Blog d'en Jordi Grau i Gatell d'informació sobre les atrocitats del Franquisme.....
"Las voces y las imágenes del pasado se unen con las del presente para impedir el olvido. Pero estas voces e imágenes también sirven para recordar la cobardía de los que nada hicieron cuando se cometieron crímenes atroces, los que permitieron la impunidad de los culpables y los que, ahora, continúan indiferentes ante el desamparo de las víctimas" (Baltasar Garzón).
Por el reconocimiento del «Parque de Mendigos del Matadero» como Lugar de Memoria Democrática
Promueven: Asociación Vecinal Pasillo Verde-Imperial y Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM).
Dirigido a: personal docente e investigador, departamentos universitarios, centros de investigación, colectivos memorialistas, entidades culturales, organizaciones de la sociedad civil y por la ciudadanía en general.
Entre el 1 de abril de 1941 y el 31 de marzo de 1942, al menos 838 personas murieron de hambre, frío y enfermedades en el recinto del antiguo Matadero y Mercado de Ganados de Madrid, reconvertido entonces en campo de reclusión para mendigos.
Con el título Parque de Mendigos del Matadero: una memoria recuperada, la Asociación Vecinal Pasillo Verde-Imperial y la FRAVM presentan, formalmente, la solicitud de reconocimiento del Parque de Mendigos del Matadero como Lugar de Memoria Democrática.
La iniciativa nace de la conmoción vecinal al leer, en febrero de 2025, un artículo de prensa sobre el pasado oculto de Matadero. Un pasado investigado y documentado por Dorina Martínez Aranda, antropóloga de la Universidad de Salamanca, en su artículo «El pasado incómodo de Matadero Madrid: espacio de represión de la mendicidad en la posguerra», publicado en 2023.
Las investigaciones sobre el lugar desvelan que el régimen franquista utilizó el Matadero y Mercado de Ganados de Madrid como campo de reclusión para miles de personas que “invadieron” las calles de Madrid en la primera posguerra. Catalogadas oficialmente como “mendigos”, en su mayoría procedían de familias derrotadas de la guerra, sometidas a una represión económica, política y social extrema.
«Paseamos a diario por Matadero y lo vemos como un espacio de vanguardia y alta cultura. Pero la cultura no puede construirse sobre el olvido selectivo, ni la belleza de hoy puede camuflar el horror del ayer.»
De la investigación a la acción vecinal
La solicitud no solo busca reparar a todas las víctimas mortales (a las 838 víctimas sin nombre, documentadas oficialmente, y a las que no dejaron ninguna huella) y a los miles de represaliados, muchos de ellos con testimonios como el de Juan Gálvez, interno el el Campo de exterminio. También quiere contribuir a desvelar el papel de las instituciones del régimen franquista, como Auxilio Social y el Patronato de Protección a la Mujer, cuya finalidad, más allá de la propaganda asistencial, fue la de reeducar, adoctrinar y someter a la población.
«Esta solicitud no es un trámite administrativo. Es un acto de justicia poética e histórica. No queremos borrar lo que Matadero es hoy, sino completarlo con la verdad de lo que fue. Esas 838 personas merecen salir de la fosa del olvido», afirman las promotoras de la iniciativa.
Con esta petición, la AV Pasillo Verde-Imperial y la FRAVM reclaman que se rompa el silencio oficial, se señalice el espacio y se reconozca como lugar de memoria, verdad y reparación.
La vanguardia cultural de Matadero Madrid y el ocio de Madrid Río no pueden erigirse sobre la amnesia ni sobre un "recuerdo amputado". Es un deber ético, científico y pedagógico integrar esta memoria en la trama urbana.
Para adherirte y sumar tu apoyo a la solicitud que registraremos ante la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, escribe a adhesionesmatadero@pasilloverde.org indicando tu nombre, apellidos y profesión/actividad.
IMPORTANTE: SI QUIERES QUE TU ADHESIÓN SE INCLUYA EN EL EXPEDIENTE, ENVÍALA ANTES DEL MIÉRCOLES, 4 DE NOVIEMBRE.
El 31 de octubre se conmemora en España el Día de Recuerdo y Homenaje a todas las Víctimas del Golpe Militar, la Guerra Civil y la Dictadura Franquista. La represión sumó episodios extremos como los grupos criminales liderados por “señoritos”, caso de los denominados “los caballistas de Osuna”, en Sevilla
Cazarlos, uno a uno y pam, pam. La represión golpista atiza al máximo cuando las tropas rebeldes avanzan hacia Madrid. En plena Guerra Civil, y ante la necesidad de asegurar la retaguardia, surgen grupos de voluntarios liderados por “señoritos” para buscar a civiles que huyen de la violencia fascista. Un ejemplo son los conocidos como “los caballistas de Osuna” y el macabro juego al que llamaron “la caza de las liebres”, es decir, de los ‘rojos’.
La arenga resuena en el campo, como los gritos y los disparos, con ecos presentes. Hoy un diputado español de extrema derecha pide “cazar” migrantes, neonazis atacan a activistas al grito de “rojos de mierda”, ultraderechistas atentan con artefactos explosivos en un acto de memoria democrática... Los delitos de odio crecen –con la cifra más alta de la serie histórica según el informe del Ministerio del Interior del Gobierno de España– a lomos del patrón de la violencia ultra.
La imagen evoca una romería siniestra: terratenientes a caballo, con pistolas y fusiles en ristre, engalanados con trajes cortos, botas camperas y sombreros de ala ancha. El pasatiempo consiste en buscar huidos por el campo, hacerlos correr hasta la extenuación y acorralarlos, como a una presa, hasta darles un final a tiros. Los ‘pagaos’ del pueblo hacían las veces de enterradores.
“Eran grupos de voluntarios, civiles, formados principalmente por señoritos y sus personas de confianza, que se ponen al servicio de los militares para asegurar la retaguardia una vez las tropas abandonan terreno en dirección a Madrid”, explica Leandro Álvarez Rey, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla (US). “Una actuación que tiene mucho de sadismo, porque se desplegaban a campo abierto para ir cazando a gente que escapaba ante las noticias de los crímenes que –los golpistas– hacían tras ocupar estos pueblos”, prosigue.
La “actualidad” de cazar ‘rojos’
Tras “cazarlos, pescarlos, uno a uno” y luego “pam, pam” –parafraseando al parlamentario de Vox José María Figaredo–, “a unos los entregaban a las autoridades y a otros los llevaban al cementerio y allí decidían el futuro de esa persona entre risas y casi como un momento distendido”, cuenta. Después de la montería humana, algunas de aquellas “liebres” serían arrojadas a la fosa mejor documentada de Sevillacon el proyecto Osuna Recuerda que coordina la catedrática de la US Oliva Rodríguez.
El caso ocurre además en una zona sin guerra. “Sorprende esa crueldad, de ir cazando a gente que escapa de sus pueblos por temor a represalias, conducidas como liebres hasta el cementerio… y en localidades donde no hubo represión contra gente de derechas”, sintetiza Álvarez Rey. Los protagonistas de los crímenes, sin embargo, tienen rostro en “los terratenientes y la oligarquía local” que, apunta el historiador, “posiblemente se sentían afectados por las medidas de carácter social y laboral que habían adoptado la República en los años anteriores”.
Si alguien pone contexto a la represión fascista es Paul Preston en su obra El holocausto español. “Me parece perfecto al proyectar la actualidad del libro”, comenta el hispanista, en conversación con elDiario.es Andalucía, sobre el vínculo con el presente. Como la unión entre los avances de la democracia republicana, la indignación de los terratenientes “ante la evidencia de que el servilismo campesino tocaba a su fin” y cómo “la derecha dirigía la violencia contra aquellos de quien esperaba sumisión”.
El “amargo conflicto” tiene el escenario más caliente “en la Andalucía y la Extremadura rurales”. Con el golpe de Estado “los caciques locales se encargaban de seleccionar a las víctimas entre los republicanos, los sindicalistas o aquellos que simplemente les habían faltado al respeto”. Solo en suelo andaluz hay un tercio de las desapariciones forzadas de España con 50.000 asesinados y 900 fosas comunes.
El genocidio en Andalucía
La masacre genocida en Andalucía la lidera el militar golpista Queipo de Llano. Y la cacería humana de los adinerados jinetes de Osuna “no fue un hecho aislado”, tercia José María García Márquez. El historiador cita otras cuadrillas de extrema derecha como “la Policía Montada que dirigió el comandante Alfredo Erquicia” en Sevilla, conocidos como Los Paja, con “dos escuadrones de 80 caballos cada uno”. O en Córdoba “el grupo del rejoneador Antonio Cañero” y la columna de “fusileros montados” en Huelva, “la mayoría de ellos eran rocieros”, subraya, que dirigió el teniente de la Guardia Civil Antonio Morillo.
“Todos hicieron lo mismo, buscar huidos y detenerlos o matarlos directamente”, ratifica. “El sur, como otras zonas del país, Canarias, Aragón, Galicia, fue especialmente represaliada porque durante más tiempo fue retaguardia de los golpistas y siempre se aseguraron de que no tendrían contestación interna”, continúa. “Es una táctica y lógica militar tan vieja como los ejércitos y si además le sumas un psicópata como Queipo de Llano, el resultado es demoledor”, remata
La violencia institucionalizada estalla en la zona rebelde sureña porque “la población andaluza simpatizaba mayoritariamente con los republicanos, los socialistas y los anarcosindicalistas”, resume Paul Preston. “Había por tanto que incrementar la represión para evitar revueltas cuando las columnas avanzasen hacia el norte”, enlaza, “había que matar a los prisioneros”.
“Los caciques y el Ejército podían contar con la ayuda de un numeroso grupo social” para las “actividades represivas”. “Los ricos proporcionaban dinero y armas, y no faltaban voluntarios para hacer el trabajo sucio”, en palabras del hispanista. El plan conformaba “un conjunto heterogéneo, entre los que denunciaban a sus vecinos y los que salían en busca de izquierdistas para asesinar, violar, torturar e interrogar”. Es decir, a señalar y cazar ‘rojos’, uno a uno y pam, pam.
Dos leoneses aparecen en la amplísima nómina de fusilados que fueron catalogados por la asociación La Barranca, la cual debe su nombre al paraje donde tres fosas comunes albergan los restos de trecientas noventa y siete personas
Las mujeres de negro, las familiares de numerosos fusilados y paseados en La Barranca riojana.
Si usted va caminando por cualquier localidad de España y un turista extranjero le pregunta por La Barranca, quizá no sepa responder. No se preocupe, no es el único: hasta hace una semana yo tampoco sabría qué decir. Es más, creo que aun siendo de La Rioja, muchos de sus habitantes ante esa pregunta no sabrían indicar exactamente donde se encuentra dicho lugar.
La Dehesa de Barrigüelo, conocido como La Barranca, se encuentra apenas a siete kilómetros del centro de Logroño, al pie de la carretera que une las localidades de Lardero y Entrena. El pasado viernes, gracias a tres personas integrantes de la Asociación La Barranca, Antonio Sarabia Santolaya, Pedro Navarro Bretón y Mari Carmen Alonso Sáenz, conocí este paraje. Al atardecer, bajo la mirada del Pico del Águila, un pequeño rebaño de ovejas pastaba indiferente a lo que allí ocurrió entre el 12 de septiembre y el 15 de diciembre de 1936 en estas tierras de secano. El sargento de la Guardia Civil Juan Sánchez Herrero, porque las víctimas siempre tienen un victimario, era el encargado de organizar los fusilamientos de las trescientas noventa y siete personas que allí yacen en tres fosas comunes.
En la provincia de Logroño, que así se llamaba antes de segregarse de Castilla la Vieja y pasar a constituirse en la comunidad autónoma de La Rioja, vivián en los años treinta doscientos mil habitantes, de los que fueron fusilados 2.020, es decir, un 1% de la población.
Dos leoneses con nombres y apellidos
En el cercano pueblo de Villamediana la asociación tiene documentados 57 vecinos fusilados de un total de mil trescientos, un 4,3% de la población. Las edades oscilan entre los 17 años de José Martínez Bermejo, fusilado el 16 de octubre y los 65 años de Pedro Pablo Viniegra Campos fusilado el 25 octubre. Mirando a la provincia de León, encontramos dos nombres, Manuel Magín Fernández Blanco, nacido en La Robla en 1893 y a Gaspar Gómez Núñez, nacido en Vega de Valcarce en 1909. Para hacerse una idea de la magnitud del genocidio franquista, durante la dictadura chilena de Augusto Pinochet (1973-1990) hubo un total de 3.216 personas fueron asesinadas o sufrieron desaparición forzada.
El monumento de homenaje a todos los represaliados en esta fosa común franquista de La Rioja, La Barranca.
Recordar, porque siempre es necesario hacerlo, que la guerra que nos vendieron como una lucha entre hermanos como si de un castigo divino se tratara, no fue tal. En La Rioja no hubo frente de guerra, no hubo trincheras, no hubo líneas enemigas, solo hubo cárcel, torturas, represión y fusilamientos. Es más necesario que nunca tener claro lo que es una dictadura, ya que como le escuché decir a una sindicalista riojana, “a las personas que hoy no se cansan de decir que vivimos en una dictadura bajo la tiranía de Pedro Sánchez y se pasan el día llamándole hijo de puta, me hubiera gustado verlas delante de El Pardo o en cualquier otro lugar diciéndole eso mismo al dictador genocida Francisco Franco”.
Las que si tuvieron valor para enfrentarse a las fuerzas del régimen desde el 1 de noviembre de 1939 fueron las conocidas como Mujeres de Negro, de las que Rober Astorgano, bisnieto de Joaquina, una de aquellas mujeres de negro que se quedó viuda con nueve hijos, dirigió una película documental con ese mismo título. Ante la presión de la Guardia Civil y de los falangistas, estas mujeres se negaron a abandonar la Dehesa de Barrigüelo, y así, año tras año, fueron cumpliendo con el ritual de recordar a sus padres, maridos, hermanos e hijos que fueron fusilados sin ni si quiera tener un juicio previo.
Las mujeres de negro en el recuerdo de sus familiares asesinados por el franquismo, en el año 1979.
Dos esculturas simbolizan lo que significa este lugar. La primera, un monolito a la entrada de La Barranca, obra de Alejandro Rubio Dalmati, quien estuviera preso en la prisión provincial de Logroño y salvado in extremis por un amigo. La otra, obra de Óscar Cenzano, representa a Las mujeres de Negro. El memorial fue inaugurado el 1 de mayo de 1979, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) con la categoría de sitio histórico en 2021 y la asociación que trabaja sin descanso para que todo esto sea posible, recibió la Medalla de La Rioja en 2022
Una vez terminada la visita al Memorial La Barranca, asistí a un concierto de Raquel Lúa, cantautora catalana con raíces en los olivos de Jaén. Una de sus canciones, Memòria, reza lo siguiente:
Com l'arrel de l'arbre que està soterrada en els records.
En el ciment, constant batec, delata el so de l'enyorança.
Como la raíz del árbol que está enterrada en los recuerdos.
En el cemento, constante latido, delata el sonido de la añoranza.
A estas palabras solo cabría añadir las que Rubio Dalmati inscribió en su monolito de La Barranca:
“Este horror ya fue… 1936. Hoy no queremos odio ni venganza, pero sí dejar testimonio para que estas locuras no se repitan. 1979″
Los reputados investigadores Miguel Ángel del Arco y César Rina denuncian el “falseamiento” de sus trabajos en una resolución de la Junta de Extremadura para declarar Bien de Interés Cultural la Cruz de los Caídos de Cáceres
Habla César Rina, profesor titular de Historia Contemporánea en la UNED: “Cuando me avisaron, pensé que era broma. Pero, ¿cómo voy a decir yo algo así? ¡Si sostengo justo lo contrario!”. Toma la palabra Miguel Ángel del Arco Blanco, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Granada: “Han deformado mi trabajo”. Reputados investigadores sobre el franquismo, Rina y Del Arco, que esta semana ha sido galardonado con el Premio Nacional de Historia de España, tienen otras dos cosas en común. La primera, que son citados como fuentes de autoridad en la resolución de la Junta de Extremadura, gobernada por el PP y Vox, que inicia el proceso para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) una afamada cruz franquista y evitar así su retirada. La segunda es el estupor y la indignación.
Así lo expresan en una videollamada con EL PAÍS en la que coinciden en denunciar un uso “sesgado”, “torticero” y “parcial” de su trabajo, que provoca su “tergiversación”, “deformación” e incluso “falseamiento”. “Es inaudito. Se han traspasado límites éticos y epistemológicos inadmisibles. Si lo aceptamos, se sentaría un precedente muy grave”, señala Rina. “Como historiador, me siento herido. Pero también como ciudadano comprometido con la memoria antifranquista como pilar democrático”, señala Del Arco sobre el uso de su trabajo por la Junta, que por su parte niega cualquier empleo indebido de los estudios de Rina y Del Arco.
Para entender la indignación de los dos historiadores hay que ir 88 años atrás. En mayo de 1938, en plena Guerra Civil, el Ayuntamiento de Cáceres, en manos franquistas, inaugura la Cruz de los Caídos en la Plaza de América. Las inscripciones no dejaban dudas sobre su propósito: “A los hijos de esta ciudad que dieron su vida por España. Una, Grande y Libre. 18 de julio de 1936. ¡Arriba España! Saludo a Franco”. El acto lo presidió Pilar Primo de Rivera, jefa de la Sección Femenina de Falange.
Convertido durante la dictadura —y también durante la Transición — en espacio preferente para las celebraciones franquistas, y todavía hoy referencia de la ultraderecha y lugar de ofrendas florales en el aniversario de la muerte de Franco, la cruz lleva décadas en el punto de mira de las asociaciones que reclaman un espacio público sin símbolos ofensivos para sus víctimas. Pero jamás han conseguido retirarla.
El camino pareció abrirse cuando en abril de este año el Gobierno anunció la inclusión de la cruz en su catálogo de símbolos “contrarios a la memoria democrática” por ser una “humillación a las víctimas de las dictadura”, decisión acompañada de una resolución para su retirada, según lo previsto en la Ley de Memoria Democrática de 2022. Pero el PP y Vox tenían otros planes.
La forma de hacerlo es lo que ha enojado a Rina y Del Arco.
“Justo lo contrario”
El 12 de agosto, el Gobierno que preside María Guardiola (PP) dio el primer paso para declarar BIC la cruz con una resolución según la cual el monumento, al que en 1984 el Ayuntamiento le retiró las inscripciones franquistas, ya no sirve a la exaltación de la dictadura. Según el texto firmado por el consejero de Cultura, Laureano León (PP), su actual significado es “acorde con los valores constitucionales” y su “valoración patrimonial”, que está “desvinculada” de su origen franquista, la hace merecedora de protección.
Y aquí es donde entran en juego —sin pretenderlo— Rina y Del Arco. La resolución cita a los dos historiadores, pese a que “en nuestras investigaciones demostramos justo lo contrario”, en palabras de ambos. Es decir, los dos sostienen que la cruz es todavía hoy un símbolo inequívocamente franquista, el principal de la ciudad, y que todo en la misma —incluido cualquier valor artístico o patrimonial— está desde su origen hasta hoy subordinado a su principal fin: la glorificación del franquismo. Pero nada de lo mucho escrito por ambos sobre la exaltación franquista del monumento se recoge en la resolución, que en cambio hace a sus trabajos un puñado de breves alusiones que van desde la inexactitud hasta su puesta al servicio de tesis que son justo las contrarias a las de los dos historiadores.
Un lamento por la documentación
La resolución cita a Rina (Cáceres, 40 años) nada más empezar su anexo de “caracterización y justificación” de la declaración como BIC. El historiador, recoge el texto oficial, “ya se ocupó” de la cruz “en su estudio de 2012”, en el que “lamentaba la pérdida de la documentación, sobre todo gráfica, relacionada con ella”. “Es radicalmente falso”, se revuelve Rina. “¿Cómo voy a decir eso si hay documentos que recorren su planificación, construcción, inauguración y usos, citados en mi libro? ¿Y cómo voy a decir que no hay material gráfico si la cruz fue la estrella de las fiestas franquistas, si hay centenares de fotos?”. El libro al que alude Rina es La construcción de la memoria franquista en Cáceres. Héroes, espacio y tiempo para un nuevo Estado (1936-1941) (UNEX, 2012), que cita abundante documentación sobre la cruz, sobre todo del archivo municipal y de prensa de la época. Y que en su portada lleva una fotografía del desfile inaugural.
El historiador César Rina, fotografiado en septiembre en la Facultad de Humanidades de la UNED, en Madrid.CLAUDIO ÁLVAREZ
Rina solo hace alusión en su libro a la pérdida de un documento, un álbum fotográfico del día de la inauguración encargado por el Ayuntamiento. “Es una pérdida irrelevante considerando el conjunto de la documentación, incluida la de ese día”, apunta el investigador. En ningún caso lamenta en su libro, como dice la resolución, “la pérdida de la documentación”, afirmación que traslada la idea de una pérdida generalizada. “Para restarle franquismo al monumento, se inventan un vacío archivístico, cuando hay una enorme cantidad de documentación que la vincula de raíz con la exaltación del franquismo”, expone Rina.
El salto al “racionalismo”
A Del Arco (Granada, 48 años), la resolución lo cita —en el mismo anexo— en estos términos: “Como Del Arco señala, [la cruz] parece responder al ideal de ‘arquitectura clásica, monumental e imperial’”. Esto es un breve extracto de su libro Cruces de memoria y olvido. Los monumentos a los caídos de la guerra civil española (1936-2021) (Crítica, 2022), referido a las cruces franquistas en general. Pero ahí no está el problema, según Del Arco. ¿Dónde, entonces? En que, justo antes del entrecomillado, la resolución sostiene que el “clasicismo, austeridad y monumentalidad” de la cruz —términos próximos a los escogidos del libro de Del Arco— aproximan el monumento al “racionalismo”. Releyéndolo, el historiador entrecierra los ojos con desaprobación.
¿Por qué? Porque esta afirmación, que eleva el valor patrimonial del monumento, en realidad choca de bruces con lo que sostiene Del Arco en su libro y la resolución omite: que las cruces franquistas están desvinculadas del “racionalismo”, considerado por el régimen “contrario a la esencia de la patria”, explica Del Arco. En su libro, llega a recoger una cita del arquitecto franquista Pedro Muguruza: “El racionalismo y el marxismo vienen a ser la misma cosa”. Con el expediente por delante, el historiador reflexiona: “Lo que mi libro demuestra es precisamente que los monumentos a los caídos no tuvieron conexión con el racionalismo. Sin embargo, usan torticeramente un extracto de mi trabajo para darle a la cruz un toque de modernidad diciendo que es próxima al racionalismo”.
El historiador Miguel Ángel del Arco Blanco, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada, en 2022.FERMÍN RODRÍGUEZ
En conjunto, Del Arco lamenta que se ponga su trabajo “al servicio” de una argumentación que, en contra de su criterio, justifica la conservación de la cruz por —esto es literal de la resolución— sus “valores formales, artísticos, arquitectónicos y urbanísticos”, “derivados de su lenguaje austero, geométrico y depurado”, así como “su papel como referencia visual en la memoria urbana de la ciudad”. “Si uno lee esto, piensa en la Plaza de San Marcos [de Venecia], cuando es una cruz de piedra en una rotonda”, aporta Rina.
Lo que se omite
Al margen de lo que los dos autores consideran un “falseamiento” de partes concretas de sus trabajos, ambos denuncian que este se incluya en una resolución que niega la naturaleza exaltadora del franquismo del monumento ignorando las partes de sus investigaciones que concluyen que esa exaltación existe y se prolonga hasta hoy. “Con el propósito de ocultar el auténtico sentido político de la cruz, se omiten todas las conclusiones de nuestro trabajo que estorban a la tesis de la Junta”, coinciden.
En Cruces de memoria y olvido, Del Arco señala que la cruz “evidencia la dificultad de desenredar el significado con el que el franquismo” dotó a un monumento y recalca que la Asociación Memorial en el Cementerio de Cáceres, “creada para restaurar la memoria y la dignidad de las víctimas republicanas, ha tomado diversas iniciativas para propiciar el traslado de la cruz”. Es uno de los elementos que llevaron a Del Arco a concluir en su ensayo que se trata de un monumento que proyecta una “memoria ofensiva para los republicanos”, y no una “cívica e incluyente”. Pero nada de eso aparece en el boletín oficial extremeño. “Se silencia que, para las víctimas del franquismo, es una herida abierta”, afirma ahora Del Arco.
Hay otro elemento de su trabajo soslayado en la resolución. Sobre los actos franquistas para “honrar a los caídos” en la cruz, la Junta señala: “Parece que este tipo de conmemoraciones decae a finales del denominado periodo de autarquía”. En cambio, el ensayo de Del Arco afirma: “Entre 1978 y 1980 se celebraron actos en recuerdo de los caídos, siempre consistentes en una misa en la iglesia concatedral, un desfile hasta la cruz y una ofrenda floral entre los himnos falangista y carlista”.
La Cruz de los Caídos de Cáceres, en una imagen del 1 de octubre.ARMHEX
En La construcción de la memoria franquista en Cáceres, Rina describe el monumento como una síntesis de “los valores del régimen” y la “cruzada victoriosa [...] contra la desviación comunista y liberal”. Es más, Rina fue integrante de una comisión de expertos que elaboró un listado de los vestigios franquistas de la ciudad que decía: “Con respecto a la simbología franquista [...], quizás el mayor exponente sea la Cruz de los Caídos”. Esto tampoco aparece en la resolución.
“Para darle una pátina científica al expediente, la Junta tenía que citarnos, porque hemos investigado este tema. Pero nos deforma de manera inaceptable”, afirma Rina, que ha presentado alegaciones contra la declaración como BIC. También lo ha hecho Del Arco, que afirma: “En realidad, podría haber adjuntado una copia de Cruces de memoria y olvido, que desmonta las premisas del expediente”.
La explicación de la Junta
La Consejería de Cultura, en respuesta por escrito a este periódico, defiende que Rina y Del Arco “aparecen” en la resolución “como meras fuentes historiográficas para contextualizar cronología, tipología, lenguaje formal y función inicial de estas cruces”. “En ningún caso” se atribuye a los autores “adhesión a la incoación o a la declaración BIC”, añade la Junta, que afirma que el texto publicado se apoya en dos informes realizados por otros dos historiadores que fundamentan la incoación del expediente en “valores históricos y documentales, artísticos y arquitectónicos, urbanísticos y sociales”.
Las alegaciones del Gobierno: “Fue construida expresamente para exaltar a los vencedores”
NATALIA JUNQUERA
El expediente para declarar BIC la Cruz de los Caídos de Cáceres se ha convertido en un objeto de controversia política y debate social en Extremadura. A las alegaciones de los historiadores César Rina y Miguel Ángel del Arco se han sumado las de asociaciones memorialistas como Armhex y Amececa, a favor de la retirada del monumento, y las de organizaciones católicas como Hazte Oír y Abogados Cristianos, partidarias de su mantenimiento. En total, la Junta ha recibido alrededor de un centenar de alegaciones, a las que debe dar respuesta antes de que concluya el expediente, que tiene una duración máxima de 16 meses, explica la Consejería de Cultura. Entre quienes han presentado objeciones está el Gobierno central, a través de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que se opone a la protección de la Cruz de los Caídos con razones técnicas y también de fondo.
El texto presentado por el Gobierno recuerda que la Junta, que hasta este agosto no había adoptado medidas para proteger el monumento, inició el expediente de declaración como BIC después de que el Ejecutivo lo incluyera en el Catálogo de Símbolos y Elementos Contrarios a la Memoria Democrática y ordenara su retirada, lo cual puede suponer “desviación de poder”, es decir, un uso de una potestad administrativa para fines distintos a los fijados por la ley.
Las alegaciones gubernamentales aluden a la “ausencia de valores patrimoniales excepcionales” que justifiquen la protección, señalan que las modificaciones a la cruz en 1984 no desactivan su “función conmemorativa” y rechazan que pueda considerarse “un símbolo de reconciliación”. No es lo mismo —señala la Secretaría de Estado de Memoria Democrática— conservar, con ciertas modificaciones, un lugar que es testimonio de la represión, por ejemplo un antiguo campo de concentración, que preservar un monumento “construido expresamente para conmemorar y exaltar a los vencedores de la sublevación”.
No es la primera vez que administraciones del PP remolonean a la hora de retirar ese tipo de símbolos. El pasado 30 de junio, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, anunció la incorporación al catálogo de vestigios franquistas de dos monumentos y dos inscripciones que, de acuerdo a lo previsto en la Ley de Memoria Democrática, deberán ser retirados. Se trata del monumento a la Victoria de Santa Cruz de Tenerife, conocido coloquialmente como “monumento a Franco”; el de los rumanos caídos de Majadahonda (Madrid); y dos inscripciones de homenaje a José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange, en las catedrales de Almería y de Murcia. Para su retirada, el Gobierno central dio plazos de entre tres y seis meses a los gobiernos del PP y los obispados.
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