden en el nota.
La primera de estas resoluciones llegaba en un auto del Juzgado de Instrucción número 1 de Ferrol, a cargo de la magistrada Ana González Lorenzo, Jueza Decana de dichos Juzgados, de fecha 3 de abril de 2023, en el que se acordó el sobreseimiento libre y archivo de las actuaciones por prescripción de los delitos objeto de denuncia por el asesinato en 1975 de Xose Ramón (Moncho) Reboiras, en un contexto de crímenes contra la humanidad. En el auto, después de citar diferentes resoluciones judiciales previamente dictadas por otros juzgados y tribunales españoles, la jueza considera que "los razonamientos contenidos en las mismas continúan siendo aplicables a día de hoy" y que "no se ven alterados por lo dispuesto en la Ley 20/2022 de Memoria Democrática".
La segunda resolución es la ya citada por CeAQUA, Amnistía Internacional e Iridia, el auto del Juzgado de Instrucción número 1 de Iruñea, a cargo de la magistrada María Teresa Reta Cárcamo, de fecha 27 de abril de 2023, en el que se acuerda el sobreseimiento provisional y archivo de la querella interpuesta por Concepción Edo Gil en la que denunciaba las torturas sufridas durante el franquismo igualmente en un contexto de crímenes contra la humanidad. "Un auto en el que, despreciando a la querellante y al resto de personas que sufrieron graves violaciones de derechos humanos durante el franquismo, así como a las disposiciones más básicas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, considera, en dos líneas de argumentación, que los hechos se encuentran prescritos", denuncian las tres organizaciones.
CeAQUA, Amnistía Internacional e Iridia ven con preocupación la postura del PSOE, que "con su voto en contra refuerza este tipo de resoluciones judiciales que tan severamente han sido censuradas desde el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, manteniendo y sosteniendo políticas de impunidad que dejan en el más absoluto desamparo y olvido, una vez más, a las víctimas de la dictadura franquista y la Transición". Además, lamentan otra "oportunidad perdida" para que "el PSOE conjuntamente con el resto de grupos parlamentarios, articulen una mayoría que, de una vez por todas, ponga fin al modelo de impunidad del Estado español".
A pesar del tiempo transcurrido desde que fueron cometidos estos crímenes, y de "ser conscientes de las dificultades que conlleva revertir esta política de impunidad y olvido mantenida por el Estado español en su conjunto", CeAQUA concluye afirmando que no dejará de "demandar y exigir el reconocimiento del derecho efectivo a la justicia de las víctimas de la dictadura y la Transición".
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