Uno de los nuestros: José Luis Vera: "Casos como el de Fabra dañan la credibilidad de la justicia en la sociedad"

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José Luis Vera: "Casos como el de Fabra dañan la credibilidad de la justicia en la sociedad"

Ha impartido clases de Derecho Civil y Constitucional y ha sido magistrado de la Audiencia Provincial. Con diferentes trazos, dos microcosmos para la plácida reflexión. Nada que ver con el campo de minas por el que circula en los casos Fabra o IVEX-Julio Iglesias, entre otros. Lejos de achantarse, a sus 50 años exhibe una energía y una firmeza que brotan, dice, de sus convicciones.

Francesc Arabí, Valencia

-¿Tiene pruebas para decir que Carlos Fabra está detrás del montaje de los falsos empresarios para tenderle una trampa?
-Es una absoluta convicción que no nace de ninguna obsesión personal, sino de una sucesión de hechos que llevan a un razonamiento lógico. En poco tiempo se han producido muchos movimientos en la justicia, inspectores de hacienda, hasta una campaña de noticias en prensa y el lío que se montó con el Caiga quien caiga tras el pleno de la Diputación de Castelló. Y va y resulta que al menos uno de los que fueron a armar bronca es el mismo que intentó tenderme la trampa. Tengo la convicción, sin perjuicio de que lo pueda demostrar o no, de que bien el señor Fabra o su entorno están detrás de la maniobra. Esta gente debería dejar de esconderse detrás de las togas y resolver las cuestiones en el orden político porque de lo contrario acabarán destrozando el Estado de Derecho.

-Sí, pero Fabra también tiene derecho a defenderse en los tribunales. Esa es la grandeza del sistema, según dicen ustedes los juristas.
-Por supuesto. Me refería por ejemplo al señor Ricardo Costa. Creo que como alto dirigente del partido que gobierna, no parece muy normal que salga a animarme a poner la denuncia con cierto tono de desprecio y burla en un asunto que cualquier ciudadano entiende que es de enorme gravedad. Creo que ha perdido una gran ocasión de decir que iba a investigar los hechos aunque sea sólo por ver qué métodos utilizan emisoras subvencionadas con dinero público. Creo que eso no es periodismo de investigación sino pura delincuencia.

-¿Por qué dijo que la caída de Fabra haría mucho ruido en el PP? ¿No pensará que va a caer?
-Eso lo decidirá el juez. Por supuesto que partimos de la presunción de inocencia, pero ese es un concepto judicial. Políticamente, este hombre, como mínimo no es ajeno a los hechos imputados y lo normal habría sido que se le separara, al menos temporalmente, en beneficio de los ciudadanos, cuyos bienes y derechos administra. Mi sensación como ciudadano es que por alguna razón hay un interés especial en mantenerlo. Y puede que quizás ese interés sea espúreo y muchos temen su caída.

-¿Usted tiene algo pendiente con Intereconomía?
-Personalmente nada. Este despacho lleva un caso contra Época por un tema de derecho al honor. Tampoco tengo nada personal con Fabra, al que ni conozco.

-¿Han pensado en tirar la toalla?
-Jamás. Nosotros sólo dependemos de nuestro cliente. Es cierto que a veces hay situaciones que producen desasosiego cuando ves que te acosan en términos casi mafiosos, pero eso te hace más fuerte. Quienes me conocen saben que no acostumbro a amedrentarme ante los delincuentes. No es cuestión de heroicidad, sino de principios.

-¿Cree que de no haber salido usted en el "Caiga quien caiga" todo esto se habría producido?
-Quizás fue el detonante, pero tengo la sensación de que desde hace un tiempo han ido construyendo una especie de dossier informativo sobre mi persona. Estoy convencido de que la denuncia por cohecho que está en un juzgado de Requena no es casual.

-¿No estará paranoico?
-No estoy obsesionado con conspiraciones, pero nada de lo que está sucediendo es casual. Es obvio que alguien tiene mucho interés en desprestigiarme como abogado en éste y en otros casos que pueden molestar. Aquello de ¿cómo es posible que represente a la acusación un abogado que es un delincuente? Buscan la destrucción profesional.

-La Agencia Tributaria y el fiscal sospechan que usted y su mujer, la ex diputada María Antonia Armengol, no pagaron a la constructora que hizo su casa en Dos Aguas. ¿Qué tiene que alegar?
-Parece que la Agencia Tributaria lo planteó y la fiscalía lo hizo suyo. Plantean al parecer una discordancia entre el precio del constructor y el que pagué. Pagué lo que se fijó por contrato, el precio pactado tras la lógica negociación entre cliente y constructora. Parece que dicen que las facturas se hicieron a posteriori, cuando Hacienda me las pidió porque había una inspección a la empresa que hizo la obra. Digo yo que no tiene ningún sentido hacerlas después y no cuadrarlas con lo que dicen que valía realmente. Digo yo que si las haces a medida, ya puesto lo cuadras. Pero es que, además, 100.000 euros se pagaron antes de que Hacienda nos llamara. El resto, cuando tuvimos la llave en mano y el fin de obra, que fue en 2007 y no como he leído por ahí a finales de 2005. Al final esto sale de la Agencia Tributaria, pero resulta que no me ha abierto ninguna inspección ni procedimiento por delito fiscal. Lo que pienso que ha pasado es que dentro del expediente enorme de la inspección a la empresa, vieron el nombre de Armengol, ex diputada socialista. La Agencia Tributaria lo pasó al fiscal y éste al juez porque nadie quiere que le digan que archivó. Cuando me llame el juez iré y lo aclararé.

-Como ex magistrado, ¿Por qué a los jueces les tiemblan las piernas cuando se enfrentan a políticos?
-Los seis años que pasé en la Audiencia Provincial probablemente sean mis mejores años profesionalmente. Tengo una opinión excelente del trabajo de jueces y magistrados. Puedo asegurarle que a nadie le tiembla el pulso por juzgar a un político. El problema no es tanto ese como las presiones del ambiente mediático. Es obvio que aunque mantengas el 100% de la independencia, todos somos personas.

-¿Es normal que se vayan a cumplir cinco años de instrucción del caso Fabra... y lo que queda?
-No es sensato. Es absolutamente anormal, más aún tratándose de una persona pública que administra bienes y derechos de los ciudadanos. Es muy llamativo. Casos como este demuestran el anormal funcionamiento de la justicia, que perjudica al propio Carlos Fabra y afecta a la credibilidad de la justicia en la sociedad. Casos así minan la confianza de la gente.

-¿Y quién tiene la culpa?
-Se podían haber arbitrado medidas hace tiempo. Por ejemplo el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) podría haber visto por qué se producen retrasos y la sustitución de ocho jueces y alertar de lo que sucedía. También podría haber actuado el Tribunal Superior de Justicia, que finalmente ha solicitado refuerzos para Nules. Como acusación popular hemos hecho dos reclamaciones al CGPJ.

-¿Esa especie de libertad condicional de Luis Fernando Cartagena tras cumplir tres meses de cárcel por una condena de 4 años, ayuda a creer en la igualdad ante la ley?
-Conozco ese tema por lo que salió en la prensa, no por las resoluciones judiciales, pero no eludiré pronunciarme. De ser cierto que en un plazo tan corto ha pasado a una especie de tercer grado -esto es, de estar en prisión a salir de ella- y más allá de que el objetivo de las penas son la reinserción y esté considerado como reinsertado, resulta llamativo el caso si se compara con otros perfiles similares. Y no cabe duda de que esto no beneficia la sensación ciudadana respecto al derecho a la igualdad ante la ley.

-¿Por qué dos de los cuatro fiscales han sido fichados por bufetes?
-Supongo que porque serían muy buenos profesionales.

-Por eso estaban en Nules.
-Pues se ve que sí.

-¿La Fiscalía es tan filosocialista como dice el PP o es un mito que alimentan recordando que el fiscal jefe del TSJ está casado con una diputada socialista?
-Es un mito. Uno tiene derecho a compartir su vida con quien sea y no por ello deja de mantener su absoluta independencia. Esa campaña que se hace de vez en cuando de recordar que está casado con una diputada socialista es muy grosera, cuando además el fiscal jefe, Ricard Cabedo, tiene una carrera profesional desde hace tiempo.

-Llevan varios casos mediáticos: Fabra, IVEX-Julio Iglesias, Terra Mítica... Son como el Garzón de los despachos jurídicos.
-Como letrados no hemos tenido ninguna proyección hasta ahora. Ni es nuestro papel, ni pretendemos salir en prensa, ni nos beneficia. Los mediáticos en todo caso serán algunos de nuestros clientes.
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La Generalitat patrocina la televisión del grupo mediático que apoya a Fabra
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Anticorrupción investiga 28 facturas por 429.878 euros de empresas para Fabra

El diario contable de la asesoría del presidente de la diputación recoge numerosos pagos a Carmacas entre 2001 y 2003

J. Antequera, CastellóLa Fiscalía

Anticorrupción sigue la pista de una treintena de facturas por un importe de 429.878 euros (unos 71,5 millones de pesetas) que empresas de Castelló libraron, entre 2001 y 2003, a nombre de Carmacas SL, la asesoría jurídica del presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, según informaron fuentes judiciales. Las facturas han quedado registradas en el diario contable de Carmacas, que está siendo para los inspectores de Hacienda asignados al caso un auténtico banco de datos sobre la actividad empresarial del presidente castellonense. Los expertos de la Fiscalía se centran ahora en averiguar en qué concepto ingresó Fabra tales cantidades millonarias. La documentación que obra en poder de los peritos recoge al menos 28 facturas libradas a nombre de Carmacas entre los años 2001 y 2003. Al menos cinco empresarios de la provincia habrían realizado pagos a la asesoría jurídica de Carlos Fabra, quien en su declaración como imputado ante la juez de Nules aseguró que los ingresos se debieron a informes técnicos que elaboró para empresas privadas. En algunas ocasiones, estos informes que Fabra realizaba estaban copiados de Internet, según ha informado Levante de Castelló en pasadas ediciones.

En el año 2001, Cottocer firmó 3 facturas por 13.943 euros a Carmacas, que se recogen en el balance de la asesoría. Además, la azulejera giró otras tres facturas en el año 2002 y cuatro más en el ejercicio siguiente. En total, 140.000 euros. Otra empresa que tuvo negocios con Carmacas fue Tirado Asociados. Esta sociedad libró 5 facturas entre julio del año 2001 y enero de 2003. El importe total de las transacciones económicas se eleva a 9.321 euros.

Fuentes de ingresosDurante esos años otra gran fuente de ingresos para Carlos Fabra fue la Unión de Mutuas, tal y como se recoge en el diario contable de Carmacas. Esta entidad pagó, mediante 9 facturas, 106.897 euros en concepto de honorarios profesionales del presidente de la diputación, que ha venido compatibilizando su cargo político con el trabajo como profesional de los seguros y del Derecho. Otra de las firmas que aparece en el "haber y debe" de Carmacas es Libel XXI, que libró 2 facturas importantes (una por 60.000 euros y otra más por 30.000) entre marzo y agosto del año 2001.

La lista de empresas pagadoras de Carmacas se completa con Naranjax SL, la sociedad del industrial Vicente Vilar. En este caso, el diario contable de Carmacas recoge 2 facturas "a cobrar" de esta sociedad por importe de 83.660 euros (unos 15 millones de pesetas). Vilar es el industrial que a finales del año 2003 se querelló contra Carlos Fabra y le acusó de cobrar comisiones millonarias a cambio de favores políticos.

Además, el libro de contabilidad de la asesoría del líder provincial del PP refleja un saldo pendiente de 27.000 euros que la empresa Artemis 2000 le debe a Carmacas. Artemis es la empresa que fundaron, al cincuenta por ciento, María Amparo Fernández y Motserrat Vives, en aquellas fechas esposas de Fabra y Vilar, respectivamente, para canalizar las licencias de comercialización de un largo elenco de productos insecticidas agrícolas. En sus declaraciones como imputado, Vilar ha confesado que Fabra medió por estos productos fitosanitarios ante los ministerios de Agricultura y Sanidad con el fin de lograr los permisos oportunos y agilizar la venta al máximo.

Toda la documentación está en manos de los peritos de Anticorrupción, que trabajan para ultimar la prueba pericial sobre las cuentas de Fabra y su familia. Los investigadores pretenden entregar este informe en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Nules, que instruye las diligencias, antes de Navidad.

Fabra y otros seis ex altos cargos de los ministerios de Agricultura y Sanidad figuran como imputados en uno o varios delitos contra la Administración Pública. El presidente de la diputación figura como imputado, además, en un delito de fraude fiscal, al haber dejado de declarar en el IRPF del año 99 supuestos ingresos sin justificar por 600.000 euros.
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Dos varas para medir la corrupción

S. NAVARRO / M. FABRA

Socialistas y populares abordan de manera distinta los escándalos judiciales

Los escándalos en los que aparecen implicados cargos políticos son abordados de manera diferente por populares y socialistas. El PP ha optado por hacer caso omiso de sus propios estatutos, incluso con aquellos cargos públicos que ya tienen en su haber sentencias condenatorias firmes y no recurribles. El PSPV-PSOE, en cambio, ha decidido analizar caso a caso, aunque ante los casos más sonoros ha actuado con contundencia, con la suspensión de militancia -la expulsión depende de Ferraz- y la apertura de un expediente informativo a los cargos que han actuado de manera irregular.

El socialista Moya presentó la dimisión horas antes de ir a prisión
Los ex alcaldes de La Vila y Vila-real siguen al frente de las ejecutivas locales

En la inacción del PP frente a la corrupción y los escándalos urbanísticos ha pesado de manera notable el caso Fabra. Los escándalos relacionados con el presidente de la Diputación y del PP Carlos Fabra, imputado por varios delitos contra la Administración pública y delito fiscal, han pesado como una losa, ya que la dirección regional de los populares valencianos no ha podido hacer distingos con otros cargos imputados en situaciones similares.

En Castellón, al margen del presidente de la Diputación, Carlos Fabra, son varios los alcaldes y concejales imputados por delitos relativos, en su mayor parte, con cuestiones urbanísticas. El alcalde de Oropesa, Rafael Albert (PP), así como varios concejales de su equipo de gobierno han tenido que acudir en varias ocasiones al juzgado para ser interrogados sobre acusaciones de tráfico de influencias o prevaricación ante adjudicaciones de desarrollos urbanísticos y venta de suelo público. Uno de los ediles oropesinos que también está imputado, Juan Manuel Ribes, perteneció al PSPV, partido del que fue expulsado antes de que sus actuaciones llegaran al juzgado.

En Burriana, el ex alcalde y ahora senador Alfonso Ferrada (PP), está imputado por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, cohecho y por atentar contra la ordenación del territorio tras aprobar un polémico proyecto urbanístico. En los juzgados se encuentran también las denuncias por supuesto fraude electoral en municipios como Fanzara y Cabanes, donde se detectó un incremento en el número de personas censadas justas antes de las últimas elecciones municipales. Entre los cargos socialistas, el alcalde de Moncofa, José Vicente Isach, también está siendo investigado por decisiones urbanísticas.
Todos los cargos citados mantienen su militancia y sus cargos en el Partido Popular. Ninguno de ellos tiene abierto, siquiera, un expediente informativo para conocer el alcance de sus actuaciones.

En Alicante, es donde se acumula el otro gran paquete de cargos públicos imputados. La lista de acusados y condenados la lidera el PP, mientras los socialistas han corrido peor suerte en el apartado de arrestos y cárcel preventiva.

El primer alcalde del PP condenado ha sido el ex consejero de Obras Públicas, Luis Fernando Cartagena, por quedarse con 49.000 euros donados por unas monjas al Ayuntamiento de Orihuela. Cartagena, tras un paso efímero por la prisión, tienen pendiente otra causa por fraude a Hacienda. El fiscal le pide tres años de prisión. A Cartagena, le siguió el ex regidor de La Vila Joiosa, José Miguel Llorca, condenado por ejercer de médico sin tener la titulación académica.

Entre los imputados destacados del PP, resaltan el alcalde Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo, por la millonaria plusvalía de 5,2 millones de euros en la compra venta de una finca, y los ex regidores de Alicante y Orihuela, Luis Díaz Alperi, y José Manuel Medina. El primero por el desfalco de Mercalicante y el segundo po corrupción urbanística. La lista se completa con varios ediles también imputados. El más relevante es el concejal de Calp Juan Roselló, por el sobrecoste de un millón de euros en las obras de la red del agua.

En el lado socialista destacan el ex alcalde de Catral, José Manuel Rodríguez, por las casas ilegales de la huerta, y los dos últimos episodios de San Fulgencio y Bigastro. En el primero, la simulación de un soborno, ha acarreado el arresto de la alcaldesa, Trinidad Martínez, y dos concejales. El alcalde de Bigastro, José Joaquín Moya, cumple prisión preventiva por corrupción urbanística y cohecho.

El listado socialista se nutre con dos últimos casos. La imputación de la alcaldesa de Dénia, Francisca Viciano, a raíz de una denuncia del PP por supuesta prevaricación y la investigación abierta por un juzgado de Requena lía a la ex diputada socialista María Antonia Armengol, por supuestas obras ilegales en su casa, informa Lydia Garrido.
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