Reclaman una comisión de investigación "amplia e independiente" sobre la actividad de la institución
Además, ha apuntado que estas jóvenes podían ser denunciadas por un vecino, un familiar, un sacerdote o una visitadora social, "por comportamientos considerados inmorales en las mujeres pero no en los hombres: fumar, llevar la falda demasiado corta, besarse en público, entre otros". "A muchas se les practicaba un examen ginecológico para determinar si eran vírgenes, lo cual influía en el tipo de centro al que eran enviadas. La gran mayoría fueron recluidas porque no aceptaban el modelo de mujer que el franquismo quería imponer", ha indicado.
Régimen carcelario
También ha informado de que hubo quienes ingresaban voluntariamente buscando protección ante la pobreza, el maltrato o el rechazo familiar, pero que "todas sufrían los mismos abusos físicos y psicológicos". "Encerradas en régimen carcelario, sin juicio ni sentencia, vivían en la incertidumbre, aisladas y silenciadas, con la correspondencia censurada y la prohibición de hablar o usar su lengua materna", ha agregado.
Mientras, ha expuesto que "las sospechosas de lesbianismo o las más rebeldes" eran trasladadas "a centros más duros o a manicomios", donde eran sometidas a "tratamientos psiquiátricos violentos y despersonalizadores".
Igualmente, ha señalado que en las maternidades vinculadas al Patronato se practicó el "tráfico de bebés". "Las madres sufrían violencia obstétrica y eran coaccionadas para entregar a sus hijos en adopción, a veces bajo el engaño de que habían muerto", ha subrayado.
En cuanto a las peticiones del grupo, Forns ha indicado que es "imprescindible" la inclusión explícita como víctimas como un primer acto de "reconocimiento y reparación". También han solicitado que tengan derecho a indemnizaciones. Igualmente, ha pedido la creación de una comisión de investigación "amplia e independiente" sobre la actividad del Patronato. Además, ha solicitado que se establezcan los "mecanismos necesarios" para que este espacio tenga acceso a la documentación de archivos públicos y privados, tanto de las congregaciones religiosas colaboradoras como de las empresas implicadas.
Por último, ha reclamado un acto de reconocimiento y reparación al colectivo de afectadas pero ha avisado de que "no puede haber reparación si no hay verdad". Finalmente, Miñarro ha denunciado que ni la Iglesia ni la institución médica han pedido perdón por lo sucedido en el Patronato. Si bien, ha admitido que la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) hizo "algo", en referencia a un acto que tuvo lugar en junio.
Iglesia e institución médica
A juicio de Miñarro, la Iglesia y la institución médica "no sólo deben pedir perdón por lo que hicieron, sino también por la impunidad con la que durante tantos años han vivido".
En el turno de portavoces, por el PSOE, María Adrio, ha avanzado que los Ministerios de Igualdad, Memoria Democrática y de Justicia están preparando un acto de reconocimiento y reparación a todas las víctimas del Patronato, con el fin de "reparar la memoria de todas las mujeres afectadas por un órgano represor, de anulación, sometimiento y explotación de las mujeres".
También ha recordado que en la Ley de Memoria Democrática se reconoce, tanto en el artículo 3 como en el 9, a quienes padecieron persecución o violencia por razones, entre otras, de género y su derecho a la reparación moral y la recuperación de su memoria personal, familiar y colectiva. Además, ha añadido que la Secretaría de Memoria Democrática se encuentra investigando sobre esta cuestión.
PP aboga por una memoria inclusiva
Por parte del PP, Patricia Rodríguez, ha pedido "reconocer todas las vulneraciones de derechos humanos sin excepciones ni sesgos ideológicos". "El Partido Popular siempre estará al lado de las víctimas, de todas las víctimas, insisto. No creemos en una memoria parcial, sino en una memoria inclusiva, que reconozca el sufrimiento sin distinciones políticas", ha asegurado.
En esta misma línea, ha denunciado que la Ley de Memoria Democrática "no se redactó escuchando precisamente a todos los protagonistas, sino solo a unos pocos, a los que interesaba, a los que convenía, relegando como siempre a las mujeres".
Mientras, por Vox, María de los Reyes Romero ha condenado "todas las violaciones de los derechos humanos y todos los abusos que se han cometido en todo el mundo desde que Caín mató a Abel". En todo caso, ha advertido de que "los recursos personales y materiales del Estado son limitados y los intereses de los españoles son lo suficientemente urgentes" como para "perseguir molinos del pasado".
"Pero nos negamos a admitir, como sugieren ustedes, que la moral católica suponga por sistema una agresión a los derechos de las mujeres, vamos, a ninguna persona en general", ha subrayado. Además, ha acusado a la izquierda de "utilizar" al Grupo de Apoyo a las Represaliadas para "enfrentar a los españoles".
Por parte de Sumar, Esther Gil de Reboleño se ha referido al Patronato como una de las instituciones "más crueles y misógenas del franquismo". "Para nosotros, en Sumar, es importante señalar esa vergüenza que habéis contado, donde miles de mujeres jóvenes fueron recluidas, castigadas, explotadas y humilladas por el simple hecho de no ajustarse al modelo nacional católico de la buena mujer", ha recalcado.
También ha señalado que "hace falta abrir archivos, investigar qué ocurrió, asumir responsabilidades y reparar los daños de manera específica para este colectivo".
Precisamente, el 7 de octubre la Comisión de Igualdad del Congreso aprobó una proposición no de ley de Sumar en la que instaba al Gobierno a reformar la Ley de Memoria Democrática para reconocer como víctimas a las jóvenes que fueron encerradas por el Patronato de Protección a la Mujer. Contó con el apoyo de Podemos y ERC, el rechazo de Vox y la abstención de PSOE y PP.
Por parte de ERC, Etna Estrems ha reclamado políticas públicas y ha dicho que la administración pública del Estado, que fue quien ejerció esta "represión" en ese momento, es la "máxima responsable" de reparación de las víctimas y de las supervivientes.
