diumenge, 8 de juliol del 2018

El Patronato, la cárcel de la moral franquista para adolescentes: "Era como la Gestapo"

https://www.elconfidencial.com/espana/2018-07-08/patronato-proteccion-mujer-franquismo-gestapo_1586930/



Entre 1941 y 1985 funcionó en España una institución encargada de encerrar a las adolescentes 'caídas o en riesgo de caer' en centros de monjas para "rehabilitarlas"




Menores del Patronato de Sevilla. (Imagen del archivo histórico de la Junta de Andalucía)

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Justo un mes después de que Raquel Castillo cumpliese 16 años, dos policías se presentaron en su habitación. Sin mediar palabra, le pusieron unas esposasy se la llevaron a un centro de monjas, donde le hicieron una prueba de virginidad y la observaron durante una semana. Su madre la había entregado a las autoridades, simplemente porque no quería hacerse cargo de ella. "Estuve en estado de 'shock', no sabía qué había hecho, no entendía nada...", narra ahora 43 años después, cerca del centro donde vivió su primer encierro, en Arturo Soria, todavía perteneciente a las Trinitarias.
Con la misma edad, Marian Torralbo fue ingresada por una denuncia de su propio hermano en otro reformatorio, en su caso de la orden de las Oblatas. "A mí me gustaba salir y una noche, cuando volvía de fiesta, mi hermano que era de Acción Católica se presentó con mi cuñado y me llevaron a un piso custodiado por monjas. Mis padres renunciaron a mi tutela, y empezó mi infierno". Consuelo García del Cid ni siquiera recuerda cómo llegó a un centro de las Adoratrices en la capital, muy lejos de su Barcelona natal. "Me desperté en una habitación con una pequeña ventana desde donde vi que todos los coches tenían matrícula M, y ya pensé que algo iba mal...".
Como ellas, miles de adolescentes fueron encerradas entre 1941 y 1985 en centros de religiosas de toda España bajo la custodia del Patronato de Protección a la Mujer, una institución que se encargaban de controlar la moral de la población femenina. Denominados oficialmente "colegios", eran reformatorios en la práctica que extendieron el yugo de la represión franquista entre las mujeres de entre 16 y 25 consideradas "descarriadas". Denunciadas por desconocidos, familiares o de oficio, el Patronato se quedó con la tutela de incontables mujeres que fueron condenadas sin juicio, y privadas de su libertad. Del Patronato poco se ha sabido tras la dictadura, a pesar de que sus prácticas se extendieron hasta 1985, cuando las tutelas de las menores de edad que quedaban bajo su "protección" se extinguieron y los últimos reformatorios cerraron rodeados de polémica.



Redadas en cines y bares

Rebeldes, prostitutas, lesbianas, campesinas, violadas, embarazadas… Cualquier chica que se alejase de los cánones del único modelo de mujer que contemplaba el franquismo era susceptible de ser encerrada. Ni siquiera hacía falta que hubiese cometido todavía pecado, incluía a todas las "caídas o en riesgo de caer". “Eran cárceles legalizadas, a las que no hacía falta ningún juicio para condenar a todas aquellas que no cumplían lo que en la Alemania nazi se denominaban las 3 K: Kinder, Küche und Kirche (niños, cocina e Iglesia)", explica la abogada Teresa Fernández, de la Fundación Women's Link Worldwide que ha incluido el caso del Patronato como ejemplo de la represión del franquismo con las mujeres en la causa que investiga sus crímenes en Argentina.

Marian (izz.) y Raquel (der.) en el antiguo Centro de Observación y Clasificación de Madrid (Foto: Carmen Castellón)
Marian (izz.) y Raquel (der.) en el antiguo Centro de Observación y Clasificación de Madrid (Foto: Carmen Castellón)
Los antecedentes del Patronato franquista se remontan a 1902 cuando se creó el Real Patronato para la Represión de la Trata de Blancas, vigente hasta la segunda república. Sin embargo, es con el franquismo cuando los supuestos se amplían a su máxima expresión y adquiere la misión de "rehabilitación" moral, bajo el paraguas del ministerio de Justicia. "La existencia de este patronato indica cómo la dictadura, sin abandonar la maquinaria represiva, va poniendo en funcionamiento otros instrumentos y mecanismos de control, socialmente más aceptables y políticamente más rentables que la represión pura y dura", continúa Fernández.
Al Patronato de Protección a la Mujer se llegaba de muchas maneras. Redadas policiales, entregadas por la propia familia o denunciadas por un vecino afín a la ideología fascista. Pero sobre todo, jugaban un papel fundamental las celadoras, funcionarias de entre 28 y 45 años de "moral intachable y espíritu apostólico", cuya tarea era visitar las zonas "calientes del pecado", como podían ser los cines, bailes, bares o piscinas. "Cuando veían a una menor en actitud que consideraban que no era adecuada para la moral de la época, llamaban a la Policía", explica Consuelo García del Cid, investigadora que ha dedicado un libro solo a esta institución tras su paso por dos de sus centros, 'Ruega por nosotras'. También había asociaciones de voluntarios que hacían este espionaje de manera altruista como la Liga Española contra la Pública Inmoralidad de Barcelona o el Bloque contra la Pública Inmoralidad de Zaragoza.
La institución se organizaba por Juntas Provinciales; al menos una por cada provincia. De algunas de ellas, como la de Sevilla, se conserva numerosa documentación que permite reconstruir una parte de la historia de este instrumento ideológico. Por ejemplo, guardan esperpénticos informes de ingreso de menores por motivos tan dispares como "por haberse ido con las comparsas de la Artista de Cine Marisol" o "por no obedecer a su madre". "Una mujer caída podía ser cualquiera. Besarse en un cine, bailar agarrado, fumar a escondidas, llevar la falda más o menos corta […] ser víctima de una violación, de un incesto, ser homosexual […] negarse a rezar […] ser pobre", narra García del Cid en su libro.
Purificación Sánchez, investigadora del periodo del franquismo, ha indagado a fondo en los documentos de Sevilla. "La mayoría de las mujeres que se atendían en el Patronato eran chicas jóvenes, de 16, 17, 21 años, a las que se califica de "débiles mentales" o "deficientes mentales"; de hecho, en las fichas se incluye su coeficiente intelectual. Pero lo común a todas ellas es un ambiente familiar y/o social que se califica de "nocivo" o "pernicioso". En muchas de estas fichas lo que se intuye en realidad es la pobreza y la marginación, consecuencia de la violencia económica y política que la dictadura siguió practicando contra las familias de las y los vencidos. Cada año, las juntas provinciales elaboraban una memoria anual sobre el "estado de la moralidad" de cada región. "El hecho de que se llamara 'de protección' tiene que ver, por una parte, con la ideología patriarcal, católica y conservadora de los vencedores de la guerra, que pensaban que las mujeres, como sujetos débiles, necesitaban protección, pero también reeducación, para tratar de hacer desaparecer, en la población joven sobre todo, los posibles residuos de la 'modernidad republicana".
Gran parte de las adolescentes que pasaron por los reformatorios, donde la mayoría de edad pasaba de ser de los 21 a los 25 años, constaban como 'rebeldes', pero una de las cosas que más sorprende a los investigadores es la cantidad de casos donde era la propia familia la que las ingresaba allí. Esta circunstancia se explica por dos razones. La primera, la labor del Patronato era completamente desconocida, y muchos padres pensaban estar mandado a sus hijas a un internado, sin imaginar las condiciones que allí había. "Mi padre había fallecido ese año y a mi madre le dijeron que lo mejor para mí era ir a un internado. Yo había estado en colegios de monjas y pensé que no sería para tanto, pero no tenía nada que ver. Cuando mi madre me visitaba y le contaba todo, las monjas le decían que eran cosas mías. Y no se las cuestionaba", explica Teresa F. Gismero que estuvo en un centro de las Adoratrices de Madrid en 1977, desde el que la trasladaron a otro en Albacete. "Querían alejarme de mi madre".

La segunda razón surgía de la propia familia, ya fuera por abusos sexuales o por pobreza, como era el caso de las chicas procedentes del campo que acabaron en un reformatorio de la capital como única vía de escape de la miseria de los pueblos. "La mayoría estábamos ahí por un problema familiar: abusos, incompatibilidad familiar, pobreza... En realidad tendrían que haber entregado a las familias, porque no tenían capacidad para ocuparse de unas hijas. Podría haber delincuencia, pero yo en Madrid no conocí a ni una que estuviese ahí por eso", asegura Consuelo García del Cid, que fue ingresada por sus padres como interna 'de pago', es decir, sin que perdiesen la tutela, aunque con las mismas condiciones que el resto. "Al final, éramos penadas dos veces. Por el propio drama y por el que se imponía institucionalmente en manos del Estado".

Exámenes de virginidad

La primera parada de las "descarriadas" eran los Centros de Observación y Clasificación (COC). Durante una semana, chicas de todos los perfiles y procedencias compartían espacio mientras eran analizadas por las monjas que decidían a qué centro las enviarían posteriormente. El COC de Madrid está en Arturo Soria y sigue siendo un edificio propiedad de las Trinitarias, la orden que tenía encomendada esa labor de clasificación en la capital. En la parte de arriba del edificio todavía pueden verse las huellas de cemento de las rejas que un día franquearon sus ventanas para evitar fugas. "Me causó muchísimo impacto, era una cárcel, te cerraban la puerta para dormir en una celda con una ventana. Todas las noches venía la Policía a traer prostitutas detenidas, que se quedaban solo una o dos noches", recuerda Raquel a los pies de la fachada. "Yo era una niña y nunca me había mezclado en ambientes así. Recuerdo que me senté donde pude, toda tímida, y me dijo una 'quítate de mi lado que tengo el carné de bollera'. No la entendí, pero por si acaso me quité".


Entrada del COC de Sevilla. (Junta de Andalucía)
Entrada del COC de Sevilla. (Junta de Andalucía)
Carlos Álvarez, investigador de la Universidad del País Vasco, ha estudiadoconcretamente el papel del Patronato en la persecución y encierro de las prostitutas, que suponían una minoría en la población recluida en los centros —entre un 7% y un 10%—. "Su encierro cumplía con dos objetivos: por un lado separarlas del resto de la sociedad para que no influyese en ella, y por otro ser 'rehabilitadas', por el camino de la redención".
Todas las que pasaron por el COC de Madrid narran la monotonía de esos días, recluidas en un salón donde no hacían nada más que fumar y escuchar música. La comida no era mala, pero ninguna olvida los cubiertos de plástico que usaban a diario. "No intimábamos unas con otras, no hablábamos, yo creo que porque estábamos todas en 'shock'". A los días, todas eran sometidas a un examen de virginidad. "Me subieron a un potro y me preguntaron si era virgen. Dije que sí y el doctor me contestó 'sí, eso decís todas', entonces empecé a chillar, porque lo de la virginidad entonces lo llevaba muy adentro porque mi madre era madre soltera. Chillé muchísimo y me puse tan histérica que no me tocó. Y puso 'completa' en el informe". Figurar como completa o incompleta, junto al comportamiento que hubiesen tenido durante esa semana, determinaba la dureza del centro al que eran redirigidas.
No se tiene constancia, siquiera de manera aproximada, de cuántos centros podría haber por España, pero sí de que pertenecían al menos a siete órdenes religiosas, cada una especializada en un perfil: el Buen pastor —señalado por muchas como de los más benevolentes a pesar de tener los casos más complicados—, las Adoratrices, las Terciarias capuchinas, las Cruzadas Evangélicas, las Trinitarias, las de María Ianua Coeli y las Oblatas, consideradas de las más duras.
Marian Torralbo pasó por un centro de las Oblatas a principios de los 70 y no ha olvidado todavía los periodos de aislamiento que sufrió allí: "Convivíamos con niñas del Tribunal de Menores, y había muchas que se hacían pis en la cama. Las monjas las castigaban con duchas frías, pero una vez me interpuse y dije que yo limpiaba todo, pero que no castigaran a una niña de 4 añitos. La monja me dio un guantazo y se lo devolví. Por eso me tuvieron un mes encerrada". En otra ocasión estuvo tres meses sin salir de una celda de aislamiento por pelearse con otra interna.
"No había compasión. Cuando llegabas había unos días de licencia para llorar, pero como te pasaras… El llanto podía ir contra ti. Te decían 'anda, llora un poco más que estás muy guapa' o directamente te lo prohibían", explica García del Cid. Era habitual también en algunos centros que a las chicas les rapasen el pelo, ya fuera por higiene o como represalia. "Psíquicamente nos llevaban al límite".
Sin embargo, la experiencia de cada interna varía de unas a otras. Raquel recuerda que su paso por las adoratrices, donde coincidió con Consuelo, fue positivo: "Yo estuve bien, sobre todo porque venía de vivir en una habitación con mi madre, que me había entregado", explica. "Dependía mucho de cada una. Igual que había chicas del campo para las quesolo tener agua corriente ya era un lujo". Antes de cumplir los 16 años y poder entrar legalmente en el Patronato, la madre de Raquel intentó entregarla al Tribunal de Menores, quien consideró que no había motivos suficientes y le recomendaron esperar para poder deshacerse de ella con más facilidad en el Patronato, que ponía menos pegas.
Tampoco los centros y su dureza eran iguales. En las Oblatas, por ejemplo, no se impartían clases ni había cursos de formación, como sí tuvieron las Adoratrices. Raquel y Teresa recibieron clases de auxiliar de clínica por parte del doctor Eduardo Vela, investigado por la trama de los bebés robados, e hicieron sus prácticas en la tristemente famosa clínica San Ramón: "Yo nunca vi nada, tampoco lo iban a hacer delante de mí. Lo que sí recuerdo de él es que nunca sonreía", cuenta Raquel.
"Nos levantábamos a las seis de la mañana, íbamos a misa, después desayuno y luego a fregar el suelo de rodillas. Después iban los talleres, rezar el Ave María Purísima y el Ángelus y luego te dejaban 15 minutos para hablarentre nosotras. Cuando acabábamos cada una hacía un poco lo que quería hasta la cena. Para terminar, una reunión en el que se hablaba de lo que había pasado ese día, y a la cama", narra Teresa F. Gismero que pasó por las Adoratrices en 1977.
El funcionamiento de los centros se basaba en tres máximas: fregar, rezar y coser. La mayor parte de la jornada se pasaba en los talleres, donde las internas confeccionaban ajuares para las familias ricas o para marcas como El Corte Inglés. También montaban envases para firmas como rímel Pinaud o el refresco Tang. La explotación laboral era generalizada, por la que no recibían ninguna compensación económica, y gracias a la cual estas órdenes estuvieron lucrándose durante años. Cada centro recibía además 2.000 pesetas por interna y día en la época de los 70 —unos 190 euros con la inflación actual—.
Pero independientemente de las condiciones, todas señalan la pérdida de libertad como lo peor de su paso por la institución que incluía también la confiscación de cartas o escuchas telefónica. "El no entender el porqué, ese no saber, no merecértelo... Eso era lo peor", recuerda Raquel.

Manicomio para las más rebeldes

En la red de centros y órdenes que salpicaba el país, había dos centros considerados como el peor final posible. Uno era el de Baeza en Jaén, con el que eran sistemáticamente amenazadas todas las internas de España, pero del que no se conserva ningún testimonio. "Ninguna ha querido hablar", recoge García del Cid. El otro era el manicomio de Ciempozuelos, a 30 km de Madrid. A este último iban a parar las más difíciles de domar o las que habían caído en depresión. Allí estuvo ejerciendo el psiquiatra Guillermo Rendueles, quien no conocía la existencia del Patronato hasta que empezó a trabajar con él en 1975. "Había chicas que estaban allí por cosas tan tontas como llegar tarde a casa, o tener un novio. Algunas sí tenían trastornos de conducta, pero la propia institución creaba la patología. Era difícil saber lo que era debido al encierro y lo que eran problemas mentales. Pasaba como con los animales: la conducta en el zoo no es la misma que en libertad".

En los talleres confeccionaban ajuares y ropa para El Corte Inglés. (Junta de Andalucía)
En los talleres confeccionaban ajuares y ropa para El Corte Inglés. (Junta de Andalucía)
En este manicomio, las internas —apodadas 'las patronatas'— tenían habitaciones individuales "para prevenir la homosexualidad femenina" y recibían algunas de las terapias más punteras de la época. Un trato que contrasta, por ejemplo, con los amarres que sufrían cuando intentaban fugarse. "La mayoría se iban sin dinero ni ropa, así que lo normal era que a los pocos kilómetros algún caminero abusase de ellas y las entregase a la Guardia Civil", afirma Rendueles. El psiquiatra recuerda cómo en una ocasión ayudó a una a escapar de su encierro: "Era un día que estaba muy cabreado con el sistema porque acababan de ejecutar a Puig Antich. Me tocaba guardia de fin de semana en el manicomio y me dedicaba a dar patadas a las puertas cuando percibí cómo una de las patronatas, una de aquellas con poca afición a verbalizar sus problemas, se guardaba mortadela y un bollo de pan mientras me miraba con desconfianza. Un rato más tarde le di mil pelillas, un anorak usado y una bolsa deportiva. No pareció sorprenderse, no me dio las gracias, ni siquiera sonrió. El lunes en el café del cambio de guardia comentaron la fuga y hubo apuestas sobre cuántos días tardarían los guardias en devolverla. Tres meses después yo dejaba de trabajar en Ciempozuelos, todavía no la habían detenido".

Al Patronato era fácil entrar, pero muy difícil salir. Los padres que querían recuperar la tutela tardaban meses en conseguirlo, por lo que muchas acababan de sirvientas, dependientas, o amas de casa por encargo. Era habitual que las pusiesen en contacto por carta con hombres solteros de países como Australia, o las exhibiesen y vendiesen al mejor postor, como se hacía en el centro de Peña Grande para embarazadas. También hubo quien se hizo monja, y quien se fugó.
Marian Torralba fue de las que optó por la última opción. "Durante días estuve escondiendo dinero y ropa en el coro de la Iglesia, hasta que un día salí por la puerta. Llevaba un tiempo portándome bien así que cuando me crucé con una monja y le dije que me esperaba mi padre fuera para llevarme al dentista, me creyó. En cuanto pasé la puerta empecé a correr como no he corrido en mi vida".
En el caso de Teresa, hizo una huelga de hambre después de que prohibiesen a todas las internas hablar con ella. "Me ingresaron en el hospital y las monjas ni siquiera llamaron a mi madre. Fue gracias a una enfermera que pude hablar con ella y me sacó de allí. Se llama Maricarmen y la llevo buscando desde entonces porque me salvó la vida". Salió en 1977, un año antes de que el Gobierno, ya en democracia, anunciase su abolición y sustitución por el Instituto para la Promoción a la Mujer.


Las internas compartían habitación entre varias. (archivo de la Junta de Andalucía)
Las internas compartían habitación entre varias. (archivo de la Junta de Andalucía)
Sin embargo, tuvieron que pasar siete años más para que las prácticas del Patronato se extinguiesen. Unos años en los que los centros siguieron actuando con total impunidad y, aunque no se dieron nuevas tutelas, las concedidas previas a la abolición se mantuvieron. El principio del fin se fraguó con la tragedia de una interna que murió intentando escapar del reformatorio Nuestra Señora del Pilar, en San Fernando de Henares (Madrid), bajo custodia de las Cruzadas Evangélicas. La indignación y la denuncia social hizo el resto, pero aun así tardó dos años más en cerrar, el 5 de abril de 1985, como recogen las crónicas de entonces. Poco antes, en septiembre del 83 el nuevo presidente del Consejo Superior de Protección de Menores, había prohibido pegar a las internas y la utilización de celdas de castigo acolchadas y con puertas blindadas —oficialmente llamadas salas de reflexión—.
Más de 30 años después, la figura del Patronato de Protección a la mujer sigue siendo un misterio incluso para los expertos en Memoria Histórica. Apenas se conserva documentación, que fue abandonada o destruida con la marcha de las monjas. "Se ha tendido a la no investigación en general, por nuestra Transición basada en el olvido y en el silencio, y por la ley de Amnistía que lo ha dificultado mucho", considera Teresa Fernández, la abogada de Women's Link Worlwide. "Y al final son las mujeres las que quedan olvidadas, las invisibilizadas en todos los conflictos". Carlos Álvarez apunta más bien a la opacidad de la institución, incluso durante su existencia: "La cara visible era el internado o reformatorio, pero nadie sabia lo que había detrás, no había oficinas del Patronato".
Consuelo se ha encontrado con todo tipo de trabas a la hora de investigar cómo funcionó el Patronato, al que considera máximo responsable de este negro capítulo del franquismo: "Se quebrantó la frontera entre el bien y el mal. Las monjas estaban absolutamente convencidas de hacer el bien, lo que pasa es que su bien hizo mucho mal, pero no las culpo. No lo hacían para jodernos, sino porque estaban convencidas de que tenían que hacerlo así y la ley se lo permitió. Había monjas malas, como cualquier comunidad, pero el responsable es el sistema que permitió esto: una Gestapo a la española pero dirigida a la mujer".

El cementerio republicano de Kasserine

http://ctxt.es/es/20180704/Politica/20613/Santiiago-Alba-Rico-guerra-civil-Tunez-memoria-Republica-exiliados-politicos.htm


No sé si alguno de los familiares está buscando a sus muertos en Túnez. Lo que es seguro es que Ambrosio Martínez, Fernando Sánchez, Eligio Casal y Francisco Puig yacen en tierra extranjera, entre tumbas profanadas




Restos del cementerio republicano de Kasserine, a 300 kilómetros de la capital.
MARC ALMODÓVAR / ANDREU ROSÉS
8 DE JULIO DE 2018

En un pequeño restaurante de Túnez, dos amigos catalanes de paso por el país para un trabajo de documentación me cuentan que en Kasserine han hecho un descubrimiento inesperado. Kasserine, a 300 kilómetros de la capital, es una ciudad de 80.000 habitantes próxima a la frontera con Argelia, uno de los focos originales de la revolución que en 2011 derrocó al dictador Ben Ali. Pobre y rebelde, como la provincia del mismo nombre de la que forma parte, ha malvivido siempre de la agricultura menuda y del transporte de los fosfatos explotados más al sur, en la región de Gafsa. Pues bien, en lo que es hoy el centro urbano, cerca de las vías ferroviarias construidas en 1940 por el protectorado francés, en el patio de la casa de una humilde familia local, mis amigos, guiados por Malek Sghiri, activista del grupo Manich Masameh, tropezaron de pronto con 15 tumbas en cuyas lápidas podían leerse nombres españoles. ¿Españoles enterrados en Túnez? Se trata de los restos, sí, de un cementerio republicano, originalmente más extenso, de cuya existencia –hasta donde yo sé– ni en España ni en Túnez se ha ocupado nunca nadie. Algunas de las tumbas están profanadas, quizás porque los saqueadores las creyeron romanas y repletas de tesoros, y ha sido la familia –según propio testimonio– la que ha protegido y sigue protegiendo el recinto mortuorio en torno al cual construyeron su vivienda. Entre las lápidas levantadas y rotas, cuatro intactas revelan, bajo el rutinario y fúnebre RIP, los nombres de los allí enterrados: Ambrosio Martínez, Fernando Sánchez Díez, Eligio Casal, fallecido el 2 de diciembre de 1941 y Francisco Puig Suárez, muerto a su vez el 2 de febrero de 1943. Ambrosio murió en diciembre, pero el año ha sido intencionadamente borrado a golpes de escoplo; la fecha del fallecimiento de Fernando es ininteligible. Cabe razonablemente pensar que todos estos enterramientos datan de los años 40 del siglo pasado.
Lápida de Fernando Sánchez Díez en Kasserine (Túnez).
Mis dos amigos catalanes –Marc Almodóvar y Andreu Rosés, a los que agradezco la información– me cuentan esta historia emocionante y terrible en un restaurante céntrico de Túnez que se llama “El bolero”. Los he citado allí porque es uno de mis restaurantes favoritos; y lo es por varios motivos: porque es popular, barato y gastronómicamente airoso; porque sirve bebidas alcohólicas incluso los viernes; y porque tiene el valor adicional, para mí importante, de haber sido fundado por un exiliado español republicano. De hecho, la decoración ha debido cambiar poco desde 1940, pues sigue evocando la atmósfera de una vieja taberna madrileña: los cuadros de borrachines acodados junto a una botella, espectros de un cutre Murillo, estaban ya sin duda en el local original. Por una conmovedora casualidad, Marc y Andreu me cuentan esta historia de republicanos enterrados lejos de su patria en uno de los pocos espacios que mantienen en Túnez un vínculo material con los 4.500 españoles que huyeron de Franco en la flota de Cartagena y encontraron refugio en las costas tunecinas en marzo de 1939.
Esta historia me afecta personalmente y hasta me acusa. Es cosa sabida que en Túnez hay una pequeña comunidad española residual compuesta de fugitivos de la guerra civil; incluso he conocido a algunos de sus descendientes; y si es cierto que aquí el tema está aún más silenciado que en España, he tenido varias ocasiones para tirar de ese hilo y no lo he hecho. Sirva este breve artículo, pues, para saldar dos deudas íntimamente relacionadas.
Me explico. Hace ahora 7 meses, en noviembre de 2017, murió Ramón Villanueva Echeverría a los 87 años de edad. ¿Quién era Ramón Villanueva? Podría hacer una larga y estimulante lista de sus méritos: descendiente de un conocido linaje político, opositor a Franco desde los años 40, diplomático de carrera, fue escritor, historiador y archivo viviente de la historia de nuestro país y sus relaciones exteriores. Sus misiones en Libia, Iraq y Turquía lo convirtieron en un exquisito conocedor del mundo árabe y musulmán; su compromiso democrático y antifranquista, que incomodaba en el MAE, lo convirtieron a su vez en sensible mediador y obsesivo custodio de la memoria que el franquismo primero, y enseguida la olvidadiza transición, procuró mantener enterrada en cunetas o en carpetas. Estuvo en Túnez dos veces, como segundo de Javier Pradera en los primeros sesenta, y como embajador entre 1990 y 1993, su último destino antes de la jubilación. Ramón Villanueva –que yo sepa– es el único embajador que leía habitualmente el Gara, se declaraba abiertamente republicano y siguió con esperanzas el 15M y la aparición de Podemos.

Lápida de Ambrosio Martínez en Kasserine (Túnez).
Lápida de Ambrosio Martínez en Kasserine (Túnez).
Yo no lo conocí en Túnez, aunque Túnez constituyó siempre un vínculo adicional entre los dos. Con Ramón mantenía una relación afectiva que puedo calificar sin exageración de “familiar”. Amigo de mis padres desde la juventud, en los últimos años de su vida ocupó en la mía, intelectual y emocionalmente, el lugar que mi propio padre siempre dejó vacío. Ramón y yo nos intercambiábamos lecturas y análisis políticos; nos llamábamos con frecuencia y, durante mis visitas a Madrid, comíamos juntos. No he conocido nunca un conversador como él. Depositario de un tesoro infinito de anécdotas políticas y privadas, dotado de una memoria prodigiosa para los nombres y para los detalles, era además un narrador excepcional, vívido y astutamente literario, al que sólo se puede reprochar que –pese a sus siempre renovados propósitos– no escribiera nunca sus memorias. Ramón me hablaba mucho de Túnez, sobre todo de su primera misión en los años 60, época muy feliz para él desde el punto de vista personal y muy rica en términos de experiencia diplomática. Uno de sus desafíos en ese período fue precisamente –me contaba con entusiasmo y dolor– el de apoyar a la comunidad de exiliados republicanos, representada por un cónsul no oficial, a los que trató de acercar con garantías a la embajada franquista que, pese a sus promesas, Bourguiba no había cerrado tras la independencia de Túnez en 1956. Fue Ramón Villanueva, pues, excónsul y exembajador de Túnez, quien me dio a conocer la historia de los refugiados de 1939, sobre los que –decía enrabietado– había poca o nula bibliografía. Como prueba y paliativo, me regaló –¡hace ya diez años!– el único texto entonces existente: una tesis universitaria en lengua francesa, malamente mecanografiada, que él había recibido de manos de su autora en los años 90, cuando volvió a Túnez en calidad de embajador. Nunca la leí. Me la llevé a casa, la dejé sobre una mesa y la marea la arrastró a los fondos bentónicos de mi biblioteca.
Me acordé de ella la semana pasada tras escuchar a Marc y Andreu y ver, con el corazón roto, las fotografías con los nombres españoles sobre las lápidas de Kasserine. Al volver de “El bolero” la busqué en la casa nueva sin descanso y sin esperanza y de pronto, cuando ya había renunciado, se exhumó sola debajo de una historieta de Tintín: Refugiés politiques espagnols de la flotte republicaine en 1939 en Tunisie (refugiados políticos españoles de la flota republicana en Túnez). La tesis está firmada en París en 1986 y su autora, Marianne Catzaras, nacida en Jerba de padres griegos, es hoy una prestigiosa fotógrafa que expone con frecuencia en galerías de Sidi Bou Said. Es una investigación de apenas 100 páginas que recoge, sobre todo, a falta de documentación, noticias de periódicos, textos oficiales de los archivos franceses y tunecinos y testimonios de los supervivientes. Es imposible leerlo, en todo caso, sin reprimir un sollozo.
La historia –muchos no la recordarán en nuestra España amnésica– es la siguiente. El 6 de marzo de 1939 la flota republicana de Cartagena, al mando del almirante Buiza, llegó al puerto tunecino de Bizerta: cuatro cruceros, ocho destructores y un submarino, con unas 4.500 personas, la mayor parte de ellas marineros y militares, aunque entre el pasaje viajaban también mujeres y niños. La Francia colonial, que había reconocido ya en febrero el gobierno de Franco, no les brindó la mejor de las recepciones. Dispersó a los recién llegados en cinco “campos de acogida” que, como los de hoy en Europa, eran más bien campos de concentración: sin agua, sin alimentos, en pésimas condiciones higiénicas y, sobre todo, sin derecho a desplazarse libremente por el país, criminalizados además por los periódicos oficiales, los refugiados españoles fueron sometidos a un régimen de trabajos forzados y de privación de derechos que, una vez terminada la guerra civil y reclamados por Franco, llevó a algunos de ellos –ay– a volver a España. Otros, tras luchar contra Vichy y contra Hitler en las campañas africanas durante la segunda guerra mundial (es el caso del propio Buiza), se fueron a Francia o a Brasil en 1945 o –en una segunda oleada– entre 1956 y 1961, tras la independencia de Túnez. Los que quedaron –en torno a 1000–, una vez se les permitió trabajar, se dedicaron a la agricultura cerca de la ciudad de Kasserine –ubicación de uno de los “campos” citados y cuyas insfraestructuras fueron en buena parte construidas por nuestros compatriotas, que fundaron también su equipo de fútbol– o al curtido del cuero en la capital, donde abrieron además algunos restaurantes: el famoso “Café Cuarenta”, hoy desaparecido, y “El bolero”, que hasta los años 50 cerraba todos los años el 14 de abril para festejar la República. En 1976, en Túnez sólo quedaban ya unos cien españoles republicanos o descendientes, casados por lo general con italianos o nativos. “Los españoles de Túnez”, dice Catzaras, “nunca imaginaron que iban permanecer 40 años. Por eso nunca se parecieron a los otros exiliados. Se consideraron siempre a sí mismos en una situación provisional, de paso, y su manera de vivir era también pasajera y provisional”. Algunos vivieron siempre en pensiones, con las maletas hechas; algunos no volvieron nunca, ni después de la segunda guerra mundial ni después de la muerte de Franco: entre ellos Ambrosio Martínez, Fernando Sánchez Díez, Eligio Casal y Francisco Puig Suárez. Sus cuerpos, en tumbas nominales pero en suelo extranjero, abandonadas y sin flores, evocan un destino paralelo y cruelmente inverso al de los desaparecidos en las cunetas españolas.
Lápida de Francisco Puig en Kasserine (Túnez).

Entre las páginas de la tesis de Catzaras he encontrado algunas fotocopias sueltas que Ramón Villanueva recuperó de su primera misión en Túnez: un recorte de Le depeche donde se recoge la noticia, el 10 de junio de 1960, de la muerte de Ángel Brihuega, cónsul de los republicanos españoles en el exilio (probablemente un suicidio, según sospechaba Ramón); y algunas cartas, fechadas entre septiembre de 1959 y agosto de 1962 y dirigidas al embajador Pradera, en las que Antonio Antúnez, teniente del crucero Méndez Núñez y representante del PCE en Túnez, en nombre de “los exiliados políticos y otros españoles residentes”, reclamaba una y otra vez una amnistía general y un régimen democrático para España. Tardarían en llegar. Y Antúnez –del que no encuentro apenas datos biográficos– no es seguro que pudiera festejarlo. Si lo hizo, fue con cuarenta años más y varias carretillas de dolores en el alma.
No sé si alguno de los familiares está buscando a sus muertos en Túnez, si en los últimos años la embajada ha hecho algo por seguir este rastro, si la bibliografía sobre el tema ha crecido en España desde que Ramón Villanueva me dio la tesis de Marianne Catzaras. Espero que sí. Me temo que no. Sí sé que en 2008, el profesor tunecino Bechir Yazidi escribió –y tradujo al español– un pequeño libro sobre el tema, publicado en una pequeña editorial (“El exilio republicano en Túnez”, Ediciones Embora). Y lo que es seguro es que Ambrosio Martínez, Fernando Sánchez, Eligio Casal y Francisco Puig yacen en tierra extranjera, entre tumbas profanadas, apenas protegidos por una humilde familia tunecina que de ellos sólo sabe que están muertos; es decir, que merecen –hermanos difuntos– un reposo respetado y sin sobresaltos. Como es seguro también que, a la espera de continuar las pesquisas y abundar en reclamaciones de dignidad, me siento apremiado hoy, sin más dilación, a saldar esta doble deuda y a hacerlo con un doble homenaje varias veces aplazado: a Ramón Villanueva, que enriqueció tanto mi memoria, mi compromiso ético y mi felicidad afectiva, y a esos olvidados de los olvidados (como Sacristán hablaba de ”los derrotados de los derrotados”) que España, amnésica feroz, padrastra desalmada, ha abandonado al otro lado del mar.

Risa histérica y memoria histórica

https://www.elsaltodiario.com/el-rumor-de-las-multitudes/risa-histerica-y-memoria-historica#


¿Por qué los chistes sobre el franquismo se han convertido en un terreno tan proclive al humor políticamente incorrecto?


Cartel publicitario del castillo hinchable del Valle de los Caídos. Franconohamuerto.com

INVESTIGADORA Y DOCENTE

PUBLICADO
2018-07-05 10:00:00

Una réplica del Valle de los Caídos en forma de castillo hinchable, con su cruz marmórea y su leyenda de tipografía fascista, y con un señor muy serio y en traje de chaqueta, saltando encima. Una escena de picnic en Cuelgamuros, retransmitida por streaming, en la que los comensales llevan sillitas y mesas playeras y usan tricornios en lugar de gorras para protegerse del sol, mientras charlan sobre lo que ha cambiado España en los últimos cuarenta años. Una escultura a escala real de Francisco Franco, con su atuendo militar, congelado dentro de una nevera de la marca Coca-cola, como Walt Disney a la espera de su regreso de entre los muertos. Un concejal del Partido Popular, que abre por accidente una fosa común del franquismo al iniciar las obras para construirse una piscina. ¿Por qué, en los últimos tiempos, los chistes sobre el franquismo se han convertido en un terreno tan proclive al humor políticamente incorrecto? ¿Qué hay de incómodo en estas imágenes? ¿De qué modo escenas como estas desestabilizan lo que podríamos llamar el decoro democrático? En definitiva, ¿de qué nos estamos riendo exactamente cuando nos reímos con este tipo de humor?
Explica Santiago Alba Rico que, frente al relato –un dispositivo narrativo que encadena una secuencia de acontecimientos a un tiempo determinado–, el gagconsiste en una unidad cerrada de hilaridad pura; en una imagen mental que desata la carcajada como una respuesta primaria provocada por el irrumpir del desorden. Esta carcajada –nos dice Alba Rico– estalla por el enorme placer instintivo que nos provoca el hecho de que, aunque sólo sea por un momento, las cosas se salgan de su sitio, caigan o se desplomen inesperadamente.
El humor abre un plano de sentido en el que es posible poner en suspensión el sentido común, el orden establecido, la corrección política
En su mejor versión, el humor funciona como un resorte narrativo íntimamente vinculado a los códigos de la ficción, que confronta tanto a los individuos como a las sociedades con sus conflictos irresueltos. Y efectivamente, uno de los conflictos de mayor envergadura a los que la sociedad española se ha enfrentado en las últimas dos décadas es la deuda pendiente con la memoria histórica. Lo que esta serie de gags mentales comparten, a través del humor negro, es precisamente la carcajada ante una forma muy específica de desorden lógico: el desajuste manifiesto entre una realidad democrática deseable –depurada de los residuos su pasado autoritario– y la realidad política en la que, de hecho, está instalado el Estado español –una democracia que, a la altura de 2018, no ha depurado todavía la herencia de su pasado autoritario–.
El humor, entendido como un género amplio, es una forma de ficción puesto que su mecanismo más básico implica el desdoblamiento de la realidad: abre un segundo plano de sentido que es paralelo al referencial y en el que es posible poner en suspensión el sentido común, el orden establecido, la corrección política. Es así como el humor afirma y reajusta la diferencia entre realidad y ficción: juega con ella, la estruja, la retuerce o la dilata. El castillo hinchable de El Valle de los Caídos, el picnic en Cuelgamuros, el cadáver refrigerado del dictador o el concejal del Partido Popular que desentierra una fosa común del franquismo por accidente constituyen elementos que, desde su condición de ficción, desestabilizan la representación de ciertos elementos de la dictadura franquista poniendo en contacto, por un instante, dos mundos mutuamente excluyentes entre sí: la evocación de la represión y la violencia ejercida por el régimen por un lado (el Valle de los Caídos, la propia imagen del dictador, las fosas comunes) y el imaginario del ocio y de lo lúdico por el otro (el castillo hinchable, Coca-cola, el picnic al aire libre, la piscina).
El chiste aparece, entonces, como la aproximación disparatada de dos realidades inconmensurables. Sin embargo, la incomodidad que generan este tipo de imágenes –de gags– emerge, precisamente, de la constatación de que, a pesar de esta inconmensurabilidad aparente, la realidad, en materia de memoria histórica, supera en no pocas ocasiones a la ficción: existe, de hecho, un lugar como El Valle de los Caídos donde descansa, como congelado en el tiempo, el cuerpo del dictador, del mismo modo que existen miles de fosas comunes sin desenterrar en todo el territorio español, muchas de ellas localizadas y a la espera de ser exhumadas a pesar de las trabas administrativas, económicas y políticas.
Las distintas formas del humor negro, en su desafío a la corrección política, capturan las mutaciones en relación con el sentido común y los relatos del pasado, así como la transformación en los vínculos afectivos que las distintas generaciones establecen con respecto a su pasado inmediato
En un contexto como este, la pregunta por la relación sintomática que ciertos discursos humorísticos establecen entre el pasado totalitario y el presente democrático cobra todo su sentido y toda su importancia. En un contexto como este, el formato lúdico del humor no es inocuo, precisamente porque subraya el contraste entre la gravedad de la herida abierta de la memoria de la violencia del franquismo con la sorprendente naturalización de la pervivencia de sus símbolos y sus herencias en nuestro presente.
“Resulta curiosa” –nos dice Barba en un precioso texto titulado La risa caníbal (2015)– “la desesperada y contradictoria relación que una comunidad herida establece con el objeto sobre el que se ha vetado la risa. Todo parece indicar en realidad que tras la prohibición se produce una especie de búsqueda del lenguaje mágico que permita, precisamente, la broma, una instancia que elimine, aunque sólo sea temporalmente, las asfixiantes leyes de gravedad que la comunidad se ha impuesto a sí misma”.
El humor negro lo es por oposición al blanco de la ideología ante la que reacciona; una ideología que impone un supuesto sentido común que nos alerta del peligro de estallar en carcajadas ante según qué cosas. Las distintas formas del humor negro, en su desafío a la corrección política capturan, tal vez mejor que cualquier otra forma o código de representación, las mutaciones en su relación con el sentido común y los relatos del pasado, así como la transformación en los vínculos afectivos que las distintas generaciones establecen con respecto a su pasado inmediato o reciente. La carcajada que provocan imágenes como el Valle de los Caídos hinchable, el picnic en Cuelgamuros, Franco refrigerado o la exhumación accidental de una fosa común es amarga y es social. Tiene, cómo negarlo, un carácter incómodo, como de risa histérica. Pero su innegable naturaleza política hace de ella un eficaz mecanismo de transmisión de la memoria de las violencias del pasado y que nos alerta sobre su carácter irresuelto.

El olor del miedo

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sábado, 7 de julio de 2018



En alguna ocasión hemos hablado del olor de la Guerra Civil. A veces, la peste o el aroma del pasado llegan al presente -los efluvios de una letrina o de un frasco de medicina o de colonia. Es una sensación extraña y brutal. Una especie de máquina del tiempo que de repente lo sitúa a uno hace 80 años. 

Pero las cosas normalmente no huelen o no, al menos, a Guerra Civil, sino a óxido o a humus. Aun así, determinados objetos son inseparables de una fragancia o un hedor, que podemos inmediatamente asociar a nuestra experiencia cotidiana. No sé muy bien a qué huele la explosión de un mortero porque afortunadamente nunca he tenido que estar cerca de una. Pero sí sé a que huele una camisa sudada o un orinal. 

En el refugio antibombardeo del asilo de Santa Cristina que estamos excavando nos hemos topado hoy precisamente con un orinal completo. Es de metal esmaltado y su superficie está completamente decorada con aguadas azules, que imitan las vetas del mármol. No se trata del ubicuo bacín blanco con una cinta azul de la primera mitad del siglo XX. Es casi lujoso. Tanto que se podría pensar que se encontraba ya en el asilo cuando las tropas franquista tomaron la posición el 17 de noviembre de 1936. Encaja mejor con otros objetos elegantes que nos encontramos entre las ruinas del asilo (lámparas de araña, porcelana, vasos de vidrio tallado). 

El orinal del asilo debió encontrar uso inmediato en el nuevo contexto bélico. Constituía una pieza básica en los refugios antibombardeo, porque en ellos se pasaban muchas horas y porque el miedo es el mejor laxante. La escritora costarricense María Pérez Yglesias escribe en su cuento Estela: 



“Caminamos cerca de un galerón mal construido y un tufo insoportable me recuerda el olor a miedo del que hablan mi tía y mi abuela cuando recuerdan los horrores de la guerra civil española del 36. Ese olor a excremento, orinal, vómito y sudor de los refugios para huir de las bombas enemigas”.

El hedor de la orina y las heces es tan desagradable como polisémico. En un bebé resulta casi entrañable. En un anciano, desolador. En un callejón nos habla de juergas nocturnas o de gente sin hogar. 

En un refugio antibombardeo es el olor del miedo.

Carlos Jiménez Villarejo: La dictadura franquista continúa impune


http://www.ecorepublicano.es/2018/06/carlos-jimenez-villarejo-la-dictadura.html?m=1



Carlos Jiménez Villarejo: La dictadura franquista continúa impune
El Gobierno tiene que revisar la Ley de Memoria Histórica para que las Administraciones Públicas asuman la responsabilidad de encontrar a los asesinados, y para dar plena rehabilitación moral, jurídica y económica a todas las víctimas de la dictadura

Carlos Jiménez Villarejo | CTXT


“Es imprescindible recordar y honrar a quienes se esforzaron por conseguir un régimen democrático en Andalucía y a quienes sufrieron las consecuencias del conflicto civil, a quienes lucharon contra la dictadura franquista en defensa de las libertades y derechos fundamentales”.

Frente a la “aplicación de bandos de guerra, desapariciones forzadas, sentencias de muerte, cárcel, campos de concentración, multas e incautación de bienes, torturas, exilio y persecución laboral y profesional y grupos guerrilleros…” (Exposición de Motivos de la Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía)

1. El estado actual de los “desaparecidos” durante la guerra civil y la dictadura

La cita anterior es obligada en unas Jornadas como éstas que afrontan, esta vez en Andalucía, el deber de la memoria y, una vez más, la denuncia de la impunidad. Ante una Ley que representa un compromiso más enérgico y amplio con aquellas víctimas que la Ley estatal 52/2007, además de su derogación de facto durante el último gobierno del Partido Popular (PP).

Es necesario resaltar y agradecer que la Ley andaluza incluya la referencia a la Resolución de la ONU de 1946 que calificaba el régimen de Franco como “de carácter fascista”, establecido en parte gracias a las ayudas de Hitler y Mussolini.

En 1986, con motivo del 50 aniversario de la sublevación militar de 1936, la Presidencia del Gobierno emitió un comunicado que concluía así: "Y recuerda además con respeto a quienes desde posiciones distintas a las de la España democrática, lucharon por una sociedad diferente, a la que también muchos sacrificaron su propia existencia”. La “sociedad diferente” era el golpe militar, la dictadura franquista y la planificación del terror desde 1936 hasta 1975. Habrían de pasar más de treinta años para que un Gobierno se atreviera a llamar a la dictadura por su nombre, como lo había hecho la ONU en 1946. Así lo hizo, pese a todas sus insuficiencias, la Ley 52/2007, llamada de la Memoria Histórica, que, además, proclamó la “condena del franquismo”. Y, complementariamente, la Ley incluyó una Disposición derogatoria que, de forma expresa, priva de vigencia jurídica a aquellas normas represoras dictadas bajo la Dictadura por ser manifiestamente contrarias a los derechos fundamentales, desde los primeros Bandos de Guerra hasta la Ley del Tribunal de Orden Público, “con el doble objetivo de proclamar su formal expulsión del ordenamiento jurídico e impedir su invocación por cualquier autoridad administrativa y judicial”. Derogación que evidencia las carencias de la Constitución democrática de 1978 en cuanto no afrontó directamente la ruptura con el régimen totalitario anterior incorporando una norma como la que se aprobó veintinueve años después. Todo ello refleja las debilidades de nuestra democracia por razón de la pervivencia en su seno, ciudadanos e instituciones, de ciertos rasgos de una cultura autoritaria. Por ello, dicha Ley solo alcanzó unos objetivos moderados y dominados por una cultura privatizadora de la memoria.

Dice el Preámbulo que, entre otros, es cometido de la Ley proteger “el derecho a la memoria personal y familiar como expresión de plena ciudadanía democrática”. La consecuencia de este planteamiento ha sido un progresivo abandono de las reivindicaciones en orden a la plena rehabilitación moral, económica y jurídica de los vencidos y sus descendientes. El 9 de Febrero de 2011, en el CCCB de Barcelona, en el marco de una Exposición sobre “Desaparecidos”, el profesor de la Universidad de Columbia (Nueva York) Andreas Huyssen mantenía: "¿Qué sería del movimiento internacional de los derechos humanos sin memoria de los campos de exterminio del siglo XX?”. Y reclamaba la necesidad de preservar “la dignidad de las víctimas, sus luchas y su destino”. Lo mismo puede decirse del genocidio franquista y de sus responsables. Sobre todo, cuando aún persisten entre nosotros consecuencias gravísimas, dolorosas y punibles del genocidio, como son los desaparecidos. Y continúan considerados como culpables los condenados por las jurisdicciones represivas franquistas por un delito que jamás cometieron, el de rebelión militar. Y siguen sin ser plenamente rehabilitados los guerrilleros contra la dictadura, como última expresión del Ejército de la República. Por el contrario, el dictador aprobó una Ley el 22/12/1949 para recompensar a militares y guardias civiles que reprimieron a los guerrilleros. Les reconoció como “abonos de tiempo de campaña”, por la persecución de “partidas de rebeldes” a finales de 1944 en los que se calificaban como “Hechos de Armas”. La democracia aún no ha hecho un reconocimiento similar a los guerrilleros que sufrieron dicha persecución. Las víctimas ya no pueden esperar más y el Gobierno, las administraciones públicas y los tribunales están obligados a la satisfacción inmediata de sus derechos.

En julio de 2016, se cumplieron 80 años desde que la II República fue asaltada por el golpe militar dirigido por el General Franco, implantando desde sus inicios un régimen totalitario regido por el terror y la represión. Entre muchas de las consecuencias de dicho terror, estuvieron las víctimas republicanas de asesinatos que fueron enterradas clandestinamente en fosas comunes. La gran mayoría de ellas no han sido localizadas ni identificadas y, lo que es más grave, nunca, salvo contadísimas excepciones, las Administraciones y el poder judicial asumieron la investigación y esclarecimiento de conductas que constituían crímenes contra la humanidad.

En este contexto, los familiares de aquellas víctimas quedaron en un absoluto desamparo, viéndose obligadas al silencio y, en limitados casos a recurrir a procedimientos civiles para lograr el reconocimiento de estos derechos: la recuperación de los restos de sus ascendientes asesinados, su identificación y darles una digna sepultura. Prácticamente nunca conocieron quiénes y cómo los asesinaron.

Hubo que esperar a que el Grupo de Trabajo de NNUU sobre las Desapariciones Forzadas o involuntarias, en el Informe sobre su visita a España en septiembre de 2013 (de 23 a 30 de este mes), exigiera al Gobierno español que “todas las desapariciones forzadas sean investigadas de manera exhaustiva e imparcial…”. Recomendación abiertamente incumplida. Por cierto, dicho organismo de la ONU visitó “Las Murallas de la Macarena y la fosa común del Cementerio de Sevilla”.

Decía así: “En España se cometieron graves y masivas violaciones a los derechos humanos durante la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura (1939-1975)”. Este es el punto de partida de dicho Informe. Con un dato muy relevante. Las víctimas de desapariciones forzadas del 17 de julio 1936 a diciembre 1951 ascenderían a 114.226.

La intervención de este Comité fue la primera respuesta internacional al desamparo que sufren a diario las víctimas –incluidos sus familiares– de los crímenes de la dictadura franquista.

El abandono institucional y, particularmente, el judicial lo acreditó el Informe elaborado por el forense Francisco Etxeberria, que ha intervenido en la exhumación de 300 fosas en las que se encontraron restos de 5.000 personas. Afirmó: “Las autoridades judiciales han estado ausentes en este proceso”.

El desamparo judicial es ya antiguo, pero se agudizó cuando, tras la denuncia formulada en 2006 ante el Juzgado Central de Instrucción nº 5, el proceso fue cerrado, dividido y repartido entre más de 60 Juzgados de Instrucción por razón de la localización de las fosas. La inmensa mayoría de los Juzgados archivaron las actuaciones, sin personarse siquiera en la fosa donde pudieran hallarse los restos de los desaparecidos para practicar las diligencias a que les obligaba la Ley. Con razón, dicho Informe de la ONU exigía “Jueces en las fosas”: “Que los representantes de la administración de justicia se personen en el momento de la ejecución de las exhumaciones y luego analicen los resultados que las mismas arrojan y actúen de acuerdo con ellos”.

Y, cuando se aprueba la Ley de la Memoria Histórica (LMH) en 2007, el Estado renuncia a su deber de asumir “la indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas” para atribuírselas a los familiares y particulares. Privatizando una responsabilidad eminentemente pública, ya fuera judicial o administrativa. En efecto, el art. 11 de la misma se limita a afirmar que las Administraciones Públicas se limitarán a “facilitar” a los familiares y asociaciones la práctica de las exhumaciones. Lo que, evidentemente, contrasta con los términos del Art. 8.1 de la Ley andaluza, cualquiera que sea su posterior proceso de ejecución: “La Consejería competente en materia de memoria democrática llevará a cabo las actuaciones necesarias para recuperar e identificar los restos de las víctimas desaparecidas…”, con arreglo a los Protocolos a que se refiere.

Pero la desprotección llegó a ser más intensa cuando el Tribunal Supremo (TS), por sentencia 101/2012, que absuelve al juez Garzón, complementada por el Auto de 28/3/2012, clausura definitivamente las puertas de los tribunales para investigar los crímenes de la dictadura. Porque, con una completa vulneración del Derecho Internacional Humanitario, declara que no pueden ser perseguidos penalmente. Cuando ha sido una constante de este Derecho que ciertos delitos, por su gravedad y dimensiones cualitativas y cuantitativas, eran siempre perseguibles, con independencia de su codificación estatal, precisamente por atentar al género humano.

Además, los Pactos de Nueva York, vigentes en España desde el 30/4/1977, proclamaban que la irretroactividad de la ley penal no era aplicable a delitos que, por su gravedad, tenían aquel alcance. Los Pactos establecen que nada se opone a su persecución y condena si los hechos “en el momento de cometerse fueran delictivos según los principios generales del derecho, reconocidos por la comunidad internacional”. Tratado vigente en España cuando se aprobó la Ley de Amnistía de 1977, lo que impedía que fuera aplicada al genocidio franquista. El deber de investigar dichos crímenes está, además, respaldado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En la sentencia de 16/4/2012 justificó la investigación judicial de los asesinatos masivos de Katyn. Y el Tribunal Supremo de Italia autorizó la persecución judicial de Priebke, el dirigente nazi que ordenó los asesinatos de las Fosas Ardeatinas. Y, ya en España, la Sección 10ª de la Audiencia Provincial de Barcelona (Auto 22/1/2013) ordenó la investigación de los bombardeos fascistas sobre la población civil de Barcelona durante la guerra civil con centenares de víctimas. El tribunal, con fundamento en las Convenciones de La Haya de 1899 y 1907, afirma que “el ejército italiano podía conocer la ilicitud de los bombardeos sistemáticos y de carácter exterminador sobre la población civil de Barcelona”. Y, desde luego, con fundamento en dichas Convenciones y en la Constitución de la República, declara que los ataques aéreos sobre Barcelona son perseguibles “como derecho penal no codificado”, pues los “principios” del Derecho consuetudinario internacional “están por encima de las leyes internas de cada país, y por tanto son directamente aplicables aunque la legislación interna del Estado donde se perpetraron no los tuviera formalmente tipificados”. Así se desprende expresamente de la Convención de La Haya de 1907, donde “constan expresamente las matanzas masivas de la población civil” y los “bombardeos de ciudades sin que existan objetivos militares” y, en particular, de la Cláusula Martens de 1899, que apelaba a los Estados en guerra a la vigencia de “los principios del derecho de gentes”. Como consecuencia de estos principios, el citado Informe de la ONU disponía que “la búsqueda de los desaparecidos no puede depender de los familiares, sino que debe de ser asumida como una obligación del Estado”. Es especialmente significativa la Sentencia del TEDH en el caso Zdanoka c. Letonia (16/3/2006): “2. En derecho internacional, el proceso de Núremberg es una ilustración histórica de la manera en que el estado de derecho responde a la barbarie, de que el poder de la lógica jurídica prevalece ex post facto sobre la lógica hobbesiana del poder... El Tribunal aplica la doctrina fijada por la Sentencia de Núremberg, según la cual el concepto de crímenes contra la humanidad comprende los hechos de esta naturaleza cometidos desde el 23 de marzo de 1933. De la misma forma que el Convenio sobre el Genocidio, de 1948, no instituye ni crea este delito sino que “confirma” su existencia como “delito de derecho internacional”.

El Comité de NNUU expresó su “preocupación” por el criterio mantenido por el TS en la sentencia citada al invocar la “existencia de una ley de amnistía” y por rechazar en las desapariciones su carácter de delito permanente. Asimismo, “exhorta” al Estado a que “asegure que todas las desapariciones forzadas sean investigadas de manera exhaustiva e imparcial...”.

El Comité, frente al criterio mantenido por la LMH, recuerda que “la búsqueda de las personas que han sido sometidas a desaparición forzada y el esclarecimiento de su suerte son obligaciones del Estado” y que “los familiares tienen el derecho a conocer la verdad sobre la suerte de sus seres queridos desaparecidos”.

Para estos fines, como ya se ha reclamado desde diversas instancias, el Comité plantea que el Estado español “debería considerar la posibilidad de establecer un órgano específico encargado de la búsqueda de las personas sometidas a desaparición forzada…”.

Finalmente, entre otras muchas recomendaciones, el Comité reitera lo que ya solicitó el Consejo de Europa en 2006, “la creación de una comisión de expertos independientes encargada de determinar la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado, en particular las desapariciones forzadas”.

Las víctimas de la dictadura ya no pueden esperar más. Llevan 40 años esperando saber, ser auténticamente reparados por el inmenso daño sufrido y, en la medida de lo posible, que se haga justicia como lo está haciendo la juez argentina.

El Estado, las Administraciones y, particularmente, los jueces no pueden continuar quebrantando el derecho internacional que regula las obligaciones de los Estados ante las desapariciones forzadas e incumpliendo el deber legal de proteger a las víctimas y proporcionarles la satisfacción adecuada fijada en las leyes internacionales. Acabar con el “olvido de las víctimas de la represión franquista”. Las víctimas más “invisibilizadas”, según Reyes Mate.

Más recientemente, el pasado 15 de abril de 2015, la ONU ha vuelto a reiterar al Estado español que cumpla sus obligaciones morales y, sobre todo, legales con las víctimas de la represión de la dictadura franquista. Era la consecuencia del Examen Periódico Universal a que nuestro Estado fue sometido en enero de ese año en el extenso ámbito de los derechos humanos.

Las Recomendaciones fueron fundamentalmente tres: “Abordar la cuestión de las desapariciones forzadas en todos sus aspectos” y “promover cambios en el ordenamiento nacional que permitan la investigación exhaustiva e imparcial de las desapariciones forzadas”, ambas en el marco de “una estrategia amplia e incluyente para abordar los problemas del pasado…”.

A casi cuarenta años de la muerte del dictador, continúa sin resolverse cómo afrontamos definitivamente nuestro pasado totalitario, el franquismo, de forma que se resuelvan a favor de las víctimas del mismo las deudas contraídas por un sistema, la dictadura, que aún no están completamente saldadas. La responsabilidad es compartida por los Gobiernos democráticos y los Tribunales de Justicia. Porque no habrá en España un sistema plenamente respetuoso de los derechos humanos mientras aquellas víctimas no hayan sido plenamente reparadas.

2. El concepto de “víctima” de violaciones graves de derechos humanos

Incorporado a la Ley andaluza en el art. 4 A. b). La utilización del término “víctimas” resulta necesario en cuanto genera un determinado estatuto jurídico, sobre todo a la hora de situarlo en relación con los instrumentos jurídicos de Derecho Internacional en la materia. A este respecto, es necesario hacer una especial mención de la Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas 60/147 (16. 12. 2005, publicada 21. 04. 2006) relativa a los: “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”.

El concepto de víctima se define así: “8. A los efectos del presente documento, se entenderá por víctima a toda persona que haya sufrido daños, individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una violación grave del derecho internacional humanitario. Cuando corresponda, y en conformidad con el derecho interno, el término “víctima” también comprenderá a la familia inmediata o las personas a cargo de la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la victimización. 9. Una persona será considerada víctima con independencia de si el autor de la violación ha sido identificado, aprehendido, juzgado o condenado y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima. "Desde esta perspectiva, el Estado español y, en consecuencia la magistratura, están obligados a actuar para la plena satisfacción de dichos derechos”.

3. La dictadura franquista continúa impune

La Fiscal General dictó el 30 de septiembre de 2016 una Instrucción ordenando a los fiscales que se opusieran a los requerimientos de la Justicia argentina solicitando auxilio judicial para la investigación de los crímenes de la dictadura fascista del General Franco.

En su escrito, se refería en varias ocasiones al “franquismo”, nunca en términos críticos. Y el modo habitual de aludir al objeto del requerimiento de la juez argentina es que se trata de “hechos cometidos por ciudadanos españoles en España contra ciudadanos españoles” entre 1936 y 1977. O bien a “hechos acaecidos durante la guerra civil”. Nunca se refiere a la dictadura.

Fue un verdadero escándalo. Esa fiscal, ya cesada, representó la continuidad de esa contemporización de ciertos sectores judiciales con el franquismo.

La categoría de Crímenes contra la Humanidad de los cometidos por los sublevados desde el inicio de la guerra civil y durante la dictadura no permite ninguna duda. La naturaleza criminal de los mismos, su gravedad y el carácter de crímenes planificados desde el Estado y su alcance masivo exigen aún su investigación judicial penal y, cuando fuera posible, la persecución de sus responsables. Es lo que pretende hacer la Justicia argentina ante la gravísima pasividad de los Gobiernos democráticos y de las autoridades judiciales.

No puede olvidarse que hasta el 2000 –cuando se exhuman los restos de trece fusilados en octubre de 1936 en Priaranza del Bierzo (León)– no se inició un auténtico movimiento reivindicativo de la memoria de los crímenes del franquismo. Y hasta 2007 no se aprueba una Ley, la de Memoria Histórica, que reconoció tibiamente la criminalidad de la dictadura. Ello sitúa en su justo lugar el valor limitado de la Ley de Amnistía y, desde luego, la enorme dificultad de que dichos crímenes fuesen perseguibles.

Son muchas más las consecuencias gravemente lesivas a los derechos humanos de los cuarenta años de dictadura. Pero que conste que no habrá un cambio político real en nuestro país sobre el olvido y el desamparo legal de las víctimas del franquismo.

Y el Estado y las Comunidades Autónomas tienen una gran responsabilidad. Pero, muy especialmente, el actual Gobierno, obligado a revisar la LMH para que las Administraciones Públicas asuman directamente la responsabilidad respecto a los desaparecidos; pero también para reconocer sin reserva alguna la competencia que les corresponde respecto a la plena rehabilitación -moral, jurídica y económica- de todas las víctimas de la dictadura y, particularmente, entre ellas, los miembros de la Unión Militar Democrática y de la guerrilla antifranquista. Además de impulsar y respetar la competencia judicial-siguiendo el ejemplo de la Audiencia de Barcelona-para investigar y perseguir los gravísimos Crímenes contra la Humanidad que se cometieron desde 1936 hasta 1975 por las autoridades y funcionarios del franquismo y la dictadura. 

Concluimos: “El conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión pertenece a su patrimonio… Lo que obliga a todos los poderes públicos “a preservar del olvido la memoria colectiva”. Y, además, a evitar “la impunidad”. Creo que este llamamiento de NNUU debería haberse aplicado, especialmente en nuestro país, desde que entró en vigor en 2005. (“Principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad.8/2/2005).

Fuente: CTXT


Este texto se leyó originalmente en las Jornadas organizadas por la Asociación “Dejadme llorar”. El autor lo ha actualizado ahora para su publicación en CTXT.
Carlos Jiménez Villarejo: La dictadura franquista continúa impune