dijous, 22 de setembre del 2022

Contra la operación Reconquista de «Le Figaro»

 https://conversacionsobrehistoria.info/2022/09/22/contra-la-operacion-reconquista-de-le-figaro/

septiembre 22, 2022


Contra la operación Reconquista de «Le Figaro»

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En esta tribuna, firmada por un grupo de historiadoras e historiadores franceses, se interpela al periódico Le Figaro por la atención prestada a la traducción de una obra de Pío Moa sobre la Guerra Civil española. A través de una larga entrevista en su suplemento de Historia y un video promocional a cargo de una de sus redactoras, sin verificar ni contrastar ni una sola de las afirmaciones del autor neofranquista, Le Figaro viene así a sumarse a una peligrosa corriente presente en varios países europeos, en los que medios conservadores de reconocida trayectoria y prestigio están acogiendo las mentiras del revisionismo histórico liderado por las fuerzas políticas de extrema derecha. Una decisión editorial que resulta muy arriesgada tanto para su condición de medios de referencia como para la salud democrática de sus respectivas sociedades.


 

El pasado mes de marzo, la editorial francesa L’Artilleur, conocida por la publicación de obras conspiracionistas, antivacunas y negacionistas del cambio climático, presentaba la traducción del libro de Pío Moa Les mythes de la guerre d’Espagne, 1936-1939. Su aparición pasó desapercibida para el gran público hasta que, en el mes de julio, Le Figaro dedicaba al autor una larga entrevista en su suplemento sobre Historia https://www.lefigaro.fr/histoire/livres/guerre-d-espagne-la-mecanique-du-chaos-20220725), complementada con un video en la cuenta de twitter del periódico a cargo de la redactora Isabelle Schmitz (https://twitter.com/Le_Figaro/status/1557736595150757888).

Distintos medios franceses se hicieron eco de la reacción de la comunidad historiográfica profesional ante la desmesurada atención procurada a la obra de Pío Moa, así como a la ausencia de cualquier clase de verificación o contraste de sus afirmaciones (https://www.mediapart.fr/journal/international/170822/franquisme-des-historiens-demontent-les-theses-revisionnistes-relayees-par-le-figaro

https://www.arretsurimages.net/articles/quand-le-figaro-rehabilite-des-theses-franquistes

https://parolesdhistoire.fr/index.php/2022/08/22/254-lhistoire-de-la-guerre-despagne-face-aux-falsifications-avec-pierre-salmon-et-mercedes-yusta-rodrigo/

https://www.liberation.fr/checknews/guerre-despagne-pourquoi-le-figaro-a-ete-accuse-de-revisionnisme-20220818_KYUUBBDNIVBPRHF3ZNEDNMKUEU/)

Dicha comunidad remitió asimismo una «Carta abierta de historiadoras e historiadores a Le Figaro», que decidió no publicarla, y que ha sido hecha pública en la página de la Asociación de Historiadores Contemporaneístas de la Enseñanza Superior y la Investigación (Association des historiens contemporanéistes de l’enseignement supérieur et de la recherche (AHCESR), https://ahcesr.hypotheses.org/2439) y la Sociedad de Hispanistas Franceses de la Enseñanza Superior (Société des Hispanistes Français de l’Enseignement Supérieur (SHF) https://hispanistes.fr/index.php/actualites-shf/1873-lettre-ouverte-au-figaro)

La tribuna que publicamos a continuación forma parte de la respuesta a Le Figaro por parte de la historiografía profesional.

Edición francesa de Los mitos de la guerra civil

Contra la operación reconquista de Le Figaro

El 26 de abril de 1937 la ciudad vasca de Gernica fue bombardeada por una escuadrilla formada por aviadores de la Legión Cóndor y la Aviación Legionaria. Aquellas unidades de combate habían sido enviadas por la Alemania nazi y la Italia fascista para apoyar a las fuerzas del general Francisco Franco durante la Guerra Civil, que había estallado en julio del año anterior tras un golpe de Estado contra el Gobierno democrático de la Segunda República. A la vista de la indignación internacional que suscitó la destrucción casi total de la ciudad y la masacre cometida contra su población civil, inmortalizada por Pablo Ruiz Picasso, el cuartel general de Franco publicó unos días más tarde un comunicado que negaba el ataque y acusaba a los republicanos de haber destruido ellos mismos Gernica con fines propagandísticos. Sin embargo, las pruebas de lo contrario eran incontestables, empezando por las amenazas de la radio franquista y la utilización de tácticas similares contra el Madrid republicano del “No pasarán”. Es más, sesenta años después, el embajador alemán en España pidió oficialmente perdón por aquella acción. Afortunadamente, ya en su momento toda la prensa de referencia hizo caso omiso de la manipulación fascista de los hechos… ¿Toda? ¡No! Un periódico poblado por irreductibles complotistas se hizo eco de la delirante versión según la cual “la ciudad no ha sido bombardeada” y “los gubernamentales rociaron las casas con gasolina y las incendiaron”. Este era el titular del artículo publicado en Francia por Le Figaro el 3 de mayo de 1937, que citaba como única fuente “Una investigación realizada en Gernica por periodistas extranjeros”.

Hoy como ayer, Le Figaro se resiste todavía y siempre a comprobar sus fuentes y antepone las mentiras de la extrema derecha a los hechos confirmados por la investigación histórica consolidada. Y es que este verano el periódico decidió conceder una extensa entrevista a Pío Moa a propósito de uno de sus libros sobre la Guerra Civil, recién traducido al francés, y difundir su contenido a través de las redes sociales mediante un vídeo de Isabelle Schmitz. Conocido en España por su polémica obra sobre el conflicto y sus orígenes, Pío Moa se ha convertido en el gran experto en distorsión de los hechos con fines ideológicos. Integrante de la ola neofranquista de los años 90, este autor viene reactivando un buen número de tópicos heredados de la Guerra y transmitidos a partir de los años 40 por la historiografía oficial del régimen franquista, donde se genera el sustrato del revisionismo más ostensible practicado en España. El objetivo es sencillo: se trata de poner en cuestión la legitimidad del régimen republicano para justificar lo oportuno del golpe de Estado de julio de 1936 contra la República y el Frente Popular. Algunos argumentos surgen de manera recurrente: “fraudes electorales” en febrero de 1936, para poner en duda la legitimidad del escrutinio favorable a la izquierda; inestabilidad política y clima revolucionario, para defender más fácilmente la violenta y despiadada respuesta de los militares; guerra civil “inevitable”, para explicar que no había otra posibilidad que tomar aquella decisión. La obsesión por presentar a España como un país cautivo del estalinismo invade el relato de Pío Moa: no es ni más ni menos que una tesis defendida por los militares insurgentes y sus partidarios, cuando en realidad es bien sabido que el comunismo estaba muy poco implantado en España antes de la Guerra Civil y que la URSS nunca tuvo intención de instaurar una dictadura comunista en la Península Ibérica.

La versión franquista de la destrucción de Gernika en Le Figaro (1937)

Los autores coincide desde hace tiempo en afirmar que la violencia sociopolítica se incrementó en el periodo de entreguerras. Más allá de las equidistancias, los investigadores han de comprender los mecanismos que condujeron al golpe de Estado y la dictadura. Afirmar que la violencia política fue únicamente producto de la izquierda revolucionaria supone olvidar la complejidad del paisaje político. La izquierda, en su conjunto, ni deseó ni apoyó la espiral de violencia del verano del 36. Hablar de una violencia política de izquierda como causa de la inestabilidad política significa olvidar asimismo el papel desempeñado por la derecha en las tensiones políticas en España. Gran parte de la derecha nunca quiso participar del sistema político de la Segunda República, proclamada en 1931. Los complots contra ella se sucedieron, sin éxito. Así ocurrió con el complot de José Sanjurjo, en 1932, y con el de 1936, cuando un grupo de militares dispuestos a poner fin a la forma democrática del poder decidieron organizar un golpe de Estado militar, cuyo fracaso condujo a la Guerra Civil.

Pío Moa no es el único, pero sí el más conocido autor de un ecosistema neofranquista que no duda en manipular las fuentes para restaurar el relato oficial del régimen. Dedicarle una columna de opinión en Francia, cuando el conjunto de los historiadores españoles lo consideran un falsificador, implica justificar tanto el golpe de Estado como las violencias derivadas de él. Nacida de un odio feroz a todas las formas progresistas de poder, y preparada en nombre del regreso al orden, la insurrección de julio de 1936 multiplicó los actos de terror. A diferencia de las cometidas por el bando republicano, las matanzas fueron premeditadas y contaron con la participación del ejército. Allá donde llegaron los militares se produjeron masacres «preventivas» de militantes de izquierda. En una entrevista concedida a Figaro Histoire, Pío Moa no duda en minimizar la magnitud de los crímenes franquistas, y llega incluso a negar la masacre de Badajoz de agosto de 1936. Del mismo modo, ofrece, sin prueba alguna, una cifra total de 69.000 víctimas atribuibles al bando franquista –además de las 14.000 ejecuciones pronunciadas por los tribunales militares tras una serie de juicios expeditivos y arbitrarios celebrados durante el período de postguerra–, con lo que está ocultando decenas de miles de ejecuciones sumarias y extrajudiciales que acompañaron al golpe de Estado. En realidad, fueron entre 120.000 y 150.000 las personas ejecutadas por los franquistas. Esta manipulación de los datos le lleva además a afirmar que el bando republicano se mostró más violento, enlazando así con la propaganda de atrocidades difundida por los nacionalistas ya desde los primeros meses de la guerra. Aunque dice ser revisionista, Pío Moa niega la existencia de crímenes contra la humanidad, de modo que, en cierta medida, sería tal vez más exacto calificarlo de negacionista.

Es mucho lo que habría que decir ante la cantidad de tópicos que se suceden a lo largo de unas cuantas páginas de entrevista, así como en el transcurso de los minutos concedidos a Isabelle Schmitz. A este respecto, vamos sencillamente a recordar que la Guerra Civil no era inevitable y que la izquierda española no fue la responsable, sino la víctima de una guerra buscada por la derecha española, movida desde hacía tiempo por una tradición antidemocrática. Lo que sucedió después es bien conocido: persecuciones, masacres, exilio.

Portada del dossier de Le Figaro

Tanto esta entrevista con Pío Moa como la publicación de su obra llegan en un contexto europeo muy particular. En Francia, en España, también en Italia, la extrema derecha se ha lanzado a la reconquista del pasado, dice estar deconstruyendo una “historia oficial” plagada de tabúes y revisa –si no niega– el alcance de algunas masacres. Al hacerlo, está volviendo la espalda a los trabajos académicos rigurosos que, lejos del maniqueísmo denunciado por la extrema derecha, se esfuerzan por dar a conocer mejor el pasado. Nuestro trabajo como historiadoras e historiadores no consiste en entregarnos a una historia militante encargada de distinguir las buenas acciones de las malas, sino en saber rastrear los acontecimientos al margen de todo maniqueísmo, manipulación o fraude intelectual consistente en deformar los hechos con fines únicamente ideológicos. Al invertir la posición entre “verdugos” y “víctimas”, el objetivo de Pío Moa y sus comparsas es banalizar algunas páginas sombrías de nuestra historia con el fin, tal vez, de preparar a las sociedades europeas para nuevas violencias.

Así pues, a través de su revista temática bimestral, Le Figaro banaliza y legitima las tesis revisionistas, presentadas errónea o –peor– deliberadamente como disruptivas o innovadoras, de un falsificador profesional, carente de deontología y de ética, y adulado por la extrema derecha. Promover la falsificación de la historia es una decisión cargada de significado y de consecuencias para nuestra sociedad democrática. Pero esta actitud tan ciega no es ni inevitable ni irreversible. Dos grandes escritores de la derecha católica francesa, contemporáneos de lo sucedido y obsesionados igualmente con el fantasma del “peligro rojo”, Georges Bernanos y François Mauriac, aprobaron el levantamiento militar y se vieron tentados por el franquismo antes de volver sobre sus pasos. Los dos ilustres autores tuvieron la revelación y la lucidez –incluso el valor– de reconocer públicamente su ceguera y denunciar después la represión franquista: el primero en su magistral panfleto Los grandes cementerios bajo la luna (1938) y el segundo en las columnas del propio Le Figaro. En nombre del pluralismo y la calidad de la información, confiemos en que Le Figaro abra también los ojos y sepa recuperar la altura de quien fuera premio Nobel en 1952.

Firmantes:

  • Sophie Baby (Université de Bourgogne)
  • Zoraida Carandell (Université Paris Nanterre)
  • Marie Franco (Université Sorbonne Nouvelle Paris 3)
  • François Godicheau (Université Toulouse 2 Jean-Jaurès)
  • Jérémy Léger (EHESS/Casa de Velázquez)
  • Stéphane Michonneau (Université de Lille)
  • Amélie Nuq (Université Grenoble Alpes)
  • Nathan Rousselot (Nantes Université)
  • Pierre Salmon (École normale supérieure)
  • Nicolas Sesma (Université Grenoble Alpes)
  • Charlotte Worms (Université Paris 1)
  • Mercedes Yusta (Université Paris 8)

Fuente: Conversación sobre la historia

Portada: Franco y Petain en Montpellier el 13 de febrero de 1941 (foto: Efe)

Ilustraciones: Conversación sobre la historia

dimarts, 20 de setembre del 2022

La devolución a la familia De la Sota de dos cuadros incautados por el franquismo abre la vía a nuevas reclamaciones

 https://elpais.com/cultura/2022-09-03/la-devolucion-a-la-familia-de-la-sota-de-dos-cuadros-incautados-por-el-franquismo-abre-la-via-a-nuevas-reclamaciones.html


Durante la Transición se promulgaron varias leyes para la devolución de inmuebles, pero los bienes muebles y las obras de arte quedaron en un limbo. La ministra Maroto ha hecho entrega oficial de los lienzos este viernes

FERNANDO DOMINGO-ALDAMA

Alguien fue a una exposición de la Colección Artística de Paradores, que se celebró en 2015 en la sede madrileña de la Fundación Mapfre, y vio un cuadro que le resultaba familiar: el Retrato de joven caballero, de Cornelis van der Voort. Y le resultaba familiar por una razón de peso: el cuadro había pertenecido, hace mucho tiempo, a su familia.

Ese alguien era un tataranieto del empresario vasco Ramón de la Sota y Llano, cuya colección de arte fue incautada en 1937, un año después de su muerte, como represalia política por el incipiente régimen franquista. La familia localizó otro cuadro propiedad del tatarabuelo, el Retrato de la Reina María Cristina, de Luis de la Cruz y Ríos, y comenzó a mover hilos en 2018 para recuperar lo que creía que era suyo por derecho. Este viernes los cuadros han sido devueltos en un acto celebrado en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, con la presencia de Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo. Serán cedidos a la pinacoteca bilbaína, con el que la familia tiene fuerte vinculación, por un tiempo de dos años. Una vinculación en la que el director de la institución, Miguel Zugaza, tiene la intención de profundizar e investigar. Es la primera restitución de este tipo que se produce en democracia y sienta un precedente jurídico.

“Reparamos una injusticia que ha durado 85 años y demostramos la prioridad del Gobierno por recuperar la memoria histórica”, dijo la ministra. La motivación de la familia, sin embargo, no tiene tanto que ver con la memoria histórica, sino con recuperar el patrimonio familiar, según aclara uno de sus tataranietos, Ramón de la Sota Chalbaud. “No es un tema político”, dice. Las dos obras, que estaban colgadas en un lugar destacado del Parador de Almagro, Ciudad Real, sin que se supiera de dónde habían salido, se encontraban en un estado de conservación “excelente”, según el museo, y solo han requerido tratamientos de puesta a punto. También han sido objeto de diversos estudios para determinar su autoría, pues anteriormente habían sido atribuidas a otros autores.

La ministra Reyes Maroto preside el acto de restitución de dos cuadros incautados durante la Guerra Civil. En la foto posa con la familia y autoridades.
La ministra Reyes Maroto preside el acto de restitución de dos cuadros incautados durante la Guerra Civil. En la foto posa con la familia y autoridades.FERNANDO DOMINGO-ALDAMA

“El caso tiene mucha importancia”, señala el abogado Rafael Mateu de Ros, socio fundador de Ramón y Cajal Abogados, que se han ocupado del asunto, “durante la Transición se promulgaron varias leyes para la devolución de bienes inmuebles, como sedes de partidos y sindicatos que habían sido incautadas durante la guerra y el franquismo… pero no para los bienes muebles”. Sienta, por tanto, un precedente en el ordenamiento jurídico actual para nuevas reclamaciones. Para lograr la devolución hubo que llevar a cabo una investigación reconstruyendo la “cadena de legitimidad” para demostrar que, efectivamente, los cuadros pertenecían a la familia. En el libro Entre Hendaya y Gibraltar, de Ramón Serrano Suñer, cuñado de Franco y figura prominente del Régimen, se describe cómo el Ministerio de Industria del Gobierno franquista de Burgos estaba decorado con “muebles y cuadros magníficos de la familia De la Sota”. De Burgos las obras se trasladaron a Madrid, donde piezas como La Piedad, de Luis Morales, acabaron decorando otros despachos ministeriales.

La historia comienza en plena Guerra Civil, cuando la colección, como tantas otras, es incautada por el bando franquista, y sus piezas empiezan a diseminarse por la estructura capilar del Estado. El empresario De la Sota, que hizo fortuna en la minería, la exportación de hierro, la siderurgia y la naviera (fundó los Astilleros Euskalduna), sobre todo durante la I Guerra Mundial, había estado fuertemente implicado en el Partido Nacionalista Vasco, hasta llegar a ser diputado en 1918. La incautación de la colección es descrita por Arturo Colorado Castellary, autor de Arte, botín de guerra (Cátedra), como “un caso específico de la política franquista de revancha contra el enemigo”.

Por razones como ser nacionalista, haber enviado un telegrama de felicitación al presidente Wilson de Estados Unidos o haber pisoteado una bandera española en 1893 (hechos, según la familia, no del todo aclarados), el Tribunal de Responsabilidades Políticas le condenó, después de muerto, a una multa de cien millones de pesetas, la mayor impuesta por el Régimen, que la familia acabó de pagar en 1982 (faltaban 62 millones), en plena democracia. “Lo curioso del caso es que las actividades por las que se condenó a mi tatarabuelo tuvieron lugar en las primeras décadas del siglo, y esa ley se dedicaba a lo sucedido a partir de 1934″, señala De la Sota.

'Retrato de la Reina María Cristina', de Luis de la Cruz y Ríos, expuesto en el Museo de Bellas Artes de Bilbao.
'Retrato de la Reina María Cristina', de Luis de la Cruz y Ríos, expuesto en el Museo de Bellas Artes de Bilbao.FERNANDO DOMINGO-ALDAMA

Con el paso de los años, antes de la muerte de Franco, la familia ya había ido reclamando sus bienes y consiguió recuperar unos cuantos antes de la llegada de la democracia. Algunas de las obras devueltas, de Goya, El Greco o Morales, fueron cedidas por Ramón de la Sota Aburto, hijo del empresario, a museos del País Vasco desde el exilio. En 1969, en cumplimiento del Decreto de Indulto de 1966, se ordena oficialmente la devolución de las obras incautadas, además del Palacio de Ibaigane, que se recupera solo tras el abono de la pertinaz multa a comienzos de los ochenta. El palacio, también propiedad de la familia, había sido residencia del empresario, hogar de la colección y, posteriormente, cuartel militar. Ahora es sede del Athletic Club de Bilbao. No todo se pudo recuperar, por estar un tercio del patrimonio en paradero desconocido, como estaban los cuadros devueltos esta semana a la familia. “Probablemente, algunas de las obras hayan acabado en manos privadas”, señala De la Sota.

Después de la reclamación de los abogados del despacho Ramón y Cajal a Turespaña, organismo que gestiona los Paradores, la Abogacía del Estado emitió un informe favorable, y el organismo estatal admitió la devolución. Los cuadros no estaban en propiedad, solo en depósito, y no era aplicable la usucapión, es decir, los cuadros no se habían convertido en propiedad del Estado por el mero hecho de haber estado en su posesión durante décadas. La firma del acta de devolución de las obras tuvo lugar el pasado 17 de junio en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Con el precedente sentado por este caso, según el abogado Rafael Mateu, podrían surgir nuevas reclamaciones. “Hay muchos cuadros que están en consulados, embajadas, tribunales, etc., que podrían provenir de una incautación ilícita durante la Guerra Civil”, asegura.

Está en el espíritu de estos tiempos que las obras expoliadas vuelvan a lo que algunos consideran su lugar (y otros no). El Gobierno polaco trata de recuperar dos piezas de Dirk Bouts incautadas por los nazis y que ahora se encuentran en el museo de Pontevedra. Un pisarro del Museo Thyssen es reclamado por la familia Cassirer. Y es común que museos de antiguas colonias reclamen la repatriación de piezas que fueron sustraídas de sus países en la época colonial.


diumenge, 18 de setembre del 2022

Dos empresas españolas se niegan a pedir perdón y a esclarecer su colaboración con el nazismo.

 https://www.publico.es/sociedad/empresas-espanolas-niegan-pedir-perdon-esclarecer-colaboracion-nazismo.html#md=modulo-portada-ancho-completo:t2;mm=mobile-big


Documentos desclasificados han probado los vínculos con el Tercer Reich de los bancos de Bilbao y Vizcaya (hoy BBVA) y de Minersa. Varias organizaciones judías y de víctimas del nazismo han solicitado sin éxito al banco que pida perdón y aclare sus crímenes.


Imagen de archivo del Banco de Vizcaya en 1950.
Imagen de archivo del Banco de Vizcaya en 1950.  PÚBLICO

Hace ahora justamente veinte años, el director general del emporio de comunicación alemán Berterlsmann, Günter Thielen, comparecía en Múnich para pedir perdón por el pasado nazi de la empresa y dar a conocer los resultados de la investigación llevada a cabo por una comisión independiente para esclarecer los vínculos de esa compañía con el Tercer Reich. El gigante internacional germano del periodismo pasaba, de ese modo, a engrosar la lista de empresas del país que no solo reconocían las mentiras diseminadas por la propia corporación durante décadas para ocultar su pasado criminal, sino que abrían al público los archivos completos de la compañía.

La versión "oficial" precedente era que Bertelsmann había sido clausurada por los nazis debido a sus tendencias antigubernamentales. Esta fantasía diseminada por los propios responsables de la empresa fue literalmente pulverizada por un informe de 794 páginas elaborado por una comisión independiente. El concienzudo trabajo de los investigadores, encabezados por el historiador de la Universidad de California Saul Friedlander, acreditó de forma irrefutable que, al contrario de como venían sosteniendo, el imperio comunicacional aceptó varios contratos de impresión otorgados por el gobierno nazi y, en tan solo unos años, creció hasta convertirse en el mayor productor de libros para el ejército alemán durante la guerra, publicando unos 19 millones de ediciones. La mayoría de las publicaciones eran folletos y panfletos destinados a fortalecer la moral y el coraje de los soldados en el frente, pero muchas de las obras también contenían textos extremadamente agresivos sobre extranjeros y judíos.

Las revelaciones provocaron un escándalo sin precedentes que, en última instancia, llevaron a Günter Thielen a decir que Bertelsmann AG aceptaba sin reservas el informe de la comisión histórica independiente como el registro oficial de la historia de la compañía durante el Tercer Reich, al tiempo que expresaba su "sincero pesar por las inexactitudes" que los expertos habían descubierto en su historia corporativa anterior. Para llevar a cabo su investigación, los cuatro académicos comisionados tuvieron pleno acceso a los archivos de la empresa Bertelsmann, así como contacto con testigos históricos como Reinhard Mohn, hijo de Heinrich Mohn, director de la empresa durante el Tercer Reich. En opinión de Thielen, "la experiencia les había reforzado porque la precisión histórica y la transparencia son una parte integral de los valores fundamentales de Berterlsmann, que espera servir de ejemplo a otras empresas".

Fue justamente a Berterlsmann a quien se refirió hace unas semanas como ejemplo digno de imitarse la vicepresidenta de la Amical de Mauthausen, Concha Díaz Berzosa, después de que El Nacional de Catalunya publicara una serie de cuatro reportajes de investigación acerca de la participación en los negocios nazis de la compañía vasca Minersa y de los bancos de Bilbao y de Vizcaya. En opinión de Díaz Berzosa, "lo mínimo que podrían hacer los responsables del BBVA si se demuestran sus vínculos con el Tercer Reich sería pedir perdón por colaborar con los nazis".

Los vínculos a los que se refería la vicepresidenta de la Amical de Mauthausen quedaron, de hecho, absolutamente acreditados este verano mediante testigos y documentos completamente irrefutables divulgados por la prensa. Y esta misma semana se ha sumado a la petición de transparencia y de perdón la sección catalana de la Liga contra el racismo y el antisemitismo, más conocida por sus siglas, Licra. Al decir de su presidente, Isaac Levy, el BBVA no solo debe pedir disculpas por sus negocios sucios con Hitler, sino que debería abrir los archivos, investigar su pasado y dar a conocer los resultados. "Si he de ser sincero, no me sorprendió que esos financieros de los bancos de Bilbao y Vizcaya se subieran al carro del dinero nazi. Lo que me dejó perplejo es que hayan tenido que pasar ochenta años para que sus actividades turbias hayan sido divulgadas", apunta Levy. Antes que él y que Díaz Berzosa, historiadores como Xabier Irujo y políticos como el exsenador del PNV Iñaki Anasagasti o el diputado de Bildu Jon Iñarritu se habían adherido ya a la petición de perdón y transparencia.

Hasta la fecha, tanto los responsables actuales de este banco como los directivos de la empresa Minersa no solo se han negado a realizar declaraciones al respecto, sino que, en el caso del BBVA, se han encastillado en su supuesta ignorancia acerca de unos episodios minuciosamente expuestos por la prensa catalana. "No sabemos nada porque sucedió hace mucho tiempo", han asegurado a Público a través de su departamento de comunicación.

Las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial nunca tuvieron dudas de las simpatías nazis de los principales accionistas de los bancos de Vizcaya y de Bilbao de manera que, en ausencia de documentos españoles que acrediten ese vínculo (escasos, destruidos, perdidos o deliberadamente ocultos debido a la manifiesta mala fe de las compañías implicadas), la única prueba documental con la que se cuenta son los papeles desclasificados hace algunos años por los norteamericanos. Estos corroboran inequívocamente la implicación de ambas entidades y de sus directivos en negocios que igualmente envolvían a empresas como la citada Minersa (fundada, entre otros, por Friedrich Lipperheide Henke, un nazi afincado en Euskadi y directamente vinculado al Banco de Vizcaya) o a IG Farben y Sofindus, un conglomerado de empresas que operó desde 1938 a 1945 y que fue puesto a andar por el empresario nazi Johannes Bernhardt. Claro que, a falta de una investigación académica más seria, la información disponible acerca de los vínculos de esas entidades bancarias con los chiringuitos hitlerianos es escasa, fragmentaria o nula y se restringe a las propias revelaciones llevadas a cabo por la prensa.

Estas investigaciones periodísticas prueban, entre otras cosas, la cercanía con el Tercer Reich de varios miembros del clan de Neguri, denominación coloquial con la que acostumbra a designarse a la oligarquía de industriales y financieros que alumbraron con el tiempo el BBV, resultado de la fusión del Bilbao y el Vizcaya en 1988. Los de Neguri debían su sobrenombre al hecho de que se concentraban en la margen derecha del barrio homónimo de la ciudad de Getxo. Parte del dinero con el que varios de ellos consolidaron o fundaron sus fortunas procedía de sus negocios con la Alemania nazi y, paralelamente, con las oportunidades que les brindaron sus amistades con el régimen franquista, que es la parte más conocida de la siniestra historia de colaboración con dictaduras sanguinarias de buena parte de la burguesía vizcaína. "El Banco de Vizcaya está vigilando la cuenta de crédito de los alemanes ya que los directivos de la entidad temen que se embarguen activos alemanes", se lee en uno de los documentos secretos de los aliados dados a conocer por El Nacional. El informe fue desclasificado en 1987 y originalmente datado a finales de 1945.

Documento desclasificado número 01

"Sin embargo, las cuentas estarán camufladas y los directores y responsables del banco sin duda ayudarán en este trabajo ya que todos son germanófilos y totalitarios". En otro de los papeles desclasificados por los estadounidenses en ese mismo año puede leerse: "Guillermo Ibáñez, director del Banco de Vizcaya, está ayudando a camuflar el capital alemán en España. Este capital se suele poner a nombre de cierta Mdme. Bergarche y enviado a su familia en Buenos Aires".

Documento desclasificado 01.
Documento desclasificado 01.  PÚBLICO

Documento desclasificado número 03

Una excepción entre los de Neguri fue la familia de Ramón de la Sota, cercana al PNV, y forzada a exiliarse. Ramón de la Sota y Llano falleció en Getxo el 17 de agosto de 1936, poco después del comienzo de la Guerra Civil española. Tres años después, el Tribunal de Responsabilidades Políticas condenaba a sus descendientes al abono de una sanción de cien millones de pesetas "por conspiración para la rebelión militar", de tal suerte que sus entonces cuantiosos bienes fueron embargados y, entre ellos, cuarenta buques de sus compañías que habían sido usados para evacuar Bilbao. Detrás de la operación, un auténtico atraco político, se hallaban los herederos de su primo y antiguo socio Eduardo Aznar y de la Sota, quienes terminaron apropiándose de todos sus activos con la ayuda de sus amigos franquistas. La Compañía Naviera Sota y Aznar pasó a llamarse tras la Guerra Civil Naviera Aznar y acabó convertida en la mayor flota mercante de España. La dirigía José Luis de Aznar y Zavala, nieto del fundador y una de las personalidades más ricas de la época.

La germanofilia e inclinaciones totalitarias de los Aznar está fuera de dudas, del mismo modo que existen pruebas irrefutables del modo en que se usó su naviera para llevar a América Latina a los nazis perseguidos tras el final de la Segunda Guerra Mundial. El propio José Luis de Aznar ayudó incluso a ocultarse en su finca manchega de Cabañeros al nazi Friedrich Lipperheide Henke, quien asentó e incrementó su fortuna mediante la venta a Hitler de fluorita o wolframio a través de sociedades como Somimet o la todavía viva Minersa, y mediante la comercialización y explotación en España de las patentes de IG Farben, el conglomerado nazi de compañías químicas que producía el Zyklon B. Al frente de la junta de accionistas de Minersa siguen hoy aún descendientes de esos criminales como Alejandro Aznar, presidente de Marqués de Riscal, entre otros muchos cargos corporativos.

Los Lipperheide y sus amigos de Neguri (el resto de accionistas de Minersa, la empresa que explotaba, entre otros yacimientos, las minas catalanas de Osor) contribuyeron a sostener el esfuerzo bélico del Führer de un modo determinante proveyendo al Tercer Reich de fluorita y de tungsteno. Ambos minerales eran indispensables para los planes militares de Hitler. El wolframio era utilizado para endurecer el acero y reforzar el blindaje de los tanques y aumentar la capacidad de penetración de sus proyectiles. Y lo mismo sucedía con la fluorita, usada, entre otras cosas, para la fabricación del aluminio y en ciertos procesos necesarios para blindar sus vehículos militares.

Documento desclasificado 03.
Documento desclasificado 03.  PÚBLICO

El grueso del espato de flúor español exportado a la Alemania nazi procedía de la cornisa cantábrica y fue comercializado a través de Sofindus. Sin embargo, se extrajeron y vendieron de forma clandestina varios miles más de toneladas de otras minas catalanas como El Papiol (Baix Llobregat) u Osor (la Selva). Lo de El Papiol pertenecía a Sofindus pero los fluoruros de Osor —en parte extraídos por los rojos durante la época de la Guerra Civil en la que la mina estaba colectivizada— fueron vendidos por Lipperheide y sus amigos banqueros. Otros informes de los aliados sugieren incluso que Pérez de Leza llegó a trabajar también para Somimet, sociedad predecesora de Minersa fundada por los directivos del Banco de Vizcaya.

El conglomerado nazi Sofindus llegó a acaparar cerca del 80% de los intercambios comerciales hispanoalemanes. Fue en el 20% restante donde los Lipperheide consolidaron sus activos. También Friedrich, como accionista, ocupó cargos de la máxima responsabilidad en el Banco de Vizcaya. Del mismo modo que sus secuaces de Getxo, murió como un empresario respetable. Su familia de origen alemán acabó convirtiéndose en un notorio ejemplo del modo en que cierta burguesía vizcaína se lucró haciendo negocios con el Führer y trapicheando a la sombra del caudillo. No obstante, la Historia les había absuelto hasta la fecha por desidia, desconocimiento, oscurantismo en la gestión de los archivos, o por la pura mala fe de los herederos de los delincuentes.

Al menos veinte documentos desclasificados dados a conocer este verano proporcionan pruebas e indicios adicionales de la colaboración con el Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mundial de los responsables del Banco de Vizcaya y de Bilbao. Hasta el día de hoy, ninguna empresa o banco ha aclarado públicamente, investigado o, menos aún, pedido perdón en el Estado español por su contribución a mantener en el poder al Führer.

Esta misma semana se presentó en Madrid un libro del periodista David de Jong que ahonda en esa idea. En la obra se denuncia la impunidad con la que actuaron las dinastías industriales más ricas de Alemania (Dinero y poder en el Tercer Reich). Según este investigador, las empresas más beneficiadas por las expropiaciones y los trabajadores forzados pagaron compensaciones económicas, "pero nunca asumieron una responsabilidad moral ni tuvieron que reconocer sus malas prácticas". Es justamente a ese ejemplo al que se aferran ahora Minersa y el BBVA.

Las corporaciones mencionadas por De Jong se apropiaron de negocios propiedad de judíos, utilizaron mano de obra esclava y fabricaron armas para el ejército de Hitler. En el caso de la oligarquía de Neguri, robaron compañías propiedad de sociedades leales a la República, traficaron con productos producidos por mano de obra esclava judía y proporcionaron minerales imprescindibles para la fabricación de armas y el esfuerzo bélico de Hitler.

Varios de los casos paradigmáticos citados por el escritor son los de la BMW, que se proveía de esclavos del campo de concentración de Dachau; la Daimler-Benz, que los obtenía de Buchemwald, y Dr. Oetker, Quandt y Volkswagen, que usaron los de Neuengamme.

En 1999, el Gobierno y la industria alemanes se comprometieron en un acuerdo a destinar a partes iguales un total de 5.000 millones de dólares para indemnizar a los trabajadores forzados, en su mayoría procedentes del este de Europa. Ochenta empresas pagaron el 60% de esos 2.500 millones de dólares que les correspondían, según De Jong.

A su juicio, el problema es que "no tuvieron que asumir ninguna culpa, ninguna responsabilidad moral por lo que habían hecho ni tuvieron que reconocer malas prácticas". Y de esto es de lo que trata su libro, de las empresas que no han respondido todavía de su pasado.

En el caso del BBVA o Minersa, no solo no han mostrado la más mínima determinación de profundizar en las revelaciones llevadas a cabo por la prensa sino que le han vuelto la espalda a los descubrimientos realizados. En opinión de la vicepresidenta de la Amical de Mauthausen, lo que procedería es "seguir el ejemplo de Berterlsmann y contratar a una serie de investigadores para conocer en profundidad el lado oscuro de la historia de la empresa que han heredado, incluso si ello diera lugar a responsabilidades. Estamos hablando de crímenes de lesa humanidad que no han prescrito. Es obvio que los directivos actuales no tienen una responsabilidad directa, pero sí un compromiso moral con las víctimas y la historia. Que abran los archivos a investigadores externos es, sin duda, importante, pero ellos mismos tendrían que indagar en su pasado y pagar de su bolsillo la investigación".

Al igual que la asociación barcelonesa Amical de Mauthausen, la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) también cree que el banco debe emitir una disculpa pública y aclarar su pasado. "Creemos que honraría al BBVA que pidiera perdón si tal y como indica la investigación llevada a cabo por El Nacional de Catalunya, accionistas de las entidades que se fusionaron para originar el banco actual efectuaron negocios con los nazis", indicó un portavoz de la Federación.

"De hecho, es que no sería la primera", prosigue. "BMW, Hugo Boss y otras 6.000 empresas alemanas lo han hecho. El propio gobierno de Alemania pidió perdón en 2000 y estableció un fondo de ayuda para las víctimas del nazismo. Está claro que los actuales directivos, y los anteriores, no tienen responsabilidad, pero si una empresa tiene un pasado oscuro, lo mejor es indagar en él. No hay que olvidar que las personas y empresas que colaboraron con el Tercer Reich contribuyeron a que su maquinaria de crimen y guerra se perpetuara".

Se da la circunstancia de que estas declaraciones de la FCJE han sido atribuidas por su gabinete de comunicación al número 2 de la Federación, Maxo Benalal, un diputado balear investigado por corrupción que, desde hace algunos meses, figura como afiliado de Vox, el partido político heredero de la ideología fascista que hizo posible la colaboración del BBVA y Minersa con los nazis y que convirtió la Península en un refugio privilegiado para los huidos del Tercer Reich tras la derrota de Hitler. Benalal fue incorporado al cargo por el presidente de la FCJE, Isaac Benzaquen, a sabiendas de su posicionamiento político y de las sospechas de corrupción que pesaban sobre él, lo que socaba gravemente la autoridad de la Federación para emitir juicios sobre conductas empresariales. Hasta la fecha, Benzaquen no ha querido realizar declaraciones sobre la participación de las empresas nazis en el exterminio de su pueblo.