El pasado mes de octubre entró en vigor la Ley de Memoria Democrática, y una de las sus medidas más celebradas en los países receptores de la inmigración española de la Guerra Civil y posguerra fue la nueva triple puerta de acceso a la nacionalidad española que se abrió por un periodo de dos años, hasta octubre de 2024. Por un lado, para descendientes de exiliados hasta segundo grado, incluyendo a nietos, pero también para quienes hubieran salido de España por otros motivos (como puede ser la búsqueda de prosperidad económica), entre 1936 y 1955; en segundo lugar, para aquellas hijas e hijos nacidos fuera de España de madres que perdieron su nacionalidad española por haberse casado con un extranjero antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978; y, finalmente, para descendientes mayores de edad de quienes obtuvieron la nacionalidad de acuerdo a la norma anterior, la derogada Ley de Memoria Histórica en 2007.
Este triple acceso se frenaría en seco en el caso de que el Partido Popular ganase las próximas elecciones generales el 23 de julio, ya que la norma de octubre sería derogada por el nuevo gobierno, tal y como ha reiterado el candidato Alberto Núñez Feijóo esta misma semana en una entrevista en Onda Cero.
Las primeras estimaciones del Ministerio de la Presidencia, proponente de la Ley, cifraban en 350.000 las potenciales personas beneficiarias de estas medidas. Seis meses después, hasta el 31 de marzo de 2023, se habían aprobado en las oficinas consulares en total 26.477 solicitudes de adquisición de la nacionalidad española al amparo de la nueva Ley, mayoritariamente en Argentina, México y Cuba.
La respuesta de los diferentes consulados al momento de recibir peticiones de acuerdo a esta triple posibilidad no está siendo igual en todos los lugares. A la inicial esperanza de miles de descendientes de emigrantes, en algunos países se están dando casos de retraso en las tramitaciones, silencio administrativo o, incluso, denegaciones basadas en interpretaciones contrarias a la norma que comienzan a generar desconfianza y decepción en las familias.
elDiario.es ha podido hablar con varios solicitantes en distintos países. Remiten falta de recursos humanos, de organización y también de actitud contraria a la aplicación de la nueva normativa. Los nombres han sido cambiados o reducidos a iniciales a petición de las personas entrevistadas, siendo un pensamiento común el “miedo a que se retrase aún más mi petición de nacionalidad si se publica mi nombre”.
“A finales de mayo ya se habrán cumplido seis meses y no tengo información sobre mi trámite”, remite Antonio, hijo de un exiliado de la posguerra, desde México. Explica así la falta de respuesta desde la oficina consular de Monterrey a la solicitud que comenzó a cursar en noviembre, recién entrada en vigor la Ley. Fue de los primeros: “Me dijeron que posiblemente para marzo o abril estaría listo mi trámite por ser el más sencillo como hijo de español, no nieto, pero no me están respondiendo los mails”.
Opina que lejos de ser un tema de falta de personal, “acaba siendo un tema de pésima atención al ciudadano. Pareciera que te están haciendo un favor con algún trámite, cuando en realidad es un servicio al ciudadano”. Le angustia pensar que pasen los meses y se cumpla el plazo de dos años abierto por el Gobierno español para estas nacionalizaciones de hijos y nietos de emigrantes sin que consiga su pasaporte.
En Sao Paolo, Brasil, sí están respondiendo, escudándose eso sí, en la falta de personal. En una respuesta fechada hace escasos días, con firma del consulado general de esta ciudad, se confirma que desde el 13 de diciembre no se están adjudicando credenciales para las nuevas solicitudes de nacionalidad que llegan. “Mientras se mantenga la actual fuerza laboral de este consulado general, (la espera) superará varios meses y quizás años” se puede leer en el correo electrónico.
A continuación se transmite al ciudadano una queja que parece destinada a instancias superiores. “Mientras algunos consulados han obtenido autorización para contratar con carácter temporal varias decenas de trabajadores, este consulado ha debido hacer frente al incremento de trabajo con cuatro bajas en su plantilla” y se añade que “dentro de menos de un mes, una nueva baja voluntaria volverá a dejar al consulado en una situación crítica”.
Descendientes de emigrantes brasileños están localizando estos días a autoridades españolas del Ministerio de Exteriores en sus redes sociales, solicitando su amparo. P.B, bisnieto de gallegos y andaluces y que está intentando tramitar la nacionalidad de su padre, ha conseguido que le respondan desde Twitter y tras varios intentos ha recibido un escueto “estamos en ello. Gracias por tu mensaje”.
En Mendoza, en la región de Cuyo en Argentina, la oficina consular española solo da seis citas al día para rectificar errores. En los papeles de Sagrario, al apellido de su abuelo paterno español le sobraba una letra o en los documentos argentinos que hace que no coincidieran con los documentos españoles, y tuvo que hacer hace poco noche en la puerta junto con otras cincuenta personas, para ser una de las seis personas agraciadas y solucionarlo. A su madre de 82 años le faltan también papeles, pero no quiso llevársela esa noche. Pasó miedo, tuvieron que llamar en la madrugada a la policía, hacían guardias para no dormirse.
“Fue totalmente desmoralizante, pasar toda la noche, entregar los papeles, que vean que a la partida de nacimiento que había salido de España no le habían puesto la fecha. Volví a casa devastada, llorando del cansancio”, explica. Ha conseguido que vuelvan a enviar la partida directamente desde España al consulado y que no tenga que volver a pernoctar en la puerta. “Realmente esto te tira abajo. Pienso, ¿cuánta gente dejará así de insistir, de pedir por su derecho? Es una pena.”
El Ministerio de Hacienda autorizó a finales de abril la contratación de hasta 460 efectivos en consulados y embajadas españolas que responderán a las necesidades de refuerzo para gestionar esta derivada de la Ley de Memoria Democrática, así como la tramitación del voto exterior para las elecciones autonómicas y generales de este año 2023. De ellos, de momento se han incorporado 150 funcionarios y funcionarias en varias embajadas del continente americano, incluyendo Estados Unidos y Canadá.
Esta situación no se da de forma generalizada. “Se está actuando muy bien, por ejemplo, en Buenos Aires y Rosario en Argentina; Montevideo en Uruguay, en Caracas (Venezuela) y en La Habana (Cuba)” explica al teléfono Juan Manuel de Hoz desde el Centro de Descendientes Españoles Unidos, Ce.DEU, asociación que negoció activamente en la elaboración del texto final que amplía las posibilidades de nacionalización en la norma aprobada en noviembre, que se conoce en Latinoamérica como la Ley de Nietos. Han detectado errores en Santiago de Chile, Mendoza y Monterrey en México, Salvador de Bahía y Río de Janeiro en Brasil y, fuera de Latinoamérica, en Montreal (Canadá) y Amsterdam (Países Bajos).
Tres ministerios han sido consultados para recabar la valoración sobre qué puede estar pasando: Exteriores, Justicia y Presidencia, de donde cuelga la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Ninguno ha emitido ningún tipo de juicio sobre la situación. De Hoz, por su parte, lo atribuye a posible falta de conocimiento de parte del cuerpo funcionarial que ocupan puestos jerárquicos, falta de lectura de las instrucciones o incluso de coordinación interministerial entre Exteriores, de quien depende el personal diplomático, y Justicia, encargada de emitir la instrucción que explica los pasos a seguir en la tramitación de todos los supuestos. Caso aparte son las graves irregularidades de interpretación de la norma que han detectado en Montreal, en Canadá, y que atribuye a “una cuestión de índole ideológica contraria a la aplicación de la ley o instrucción”.
¿Español? El que nace en España
“Se entiende que tanto la Ley 20/2022 como la interpretación más acorde con la verdadera voluntad del legislador y del espíritu de la ley, es refundar los dos supuestos distintos de opción que se refieren en todo momento a situaciones de expatriación o de exilio, es decir, de personas originariamente españolas, entendiendo como tales las nacidas en España”. El párrafo anterior es un extracto de la resolución negativa de petición de nacionalidad española al amparo de la nueva ley firmada por el cónsul de Montreal Ernesto de Zulueta Habsburgo-Lorena el pasado 18 de mayo. En él, se reduce la condición de “personas originariamente españolas” a las nacidas en España, lo que contraviene directamente el artículo 17 del Código Civil, en el que se define claramente que españoles de origen son los nacidos de padre o madre española, sin necesidad de que el nacimiento sea en territorio nacional. De ser asumible la argumentación del diplomático, él mismo, nacido en Nueva York en 1961 no podría contar con pasaporte español, ni tampoco, por citar un ejemplo conocido, el rey emérito Juan Carlos, nacido en Roma en 1938.
Desde el Ministerio de Exteriores no han querido entrar a valorar este escrito, y se limitan a remitir al derecho de recurso ante el Ministerio de Justicia, responsable de la aplicación de la normativa del registro civil.
“La instrucción de Justicia sobre la aplicación de la Ley no obliga a que se haya nacido en España para ser víctima de expatriación”, explica Juan de la Hoz. “Simplemente ser hijo o nieto de alguien originariamente español”. Este texto ha motivado una carta de queja enviada desde la asociación Ce.DEU al ministro de exteriores José Manuel Albares. “No es posible consentir ni tolerar semejantes excesos que cruzan y vulneran la delgada línea de la legalidad por parte de un funcionario jerárquico del servicio exterior de España”, reza la carta. Han recibido respuestas informales del entorno del ministro y del partido socialista asegurando que “estaban en ello”.
No es el único caso del consulado de Montreal. Daniel acaba de recibir el mismo tipo de respuesta desde el consulado, reinterpretando los supuestos de la ley. “No quieren reconocer la nacionalidad española de mi abuela por haber nacido en Argelia, cuando sus dos padres eran españoles”, explica en conversación desde Canadá. Ha aportado el certificado de nacimiento español de sus bisabuelos siguiendo la normativa, pero no ha servido. “Entendemos que su abuela no nació en España, por lo que no respondería a los requisitos exigidos por la Ley de Memoria Democrática”, le contestaron en un email, añadiendo que, por tanto, “su abuela no habría perdido la nacionalidad española como consecuencia de haber padecido exilio”. De nuevo, ni la Ley ni su posterior instrucción de aplicación exigen primero, que los antepasados hayan nacido en España, sino que sean españoles, ni que hayan sufrido exilio o expatriación.
En el caso de Daniel, se da la circunstancia de que su hermana desde París y con la misma documentación sí ha conseguido tramitar su solicitud de nacionalidad, y que haya sido aceptada con los mismos papeles que a él en Montreal le han rechazado. Ambos ya cuentan con pasaporte europeo, ya que poseen la nacionalidad francesa por parte de madre, por lo que añade, “no es cuestión de que yo necesite nacionalidad española, pero tengo derecho de tenerla, es la historia de mi familia. Quiero mi derecho de ser español porque me siento así también”. Recuerda a su padre y abuelo que “no pudieron tener la nacionalidad nunca. Es un derecho, mi derecho”.
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