Benito Portela señala en La Ventana de Galicia que desde 1975 el Estado asumió parte de los costes del inmueble, y que esos gastos deben tenerse en cuenta a la hora de fijar una indemnización para la familia Franco
Santiago de Compostela
El alcalde de Sada valora como “una victoria de la ciudadanía” la decisión del Tribunal Supremo que vuelve a ratificar la titularidad pública del Pazo de Meirás, un pronunciamiento que, según el regidor, confirma por tercera vez en sede judicial que el inmueble “nunca debió dejar de ser patrimonio público”.
En una entrevista en La Ventana de Galicia, Portela recuerda que ya en 2018 el consistorio votó en contra del dictamen emitido por el Parlamento de Galicia al considerar que la familia Franco “no podía ser poseedora de buena fe”, pues —argumenta— era conocedora de la existencia de “escrituras simuladas” de 1941 que aparentaban una compraventa nunca producida. “Eran conocedores y partícipes de las irregularidades, por lo que la buena fe no se podía aplicar”, sostiene.
Tras la sentencia, uno de los puntos en discusión es el relativo a la posible indemnización a la familia Franco por los gastos de conservación del inmueble durante las décadas de ocupación. El alcalde sostiene que, de producirse una liquidación posesoria, esta debe basarse en un “cómputo riguroso” de las cuentas, recordando que en los juicios quedó probado que el Estado asumió parte de los costes de mantenimiento incluso en 1975: “Había guardias civiles destinados a la seguridad del Pazo, pagados con fondos públicos, protegiendo una propiedad privada de uso exclusivo de la familia”, recuerdan fuentes municipales, que consideran que este hecho debe ser tenido en cuenta en la evaluación económica final.
De cara al futuro, el alcalde de Sada defiende que el Pazo de Meirás debe ser transferido a la Xunta de Galicia, pero mediante una cesión condicionada a los usos de memoria democrática y a la recuperación de la figura literaria de Emilia Pardo Bazán. “La finalidad debe ser que el Pazo sea del pueblo gallego y que se utilice para dignificar la memoria”, señalan. La administración municipal reivindica también su papel histórico en la lucha por la recuperación del Pazo y considera “de justicia” mantener un protagonismo en la gestión o programación de actividades relacionadas con la memoria democrática. “Nuestra participación fue siempre muy activa y así seguirá siendo. Es nuestro deber: honrar la memoria de las víctimas del franquismo”, indican. Para el Ayuntamiento, la sentencia marca el camino para que Meirás se convierta en un espacio de referencia en el estudio y la difusión de la memoria histórica. “Debe recordarse a Pardo Bazán, pero también el hecho de que fue sede oficial de la Jefatura del Estado durante la dictadura franquista. Tiene un profundo significado histórico y debe ser un ejemplo de recuperación democrática”, concluyen.
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