dilluns, 2 d’abril del 2018

Fundación Francisco Franco: el lobby que ensalza al dictador y utiliza la justicia contra la memoria histórica

https://www.eldiario.es/sociedad/Fundacion-Franco-memoria-historica-franquismo_0_754874749.html

La Fundación Francisco Franco existe para glorificar la "grandeza" de un dictador. Es el lobby que aviva la 'memoria histórica' del franquismo. Un anacronismo que sería ilegal en otros países pero que en España perdura y logra resultados: desde paralizar el cambio de nombres de calles en Madrid a gestionar patrimonio expoliado por el militar rebelde.
El caso de la  Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) es el más paradigmático de un  listado de fundaciones de esencia fascista y sus acciones están encaminadas a perpetuar el rastro de un golpista y de un régimen levantado sobre miles de fosas comunes. Su presencia dista de ser simbólica y se ha convertido en un grupo de presión con impacto visible capaz de cobrar subvenciones públicas, pedir dinero,  vender lotería, animar al incumplimiento de la ley de Memoria Histórica o de defender un topónimo para el golpista Juan Yagüe, conocido como 'el carnicero de Badajoz'. 

Las calles franquistas de Madrid

"Intentan reescribir la historia y conseguir por la vía de la justicia lo que no pudieron por la vía democrática en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid", aseguraba la presidenta del Comisionado de la Memoria Histórica, Francisca Sauquillo, en declaraciones a eldiario.es. Acababa de declarar como testigo en un juzgado por la demanda de la Fundación Franco contra la retirada de  52 calles con reminiscencias franquistas en la capital del país.
Tras una fase de estudio, la lista definitiva quedó calificada como "exaltación" del golpe de Estado, la guerra civil, la represión o la dictadura. Pero Sauquillo y otros miembros de la comisión como el escritor Andrés Trapiello y el historiador Octavio Ruiz Manjón han estado obligados a dar explicaciones ante el juez de lo Contencioso-Administrativo número 23 de Madrid.
Manuela Carmena y Paca Sauquillo, en la presentación de los integrantes del Comisionado de Memoria Histórica de Madrid. / EFE
Manuela Carmena y Paca Sauquillo, en la presentación de los integrantes del Comisionado de Memoria Histórica de Madrid. | EFE
De momento, el efecto está ahí, con el  retoque al callejero madrileño paralizado y la fundación celebrando "una nueva derrota del Ayuntamiento de Carmena" y pidiendo dinero para afrontar los 60.000 euros que el juez le exigió para ejecutar la suspensión temporal del acuerdo plenario. "Es  incomprensibleque el nombre de Franco siga paralizando la aplicación de una ley aprobada en un parlamento democrático", denunciaba el Ayuntamiento.
Quizás que exista una Fundación Franco que denuncia el cambio de nombre a calles franquistas ya es sintomático. En todo caso, la presencia en los juzgados de la Fundación Franco no ha quedado sólo en Madrid. La justicia permitió a un pueblo de Soria, San Leonardo, conservar el apellido Yagüe en homenaje al militar golpista conocido como 'el carnicero de Badajoz' por las matanzas de Extremadura.
La Fundación Franco –junto al Ayuntamiento local y la Fundación Yagüe– participó en el proceso judicial para defender el topónimo. Y ganó. El juez no vio "ofensa o agravio" en el nombre del pueblo. La  asociación memorialista 'Recuerdo y Dignidad' tomó el fallo como "una humillación para las víctimas del franquismo". Años antes, llegó a  defender a la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, por mantener simbología fascista en la ciudad.

La 'memoria histórica' del franquismo

"Franco no fusilaba gente",  dice en televisión un portavoz de la sociedad franquista. Porque el golpe de Estado fue una forma de "rebelarse contra esa tiranía [la República] que se iba a imponer". Y "Franco era la antítesis de Hitler", defiende la fundación en un comunicado.
La apología del golpismo, de la guerra civil y de la represión franquista está en el ADN de la Fundación Franco. No hay otra forma de "glorificar" al dictador español y su  sombra genocida y corrupta. El único camino de la FNFF es intentar perpetuar la 'memoria histórica' de Franco, el relato épico –o cuanto menos equidistante– de la  conspiración armada de las oligarquías contra el Gobierno republicano español.
Y para continuar con el discurso usa un completo repertorio. Como  celebrar el final de la guerra de España con un lapidario "En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo… Nosotros no olvidamos". O  vitorear el 18 de juliocomo "el día del coraje, la fe, el valor y la intrepidez". Incluso en la 'TDT party'.
Más allá, la Fundación Franco es capaz de montar banquetes en homenaje al dictador y de publicar una  recopilación de las misas dedicadas al general golpista. O de defender al  exministro franquista José Utrera Molina y el  'Cara al sol'entonado por falangistas a la salida de su funeral. También de  vender lotería acabada en 36 y 39 (fechas de inicio y final de la guerra civil) para recaudar fondos.
Jaime Alonso, entrevistado en La Sexta
Jaime Alonso, portavoz de la FNFF, entrevistado en La Sexta.
Como decía un portavoz de la fundación, Franco "ha contraído tantos méritos... que lo que deberíamos es homenajearle todos los días del año". Podrían, sin temor a multas o sanciones: en España la apología del franquismo no es delito. Un detalle que precisa una reforma del código penal a la que  el PP se opuso en el Congreso.

Anima a incumplir la ley

Tan segura debe estar la Fundación Franco de la impunidad reinante que  ofrece asesoramiento legal a alcaldes que decidan incumplir la ley de Memoria Histórica. El  Congreso pidió al Gobierno que investigara a la sociedad privada en una iniciativa de En Marea que contó con el voto en contra del PP y la abstención de Ciudadanos porque el partido de Albert Rivera no apreció ningún ilícito penal en la carta enviada a los regidores.
Tampoco han hecho mella las diversas  iniciativas parlamentarias que han solicitado su ilegalización. Siquiera la  denuncia ante la Comisión Europea por "apología del genocidio". Ni las  218.000 firmas presentadas por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH): "no podemos tolerar que en un país democrático como España haya fundaciones que homenajean a quienes pisotearon los derechos humanos".
Contra viento y marea y contra el paso del tiempo, la FNFF sigue funcionando sin problemas. Y esto le da, por ejemplo, posibilidad de  gestionar parte del patrimonio expoliado por Franco. Es el caso del Pazo de Meirás, la  punta de iceberg de la fortuna usurpada por el 'holding empresarial de El Pardo'. Más allá de las  vías para sacar a la fundación de lugar, o de reclamar la devolución ante la ONU, son capaces de anunciar que usarán el Pazo para  elogiar la "grandeza" del golpista o cancelar las visitas.
La Fundación Nacional Francisco Franco tiene además en su poder documentos secretos, pese a ser un organismo privado. El insólito caso ha sido reconocido por el Gobierno de España, que solicitó fueran retirados de consulta pública. La FNFF tiene un listado en su web con todos sus archivos –unos 30.000– disponibles en su sede. La ARMH presentó una  demanda ante la Fiscalía con el objetivo de determinar si pertenecían al Estado.

Comparación con Alemania

'La cuenta de Twitter de la Fundación Franco: bloqueada en Alemania, visible en España'. El  titular da cuenta del desfase entre ambos países. La cuenta del ente franquista es inaccesible desde tierras germanas porque las compañías tecnológicas se pueden enfrentar a multas de hasta 50 millones de euros por no eliminar contenido o bloquear cuentas que entren dentro de la categoría de discurso del odio.
Memoria- El Gobierno reconoce que la Fundación Franco tiene en su archivo documentos secretos y pide que no se muestren
Cuenta en redes sociales de la FNFF.
En España, la FNFF acumula unos 20.000 seguidores en las dos principales redes sociales. Sin embargo, no es ilegal en una de las naciones con  más desaparecidos forzados del mundo. Miles de ejecutados por el franquismo arrojados a fosas comunes, cunetas... o enterrados de forma anónima en el Valle de los Caídos, el mausoleo en el que Franco reposa como si fuera un faraón por orden del "rey emérito", según endosa la propia fundación.
Un antiguo ayudante del rey Juan Carlos  es el nuevo presidente de la Fundación Nacional Francisco Franco. La polémica elección tiene nombre: el general de división Juan Chicharro Ortega (en la reserva desde 2010) y un arranque de mandato controvertido al referirse en un comunicado al dictador como un hombre "atacado con saña" por "una sociedad relativista que tanto le debe".
Claro que antes ha loado la vida y obra de Carmen Franco,  la heredera que trató de lavar la cara a su padre el dictador y que presidió la sociedad hasta su muerte. Sobre actuaciones impunes, la FNFF fue capaz de  premiar a un diputado y dos alcaldes del PP por incumplir la ley de Memoria Histórica. Porque, ¿imaginan una Fundación Hitler en Alemania? ¿O un Hitler Fútbol Club? En España existen.
Tampoco dejan de lado los contraataques: como con  la leyenda negra desmontada sobre la amenaza republicana a la Semana Santa de Sevilla, cargando  contra la exhibición en Barcelona de una  estatua decapitada de Franco con amenazas a acudir a la vía legal o  arremetiendo contra eldiario.es, ese "periodicucho", por "atacar" al dictador. Así es la Fundación Franco, el lobby que mantiene viva la 'memoria histórica' del franquismo.

Pamplona inscribirá en un panteón los nombres de los 308 asesinados por el franquismo

https://www.eldiario.es/norte/navarra/ultima_hora/Pamplona-inscribira-nombres-asesinados-franquismo_0_755574666.html


Se trata de una reivindicación largamente perseguida por los familiares de los represaliados durante la Guerra Civil y la dictadura posterior. Con décadas de retraso, Pamplona inscribirá los 308 nombres de las personas asesinadas en Pamplona por la represión franquista. Será en el panteón ubicado en el cementerio municipal, en el que reposan los restos de los no identificados que se han ido recuperando de fosas comunes en los últimos años.
Es un panteón que tiene su origen en la Ley de Memoria Histórica foral de 2013. “Se preveía con una capacidad para 65 personas, destinado a recoger los restos de los que van apareciendo en las cunetas. Hay muchos de la fuga del fuerte de San Cristóbal -o fuga de Ezkaba, por el topónimo del monte- y que están sin identificar y sin reclamar por los familiares, explica Josetxo Arbizu, miembro fundador de las asociaciones memorialistas y de familiares de represaliados Affna36 y Txinparta.
El próximo 12 de abril se inscribirán los nombres de las 308 personas asesinadas en Pamplona, entre ellos se incluyen los 14 considerados cabecillas de la fuga de San Cristóbal, ocurrida el 22 de mayo de 1938. “Era gente de Galicia, de Castilla… de un montón de sitios, de todo el Estado”, recalca Arbizu.
La decisión la tomó la Comisión de Presidencia del Ayuntamiento de Pamplona el pasado 19 de febrero. El texto, que fue presentado por el PSN, recoge además que se permita depositar en dicho panteón los restos identificados de personas fusiladas por deseo expreso de la propia familia o porque carezcan de ella.
La placa, que será de acero Corten y llevará los nombres grabados, cuenta con un presupuesto de 16.000 euros.
Y si fue el Partido Socialista de Navarra el que impulsó esta medida en el Consistorio, fueron dos políticos de UPN –Enrique Maya como alcalde de Pamplona y Javier Morrás como consejero de Interior-  los que el 14 de noviembre de 2014 firmaron un convenio en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica que hizo realidad el panteón.
Está construido en hormigón armado y revestido con piedra maciza de granito negro. En él se recoge una mención a las personas asesinadas en Navarra durante la Guerra Civil y el franquismo y que han sido recuperadas de fosas comunes. Enfrente se erige un monolito de piedra en color silvestre gris de 2,60 metros de longitud, 0,50 metros de anchura y 2,80 metros de altura. Tanto el panteón como el monolito están rodeados de una zona ajardinada.
En estos momentos alberga alrededor de 40 restos. En próximas fechas serán trasladados los últimos cuerpos desenterrados de cunetas: 16 de Olave, 6 de Burutain, tres de Usetxi y los tres de Urdaniz, los de Elía… “el protocolo de exhumaciones dicta que es la familia la que decide si se identifican los restos, claro”, apunta.
UNIDAD DE TODO EL ESPECTRO POLÍTICO
Arbizu también recalca la importancia de que todas las fuerzas políticas navarras apoyen estos actos de restitución. “El asociacionismo civil -Txinparta, Pueblo de la Viudas, Affna36 y Familiares de Fusilados a Raíz del Golpe de Estado de 1936- ha logrado en 15 años que la sociedad navarra se dé por enterada”.
“Hay que tener en cuenta que estamos en la tierra donde surgió el golpe de Estado, y donde antes de la Guerra Civil había 8.000 carlistas movilizados entrenando en los montes. Ellos mediatizaron el golpe. Ha sido un proceso largo, de ir poco a poco con un mensaje continuo para evitar que la gente mirase para otro lado”, relata. “Reivindicamos una memoria común, no solo de personas vinculadas a movimientos socialistas o anarquistas, sino a una parte de la sociedad que inevitablemente es plural: abogados, propietarios, industriales, médicos… gentes diversas. Lo importante es restituir esa memoria”, remarca.
Arbizu contempla el proceso como un avance paso a paso: el Pleno en el Parlamento de Navarra en 2003 de Recuerdo, reconocimiento y reparación moral de las personas fusiladas y represaliadas durante la Guerra Civil en Navarra, el Parque de la Memoria en 2006 en la localidad de Sartaguda -conocido como el pueblo de las viudas-, la Ley foral de Memoria Histórica de 2013… “y el Departamento de Paz y Convivencia del Gobierno actual ha recogido la labor de las asociaciones civiles y se ha puesto a la cabeza, tirando de este proyecto”, agradece. “Hay que reconocer que el anterior Ayuntamiento, que era de UPN, también se implicó en el proyecto”.
No obstante, el proceso de reparación comenzó antes de la Ley: la placa en el zaguán del Ayuntamiento de Pamplona que reconoce a los fusilados antes de que fuese una exigencia legal, el monolito en los fosos de la ciudadela donde se producían los fusilamientos, el cambio de nombre a la plaza del Conde de Rodezno por plaza de la Libertad… “no hablamos de siglas políticas, sino de una exigencia social, de unas heridas que deben cerrarse”, sentencia Arbizu, muy en línea con lo que recoge la Resolución de Naciones Unidas 47/133 y el preámbulo de la Ley de Memoria Histórica, de abril de 2013.
La ley foral remarca que reconocer una injusticia y proteger a sus víctimas debe ser un objetivo prioritario para los poderes públicos en un Estado de derecho. Por ello es trascendental reparar el daño causado, reconocer la situación de indefensión y poner todos los medios al alcance para restituir, reconocer, recordar y recuperar.
La Resolución de Naciones Unidas, adoptada en la Asamblea General celebrada el 18 de diciembre de 1992, aprobó la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, señalando que afectan a los valores más profundos de toda sociedad respetuosa de la primacía del derecho, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, y que su práctica sistemática representa un crimen de lesa humanidad.

Vicos, el cortijo que el franquismo convirtió en campo de concentración jerezano


https://www.lavozdelsur.es/vicos-el-cortijo-que-el-franquismo-convirtio-en-campo-de-concentracion-jerezano



La plataforma por la Memoria Democrática pide a la Junta que declare el recinto militar, propiedad de Defensa, como 'Lugar de la Memoria'. Al menos durante un lustro, fue cárcel y escenario de trabajos forzados para presos políticos.
01-04-2018 / 15:06 h.
Manuel Cobos Peña, jornalero de 41 años, vocal del Sindicato Nacional de Industrias Ferroviarias de la CNT, estuvo unos cuatro años y medio preso en aquel cortijo militar. Como él, el jardinero de 35 años José Romero Miranda; el ubriqueño y subalterno de Correos de 40 años Juan Ramos Ruiz; el barbero y apoderado por Izquierda Republicana en las elecciones del 36, con apenas 37 años, José Luis Gutiérrez Muñoz… La lista es mucho más larga. Hace una década un grupo de investigadores jerezanos se afanaron en reconstruir a partir de testimonios documentales una base de datos de la mayoría de represaliados en la comarca jerezana tras el Golpe del 18 de julio de 1936. Pocos saben que, entre los centenares de ajusticiados a lo largo y ancho de la árida geografía de la campiña, hubo otros muchos que dieron con sus huesos en un campo de concentración cerca de Jédula.
"El camino que hay del cortijo de Vicos a la carretera los construyeron sus prisioneros", relatan testimonios de familiares de prisioneros en aquel complejo que era y sigue siendo de los militares. Por la carretera de Arcos, en un punto equidistante entre la puerta de entrada a los pueblos blancos y el núcleo urbano de Jerez, se encuentra el acceso al Cortijo de Vicos. Muchos habrán pasado por su puerta sin reparar (ni imaginar si quiera) en su tenebroso pasado. El que a día de hoy es un centro de cría caballar propiedad del Ministerio de Defensa, con varios miles de aranzadas de tierra, también fue destacamento, cárcel, centro militar de trabajos forzados y campo de concentración hace 82 años.
Un “capitán de campo”, dependiente del comandante Salvador Arizón Mejías, comandante golpista que encabezó la sublevación militar en Jerez el 18 de julio de 1936, se hizo cargo del control directo de las instalaciones, al menos, entre aquel año y 1941. La presencia de los militares en Vicos está directamente relacionada con la finca denominada Garrapilos, conectada físicamente con el anterior. El cortijo de Garrapilos está situado en una línea casi recta entre Vicos y La Barca de la Florida, pedanía jerezana con un importante poso entre sus calles y plazas que glorifica al Movimiento.

Una de las pruebas documentales que acreditan que el cortijo de Vicos fue campo de concentración en la campiña durante los primeros años tras el Golpe.
"Nunca se ha hablado, ni hasta el momento se conoce documentación que lo indique o atestigüe, de que el cortijo de Vicos —unidad militar entonces dependiente del Depósito Recría y Doma de Jerez—, hubiese sido un lugar de fusilamientos. Sin embargo, de lo que sí ha quedado una constancia documental y testimonial incontrovertible es de la existencia de un importante campo de concentración y centro de detención en dichas instalaciones militares". Los miembros de la plataforma por la Memoria Democrática de Jerez —que aglutina a organizaciones memorialistas, sindicatos y partidos políticos como Ganemos e IU—, José García Cabrera y Cristóbal Orellana, han redactado un amplio documento que han remitido recientemente a la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía al objeto de que declare e inventaríe como Lugar de la Memoria al cortijo de Vicos.

Acceso actual al cortijo de Vicos.
El dossier que acompaña la carta remitida al Gobierno andaluz, plagado de documentos probatorios y valiosas piezas documentales, avala la existencia, al menos durante un lustro, de un campo de concentración en la mencionada instalación militar. Entre los documentos que incluye el dossier, y que dan cuenta del papel estratégico de Vicos en la represión, se incluyen algunas hojas de servicio del golpista Arizón —"Orden escrita al Capitán de Servicio de los cortijos del Estado de Vicos y Garrapilos, distantes de la Plaza 20 kms., para que monte servicios de seguridad en los mismos y el resto de la fuerza los envíen a Jerez"—; un fragmento del padrón municipal de 1935 en el que figura la existencia en el cortijo de un destacamento de unos 12 soldados; testimonios y copias documentales procedentes del Archivo Municipal que citan al cortijo de Vicos como lugar de detención, y campo de concentración y trabajos forzados.
"No existe ninguna duda documental del funcionamiento de estas instalaciones militares como campo de concentración y lugar de detención en el periodo, comprendido, como mínimo, entre agosto de 1936 y 1941. En ese periodo pasaron por estas instalaciones muchos detenidos en el contexto de la represión franquista, prisioneros a la espera de consejo de guerra y obligados a realizar trabajos forzosos, razón por la cual consideramos que este enclave merece el reconocimiento de Lugar de Memoria, según el artículo 21 de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía", detallan los investigadores que firman el amplio dossier remitido a la Junta.

diumenge, 1 d’abril del 2018

Prueba documental sobre el uso de la Guerra Civil como banco de pruebas de la II Guerra Mundial

http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20180329/441984844765/documento-aviacion-italiana-guerra-civil-banco-de-pruebas.html


  • El Arxiu Nacional ingresa y digitaliza un informe de 1939 que analiza los desperfectos 
  • que causaron los bombardeos sobre Catalunya
Prueba documental sobre el uso de la Guerra Civil como banco de pruebas de la II Guerra Mundial
Socavón en el puerto de Barcelona causado por una bomba de la Aviación italiana, en el informe digitalizado por el ANC (Arxiu Nacional de Catalunya)
Hace justo 80 años la Aviación Legionaria italiana, desde sus tres bases en Mallorca, acababa de bombardear la ciudad de Barcelona en plena Guerra Civil española. La ofensiva aérea, enmarcada en la campaña de Levante, duró tres días y ocasionó más de medio millar de muertos, 1.151 heridos, la destrucción de una cincuentena de edificios y un centenar más gravemente dañados. Se consideró uno de los ataques más graves de la contienda y el segundo más sangriento tras el de Guernica.
Para muchos académicos, la implicación de las fuerzas italianas y alemanas en la contienda española obedecía a un ensayo de lo que vendría años más tarde con la Segunda Guerra Mundial. Algunos historiadores defienden que el conflicto español sirvió conscientemente de banco de pruebas a los aliados fascistas para perfeccionar la lucha en el aire, que resultaría fundamental en el conflicto internacional. También la experiencia en el Ebro, Guernica o Barcelona anticiparían tácticas usadas en la batalla de Inglaterra y los bombardeos sobre las ciudades de Londres, Berlín o Dresde.
Entre las bases de esta tesis está la confección de informes detalladospor parte de responsables de la Aviazione Legionaria que evaluaban los resultados de cada intervención de las unidades de combate. Documentos con los que comparar los desperfectos ocasionados por los diferentes proyectiles utilizados y tenerlos en cuenta, como experiencia, para futuras e hipotéticas intervenciones aéreas. Tal vez pensando en la posibilidad de una Segunda Guerra Mundial y aún con el recuerdo fresco de la primera, que perdieron veinte años atrás.
Hoy, con la distancia que permite el tiempo, el Arxiu Nacional de Catalunya recupera de manos privadas uno de estos documentos sobre los efectos de los bombardeos de Catalunya llevados a cabo por la aviación italiana. El informe está firmado por el general de brigada Adriano Monti –“il comandante dell Aviazione legionaria”– y adjunta 121 fotografías en blanco y negro.
Recoge los devastadores efectos materiales producidos por las bombas sobre edificios y viviendas de varias poblaciones catalanas: Barcelona, Tarragona, Girona, Figueres, les Borges Blanques, Castelldans, Alfés y Granyena de les Garrigues. Un estudio que se hizo sobre el terreno algunos meses después, cuando una vez rotos los frentes del Ebro y del Segre las tropas nacionales entraron en Catalunya.
Daños en viviendas de las Borges Blanques causados por una bomba de la Aviación italiana, según el informe digitalizado por el ANC
Daños en viviendas de las Borges Blanques causados por una bomba de la Aviación italiana, según el informe digitalizado por el ANC (Arxiu Nacional de Catalunya)
Puesto que la cubierta identifica la Relazione sugle effetti del munizionamento usato dall’aviazione legionaria como un segundo volumen y que las imágenes empiezan por el número 99, el archivo público considera que “formaba parte de un conjunto más amplioconstituido por diversos documentos encuadernados y numerados”.
Coincidiendo con la efeméride, el ANC ha digitalizado el documento en cuestión y lo ha puesto a disposición de los interesados en la página web del archivo. El ingreso de este estudio sobre los bombardeos de Catalunya procede de una reciente adquisición en subasta pública por 3.400 euros.