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Cuatro tramas en el espionaje del PP
La batalla por el poder y las sospechas sobre las adjudicaciones públicas del vicepresidente de la Comunidad de Madrid provocan una guerra en el PP donde se lucha a golpe de ‘dossier’.
MANUEL RICO - Madrid - 31/01/2009 21:14
En la tarde del 30 de enero, los empresarios Enrique Sánchez y Pedro Antonio Martín Marín quedaron para jugar al mus en la cafetería Stars, junto al estadio Santiago Bernabeu. Como todos los viernes. Aunque éste era un poco especial, ya que ambos llevaban varios días saliendo en la prensa, en relación con las tramas de espionaje y presunta corrupción organizadas en la Comunidad de Madrid.
La culpa es de un viaje a Suráfrica realizado en marzo de 2008, al que Enrique Sánchez y Pedro Antonio Martín Marín se llevaron al hombre más poderoso de la Comunidad de Madrid: Ignacio González, número dos de Esperanza Aguirre, que lleva un lustro controlando las principales adjudicaciones del Gobierno regional.
Una reproducción de los billetes de aquel vuelo a Johannesburgo salió publicada en El País el pasado 20 de enero, junto a otras imágenes de Ignacio González durante una visita a Cartagena de Indias (Colombia). Forman parte de un dossier sobre el vicepresidente madrileño, en el que se afirma que tanto su viaje como el de su esposa habían sido abonados por Enrique Sánchez en agradecimiento por las adjudicaciones públicas recibidas. González sostuvo que pagó en metálico los 8.000 euros, porque le "venía bien", y aseguró que nunca adjudicó "nada" a dicho empresario.
Pero la mentira no llega lejos. Dos días después, Público desveló que González le había adjudicado un contrato de 33 millones de euros a Segurisa, una de las principales sociedades de Enrique Sánchez.
Y el asunto se agravó cuando, una semana más tarde, este diario reveló la existencia de un detallado informe de 69 folios sobre el patrimonio y las adjudicaciones sospechosas del vicepresidente, que ha sido manejado en la cúpula del PP.
Investigando a González
Los servicios policiales de información que están analizando el asunto descartan que funcionarios de la Comunidad se hayan desplazado a Colombia para grabar al vicepresidente. "Las imágenes se han tomado con un equipo muy básico. Ese trabajo se podría hacer con un simple bolígrafo con cámara camuflada. Así que resulta lógico sospechar que el vídeo fue grabado por alguien que viajaba en la comitiva de González o por la empresa local que se encargó de la vigilancia en Colombia", indican fuentes conocedoras de las pesquisas en el Ministerio del Interior.
En cuanto al dossier de 69 páginas, expertos en temas de seguridad descartan que haya sido elaborado por ex agentes de la Policía o la Guardia Civil y apuntan a alguna empresa privada: "Cualquier informe de funcionarios policiales empieza con una foto del sujeto investigado y datos sobre si tiene vehículos, antecedentes...". Justo esa información falta en el dossier, que aporta todo tipo de detalles sobre propiedades, cuentas bancarias, historial laboral o actividades empresariales de González, sus familiares y sus amigos más cercanos. Lo mismo se puede afirmar del informe realizado sobre Ildefonso de Miguel, gerente del Canal de Isabel II y persona de confianza del vicepresidente.
En el PP está extendida la idea de que el espionaje a González en los viajes al extranjero, realizados en 2008, tiene su origen en la batalla entre empresas privadas de seguridad por el negocio de los contratos públicos.
Empresas, eso sí, relacionadas de forma directa o indirecta con políticos de dicho partido. El dossier de 69 páginas, por su parte, fue escrito a finales de 2006 o principios de 2007 y es una investigación destinada a demostrar que el vicepresidente madrileño tiene un patrimonio injustificado y que se beneficia de las adjudicaciones públicas que están bajo su control. El propio González no ha descartado que le haya espiado la dirección del PP.
En resumen, en lo que respecta a González, se puede hablar de la existencia de una trama dentro del partido, que contrata los servicios de investigadores privados, para obtener pruebas que permitan desenmascarar al hombre fuerte de Aguirre.
Los expertos son más reacios a emplear el término espionaje para definir los seguimientos realizados al ex consejero de Justicia de la Comunidad y actual responsable de Exteriores en la Ejecutiva Nacional del PP, Alfredo Prada, y al vicealcalde de Madrid capital, Manuel Cobo: "Para hablar de espionaje tiene que haber grabaciones, fotografías, investigación patrimonial o personal, pinchazos telefónicos... Y lo publicado son partes de seguimiento propios de un equipo de contravigilancia".
Los equipos de Granados
Parece fuera de toda duda que los partes policiales son reales, ya que tanto Cobo como Prada han corroborado que el contenido coincide con sus agendas, y también que fueron realizados por personal de la Consejería de Interior, puesto que en algún caso dan el nombre de personas que trabajan en el departamento que dirige Francisco Granados.
Otra cuestión es saber si los seguimientos eran legales -como defiende el Gobierno de Aguirre- y si el personal que los realizó era consciente de que podía estar cometiendo alguna irregularidad. Sobre este último punto, agentes que han participado en este tipo de operativos tienen pocas dudas: "Ni al tipo más tonto del mundo, si sabe que está cometiendo un seguimiento ilegal, se le ocurre escribir en un parte ‘llega el conductor de nuestro director Sergio con el vehículo oficial del mismo'. Y eso figura así en uno de los documentos publicados".
¿Y la legalidad de los seguimientos? Granados puede explicar con mayor facilidad el caso de Prada, ya que cuando se produjeron los hechos era consejero de la Comunidad, lo que podría explicar que contase con un equipo de contravigilancia. Más difícil resulta defender ese argumento en el caso de Manuel Cobo, ya que el Ayuntamiento tiene sus propios equipos de seguridad.
Claro que, más allá de los seguimientos más o menos legales a determinados políticos, en el sector de la seguridad privada existe la certeza de que en la Consejería de Granados había alguna persona dedicada a encargar trabajos sucios. "A algún investigador lo llegaron a citar, para su asombro, en un despacho de la Consejería y le plantearon investigar a un político. No aceptó el trabajo, pero salió con la idea clara de que eran bastante chapuzas", explica el dueño de una empresa de investigación.
Gallardón y Blesa
En el Ministerio del Interior investigan si también se produjeron seguimientos al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, el archienemigo de Esperanza Aguirre. De hecho, en ese departamento circula la versión de que fue el equipo de seguridad del alcalde quien detectó que personal de la Comunidad de Madrid le estaba siguiendo. El descubrimiento se habría producido cuando Gallardón realizaba una visita privada a la localidad de Las Rozas. Esta versión encaja con el convencimiento que tienen algunos dirigentes del PP de que la primera filtración a El País partió del entorno de Gallardón. Una acusación que realizan en privado, ya que públicamente sólo han señalado a Caja Madrid.
"Tenemos enemigos en Caja Madrid que pueden ser autores de lo que pasa", declaró Granados en medio del escándalo. La entidad financiera, por cuyo control pelean de forma descarnada Aguirre y Gallardón, tiene un servicio privado de escolta para su presidente, Miguel Blesa. Y, además, es uno de los principales clientes de las empresas privadas de investigación: "Contrata a agencias para que realicen informes de morosos o insolvencias, busquen bienes para embargar o estudien quién está detrás de proyectos especialmente relevantes", detalla uno de esos detectives. Pero de ahí a implicar a Caja Madrid en el espionaje a políticos hay un salto que, de momento, sólo ha dado Granados en público y varios compañeros de la Comunidad en privado.
Datos del ministerio
Además de en Caja Madrid, algún dirigente conservador también se ha fijado en el Ministerio del Interior en un intento de buscar culpables fuera del PP. Lo único probado es que algún mando de la Guardia Civil o de la Policía facilitó datos a quienes estaban realizando el seguimiento a Prada, ya que preguntaron por una "matrícula reservada" que resultó ser de la Secretaría de Estado de Seguridad. En ese caso, la información sobre la titularidad del vehículo no se puede obtener en Tráfico. Y tampoco la puede facilitar un guardia o policía raso.
En el Ministerio del Interior están realizando una amplia investigación para localizar al informador. Sobre todo después de que en el departamento de Asuntos Internos de la Guardia Civil hayan recibido, como desveló El Economista, la denuncia de algunos agentes que recibían ordenes para "realizar tareas que no entendían". La sospecha es que el mando que encargaba los trabajos o facilitaba datos, cobraba a cambio una importante cantidad de dinero mensual.
"En Madrid no hay espías", aseguró hace diez días la presidenta Esperanza Aguirre. La realidad parece exactamente la contraria. Por la capital circulan espías, dossiers y equipos de contravigilancia a un ritmo trepidante, ajenos a cualquier atisbo de crisis. Y es que un informe como el elaborado sobre Ignacio González puede costar 50.000 euros.
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Ene 31
Comunidad de Madrid: las sumas de todos
Tag: Espías de Madrid, La semana — Ignacio Escolar
Una rectificación: hace cuatro días publiqué que Pedro Antonio Martín Marín –ex secretario de Comunicación de Aznar y compañero de viajes a Suráfrica de Ignacio González– tiene una hija que trabaja en el Canal de Isabel II. No es exacto. En realidad son dos las hijas de Martín Marín colocadas en esta empresa aún pública; como dice el eslogan de la Comunidad de Madrid, “la suma de todos”. También está sumado en el Canal, por ejemplo, un primo de Esperanza Aguirre, Francisco Javier Aguirre Pemán, como subdirector de marketing. O un hermano de Francisco Granados, el consejero de Interior de Madrid.
El Canal de Esperanza II and friends lo preside Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad de Madrid. El director gerente del Canal es Ildefonso de Miguel, amigo y compañero de aventuras de Martín Marín, que también tiene sumada a su mujer, Concepción Ruano, como consejera de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. También suma lo suyo el cuñado de Ildefonso, Fernando Ruano, consejero delegado de la empresa que difunde la señal de las emisoras de TDT que adjudicó Aguirre. O Pablo González González y José Juan Caballero Escudier, un hermano y un cuñado de Ignacio González, que, casualmente, son socios de uno de los beneficiados por la concesión de un campo de golf sobre los depósitos del Canal en Madrid.
Ildefonso de Miguel también suma en su patrimonio reciente una bodega en la Ribera del Duero que, entre otros milagros espiritosos, consiguió que Caja Madrid comprase un pedido de varios cientos de miles de euros en botellas para regalar por Navidad, hace un año. Aunque de regalos comprados o inspirados desde el Gobierno de Madrid, la que más suma es Carmen Cafranga, consejera de Caja Madrid y accionista de una empresa de subastas de arte que preside Lourdes Cavero, la mujer de Ignacio González. Las distintas empresas propiedad de Cafranga no sólo han recibido más de dos millones de euros en subvenciones y contratos de la Comunidad, sino que también son proveedoras habituales de regalos de empresa del Gobierno madrileño, un tipo de compras que requiere menos papeleo. Esperanza Aguirre se cuenta entre sus mejores clientes. Al rentable negocio del arte y las antigüedades también se dedicaba otra señora del vicepresidente, la ex mujer de Rodrigo Rato, Ángeles Alarcó, que ahora es vicepresidenta ejecutiva de Turismo de Madrid por obra y gracia de Esperanza Aguirre.
Aquí el que no suma es porque no quiere, o porque no tiene familia que le quiera. La cuñada de Ignacio González, Carmen Cavero, es también una de las consejeras ‘independientes’ que se ha sumado junto a otros expertos economistas, como Ángel Acebes o Manuel Lamela, al consejo de administración de Cibeles, la nueva corporación financiera de Caja Madrid. El sueldo por este ‘trabajo’, que no exige dedicación exclusiva, ronda los 150.000 euros anuales, más tarjeta de crédito y coche. Acebes ha preguntado al Congreso si además puede mantener el sueldo de diputado. ¿Se pierde usted con tanto cero, tanto hermano y tanto cuñado? ¿Se siente un poco primo? Pues me dejo familia en el tintero; esto sólo acaba de empezar.
Hace cuatro días, uno de los principales bufetes de abogados de Madrid envió a varias redacciones un burofax donde aconsejaba a los medios que se abstuviesen de publicar informaciones relacionadas con la vida privada de los familiares y allegados del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Queridos abogados: gracias por el consejo. Pero no es una cuestión de vida privada sino de responsabilidad pública; que el César, y su mujer, hagan lo que quieran con su honra, pero que no se forren con los terrenos del acueducto. A estas alturas de la película, lo que empezó pareciendo una comedia de espías ha terminado siendo un thriller de terror: un remake de Huevos de oro de Bigas Luna mezclado con La escopeta nacional de Berlanga. No es por quitarle importancia a algo tan grave como que un gobierno utilice su poder para espiar a sus rivales políticos –en el país modelo de los liberales, EEUU, eso le cuesta el puesto al presidente–. Pero viendo el resto del iceberg, la forma de gestionar el Gobierno de Madrid como si fuese un ultramarinos familiar y, sobre todo, las fundadas sospechas sobre muchas de las adjudicaciones, lo que menos se entiende es que la Justicia española tenga tiempo y recursos para investigar al ejército israelí en Gaza –que también–, pero no mire lo que pasa en la Puerta del Sol. ¿A qué espera la Fiscalía Anticorrupción para actuar? ¿A qué espera el PSOE de Madrid para pedirlo? Lo que con tamayazo empieza, muy mal acaba.
Papelón también el de Mariano Rajoy, que ha encargado la investigación interna sobre los espías a la imparcial María Dolores de Cospedal, ex consejera de Aguirre y compañera de vacaciones en Marbella de González. Y, lo que más molesta a muchos en el PP, ha permitido con su silencio que la versión que quedase en los medios del enfrentamiento entre Ignacio González y el histórico tesorero de Génova, Álvaro Lapuerta, fuese la que filtró el equipo de Aguirre. La reunión entre Lapuerta y González no fue en Génova, sino en la Puerta del Sol. “Quiero que nos veamos en tu despacho y así grabas lo que te tengo que decir”, le espetó Lapuerta a González. ¿Su denuncia? Unos constructores –una UTE liderada por una familia de Sevilla y un empresario de Madrid– le habían pedido que intercediese porque les querían cobrar una comisión tras haber quedado primeros en el informe de los técnicos para la concesión de la obra de una carretera de la Comunidad. ¿El resultado? González lo negó todo, el concurso quedó primero desierto y después lo ganó otra constructora… y Lapuerta comenzó a ser espiado.
Esperanza Aguirre, tremendamente preocupada por los acontecimientos, lleva toda la semana buscando un pacto con Rajoy para al menos parar la investigación interna. El consejero de Sanidad, Juan José Güemes, que está al mismo tiempo en el Gobierno de Madrid y en la ejecutiva de Rajoy (su suegro, el afortunado Carlos Fabra, obró el milagro), ha hecho intentos de acercamiento, entre otros, con Alfredo Prada, uno de los espiados. Güemes le telefoneó el lunes, Prada despachó la llamada con frialdad y transmitió el recado a Rajoy, que tampoco se fía.
En Génova, después de haberse lanzado a investigar, creen que el asunto no se puede cerrar sin que haya al menos un cabeza de turco. Desde la Comunidad de Madrid juegan a que la guillotina no llegue muy arriba y que la testa que ruede sea, como mucho, la de Francisco Granados, el consejero de Interior al que todos puenteaban. Pero en Génova piden también la salida de Ignacio González, algo inaceptable para Aguirre, que prefiere afrontar una guerra total antes que matar a un poderoso número dos que tiene alma de cualquier cosa menos de mártir. La situación cada vez se parece más al chiste del dentista, ése al que su paciente agarra de los testículos mientras le dice: “¿Verdad que no nos queremos hacer daño?” Sólo que aquí hay una docena de dentistas, una veintena de pacientes y cientos de testículos en mano y dossier ajeno. Y todos quieren hacer la tortilla de siempre, pero sin romper ni un huevo.
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González y Granados, relato de un desencuentro
El vicepresidente madrileño forzó el cese del consejero de Transportes en 2004.
YOLANDA GONZÁLEZ - MADRID - 31/01/2009 23:40
Nacho González y Paco Granados". Con este mensaje de texto respondía Esperanza Aguirre a Mariano Rajoy en los días previos al Congreso Nacional del PP, celebrado a finales de junio pasado. El líder del PP no estaba muy contento con la presidenta madrileña, que no dejaba de amagar con presentar una candidatura, pero quería que le recomendase un par de nombres de su equipo para incluirlos en el Comité Ejecutivo. Aguirre pinchó en hueso. Rajoy no estaba dispuesto a contar con dos de los consejeros que más habían contribuido a que se cuestionara su liderazgo en plena etapa precongresual.
Con su sugerencia a Mariano Rajoy, la presidenta de la Comunidad de Madrid intentaba colocar en el núcleo de poder de Génova, sede nacional de los conservadores, a dos hombres de su máxima confianza. Y de paso, afianzar una relación entre dos compañeros de partido que se había quebrado en el año 2004, cuando ambos se enzarzaron en una dura competición por acaparar poder.
En su primera etapa, Granados fue uno de los consejeros más valorados
Hoy, la supuesta trama de espionaje desatada en la Comunidad vuelve a unirlos. El vicepresidente, Ignacio González, ha sido seguido en viajes privados por el extranjero, tal y como reveló El País. Y Granados, secretario general del PP de Madrid y consejero de Presidencia, Justicia e Interior, es señalado en las informaciones él lo niega como el máximo responsable de un grupo de agentes con misiones de seguimiento.
Pese a que en público ambos se han mostrado unidos y han mantenido el mismo discurso, no son pocos los que en las filas conservadoras apuntan a que estos episodios pueden haber vuelto a enfriar una relación en la que ambos protagonistas habían decidido poner paz. "No son íntimos, pero llevaban ya bastante tiempo sin exhibirdesencuentros", apuntan desde el PP de Madrid. ¿Por qué se hicieron patentes esas diferencias?
La joya de la corona
Hay que remontarse a noviembre de 2004, cuando Aguirre decide nombrar a Granados secretario general del PP madrileño. Hasta entonces,desempeñaba, con cierta diligencia, la cartera de Infraestructuras y Transportes. Era, además, uno de los consejeros más valorados. La noticia cayó como un jarro de agua fría para el ex alcalde de Valdemoro. "Todavía Aguirre no le había dicho nada, pero era posible que perdiera Transportes. No le hacía mucha gracia. Su consejería era la joya de la corona con un proyecto muy atractivo en la red de Metro", recuerdan en las filas conservadoras. Durante casi un mes, Ángel Acebes, número dos del PP de Aznar, e Ignacio González presionaron a la presidenta para que apartara a su compañero de la consejería. "Los dos estaban convencidos de que la Secretaría General no era compatible con una cartera tan potente como la que ostentaba", añaden en el partido. Compatibilidades o no, Ignacio González no se resignaba a ver cómo le adelantaban. Y Granados, que se aferraba con fuerza a Transportes, se veía muy bien ubicado de cara a una posible sucesión de a quien ellos, cariñosamente, llaman "la jefa".
El vicepresidente y el secretario general hicieron campaña contra Prada
El 20 de diciembre de 2004, Esperanza Aguirre anunciaba que María Dolores de Cospedal, actual secretaria general del partido, iba a ser la sustituta de Granados en Transportes. Para contentar al perdedor, le creó la consejería de Presidencia. La maniobra no pasó inadvertida: González lograba ubicar en un departamento clave a una mujer de su entorno. Cospedal había trabajado entre julio de 2002 y abril de 2004 con Acebes en el Ministerio del Interior como subsecretaria, donde también se cruzó con Ignacio González en su etapa al frente de la Secretaría de Estado de Inmigración. Hoy es la encargada de la investigación interna del PP sobre los espías.
Cuentan algunos cargos del PP de Madrid que por aquellas fechas el enfado de Granados fue tal que llegó incluso a lamentar haber abandonado la alcaldía de Valdemoro para pasarse a la primera línea política.
Aparente calma
Incluso en las filas de la oposición en la Asamblea de Madrid reconocen que Granados y González parecían haber hecho las paces en la última etapa: "Les unía el no integrar el nuevo equipo de Rajoy y el rechazo al ex consejero Alfredo Prada. Y ahora parece que les separa la trama.
González optó por no arropar a Granados el día de su comparecencia", explican. Prada, también afectado por esta presunta red de espionaje, fue apartado por Aguirre de la consejería de Justicia en la remodelación que hizo el pasado 26 de junio. Días antes, Rajoy le había incluido en su equipo. En esta ocasión, fue Granados el que salió ganando, sumando a las consejerías de Presidencia e Interior, la de Justicia. "En esta legislatura, uno de los paquetes más fuerte de contrataciones es el de la Ciudad de la Justicia", recuerdan en la Asamblea.
Mientras, González no ha perdido fuerza. Además de vicepresidente y portavoz de la Comunidad, preside el Canal de Isabel II. El número dos de Aguirre controla las principales adjudicaciones del Gobierno regional.
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Jesús Maraña
Todo por la pasta
01 Feb 2009 13:25
El malvado César González Ruano solía decir de la familia Sánchez Mazas: “En esa casa, todos hablan mal de todos y todos tienen razón”. Hace ya tiempo que en el Partido Popular ocurre lo mismo, con la diferencia de que unos cuantos no se han conformado con hablar mal de los demás. Han empleado fondos públicos o del propio partido para espiar a los contrincantes. ¿Con qué objetivo?
Hay medios de información y altos cargos de la derecha empeñados en limitar el escándalo a una trifulca de poder político interno entre Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón, con el objetivo de eliminar al otro en la carrera por la sucesión de un Mariano Rajoy al que todo dios da por finiquitado. ¿Acaso buscaban en sus seguimientos y grabaciones ilegales demostrar una traición a los principios del liberalismo conservador?
Al fondo de todo el entramado, se divisa más bien otro fundamento: la pasta. Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, (Nachete para los amigos), es el Rasputín de Aguirre, el hombre que lo mismo negocia la concesión de licencias de televisión digital que la
construcción de un polideportivo en la periferia de Madrid. Acostumbrado a actuar como el dueño de un cafetal, le importa un comino firmar adjudicaciones a una empresa participada por un socio de su hermano y de su cuñado.
Aunque sólo fuera por una cuestión de higiene democrática, va siendo hora de que alguien frene el pestilente intento del PP de matar al mensajero.
La Fiscalía Anticorrupción tiene la obligación de no perderse en el ejercicio de la confusión política, mediática y crematística. Hay datos sobrados para iniciar una investigación judicial que no dependa, por cierto, de un Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al que también alcanza la mágica mano del ínclito Nachete.
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Aguirre y Rajoy no alcanzan un pacto sobre la 'crisis de los espías'
Dirigentes del PP piden al presidente que se imponga con mano dura.- Los dos dirigentes han conversado al menos dos veces por teléfono en los últimos días
CARLOS E. CUÉ - Madrid - 01/02/2009
Fue la tarde del pasado domingo. Después de su triunfal discurso de estilo obamista, Mariano Rajoy estaba descansando en su casa. Sonó el teléfono, y era Esperanza Aguirre. Sobre la mesa estaba lo que los aguirristas consideraban una agresión: una información de EL PAÍS en la que el ex tesorero del PP Álvaro Lapuerta, hombre muy respetado y clave en la historia interna del partido, aseguraba que en mayo de 2008 había avisado a Rajoy de que le estaban espiando.
Basagoiti: "Aquí tienes un partido centrado"
Espionaje político en la Comunidad de Madrid
La investigación abierta en el partido provocó la protesta de la líder madrileña
Lapuerta pensaba que eran personas de la Comunidad de Madrid, como respuesta a críticas que había hecho a adjudicaciones de esta administración que consideraba sospechosas. Para colmo, según la visión de los aguirristas, el propio Rajoy, a través de su responsable de Comunicación, Carmen Martínez Castro, había confirmado la noticia. Lapuerta es además amigo del presidente del PP, con lo que todos los aguirristas atribuyeron al líder la bomba informativa.
Espionaje, adjudicaciones y una investigación interna en marcha. Eran demasiados fusiles apuntando a Aguirre, y todos de fuego supuestamente amigo, esto es desde Génova, la sede central del PP.
La presidenta llamó al líder para, según diversas fuentes populares, mostrarle su preocupación por la situación y reclamarle que busque una salida que no le haga daño a ella ni al partido.
Rajoy, fiel a su estilo, no entró de lleno en el asunto y trató de tranquilizarla con la idea de que seguramente habrá una solución. Pero no hubo acuerdo, y desde entonces la situación se ha complicado.
El diario El Mundo ha publicado graves acusaciones de conductas irregulares tanto de Lapuerta como de su sucesor, Luis Bárcenas, por haber presionado a la Comunidad de Madrid en diversas adjudicaciones. Todos los marianistas lo interpretaron como una venganza del aguirrismo.
A mediados de semana, mientras se publicaban dossiers con supuestas irregularidades de la mano derecha de Aguirre, Ignacio González, amigos y familiares suyos, hubo al menos otra conversación telefónica entre los dos dirigentes, de tenor similar, según las mismas fuentes.
Aguirre insiste en que la investigación interna que dirige la secretaria general, Dolores de Cospedal, es una gran muestra de desconfianza hacia ella, que no va a encontrar nada porque nada hay, y que se debe cerrar cuanto antes.
Rajoy insiste en su ambigüedad. En privado buscan un pacto, pero ella quiere un apoyo público que él no le ha dado. Y por eso las espadas siguen en alto mientras la situación es cada día más explosiva.
El entorno del líder y algunos dirigentes regionales, muy enfadados por lo que consideran un ataque directo al corazón del partido, le piden mano dura, un gesto de autoridad. "Casi todos estamos aquí de paso, pero Lapuerta y Bárcenas son la casa, los que dan continuidad al PP. Ir contra ellos es ir contra el partido, no contra Rajoy. Esto no puede quedar así", señala un marianista.
Mientras, Aguirre no está dispuesta a aceptar que el presidente le pida la cabeza de nadie, porque insiste en que no hay ninguna prueba de que el espionaje saliera de la Comunidad ni de ninguna irregularidad en ninguna adjudicación.
Cospedal, que aún tiene que interrogar a algunos, se prepara para enviar su informe al Comité de Derechos y Garantías del partido. Si su papel recomienda sanciones, como apuntaba el durísimo comunicado de la semana pasada, y éstas no están pactadas con Aguirre, la guerra será total y ella se resistirá hasta el final. De momento todo sucede en pasillos, pero la próxima semana probablemente habrá un Comité Ejecutivo Nacional, el órgano de gobierno, donde se verá hasta dónde llega la batalla y si alguien sigue a Aguirre en su resistencia numantina a ofrecer ninguna cabeza, ni siquiera la de algún jefe intermedio de los espías.
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EDITORIAL: Tácticas dilatorias
El consejero Granados no aclaró la trama de los espías; ahora deben explicarse Aguirre y González
01/02/2009
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El consejero de Justicia e Interior, Francisco Granados, compareció el viernes ante la Asamblea de Madrid para dar cuenta de la trama de espionaje en la Comunidad que gobierna Esperanza Aguirre. Sobre su departamento recaen las principales sospechas por los seguimientos a diversos altos cargos del PP. Su estrategia ante las preguntas de la oposición consistió en reclamar la presunción de inocencia, por un lado, y en minusvalorar los hechos conocidos, por otro. Sólo al final de la sesión, Granados reveló haber llevado a cabo la investigación interna que se le solicitaba desde dentro del partido. Según su versión, los resultados no permitirían vincular los informes conocidos con su departamento.
Esperanza Aguirre
Ignacio González
Francisco Granados
Pero no es eso lo que se deduce del propio tenor de los informes, con lo que el consejero Granados se instaló en una posición contradictoria ante la Asamblea: admitir implícitamente la veracidad de los documentos y, al mismo tiempo, no extraer las consecuencias evidentes de su contenido. Tal vez por ello recurrió a un sorprendente procedimiento que parecía destinado a ganar tiempo y comprobar si, entretanto, amaina el escándalo: se declaró a la espera de nuevas informaciones periodísticas para seguir investigando. No es de recibo que un responsable de Justicia e Interior espere deliberadamente el estímulo de los medios para esclarecer un asunto que, por lo sabido hasta ahora, viola derechos fundamentales, además de poner en evidencia los métodos empleados en la lucha interna de un partido político.
La intervención de Granados estuvo dirigida a limitar el nivel político al que puede afectar la trama de espionaje. Pero, de nuevo, se produce una paradoja. Al intentar ponerse a salvo, no logra evitar que las responsabilidades lleguen más alto: si él no está en condiciones de dar una respuesta, ésta deberá exigirse en instancias superiores. Lo contrario sería tanto como admitir que el Gobierno de la Comunidad de Madrid está dispuesto a tolerar que se practique el espionaje desde alguno de sus departamentos. El propio Granados se dejó deslizar por esta vía cuando, a preguntas de la portavoz de Izquierda Unida, rechazó "poner la mano en el fuego" por todos los funcionarios y cargos de la Comunidad. Su responsabilidad le exige estar en condiciones de ponerla. Si no la asume, deberá hacerlo la instancia superior.
Y el siguiente es el vicepresidente Ignacio González, quien, no por casualidad, también se encuentra en el ojo del huracán. Por una parte ha sido espiado (las evidencias son abrumadoras) y, por otra, todo parece indicar que la cadena de mando real de los agentes que han seguido a políticos del PP (Cobo, Prada, etcétera) conduce directamente a él, puenteando al jefe natural, el consejero Granados. Queda, pues, la presidenta. Aguirre se enfrenta al mayor escándalo de su carrera. Y finalmente está Rajoy, quien sopesa estos días cuándo y en qué sentido cierra la investigación que ha ordenado sobre un asunto que amenaza con despedazar al PP: lo único que no puede hacer es cerrar los ojos.
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REPORTAJE: Las tres claves secretas del enredo
Odios políticos, 'dossiers' tóxicos e intereses económicos se entrecruzan en la 'batalla de Madrid'
JOSÉ MANUEL ROMERO - Madrid - 01/02/2009
Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, ha recibido uno de los encargos más envenenados de su carrera: investigar las supuestas malas prácticas de un Gobierno del PP, el de la Comunidad de Madrid, que lidera con aplastante autoridad Esperanza Aguirre, el principal y, a estas alturas, casi único referente de la corriente crítica del partido.
González debe de ser el cargo con más 'dossiers' sobre sus adjudicaciones
Empresas molestas al perder concursos han indagado sobre su patrimonio
La tarea se complica porque las personas a las que debe investigar Cospedal (Esperanza Aguirre, Ignacio González o Francisco Granados, entre otros) han sido, hasta hace muy poco, sus jefes políticos directos, sus principales mentores o sus amigos de escapada veraniega.
Pese a todo, según cuentan algunas de las personas que han pasado ya por la "sala de interrogatorios" de Cospedal está intentando hacer una investigación fría y profesional. Y eso que algunos de los sujetos que pueden resultar cruciales para desentrañar todo lo ocurrido (principalmente ex policías que han trabajado en el servicio acusado de espionaje) se niegan a comparecer con la excusa de que no pertenecen al PP.
El escenario en el que se maneja Dolores de Cospedal tiene unos actores que se mueven en un círculo de intereses políticos y tiene otros actores en una obra de teatro paralela donde lo que manda son las implicaciones económicas.
La decisión de Cospedal respecto a la investigación abierta puede marcar un antes y un después en la historia del PP. Así están las cosas.
- La guerra de los dossiers. La guerra de los dossiers es muy vieja en la Comunidad de Madrid. A comienzos de la primera legislatura de Esperanza Aguirre, octubre de 2004, proliferaron los informes secretos que se lanzaban contra el PP buscando vinculaciones entre algunos dirigentes populares y el denominado tamayazo (la fuga de dos diputados socialistas en una votación crucial que impidió a Rafael Simancas ser presidente de la Comunidad de Madrid y dio una segunda oportunidad a Esperanza Aguirre para ganar en las urnas ese puesto). Se hallaron muchos vínculos entre el PP, sus aledaños y Eduardo Tamayo, el último gran tránsfuga de la democracia española, pero nadie acreditó una compra del voto que hubiera implicado responsabilidades penales.
Más tarde llegó la adjudicación de la explotación de la Plaza de Toros de las Ventas, un negocio supuestamente muy apetitoso, en el que el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio González, empezó su exitosa carrera para reclutar a legiones de enemigos. La empresa perdedora recurrió a los tribunales. Y González, según explican desde el Gobierno regional, empezó a sospechar que Alfredo Prada, entonces segundo vicepresidente de la Comunidad, que compartía con él los máximos galones después de la presidenta, le hacía luz de gas y se aliaba con sus enemigos para informar contra él. Prada siempre lo ha negado. Por si acaso, González y la presidenta le pusieron a Prada, que era consejero de Interior, un guardián ex policía llamado Sergio Gamón al que colocaron como director general de Seguridad, neutralizando a la persona de confianza de Prada que hasta entonces ejercía, sin tanto cargo, ese mismo puesto. Luego llegaron más dossiers sobre las propiedades de González, las hipotecas de sus casas, las adjudicaciones a sus familiares, amigos y conocidos, sus tratos de favor a empresarios especialmente beneficiados en el Canal de Isabel II, la poderosa compañía pública que preside.
- Empresas molestas. Los intereses económicos de empresas molestas por no haber sido beneficiarias del maná de la Comunidad de Madrid, una administración rica y gran inversora, han arrojado durante los últimos cuatro años una concienzuda cadena de sospechas sobre el honor de González y algunos cargos de su confianza a los que ha colocado en sitios estratégicos. Esas empresas perdedoras en múltiples concursos encuadernaron sus sospechas y denuncias en carpetas donde aparecían datos públicos que se pueden encontrar en el Registro Mercantil o en el Boletín Oficial de la Comunidad junto a algunos detalles, a veces sorprendentes, de la vida privada de González. Así completaban un panorama sombrío sobre supuestas prácticas corruptas del vicepresidente de la Comunidad. Él siempre lo ha negado. Es el alto cargo de Madrid, y probablemente de España, que más dossiers por adjudicaciones sospechosas tiene. Y lleva dando explicaciones de su honorabilidad mucho tiempo. Lo tuvo que hacer ante su propio partido porque Álvaro Lapuerta, tesorero nacional los últimos 25 años, quiso saber más de sus propiedades en 2006. Y en 2008, el propio Lapuerta se sentía espiado por las personas sobre las que puso sus sospechas, entre ellas el propio González.
- Enemigos irreconciliables. Desde la Consejería de Interior se hicieron seguimientos al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo; al ex consejero de Justicia, Alfredo Prada; y a su hombre de confianza y director de Seguridad en la Ciudad de la Justicia, Juan Carlos Fernández. Los dos políticos espiados no apoyaban precisamente a Esperanza Aguirre en la batalla por el poder del PP y se declaraban enemigos irreconciliables de Ignacio González. El espionaje, documentado, ocurrió entre marzo y mayo de 2008, cuando caían chuzos de punta sobre el PP tras la derrota electoral. Los ex policías que hicieron el seguimiento citaban en sus partes a sus jefes directos: Sergio Gamón y Miguel Castaño, que no despachaban casi nunca con el consejero de Interior, Francisco Granados, según ha declarado. El viceconsejero de Interior, Alejandro Halffter, es quién manda en Gamón. Y Halffter confía tan poco en Granados como el consejero confía en él, porque sabe que es un hombre de González. El consejero del Interior ya intentó acabar con Sergio Gamón cuando éste irrumpió con cuatro de sus hombres en un despacho de la consejería de Justicia donde pensaba que se guardaban dossiers muy comprometedores para él mismo y para miembros del Gobierno regional. Pero una semana después de destituir a Gamón, le volvió a nombrar. Y ahí sigue.
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Demasiado para el cuerpo, ¿no, Mariano?
La única baza de Rajoy es poner firmes a Aguirre y su tropa y cortar cabezas
Transcurren los días desde que estalló el escándalo del espionaje madrileño. Entre tanto, Mariano Rajoy ha seguido demostrando su escasísima capacidad de liderazgo. Tras anunciar oficialmente –y con cierta contundencia formal- que había ordenado a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, abrir una investigación interna y advertía que podrían derivarse responsabilidades tanto judiciales como políticas, la opacidad de los populares se ha multiplicado en torno a este affaire.
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El barómetro de Público ha difundido unos resultados muy significativos que, en todo caso, no hacen más que confirmar conclusiones perfectamente previsibles. El 71´6 por ciento de los ciudadanos de este país considera grave o muy grave el asunto de los espías. La culpa no se la adjudican los ciudadanos mayoritariamente a Rajoy, sino a Esperanza Aguirre y a su equipo. Pero que nadie olvide que Rajoy es el número 1 del partido y apenas ha puesto en marcha medidas creíbles y eficaces que transmitan la sensación de que este Watergate a la madrileña y con callos se encuentra bajo control.
Todo lo contrario
Le ha sucedido, en cambio, todo lo contrario. Resulta que De Cospedal es muy amiga del vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio González, implicado en el caso y objeto, por otra parte, de un seguimiento parapolicial, como mínimo. Las dos familias, por ejemplo, pasaron juntas unos días del último verano en una urbanización de lujo en Marbella. El otro día, al acabar su conversación con González –ella ejerciendo ya su papel de investigadora merced al encargo de Rajoy-, manifestó que la sesión había sido corta y agradable.
Amable cóctel party
La secretaria general del PP reveló también, al principio de su tarea escudriñadora, y tras hablar por teléfono con Aguirre, que ella confiaba en la presidente, de la que era amiga y vino a decir que la consideraba inocente. De Cospedal parece confundir una investigación de enorme importancia, decisiva para el futuro de la derecha política en España, con una cháchara entre conocidos y amigos. Una especie de amable cóctel party después de una mañana de golf o de padel. Mientras, ha trascendido que Aguirre y su entorno han intentado presionar a Rajoy para que cerrara cuanto antes la investigación interna.
El asalto a Caja Madrid
Por lo demás, Rajoy no frenó, o no pudo, o no quiso, frenar, el asalto - machete en mano- de Aguirre y sus fieles a Cajamadrid. Ahora, entre los espías y un frágil alto el fuego, Cajamadrid ha pasado a un segundo plano de la actualidad. Sin embargo, la imagen del PP de Aguirre entrando en tromba en la cuarta institución financiera de nuestro país –y la segunda caja de ahorros, detrás de la Caixa- ya generó un daño tremendo al conjunto del partido. ¡En plena crisis económica, la principal inquietud de Aguirre era apropiarse de Cajamadrid ante la pasividad de Rajoy!
Dudas pusilánimes
Madrid, en la actualidad, huele a podrido igual o más que aquella Dinamarca de Hamlet, descrita hacia finales del siglo XVI por William Shakespeare. Hamlet fue, entre otras circunstancias, víctima de sus dudas pusilánimes. Exactamente lo mismo, o bastante similar, a lo que le ocurre a Rajoy. En menos de cinco años de presidir al PP, Rajoy no ha sabido generar confianza ni siquiera entre los suyos. Desaprovechó la segunda gran derrota sufrida- pronto hará un año- para hacer mutis por el foro y desaparecer del escenario.
Desahuciado por uno y otros
Prácticamente desahuciado por unos y por otros, es el PP el que corre serios riesgos de confrontación, de división creciente o incluso de escisión traumática. Pero marcharse en medio de la sórdida aparición de espionajes y, sobre todo, de enriquecimientos sospechosos que afectan presuntamente a relevantes personajes de la derecha, alentaría el estallido de una guerra civil en la derecha, sin cuartel y cruenta.
El toro por los cuernos
Sólo le queda a Rajoy una baza. Que abandone su indefinición sistemática, que dé un duro puñetazo a su indolencia y que vaya hasta el fondo –sin contemplaciones ni paños calientes- de la podredumbre que se ha acumulado en Madrid. Que coja el timón con fuerza y conduzca el navío genovés por la senda de la higiene democrática, la transparencia y el caiga quien caiga. O que coja de una vez el toro por los cuernos. Los culpables, que los hay, han de pagar por sus fechorías. Mucho me temo, sin embargo, que esto es como pedir peras al olmo. ¿Que Rajoy ponga firmes a Aguirre y a su tropa y corte cabezas? Demasiado para el cuerpo, Mariano.
Sopena es director de El Plural
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Mientras tanto, la lideresa presiona a Rajoy por teléfono “para que no le haga daño a ella”
¿Comenzarán a caer dirigentes del PP en el Comité Ejecutivo Nacional de esta semana?
ELPLURAL.COM
La situación en el Partido Popular es crítica. La formación se ha convertido en un campo de batalla en el que todos van contra todos y ninguno saca beneficio. Las presuntas tramas de espionaje y el tráfico de dossiers se están reflejando en el despeñamiento del PP en las encuestas, al tiempo que empaña sus campañas electorales en Euskadi y Galicia. Basagoiti, candidato a lehendakari, ya ha avisado de que está “hasta las narices”. La situación es tal que, los más cercanos a Rajoy y algunos dirigentes regionales ya están pidiendo cabezas. Una purga que podría empezar la próxima semana, en un Comité Ejecutivo Nacional.
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Así lo afirmaba hoy Carlos E. Cué, conocedor en profundidad de los pasillos de Génova, en El País. Mientras tanto, los aguirristas no piensan darse por vencidos. Convencida de que la cúpula nacional va contra ella, Esperanza Aguirre no ha perdido la oportunidad de ponerse en contacto con Mariano Rajoy por teléfono a lo largo de la semana. Sus presiones le han llevado a pedirle a su presidente que busque una salida que no le haga daño a ella ni al partido.
Guerra abierta
Las cosas han llegado demasiado lejos en el Partido Popular y la cúpula nacional lo sabe. Espionajes, dossiers, cruces de acusaciones, comparecencias ambiguas… La imagen está muy dañada y la prensa ha olvidado por completo que el PP tiene dos candidatos a punto de someterse a las urnas. Y la gota que puede haber colmado el vaso han sido las informaciones sobre conductas irregulares contra el ex tesorero nacional Álvaro Lapuerta, hombre muy respetado y clave en la historia del partido.
Ataques a Lapuerta
Álvaro Lapuerta aseguró haber informado en mayo de 2008 a Mariano Rajoy de que se sentía espiado desde la Comunidad de Madrid por denunciar adjudicaciones públicas sospechosas. Poco después, El Mundo, fiel defensor de la lideresa, publicó graves acusaciones de conductas irregulares de Lapuerta y de su sucesor, Luis Bárcenas. La información, como no podía ser de otra manera, fue interpretada por el entorno del líder como un ataque directo de Aguirre.
“Esto no puede quedar así”
Así las cosas, algunos dirigentes regionales del PP y los más cercanos a Mariano Rajoy le piden mano dura contra la filial madrileña del partido. “Casi todos estamos aquí de paso, pero Lapuerta y Bárcenas son la casa, los que dan continuidad al PP. Ir contra ellos es ir contra el partido, no contra Rajoy. Esto no puede quedar así", explicaba un marianista en el diario El País.
Comité Ejecutivo Nacional
La solución podría llegar a lo largo de esta nueva semana, con la convocatoria de un Comité Ejecutivo Nacional, el órgano de gobierno del partido, que puede hacer saltar todas las alarmas y provocar que las armas de ambos bandos se pongan definitivamente sobre la mesa. Sobre todo si Aguirre sigue en su empeño de no ofrecer ninguna responsabilidad, sea política o relativa a los ex agentes supuestamente implicados en el espionaje. Algo que se agravaría más si miembros del PP empiezan a ponerse abiertamente de parte de la lideresa.
Presiones de Aguirre
A la espera de lo que pueda suceder, Esperanza Aguirre ya ha intentado cubrirse las espaldas. Hasta en dos ocasiones se ha puesto en contacto con Mariano Rajoy por teléfono para presionarle respecto a la investigación interna y las futuras medidas. Según diversas fuentes del PP, la lideresa le pidió que buscase una solución “que no le haga daño a ella ni al partido”. Rajoy le aseguró que algo se podría hacer, pero no queda muy claro si el líder podrá salvar todo.
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