El forense Francisco Etxeberria explica que la colaboración con las autonomías permitía atender más peticiones en menos tiempo. El experto de la ONU Pablo de Greiff lamenta el “empeño negacionista” de PP y Vox
El forense Francisco Etxeberria ha participado en la recuperación de restos de más de 500 fosas de la Guerra Civil por todo el territorio nacional. Por sus manos han pasado cientos de esqueletos sin nombre que gracias a su trabajo y el de su equipo, Aranzadi, pudieron ser entregados a sus familiares con una identidad y la causa de la desaparición, siempre la misma: “Muerte violenta de tipo homicida desde el punto de vista médico legal”. Hoy explica a EL PAÍS las posibles consecuencias de la ofensiva de los gobiernos autonómicos de PP y Vox contra las leyes de memoria. “Con voluntad política, en algo más de una legislatura, este problema podía haber quedado resuelto. Hay miles de fusilados aún en fosas y cunetas, pero no hay solicitudes sobre todos ellos y la apertura de algunas fosas ya no es técnicamente viable. Se había engrasado una maquinaria, una rutina de colaboración entre la Secretaría de Estado de Memoria, las comunidades autónomas y los ayuntamientos para atender las peticiones y recuperar los restos. Ahora todo se retrasa porque la ley estatal sigue vigente en todo el territorio, pero con el apoyo de las comunidades todo iba mucho más rápido. Si en una autonomía se suprime la comisión que examinaba los proyectos, todo se ralentiza”. Y el tiempo es clave. Los descendientes directos de los represaliados son ancianos. Muchos de ellos han muerto sin poder rescatar a sus padres de las cunetas.
Pablo de Greiff, ex relator especial de la ONU para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición y actual integrante de la comisión especial de Naciones Unidas para investigar crímenes y violaciones de derechos humanos en la guerra de Ucrania, recordaba en 2022, al aprobarse la ley de memoria democrática, que este tipo de legislación “no es un invento de España o de un partido político, sino un asunto de Estado que responde a obligaciones internacionales”. Preguntado este lunes por las iniciativas de PP y Vox afirma: “Es otro empeño negacionista que desconoce no solo las asimetrías en el comportamiento original, sino también las asimetrías en el reconocimiento y reparación de víctimas, como ya analicé en mi informe de 2014 [tras visitar España]. Lo que las leyes en proceso de derogación pretendían hacer era subsanar vacíos en el reconocimiento de las víctimas republicanas y de la dictadura. Las otras han sido ampliamente reconocidas a través de la Causa General y de múltiples iniciativas memoriales y simbólicas, por no hablar de programas pedagógicos sesgados. No entiendo qué concepto de ‘concordia’ puede descansar sobre la base de falsas simetrías y de la renuencia a dar reconocimiento a víctimas que todavía tienen reclamaciones legítimas”.
Antes de la aprobación, en 2007, de la primera ley de memoria estatal, cuando todo el peso de la búsqueda de desaparecidos del franquismo recaía sobre asociaciones de familiares de víctimas, como la ARMH, Etxeberria ―forense que ha participado en el análisis de los restos de Salvador Allende, Pablo Neruda, Miguel de Cervantes y Lasa y Zabala― abría las fosas de la guerra de manera altruista. Acudía con su equipo a los pueblos cada verano, como viajan los médicos sin fronteras o voluntarios de cualquier ONG a países en desarrollo: para ayudar. En ocasiones, recuerda, “coincidía en la fosa con alcaldes del PP que se presentaban allí porque conocían a las familias de las víctimas, porque habían ido a los mismos colegios, porque sabían de las dificultades que había tenido una viuda para sacar a sus hijos adelante”. Aprobada la ley de 2007, prosigue el forense, “empezó a haber más coordinación” y con la de 2022 se instauró definitivamente un sistema, como había reclamado Naciones Unidas en varias visitas a España, para que el Estado asumiera por completo la tarea de localización, exhumación e identificación de los que aún yacían en fosas y cunetas. Etxeberria explica que la mayoría de las solicitudes corresponden a víctimas del bando perdedor de la guerra, pero cuando ha habido alguna petición de descendientes del bando ganador, “la Secretaría de Estado de Memoria [con la que colabora] ha facilitado la financiación y los medios”.
En el acto de homenaje a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura del pasado octubre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entregó un diploma de reconocimiento a los familiares de un fotógrafo ejecutado por una checa y a los de un diputado de la coalición Frente Nacional que fue asesinado por milicianos en 1936 junto a su hijo. Y el propio Etxeberria ha participado en exhumaciones de víctimas a manos del bando republicano, como la de Camuñas (Toledo) en 2010, a petición del Arzobispado, que quería proponer a nueve sacerdotes asesinados como candidatos a la beatificación. Añade que durante el Gobierno popular de Mariano Rajoy, cuando no se derogó la ley de memoria, pero se dejó a 0 su financiación, “fueron precisamente algunas comunidades autónomas y ayuntamientos los que tiraron del carro. Ahora volvemos atrás. Es una involución sobre derechos adquiridos, naturalizados. Porque hay que recordar, como dice el filósofo [Manuel] Reyes Mate, que las víctimas tienen derechos, y eso quiere decir que el resto de la sociedad tenemos deberes con ellas, incluido el Gobierno de Aragón”.
Todo lo que se suprime en Aragón
De momento, la derogación de la ley de memoria de Aragón ya tiene consecuencias. Según el texto publicado en su boletín oficial el pasado 29 de febrero, ha sido suprimida en la región la Comisión Técnica de Memoria, así como el censo, el inventario de lugares y el centro de investigación de la Memoria. El texto anuncia, además, que “el departamento competente en materia de patrimonio cultural suprimirá los elementos de identificación, interpretación, señalización y difusión” previstos en la ley derogada y que se borrará el “portal institucional” del Gobierno autonómico sobre la materia. Uno de los aspectos más delicados afecta a la educación. Según el PP y Vox, los jóvenes están recibiendo en las escuelas una interpretación “sesgada” de la historia. Al derogar la ley de memoria aragonesa, se especifica que se cancelarán o sustituirán “las actuaciones en el ámbito educativo” previstas en la norma y referentes a “la historia de Aragón y la relevancia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la Constitución española”. El texto también elimina “las iniciativas de colaboración y cooperación administrativa” previstas en la ley, y, en cuanto a las subvenciones y ayudas ya concedidas, afirma, de forma críptica, que “quedarán sujetas a la justificación correspondiente conforme a lo establecido en las correspondientes convocatorias y bases reguladoras”.
El titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, llevará este martes al Consejo de Ministros el informe jurídico para combatir legalmente la ofensiva de PP y Vox contra las leyes de memoria, al considerar que “invade el derecho internacional y vulnera la defensa de los derechos humanos”. La ley que regula el Tribunal Constitucional establece, en su artículo 33, un mecanismo para resolver discrepancias entre Administraciones y evitar la interposición del recurso ante el tribunal de garantías. En cinco meses de legislatura, el Gobierno ha llegado a 28 pactos con las autonomías para evitar acudir al Constitucional. Sigue activado ese procedimiento de negociación con la Comunidad de Madrid por la modificación de dos leyes: la de Identidad y Expresión de Género y la de Protección Integral contra la LGTBifobia. Si el Ejecutivo central no llega a un acuerdo con el de Aragón sobre la derogación de la ley regional de memoria, presentará un recurso en el tribunal de garantías y procederá del mismo modo con las anunciadas leyes de concordia en la Comunidad Valencia y Castilla y León, en el caso en que se aprueben en los mismos términos en los que han sido presentadas en las Cortes autonómicas. Ambos textos se remontan al año 1931, lo que para el ministro de Política Territorial supone un intento de equiparar la Guerra Civil y la dictadura con el Gobierno legítimo republicano.
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