El Gobierno de Aragón ha aprobado un Plan de Concordia en el que no se menciona ni una vez el franquismo o la guerra civil. Hay alabanzas continuas a la Constitución del 78 y referencias reiteradas al terrorismo de ETA. De hecho, iguala lo sucedido antes y después de la Constitución.
Dos semanas después de que el Tribunal Constitucional suspendiera de manera cautelar la Ley de derogación de la Ley de memoria democrática de Aragón (tras el recurso del Gobierno de España), el Consejo de Gobierno de Aragón ha aprobado su Plan para la Preservación de la Concordia.
Se trata de un documento de 26 páginas, con continuas referencias a la Constitución española de 1978, y sin ninguna mención al franquismo o a la guerra civil. Sí las hay, y en repetidas ocasiones, a la banda terrorista ETA.
De hecho, en la propia introducción ya se señala “la especial necesidad de proteger la dignidad de quienes han sido víctimas de violencia causada por quienes no respetaron las libertades que la actual Constitución española encarna, siendo el terrorismo una lacra que los españoles hemos sufrido con suma crudeza y que exige el reconocimiento y la reparación de las víctimas”.
Más adelante, en el apartado de ‘Antecedentes’, reitera: “Durante el periodo constitucional, determinados grupos terroristas han tratado de quebrar los principios democráticos y los valores que consagra la Constitución española. Grupos terroristas como ETA han sembrado el dolor y la muerte a lo largo de nuestra historia democrática, y Aragón también ha pagado un alto tributo en vidas”.
Críticas a las leyes de memoria histórica
En la ley derogatoria aragonesa no se hace mención alguna al franquismo ni al carácter dictatorial del mismo. Por ello, el informe elaborado por tres relatores independientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) apuntó que dicha norma “no hace referencia a las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen franquista (1939-1975), sino que se refiere a las ‘atrocidades cometidas por un bando durante la guerra civil’. Pero sí menciona la violencia política ejercida durante la llamada Segunda República que le antecedió”.
En este Plan de Concordia de Aragón no aparecen por ningún lado los términos ‘franquismo’, ‘dictadura’, ‘guerra civil’ o ‘Segunda República’.
Lo que sí hay es una crítica directa a las leyes de memoria democrática. En concreto, señalan que “sobre la base de la recuperación de la dignidad de las víctimas, la necesidad de recordar los eventos del pasado y la protección del derecho a conocer la verdad, en los últimos años se han promulgado diversas normas en el ámbito nacional y autonómico. Estas normas, sin embargo, han tratado de fijar una concreta interpretación subjetiva de la historia que impone por la fuerza de la ley la memoria de los españoles”.
Y añade el ejecutivo de PP y Vox en el texto: “Preservar un espacio de concordia a partir del recuerdo del pasado y del conocimiento histórico más riguroso posible es el modo más firme de alimentar nuestra democracia de los principios éticos y morales que la fortalecerán frente a los discursos de la exclusión y la intolerancia, de asegurar en definitiva nuestro futuro de convivencia y paz”.
Actos previos o posteriores a 1978
El Plan, además, iguala lo sucedido antes y después de la Constitución. Tras referirse a la “cultura de la paz, de la tolerancia, del respeto y del civismo democrático”, indica que “el recuerdo de los eventos del pasado contrarios a este espíritu, previos o posteriores a 1978, ha de servir con la exclusiva finalidad de ensalzar la implantación en España de una democracia plena y de consenso con la Constitución española”.
Sigue por el mismo camino en el listado final de objetivos, donde se marcan el propósito de “reconocer la dignidad de aquellos quienes fueron víctimas de violencia por motivos ideológicos, ya sea por actos de los propios poderes del Estado, por grupos o colectivos terroristas o antidemocráticos, o por personas particulares motivadas por ideologías contrarias a los valores democráticos”.
Exhumaciones
En la Ley de derogación de la Ley de memoria democrática de Aragón se establecía la supresión del Censo de memoria democrática de Aragón, las Rutas de memoria democrática, el Inventario de lugares y rutas democráticas y el Centro de Investigación de la memoria democrática de Aragón. Además de los elementos de identificación, interpretación, señalización y difusión previstos en la citada Ley; el Registro de entidades de memoria democrática de Aragón, y el portal web institucional del Gobierno de Aragón sobre memoria democrática.
También estatuía la Ley que las subvenciones y ayudas económicas quedarían “sujetas a la justificación correspondiente conforme a lo establecido en las correspondientes convocatorias y bases reguladoras”.
Esto también llamó la atención de los relatores independientes de la ONU y despertó la preocupación entre las organizaciones memorialistas, que veían un efecto directo en su trabajo de localización y exhumación de fosas comunes.
A este respecto, entre los objetivos del Plan de Concordia recién aprobado, se apunta a “facilitar el acceso a los restos de las personas, a la información y a la documentación relacionada con actos violentos por motivos ideológicos, por parte de quien acredite legitimación”.
«Negacionismo de los crímenes franquistas y revisionismo de la historia»
La Plataforma de Acción por la Memoria de Aragón (PAMA), que agrupa a 19 asociaciones memorialistas, ha asegurado que el Plan «se apoya en el rencor de la ultraderecha hacia quienes defendieron un régimen democrático de derechos y libertades, en el negacionismo de los crímenes cometidos por la dictadura franquista y en el revisionismo de la historia que oculta lo sucedido en este país en el siglo pasado».
Es evidente, agregan, “que el Plan presentado, con la permisividad y beneplácito del PP, sigue las directrices que marca la ultraderecha de Vox”.
Desde PAMA rechazan “la poca seriedad demostrada, la ausencia de rigor histórico y la insensibilidad manifiesta expresada hacia las víctimas del franquismo y los crímenes cometidos a lo largo de los 40 años de dictadura”.
En la Plataforma inciden en que “no se cita ni una sola vez a las víctimas del franquismo y sí habla, hasta en 10 ocasiones, de las víctimas del terrorismo. Es evidentemente sesgado y busca el olvido y silencio de las miles y miles de víctimas asesinadas por una dictadura genocida de la que tampoco se habla”.
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