El Gobierno dará la batalla en la lucha contra la cruzada antimemoria de la derecha. Y no lo hará solo a nivel interno. Tras la derogación de la norma memorialista aragonesa y el registro de las denominadas leyes de concordia en Castilla y León y Comunitat Valenciana, el Ejecutivo se ha propuesto internacionalizar el conflicto y llevar los retrocesos acordados por PP y Vox hasta lo más alto. En Moncloa, en concreto, ponen la vista en el Parlamento Europeo, en el Consejo de Europa o en Naciones Unidas. Tres instancias que han mostrado su sensibilidad con las víctimas de los regímenes totalitarios –también las del franquismo– y han resaltado la importancia de una "memoria histórica" siempre despreciada por la derecha y ultraderecha.
El Consejo de Europa acogió, de hecho, la primera gran condena internacional del régimen franquista. Se produjo en la primavera de 2006, cuando ni siquiera se había presentado aún en nuestro país la Ley de Memoria del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. La resolución, aprobada por unanimidad en la Comisión Permanente de la Asamblea Parlamentaria del organismo, señalaba que la "violación de los derechos humanos" no es un asunto interno que afecte a un solo país": "La comunidad internacional está tan interesada en esta cuestión como los españoles mismos". Y destacaba que "la evaluación moral y la condena" de los crímenes cometidos juega un papel fundamental "en la educación de las jóvenes generaciones".
Ahora, casi dos décadas después, el Gobierno pretende llevar de nuevo la memoria al seno de este organismo internacional invocando, a raíz de la deriva ultra, la "posible violación de varias disposiciones" del Convenio de Derechos Humanos. La idea es promover "un debate urgente" en la Asamblea Parlamentaria sobre el desmontaje de la legislación memorialista autonómica, algo que también pretenden poner en conocimiento de la Secretaría General del Consejo de Europa y del Comisario de Derechos Humanos. Por otro lado, también tienen previsto solicitar la elaboración de un informe sobre "la situación de la memoria democrática en nuestro país" ante los movimientos de PP y Vox en aquellos territorios que están bajo su control.
No sería la primera vez que el Consejo de Europa se pronuncia sobre estas cuestiones. Ya lo hizo en 2016, con Mariano Rajoy al frente de un Gobierno que presumía de haber reducido a cero euros el presupuesto para políticas de memoria. Y el Estado español no salió bien parado. En su informe, el comisionado para los Derechos Humanos del organismo afeaba el "alcance limitado" y "aplicación deficiente" de la Ley de Memoria Histórica, lo poco que se había hecho en relación a la "investigación" y "castigo" de los criminales franquistas o el abandono institucional de las familias. "Los procesos de búsqueda, exhumación e identificación de las personas desaparecidas suelen dejarse en manos de las familias, que se enfrentan a varios obstáculos", resaltaba aquel documento.
Ya entonces el Consejo de Europa dejaba claro que la búsqueda de los desaparecidos debía ser "asumida como una prioridad" por aquellos Estados europeos afectados. "A medida que pasa el tiempo, miles de personas luchas por descubrir la verdad sobre la suerte y paradero de sus seres queridos; se encuentran atrapadas entre la esperanza y la desesperación", lanzaba el organismo internacional, al tiempo que negaba que pudiese haber "reconciliación" o "cohesión social" mientras no se "erradique" la "impunidad de las desapariciones forzadas". Una recuperación de las víctimas que el Gobierno volvió a tomarse en serio tras la salida de los conservadores de la Moncloa.
La Eurocámara y la "importancia" de una memoria "viva"
El Ejecutivo de coalición, además, pretende promover, a través del grupo socialdemócrata, iniciativas en el seno del Parlamento Europeo. Una institución que ya condenó en su día tanto el golpe de Estado de 1936 como la dictadura. Fue en julio de 2006, coincidiendo con el septuagésimo aniversario del inicio de la Guerra Civil. Se sumaron la mayoría de grupos políticos, que expresaron su rechazo al alzamiento de una parte del Ejército contra la república. No así el PPE, que evitó hacer alusión alguna al franquismo y convirtió su intervención en un homenaje a la Transición. Ni tampoco un diputado de la extrema derecha polaca, que hizo una defensa a ultranza del dictador: "Gracias a la Iglesia, al Ejército y a Franco, el ataque comunista contra la España católica se pudo evitar"
Desde entonces, la Eurocámara se ha pronunciado en más de una ocasión, aunque en términos generales, sobre las atrocidades cometidas por regímenes autoritarios. Lo hizo en 2009, a través de una resolución en la que se destacaba que no puede haber "reconciliación sin verdad y sin memoria" y se subrayaba la "importancia" de "mantener viva" la "memoria del pasado". O una década después, coincidiendo con el 80º aniversario del estallido de la Segunda Guerra Mundial. En esta última resolución se pedía una "cultura común de memoria histórica" que rechace tanto regímenes fascistas y estalinistas como otros totalitarios y autoritarios del pasado. El objetivo, fomentar, en particular entre los jóvenes, "la resiliencia ante las amenazas modernas que se ciernen sobre la democracia".
La ONU y los continuos varapalos en la etapa de Rajoy
Pero el contraataque del Ejecutivo frente a la cruzada del PP y Vox en los territorios que gobiernan no se quedará exclusivamente en el ámbito europeo. El Gobierno de coalición también tiene previsto recurrir a Naciones Unidas. En concreto, al Relator para la Verdad, Justicia y Reparación y al Relator de Ejecuciones Extrajudiciales. El objetivo, señalan fuentes gubernamentales, es que ambos "evalúen la conformidad" de los retrocesos iniciados por conservadores y extrema derecha "con las mejores prácticas internacionales" y los "compromisos internacionales" asumidos por España en materia de derechos humanos.
La ONU fue un quebradero de cabeza para el Ejecutivo durante la etapa de Mariano Rajoy. Tanto es así que llegó a sacar los colores al Estado español en repetidas ocasiones por el abandono institucional a las víctimas del franquismo. En 2014, tanto el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias como el entonces Relator para la Verdad, Justicia y Reparación, Pablo de Greiff, emitieron dos duros informes tras realizar una visita a nuestro país. En ellos, se destacaba la necesidad de actuar con "urgencia y celeridad" en la localización de los desaparecidos y se exigía una resignificación de monumentos, un "plan nacional de búsqueda" o un "mayor apoyo institucional y financiero".
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"Considerando la fortaleza de las instituciones y la ausencia de riesgos para la estabilidad, resulta especialmente sorprendente que no se haya hecho más en favor de los derechos de tantas víctimas", aseveraba De Greiff. Tres años después, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas volvió de nuevo a la carga con un nuevo documento en el que acusaba al Ejecutivo de Rajoy de hacer oídos sordos a sus demandas. "Hasta la fecha, los familiares están librados a su propia suerte", sostenía el órgano de Naciones Unidas, que criticaba que el Estado siguiese sin ser capaz de asumir un "rol de liderazgo" en la búsqueda y exhumación de los miles de compatriotas desaparecidos.
El argentino Fabián Salvioli sustituyó a De Greiff como relator. Y en 2020 lanzó un informe sobre los procesos de memorialización. En él no se menciona, en concreto, a España. Pero sí se recogen algunas reflexiones sobre la importancia de los mismos. "La memorialización contribuye al desarrollo de una cultura de democracia y respeto de los derechos humanos", señala en una de sus conclusiones. "El principio de no regresividad aplicado a los procesos de memoria constituye un límite a las tesis negacionistas o revisionistas que buscan negar el alcance de violaciones pasadas y del daño causado a las víctimas", apunta en otra.
Sobre esto último habló recientemente en una entrevista en elDiario.es cuando fue cuestionado, con las elecciones a la vuelta de la esquina, sobre la posibilidad de que la derecha hiciese retroceder al país en materia memorialista. "Sería penoso que se retrocediera en ese sentido y generaría nuevos espacios de responsabilidad internacional de España frente a la comunidad internacional", sostuvo.
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