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La ley de Memoria Histórica ampara a todas las personas que sufrieron violencia y represión durante la Guerra Civil y la dictura franquista, sin distinguir bandos, como se recoge en la exposición de motivos y en el articulado. Sin embargo, PP y Vox insisten en Extremadura en derogar esa ley de 2019 para crear una que preserve “la dignidad de todas las víctimas y sus familiares” porque para su gobierno “la reparación y la concordia no deben tener color político”.
La presidenta de la Junta, María Guardiola, ha respondido así al ser cuestionada por el sobre las críticas del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, a los gobiernos autonómicos de PP y Vox que quieren derogar las leyes de Memoria Histórica y al aviso de que el Gobierno acudirá al Tribunal Constitucional.
Los grupos políticos de la Asamblea de Extremadura también se han pronunciado con evidentes y previsibles diferencias. Mientras que PSOE y Unidas respaldan el planteamiento del Gobierno central, PP y Vox abogan por una ley de “concordia”.
El diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías, ha afirmado que es “vergonzoso” que la derecha española apuesta por una “ley de concordia” y no una ley de memoria histórica, especialmente en Extremadura donde “la represión” a trabajadores y jornaleros se extendió a muchos municipios.
Por ello, Macías ha aplaudido la decisión del Gobierno central de llevar al Tribunal Constitucional aquellas leyes autonómicas de memoria histórica que “contradigan” la ley orgánica estatal. “A pesar de que ha pasado mucho tiempo desde la dictadura y la llegada de la democracia, la derecha y la ultraderecha aún no han asumido que las familias tienen derecho a saber dónde están sus familiares fallecidos y poder enterrarlos con plena dignidad”, ha agregado.
Desde Vox, su diputado Juan José García ha defendido la necesidad de sustituir las “mal llamadas” leyes de memoria histórica por “leyes de concordia”, las cuales recogerán, según ha aseverado, la exhumación de “todas las víctimas”. En su opinión, el dinero empleado en “propaganda ideológica” debe destinarse a exhumar a todas las víctimas.
Para el PP, y en palabras de su diputada Isabel María García, el Ejecutivo extremeño mantendrá y cumplirá con la actual ley de memoria histórica de Extremadura hasta que “haya una nueva”. “Buscamos el respeto hacia todos los españoles y en igualdad de condiciones para todas las víctimas”, ha apuntado García, quien ha abogado por una norma de consenso “que no propicie bandos ni imponga una memoria parcial”.
Por su parte, el diputado del PSOE Juan Ramón Ferreira ha expresado su deseo de que los recursos al Tribunal Constitucional “lleguen a buen término”, pues “hablamos de defender la dignidad de las víctimas de la dictadura franquista”.
“Las familias tienen el derecho a recuperar los restos de sus familiares y cerra heridas”, ha añadido Ferreira, quien ha instado a “quienes quieren destruir las leyes autonómicas de memoria histórica a que esperen la decisión del Constitucional para evitar hacer el ridículo”.
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