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El vídeo ja no és a Youtube. Es veu que els ha entrat un atac de vegonya a aquesta banda fatxa d'Intereconomía.
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(Hi ha vídeo:)
La que está liando...
El 'showman' y columnista de 'Público' contesta a los lectores de la web sin comprobar si son infiltrados.
PÚBLICO.ES - 04/02/2009 12:44
Todo empezó porque el director de otra cadena de televisión dijo que una de sus colaboradoras se dedicaba "al oficio más antiguo del mundo" y no al periodismo. Fue el ataque con el que Intereconomía colmó la paciencia del equipo de El intermedio.
La respuesta fue un cebo que Xavier Horcajo y los periodistas de Más se perdió en Cuba querían tragarse a cualquier precio: un vídeo que mostraba al Gran Wyoming como un déspota y un capitalista de los que el showman desprestigia a golpe de ironía en su programa humorístico.
El programa Más se perdió en Cuba mordió el anzuelo con ganas y desató un tsunami de comentarios en la web. El montaje no sólo engañó a la televisión conservadora, sino que hizo dudar a partidarios de los dos bandos formados.
La polémica acabó de cristalizar cuando El intermedio reveló la naturaleza del engaño. El debate saltó de Internet a otros medios más mayoritarios. ¿Es lícito mentir para poner en entredicho la fiabilidad de un medio rival? ¿Fue humor o guerra (sucia) mediática? Mientras la Asociación de la Prensa de Madrid acusa al programa de La Sexta de desprestigiar la profesión periodística, otros alaban la acción que pone de manifiesto el poco rigor con el que trabajan los medios. Otros ceden a Wyoming las palabras de Jon Stewart: "soy sólo un humorista" ; mientras hay quien dice que el vídeo tampoco tenía gracia. Y mientras, Xavier Horcajo se mantiene en sus trece.
El protagonista de la polémica, José Miguel Monzón, el Gran Wyoming, responderá este jueves a las 11:00 ante los lectores de Público. Deja ya tus preguntas.
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Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris Intereconomía. Mostrar tots els missatges
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dijous, 5 de febrer del 2009
dimarts, 3 de febrer del 2009
Wyoming se la mete doblada al "periodista" Horcajo, de la tele fascista Intereconomía. El tal, además de facha, es un tonto de los cojones.
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Wyoming se la mete doblada al "periodista" Horcajo, de la tele fascista Intereconomía. El tal, además de facha, es un tonto de los cojones.
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Esta noche te contamos toda la verdad
Está la cosita un poco tensa....
Wyoming conversa con Xavier Horcajo
ver mi sexta tv
¿Cómo lo dio Intereconmía?
Así hacían pública "su exclusiva mundial" de Wyoming y la…
ver mi sexta tv
El vídeo de la becaria en alta definición...…
Cómo lo hicimos y por qué...
ver mi sexta tv
________
El vídeo de vejación a una becaria era un montaje
Wyoming desvela que el vídeo de vejación a una becaria era un montaje
El Gran Wyoming le cuela un cebo a Intereconomía
Wyoming enganya una tele amb una falsa bronca a una becària
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Público.es - Unos 'reporteros' impiden a 'CQC' acercarse a Fabra
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Wyoming se la mete doblada al "periodista" Horcajo, de la tele fascista Intereconomía. El tal, además de facha, es un tonto de los cojones.
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Esta noche te contamos toda la verdad
Está la cosita un poco tensa....
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Público.es - Unos 'reporteros' impiden a 'CQC' acercarse a Fabra
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divendres, 14 de novembre del 2008
Uno de los nuestros: Rastrean 15.000 operaciones bancarias de la familia Fabra.
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Rastrean 15.000 operaciones bancarias de la familia Fabra
La Fiscalía Anticorrupción investiga 15.000 operaciones bancarias que fueron hechas en casi un centenar de cuentas en las que el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, figura como titular, cotitular o autorizado con su mujer y sus hijos. Entre todos hicieron al año 3.000 movimientos bancarios, lo que supone una media de 250 operaciones al mes.
J. Antequera, Castelló
La Fiscalía Anticorrupción investiga 15.000 operaciones bancarias realizadas a través de casi un centenar de cuentas corrientes en las que el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, figura como titular, cotitular o persona autorizada junto a su mujer y sus hijos, según se desprende del examen que llevan a cabo los peritos de Hacienda. Este volumen contable supone que el líder del PP, su mujer y sus hijos suscribieron al año una media de 3.000 movimientos bancarios. O lo que es lo mismo, 250 operaciones mensuales.
Durante ese período, el matrimonio y sus cuatro hijos realizaron centenares de transferencias bancarias cuyo origen y destino analizan los expertos de la Agencia Tributaria para averiguar qué fuentes de ingresos alimentaron el supuesto incremento patrimonial de la familia. En su análisis, los peritos han descartado operaciones menores que no tienen relevancia para el caso, como el pago de las nóminas de Fabra a sus hijos, y se han centrado en las denominadas "operaciones cruzadas" que el presidente de Castelló y miembros de su familia han podido realizar desde el año 99. Los expertos en derecho fiscal califican como operaciones cruzadas aquellas "de activo y pasivo" que se realizan entre un cliente y uno o más bancos. Mediante este sistema, el particular acude a la entidad y aporta una suma como garantía para obtener un crédito o préstamo para él, para una persona de su confianza o una empresa propia o ajena. Ese préstamo, que en ningún caso puede superar el límite de la garantía, lo devolverá el prestatario aportando una nueva cantidad en metálico o cubriéndolo con una transferencia de otra entidad financiera. De ahí el concepto de operación cruzada. Cabe recordar que un particular tiene la obligación de identificarse cuando va a realizar un ingreso superior a los 3.000 euros, pero esta obligación desaparece si la cantidad se fracciona e ingresa en diferentes entidades. Anticorrupción rastrea los cheques, pagarés y cantidades millonarias en metálico que, mediante este sistema, se pueden haber trasvasado entre las distintas oficinas bancarias. Las fuentes judiciales señalan que los investigadores están examinando, una a una, cada transferencia, ya que un programa informático no detecta la operación cruzada cuando las cantidades de entrada y salida no coinciden por la acumulación de intereses y otros gastos añadidos.
Este trabajo contable que llevan a cabo los técnicos de la Fiscalía, casi artesanal, podría retrasar aún más la elaboración del informe, que en un principio tendría que estar terminado y puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Nules antes de Navidad.
Lo más complicado, añaden las fuentes, será averiguar el origen de los ingresos de Carlos Fabra y su familia, ya que en muchas ocasiones no consta información documental en Hacienda y tendrán que ser las entidades financieras quienes lo aclaren. Precisamente ayer, la Fiscalía estaba a la espera de recibir una importante remesa de datos procedente de uno de los grandes bancos del país, con delegación en Castelló, sobre las cuentas de Carlos Fabra. La investigación de la Fiscalía avanza de forma constante, a pesar de que el juzgado de Nules lleva meses sin titular y sin jueces de apoyo. Fabra figura como imputado en un delito contra la Administración Pública y fraude fiscal.
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La Fiscalía recibe datos bancarios de Andrea
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Uno de los acosadores del abogado del caso Fabra se expone a 9 años de prisión por simular ser espía
El empleado de Intereconomía se hacía pasar por agente del CNI para lograr información policial
Levante-EMV, Valencia
Uno de los empleados de Intereconomía que simuló ser un empresario para tender una trampa al abogado que, en nombre de la Unión de Consumidores, ejerce la acusación popular en el caso Fabra se enfrenta a una posible pena de hasta 9 años de prisión por hacerse pasar por agente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), según información difundida ayer por la Cadena Ser en Madrid. La citada emisora explicó que el caso está pendiente de señalamiento después de una larga investigación del Juzgado de Instrucción número 25 de la capital de España. En su escrito de acusación, el fiscal pide, además de la pena de cárcel, que se le imponga a José Antonio Expósito una multa de 4.000 euros. Se le acusa de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, usurpación de funciones públicas y delito continuado de falsedad de documento oficial.Junto a él se sentarán en el banquillo dos miembros de la Policía Nacional para los que la Fiscalía pide 5 años de cárcel por revelación de secretos. Fuentes jurídicas citadas por la Cadena Ser indicaron que José Antonio Expósito mantuvo engañados hasta su detención a numerosos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a los que hacía creer que era un agente del CNI. Expósito conseguía así que le proporcionaran información confidencial con la que obtenía importantes beneficios económicos. Expósito ha interpretado varios personajes en su condición de empleado de Intereconomía. El último de sus papeles conocidos lo protagonizó en Valencia la semana pasada cuando se hizo pasar por empresario de Ciudad Real fabricante de maquinaria de serigrafía interesado en trasladar las instalaciones a Valencia, según denunció el letrado de la acusación del caso Fabra, José Luis Vera. Junto a otro empleado del citado grupo de comunicación intentaron un montaje consistente en contratar a Vera como asesor y, en señal de agradecimiento, le ofrecieron hasta un anillo de diamantes para su esposa, la ex diputada socialista Maria Antonia Armengol. Vera había alertado a la policía al sospechar de los clientes y la brigada de delitos económicos desbarató el montaje.
Rajoy no quiere ser juez
El citado empleado de Intereconomía hizo de escolta de los tránsfugas socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez cuando dieron la espantada en la Asamblea de Madrid para no votar la investidura de Rafael Simancas. El escándalo obligó a una nueva convocatoria electoral, que convirtió a Esperanza Aguirre en presidenta.Preguntado por el caso Fabra, el presidente del PP, Mariano Rajoy, dijo ayer en esa emisora: "No me voy a erigir en juez de nadie". Y concluyó: "Me parece que es una función lo suficientemente importante como para que por impresiones o informaciones uno no tome decisiones; esperaré a lo que digan los tribunales".
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Rajoy evita defender a Fabra
El presidente del PP, Mariano Rajoy, aseguró hoy que él no se va a "erigir en juez de nadie" y que respetará la decisión de los tribunales, refiriéndose a Carlos Fabra y Jaume Matas.
EUROPA PRESS
De esta forma respondió al ser preguntado si pondría la mano en el fuego por el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, y el entorno del ex presidente balear, Jaume Matas, que están siendo investigados por la Justicia.
En declaraciones en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Rajoy afirmó que si hay algún dirigente del PP afectado por los presuntos casos de corrupción que se están conociendo "será expulsado del partido". Dicho esto, aprovechó para recordar que en Andalucía hay "casi 70 personas del PSOE imputadas en ayuntamientos".
El líder de los 'populares' señaló que en política, como en casi todo, "hay gente mejor y peor" pero subrayó que "la inmensa mayoría cumple su función de una manera honorable", "sean del partido que sean".
Admitió que al final hay personas "que están imputadas" y que, en esos casos, hay que esperar a lo que decidan los tribunales. "Yo no me voy a erigir en juez de nadie", recalcó, para añadir que se trata de cuestiones "suficientemente importantes" como para que se puedan tomar decisiones basándose en "impresiones". Por eso, insistió en que estará "a lo que digan los tribunales".
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Rastrean 15.000 operaciones bancarias de la familia Fabra
La Fiscalía Anticorrupción investiga 15.000 operaciones bancarias que fueron hechas en casi un centenar de cuentas en las que el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, figura como titular, cotitular o autorizado con su mujer y sus hijos. Entre todos hicieron al año 3.000 movimientos bancarios, lo que supone una media de 250 operaciones al mes.
J. Antequera, Castelló
La Fiscalía Anticorrupción investiga 15.000 operaciones bancarias realizadas a través de casi un centenar de cuentas corrientes en las que el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, figura como titular, cotitular o persona autorizada junto a su mujer y sus hijos, según se desprende del examen que llevan a cabo los peritos de Hacienda. Este volumen contable supone que el líder del PP, su mujer y sus hijos suscribieron al año una media de 3.000 movimientos bancarios. O lo que es lo mismo, 250 operaciones mensuales.
Durante ese período, el matrimonio y sus cuatro hijos realizaron centenares de transferencias bancarias cuyo origen y destino analizan los expertos de la Agencia Tributaria para averiguar qué fuentes de ingresos alimentaron el supuesto incremento patrimonial de la familia. En su análisis, los peritos han descartado operaciones menores que no tienen relevancia para el caso, como el pago de las nóminas de Fabra a sus hijos, y se han centrado en las denominadas "operaciones cruzadas" que el presidente de Castelló y miembros de su familia han podido realizar desde el año 99. Los expertos en derecho fiscal califican como operaciones cruzadas aquellas "de activo y pasivo" que se realizan entre un cliente y uno o más bancos. Mediante este sistema, el particular acude a la entidad y aporta una suma como garantía para obtener un crédito o préstamo para él, para una persona de su confianza o una empresa propia o ajena. Ese préstamo, que en ningún caso puede superar el límite de la garantía, lo devolverá el prestatario aportando una nueva cantidad en metálico o cubriéndolo con una transferencia de otra entidad financiera. De ahí el concepto de operación cruzada. Cabe recordar que un particular tiene la obligación de identificarse cuando va a realizar un ingreso superior a los 3.000 euros, pero esta obligación desaparece si la cantidad se fracciona e ingresa en diferentes entidades. Anticorrupción rastrea los cheques, pagarés y cantidades millonarias en metálico que, mediante este sistema, se pueden haber trasvasado entre las distintas oficinas bancarias. Las fuentes judiciales señalan que los investigadores están examinando, una a una, cada transferencia, ya que un programa informático no detecta la operación cruzada cuando las cantidades de entrada y salida no coinciden por la acumulación de intereses y otros gastos añadidos.
Este trabajo contable que llevan a cabo los técnicos de la Fiscalía, casi artesanal, podría retrasar aún más la elaboración del informe, que en un principio tendría que estar terminado y puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Nules antes de Navidad.
Lo más complicado, añaden las fuentes, será averiguar el origen de los ingresos de Carlos Fabra y su familia, ya que en muchas ocasiones no consta información documental en Hacienda y tendrán que ser las entidades financieras quienes lo aclaren. Precisamente ayer, la Fiscalía estaba a la espera de recibir una importante remesa de datos procedente de uno de los grandes bancos del país, con delegación en Castelló, sobre las cuentas de Carlos Fabra. La investigación de la Fiscalía avanza de forma constante, a pesar de que el juzgado de Nules lleva meses sin titular y sin jueces de apoyo. Fabra figura como imputado en un delito contra la Administración Pública y fraude fiscal.
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La Fiscalía recibe datos bancarios de Andrea
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Uno de los acosadores del abogado del caso Fabra se expone a 9 años de prisión por simular ser espía
El empleado de Intereconomía se hacía pasar por agente del CNI para lograr información policial
Levante-EMV, Valencia
Uno de los empleados de Intereconomía que simuló ser un empresario para tender una trampa al abogado que, en nombre de la Unión de Consumidores, ejerce la acusación popular en el caso Fabra se enfrenta a una posible pena de hasta 9 años de prisión por hacerse pasar por agente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), según información difundida ayer por la Cadena Ser en Madrid. La citada emisora explicó que el caso está pendiente de señalamiento después de una larga investigación del Juzgado de Instrucción número 25 de la capital de España. En su escrito de acusación, el fiscal pide, además de la pena de cárcel, que se le imponga a José Antonio Expósito una multa de 4.000 euros. Se le acusa de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, usurpación de funciones públicas y delito continuado de falsedad de documento oficial.Junto a él se sentarán en el banquillo dos miembros de la Policía Nacional para los que la Fiscalía pide 5 años de cárcel por revelación de secretos. Fuentes jurídicas citadas por la Cadena Ser indicaron que José Antonio Expósito mantuvo engañados hasta su detención a numerosos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a los que hacía creer que era un agente del CNI. Expósito conseguía así que le proporcionaran información confidencial con la que obtenía importantes beneficios económicos. Expósito ha interpretado varios personajes en su condición de empleado de Intereconomía. El último de sus papeles conocidos lo protagonizó en Valencia la semana pasada cuando se hizo pasar por empresario de Ciudad Real fabricante de maquinaria de serigrafía interesado en trasladar las instalaciones a Valencia, según denunció el letrado de la acusación del caso Fabra, José Luis Vera. Junto a otro empleado del citado grupo de comunicación intentaron un montaje consistente en contratar a Vera como asesor y, en señal de agradecimiento, le ofrecieron hasta un anillo de diamantes para su esposa, la ex diputada socialista Maria Antonia Armengol. Vera había alertado a la policía al sospechar de los clientes y la brigada de delitos económicos desbarató el montaje.
Rajoy no quiere ser juez
El citado empleado de Intereconomía hizo de escolta de los tránsfugas socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez cuando dieron la espantada en la Asamblea de Madrid para no votar la investidura de Rafael Simancas. El escándalo obligó a una nueva convocatoria electoral, que convirtió a Esperanza Aguirre en presidenta.Preguntado por el caso Fabra, el presidente del PP, Mariano Rajoy, dijo ayer en esa emisora: "No me voy a erigir en juez de nadie". Y concluyó: "Me parece que es una función lo suficientemente importante como para que por impresiones o informaciones uno no tome decisiones; esperaré a lo que digan los tribunales".
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Rajoy evita defender a Fabra
El presidente del PP, Mariano Rajoy, aseguró hoy que él no se va a "erigir en juez de nadie" y que respetará la decisión de los tribunales, refiriéndose a Carlos Fabra y Jaume Matas.
EUROPA PRESS
De esta forma respondió al ser preguntado si pondría la mano en el fuego por el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, y el entorno del ex presidente balear, Jaume Matas, que están siendo investigados por la Justicia.
En declaraciones en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Rajoy afirmó que si hay algún dirigente del PP afectado por los presuntos casos de corrupción que se están conociendo "será expulsado del partido". Dicho esto, aprovechó para recordar que en Andalucía hay "casi 70 personas del PSOE imputadas en ayuntamientos".
El líder de los 'populares' señaló que en política, como en casi todo, "hay gente mejor y peor" pero subrayó que "la inmensa mayoría cumple su función de una manera honorable", "sean del partido que sean".
Admitió que al final hay personas "que están imputadas" y que, en esos casos, hay que esperar a lo que decidan los tribunales. "Yo no me voy a erigir en juez de nadie", recalcó, para añadir que se trata de cuestiones "suficientemente importantes" como para que se puedan tomar decisiones basándose en "impresiones". Por eso, insistió en que estará "a lo que digan los tribunales".
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diumenge, 9 de novembre del 2008
Uno de los nuestros: José Luis Vera: "Casos como el de Fabra dañan la credibilidad de la justicia en la sociedad"
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José Luis Vera: "Casos como el de Fabra dañan la credibilidad de la justicia en la sociedad"
Ha impartido clases de Derecho Civil y Constitucional y ha sido magistrado de la Audiencia Provincial. Con diferentes trazos, dos microcosmos para la plácida reflexión. Nada que ver con el campo de minas por el que circula en los casos Fabra o IVEX-Julio Iglesias, entre otros. Lejos de achantarse, a sus 50 años exhibe una energía y una firmeza que brotan, dice, de sus convicciones.
Francesc Arabí, Valencia
-¿Tiene pruebas para decir que Carlos Fabra está detrás del montaje de los falsos empresarios para tenderle una trampa?
-Es una absoluta convicción que no nace de ninguna obsesión personal, sino de una sucesión de hechos que llevan a un razonamiento lógico. En poco tiempo se han producido muchos movimientos en la justicia, inspectores de hacienda, hasta una campaña de noticias en prensa y el lío que se montó con el Caiga quien caiga tras el pleno de la Diputación de Castelló. Y va y resulta que al menos uno de los que fueron a armar bronca es el mismo que intentó tenderme la trampa. Tengo la convicción, sin perjuicio de que lo pueda demostrar o no, de que bien el señor Fabra o su entorno están detrás de la maniobra. Esta gente debería dejar de esconderse detrás de las togas y resolver las cuestiones en el orden político porque de lo contrario acabarán destrozando el Estado de Derecho.
-Sí, pero Fabra también tiene derecho a defenderse en los tribunales. Esa es la grandeza del sistema, según dicen ustedes los juristas.
-Por supuesto. Me refería por ejemplo al señor Ricardo Costa. Creo que como alto dirigente del partido que gobierna, no parece muy normal que salga a animarme a poner la denuncia con cierto tono de desprecio y burla en un asunto que cualquier ciudadano entiende que es de enorme gravedad. Creo que ha perdido una gran ocasión de decir que iba a investigar los hechos aunque sea sólo por ver qué métodos utilizan emisoras subvencionadas con dinero público. Creo que eso no es periodismo de investigación sino pura delincuencia.
-¿Por qué dijo que la caída de Fabra haría mucho ruido en el PP? ¿No pensará que va a caer?
-Eso lo decidirá el juez. Por supuesto que partimos de la presunción de inocencia, pero ese es un concepto judicial. Políticamente, este hombre, como mínimo no es ajeno a los hechos imputados y lo normal habría sido que se le separara, al menos temporalmente, en beneficio de los ciudadanos, cuyos bienes y derechos administra. Mi sensación como ciudadano es que por alguna razón hay un interés especial en mantenerlo. Y puede que quizás ese interés sea espúreo y muchos temen su caída.
-¿Usted tiene algo pendiente con Intereconomía?
-Personalmente nada. Este despacho lleva un caso contra Época por un tema de derecho al honor. Tampoco tengo nada personal con Fabra, al que ni conozco.
-¿Han pensado en tirar la toalla?
-Jamás. Nosotros sólo dependemos de nuestro cliente. Es cierto que a veces hay situaciones que producen desasosiego cuando ves que te acosan en términos casi mafiosos, pero eso te hace más fuerte. Quienes me conocen saben que no acostumbro a amedrentarme ante los delincuentes. No es cuestión de heroicidad, sino de principios.
-¿Cree que de no haber salido usted en el "Caiga quien caiga" todo esto se habría producido?
-Quizás fue el detonante, pero tengo la sensación de que desde hace un tiempo han ido construyendo una especie de dossier informativo sobre mi persona. Estoy convencido de que la denuncia por cohecho que está en un juzgado de Requena no es casual.
-¿No estará paranoico?
-No estoy obsesionado con conspiraciones, pero nada de lo que está sucediendo es casual. Es obvio que alguien tiene mucho interés en desprestigiarme como abogado en éste y en otros casos que pueden molestar. Aquello de ¿cómo es posible que represente a la acusación un abogado que es un delincuente? Buscan la destrucción profesional.
-La Agencia Tributaria y el fiscal sospechan que usted y su mujer, la ex diputada María Antonia Armengol, no pagaron a la constructora que hizo su casa en Dos Aguas. ¿Qué tiene que alegar?
-Parece que la Agencia Tributaria lo planteó y la fiscalía lo hizo suyo. Plantean al parecer una discordancia entre el precio del constructor y el que pagué. Pagué lo que se fijó por contrato, el precio pactado tras la lógica negociación entre cliente y constructora. Parece que dicen que las facturas se hicieron a posteriori, cuando Hacienda me las pidió porque había una inspección a la empresa que hizo la obra. Digo yo que no tiene ningún sentido hacerlas después y no cuadrarlas con lo que dicen que valía realmente. Digo yo que si las haces a medida, ya puesto lo cuadras. Pero es que, además, 100.000 euros se pagaron antes de que Hacienda nos llamara. El resto, cuando tuvimos la llave en mano y el fin de obra, que fue en 2007 y no como he leído por ahí a finales de 2005. Al final esto sale de la Agencia Tributaria, pero resulta que no me ha abierto ninguna inspección ni procedimiento por delito fiscal. Lo que pienso que ha pasado es que dentro del expediente enorme de la inspección a la empresa, vieron el nombre de Armengol, ex diputada socialista. La Agencia Tributaria lo pasó al fiscal y éste al juez porque nadie quiere que le digan que archivó. Cuando me llame el juez iré y lo aclararé.
-Como ex magistrado, ¿Por qué a los jueces les tiemblan las piernas cuando se enfrentan a políticos?
-Los seis años que pasé en la Audiencia Provincial probablemente sean mis mejores años profesionalmente. Tengo una opinión excelente del trabajo de jueces y magistrados. Puedo asegurarle que a nadie le tiembla el pulso por juzgar a un político. El problema no es tanto ese como las presiones del ambiente mediático. Es obvio que aunque mantengas el 100% de la independencia, todos somos personas.
-¿Es normal que se vayan a cumplir cinco años de instrucción del caso Fabra... y lo que queda?
-No es sensato. Es absolutamente anormal, más aún tratándose de una persona pública que administra bienes y derechos de los ciudadanos. Es muy llamativo. Casos como este demuestran el anormal funcionamiento de la justicia, que perjudica al propio Carlos Fabra y afecta a la credibilidad de la justicia en la sociedad. Casos así minan la confianza de la gente.
-¿Y quién tiene la culpa?
-Se podían haber arbitrado medidas hace tiempo. Por ejemplo el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) podría haber visto por qué se producen retrasos y la sustitución de ocho jueces y alertar de lo que sucedía. También podría haber actuado el Tribunal Superior de Justicia, que finalmente ha solicitado refuerzos para Nules. Como acusación popular hemos hecho dos reclamaciones al CGPJ.
-¿Esa especie de libertad condicional de Luis Fernando Cartagena tras cumplir tres meses de cárcel por una condena de 4 años, ayuda a creer en la igualdad ante la ley?
-Conozco ese tema por lo que salió en la prensa, no por las resoluciones judiciales, pero no eludiré pronunciarme. De ser cierto que en un plazo tan corto ha pasado a una especie de tercer grado -esto es, de estar en prisión a salir de ella- y más allá de que el objetivo de las penas son la reinserción y esté considerado como reinsertado, resulta llamativo el caso si se compara con otros perfiles similares. Y no cabe duda de que esto no beneficia la sensación ciudadana respecto al derecho a la igualdad ante la ley.
-¿Por qué dos de los cuatro fiscales han sido fichados por bufetes?
-Supongo que porque serían muy buenos profesionales.
-Por eso estaban en Nules.
-Pues se ve que sí.
-¿La Fiscalía es tan filosocialista como dice el PP o es un mito que alimentan recordando que el fiscal jefe del TSJ está casado con una diputada socialista?
-Es un mito. Uno tiene derecho a compartir su vida con quien sea y no por ello deja de mantener su absoluta independencia. Esa campaña que se hace de vez en cuando de recordar que está casado con una diputada socialista es muy grosera, cuando además el fiscal jefe, Ricard Cabedo, tiene una carrera profesional desde hace tiempo.
-Llevan varios casos mediáticos: Fabra, IVEX-Julio Iglesias, Terra Mítica... Son como el Garzón de los despachos jurídicos.
-Como letrados no hemos tenido ninguna proyección hasta ahora. Ni es nuestro papel, ni pretendemos salir en prensa, ni nos beneficia. Los mediáticos en todo caso serán algunos de nuestros clientes.
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La Generalitat patrocina la televisión del grupo mediático que apoya a Fabra
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Anticorrupción investiga 28 facturas por 429.878 euros de empresas para Fabra
El diario contable de la asesoría del presidente de la diputación recoge numerosos pagos a Carmacas entre 2001 y 2003
J. Antequera, CastellóLa Fiscalía
Anticorrupción sigue la pista de una treintena de facturas por un importe de 429.878 euros (unos 71,5 millones de pesetas) que empresas de Castelló libraron, entre 2001 y 2003, a nombre de Carmacas SL, la asesoría jurídica del presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, según informaron fuentes judiciales. Las facturas han quedado registradas en el diario contable de Carmacas, que está siendo para los inspectores de Hacienda asignados al caso un auténtico banco de datos sobre la actividad empresarial del presidente castellonense. Los expertos de la Fiscalía se centran ahora en averiguar en qué concepto ingresó Fabra tales cantidades millonarias. La documentación que obra en poder de los peritos recoge al menos 28 facturas libradas a nombre de Carmacas entre los años 2001 y 2003. Al menos cinco empresarios de la provincia habrían realizado pagos a la asesoría jurídica de Carlos Fabra, quien en su declaración como imputado ante la juez de Nules aseguró que los ingresos se debieron a informes técnicos que elaboró para empresas privadas. En algunas ocasiones, estos informes que Fabra realizaba estaban copiados de Internet, según ha informado Levante de Castelló en pasadas ediciones.
En el año 2001, Cottocer firmó 3 facturas por 13.943 euros a Carmacas, que se recogen en el balance de la asesoría. Además, la azulejera giró otras tres facturas en el año 2002 y cuatro más en el ejercicio siguiente. En total, 140.000 euros. Otra empresa que tuvo negocios con Carmacas fue Tirado Asociados. Esta sociedad libró 5 facturas entre julio del año 2001 y enero de 2003. El importe total de las transacciones económicas se eleva a 9.321 euros.
Fuentes de ingresosDurante esos años otra gran fuente de ingresos para Carlos Fabra fue la Unión de Mutuas, tal y como se recoge en el diario contable de Carmacas. Esta entidad pagó, mediante 9 facturas, 106.897 euros en concepto de honorarios profesionales del presidente de la diputación, que ha venido compatibilizando su cargo político con el trabajo como profesional de los seguros y del Derecho. Otra de las firmas que aparece en el "haber y debe" de Carmacas es Libel XXI, que libró 2 facturas importantes (una por 60.000 euros y otra más por 30.000) entre marzo y agosto del año 2001.
La lista de empresas pagadoras de Carmacas se completa con Naranjax SL, la sociedad del industrial Vicente Vilar. En este caso, el diario contable de Carmacas recoge 2 facturas "a cobrar" de esta sociedad por importe de 83.660 euros (unos 15 millones de pesetas). Vilar es el industrial que a finales del año 2003 se querelló contra Carlos Fabra y le acusó de cobrar comisiones millonarias a cambio de favores políticos.
Además, el libro de contabilidad de la asesoría del líder provincial del PP refleja un saldo pendiente de 27.000 euros que la empresa Artemis 2000 le debe a Carmacas. Artemis es la empresa que fundaron, al cincuenta por ciento, María Amparo Fernández y Motserrat Vives, en aquellas fechas esposas de Fabra y Vilar, respectivamente, para canalizar las licencias de comercialización de un largo elenco de productos insecticidas agrícolas. En sus declaraciones como imputado, Vilar ha confesado que Fabra medió por estos productos fitosanitarios ante los ministerios de Agricultura y Sanidad con el fin de lograr los permisos oportunos y agilizar la venta al máximo.
Toda la documentación está en manos de los peritos de Anticorrupción, que trabajan para ultimar la prueba pericial sobre las cuentas de Fabra y su familia. Los investigadores pretenden entregar este informe en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Nules, que instruye las diligencias, antes de Navidad.
Fabra y otros seis ex altos cargos de los ministerios de Agricultura y Sanidad figuran como imputados en uno o varios delitos contra la Administración Pública. El presidente de la diputación figura como imputado, además, en un delito de fraude fiscal, al haber dejado de declarar en el IRPF del año 99 supuestos ingresos sin justificar por 600.000 euros.
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Dos varas para medir la corrupción
S. NAVARRO / M. FABRA
Socialistas y populares abordan de manera distinta los escándalos judiciales
Los escándalos en los que aparecen implicados cargos políticos son abordados de manera diferente por populares y socialistas. El PP ha optado por hacer caso omiso de sus propios estatutos, incluso con aquellos cargos públicos que ya tienen en su haber sentencias condenatorias firmes y no recurribles. El PSPV-PSOE, en cambio, ha decidido analizar caso a caso, aunque ante los casos más sonoros ha actuado con contundencia, con la suspensión de militancia -la expulsión depende de Ferraz- y la apertura de un expediente informativo a los cargos que han actuado de manera irregular.
El socialista Moya presentó la dimisión horas antes de ir a prisión
Los ex alcaldes de La Vila y Vila-real siguen al frente de las ejecutivas locales
En la inacción del PP frente a la corrupción y los escándalos urbanísticos ha pesado de manera notable el caso Fabra. Los escándalos relacionados con el presidente de la Diputación y del PP Carlos Fabra, imputado por varios delitos contra la Administración pública y delito fiscal, han pesado como una losa, ya que la dirección regional de los populares valencianos no ha podido hacer distingos con otros cargos imputados en situaciones similares.
En Castellón, al margen del presidente de la Diputación, Carlos Fabra, son varios los alcaldes y concejales imputados por delitos relativos, en su mayor parte, con cuestiones urbanísticas. El alcalde de Oropesa, Rafael Albert (PP), así como varios concejales de su equipo de gobierno han tenido que acudir en varias ocasiones al juzgado para ser interrogados sobre acusaciones de tráfico de influencias o prevaricación ante adjudicaciones de desarrollos urbanísticos y venta de suelo público. Uno de los ediles oropesinos que también está imputado, Juan Manuel Ribes, perteneció al PSPV, partido del que fue expulsado antes de que sus actuaciones llegaran al juzgado.
En Burriana, el ex alcalde y ahora senador Alfonso Ferrada (PP), está imputado por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, cohecho y por atentar contra la ordenación del territorio tras aprobar un polémico proyecto urbanístico. En los juzgados se encuentran también las denuncias por supuesto fraude electoral en municipios como Fanzara y Cabanes, donde se detectó un incremento en el número de personas censadas justas antes de las últimas elecciones municipales. Entre los cargos socialistas, el alcalde de Moncofa, José Vicente Isach, también está siendo investigado por decisiones urbanísticas.
Todos los cargos citados mantienen su militancia y sus cargos en el Partido Popular. Ninguno de ellos tiene abierto, siquiera, un expediente informativo para conocer el alcance de sus actuaciones.
En Alicante, es donde se acumula el otro gran paquete de cargos públicos imputados. La lista de acusados y condenados la lidera el PP, mientras los socialistas han corrido peor suerte en el apartado de arrestos y cárcel preventiva.
El primer alcalde del PP condenado ha sido el ex consejero de Obras Públicas, Luis Fernando Cartagena, por quedarse con 49.000 euros donados por unas monjas al Ayuntamiento de Orihuela. Cartagena, tras un paso efímero por la prisión, tienen pendiente otra causa por fraude a Hacienda. El fiscal le pide tres años de prisión. A Cartagena, le siguió el ex regidor de La Vila Joiosa, José Miguel Llorca, condenado por ejercer de médico sin tener la titulación académica.
Entre los imputados destacados del PP, resaltan el alcalde Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo, por la millonaria plusvalía de 5,2 millones de euros en la compra venta de una finca, y los ex regidores de Alicante y Orihuela, Luis Díaz Alperi, y José Manuel Medina. El primero por el desfalco de Mercalicante y el segundo po corrupción urbanística. La lista se completa con varios ediles también imputados. El más relevante es el concejal de Calp Juan Roselló, por el sobrecoste de un millón de euros en las obras de la red del agua.
En el lado socialista destacan el ex alcalde de Catral, José Manuel Rodríguez, por las casas ilegales de la huerta, y los dos últimos episodios de San Fulgencio y Bigastro. En el primero, la simulación de un soborno, ha acarreado el arresto de la alcaldesa, Trinidad Martínez, y dos concejales. El alcalde de Bigastro, José Joaquín Moya, cumple prisión preventiva por corrupción urbanística y cohecho.
El listado socialista se nutre con dos últimos casos. La imputación de la alcaldesa de Dénia, Francisca Viciano, a raíz de una denuncia del PP por supuesta prevaricación y la investigación abierta por un juzgado de Requena lía a la ex diputada socialista María Antonia Armengol, por supuestas obras ilegales en su casa, informa Lydia Garrido.
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José Luis Vera: "Casos como el de Fabra dañan la credibilidad de la justicia en la sociedad"
Ha impartido clases de Derecho Civil y Constitucional y ha sido magistrado de la Audiencia Provincial. Con diferentes trazos, dos microcosmos para la plácida reflexión. Nada que ver con el campo de minas por el que circula en los casos Fabra o IVEX-Julio Iglesias, entre otros. Lejos de achantarse, a sus 50 años exhibe una energía y una firmeza que brotan, dice, de sus convicciones.
Francesc Arabí, Valencia
-¿Tiene pruebas para decir que Carlos Fabra está detrás del montaje de los falsos empresarios para tenderle una trampa?
-Es una absoluta convicción que no nace de ninguna obsesión personal, sino de una sucesión de hechos que llevan a un razonamiento lógico. En poco tiempo se han producido muchos movimientos en la justicia, inspectores de hacienda, hasta una campaña de noticias en prensa y el lío que se montó con el Caiga quien caiga tras el pleno de la Diputación de Castelló. Y va y resulta que al menos uno de los que fueron a armar bronca es el mismo que intentó tenderme la trampa. Tengo la convicción, sin perjuicio de que lo pueda demostrar o no, de que bien el señor Fabra o su entorno están detrás de la maniobra. Esta gente debería dejar de esconderse detrás de las togas y resolver las cuestiones en el orden político porque de lo contrario acabarán destrozando el Estado de Derecho.
-Sí, pero Fabra también tiene derecho a defenderse en los tribunales. Esa es la grandeza del sistema, según dicen ustedes los juristas.
-Por supuesto. Me refería por ejemplo al señor Ricardo Costa. Creo que como alto dirigente del partido que gobierna, no parece muy normal que salga a animarme a poner la denuncia con cierto tono de desprecio y burla en un asunto que cualquier ciudadano entiende que es de enorme gravedad. Creo que ha perdido una gran ocasión de decir que iba a investigar los hechos aunque sea sólo por ver qué métodos utilizan emisoras subvencionadas con dinero público. Creo que eso no es periodismo de investigación sino pura delincuencia.
-¿Por qué dijo que la caída de Fabra haría mucho ruido en el PP? ¿No pensará que va a caer?
-Eso lo decidirá el juez. Por supuesto que partimos de la presunción de inocencia, pero ese es un concepto judicial. Políticamente, este hombre, como mínimo no es ajeno a los hechos imputados y lo normal habría sido que se le separara, al menos temporalmente, en beneficio de los ciudadanos, cuyos bienes y derechos administra. Mi sensación como ciudadano es que por alguna razón hay un interés especial en mantenerlo. Y puede que quizás ese interés sea espúreo y muchos temen su caída.
-¿Usted tiene algo pendiente con Intereconomía?
-Personalmente nada. Este despacho lleva un caso contra Época por un tema de derecho al honor. Tampoco tengo nada personal con Fabra, al que ni conozco.
-¿Han pensado en tirar la toalla?
-Jamás. Nosotros sólo dependemos de nuestro cliente. Es cierto que a veces hay situaciones que producen desasosiego cuando ves que te acosan en términos casi mafiosos, pero eso te hace más fuerte. Quienes me conocen saben que no acostumbro a amedrentarme ante los delincuentes. No es cuestión de heroicidad, sino de principios.
-¿Cree que de no haber salido usted en el "Caiga quien caiga" todo esto se habría producido?
-Quizás fue el detonante, pero tengo la sensación de que desde hace un tiempo han ido construyendo una especie de dossier informativo sobre mi persona. Estoy convencido de que la denuncia por cohecho que está en un juzgado de Requena no es casual.
-¿No estará paranoico?
-No estoy obsesionado con conspiraciones, pero nada de lo que está sucediendo es casual. Es obvio que alguien tiene mucho interés en desprestigiarme como abogado en éste y en otros casos que pueden molestar. Aquello de ¿cómo es posible que represente a la acusación un abogado que es un delincuente? Buscan la destrucción profesional.
-La Agencia Tributaria y el fiscal sospechan que usted y su mujer, la ex diputada María Antonia Armengol, no pagaron a la constructora que hizo su casa en Dos Aguas. ¿Qué tiene que alegar?
-Parece que la Agencia Tributaria lo planteó y la fiscalía lo hizo suyo. Plantean al parecer una discordancia entre el precio del constructor y el que pagué. Pagué lo que se fijó por contrato, el precio pactado tras la lógica negociación entre cliente y constructora. Parece que dicen que las facturas se hicieron a posteriori, cuando Hacienda me las pidió porque había una inspección a la empresa que hizo la obra. Digo yo que no tiene ningún sentido hacerlas después y no cuadrarlas con lo que dicen que valía realmente. Digo yo que si las haces a medida, ya puesto lo cuadras. Pero es que, además, 100.000 euros se pagaron antes de que Hacienda nos llamara. El resto, cuando tuvimos la llave en mano y el fin de obra, que fue en 2007 y no como he leído por ahí a finales de 2005. Al final esto sale de la Agencia Tributaria, pero resulta que no me ha abierto ninguna inspección ni procedimiento por delito fiscal. Lo que pienso que ha pasado es que dentro del expediente enorme de la inspección a la empresa, vieron el nombre de Armengol, ex diputada socialista. La Agencia Tributaria lo pasó al fiscal y éste al juez porque nadie quiere que le digan que archivó. Cuando me llame el juez iré y lo aclararé.
-Como ex magistrado, ¿Por qué a los jueces les tiemblan las piernas cuando se enfrentan a políticos?
-Los seis años que pasé en la Audiencia Provincial probablemente sean mis mejores años profesionalmente. Tengo una opinión excelente del trabajo de jueces y magistrados. Puedo asegurarle que a nadie le tiembla el pulso por juzgar a un político. El problema no es tanto ese como las presiones del ambiente mediático. Es obvio que aunque mantengas el 100% de la independencia, todos somos personas.
-¿Es normal que se vayan a cumplir cinco años de instrucción del caso Fabra... y lo que queda?
-No es sensato. Es absolutamente anormal, más aún tratándose de una persona pública que administra bienes y derechos de los ciudadanos. Es muy llamativo. Casos como este demuestran el anormal funcionamiento de la justicia, que perjudica al propio Carlos Fabra y afecta a la credibilidad de la justicia en la sociedad. Casos así minan la confianza de la gente.
-¿Y quién tiene la culpa?
-Se podían haber arbitrado medidas hace tiempo. Por ejemplo el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) podría haber visto por qué se producen retrasos y la sustitución de ocho jueces y alertar de lo que sucedía. También podría haber actuado el Tribunal Superior de Justicia, que finalmente ha solicitado refuerzos para Nules. Como acusación popular hemos hecho dos reclamaciones al CGPJ.
-¿Esa especie de libertad condicional de Luis Fernando Cartagena tras cumplir tres meses de cárcel por una condena de 4 años, ayuda a creer en la igualdad ante la ley?
-Conozco ese tema por lo que salió en la prensa, no por las resoluciones judiciales, pero no eludiré pronunciarme. De ser cierto que en un plazo tan corto ha pasado a una especie de tercer grado -esto es, de estar en prisión a salir de ella- y más allá de que el objetivo de las penas son la reinserción y esté considerado como reinsertado, resulta llamativo el caso si se compara con otros perfiles similares. Y no cabe duda de que esto no beneficia la sensación ciudadana respecto al derecho a la igualdad ante la ley.
-¿Por qué dos de los cuatro fiscales han sido fichados por bufetes?
-Supongo que porque serían muy buenos profesionales.
-Por eso estaban en Nules.
-Pues se ve que sí.
-¿La Fiscalía es tan filosocialista como dice el PP o es un mito que alimentan recordando que el fiscal jefe del TSJ está casado con una diputada socialista?
-Es un mito. Uno tiene derecho a compartir su vida con quien sea y no por ello deja de mantener su absoluta independencia. Esa campaña que se hace de vez en cuando de recordar que está casado con una diputada socialista es muy grosera, cuando además el fiscal jefe, Ricard Cabedo, tiene una carrera profesional desde hace tiempo.
-Llevan varios casos mediáticos: Fabra, IVEX-Julio Iglesias, Terra Mítica... Son como el Garzón de los despachos jurídicos.
-Como letrados no hemos tenido ninguna proyección hasta ahora. Ni es nuestro papel, ni pretendemos salir en prensa, ni nos beneficia. Los mediáticos en todo caso serán algunos de nuestros clientes.
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La Generalitat patrocina la televisión del grupo mediático que apoya a Fabra
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Anticorrupción investiga 28 facturas por 429.878 euros de empresas para Fabra
El diario contable de la asesoría del presidente de la diputación recoge numerosos pagos a Carmacas entre 2001 y 2003
J. Antequera, CastellóLa Fiscalía
Anticorrupción sigue la pista de una treintena de facturas por un importe de 429.878 euros (unos 71,5 millones de pesetas) que empresas de Castelló libraron, entre 2001 y 2003, a nombre de Carmacas SL, la asesoría jurídica del presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, según informaron fuentes judiciales. Las facturas han quedado registradas en el diario contable de Carmacas, que está siendo para los inspectores de Hacienda asignados al caso un auténtico banco de datos sobre la actividad empresarial del presidente castellonense. Los expertos de la Fiscalía se centran ahora en averiguar en qué concepto ingresó Fabra tales cantidades millonarias. La documentación que obra en poder de los peritos recoge al menos 28 facturas libradas a nombre de Carmacas entre los años 2001 y 2003. Al menos cinco empresarios de la provincia habrían realizado pagos a la asesoría jurídica de Carlos Fabra, quien en su declaración como imputado ante la juez de Nules aseguró que los ingresos se debieron a informes técnicos que elaboró para empresas privadas. En algunas ocasiones, estos informes que Fabra realizaba estaban copiados de Internet, según ha informado Levante de Castelló en pasadas ediciones.
En el año 2001, Cottocer firmó 3 facturas por 13.943 euros a Carmacas, que se recogen en el balance de la asesoría. Además, la azulejera giró otras tres facturas en el año 2002 y cuatro más en el ejercicio siguiente. En total, 140.000 euros. Otra empresa que tuvo negocios con Carmacas fue Tirado Asociados. Esta sociedad libró 5 facturas entre julio del año 2001 y enero de 2003. El importe total de las transacciones económicas se eleva a 9.321 euros.
Fuentes de ingresosDurante esos años otra gran fuente de ingresos para Carlos Fabra fue la Unión de Mutuas, tal y como se recoge en el diario contable de Carmacas. Esta entidad pagó, mediante 9 facturas, 106.897 euros en concepto de honorarios profesionales del presidente de la diputación, que ha venido compatibilizando su cargo político con el trabajo como profesional de los seguros y del Derecho. Otra de las firmas que aparece en el "haber y debe" de Carmacas es Libel XXI, que libró 2 facturas importantes (una por 60.000 euros y otra más por 30.000) entre marzo y agosto del año 2001.
La lista de empresas pagadoras de Carmacas se completa con Naranjax SL, la sociedad del industrial Vicente Vilar. En este caso, el diario contable de Carmacas recoge 2 facturas "a cobrar" de esta sociedad por importe de 83.660 euros (unos 15 millones de pesetas). Vilar es el industrial que a finales del año 2003 se querelló contra Carlos Fabra y le acusó de cobrar comisiones millonarias a cambio de favores políticos.
Además, el libro de contabilidad de la asesoría del líder provincial del PP refleja un saldo pendiente de 27.000 euros que la empresa Artemis 2000 le debe a Carmacas. Artemis es la empresa que fundaron, al cincuenta por ciento, María Amparo Fernández y Motserrat Vives, en aquellas fechas esposas de Fabra y Vilar, respectivamente, para canalizar las licencias de comercialización de un largo elenco de productos insecticidas agrícolas. En sus declaraciones como imputado, Vilar ha confesado que Fabra medió por estos productos fitosanitarios ante los ministerios de Agricultura y Sanidad con el fin de lograr los permisos oportunos y agilizar la venta al máximo.
Toda la documentación está en manos de los peritos de Anticorrupción, que trabajan para ultimar la prueba pericial sobre las cuentas de Fabra y su familia. Los investigadores pretenden entregar este informe en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Nules, que instruye las diligencias, antes de Navidad.
Fabra y otros seis ex altos cargos de los ministerios de Agricultura y Sanidad figuran como imputados en uno o varios delitos contra la Administración Pública. El presidente de la diputación figura como imputado, además, en un delito de fraude fiscal, al haber dejado de declarar en el IRPF del año 99 supuestos ingresos sin justificar por 600.000 euros.
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Dos varas para medir la corrupción
S. NAVARRO / M. FABRA
Socialistas y populares abordan de manera distinta los escándalos judiciales
Los escándalos en los que aparecen implicados cargos políticos son abordados de manera diferente por populares y socialistas. El PP ha optado por hacer caso omiso de sus propios estatutos, incluso con aquellos cargos públicos que ya tienen en su haber sentencias condenatorias firmes y no recurribles. El PSPV-PSOE, en cambio, ha decidido analizar caso a caso, aunque ante los casos más sonoros ha actuado con contundencia, con la suspensión de militancia -la expulsión depende de Ferraz- y la apertura de un expediente informativo a los cargos que han actuado de manera irregular.
El socialista Moya presentó la dimisión horas antes de ir a prisión
Los ex alcaldes de La Vila y Vila-real siguen al frente de las ejecutivas locales
En la inacción del PP frente a la corrupción y los escándalos urbanísticos ha pesado de manera notable el caso Fabra. Los escándalos relacionados con el presidente de la Diputación y del PP Carlos Fabra, imputado por varios delitos contra la Administración pública y delito fiscal, han pesado como una losa, ya que la dirección regional de los populares valencianos no ha podido hacer distingos con otros cargos imputados en situaciones similares.
En Castellón, al margen del presidente de la Diputación, Carlos Fabra, son varios los alcaldes y concejales imputados por delitos relativos, en su mayor parte, con cuestiones urbanísticas. El alcalde de Oropesa, Rafael Albert (PP), así como varios concejales de su equipo de gobierno han tenido que acudir en varias ocasiones al juzgado para ser interrogados sobre acusaciones de tráfico de influencias o prevaricación ante adjudicaciones de desarrollos urbanísticos y venta de suelo público. Uno de los ediles oropesinos que también está imputado, Juan Manuel Ribes, perteneció al PSPV, partido del que fue expulsado antes de que sus actuaciones llegaran al juzgado.
En Burriana, el ex alcalde y ahora senador Alfonso Ferrada (PP), está imputado por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, cohecho y por atentar contra la ordenación del territorio tras aprobar un polémico proyecto urbanístico. En los juzgados se encuentran también las denuncias por supuesto fraude electoral en municipios como Fanzara y Cabanes, donde se detectó un incremento en el número de personas censadas justas antes de las últimas elecciones municipales. Entre los cargos socialistas, el alcalde de Moncofa, José Vicente Isach, también está siendo investigado por decisiones urbanísticas.
Todos los cargos citados mantienen su militancia y sus cargos en el Partido Popular. Ninguno de ellos tiene abierto, siquiera, un expediente informativo para conocer el alcance de sus actuaciones.
En Alicante, es donde se acumula el otro gran paquete de cargos públicos imputados. La lista de acusados y condenados la lidera el PP, mientras los socialistas han corrido peor suerte en el apartado de arrestos y cárcel preventiva.
El primer alcalde del PP condenado ha sido el ex consejero de Obras Públicas, Luis Fernando Cartagena, por quedarse con 49.000 euros donados por unas monjas al Ayuntamiento de Orihuela. Cartagena, tras un paso efímero por la prisión, tienen pendiente otra causa por fraude a Hacienda. El fiscal le pide tres años de prisión. A Cartagena, le siguió el ex regidor de La Vila Joiosa, José Miguel Llorca, condenado por ejercer de médico sin tener la titulación académica.
Entre los imputados destacados del PP, resaltan el alcalde Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo, por la millonaria plusvalía de 5,2 millones de euros en la compra venta de una finca, y los ex regidores de Alicante y Orihuela, Luis Díaz Alperi, y José Manuel Medina. El primero por el desfalco de Mercalicante y el segundo po corrupción urbanística. La lista se completa con varios ediles también imputados. El más relevante es el concejal de Calp Juan Roselló, por el sobrecoste de un millón de euros en las obras de la red del agua.
En el lado socialista destacan el ex alcalde de Catral, José Manuel Rodríguez, por las casas ilegales de la huerta, y los dos últimos episodios de San Fulgencio y Bigastro. En el primero, la simulación de un soborno, ha acarreado el arresto de la alcaldesa, Trinidad Martínez, y dos concejales. El alcalde de Bigastro, José Joaquín Moya, cumple prisión preventiva por corrupción urbanística y cohecho.
El listado socialista se nutre con dos últimos casos. La imputación de la alcaldesa de Dénia, Francisca Viciano, a raíz de una denuncia del PP por supuesta prevaricación y la investigación abierta por un juzgado de Requena lía a la ex diputada socialista María Antonia Armengol, por supuestas obras ilegales en su casa, informa Lydia Garrido.
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divendres, 7 de novembre del 2008
Uno de los nuestros: ¡El juez archiva la denuncia del abogado del caso Fabra contra los falsos empresarios!
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El juez archiva la denuncia del abogado del caso Fabra contra los falsos empresarios
Vera denunció a dos personas que contactaron con él asegurando ser empresarios, a los que se les encontró material para grabar y acreditaciones como periodistas de Intereconomía
EUROPA PRESS
El titular del juzgado de instrucción número 14 de Valencia ha archivado la denuncia interpuesta por el abogado José Luis Vera, que trabaja en un despacho que ejerce, entre otros casos, como acusación popular en la causa abierta contra el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, contra dos personas que simularon ser empresarias. El magistrado adoptó esta decisión al no hallar ningún indicio de delito, según informaron a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
Vera denunció el día 5 de noviembre a dos personas que supuestamente contactaron con él asegurando ser empresarios, lo que llevó a la Policía a montar una operación que se saldó con la intervención de los agentes y la identificación de los dos hombres a los que se les encontró material para grabar y acreditaciones de un grupo de comunicación.
La policía remitió al juzgado encargo del caso el informe que había realizado al respecto, y el magistrado, tras estudiarlo, dictó un auto de sobreseimiento al no hallar ningún ilícito penal. Al día siguiente, el letrado Vera presentó una denuncia en este juzgado, y el juez ha dictado una providencia confirmando el auto de sobreseimiento al considerar que no existe ningún delito penal.
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Uno de los falsos empresarios del montaje contra el letrado que acusa a Fabra fue escolta de Tamayo
José Antonio Expósito usa carné de prensa de Intereconomía, cuyo presidente lo contrató de asesor de seguridad. La emisora colaboró con un partido creado por los tránsfugas que ayudaron al PP en Madrid
Francesc Arabí, Valencia
Tiene un amplio y polémico currículum aunque no precisamente en el ejercicio del periodismo. Se llama José Antonio Expósito y se hizo pasar supuestamente por un fabricante de maquinaría de serigrafía interesado en trasladar las oficinas a Valencia y en contratar como asesor jurídico a José Luis Vera, el abogado de la Unión de Consumidores que ejerce la acusación en el caso Fabra. La policía judicial desbarató un montaje con el que intentaron tenderle una trampa a Vera y que incluía el ofrecimiento de una sortija de diamantes como regalo, según la denuncia. La policía, alertada por el letrado, desbarató el presunto intento de grabar el soborno. En la declaración posterior en comisaría, resultó que la identidad real de uno de los dos industriales era la de Expósito, según fuentes de la investigación. Pese a que llevaba un carné de prensa, no fue fichado por el presidente de este grupo de comunicación, Julio Ariza -ex diputado del PP en Cataluña- por ser reputado reportero, sino por su condición de escolta. Entre sus actuaciones más sonadas está el haber ejercido de guardaespaldas de Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, cuando estos dos diputados socialistas tuvieron una crisis de fe y dieron la espantada el 10 de junio de 2003 para no votar la investidura del socialista Rafael Simancas como presidente de la Asamblea de Madrid. En los días de máxima tensión, Tamayo y Sáez y algún colaborador se hospedaron en el hotel Los Vascos y en el AC Cartagena de Madrid. Según varios medios de comunicación -la Ser contó apuntes de un diario personal de Expósito- empresarios de la construcción contactaron con este escolta para recabar sus servicios para los tránsfugas. Sólo dos días después de aquellas elecciones del 25 de mayo, lo llamaron por teléfono para contratar a alguien que estaba muy puesto en labores de seguridad. La revista Interviú contó que entre sus clientes estuvo el Banco de Santander. Trabajó a las órdenes del ejecutivo Rodrigo Echenique, de quien fue hasta conductor personal, según la revista.
Llega al mundo de la comunicación
Al cabo de dos años de uno de los más espectaculares escándalos de la democracia, Expósito pasó a estar en nómina del ultraconservador grupo Intereconomía. La relación de Tamayo y Sáez con la empresa de Ariza no nacieron con ese fichaje. En plena tempestad política y en puertas de una inédita segunda fase electoral, los dos tránsfugas regresaron al mundo de los vivos y formaron un partido para arañar votos al PSOE. Se llamó Nuevo Socialismo y de las cuñas de propaganda y hasta las fotos de los carteles electorales se encargó Intereconomía, contó en su día la Ser. Ariza sostuvo que cobró los servicios. En cualquier caso, la colaboración fue total. Nuevo Socialismo fue una anécdota en el mapa electoral madrileño pero aquel remake del paso por las urnas fue una bendición para Esperanza Aguirre. En aquel episodio político que puso patas arriba la entonces llamada Federación Socialista Madrileña (FSM) -han tenido que rebautizarla como PSM a ver si el lifting mejora la imagen de marca- tuvo enorme protagonismo un ex compañero de Eduardo Zaplana en las juventudes de UCD llamado José Luis Balbás, quien militaba en el ala socialdemócrata de Francisco Fernández Ordóñez. Esto es, la izquierda de la UCD, que después pasó a ser la derecha del PSOE. Balbás lideraba, cuando el tamayazo, la corriente de la FSM llamada «Renovadores por la base», toda una declaración de intenciones. Entre los ilustres adscritos a ese grupo, conocido en el partido como los balbases, estaban Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez. Meses después del escándalo, el entonces secretario de organización del PSOE, José Blanco, expulsó del partido a Balbás. La traición debió de ser, a buen seguro, dolorosa para Blanco, al tener que actuar contra quien era persona de su más estrecha confianza. Hasta el punto de ser el representante de José Luis Rodríguez Zapatero en el apretado recuento de votos que le dio la victoria frente a José Bono en el 35 congreso federal.
Hoy, José Luis Balbás es colaborador de Intereconomía TV en su programa estrella, la tertulia política El gato al agua. Desde allí critica duramente a su ex amigo Zapatero. Casi con tanto fervor como el que manifiesta Intereconomía en su defensa del presidente de la Diputación de Castelló, institución que contrata publirreportajes con revistas del grupo y tiene suscripciones a publicaciones como Época o Trámite parlamentario y municipal, que son enviadas a muchos pueblos de una provincia, que políticamente, es como el condado de Carlos Fabra Carreras. El mismo que está acusado de cohecho, prevaricación, malversación de fondos, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios, falsedad en documento público y privado, delito fiscal y delito contra la salud pública.
La mano derecha de Aguirre es un yerno de Carlos FabraLa coronación de Aguirre no le vino nada mal a un prometedor diputado del PP por aquel entonces llamado Juan José Güemes. Pasó de portavoz adjunto del grupo a consejero de Empleo y Mujer de primer gobierno de quien se autoconsidera un verso suelto del partido. Hoy, Güemes es consejero de Sanidad. Y además de madrina, tiene padrino político. Se llama Carlos Fabra Carreras y es presidente de la Diputación de Castelló. Para Güemes es, simplemente, su suegro. Porque el consejero está casado con Andrea Fabra Fernández, una de las dos hijas del encausado por varios delitos contra la administración y fraude fiscal. En la investigación judicial que se sigue en el juzgado número 1 de Nules están repasando algunas cuentas a nombre de Andrea Fabra. De la fiscalización de los movimientos bancarios se están ocupando los peritos del Banco de España.
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Costa dice que el código ético del PP sigue vigente pero que no es aplicable a Fabra
El secretario general de los populares reta a Vera a denunciar al dirigente castellonense
Víctor Romero, Valencia
El secretario autonómico del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Ricardo Costa, aseguró ayer que el código ético que los populares suscribieron en los años noventa como mecanismo de control interno de irregularidades sigue vigente. No obstante, dijo desconocer si está incorporado a los estatutos nacionales del partido y aseguró que la potestad de suspender de militancia "corresponde a la dirección nacional". Costa cerró filas con la figura del presidente provincial del PP de Castelló y presidente de la diputación, Carlos Fabra, y manifestó que los límites éticos que figuran en el código popular no le afectan.
El PP aprobó en los años noventa, cuando los casos de corrupción arreciaban contra dirigentes del PSOE, un código ético en el que entre otras cuestiones se comprometía a crear comisiones de investigación interna y hacer pública sus conclusiones "si de la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional pudieran derivarse indicios racionales de comisión de un delito" por parte de unos de sus cargos públicos. Fabra está imputado desde hace tres años por presuntos delitos de tráfico de influencias y contra la Administración, además de por un supuesto delito de fraude a la Hacienda pública. El mismo código ético establece como motivo de expulsión del partido "la utilización del propio nombre, posición o relación dentro del partido o en un cargo público, para obtener lucro, trato o favor personal o beneficio para sí o para terceros". Costa aseguró ayer en rueda de prensa que estas circunstancias no se dan en el caso de Carlos Fabra.
El número dos del PPCV se refirió también a las palabras del abogado de la acusación del caso Fabra quien ha denunciado un montaje de periodistas que se ha hecho pasar por falsos empresarios y ha apuntado la hipótesis de que Fabra esté detrás de la trampa. "Si ese abogado tiene pruebas de que está siendo presionado, chantajeado y coaccionado tiene que ir al juzgado y denunciarlo", dijo Costa. Vera ha presentad una denuncia por coacciones, amenazas y revelación de secretos de su intimidad contra los periodistas que se hicieron pasar por empresarios. La película de James BondSobre la acusación velada de Vela hacia Fabra, Costa volvió a cerrar filas con el dirigente castellonense y en tono retador dijo: "Si una persona quiere acusar al PP de determinadas actuaciones o al señor Fabra, que le lleve a los tribunales": Y añadió que si Fabra "quiere tomar actuaciones legales porque hay una persona que ha manchado su honor, como ha hecho en otras ocasiones, que lo haga, pro que asuman la consecuencias". Sobre la presunta trampa denunciada por Vera, Costa optó por mofarse de la situación al afirmar que lo había leído "de pasada" en un medio de comunicación y que iba a ver por la tarde la nueva película de James Bond.
"Cuando la vea podré contestar porque no entiendo muy bien cuál es la operación del abogado de la UCE o de no quien, con no se qué periodistas para no sé qué historia".
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El despacho de Vera dice que un ex empleado amenaza con ir a Intereconomía a atacarlos
Latorre Iuris denuncia que pretende vender información y sus acciones
F. A./Europa Press, Valencia
Un portavoz del despacho Latorre Iuris, en el que trabajan los abogados que se encargan de la acusación del caso Fabra y del caso IVEX, entre otros, denunció anoche que un ex empleado «que salió hace dos meses del despacho se ha puesto en contacto con Intereconomía con el fin de obtener rédito económico a costa de pasar información a la emisora». El mismo portavoz añadió que el ex letrado del despacho «se llama Julio Martínez Cusí y, aparentemente, le ofrecen un valor muy importante por sus acciones en la sociedad del despacho con la finalidad de obtener información y, al mismo tiempo, introducir un elemento ajeno al bufete a través de la sociedad Latorre Iuris S. L.».
Por otro lado, el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta, aseguró ayer que la Policía «por supuesto» seguirá las indicaciones e instrucciones que reciba de los órganos judiciales tras la denuncia presentada por el abogado Jose Luis Vera, quien trabaja en un despacho que ejerce, entre otros casos, la acusación popular en la causa abierta contra el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra. El delegado del Gobierno añadió que además seguirán atentos porque «si en algún momento se viola claramente la legalidad» actuarán «de inmediato». Preguntado por las últimas novedades tras la denuncia del letrado de la UCE José Luis Vera sobre la trampa que unos supuestos periodistas intentaron tenderle haciéndose pasar por empresarios aseguró que la Delegación del Gobierno «sigue muy de cerca esa o cualquier otro tipo de actuación».
Indicó que «estamos viendo a unos supuestos periodistas que pretenden defender a no sabemos a quién y en base a eso están haciendo actuaciones de detectives, haciéndose pasar por empresarios, para no sabemos qué exactamente. Eso habla muy poco de una ética, son actuaciones al margen de una ética y que entiendo que rozan la ilegalidad y la Delegación de Gobierno sigue muy de cerca esa o cualquier otro tipo de actuación».
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El letrado que acusa a Fabra pide amparo al Colegio de Abogados
M. FABRA
José Luis Vera denuncia el acoso al que le somete Intereconomía
José Luis Vera, el letrado que representa a la acusación popular en el caso Fabra ha pedido amparo al Colegio de Abogados de Valencia, al que pertenece, ante el acoso al que está sometido por parte del grupo mediático Intereconomía. Dos falsos empresarios, que luego fueron identificados como empleados de este grupo, trataron de tenderle una trampa y le ofrecieron un anillo de diamantes mientras le grababan con una cámara oculta. El titular del juzgado de instrucción número 14 de Valencia decidirá hoy si admite la denuncia presentada por Vera por "amenazas y coacciones, chantaje, revelación de secretos y obstrucción a la Justicia", a la que Vera sumó otro cargo de acoso después de que, al día siguiente del montaje, ambos individuos se presentaran en su domicilio y le siguieran por la calle.
José Luis Vera señaló tras el incidente que "lo fácil es pensar que han sido ellos" y apuntó al propio presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, o a alguien "de su entorno" como inductores del montaje. Pero Ricardo Costa, secretario general del PPCV señaló que "el PP no coacciona a nadie" e incluso se permitió el sarcasmo de decir que opinaría tras ver la película de James Bond, cuyo preestreno tuvo lugar anoche en Valencia: "Porque no entiendo muy bien cuál es la operación del abogado, con no sé qué periodistas, para no sé qué historia".
Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista en las Cortes Valencianas, Ángel Luna, calificó lo ocurrido como "algo realmente sospechoso" e indicó que "alguien debería dar una explicación alguna vez de por qué pasan estas cosas en relación con este tema y en relación con una persona determinada".
Mientras, la Unió de Periodistes, en un comunicado, exigió que no se utilice el trabajo periodístico "como excusa para justificar comportamientos que puedan incumplir códigos deontológicos".
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El juez archiva la denuncia del abogado del caso Fabra contra los falsos empresarios
Vera denunció a dos personas que contactaron con él asegurando ser empresarios, a los que se les encontró material para grabar y acreditaciones como periodistas de Intereconomía
EUROPA PRESS
El titular del juzgado de instrucción número 14 de Valencia ha archivado la denuncia interpuesta por el abogado José Luis Vera, que trabaja en un despacho que ejerce, entre otros casos, como acusación popular en la causa abierta contra el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, contra dos personas que simularon ser empresarias. El magistrado adoptó esta decisión al no hallar ningún indicio de delito, según informaron a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
Vera denunció el día 5 de noviembre a dos personas que supuestamente contactaron con él asegurando ser empresarios, lo que llevó a la Policía a montar una operación que se saldó con la intervención de los agentes y la identificación de los dos hombres a los que se les encontró material para grabar y acreditaciones de un grupo de comunicación.
La policía remitió al juzgado encargo del caso el informe que había realizado al respecto, y el magistrado, tras estudiarlo, dictó un auto de sobreseimiento al no hallar ningún ilícito penal. Al día siguiente, el letrado Vera presentó una denuncia en este juzgado, y el juez ha dictado una providencia confirmando el auto de sobreseimiento al considerar que no existe ningún delito penal.
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Uno de los falsos empresarios del montaje contra el letrado que acusa a Fabra fue escolta de Tamayo
José Antonio Expósito usa carné de prensa de Intereconomía, cuyo presidente lo contrató de asesor de seguridad. La emisora colaboró con un partido creado por los tránsfugas que ayudaron al PP en Madrid
Francesc Arabí, Valencia
Tiene un amplio y polémico currículum aunque no precisamente en el ejercicio del periodismo. Se llama José Antonio Expósito y se hizo pasar supuestamente por un fabricante de maquinaría de serigrafía interesado en trasladar las oficinas a Valencia y en contratar como asesor jurídico a José Luis Vera, el abogado de la Unión de Consumidores que ejerce la acusación en el caso Fabra. La policía judicial desbarató un montaje con el que intentaron tenderle una trampa a Vera y que incluía el ofrecimiento de una sortija de diamantes como regalo, según la denuncia. La policía, alertada por el letrado, desbarató el presunto intento de grabar el soborno. En la declaración posterior en comisaría, resultó que la identidad real de uno de los dos industriales era la de Expósito, según fuentes de la investigación. Pese a que llevaba un carné de prensa, no fue fichado por el presidente de este grupo de comunicación, Julio Ariza -ex diputado del PP en Cataluña- por ser reputado reportero, sino por su condición de escolta. Entre sus actuaciones más sonadas está el haber ejercido de guardaespaldas de Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, cuando estos dos diputados socialistas tuvieron una crisis de fe y dieron la espantada el 10 de junio de 2003 para no votar la investidura del socialista Rafael Simancas como presidente de la Asamblea de Madrid. En los días de máxima tensión, Tamayo y Sáez y algún colaborador se hospedaron en el hotel Los Vascos y en el AC Cartagena de Madrid. Según varios medios de comunicación -la Ser contó apuntes de un diario personal de Expósito- empresarios de la construcción contactaron con este escolta para recabar sus servicios para los tránsfugas. Sólo dos días después de aquellas elecciones del 25 de mayo, lo llamaron por teléfono para contratar a alguien que estaba muy puesto en labores de seguridad. La revista Interviú contó que entre sus clientes estuvo el Banco de Santander. Trabajó a las órdenes del ejecutivo Rodrigo Echenique, de quien fue hasta conductor personal, según la revista.
Llega al mundo de la comunicación
Al cabo de dos años de uno de los más espectaculares escándalos de la democracia, Expósito pasó a estar en nómina del ultraconservador grupo Intereconomía. La relación de Tamayo y Sáez con la empresa de Ariza no nacieron con ese fichaje. En plena tempestad política y en puertas de una inédita segunda fase electoral, los dos tránsfugas regresaron al mundo de los vivos y formaron un partido para arañar votos al PSOE. Se llamó Nuevo Socialismo y de las cuñas de propaganda y hasta las fotos de los carteles electorales se encargó Intereconomía, contó en su día la Ser. Ariza sostuvo que cobró los servicios. En cualquier caso, la colaboración fue total. Nuevo Socialismo fue una anécdota en el mapa electoral madrileño pero aquel remake del paso por las urnas fue una bendición para Esperanza Aguirre. En aquel episodio político que puso patas arriba la entonces llamada Federación Socialista Madrileña (FSM) -han tenido que rebautizarla como PSM a ver si el lifting mejora la imagen de marca- tuvo enorme protagonismo un ex compañero de Eduardo Zaplana en las juventudes de UCD llamado José Luis Balbás, quien militaba en el ala socialdemócrata de Francisco Fernández Ordóñez. Esto es, la izquierda de la UCD, que después pasó a ser la derecha del PSOE. Balbás lideraba, cuando el tamayazo, la corriente de la FSM llamada «Renovadores por la base», toda una declaración de intenciones. Entre los ilustres adscritos a ese grupo, conocido en el partido como los balbases, estaban Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez. Meses después del escándalo, el entonces secretario de organización del PSOE, José Blanco, expulsó del partido a Balbás. La traición debió de ser, a buen seguro, dolorosa para Blanco, al tener que actuar contra quien era persona de su más estrecha confianza. Hasta el punto de ser el representante de José Luis Rodríguez Zapatero en el apretado recuento de votos que le dio la victoria frente a José Bono en el 35 congreso federal.
Hoy, José Luis Balbás es colaborador de Intereconomía TV en su programa estrella, la tertulia política El gato al agua. Desde allí critica duramente a su ex amigo Zapatero. Casi con tanto fervor como el que manifiesta Intereconomía en su defensa del presidente de la Diputación de Castelló, institución que contrata publirreportajes con revistas del grupo y tiene suscripciones a publicaciones como Época o Trámite parlamentario y municipal, que son enviadas a muchos pueblos de una provincia, que políticamente, es como el condado de Carlos Fabra Carreras. El mismo que está acusado de cohecho, prevaricación, malversación de fondos, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios, falsedad en documento público y privado, delito fiscal y delito contra la salud pública.
La mano derecha de Aguirre es un yerno de Carlos FabraLa coronación de Aguirre no le vino nada mal a un prometedor diputado del PP por aquel entonces llamado Juan José Güemes. Pasó de portavoz adjunto del grupo a consejero de Empleo y Mujer de primer gobierno de quien se autoconsidera un verso suelto del partido. Hoy, Güemes es consejero de Sanidad. Y además de madrina, tiene padrino político. Se llama Carlos Fabra Carreras y es presidente de la Diputación de Castelló. Para Güemes es, simplemente, su suegro. Porque el consejero está casado con Andrea Fabra Fernández, una de las dos hijas del encausado por varios delitos contra la administración y fraude fiscal. En la investigación judicial que se sigue en el juzgado número 1 de Nules están repasando algunas cuentas a nombre de Andrea Fabra. De la fiscalización de los movimientos bancarios se están ocupando los peritos del Banco de España.
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Costa dice que el código ético del PP sigue vigente pero que no es aplicable a Fabra
El secretario general de los populares reta a Vera a denunciar al dirigente castellonense
Víctor Romero, Valencia
El secretario autonómico del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Ricardo Costa, aseguró ayer que el código ético que los populares suscribieron en los años noventa como mecanismo de control interno de irregularidades sigue vigente. No obstante, dijo desconocer si está incorporado a los estatutos nacionales del partido y aseguró que la potestad de suspender de militancia "corresponde a la dirección nacional". Costa cerró filas con la figura del presidente provincial del PP de Castelló y presidente de la diputación, Carlos Fabra, y manifestó que los límites éticos que figuran en el código popular no le afectan.
El PP aprobó en los años noventa, cuando los casos de corrupción arreciaban contra dirigentes del PSOE, un código ético en el que entre otras cuestiones se comprometía a crear comisiones de investigación interna y hacer pública sus conclusiones "si de la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional pudieran derivarse indicios racionales de comisión de un delito" por parte de unos de sus cargos públicos. Fabra está imputado desde hace tres años por presuntos delitos de tráfico de influencias y contra la Administración, además de por un supuesto delito de fraude a la Hacienda pública. El mismo código ético establece como motivo de expulsión del partido "la utilización del propio nombre, posición o relación dentro del partido o en un cargo público, para obtener lucro, trato o favor personal o beneficio para sí o para terceros". Costa aseguró ayer en rueda de prensa que estas circunstancias no se dan en el caso de Carlos Fabra.
El número dos del PPCV se refirió también a las palabras del abogado de la acusación del caso Fabra quien ha denunciado un montaje de periodistas que se ha hecho pasar por falsos empresarios y ha apuntado la hipótesis de que Fabra esté detrás de la trampa. "Si ese abogado tiene pruebas de que está siendo presionado, chantajeado y coaccionado tiene que ir al juzgado y denunciarlo", dijo Costa. Vera ha presentad una denuncia por coacciones, amenazas y revelación de secretos de su intimidad contra los periodistas que se hicieron pasar por empresarios. La película de James BondSobre la acusación velada de Vela hacia Fabra, Costa volvió a cerrar filas con el dirigente castellonense y en tono retador dijo: "Si una persona quiere acusar al PP de determinadas actuaciones o al señor Fabra, que le lleve a los tribunales": Y añadió que si Fabra "quiere tomar actuaciones legales porque hay una persona que ha manchado su honor, como ha hecho en otras ocasiones, que lo haga, pro que asuman la consecuencias". Sobre la presunta trampa denunciada por Vera, Costa optó por mofarse de la situación al afirmar que lo había leído "de pasada" en un medio de comunicación y que iba a ver por la tarde la nueva película de James Bond.
"Cuando la vea podré contestar porque no entiendo muy bien cuál es la operación del abogado de la UCE o de no quien, con no se qué periodistas para no sé qué historia".
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El despacho de Vera dice que un ex empleado amenaza con ir a Intereconomía a atacarlos
Latorre Iuris denuncia que pretende vender información y sus acciones
F. A./Europa Press, Valencia
Un portavoz del despacho Latorre Iuris, en el que trabajan los abogados que se encargan de la acusación del caso Fabra y del caso IVEX, entre otros, denunció anoche que un ex empleado «que salió hace dos meses del despacho se ha puesto en contacto con Intereconomía con el fin de obtener rédito económico a costa de pasar información a la emisora». El mismo portavoz añadió que el ex letrado del despacho «se llama Julio Martínez Cusí y, aparentemente, le ofrecen un valor muy importante por sus acciones en la sociedad del despacho con la finalidad de obtener información y, al mismo tiempo, introducir un elemento ajeno al bufete a través de la sociedad Latorre Iuris S. L.».
Por otro lado, el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta, aseguró ayer que la Policía «por supuesto» seguirá las indicaciones e instrucciones que reciba de los órganos judiciales tras la denuncia presentada por el abogado Jose Luis Vera, quien trabaja en un despacho que ejerce, entre otros casos, la acusación popular en la causa abierta contra el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra. El delegado del Gobierno añadió que además seguirán atentos porque «si en algún momento se viola claramente la legalidad» actuarán «de inmediato». Preguntado por las últimas novedades tras la denuncia del letrado de la UCE José Luis Vera sobre la trampa que unos supuestos periodistas intentaron tenderle haciéndose pasar por empresarios aseguró que la Delegación del Gobierno «sigue muy de cerca esa o cualquier otro tipo de actuación».
Indicó que «estamos viendo a unos supuestos periodistas que pretenden defender a no sabemos a quién y en base a eso están haciendo actuaciones de detectives, haciéndose pasar por empresarios, para no sabemos qué exactamente. Eso habla muy poco de una ética, son actuaciones al margen de una ética y que entiendo que rozan la ilegalidad y la Delegación de Gobierno sigue muy de cerca esa o cualquier otro tipo de actuación».
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El letrado que acusa a Fabra pide amparo al Colegio de Abogados
M. FABRA
José Luis Vera denuncia el acoso al que le somete Intereconomía
José Luis Vera, el letrado que representa a la acusación popular en el caso Fabra ha pedido amparo al Colegio de Abogados de Valencia, al que pertenece, ante el acoso al que está sometido por parte del grupo mediático Intereconomía. Dos falsos empresarios, que luego fueron identificados como empleados de este grupo, trataron de tenderle una trampa y le ofrecieron un anillo de diamantes mientras le grababan con una cámara oculta. El titular del juzgado de instrucción número 14 de Valencia decidirá hoy si admite la denuncia presentada por Vera por "amenazas y coacciones, chantaje, revelación de secretos y obstrucción a la Justicia", a la que Vera sumó otro cargo de acoso después de que, al día siguiente del montaje, ambos individuos se presentaran en su domicilio y le siguieran por la calle.
José Luis Vera señaló tras el incidente que "lo fácil es pensar que han sido ellos" y apuntó al propio presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, o a alguien "de su entorno" como inductores del montaje. Pero Ricardo Costa, secretario general del PPCV señaló que "el PP no coacciona a nadie" e incluso se permitió el sarcasmo de decir que opinaría tras ver la película de James Bond, cuyo preestreno tuvo lugar anoche en Valencia: "Porque no entiendo muy bien cuál es la operación del abogado, con no sé qué periodistas, para no sé qué historia".
Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista en las Cortes Valencianas, Ángel Luna, calificó lo ocurrido como "algo realmente sospechoso" e indicó que "alguien debería dar una explicación alguna vez de por qué pasan estas cosas en relación con este tema y en relación con una persona determinada".
Mientras, la Unió de Periodistes, en un comunicado, exigió que no se utilice el trabajo periodístico "como excusa para justificar comportamientos que puedan incumplir códigos deontológicos".
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dijous, 6 de novembre del 2008
Uno de los nuestros: Fabra subvenciona la emisora que acosa al abogado de la acusación
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Recordem que Prisa no té cap llicència a la CV i que "Levante" va començar el dia 3 les emissions pel canal 23 de TDT.
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Fabra
Uno de los nuestros: Falsos empresarios intentan t...
Uno de los nuestros: De Rosa admite "cierta demora...
Uno de los nuestros: El PP blinda a sus presuntos ...
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Fabra subvenciona la emisora que acosa al abogado de la acusación
La diputación tiene suscripciones y contrata publirreportajes con revistas del grupo ultraconservador.
Jordi Ruiz, Castelló
El grupo Intereconomía ha lanzado una ofensiva contra todo aquél que cuestione al presidente de la diputación, Carlos Fabra, imputado por varios posibles delitos. El último episodio ha sido el intento fallido de dos reporteros que, haciéndose pasar por empresarios, trataron de tender una trampa al abogado de la acusación del caso Fabra, invitándole participar en un negocio millonario y ofreciéndole un anillo de diamantes, como informó ayer Levante de Castelló. Este grupo de comunicación, vinculado al sector más conservador del PP, ha recibido en los últimos años decenas de miles de euros de las arcas de la diputación de Castelló en concepto de suscripciones a sus publicaciones y publirreportajes.
Los diputados provinciales reciben periódica e individualmente la revista Trámite parlamentario y municipal -una de las cuatro publicaciones de Intereconomía-, que sale a la venta cada mes con un precio de nueve euros. Época ha sido otra de las cabeceras habituales en los despachos de la diputación, que también hace llegar a los ayuntamientos. El semanario, dirigido desde hace unos meses por el periodista Carlos Dávila, afín al PP, se dirige a un público "de derechas", según se explica en la web del grupo de comunicación.
Los pagos a Intereconomía se llevan produciendo desde hace varios años e incluso han sido objeto de reparos por parte de los servicios técnicos de Intervención por el modo en que se contrataron las suscripciones. Así ocurrió a finales de 2004, cuando el PP acordó abonar la suscripción con Época por 3.749 euros, además de otra factura por 34.800 euros por la publicación en la misma revista de un publirreportaje sobre los atractivos turísticos de la provincia. A cambio de la inyección de dinero público, Carlos Fabra ha encontrado un aliado en los medios vinculados al grupo Intereconomía. El semanario Época salió en auxilio del líder provincial cuando estalló el caso Fabra. Últimamente ha encontrado el apoyo de Intereconomía TV. El pasado mes de septiembre, el canal digital envió a Castelló a pseudoperiodistas ataviados con gafas de sol y gorras para impedir que la reportera del programa de la Sexta Caiga quien Caiga preguntara a Fabra al finalizar el pleno de la diputación. La última entrega ha sido la trampa de dos reporteros de Intereconomía disfrazados de empresarios contra el abogado de la Unión de Consumidores, José Luis Vera.
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La Generalitat adjudicó cuatro licencias de TDT al grupo presidido por un ex diputado del PP
Víctor Romero, ValenciaEl grupo de comunicación Intereconomía recibió en el año 2005 cuatro licencias de Televisión Digital Terrestre de parte de la Generalitat valenciana. A través de su filial Homo Virtualis el Consell de Francisco Camps concedió al grupo de tendencia ultraconservadora la autorización para poner en marcha emisiones de TDT en las demarcaciones de Alcoi, Elda, Orihuela-Torrevieja y Sagunt. La empresa de comunicación que preside Julio Ariza obtuvo las licencias pese a no contar con presencia previa en el universo de la televisión local en la Comunitat Valenciana. Tres años después de resolverse el concurso, Intereconomía mantiene inactivas las autorizaciones y no ha iniciado el proceso para poner en marcha sus televisiones locales. Sin embargo su canal nacional sí puede sintonizarse en las comarcas valencianas. En febrero de 2008, el grupo de Julio Ariza suscribió un acuerdo de producción para emitir a través de Net TV la televisión digital terrestre que controla el grupo Vocento. ese mismo mes, se conoció un acuerdo por el que se redistribuía la composición accionarial de la Sociedad Gestora de Televisión Net TV. Vocento mantiene el 55% del capital de este operador, mientras que Walt Disney ha accedido al accionariado con el 25% con suministrador de contenidos. Otra filial de Intereconomía Homo Videns es propietaria del 25% del la sociedad y emite por el multiplex de Vocento para el conjunto del territorio español.
Intereconomía también adquirió en 2001 la empresa propietaria de una frecuencia en Sueca Radio Ribera Baixa. Esta sociedad recibió algunos años atrás una licencia con potencia local condicionada a emitir una parrilla que incluyese porcentajes de programación local y en valenciano. Aunque Radio Ribera Baixa, que ocupa la frecuencia 105.5, mantiene instalaciones y una antena en Sueca, su personal y equipos se trasladaron a Valencia. La 105.5 es la frecuencia que Radio Intereconomía emplea para sus emisiones nacionales en cadena en la provincia de Valencia. No ha respetado las condiciones iniciales de programación local y fomento de la lengua autóctona que venían marcadas en la concesión inicial de la licencia. E l registro mercantil recoge como apoderado de Radio Ribera Baixa a José Manuel Díaz Quintanilla, consejero delegado del grupo Intereconomía.
También en el caso de las licencia de TDT concedidas por la Generalitat el pliego de condiciones obliga a emitir un 25% de la programación en valenciano y destinar un 20% a producciones audiovisuales autóctonas.
También en Madrid
El Grupo Intereconomía también se hizo con una licencia de televisión digital terrestre en el reparto de adjudicaciones de la Comunidad de Madrid que preside Esperanza Aguirre. En este caso, no fue de los mas beneficiados, pues la COPE, Libertad Digital o Planeta se llevaron la mayor parte de concesiones locales junto a un nuevo grupo mediático Televisión Digital Madrid, fundada con posterioridad a la convocatoria del concurso por empresarios cercanos al Partido Popular, entre los que destaca Enrique Cerezo.
El presidente de Intereconomía, Julio Ariza, fue diputado con el Partido Popular durante casi una década por Barcelona y hombre de confianza de Alejo Vidal-Quadras. Su grupo edita también dos publicaciones de carácter ultraconservador y ultracatólico, la revista Época y el semanario Alba. Ariza mantiene buenas relaciones con autoridades del Vaticano y es amigo del cardenal y presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco-Varela.
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La consellera de Justicia compara el caso Fabra con el del "Prestige"
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"Época" también cargó contra Ximo Puig
Levante-EMV
La estrategia que ha emprendido el grupo Intereconomía contra los que se consideran enemigos de Carlos Fabra no es nueva. Tiempo atrás, en febrero de 2005, y en este caso a través de la revista semanal Época, se inició una feroz campaña contra el alcalde de Morella, Joaquim Puig, que por aquel entonces ocupaba el cargo de vicepresidente de las Corts Valencianes y que antes, siendo portavoz del PSPV-PSOE en la Diputación de Castelló, había sido un auténtico azote para la gestión de su presidente.
La campaña llegó hasta el extremo poco menos de responsabilizar a Puig de la tragedia de la Todolella, en la que murieron 18 personas por inhalación de gas, y que según dicha publicación fue por una negligencia del ayuntamiento de Morella en la concesión de las licencias para la celebración de la fiesta que acabó con tan dramático balance. La revista afirmó de forma errónea que la Todolella pertenecía al término de Morella, cuando es un municipio con personalidad jurídica propia. Su ayuntamiento estaba gobernado entonces por el Partido Popular y de él dependían las licencias concedidas al albergue.La autora del reportaje, Eugenia Viñes, obvió estos datos y aprovechó la tragedia para cargar contra el alcalde de Morella. "La Ley del silencio, epitafio de los muertos en Todolella". Así tituló su trabajo. Señaló que de "su consistorio partió el permiso para la fiesta en el albergue sin licencia", y presentó a Ximo Puig como una especie de cacique de la comarca. El canal Intereconomía también se hizo eco de aquellas acusaciones y las multiplicó en sus micrófonos. La misma periodista participó en un programa de este medio y fue más lejos en sus palabras contra el dirigente socialista: "El alcalde de la localidad de Morella decidió abrir el albergue para su amigo el del cumpleaños". El locutor del programa de Intereconomía, Antonio Jiménez, remarcó que esta zona castellonense era "como el País Vasco".
Por estas acusaciones y por responsabilizarle de otorgar las licencias al albergue cuando era cosa del Ayuntamiento de la Todolella, Joaquim Puig presentó una demanda civil contra el grupo de la Revista Época y contra la redactora del reportaje, Eugenia Viñes, en defensa del derecho al honor y a la propia imagen. Solicitó 400.000 euros en indemnizaciones. Para este cometido contrató los servicios del abogado José Luis Vera, el mismo que ahora también ha sido objeto de una campaña de desprestigio que ha destapado Levante-EMV. Finalmente, el caso, en manos del juzgado de Vinaròs, está pendiente de recibir un informe de la EGM (Estudio General de Medios) sobre la tirada y la difusión de los medios. Precisamente el retraso en recibir dicha información ha llevado al juzgado a advertir al EGM de un posible delito de obstrucción a la justicia por no entregar los datos. La defensa da por hecha la condena a Época al solicitar el juzgado esta documentación.Cabe recordar al respecto que Ximo Puig ya hizo público entonces que la indemnización que pudiera corresponderle fuera destinada a las familias de las víctimas del desgraciado accidente y que él se conformaba con ver liberado su honor de tamaños infundios promovidos por estos dos medios.
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"Época" publicó un reportaje que tildaba el caso Fabra de "reguero de insidias" y ""vendetta" de un psicópata"
J.R., Castelló
En diciembre de 2003, estalló el caso Fabra con las denuncias presentadas por Vicente Vilar en los juzgados de Nules. Dos meses después, en febrero de 2004, el semanario ultraconservador Época publicaba un amplio reportaje que trataba de deslegitimar las acusaciones y exculpar a Carlos Fabra. A finales de 2004, la diputación aprobó el pago de dos facturas a la revista que sumaban más de 38.000 euros. El reportaje calificaba de "reguero de insidias" los hechos denunciados por Vilar y aseguraba que respondían a la "vendetta de un psicópata", en alusión al empresario de Artana. Firmaba el texto Xavier Horcajo, quien ejerció de subdirector de Época. Ahora trabaja de director de Intereconomía TV y fue quien envió a reporteros al pleno de la diputación del pasado mes de septiembre para impedir a la periodista de Caiga quien Caiga, Estíbaliz Gabilondo, que preguntara a Carlos Fabra. Desde el diario digital lanacion.es (adscrito al grupo) Horcajo cargó contra la Sexta por "burlarse de un señor (Carlos Fabra) que tiene una minusvalía en un ojo".
Conexión con el PSOEEn el reportaje en cuestión, Xavier Horcajo afirmaba que Vicente Vilar vendía productos fitosanitarios ilegales y los cobraba en negro antes de conocer a Fabra. Incluso recogía declaraciones del presidente de la diputación y del ex ministro de Agricultura Miguel Arias Cañete. La información señala que el caso Fabra ha sido una operación "concertada" por Vilar y el ex diputado del PSOE por la provincia de Castelló Mario Edo.
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Vera ve la mano de Fabra en el montaje de Intereconomía para desacreditarle
J. Antequera, Castelló
José Luis Vera, abogado de la acusación popular del caso Fabra por la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana, apuntó ayer la hipótesis de que el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, esté detrás de la trampa que unos supuestos reporteros de Intereconomía han intentado tenderle haciéndose pasar por empresarios. Además, el letrado y ex magistrado de la Audiencia de Valencia, aseguró que en las últimas horas él y su familia han vuelto a ser hostigados por teléfono.
"La relación fácil es que desde que hablamos de Fabra en el programa "Caiga Quien Caiga", él o alguien de su entorno están preocupados ante la posibilidad de que el caso esté entrando en su recta final y de que se estreche el cerco judicial". Vera aseguró que no tiene nada contra el PP, aunque se siente "atacado por Fabra y otras personas de su partido". "El problema es que Fabra tiene tanto poder dentro del PP que no pueden dejarlo caer por el ruido que puede hacer cuando caiga", añadió.
Cuando el abogado de la UCE se percató de que los dos falsos reporteros querían plantearle una emboscada, se dirigió a ellos para decirles: "Le estáis haciendo un buen trabajo a Carlos Fabra y al PP".
Las presiones que el letrado ha sufrido en los últimos días no se han limitado sólo a la trampa que le tendieron en el Hotel Valencia Palace, sino que han ido más allá: "Un tipo nos llamó a casa hace unos días haciéndose pasar por empleado de Telefónica y nos amenazó con cortarnos la línea. Otro se hizo pasar por médico de un centro de salud de Bunyol y me pidió datos sobre un supuesto expediente médico de mi mujer, cuando mi mujer nunca ha estado en ese centro sanitario", explicó el abogado de la acusación del caso Fabra. Además, ayer mismo un supuesto empleado del Ayuntamiento de Bunyol se presentó en casa de su suegra para recriminarle que esté llevando a cabo unas obras sin licencia, algo que niega el abogado de la UCE. También ayer, dos hombres a los que Vera identificó en un primer momento como los mismos supuestos reporteros de Intereconomía que intentaron proteger a Carlos Fabra de las preguntas de una reportera de Caiga Quien Caiga, se apostaron frente a su casa y le siguieron después con una cámara de video. "Les he dado unos golpecitos con el periódico en la cámara y les he dicho: Vosotros no sois periodistas, sois delincuentes, que es otra cosa muy distinta".
Los dos supuestos periodistas de la cadena privada persiguieron a Vera y estuvieron tomando imágenes suyas hasta que el abogado se refugió en una cafetería. En un primer momento el representante legal de la UCE aseguró que ampliaría la denuncia contra la cadena de televisión para introducir estos nuevos hechos. Sin embargo, a última hora de la tarde de ayer descartó esta posibilidad y anunció la presentación de un escrito de amparo ante el Colegio de Abogados de Valencia. "Y voy a trabajar para desenmascarar la trama que hay detrás de todo esto".
Miedo y acoso
Vera aseguró a Levante de Castelló que durante todos estos días ha sentido miedo al verse acosado por personas cercanas a la cadena de televisión Intereconomía. "Como argumento de una película de Perry Mason no está mal, pero en realidad es patético todo lo que han montado", dijo.
Lamentó que los reporteros de la cadena de televisión privada tomaran el nombre del jurista asesinado por ETA Francisco Tomás y Valiente para contactar con él. "Cuando me dicen que vienen de parte de un hijo de Tomás y Valiente me quedo perplejo, porque yo no conozco a ninguno de sus hijos, aunque entre su padre y yo nos teníamos un mutuo afecto", aseguró el abogado de la UCE.
El trabajo que Vera viene ejerciendo como acusación popular, en nombre de la UCE, en la causa abierta contra el presidente de la diputación, viene siendo activo e incesante desde el año 2003, cuando estalló el escándalo político.
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La guerra mediática se inició tras los programas de CQC del caso Fabra
J. A., Castelló
Vera, que ejerce la acusación popular en las diligencias abiertas en Nules, fue uno de los invitados a un programa especial sobre el caso Fabra de Caiga Quien Caiga (CQC), en la Sexta, donde hizo algunos comentarios sobre el proceso abierto contra el presidente de la Diputación de Castelló por delitos contra la Administración Pública y fraude fiscal. En aquella ocasión la periodista de CQC Estíbaliz Gabilondo le preguntó, entre otras cosas, sobre los delitos en los que figura como imputado el líder provincial del PP castellonense, a lo que Vera contestó haciendo una exhaustiva enumeración que quedó impresa, en grandes rótulos, sobre la pantalla. Además, el abogado bromeó con la lentitud que arrastra la instrucción de la causa.En ese mismo programa intervino Miguel Angel Campos, periodista de Radio Castelló Cadena Ser, quien pocos días después, en medio de una rueda de prensa, sufrió un duro ataque personal de Carlos Fabra, que fue contestado con una nota oficial de enérgica repulsa por parte de las asociaciones de periodistas.
La pugna entre la Sexta e Intereconomía se inició cuando los hombres de las gafas de sol y el traje negro cubrieron un pleno en la diputación después de que Fabra llamara "hijo de puta" al portavoz socialista Francesc Colomer.
En aquel pleno de la corporación provincial supuestos redactores de Intereconomía reventaron el programa de CQC al interponerse entre su periodista, Estíbaliz Gabilondo, y el presidente de la diputación cuando ella trataba de acercarse al político del PP para formularle unas preguntas sobre las causas de Nules.
Desde ese momento la Sexta dedicó amplios espacios al caso Fabra, entre ellos varios de El Intermedio, que dirige El Gran Wyoming, y Sé lo que hicisteis. El caso Fabra estalló a finales del año 2003, cuando un empresario, Vicente Vilar, acusó de cohecho a Fabra y a otros seis ex altos cargos del PP.
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Una radio de Intereconomía como regalo navideño
J.R., Castelló
En las navidades de 2003, el presidente de la diputación, Carlos Fabra, agasajó a los miembros de la corporación provincial con una radio digital. El artilugio en cuestión iba empaquetado en una funda con el logotipo del grupo Intereconomía.Con el mismo detalle fueron obsequiados los periodistas que cubren habitualmente la información de la diputación en la tradicional cena de Navidad. El regalo en cuestión fue objeto de comentario irónico porque esa misma noche la Ser se hacía eco de la denuncia del industrial de Artana Vicente Vilar, quien acusó a Carlos Fabra de haber cobrado cantidades millonarias por unas supuestas gestiones encaminadas a agilizar la concesión de licencias de productos fitosanitarios. Fue el detonante del caso Fabra.Uno de los diputados que por aquel entonces estaba en la oposición recuerda que "nos llamó mucho la atención cuando vimos el expediente porque la compra de las radios no era a una de las empresas habituales sino a Intereconomía". La diputación optó por adquirir a Intereconomía los receptores, pese a que se trata de un grupo de medios de comunicación y no una empresa de venta de electrodomésticos o de aparatos de audio.
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Se hicieron pasar por empresarios para sobornarle y ahora se enfrentan a una denuncia por chantaje, obstrucción a la justicia y amenazas
La policía detiene a dos periodistas de Intereconomía por tender una trampa al abogado que acusa a Fabra
ELPLURAL.COM
El último tiro de Intereconomía le ha salido por la culata. El grupo de comunicación ultraconservador, muy vinculado al PP, envió a dos falsos empresarios –trabajadores suyos- a sobornar al abogado que lleva la acusación contra Carlos Fabra, presidente popular de la Diputación de Castellón imputado por nueve delitos contra la Administración y Hacienda públicas. Los enviados se citaron con el letrado José Luis Vera, y acudieron al encuentro cargados con una grabadora camuflada y un regalo para seducirle. Pero el intento de la cadena de desprestigiar al abogado acabó con la detención de los farsantes y la consiguiente denuncia en su contra. Vera se había olido la trampa y, además de rechazar el anillo con que le obsequiaban, llamó a la policía, que detuvo a los hombres de Intereconomía.
Periodistas de Intereconomía, de guardaespaldas de Fabra
Intereconomía sigue haciendo propaganda a favor de la guerra de Irak
Intereconomía bautiza a Bernat Soria como “Doctor Muerte"
La cuenta personal de Fabra refleja ingresos astronómicos de origen desconocido o injustificado
El PP vuelve a silenciar las acusaciones contra Fabra
El intento de Interecomonía de echar una mano a Fabra ha acabado en una denuncia contra los dos enviados de la cadena. Según informa El País, ayer la policía desmontó una trampa para desacreditar al abogado José Luis Vera, que representa la acusación popular en la causa contra el presidente de la Diputación castellonense. Intereconomía habría enviado a dos farsantes haciéndose pasar por empresarios para sobornar al letrado y grabar la operación. Una encerrona con un único cometido: desprestigiar al abogado Vera.
Vera sospecha…
De este modo, los emisarios del grupo vinculado al PP se hicieron pasar por directivos de una empresa y se citaron con el abogado muy temprano en un hotel. Lo que no sabían cuando se dirigían al lugar de encuentro es que no eran los únicos jugadores de la partida. Vera había sospechado de ellos cuando se dirigieron a él invocando referencias improbables para dos empresarios –entre estos, un redactor de El País decidió buscar la entidad de la que decían venir los improvisados clientes que le solicitaban asesoría financiera. Facsoil Group, la supuesta empresa, no existía ni en el Registro Mercantil ni en ninguna dirección. …
Pero sigue el juego
Lejos de declinar la invitación, Vera alertó a la policía y acudió a la cita. Durante el transcurso de esta, uno de los falsos empresario que se había identificado como Alberto Sánchez Poveda le dibujó un negocio para exportar máquinas a Argelia e Italia a través del puerto de Valencia. Sin venir a cuento, el farsante se definió como socialista, manifestando su temor a que el Ejecutivo valenciano popular –por el que dijo sentir “asco”- le torpedeara. Poco después, preguntó al letrado si tenía contactos en la Aduana.
El “detalle”
Como éste negó poseer tales relaciones, el de Intereconomía echó toda la carne al asador y sacó un obsequio, supuestamente para la mujer de Vera –a la sazón, la ex diputada socialista María Antonia Armengol-. “Un detalle para su esposa”, indicó, enseñando un anillo de oro y diamantes. El abogado, por su parte, rechazó el regalo un par de veces, ante la insistencia de un benefactor que decía querer compensarle por atenderle tan prontamente. Cuando aquel se jactó de que le consideraba un socio, el abogado llamó a la policía.
Grabadora y carnés de Intereconomía
Los empresarios no llevaban DNI: tan sólo una grabadora camuflada en una agenda y carnés de Intereconomía. La trampa acabó con una denuncia de Vera, que les acusa de chantaje, obstrucción a la justicia, amenazas y revelación de secretos. El currículum del grupoNo es la primera vez que Intereconomía se cubre de gloria. El último episodio también tuvo lugar en Castellón, cuando dos periodistas ejercieron de improvisados escoltas de Fabra torpedeando un reportaje de Caiga Quien Caiga. No menos polémicos fueron la propaganda del grupo en favor de la guerra de Irak o las alusiones despectivas al ministro de Sanidad, Bernat Soria, que fue bautizado como "Doctor Muerte".
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Recordem que Prisa no té cap llicència a la CV i que "Levante" va començar el dia 3 les emissions pel canal 23 de TDT.
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Fabra
Uno de los nuestros: Falsos empresarios intentan t...
Uno de los nuestros: De Rosa admite "cierta demora...
Uno de los nuestros: El PP blinda a sus presuntos ...
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Fabra subvenciona la emisora que acosa al abogado de la acusación
La diputación tiene suscripciones y contrata publirreportajes con revistas del grupo ultraconservador.
Jordi Ruiz, Castelló
El grupo Intereconomía ha lanzado una ofensiva contra todo aquél que cuestione al presidente de la diputación, Carlos Fabra, imputado por varios posibles delitos. El último episodio ha sido el intento fallido de dos reporteros que, haciéndose pasar por empresarios, trataron de tender una trampa al abogado de la acusación del caso Fabra, invitándole participar en un negocio millonario y ofreciéndole un anillo de diamantes, como informó ayer Levante de Castelló. Este grupo de comunicación, vinculado al sector más conservador del PP, ha recibido en los últimos años decenas de miles de euros de las arcas de la diputación de Castelló en concepto de suscripciones a sus publicaciones y publirreportajes.
Los diputados provinciales reciben periódica e individualmente la revista Trámite parlamentario y municipal -una de las cuatro publicaciones de Intereconomía-, que sale a la venta cada mes con un precio de nueve euros. Época ha sido otra de las cabeceras habituales en los despachos de la diputación, que también hace llegar a los ayuntamientos. El semanario, dirigido desde hace unos meses por el periodista Carlos Dávila, afín al PP, se dirige a un público "de derechas", según se explica en la web del grupo de comunicación.
Los pagos a Intereconomía se llevan produciendo desde hace varios años e incluso han sido objeto de reparos por parte de los servicios técnicos de Intervención por el modo en que se contrataron las suscripciones. Así ocurrió a finales de 2004, cuando el PP acordó abonar la suscripción con Época por 3.749 euros, además de otra factura por 34.800 euros por la publicación en la misma revista de un publirreportaje sobre los atractivos turísticos de la provincia. A cambio de la inyección de dinero público, Carlos Fabra ha encontrado un aliado en los medios vinculados al grupo Intereconomía. El semanario Época salió en auxilio del líder provincial cuando estalló el caso Fabra. Últimamente ha encontrado el apoyo de Intereconomía TV. El pasado mes de septiembre, el canal digital envió a Castelló a pseudoperiodistas ataviados con gafas de sol y gorras para impedir que la reportera del programa de la Sexta Caiga quien Caiga preguntara a Fabra al finalizar el pleno de la diputación. La última entrega ha sido la trampa de dos reporteros de Intereconomía disfrazados de empresarios contra el abogado de la Unión de Consumidores, José Luis Vera.
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La Generalitat adjudicó cuatro licencias de TDT al grupo presidido por un ex diputado del PP
Víctor Romero, ValenciaEl grupo de comunicación Intereconomía recibió en el año 2005 cuatro licencias de Televisión Digital Terrestre de parte de la Generalitat valenciana. A través de su filial Homo Virtualis el Consell de Francisco Camps concedió al grupo de tendencia ultraconservadora la autorización para poner en marcha emisiones de TDT en las demarcaciones de Alcoi, Elda, Orihuela-Torrevieja y Sagunt. La empresa de comunicación que preside Julio Ariza obtuvo las licencias pese a no contar con presencia previa en el universo de la televisión local en la Comunitat Valenciana. Tres años después de resolverse el concurso, Intereconomía mantiene inactivas las autorizaciones y no ha iniciado el proceso para poner en marcha sus televisiones locales. Sin embargo su canal nacional sí puede sintonizarse en las comarcas valencianas. En febrero de 2008, el grupo de Julio Ariza suscribió un acuerdo de producción para emitir a través de Net TV la televisión digital terrestre que controla el grupo Vocento. ese mismo mes, se conoció un acuerdo por el que se redistribuía la composición accionarial de la Sociedad Gestora de Televisión Net TV. Vocento mantiene el 55% del capital de este operador, mientras que Walt Disney ha accedido al accionariado con el 25% con suministrador de contenidos. Otra filial de Intereconomía Homo Videns es propietaria del 25% del la sociedad y emite por el multiplex de Vocento para el conjunto del territorio español.
Intereconomía también adquirió en 2001 la empresa propietaria de una frecuencia en Sueca Radio Ribera Baixa. Esta sociedad recibió algunos años atrás una licencia con potencia local condicionada a emitir una parrilla que incluyese porcentajes de programación local y en valenciano. Aunque Radio Ribera Baixa, que ocupa la frecuencia 105.5, mantiene instalaciones y una antena en Sueca, su personal y equipos se trasladaron a Valencia. La 105.5 es la frecuencia que Radio Intereconomía emplea para sus emisiones nacionales en cadena en la provincia de Valencia. No ha respetado las condiciones iniciales de programación local y fomento de la lengua autóctona que venían marcadas en la concesión inicial de la licencia. E l registro mercantil recoge como apoderado de Radio Ribera Baixa a José Manuel Díaz Quintanilla, consejero delegado del grupo Intereconomía.
También en el caso de las licencia de TDT concedidas por la Generalitat el pliego de condiciones obliga a emitir un 25% de la programación en valenciano y destinar un 20% a producciones audiovisuales autóctonas.
También en Madrid
El Grupo Intereconomía también se hizo con una licencia de televisión digital terrestre en el reparto de adjudicaciones de la Comunidad de Madrid que preside Esperanza Aguirre. En este caso, no fue de los mas beneficiados, pues la COPE, Libertad Digital o Planeta se llevaron la mayor parte de concesiones locales junto a un nuevo grupo mediático Televisión Digital Madrid, fundada con posterioridad a la convocatoria del concurso por empresarios cercanos al Partido Popular, entre los que destaca Enrique Cerezo.
El presidente de Intereconomía, Julio Ariza, fue diputado con el Partido Popular durante casi una década por Barcelona y hombre de confianza de Alejo Vidal-Quadras. Su grupo edita también dos publicaciones de carácter ultraconservador y ultracatólico, la revista Época y el semanario Alba. Ariza mantiene buenas relaciones con autoridades del Vaticano y es amigo del cardenal y presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco-Varela.
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La consellera de Justicia compara el caso Fabra con el del "Prestige"
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"Época" también cargó contra Ximo Puig
Levante-EMV
La estrategia que ha emprendido el grupo Intereconomía contra los que se consideran enemigos de Carlos Fabra no es nueva. Tiempo atrás, en febrero de 2005, y en este caso a través de la revista semanal Época, se inició una feroz campaña contra el alcalde de Morella, Joaquim Puig, que por aquel entonces ocupaba el cargo de vicepresidente de las Corts Valencianes y que antes, siendo portavoz del PSPV-PSOE en la Diputación de Castelló, había sido un auténtico azote para la gestión de su presidente.
La campaña llegó hasta el extremo poco menos de responsabilizar a Puig de la tragedia de la Todolella, en la que murieron 18 personas por inhalación de gas, y que según dicha publicación fue por una negligencia del ayuntamiento de Morella en la concesión de las licencias para la celebración de la fiesta que acabó con tan dramático balance. La revista afirmó de forma errónea que la Todolella pertenecía al término de Morella, cuando es un municipio con personalidad jurídica propia. Su ayuntamiento estaba gobernado entonces por el Partido Popular y de él dependían las licencias concedidas al albergue.La autora del reportaje, Eugenia Viñes, obvió estos datos y aprovechó la tragedia para cargar contra el alcalde de Morella. "La Ley del silencio, epitafio de los muertos en Todolella". Así tituló su trabajo. Señaló que de "su consistorio partió el permiso para la fiesta en el albergue sin licencia", y presentó a Ximo Puig como una especie de cacique de la comarca. El canal Intereconomía también se hizo eco de aquellas acusaciones y las multiplicó en sus micrófonos. La misma periodista participó en un programa de este medio y fue más lejos en sus palabras contra el dirigente socialista: "El alcalde de la localidad de Morella decidió abrir el albergue para su amigo el del cumpleaños". El locutor del programa de Intereconomía, Antonio Jiménez, remarcó que esta zona castellonense era "como el País Vasco".
Por estas acusaciones y por responsabilizarle de otorgar las licencias al albergue cuando era cosa del Ayuntamiento de la Todolella, Joaquim Puig presentó una demanda civil contra el grupo de la Revista Época y contra la redactora del reportaje, Eugenia Viñes, en defensa del derecho al honor y a la propia imagen. Solicitó 400.000 euros en indemnizaciones. Para este cometido contrató los servicios del abogado José Luis Vera, el mismo que ahora también ha sido objeto de una campaña de desprestigio que ha destapado Levante-EMV. Finalmente, el caso, en manos del juzgado de Vinaròs, está pendiente de recibir un informe de la EGM (Estudio General de Medios) sobre la tirada y la difusión de los medios. Precisamente el retraso en recibir dicha información ha llevado al juzgado a advertir al EGM de un posible delito de obstrucción a la justicia por no entregar los datos. La defensa da por hecha la condena a Época al solicitar el juzgado esta documentación.Cabe recordar al respecto que Ximo Puig ya hizo público entonces que la indemnización que pudiera corresponderle fuera destinada a las familias de las víctimas del desgraciado accidente y que él se conformaba con ver liberado su honor de tamaños infundios promovidos por estos dos medios.
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"Época" publicó un reportaje que tildaba el caso Fabra de "reguero de insidias" y ""vendetta" de un psicópata"
J.R., Castelló
En diciembre de 2003, estalló el caso Fabra con las denuncias presentadas por Vicente Vilar en los juzgados de Nules. Dos meses después, en febrero de 2004, el semanario ultraconservador Época publicaba un amplio reportaje que trataba de deslegitimar las acusaciones y exculpar a Carlos Fabra. A finales de 2004, la diputación aprobó el pago de dos facturas a la revista que sumaban más de 38.000 euros. El reportaje calificaba de "reguero de insidias" los hechos denunciados por Vilar y aseguraba que respondían a la "vendetta de un psicópata", en alusión al empresario de Artana. Firmaba el texto Xavier Horcajo, quien ejerció de subdirector de Época. Ahora trabaja de director de Intereconomía TV y fue quien envió a reporteros al pleno de la diputación del pasado mes de septiembre para impedir a la periodista de Caiga quien Caiga, Estíbaliz Gabilondo, que preguntara a Carlos Fabra. Desde el diario digital lanacion.es (adscrito al grupo) Horcajo cargó contra la Sexta por "burlarse de un señor (Carlos Fabra) que tiene una minusvalía en un ojo".
Conexión con el PSOEEn el reportaje en cuestión, Xavier Horcajo afirmaba que Vicente Vilar vendía productos fitosanitarios ilegales y los cobraba en negro antes de conocer a Fabra. Incluso recogía declaraciones del presidente de la diputación y del ex ministro de Agricultura Miguel Arias Cañete. La información señala que el caso Fabra ha sido una operación "concertada" por Vilar y el ex diputado del PSOE por la provincia de Castelló Mario Edo.
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Vera ve la mano de Fabra en el montaje de Intereconomía para desacreditarle
J. Antequera, Castelló
José Luis Vera, abogado de la acusación popular del caso Fabra por la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana, apuntó ayer la hipótesis de que el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, esté detrás de la trampa que unos supuestos reporteros de Intereconomía han intentado tenderle haciéndose pasar por empresarios. Además, el letrado y ex magistrado de la Audiencia de Valencia, aseguró que en las últimas horas él y su familia han vuelto a ser hostigados por teléfono.
"La relación fácil es que desde que hablamos de Fabra en el programa "Caiga Quien Caiga", él o alguien de su entorno están preocupados ante la posibilidad de que el caso esté entrando en su recta final y de que se estreche el cerco judicial". Vera aseguró que no tiene nada contra el PP, aunque se siente "atacado por Fabra y otras personas de su partido". "El problema es que Fabra tiene tanto poder dentro del PP que no pueden dejarlo caer por el ruido que puede hacer cuando caiga", añadió.
Cuando el abogado de la UCE se percató de que los dos falsos reporteros querían plantearle una emboscada, se dirigió a ellos para decirles: "Le estáis haciendo un buen trabajo a Carlos Fabra y al PP".
Las presiones que el letrado ha sufrido en los últimos días no se han limitado sólo a la trampa que le tendieron en el Hotel Valencia Palace, sino que han ido más allá: "Un tipo nos llamó a casa hace unos días haciéndose pasar por empleado de Telefónica y nos amenazó con cortarnos la línea. Otro se hizo pasar por médico de un centro de salud de Bunyol y me pidió datos sobre un supuesto expediente médico de mi mujer, cuando mi mujer nunca ha estado en ese centro sanitario", explicó el abogado de la acusación del caso Fabra. Además, ayer mismo un supuesto empleado del Ayuntamiento de Bunyol se presentó en casa de su suegra para recriminarle que esté llevando a cabo unas obras sin licencia, algo que niega el abogado de la UCE. También ayer, dos hombres a los que Vera identificó en un primer momento como los mismos supuestos reporteros de Intereconomía que intentaron proteger a Carlos Fabra de las preguntas de una reportera de Caiga Quien Caiga, se apostaron frente a su casa y le siguieron después con una cámara de video. "Les he dado unos golpecitos con el periódico en la cámara y les he dicho: Vosotros no sois periodistas, sois delincuentes, que es otra cosa muy distinta".
Los dos supuestos periodistas de la cadena privada persiguieron a Vera y estuvieron tomando imágenes suyas hasta que el abogado se refugió en una cafetería. En un primer momento el representante legal de la UCE aseguró que ampliaría la denuncia contra la cadena de televisión para introducir estos nuevos hechos. Sin embargo, a última hora de la tarde de ayer descartó esta posibilidad y anunció la presentación de un escrito de amparo ante el Colegio de Abogados de Valencia. "Y voy a trabajar para desenmascarar la trama que hay detrás de todo esto".
Miedo y acoso
Vera aseguró a Levante de Castelló que durante todos estos días ha sentido miedo al verse acosado por personas cercanas a la cadena de televisión Intereconomía. "Como argumento de una película de Perry Mason no está mal, pero en realidad es patético todo lo que han montado", dijo.
Lamentó que los reporteros de la cadena de televisión privada tomaran el nombre del jurista asesinado por ETA Francisco Tomás y Valiente para contactar con él. "Cuando me dicen que vienen de parte de un hijo de Tomás y Valiente me quedo perplejo, porque yo no conozco a ninguno de sus hijos, aunque entre su padre y yo nos teníamos un mutuo afecto", aseguró el abogado de la UCE.
El trabajo que Vera viene ejerciendo como acusación popular, en nombre de la UCE, en la causa abierta contra el presidente de la diputación, viene siendo activo e incesante desde el año 2003, cuando estalló el escándalo político.
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La guerra mediática se inició tras los programas de CQC del caso Fabra
J. A., Castelló
Vera, que ejerce la acusación popular en las diligencias abiertas en Nules, fue uno de los invitados a un programa especial sobre el caso Fabra de Caiga Quien Caiga (CQC), en la Sexta, donde hizo algunos comentarios sobre el proceso abierto contra el presidente de la Diputación de Castelló por delitos contra la Administración Pública y fraude fiscal. En aquella ocasión la periodista de CQC Estíbaliz Gabilondo le preguntó, entre otras cosas, sobre los delitos en los que figura como imputado el líder provincial del PP castellonense, a lo que Vera contestó haciendo una exhaustiva enumeración que quedó impresa, en grandes rótulos, sobre la pantalla. Además, el abogado bromeó con la lentitud que arrastra la instrucción de la causa.En ese mismo programa intervino Miguel Angel Campos, periodista de Radio Castelló Cadena Ser, quien pocos días después, en medio de una rueda de prensa, sufrió un duro ataque personal de Carlos Fabra, que fue contestado con una nota oficial de enérgica repulsa por parte de las asociaciones de periodistas.
La pugna entre la Sexta e Intereconomía se inició cuando los hombres de las gafas de sol y el traje negro cubrieron un pleno en la diputación después de que Fabra llamara "hijo de puta" al portavoz socialista Francesc Colomer.
En aquel pleno de la corporación provincial supuestos redactores de Intereconomía reventaron el programa de CQC al interponerse entre su periodista, Estíbaliz Gabilondo, y el presidente de la diputación cuando ella trataba de acercarse al político del PP para formularle unas preguntas sobre las causas de Nules.
Desde ese momento la Sexta dedicó amplios espacios al caso Fabra, entre ellos varios de El Intermedio, que dirige El Gran Wyoming, y Sé lo que hicisteis. El caso Fabra estalló a finales del año 2003, cuando un empresario, Vicente Vilar, acusó de cohecho a Fabra y a otros seis ex altos cargos del PP.
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Una radio de Intereconomía como regalo navideño
J.R., Castelló
En las navidades de 2003, el presidente de la diputación, Carlos Fabra, agasajó a los miembros de la corporación provincial con una radio digital. El artilugio en cuestión iba empaquetado en una funda con el logotipo del grupo Intereconomía.Con el mismo detalle fueron obsequiados los periodistas que cubren habitualmente la información de la diputación en la tradicional cena de Navidad. El regalo en cuestión fue objeto de comentario irónico porque esa misma noche la Ser se hacía eco de la denuncia del industrial de Artana Vicente Vilar, quien acusó a Carlos Fabra de haber cobrado cantidades millonarias por unas supuestas gestiones encaminadas a agilizar la concesión de licencias de productos fitosanitarios. Fue el detonante del caso Fabra.Uno de los diputados que por aquel entonces estaba en la oposición recuerda que "nos llamó mucho la atención cuando vimos el expediente porque la compra de las radios no era a una de las empresas habituales sino a Intereconomía". La diputación optó por adquirir a Intereconomía los receptores, pese a que se trata de un grupo de medios de comunicación y no una empresa de venta de electrodomésticos o de aparatos de audio.
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Se hicieron pasar por empresarios para sobornarle y ahora se enfrentan a una denuncia por chantaje, obstrucción a la justicia y amenazas
La policía detiene a dos periodistas de Intereconomía por tender una trampa al abogado que acusa a Fabra
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El último tiro de Intereconomía le ha salido por la culata. El grupo de comunicación ultraconservador, muy vinculado al PP, envió a dos falsos empresarios –trabajadores suyos- a sobornar al abogado que lleva la acusación contra Carlos Fabra, presidente popular de la Diputación de Castellón imputado por nueve delitos contra la Administración y Hacienda públicas. Los enviados se citaron con el letrado José Luis Vera, y acudieron al encuentro cargados con una grabadora camuflada y un regalo para seducirle. Pero el intento de la cadena de desprestigiar al abogado acabó con la detención de los farsantes y la consiguiente denuncia en su contra. Vera se había olido la trampa y, además de rechazar el anillo con que le obsequiaban, llamó a la policía, que detuvo a los hombres de Intereconomía.
Periodistas de Intereconomía, de guardaespaldas de Fabra
Intereconomía sigue haciendo propaganda a favor de la guerra de Irak
Intereconomía bautiza a Bernat Soria como “Doctor Muerte"
La cuenta personal de Fabra refleja ingresos astronómicos de origen desconocido o injustificado
El PP vuelve a silenciar las acusaciones contra Fabra
El intento de Interecomonía de echar una mano a Fabra ha acabado en una denuncia contra los dos enviados de la cadena. Según informa El País, ayer la policía desmontó una trampa para desacreditar al abogado José Luis Vera, que representa la acusación popular en la causa contra el presidente de la Diputación castellonense. Intereconomía habría enviado a dos farsantes haciéndose pasar por empresarios para sobornar al letrado y grabar la operación. Una encerrona con un único cometido: desprestigiar al abogado Vera.
Vera sospecha…
De este modo, los emisarios del grupo vinculado al PP se hicieron pasar por directivos de una empresa y se citaron con el abogado muy temprano en un hotel. Lo que no sabían cuando se dirigían al lugar de encuentro es que no eran los únicos jugadores de la partida. Vera había sospechado de ellos cuando se dirigieron a él invocando referencias improbables para dos empresarios –entre estos, un redactor de El País decidió buscar la entidad de la que decían venir los improvisados clientes que le solicitaban asesoría financiera. Facsoil Group, la supuesta empresa, no existía ni en el Registro Mercantil ni en ninguna dirección. …
Pero sigue el juego
Lejos de declinar la invitación, Vera alertó a la policía y acudió a la cita. Durante el transcurso de esta, uno de los falsos empresario que se había identificado como Alberto Sánchez Poveda le dibujó un negocio para exportar máquinas a Argelia e Italia a través del puerto de Valencia. Sin venir a cuento, el farsante se definió como socialista, manifestando su temor a que el Ejecutivo valenciano popular –por el que dijo sentir “asco”- le torpedeara. Poco después, preguntó al letrado si tenía contactos en la Aduana.
El “detalle”
Como éste negó poseer tales relaciones, el de Intereconomía echó toda la carne al asador y sacó un obsequio, supuestamente para la mujer de Vera –a la sazón, la ex diputada socialista María Antonia Armengol-. “Un detalle para su esposa”, indicó, enseñando un anillo de oro y diamantes. El abogado, por su parte, rechazó el regalo un par de veces, ante la insistencia de un benefactor que decía querer compensarle por atenderle tan prontamente. Cuando aquel se jactó de que le consideraba un socio, el abogado llamó a la policía.
Grabadora y carnés de Intereconomía
Los empresarios no llevaban DNI: tan sólo una grabadora camuflada en una agenda y carnés de Intereconomía. La trampa acabó con una denuncia de Vera, que les acusa de chantaje, obstrucción a la justicia, amenazas y revelación de secretos. El currículum del grupoNo es la primera vez que Intereconomía se cubre de gloria. El último episodio también tuvo lugar en Castellón, cuando dos periodistas ejercieron de improvisados escoltas de Fabra torpedeando un reportaje de Caiga Quien Caiga. No menos polémicos fueron la propaganda del grupo en favor de la guerra de Irak o las alusiones despectivas al ministro de Sanidad, Bernat Soria, que fue bautizado como "Doctor Muerte".
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