dissabte, 16 de novembre del 2019

125.000 euros para empezar a sacar a 33.000 víctimas del olvido: Patrimonio se prepara para abrir las criptas de Cuelgamuros.


https://www.eldiario.es/sociedad/Patrimonio-exhumacion-Lapena-operacion_0_963453986.html


Patrimonio ha dado la autorización a los trabajos para sacar a los hermanos Lapeña del Valle de los Caídos y a todos los demás inhumados ahí, casi 34.000 en total. Manuel y Antonio Ramiro Lapeña fueron fusilados en 1936 y trasladados desde Calatayud, su localidad de origen, hasta el mausoleo. Hasta hace apenas tres semanas, sus huesos estaban a escasos metros de los de su verdugo, Francisco Franco.
Los restos de los Lapeña se encuentran en alguna de las nueve cajas con la inscripción 'Calatayud' que hay en el tercer piso de la capilla del Santo Sepulcro del templo. En ellas hay restos de al menos 79 hombres más. La familia espera que la apertura de las criptas empiece en navidades, pero el proceso todavía será largo y puede encontrar impedimentos. Está pendiente la licitación de obra a una empresa externa y los forenses tendrán que cotejar todos los ADN hasta localizarles.
Se empieza con ellos porque su familia tuvo en 2016 una sentencia que autorizó su exhumación, algo que les permitirá darles un entierro digno más de 80 años después. Pero llevan desde entonces sorteando un laberinto de obstáculos judiciales. Los Lapeña creen que "esta es la buena, confiamos más". Pero "hasta que no lo veamos, después de tantas cosas que hemos pasado, no lo creeremos", apuntan. Hay otras 29 solicitudes de descendientes de víctimas de la Guerra Civil y la represión que quieren sacar a los suyos de Cuelgamuros.
La capilla del Santo Sepulcro, por dentro.
La capilla del Santo Sepulcro, por dentro. INFORME CSIC
Patrimonio permite ahora la apertura de todas las sepulturas del Valle por la validación y publicación esta semana de un informe del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). En el documento se estudia la estructura del templo y "las posibilidades de acceso y riesgos", y certifica que hay seguridad suficiente para los forenses y técnicos. No garantiza que se pueda exhumar e identificar a todos, solo el estado del edificio. Los expertos hicieron siete visitas al Valle entre noviembre de 2018 y abril de 2019. Eduardo Ranz, abogado de la familia Lapeña, cuenta que la inspección, dirigida por el ingeniero José Pedro Gutiérrez y por el arquitecto Rafael Piñeira, se demoró porque solo pudieron acudir al Valle los lunes, día de cierre, por orden del prior Santiago Cantera.
Cajas de la cámara 3 de la Capilla del Santo Sepulcro.
Cajas apiladas en la cámara del nivel 3 de la Capilla del Santo Sepulcro. Es el piso en el que están los Lapeña.
Los trabajos que se detallan como necesarios para comprobar todas las criptas –ocho en total con las casi 34.000 víctimas– van a costar unos 125.000 euros, según el informe encargado y analizado por Patrimonio. Una cifra susceptible de incrementarse "dependiendo de las condiciones" en que se desarrolle. Es decir, puede ocurrir que cuando los forenses entren en las cámaras funerarias se sumen complicaciones ahora imprevisibles, por ejemplo relacionadas con las medidas de seguridad. Ese dato estimativo no contempla "el importe que pudiera suponer ninguna acción relacionada con el movimiento, realojo o tratamiento de
restos cadavéricos".

Primero, el Santo Sepulcro

Comenzarán abriendo la capilla del Santo Sepulcro por ser la de los Lapeña. Como pasa en las demás, sus cámaras actúan de osarios, y se ubica a la derecha del altar mayor, donde reposaba Franco y donde sigue José Antonio Primo de Rivera. Hay otra capilla grande a la izquierda, la del Santísimo, y seis pequeñas en los laterales de la nave. La del Santo Sepulcro –como la del Santísimo– tiene cinco niveles de altura con cámaras funerarias: en los cuatro primeros hay "cajas con restos cadavéricos" y en el más alto, "restos óseos sueltos".
Patrimonio cifra en la capilla del Santo Sepulcro 6.492 cajas con restos –llamadas columbarios–. Los Lapeña están en una de esas nueve del tercer piso en las que pone 'Calatayud'. En cada una de ellas, según los documentos del Valle, hay restos de nueve personas hasta sumar 81 en total. La familia espera que todo cuadre y tras las pruebas de ADN se dé con Manuel y Antonio Ramiro, porque de Calatayud, según un telegrama de la época, salieron 13 cajas y no 9. Un informe del Consejo Médico Forense de 2018 advertía de que los columbarios estaban depositados desordenadamente y de que los restos son "muy antiguos" dentro de los criterios científicos para este tipo de investigaciones.
Los hermanos Lapeña, que serán exhumados / ARICO Memoria Aragonesa
Los hermanos Lapeña, que serán exhumados / ARICO Memoria Aragonesa
Tras el Santo Sepulcro se seguirá trabajando en la capilla del Santísimo, con 3.398 columbarios, y luego en las de los laterales, con 773 entre las seis. El prior paralizó en noviembre de 2018 el hasta ahora último intento de sacar a los Lapeña. Esta vez lo tendrá más complicado, explica el abogado Eduardo Ranz: "Se nos ha transmitido desde Patrimonio que eso no va a ser un problema, así como otras veces sí hemos tenido el aviso" de las trabas que ponían los benedictinos.
"La exhumación de Franco ha supuesto una pérdida visible de poder. Aunque por experiencia nunca hay que confiarse, entendemos que una vez dado el calendario y el informe a las familias, el trabajo sigue adelante", cuenta Ranz. El proceso ha ido en paralelo los últimos meses, pero va separado de la exhumación de Franco: "Es un éxito que comenzó con la sentencia de 2016, que viene de un fracaso de la sociedad que fueron las ejecuciones".

Un caos de huesos y cajas

Otro informe de Patrimonio de 2010 daba muchos detalles sobre el caos de huesos y cajas que hay en las criptas del Valle. Gran parte están amontonados y en condiciones de mucha humedad. En el de 2019 se ha observado por ejemplo que algunos contenedores mortuorios "mantienen su integridad", pero otros están tan mal que "han perdido su capacidad resistente". Hay "restos cadavéricos dispersos", cajas apiladas o amontonadas en todas las cámaras. Es por eso que la extracción e identificación puede complicarse.
Cajas con restos óseos en las capillas.
Cajas con restos óseos en la capilla del Santo Sepulcro. INFORME CSIC
Para efectuar la valoración las condiciones del edificio el CSIC no ha podido acceder a todos los pisos. El reconocimiento ha sido visual, en algunos pisos mediante un videoscopio colocado en trampillas. Para que los forenses puedan entrar a partir de navidades habrá que demoler algunas partes de las paredes. Por ejemplo, para subir a las cámaras del último piso del Santo Sepulcro habrá que tirar una zona del cerramiento, pero esto no tendrá "influencia sobre la estabilidad" del conjunto. Una vez se finalicen las tareas, se podrá reconstruir con materiales similares, recomienda el CSIC.
Lo que tiene peor conservación de toda la arquitectura son los elementos de entrevigado. "La entrada de personas a cualquiera de los niveles de cripta quedaría condicionada por su deficiente estado", escriben desde Patrimonio sobre las conclusiones del CSIC. Por tanto, las medidas de seguridad de los operarios tendrán que estar dirigidas sobre todo a prevenir el desprendimiento del entrevigado. El estado de los elementos principales, las "vigas y nervios", "parece ser bueno", con "deterioros puntuales" pero sin limitaciones para soportar peso.
Capilla del Santísimo del Valle de los Caídos.
Capilla del Santísimo del Valle de los Caídos. INFORME CSIC

divendres, 15 de novembre del 2019

La família d'Ángel Fernández podrà recuperar les seues restes 56 anys després de ser robades pel franquisme.


https://www.diarilaveu.com/familia-angel-fernandez-recuperar-restes-56-robades-franquisme



La germana i la neboda d'Ángel Fernández han rebut l'autorització de Patrimoni Nacional per a exhumar el seu cadàver del Valle de los Caídos
14 novembre 2019 06:00h
Patrimoni Nacional ha autoritzat la família d'Ángel Fernández a exhumar les seues restes. / KAI FÖRSTERLING, EFE
VALÈNCIA. Ángel Fernández va ser una de les desenes de milers de persones que van morir en la batalla de Terol del 1938. Amb 22 anys, va perdre la vida lluitant en el bàndol republicà. La família mai no va conéixer el seu parador fins que la seua neboda, Montse Martínez, va esbrinar que havia sigut soterrat al cementeri de Terol. Junt amb aquest descobriment també es va trobar amb el fet que, el 1963, la dictadura franquista va decidir dur les seues restes a Cuelgamuros junt amb altres víctimes republicanes. Durant anys l'objectiu va ser traslladar morts d'ambdós bàndols a aquell monument que homenatjava la dictadura i que va ser batejat pels vencedors de la guerra com a Valle de los Caídos.
Quasi 56 anys després del seu trasllat, Patrimoni Nacional ha autoritzat Montse i la seua mare Antonia –germana d'Ángel– a recuperar les restes del seu familiar per a poder enterrar-les amb les dels seus avis, pares i germans.
Junt amb el cas de Montse i Antonia, han sigut resoltes altres 30 sol·licituds d'exhumació que es trobaven en tràmit. Les restes d'Ángel Fernández van ser reclamades el passat 4 de juny, poc després que el Tribunal Suprem paralitzara cautelarment l'exhumació de Franco.
El president del Grup per a la Recuperació de la Memòria Històrica de la Comunitat Valenciana, Matías Alonso, es va encarregar de coordinar aquesta petició realitzada al govern espanyol. A parer seu, el més important és que la família "ja té el seu dret reconegut".
Ara bé, ningú no sap quant es podrà dilatar el procés que s'obri ara. L'exhumació no és immediata i, tal com recorda Alonso, "s'ha de fer un projecte de condicionament per a assegurar que es puga treballar allí", ja que "ningú no ha vist com està realment per dins l'espai". En concret, les restes d'Ángel es troben en una de les criptes de l'edifici, la Capilla del Santísimo, que serà la segona en ser oberta després de la Capilla del Santo Sepulcro.
"És el punt amarg de tot açò", incideix Alonso. En efecte, els processos d'exhumació de les víctimes del franquisme i la Guerra Civil sovint es dilaten en el temps, la qual cosa juga en contra dels familiars més propers, d'edats molt avançades. És el cas de la germana d'Ángel, Antonia, que als seus 88 anys encara espera per a poder ser reparada en vida. "La justícia no serveix de res si no s'administra al viu", assevera Alonso.
Les primeres exhumacions després de Franco
En els contactes que la família d'Ángel ha mantingut amb el govern espanyol, se'ls ha garantit que podran accedir a un "acte presencial" per a homenatjar el seu familiar. Però, com que a hores d'ara es desconeixen els detalls tècnics del procés, ningú no els ha deixat clar si se'ls permetrà complir el seu desig d'estar-hi presents en el moment de l'exhumació. Un desig que sí que va ser garantit a la família de Franco el passat 24 d'octubre.
En qualsevol cas, podran acudir al Valle amb la consciència que el dictador ja no descansa al costat de les restes del seu germà. La seua exhumació va ser un primer pas per a la reparació per tot el que va suposar aquesta obra faraònica construïda pels presoners de guerra del franquisme, però encara resten allí, almenys, 33.833 persones més. En la gran majoria de casos, sobretot entre les víctimes represaliades pel franquisme, aquestes van ser traslladades sense l'autorització ni coneixement de les seues famílies.
Segons el cens del Ministeri de Justícia, tan sols s'ha pogut esbrinar la identitat de 21.423 d'aquestes persones. En el cas de les que van ser traslladades al Valle des del País Valencià, es tracta de 1.971 persones, però només 1.164 registrades amb els seus noms. Entre elles, quatre dones: Carmen Ripoll Monerri, de Tavernes de la Valldigna; Ana María Borreda Ferrero i Concepción Borreda Ferrero, d'Ontinyent, i Elisa Bayarri Algarra, de València.
Ara bé, tot i que s'ha pogut escatir que aquestes persones es troben al Valle, la seua posterior identificació pot no resultar tan senzilla. En primer lloc, perquè la gran majoria d'elles no han sigut reclamades pels seus familiars –en molts casos, ja desapareguts–, i, en segon lloc, perquè no és segur que les caixes en què es troben dins de les criptes continuen amb la numeració original, ja que en molts casos "va ser dibuixada amb tisa" que podria haver-se esborrat, tal com recorda Alonso.
Patrimoni Nacional ja ha advertit que la llista inicial de 31 exhumacions podria variar si pròximament arriben noves sol·licituds, però primer s'hauran d'executar les que ja estan en marxa. Per ara, el govern espanyol tampoc no ha especificat cap partida pressupostària, per la qual cosa és difícil saber quant de temps durà començar amb els treballs que ja han sigut autoritzats i finalitzar-los.
Primers passos per a la reparació
D'altra banda, les associacions memorialístiques continuen exigint més mesures que esperen que un futur govern espanyol del PSOE amb Unides Podem tire endavant. Entre elles, l'aprofundiment "urgent" en la Llei de Memòria Històrica del 2007, ja que tal com denuncia Alonso, el PP la va deixar "sense a penes efectes" a través de múltiples modificacions. A més, pensa que a través d'aquesta norma podria deixar-se sense valor part de la Llei d'Amnistia del 1977, que fins ara ha permés que es deixen sense jutjar els crims contra la humanitat del franquisme.
Segons afirma, aquesta llei –que també va emparar els presos polítics que s'oposaven a la dictadura– no és tant el problema com la interpretació que els jutges fan a partir d'ella. En opinió d'altres experts memorialistes com el president de la Coordinadora d'Associacions de Memòria Democràtica del País Valencià, Ángel González, seria beneficiós modificar la Llei d'Amnistia per a deixar sense efectes aquelles parts que protegeixen els torturadors i assassins del règim.
Més enllà d'aplicar una solució o una altra –l'estricta aplicació de la jurisprudència internacional respecte dels crims contra la humanitat hauria de ser suficient–, tots dos coincideixen que aquests crims no poden quedar impunes.
A més a més, la creació de bancs públics d'ADN –actuació que es preveu, sense data, per part de la Conselleria de Transparència i Qualitat Democràtica– per a un reconeixement més ràpid i efectiu de les víctimes, o que l'Estat assumisca la iniciativa i el cost directe de les exhumacions són altres de les reivindicacions.

dimecres, 13 de novembre del 2019

"Información alemana": así cazó el franquismo a los masones españoles con listas de sus aliados de la Gestapo.

https://www.eldiario.es/cv/Informacion-alemana-masones-Franco-espanoles-Gestapo_0_961004168.html

En la calle del Conde de Montornés de València, una agradable vía con muy poco tráfico que conecta la plaza de Tetuán con la de San Vicente Ferrer, hay un enorme descampado donde debiera estar el número 19. El edificio, ya desaparecido, albergó el templo del Liceo, sede de las logias valencianas, hasta la ocupación de la ciudad a finales de marzo de 1939 por las tropas del general Francisco Franco, cuyo régimen persiguió obsesivamente, más que ninguna otra dictadura en el mundo, a la masonería.  
Calle Conde de Montornés, número 19, de Valencia
Calle Conde de Montornés, número 19, de Valencia L. M.
El carlista Marcelino de Ulibarri, amigo personal de Franco, fue el responsable del Servicio de Recuperación de Documentos encargado de requisar la documentación del partidos y sindicatos republicanos en cada ciudad que ocuparon las tropas sublevadas en su avance durante la contienda, y también los objetos de las logias masónicas. La documentación confiscada acabó en el Archivo de Salamanca, que se convertiría en una gigantesca base de datos para los tribunales de la represión franquista.
En València, el abogado Pascual Serrano Josa fue el encargado de la confiscación de la documentación masónica y de su envío a Salamanca. En 1940, según la correspondencia entre Ulibarri y Serrano, la documentación requisada en el templo de la calle del Conde de Montornés excedía un vagón de tren. El templo masónico y sus ornamentos del rito fueron desmantelados y, aunque Ulibarri ordenó que el mosaico del pavimento con figuras simbólicas que decoraba la sala central fuera desmontado y enviado a Salamanca para el museo que aún hoy existe en las dependencias del archivo, esta pieza nunca llegó. El edificio de la calle del Conde de Montornés conservó durante décadas el característico cielo estrellado del techo de la logia, según algunos testimonios.   
La pseudologia construida por el franquismo con fines propagandísticos y conservada en el CDMH de Salamanca
La pseudologia construida por el franquismo con fines propagandísticos y conservada en el CDMH de Salamanca L. M.
Los victoriosos franquistas no pudieron arramblar, ni mucho menos, con todo. En el puerto de Alicante, poco antes de la entrada de las tropas franquistas, unas sacas con documentación comprometedora (las listas de afiliación, la correspondencia o los libros de actas) acabaron en el fondo del mar. "La abundante documentación emanada de los organismos masónicos valencianos fue en parte destruida durante las semanas previas al final de la guerra, en un intento desesperado de eliminar las pruebas que involucraban a los miembros de la orden, para evitar las seguras represalias por parte del bando triunfador", explica a eldiario.es el historiador Vicent Sampedro, autor entre otras obras de referencia de La maçoneria valenciana i les lògies accidentals durant la Guerra Civil (CVC, 1997).  
El resto de la documentación fue evacuada a Francia y depositada en los archivos del Gran Oriente de Francia en la rue Cadet de París, pero tras la invasión nazi fue requisada por la Gestapo y entregada a las autoridades franquistas. Los comprometedores documentos, que los masones españoles pensaban tener a buen recaudo en París, volvieron a manos del franquismo gracias a la colaboración de los aliados nazis. Hoy en día en el número 16 de la rue Cadet existe un museo de la francmasonería que explica el periodo de la ocupación nazi de Francia y la persecución de los masones galos. 
Ficha elaborada por los servicios antimasónicos del régimen de Vichy sobre el ex primer ministro francés Pierre Mendès-France, expuesta en el Museo de la Francmasonería de la rue Cadet de París
Ficha elaborada por los servicios antimasónicos del régimen de Vichy sobre el ex primer ministro francés Pierre Mendès-France, expuesta en el Museo de la Francmasonería de la rue Cadet de París L. M.
El Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH), heredero del Archivo de Salamanca, conserva 80.000 fichas de supuestos masones además de las listas enviadas por los alemanes. Se trata de dos libretas, una de masones españoles en el exilio francés, algunos internados en campos de concentración, y otra de masones de la ciudad de Valencia. Las listas, ordenadas alfabéticamente, abarcan varias décadas e incluyen decenas y decenas de supuestos masones, identificados con nombre y apellidos, profesiones y la adscripción a las logias.   
En las libretas consultadas por este diario, entre muchos otros masones más o menos anónimos, aparecen destacados líderes republicanos como el castellonense Vicente Marco Miranda, diputado y gobernador civil de Córdoba entre 1931 y 1933, o el exministro de Obras Públicas del Gobierno del Frente Popular, Julio Just Gimeno, internado durante seis meses en el campo de concentración de Vernet d’Ariège (Francia), así como varios miembros de la influyente familia Azzati.
Todos fueron juzgados por el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y del Comunismo (TERMC) que instruyó, entre 1940 y 1964, más de 64.000 expedientes y "extendió sus actividades incluso a los masones exiliados", apunta el historiador Vicent Sampedro, a quien no le cabe duda de que ambas listas provienen de los intercambios con las autoridades alemanas. 
Sampedro —meticuloso historiador— ha investigado durante las últimas tres décadas la persecución de la masonería valenciana. Aún hoy, con el estado de las investigaciones, es complicado determinar el número exacto de masones que sufrieron la persecución del franquismo pero prácticamente todos los del siglo XX son represaliados y juzgados por el TERMC, tanto si permanecieron en España o marcharon al exilio, sostiene el historiador. "Todos los masones que pudieron referenciar fueron juzgados", apostilla. 
Anotación sobre el exministro Julio Just Jimeno en la lista de masones enviada por las autoridades nazis.
Anotación sobre el exministro Julio Just Jimeno en la lista de masones enviada por las autoridades nazis. CENTRO DOCUMENTAL DE LA MEMORIA HISTÓRICA
Durante la primera mitad de la oscura década de 1940 hubo un continuo intercambio de información entre las autoridades franquistas y sus aliados nazis sobre los masones de sus respectivos países. Vicent Sampedro investigó en el CDMH de Salamanca el legajo sobre el exilio masónico español en Francia. "La documentación que lo compone fue requisada por las tropas alemanas a partir de 1940, después de la invasión de Francia, y fue remitida en diferentes lotes a las autoridades franquistas", explica.
En 1940, según las investigaciones de la historiadora Ingrid Schulze Schneider, el director de la Oficina de Servicios Exteriores alemana, Werner Haas, visitó Salamanca para conocer los fondos requisados y preparar el intercambio de documentación. Ulibarri, en un informe sobre la visita, se refirió a "toda la documentación masónica española recogida en las Logias de Francia, de cuyo material se encuentra el 70% en Berlín y en breve plazo se habrá trasladado todo a Alemania".
Marcelino de Ulibarri, el jefe de la cacería de los masones españoles, confesaba su deseo: "Poder completar nuestros Archivos con la documentación masónica del tiempo de nuestra Cruzada (probatoria de la intervención directa de la masonería en contra del Movimiento Nacional) y que fue evacuada a Francia antes de conquistar nuestro Glorioso Ejército las poblaciones fronterizas". En contrapartida, las autoridades policiales nazis en España mantenían con la Delegación para la Recuperación de Documentos de Salamanca "un continuo intercambio de información acerca de la identidad de supuestos masones germanos en España", escribe Ingrid Schulze Schneider.  
El legajo sobre el exilio en París incluye la correspondencia del embajador alemán en España, Hans Dieckhoff, con el entonces subsecretario de Presidencia, Luis Carrero Blanco, y con el ministro de Asuntos Exteriores, Francisco Gómez Jordana. El 29 de diciembre de 1943 el embajador pide a Gómez Jordana que informe al general Franco, "cuyo interés en todo el material respectivo me consta", puntualiza. Y le pide "asegurar a dicha alta personalidad que tendré mucho gusto en procurar también en el porvenir material interesante y en proporcionárselo". En una fecha tan tardía como diciembre de 1944, destaca Sampedro, la embajada alemana envió una nueva remesa de material a Carrero Blanco. 
En España, la dictadura franquista persiguió a la masonería con el TERMC y también con la propaganda más burda. El escritor y policía de la Brigada Político Social Eduardo Comín Colomer, colaborador de Ulibarri y activo propagandista antimasónico, fue destinado a Valencia en la inmediata posguerra. Su amigo Julián Carlavilla, conocido autor de libelos antisemitas, comisario de la Brigada Político Social y declarado pronazi, mostró una paranoia permanente contra la masonería durante toda su vida. En su libro Borbones masones (Editorial Acervo, 1967) acusó a Juan de Borbón, padre de Juan Carlos I, de obedecer "los masónicos dictados de Inglaterra" y de conspirar con "el enemigo de la Patria: masonería, separatismo, anarquismo y marxismo". 
En Alemania y en los países ocupados por el III Reich, la prioridad de las autoridades nazis era la persecución de la población judía, con lo que la masonería quedó en un segundo plano. "La colaboración hispano-alemana en la represión de la masonería funcionó bien a nivel policial y en el campo de la propaganda" pero "las altas jerarquías nazis tenían un interés mucho menor que las españolas en perseguir a los masones", sostiene la historiadora Ingrid Schulze Schneider. 
Anotación sobre el republicano José Cano Coloma en la lista de masones valencianos.
Anotación sobre el republicano José Cano Coloma en la lista de masones valencianos. CENTRO DOCUMENTAL DE LA MEMORIA HISTÓRICA
Los masones valencianos fichados en la lista recuperada por el franquismo tuvieron destinos dispares. El valencianista Julio Just Gimeno se había iniciado en política en las filas del republicanismo liderado por Vicente Blasco Ibáñez aunque en 1934 abandonó el blasquismo e ingresó en Esquerra Valenciana. Perteneció a la masonería durante prácticamente toda la década de 1920. En 1936, siendo el diputado más votado de la provincia de Valencia, fue nombrado ministro de Obras Públicas y formó parte del Consejo Superior de Guerra. En febrero de 1939 abandonó España y marchó al exilio en Francia, donde estaban su mujer y sus hijos y donde fue internado durante seis meses en el campo de concentración de Vernet d’Ariège.
Otro de los masones que figuran en la lista fue el concejal y diputado José Cano Coloma. En la posguerra fue encarcelado y condenado en un sumarísimo de urgencia del Consejo de Guerra Permanente a 20 años y un día de prisión. En 1943 logró escaparse cuando formaba parte de un destacamento penal en Guipúzcoa pero en 1951 fue descubierto viviendo en Valencia y el TERMC reabrió el sumario contra Cano, quien fue condenado a doce años y un día.  
Vicente Marco Miranda vivió en la posguerra como un topo, enfermo y escondido en Borriana y luego en un chalé de la Malva-rosa de Valencia hasta su muerte en 1946. En 1935, Marco Miranda, un destacado diputado republicano, había expuesto sin pelos en la lengua su condición de masón en el Congreso con ocasión del debate de una proposición no de ley de la derecha y la extrema derecha para que los miembros de la orden no pudiesen pertenecer a las Fuerzas Armadas. Tras la victoria de Franco, fue condenado en rebeldía por el TERMC a 30 años de reclusión mayor.
Anotación sobre Vicente Marco Miranda, "diputado de izquierdas", en la lista de los masones valencianos
Anotación sobre Vicente Marco Miranda, "diputado de izquierdas", en la lista de los masones valencianos CENTRO DOCUMENTAL DE LA MEMORIA HISTÓRICA
El líder republicano —cuyo mentor, el periodista Félix Azzati, y uno de sus hijos también figuran en la lista— escribió durante su reclusión clandestina el libro de memorias Cuatro gatos, memorias 1939-1942 (Alfons el Magnànim, 2007) en el que dice: "Soy masón y lo tengo por singular fortuna, pues en los principios masónicos hallan cabal satisfacción mis más puros sentimientos". 
Su muerte, el 23 de diciembre de 1946, propició inopinadamente la primera manifestación antifranquista en la posguerra en Valencia. El coche fúnebre inició su marcha en el puente de Aragón y continuó por la Gran Vía, según recuerda Félix Marco Orts en el prólogo de las memorias de su padre.
"Nos acompañaban en un primer momento amigos de mi padre, pero pronto comenzó a acudir gente por todas las calles adyacentes —escribe Félix Marco— hasta constituir, finalmente, una gran masa silenciosa que nos acompañó hasta el principio de la avenida, donde se despidió el duelo. Fue para nosotros una sorpresa aquella adhesión inesperada y emocionante. Durante la noche había estado circulando la noticia de modo espontáneo. Amigos de mi padre, compañeros de la Federación Universitaria Escolar (FUE), excarcelados y represaliados, muchos que no le conocieron, se unieron al homenaje al político republicano".

Patrimonio Nacional autoriza la exhumación de las víctimas enterradas en el Valle de los Caídos.


https://www.eldiario.es/sociedad/informe-CSIC-victimas-Valle-Caidos_0_963103942.html



Patrimonio Nacional ha autorizado los trabajos de exhumación de las personas que aún permanecen enterradas en el Valle de los Caídos. Unas semanas después de que Franco saliera de Cuelgamuros, el organismo anuncia que ha trasladado el acuerdo, adoptado el pasado 1 de octubre, a "los familiares de las personas inhumadas" cuyas solicitudes "se encuentran en trámite". En concreto son 31 solicitudes en marcha, informa Patrimonio Nacional a eldiario.es, dos de las cuales pertenecen a los hermanos Lapeña, cuya familia cuenta con sentencia judicial favorable desde 2016.
En una nota de prensa, Patrimonio informa de que la decisión se basa en el informe del Instituto Eduardo Torroja del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), un estudio técnico que da vía libre porque no ha encontrado "graves problemas de seguridad" para llevar a cabo los trabajos, según ha adelantado la Cadena Ser. A día de hoy son 31 familias, pero "el número puede cambiar", explican fuentes de Patrimonio, que inciden en que pueden ser otras muchas las que comiencen a solicitar recuperar los restos de sus familiares.
Según explica el abogado Eduardo Ranz a eldiario.es, que representa a ocho de las 31 familias que han solicitado la exhumación, es previsible que comiencen los trabajos en una primera fase durante las fiestas navideñas, pero "según lo que se encuentren los operarios se procederá a la extracción o no". Así, estos trabajos preliminares serán los que determinen "la viabilidad de la localización, identificación y recuperación de los restos de las personas inhumanas", señala Patrimonio Nacional.
Una vez realizado el proyecto de obras para el acceso y el afianzamiento de los distintos niveles de las criptas, "se procederá a la apertura de la Capilla del Santo Sepulcro siguiendo por la Capilla del Santísimo y finalmente, por las capillas laterales de la nave de la Basílica". La primera en abrirse es la de los hermanos Lapeña, Manuel y Antonio Ramiro, fusilados en 1936. Su familia cuenta desde 2016 con una sentencia judicial que autoriza su exhumación, pero aunque el fallo arrojó esperanza, comenzó entonces un laberinto plagado de obstáculos.
La ejecución de la exhumación completa, es decir, que se llegue a sacar los cuerpos, depende del trabajo de campo porque "durante todo el proceso se contará con la asistencia permanente de expertos forenses para el asesoramiento técnico y legal" para "una inspección valorativa". Eso "llevará a determinar las distintas consideraciones físicas, técnicas y jurídicas en cada lugar de la Basílica", especifica Patrimonio. 

Quiénes están en Cuelgamuros

En el Valle de los Caídos hay actualmente 33.815 cadáveres, 21.423 de ellos identificados al haber sido apuntados sus nombres en los libros de registros de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, según el mapa de fosas elaborado por el Ministerio de Justicia. Todos son víctimas de la Guerra Civil (tanto del bando nacional como republicano) y de la dictadura, pero muchos de los republicanos fueron trasladados allí sin autorización de sus familiares y han permanecido más de 40 años enterrados junto a su verdugo, el dictador Francisco Franco. 
La decisión se conoce después de que el Gobierno haya exhumado a Franco de Cuelgamuros y trasladado al cementerio de Mingorrubio, en Madrid. Y es que mientras todos los ojos miraban al dictador, decenas de familias exigían que los restos de los suyos fueran también sacados de donde, siempre han defendido, nunca deberían haber estado. Así, Patrimonio Nacional se reunió el pasado 6 de noviembre con ellas para comunicarles la autorización y la futura aprobación de un proyecto de obra.
Los seres queridos de muchas de estas familias fueron trasladados a la que aún hoy es la mayor fosa común de España sin su autorización y sus restos están repartidos en cajas en los distintos niveles de la capilla del Santísimo, la del Santo Sepulcro y las seis capillas laterales a lo largo del crucero de la basílica. Al Valle llegaron restos de prácticamente todos los rincones de España, según los análisis de la asociación Innovation and Human Rights (IHR). 
De Madrid hay 4.083, seguida de Tarragona con 3.902 y Zaragoza con 3.691. Más de mil son de Asturias, Lleida y Castellón y apenas 466 cadáveres fueron trasladados desde Andalucía. No constan registros de entrada desde Ourense, Pontevedra ni Santa Cruz de Tenerife. Y solo 157 de los cuerpos registrados son mujeres, según IHR.