Bajo el título de 'No hay concordia sin memoria. Declaración de historiadores de Castilla y León', más de un centenar de historiadores y profesores universitarios muestra su rechazo al proyecto de Ley de Concordia que el Gobierno de PP y Vox por considerar que “desvirtúa las políticas de memoria democrática actualmente vigentes y porque se basa en una visión mistificadora de la historia de España en el periodo de 1931 a 1978”.
El texto, dado a conocer a través del blog de historia 'Conversando sobre historia', está firmado por más de un centenar de historiadores, profesores universitarios y particulares que denuncian que este nuevo texto legal, que deroga el decreto de memoria histórica de 2018, se hace “sin justificar los motivos para ese cambio legal más allá de la apelación a una «concordia» que, como tal, no aparece ni en la Constitución ni en el Estatuto de Castilla y León”. El Gobierno de España ha anunciado una ofensiva legal para parar el retroceso en materia de memoria y llevará a la ONU y a la UE las normativas de PP y Vox en diferentes autonomías.
Los firmantes señalan que el texto que ahora se debatirá en las Cortes de Castilla y León y que no menciona la dictadura franquista, tiene “un claro propósito de frenar y dar marcha atrás en las políticas de memoria democrática que, con demasiada lentitud, se han ido abriendo paso en España y, más aún, en Castilla y León”. Recuerda que Castilla y León fue una de las últimas comunidades en legislar sobre la materia con el decreto y que solo en el periodo 2019-2022 la administración ha dado su apoyo a las familias y asociaciones para realizar exhumaciones.
“Como investigadores y estudiosos de la historia contemporánea de España, señalamos nuestras discrepancias con la citada proposición de ley, que apela a un supuesto «rigor histórico» y un «criterio científico» que, en nuestra opinión, brillan por su ausencia”, señalan. Y denuncian que tampoco han existido ni el rigor histórico ni el criterio científico en la reciente declaración de bien de interés cultural de la 'Pirámide de los italianos' de Burgos homenaje a las tropas fascistas italianas que lucharon en la Guerra Civil, “apelando a supuestos valores culturales y sin la más mínima contextualización histórica”.
Reconocen los firmantes que, como dice la proposición de ley, no existe un relato totalmente consensuado entre historiadores sobre la II República, pero señalan que Whay un amplio acuerdo en el ámbito académico al considerar que fue un régimen democrático con alternancia política, elecciones libres y amplio catálogo de libertades y derechos ciudadanos“, interrumpida a raíz del golpe de estado de 1936, ”que originó la Guerra civil, dio lugar a un baño de sangre y propició la implantación de una dictadura opresiva durante casi cuarenta años“. ”Así que integrar los años de la II República en el mismo periodo de la Guerra civil, la Dictadura franquista y la primera transición, sugiriendo una continuidad homogénea en cuanto a conflictos, persecuciones y violencias, resulta altamente distorsionador de la realidad histórica y supone casi tanto como equiparar democracia y dictadura“, denuncian.
Y rechazan idealizar la segunda experiencia republicana en España pero piden “asumir que, con todos sus defectos y errores, fue, como expresaba la ley que declaró el 2006 'año de la memoria histórica' en España, el antecedente más inmediato y la más importante experiencia democrática que podamos contemplar al mirar nuestro pasado”.
Los investigadores e historiadores señalan que en la actual Castilla y León se señalan un mínimo de 16.000 víctimas mortales, fundamentalmente en la represión franquista ya que la guerra tuvo una duración limitada en los territorios. Por ello denuncian que la obligación del texto de equiparar víctimas es una aberración, ya que “no podemos asumir que a día de hoy las instituciones democráticas españolas no otorguen una atención prioritaria a las víctimas del terror franquista y a sus familiares, puesto que durante décadas, incluso en democracia, fueron desatendidas y ni siquiera pudieron tener en muchos casos el duelo y las honras fúnebres debidas en una sociedad civilizada, mientras que las otras, los llamados «caídos por Dios y por España», recibieron ayudas y atención memorial de las instituciones desde el primer momento”.
Creen que la mezcla que hace el texto de víctimas desde 1931 a 1978, “haciendo incluso una innecesaria referencia a las víctimas del terrorismo posterior (innecesaria no porque no deban tener la misma consideración, sino porque ya gozan de ella desde hace años y existe legislación al respecto)”, supone “una muestra de olvido y desprecio intolerable”.
Finalmente consideran un retroceso notable que la nueva normativa que debe ser aprobada ponga en marcha una nueva comisión que excluye a las asociaciones de memoria, como hasta ahora, así como a la universidad, Cortes autonómicas y otros estamentos, por un organismo integrado exclusivamente por altos funcionarios de la Junta de Castilla y León y dos representantes de los municipios. Critican, asimismo, que la propuesta normativa excluya la divulgación de los nombres de las exhumaciones “lo que es tanto como impedir el conocimiento de los hechos históricos, el derecho a la verdad y la libertad de investigación”.
Los firmantes creen que “La concordia se ejerce más que se legisla sobre ella; de lo contrario resulta una expresión vacía de contenido que de una u otra forma conduce al olvido de las víctimas y de los orígenes de la Dictadura”, por lo que piden a PP y Vox que renuncien al proyecto de ley ya que “No tan difícil debería ser consensuar una memoria histórica entre cuantos compartimos los valores democráticos y de convivencia amparados por la Constitución”.
El texto ya firmado por más de un centenar de historiadores entre los que se encuentran Rosa López, decana de la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca, o el catedrático Joan Maria Thomàs de la Universitat Rovira i Virgili, se encuentra abierto a adhesiones a través de Conversación sobre la Historia.
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