EL golpe de Estado del 18 de julio de 1936 por parte del Ejército español, apoyado por estamentos civiles, supuso un punto de inflexión en la vida de cientos de trabajadores de la Diputación Provincial de Bizkaia. La creación del Gobierno vasco requirió trabajadores cualificados y con amplia experiencia laboral, por lo que muchos funcionarios de la Diputación trabajaron activamente en la nueva institución, como Francisco Arregui que fue director de Seguridad del Gobierno vasco, o Santiago Alonso Izaguirre, director general de Industria y Marina Mercante de aquel gobierno. Otros muchos se alistaron voluntariamente o fueron movilizados en los batallones que nutrieron el Ejército Vasco. Algunos de ellos murieron en el frente defendiendo el orden legalmente constituido, como Enrique Ortuzar Garabieta, Juan Antonio Bravo y Pantaleón Acha, comandante del batallón ANV nº 1.
La represión que las autoridades franquistas aplicaron desde el 19 de junio de 1937, cuando cayó Bilbao, a los funcionarios provinciales se desarrolló a través de varios sistemas. La represión física se manifestó por medio de juicios sumarios y asesinatos extrajudiciales, mientras que la represión económica y laboral se materializó a través de las depuraciones.
El 21 de junio de 1937, dos días después de la conquista militar de Bilbao, el tradicionalista Luis de Llaguno fue nombrado nuevo presidente de la Diputación. En esa misma sesión se procedió a destituir a todos los trabajadores dependientes de la Diputación. Al igual que en otras instituciones, con esta destitución general se iniciaba el proceso depurador y comenzaba la justicia al revés, en la que el trabajador tenía que demostrar su inocencia. Las autoridades provinciales concedieron dos días de plazo para que los funcionarios solicitasen por escrito e individualmente su reingreso en la institución.
Los empleados que no solicitaron su reingreso fueron destituidos de sus puestos y perdieron todos los derechos que les correspondían, como el derecho a su jubilación. Cientos de trabajadores provinciales partieron hacia Santander primero y posteriormente a Barcelona o al extranjero, por miedo a la guerra o por su implicación con el Gobierno vasco, como José Luis Olivares Tellagorri, José María Picaza o Miren Nachituve.
'DEPURACIÓN' A los empleados que solicitaron su reingreso se les instruyó un expediente de depuración. En él se investigaba su ideología política y su actuación durante la guerra, pero en muy pocas ocasiones su cualidad como trabajador. Las autoridades provinciales nombraron a varios empleados identificados con los postulados de los sublevados para que actuasen como instructores de los expedientes. Muchos de estos instructores habían sido anteriormente destituidos por la Diputación republicana, al estar detenidos por derechistas o huidos, por lo que en muchos casos estos instructores no actuaron imparcialmente.
Debido a la dispersión geográfica de los empleados provinciales, los expedientes se tramitaron de varias formas. Para los empleados que trabajaban fuera del palacio provincial, los instructores solicitaron informes político-sociales a los ayuntamientos y jefaturas de FET y de las JONS de los términos municipales en los que trabajaban. Esta modalidad afectó a los miembros del Cuerpo de Arbitrios, Cuerpo de Miñones o personal de caminos. Los informes político-sociales del personal que trabajaba en el palacio foral, como los técnicos de Hacienda, Obras Públicas y personal administrativo, fueron recabados a través de empleados afectos al movimiento, que colaboraron de una forma más o menos decidida en la depuración de sus compañeros.
Una vez el instructor disponía de la información necesaria para presentar unos cargos, procedía a citar al empleado para que compareciese ante él y tuviese la oportunidad de ser oído. Los instructores oyeron a los encausados pero pocas veces escucharon las alegaciones de éstos, ya que sus palabras apenas lograron minimizar la sanción.
Este procedimiento se mantuvo hasta la creación de la Oficina Depuradora del Personal, situada en la 2ª planta del palacio provincial, el 5 de octubre de 1937. Con la Oficina se centralizó toda la labor depuradora en dos instructores. Tras recoger la información sobre los empleados se la remitían a Fernando Echegaray y Echegaray, y este procedía a realizar el informe destinado al presidente de la Diputación proponiendo la destitución, sanción o reposición del empleado.
El proceso depurador podemos darlo por finalizado en junio de 1938, ya que para esa fecha todos los empleados tienen una sentencia sobre su expediente. Fueron repuestos sin sanción 431 trabajadores, el 37,67% de la plantilla. Otros 178 funcionarios, el 15,56%, fueron repuestos con una sanción económica. La amplia mayoría de estos trabajadores era personal técnico con muchos años de experiencia laboral y muy necesarios para la Diputación, por lo que en lugar de ser destituidos fueron castigados con una sanción económica o/y la degradación.
El número de trabajadores destituidos se elevó hasta el 44% de la plantilla, 502 empleados. Muchos de ellos estaban casados y tenían una edad madura, por lo que sus familias y ellos fueron privados del sustento económico y de sus jubilaciones, lo que les acarreó un evidente quebranto. Los motivos de sus destituciones fueron políticos, por haber militado en partidos y sindicatos o por ser ideológicamente simpatizantes del nacionalismo vasco o el izquierdismo, como el arquitecto Diego Basterra, Policarpo Fernández Berriochoa, jefe del Servicio de Montes, y Jacinto Daniel Montellano, jefe de la Oficina de Fomento y jefe letrado de la Diputación.
JUICIOS SUMARIOS Los juicios sumarios también afectaron a los empleados provinciales, aunque en menor medida que la depuración, que afectó a la totalidad de la plantilla. Por lo menos 256 trabajadores sufrieron un juicio militar, siendo muchos de ellos personal técnico. Los tribunales militares, al igual que la depuración, fueron instrumentos punitivos y coercitivos, por lo que además de reprimir también amedrentaban y sometían al trabajador.
Catorce funcionarios de la Diputación fueron fusilados por las autoridades franquistas una vez fueron detenidos en Bilbao o en otros puntos de la península.
El primero de ellos fue Julio Nogueras Mateo, maestro de barriada. La guerra le sorprendió en Huesca, de donde era natural. Por su militancia socialista fue detenido y encarcelado. Miembros de Falange lo sacaron de la prisión y lo asesinaron extrajudicialmente. Su mujer solicitó los derechos pasivos que le correspondían en diciembre de 1940 y hasta diciembre del año siguiente la Diputación no se los concedió.
José Luis Uribe Bilbao, de 39 años, casado y con cuatro hijos era conserje de la Diputación. Fue fusilado el 6 de septiembre de 1937. Nacionalista vasco y afiliado a Solidaridad de Trabajadores Vascos, desempeñó el cargo de conserje mayor del Departamento de Defensa en el hotel Carlton.
Celio Renovales Zarate, recaudador de arbitrios de 4ª clase, estaba casado y tenía seis hijos. Fue fusilado el 9 de septiembre de 1937. Fue acusado de nacionalista vasco y propagandista, además de llamar a Franco "traidor" y "cobarde". Su mujer solicitó la pensión que le correspondía en mayo de 1939, pero no le fue concedida hasta septiembre de 1941.
Carlos Iturri Soroa, de 38 años, era oficial 2º de contaduría, también estaba casado y tenía tres hijos. Tras ser acusado de formar parte de la camarilla izquierdista que se formó en la Diputación y de tachar de "traidores" a la Guardia Civil de Gernika fue fusilado el 3 de agosto de 1937.
José Garay Allende, baracaldés de 59 años, casado y con hijos era sobrestante de carreteras. Fue acusado de republicano desde sus años mozos y de repartir armas entre los milicianos en Orduña. Fue fusilado el 22 de julio de 1937. Dos de sus hijos también fueron detenidos por las autoridades franquistas.
El Cuerpo de Miñones de Bizkaia, la Policía provincial, fue el que más sufrió la represión física. Nueve de sus 131 miembros fueron fusilados, mientras que otros 36 fueron detenidos. Durante la guerra muchos miñones participaron directamente en los combates contra los sublevados, mientras que otros instruyeron a milicianos, mantuvieron el orden público o hicieron de escoltas de José Antonio Aguirre.
José Eguia Marcaida, de 37 años, casado y con tres hijos, fue fusilado el 23 de julio de 1937 acusado de desoír las órdenes de un teniente de caballería que intentó leer el bando de guerra en Orozko y de ser escolta del lehendakari.
Francisco Arrugaeta López, bermeano de 33 años, casado y con tres hijos, también fue fusilado el 23 de julio, junto con Leandro Echevarria Arguinchoa, de 43 años y con tres hijos. Ambos fueron acusados de nacionalistas vascos y de haber sido guardianes de los barcos prisión.
Félix Gallastegui Velar, natural de Iurreta, de 45 años, casado y con nueve hijos, fue fusilado junto con sus compañeros el mismo día 23. Fue acusado de haber combatido durante tres meses "a las fuerzas nacionales".
RECONOCIMIENTO El último miñón fusilado el 23 de julio fue Eladio García Pérez, natural de Erandio, de 40 años, casado y con dos hijos. La acusación que pesó sobre él, fue la de haberse presentado voluntario para acudir al frente y ser nacionalista vasco de izquierdas.
Gregorio Urquijo Alberdi, natural de Arakaldo, de 50 años y con cuatro hijos, fue fusilado el 4 de agosto de 1937, acusado de formar parte del Comité de Defensa de Berriz y de ser nacionalista vasco.
Ángel Mardones Oteo, santurtziarra de 27 años, también fue fusilado el 4 de agosto acusado de haber luchado contra el Ejército Nacional y de ser izquierdista.
Benito Barayazarra Uribe, de 48 años, casado y con un hijo, fue fusilado junto con sus dos compañeros. Fue acusado de haberse presentado voluntariamente para combatir a los sublevados y ser nacionalista vasco de izquierdas.
José María Egusquiaguirre Golzarri, de 40 años, casado y con dos hijos, fue detenido en Santander y trasladado a Bilbao para ser juzgado. El 11 de julio de 1938 fue fusilado acusado de haber prestado servicios de orden público y ser nacionalista vasco.
La represión que el franquismo desató sobre los defensores del orden legalmente constituido, tanto en Euskal Herria como en el Estado español, cada día es más conocida por la ciudadanía gracias a la labor de historiadores y asociaciones. Las instituciones comienzan a dar pasos para el reconocimiento de los represaliados. Premios como el de Ilustres de Bizkaia 2013, otorgado por la Diputación Foral de Bizkaia a las víctimas de la represión franquista con mención especial a los empleados vinculados con la institución, reconocen a estas víctimas hasta ahora olvidadas. Este reconocimiento, al igual que la exhumación de los restos de los fusilados extrajudiciales, conceden a las familias de las víctimas la dignidad y el reconocimiento que hace más de 75 años el franquismo les arrebató.
