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El PSPV cifra en 6.400 los dependientes fallecidos sin recibir las ayudas solicitadas
Los socialistas detectan un retraso de 582 días de media desde la valoración hasta que los afectados reciben la resolución
Levante-EMV, Valencia
El PSPV estima que en la Comunitat Valenciana hasta marzo de este año unas 6.400 personas han fallecido sin recibir las ayudas contempladas en la Ley de Dependencia que habían solicitado.
Según señaló ayer a este diario el portavoz socialista de Políticas Sociales en las Corts, Antonio Torres, la aplicación de la ley que está llevando a cabo el Consell es "el mayor fracaso administrativo desde que existe la Generalitat".
Del mismo modo, explicó que han recogido información de diversos ayuntamientos de la Comunitat Valenciana que en su conjunto suman un total de 500.000 ciudadanos y que han detectado que las personas que han solicitado esta ayuda están esperando una media de 582 días desde que pidieron la valoración hasta la realización de la resolución. En este sentido, recordó que el PSPV ha solicitado que se contemple un procedimiento especial para pagar de manera retroactiva los gastos que hayan tenido familiares de personas dependientes que hayan fallecido esperando la ayuda, que no ha contado con el apoyo del grupo parlamentario popular en las Corts.
Esperan más de 20.000 personas
Cabe recordar que como publicó Levante-EMV recientemente más de veinte mil valencianos están a la espera de obtener las ayudas. Según Antonio Torres en la Comunitat hay 21.489 personas que están pendientes de cobrar las ayudas. Asegura que en todo el país se han autorizado 326.630, lo que significa que en la Comunitat tendrían que abonarse ya 36.600, si se tiene en cuenta que los ciudadanos de esta autonomía representan el 10,9% de la población española, y que sólo se han autorizado 15.111, agrega.
Asimismo, señala que teniendo en cuenta la población de la Comunitat y la media de solicitudes en España, los datos del Imserso (que facilita la Generalitat), que indican que en la Comunitat se han presentado 38.332 solicitudes, de las que se han resuelto 32.631, no son reales y que deberían haber más solicitudes registradas. Del mismo modo, en los dos años que lleva en marcha la normativa unos dos mil ciudadanos de la Comunitat han pedido el amparo al Síndic de Greuges y se han llevado a cabo miles de reclamaciones por parte de asociaciones para que se les conceda la ayuda. Los familiares de dependientes con esta prestación ya reconocida han denunciado también retrasos por parte de la Conselleria de Bienestar Social en abonar las mensualidades. Por su parte, la Plataforma en defensa de la Ley de la Dependencia de Aspe señalaron que al menos 10 vecinos de este municipio han fallecido mientras tramitaban las solicitudes de ayuda económica.
La representante local de esta Plataforma, María Cruz Gallego, denunció la actual situación de "boicot por parte de la Conselleria de Bienestar Social que está produciendo que unas 5.000 personas en toda la Comunidad Valenciana fallezcan sin percibir la prestación a la que tienen derecho. Ocho de ellas de Aspe". Gallego reclamó "una pizca de humanidad a los gestores políticos encargados de hacer efectiva esta ley, que en otras comunidades sí se está aplicando y en cambio en la nuestra no".
Nuevo reparto de fondos
Asimismo, este diario ya publicó que el nuevo reparto de fondos del Gobierno Central para la Ley de Dependencia ha otorgado para 2009 menos dinero a la Comunitat, 26,4 millones de euros de los 283 para todo el Estado, tras premiar a las comunidades autónomas que están atendiendo a más personas en situación de dependencia. La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez anunció el miércoles este nuevo criterio tras presidir por primera vez el Consejo Territorial de la Dependencia, integrado por los responsables autonómicos en asuntos sociales y representantes del ministerio. El denominado "nivel acordado" de financiación se distribuyen para todo el año, al margen de los que se proporcionan mensualmente en función de los casos tramitados en cada autonomía. Ahora este "nivel acordado" de financiación deja de distribuirse exclusivamente por el número de la población de cada territorio del Estado. Así, para el año 2009 el Ejecutivo Central repartirá un 20% de estos fondos en función de las personas evaluadas hasta el 1 de abril.
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El Consell debe 23 millones a entidades de discapacitados
EL PAÍS - Valencia - 20/04/2009
Lo denunciaron ayer los socialistas. El Consell "está reteniendo 23 millones de euros" que tiene comprometidos con diversas entidades asociaciones encargadas de la atención de personas con discapacidad, dijo el secretario de Bienestar Social y Sanidad del PSPV-PSOE, José Mayans. Esta deuda está obligando a estas entidades a asumir incluso préstamos para atender las necesidades de este colectivo.
El dirigente socialista exigió al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que ordene al conseller de Bienestar Social, Juan Cotino, a pagar el dinero que debe a estas asociaciones sin ánimo de lucro. Éstas no han recibido todavía ninguno de los ingresos correspondientes al año 2009, "lo que está provocando su asfixia económica y las está situando en serias dificultades", aseguró.
El socialista atribuyó este retraso a la "nefasta gestión que tiene arruinadas las arcas de un Consell situado de espaldas a los ciudadanos". Estas organizaciones están formadas en su mayor parte por familiares y amigos de los afectados y "realizan", según Mayans, "un enorme esfuerzo humano y económico para suplir en muchas ocasiones las carencias a las que tiene sometida el PP el área de Bienestar Social".
Mayans subrayó que este "intolerable olvido y dejadez de Camps a la sociedad que más requiere su ayuda" está provocando que algunas asociaciones se vean obligadas a solicitar préstamos en entidades financieras para poder pagar los gastos corrientes.
A estos problemas, explicó el secretario del área social del PSPV, hay que añadir los de índole laboral, ya que "los diferentes centros asistenciales son atendidos por profesionales que están teniendo problemas para percibir sus nóminas". Los socialistas este asunto a las Cortes.
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dilluns, 20 d’abril del 2009
dimarts, 20 de gener del 2009
Bienestar Social adeuda el mes de diciembre a 3.500 cuidadores de afectados de la ley de dependencia
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Bienestar Social adeuda el mes de diciembre a 3.500 cuidadores de afectados de la ley de dependencia
Un abogado pide ayuda para una familia con un padre ciego y un hijo dependiente
. G. del Burgo, ValenciaLa Conselleria de Bienestar Social adeuda la paga del mes de diciembre a los 3.489 cuidadores familiares y externos que se encargan de atender a las personas con dependencia, que ya tienen la ayuda aprobada, según han expresado a Levante-EMV varios afectados que han calificado la aplicación de la ley en la Comunitat Valenciana como un "fraude moral" y una "carrera de obstáculos".Son muchas las personas con dependientes a su cargo que viven en una situación muy precaria y para quienes esta prestación económica constituye un auténtico respiro, según informaron algunos allegados que han denunciado ya en otras ocasiones el retraso en el que incurre la Conselleria de Bienestar Social en el abono de estas prestaciones.Por otra parte, el abogado Rafael Venegas ha remitido una carta al conseller de Bienestar Social, Juan Cotino, en la que le informa de la acuciante necesidad de una familia que tiene un hijo de 8 años, con una parálisis cerebral desde su nacimiento, y 40 kilos de peso que requiere el cuidado constante de la madre y una de las hermanas, ya que para llevarle de la cama a la silla de ruedas necesita la ayuda de tres personas. El padre sufre una enfermedad progresiva que le ha dejado casi ciego y trabaja como vendedor de la ONCE.En la misiva remitida al responsable de Bienestar Social, el letrado destaca que cuando los padres le refirieron su dramática situación se ofreció a ayudarles y solicitó una cita con el secretario de la dependencia. Eso fue en septiembre de 2008 y todavía no ha podido recibirle."Hasta ahora solo he tenido acceso a su secretaria y a su asesor, a quienes he hecho partícipes de la urgencia del problema, dada la grave situación de los padres del menor", añade el letrado, quien destaca que lo único que recibe son buenas palabras, "pero que la ayuda sigue sin llegar".Rafael Venegas afirma que no comprende como la Ley de la Dependencia, "tarde tanto en cumplirse, cuando su aplicación debería ser prioritaria ya que afecta a necesidades básicas y perentorias de ciudadanos de nuestra Comunitat".Como el caso que expone este abogado, hay centeneras de personas en el territorio autonómico que esperan esta prestación desde hace meses, con impaciencia y una necesidad crucial.Trabajadores sociales despedidosPor otra parte, la Federación de Servicios Públicos de UGT-PV ha denunciado que miles de valencianos de cuatro municipios de la Comunitat se quedarán sin poder tramitar sus expedientes de la Ley de la Dependencia al haber despedido los respectivos consistorios a los trabajadores sociales encargados de tramitar la documentación y asignar, de acuerdo con la familia, las ayudas que más se adecúen a sus necesidades (PIA). Estos ayuntamientos han rescindido los contratos de al menos a cuatro empleados al haber alcanzado el máximo de 24 meses de contratación y estar obligados a suscribir uno indefinido."Esto supone un caos organizativo monumental, dificulta el seguimiento de los casos y de las prestaciones, supone perder a trabajadores ya formados conocedores de las situaciones personales y familiares y comportará más retrasos y trabas para aplicar la ley", afirma un portavoz de FSP-UGT, que critica el sistema de subvenciones anuales de la Generalitat, ya que no garantiza a los ayuntamientos la continuidad de su financiación lo que impide asumir el coste de estos empleados e incorporarlos a la plantilla.
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contratos de la generalitat
El BOE publica el contrato millonario de los helicópteros dos días antes de finalizar el plazo
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. G. del Burgo, ValenciaLa Conselleria de Bienestar Social adeuda la paga del mes de diciembre a los 3.489 cuidadores familiares y externos que se encargan de atender a las personas con dependencia, que ya tienen la ayuda aprobada, según han expresado a Levante-EMV varios afectados que han calificado la aplicación de la ley en la Comunitat Valenciana como un "fraude moral" y una "carrera de obstáculos".Son muchas las personas con dependientes a su cargo que viven en una situación muy precaria y para quienes esta prestación económica constituye un auténtico respiro, según informaron algunos allegados que han denunciado ya en otras ocasiones el retraso en el que incurre la Conselleria de Bienestar Social en el abono de estas prestaciones.Por otra parte, el abogado Rafael Venegas ha remitido una carta al conseller de Bienestar Social, Juan Cotino, en la que le informa de la acuciante necesidad de una familia que tiene un hijo de 8 años, con una parálisis cerebral desde su nacimiento, y 40 kilos de peso que requiere el cuidado constante de la madre y una de las hermanas, ya que para llevarle de la cama a la silla de ruedas necesita la ayuda de tres personas. El padre sufre una enfermedad progresiva que le ha dejado casi ciego y trabaja como vendedor de la ONCE.En la misiva remitida al responsable de Bienestar Social, el letrado destaca que cuando los padres le refirieron su dramática situación se ofreció a ayudarles y solicitó una cita con el secretario de la dependencia. Eso fue en septiembre de 2008 y todavía no ha podido recibirle."Hasta ahora solo he tenido acceso a su secretaria y a su asesor, a quienes he hecho partícipes de la urgencia del problema, dada la grave situación de los padres del menor", añade el letrado, quien destaca que lo único que recibe son buenas palabras, "pero que la ayuda sigue sin llegar".Rafael Venegas afirma que no comprende como la Ley de la Dependencia, "tarde tanto en cumplirse, cuando su aplicación debería ser prioritaria ya que afecta a necesidades básicas y perentorias de ciudadanos de nuestra Comunitat".Como el caso que expone este abogado, hay centeneras de personas en el territorio autonómico que esperan esta prestación desde hace meses, con impaciencia y una necesidad crucial.Trabajadores sociales despedidosPor otra parte, la Federación de Servicios Públicos de UGT-PV ha denunciado que miles de valencianos de cuatro municipios de la Comunitat se quedarán sin poder tramitar sus expedientes de la Ley de la Dependencia al haber despedido los respectivos consistorios a los trabajadores sociales encargados de tramitar la documentación y asignar, de acuerdo con la familia, las ayudas que más se adecúen a sus necesidades (PIA). Estos ayuntamientos han rescindido los contratos de al menos a cuatro empleados al haber alcanzado el máximo de 24 meses de contratación y estar obligados a suscribir uno indefinido."Esto supone un caos organizativo monumental, dificulta el seguimiento de los casos y de las prestaciones, supone perder a trabajadores ya formados conocedores de las situaciones personales y familiares y comportará más retrasos y trabas para aplicar la ley", afirma un portavoz de FSP-UGT, que critica el sistema de subvenciones anuales de la Generalitat, ya que no garantiza a los ayuntamientos la continuidad de su financiación lo que impide asumir el coste de estos empleados e incorporarlos a la plantilla.
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dilluns, 15 de desembre del 2008
Camps proposa una moratòria en la gamberrada d'EpC que ell havia promogut.
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Espero que el Consell no hagi aixecat la camisa a la Plataforma. D'en Camps i d'en Font no em crec ni l'hora que em diguin.
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Camps rectifica y permite impartir Ciudadanía en castellano o valenciano
El acuerdo propuesto a la Plataforma en defensa de l'ensenyament públic, convocante de la manifestación, contempla una moratoria para la orden de Ciudadanía que dejaría en manos del profesor elegir en qué lengua se imparte la materia.
EFE
La Conselleria de Educación ha propuesto a la Plataforma en Defensa per l'Ensenyament Públic negociar una moratoria a la orden autonómica que obliga a impartir en inglés la asignatura de Educación para la Ciudadanía que, en caso de llegarse a un acuerdo, se aplicaría a partir del próximo mes de enero.
Esta propuesta materializa, así, el anuncio realizado el pasado 18 de noviembre por el conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, de que iniciaría negociaciones con el sector educativo para estudiar la posibilidad de implantar una moratoria de esa orden.
La portavoz de la Plataforma en Defensa per l'Ensenyament Públic, Gemma Piqué, ha avanzado hoy en rueda de prensa algunos detalles de esa propuesta de negociación, que les ha llegado este pasado fin de semana a través de un correo electrónico firmado por la secretaria autonómica de Educación, Concha Gómez, en nombre del president de la Generalitat, Francisco Camps.
Según ha explicado, en esa circular se propone que sea el titular de la asignatura quien decida en qué lengua pueden impartirse los contenidos de Educación para la Ciudadanía (castellano, valenciano o inglés), y si necesita a otro profesor de apoyo.
Asimismo, se adjunta un calendario de negociaciones para cada uno de los trece puntos a tratar entre la Conselleria y los diferentes sectores implicados en la educación pública valenciana.
Piqué ha matizado que, pese a que este "primer paso" dado por la Generalitat para intentar llegar a un acuerdo que mejore la calidad del sistema educativo público les hace estar "contentos" y esperanzados ante un cambio de talante por parte de la Administración autonómica, la Plataforma sigue "en pie de guerra".
Mantiene así todas las movilizaciones previstas, incluida la huelga general convocada el próximo miércoles en todos los centros de la Comunitat.
En caso de llegarse a un acuerdo -que aplicaría esa moratoria para el curso 2008-2009-, esta convocatoria podría aplazarse a enero o febrero pero no suspenderse, pues a juicio de esta entidad los problemas que sufre la educación pública valenciana son lo suficientemente graves como para que las críticas de sus actores implicados (profesores, estudiantes, sindicatos y padres de alumnos) se trasladen en diferentes protestas ciudadanas contra el Consell.
La Plataforma analizará durante las próximas horas el contenido de esta circular y remitirá posteriormente su propuesta de acuerdo a la Conselleria, quien a su vez deberá contestarles en un sentido u otro, por lo que esta negociación "durará las horas que hagan falta", según Piqué, quien ha insistido en lamentar que éste haya sido "un trimestre perdido" para profesores y alumnos.
Asimismo, ha reiterado su esperanza en que los tribunales de Justicia dictaminen también que la Generalitat no puede obligar a impartir EpC en inglés cuando el propio plan de estudios de la Conselleria no contempla el suficiente nivel de esta lengua para el segundo curso de Secundaria.
"Al final del día veremos" si se ha llegado a un acuerdo sobre esa posible moratoria, ha añadido la portavoz de la Plataforma, quien también ha expresado su deseo de que la Conselleria no alargue su calendario de negociaciones más allá del próximo mes de febrero.
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Los servicios mínimos establecen un profesor por ciclo en infantil y primaria para este miércoles
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La Plataforma aplaza la huelga tras la "rectificación" del Consell
Educación estudiará la "evolución de los acontecimientos" para ver si amplía la moratoria y dice que ha habido "crisis de crecimiento"
EUROPA PRESS
La Plataforma en defensa de l'ensenyament públic decidió hoy desconvocar y aplazar la huelga en el sector de la enseñanza prevista para el próximo 17 de diciembre al considerar que la Generalitat valenciana ha "rectificado" su posición de "obligar" a los centros a impartir la asignatura de Educación para al Ciudadanía (EpC) en inglés.
El colectivo consideró que la nueva circular redactada por la Conselleria de Educación que permite al profesor titular de la asignatura aplicar una moratoria este curso a la impartición de la materia en lengua extranjera y darla en castellano o valenciano es un "triunfo de la comunidad educativa". De igual modo, celebró que el Consell haya accedido a fijar un calendario de negociación de los 13 puntos de su manifiesto reivindicativo para abordar los temas antes del 15 de febrero.
La decisión de la Plataforma llega a raíz de la entrega esta mañana por parte de la Conselleria de Educación de dos documentos --un calendario de compromisos de negociación y una propuesta de circular sobre la impartición de la asignatura EpC-- que han negociado durante todo el día miembros del colectivo y la secretaria autonómica de Educación, Concha Gómez, "en nombre del presidente de la Generalitat, Francisco Camps". De forma paralela, el conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, ha mantenido sendas reuniones con padres, alumnos y sindicatos para abordar la implantación de un modelo educativo plurilingüe.
La plataforma valoró que la circular propuesta "significa aceptar el fracaso del modelo propuesto por el Gobierno valenciano y cesar en las advertencias, amenazas e interferencias sobre la tarea del profesorado".
En este sentido, el portavoz de STEPV-Iv, Vicent Mauri, recalcó que la comunidad educativa "ha conseguido lo que quería, que era que la asignatura no se diera en inglés para boicotear su impartición", al tiempo que se ha logrado un compromiso de la Administración para negociar diversas mejorasen el sistema público antes del 15 de febrero. No obstante, advirtió de que "si el resultado de las futuras negociaciones no fuera positivo tendríamos que echar marcha atrás".
Por su parte, el secretario general de FETE UGT PV, Guillermo Martí, manifestó que "todas las concentraciones, caceroladas, encierros y manifestaciones han tenido su fruto y tenemos un calendario de negociación en el que veremos hasta dónde está dispuesta a llegar la Administración para desatascar los problemas enquistados dentro del sistema, desde los barracones hasta los 505 centros que están por construir".
En esta línea, el secretario general de FE CCOO PV, Miguel Ángel Vera, subrayó que el "cambio de actitud" de la Conselleria es "repuesta a la gran manifestación celebrada el pasado 29 de noviembre" y avisó de que los sindicatos y el resto de entidades que integran la Plataforma "haremos un seguimiento para ver qué pasa a partir del 15 de febrero".
"DESCOMPRIMIR" LA SITUACIÓN
Por su parte, el conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, explicó que la moratoria afecta a los centros que imparten la asignatura con doble profesorado --el titular de la materia, de Geografía e Historia o Filosofía y el de inglés-- y a aquellos que tienen problemas con el fin de "descomprimir" la situación. En este punto, recordó que hay centros públicos donde la materia se imparte sin problemas o con un solo docente con competencias en inglés y que la red concertada ha afirmado impartirla en ese idioma sin problemas.
El titular de Educación, que aclaró que la moratoria es "temporal" y que en su momento "ya veremos la evolución de los acontecimientos" para comprobar si es posible prolongarla más allá de este curso, consideró que se ha vivido una "crisis de crecimiento y de mejora" y se mostró convencido de que se ha producido "un revulsivo cuya consecuencia inmediata va a ser un esfuerzo de todo el sistema educativo valenciano por mejorar el conocimiento del inglés". "prefiero pensar que estas cosas suceden siempre para bien", aseveró.
Preguntado por si al Conselleria ha caído en "precipitación" a la hora de implantar el inglés en EpC, el conseller sostuvo que la potenciación de ese idioma está "directamente ligado al empleo, que en momentos como los que corren es muy importante" y a la Universidad, "por propia decisión del Gobierno de Madrid".
Asimismo, aseguró "haber percibido en todos los agentes educativos la sensación profunda de que ésta es una meta que nos tenemos que plantear como sociedad: ir hacia un modelo en que de una manera efectiva al finalizar la enseñanza obligatoria los alumnos, por las vías que procedan, entiendan y hablen perfectamente los dos idiomas cooficiales y el inglés, sin descartar otras lenguas". "Eso está en una línea de modernidad indudable y creo que en esto estamos todos de acuerdo", dijo.Sobre la desconvocatoria de la huelga, Font de Mora afirmó que "todo lo que sea caminar por caminos de normalidad me parece una decisión aceptable" y añadió que "todas las partes han dado una muestra de que son sensibles a la mejora del sistema educativo".
En su opinión, se puede enfocar este tema "desde un punto de vista positivo" ya que "hay un antes y un después tras estas cuestiones, y el después es una mayor atención al desarrollo de la lengua extranjera en la Comunitat", aseveró Font de Mora, quien recordó que tras el inglés, siguiendo el modelo europeo, se tendrá que incluir en el sistema una segunda lengua extranjera.
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Font de Mora se compromete ante los padres a invertir 7 millones para el plurilingüismo
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Educación renunciará al inglés obligatorio en Ciudadanía para evitar la huelga
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El acuerdo propuesto a la Plataforma en defensa de l'ensenyament públic, convocante de la manifestación, contempla una moratoria para la orden de Ciudadanía que dejaría en manos del profesor elegir en qué lengua se imparte la materia.
EFE
La Conselleria de Educación ha propuesto a la Plataforma en Defensa per l'Ensenyament Públic negociar una moratoria a la orden autonómica que obliga a impartir en inglés la asignatura de Educación para la Ciudadanía que, en caso de llegarse a un acuerdo, se aplicaría a partir del próximo mes de enero.
Esta propuesta materializa, así, el anuncio realizado el pasado 18 de noviembre por el conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, de que iniciaría negociaciones con el sector educativo para estudiar la posibilidad de implantar una moratoria de esa orden.
La portavoz de la Plataforma en Defensa per l'Ensenyament Públic, Gemma Piqué, ha avanzado hoy en rueda de prensa algunos detalles de esa propuesta de negociación, que les ha llegado este pasado fin de semana a través de un correo electrónico firmado por la secretaria autonómica de Educación, Concha Gómez, en nombre del president de la Generalitat, Francisco Camps.
Según ha explicado, en esa circular se propone que sea el titular de la asignatura quien decida en qué lengua pueden impartirse los contenidos de Educación para la Ciudadanía (castellano, valenciano o inglés), y si necesita a otro profesor de apoyo.
Asimismo, se adjunta un calendario de negociaciones para cada uno de los trece puntos a tratar entre la Conselleria y los diferentes sectores implicados en la educación pública valenciana.
Piqué ha matizado que, pese a que este "primer paso" dado por la Generalitat para intentar llegar a un acuerdo que mejore la calidad del sistema educativo público les hace estar "contentos" y esperanzados ante un cambio de talante por parte de la Administración autonómica, la Plataforma sigue "en pie de guerra".
Mantiene así todas las movilizaciones previstas, incluida la huelga general convocada el próximo miércoles en todos los centros de la Comunitat.
En caso de llegarse a un acuerdo -que aplicaría esa moratoria para el curso 2008-2009-, esta convocatoria podría aplazarse a enero o febrero pero no suspenderse, pues a juicio de esta entidad los problemas que sufre la educación pública valenciana son lo suficientemente graves como para que las críticas de sus actores implicados (profesores, estudiantes, sindicatos y padres de alumnos) se trasladen en diferentes protestas ciudadanas contra el Consell.
La Plataforma analizará durante las próximas horas el contenido de esta circular y remitirá posteriormente su propuesta de acuerdo a la Conselleria, quien a su vez deberá contestarles en un sentido u otro, por lo que esta negociación "durará las horas que hagan falta", según Piqué, quien ha insistido en lamentar que éste haya sido "un trimestre perdido" para profesores y alumnos.
Asimismo, ha reiterado su esperanza en que los tribunales de Justicia dictaminen también que la Generalitat no puede obligar a impartir EpC en inglés cuando el propio plan de estudios de la Conselleria no contempla el suficiente nivel de esta lengua para el segundo curso de Secundaria.
"Al final del día veremos" si se ha llegado a un acuerdo sobre esa posible moratoria, ha añadido la portavoz de la Plataforma, quien también ha expresado su deseo de que la Conselleria no alargue su calendario de negociaciones más allá del próximo mes de febrero.
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Los servicios mínimos establecen un profesor por ciclo en infantil y primaria para este miércoles
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La Plataforma aplaza la huelga tras la "rectificación" del Consell
Educación estudiará la "evolución de los acontecimientos" para ver si amplía la moratoria y dice que ha habido "crisis de crecimiento"
EUROPA PRESS
La Plataforma en defensa de l'ensenyament públic decidió hoy desconvocar y aplazar la huelga en el sector de la enseñanza prevista para el próximo 17 de diciembre al considerar que la Generalitat valenciana ha "rectificado" su posición de "obligar" a los centros a impartir la asignatura de Educación para al Ciudadanía (EpC) en inglés.
El colectivo consideró que la nueva circular redactada por la Conselleria de Educación que permite al profesor titular de la asignatura aplicar una moratoria este curso a la impartición de la materia en lengua extranjera y darla en castellano o valenciano es un "triunfo de la comunidad educativa". De igual modo, celebró que el Consell haya accedido a fijar un calendario de negociación de los 13 puntos de su manifiesto reivindicativo para abordar los temas antes del 15 de febrero.
La decisión de la Plataforma llega a raíz de la entrega esta mañana por parte de la Conselleria de Educación de dos documentos --un calendario de compromisos de negociación y una propuesta de circular sobre la impartición de la asignatura EpC-- que han negociado durante todo el día miembros del colectivo y la secretaria autonómica de Educación, Concha Gómez, "en nombre del presidente de la Generalitat, Francisco Camps". De forma paralela, el conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, ha mantenido sendas reuniones con padres, alumnos y sindicatos para abordar la implantación de un modelo educativo plurilingüe.
La plataforma valoró que la circular propuesta "significa aceptar el fracaso del modelo propuesto por el Gobierno valenciano y cesar en las advertencias, amenazas e interferencias sobre la tarea del profesorado".
En este sentido, el portavoz de STEPV-Iv, Vicent Mauri, recalcó que la comunidad educativa "ha conseguido lo que quería, que era que la asignatura no se diera en inglés para boicotear su impartición", al tiempo que se ha logrado un compromiso de la Administración para negociar diversas mejorasen el sistema público antes del 15 de febrero. No obstante, advirtió de que "si el resultado de las futuras negociaciones no fuera positivo tendríamos que echar marcha atrás".
Por su parte, el secretario general de FETE UGT PV, Guillermo Martí, manifestó que "todas las concentraciones, caceroladas, encierros y manifestaciones han tenido su fruto y tenemos un calendario de negociación en el que veremos hasta dónde está dispuesta a llegar la Administración para desatascar los problemas enquistados dentro del sistema, desde los barracones hasta los 505 centros que están por construir".
En esta línea, el secretario general de FE CCOO PV, Miguel Ángel Vera, subrayó que el "cambio de actitud" de la Conselleria es "repuesta a la gran manifestación celebrada el pasado 29 de noviembre" y avisó de que los sindicatos y el resto de entidades que integran la Plataforma "haremos un seguimiento para ver qué pasa a partir del 15 de febrero".
"DESCOMPRIMIR" LA SITUACIÓN
Por su parte, el conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, explicó que la moratoria afecta a los centros que imparten la asignatura con doble profesorado --el titular de la materia, de Geografía e Historia o Filosofía y el de inglés-- y a aquellos que tienen problemas con el fin de "descomprimir" la situación. En este punto, recordó que hay centros públicos donde la materia se imparte sin problemas o con un solo docente con competencias en inglés y que la red concertada ha afirmado impartirla en ese idioma sin problemas.
El titular de Educación, que aclaró que la moratoria es "temporal" y que en su momento "ya veremos la evolución de los acontecimientos" para comprobar si es posible prolongarla más allá de este curso, consideró que se ha vivido una "crisis de crecimiento y de mejora" y se mostró convencido de que se ha producido "un revulsivo cuya consecuencia inmediata va a ser un esfuerzo de todo el sistema educativo valenciano por mejorar el conocimiento del inglés". "prefiero pensar que estas cosas suceden siempre para bien", aseveró.
Preguntado por si al Conselleria ha caído en "precipitación" a la hora de implantar el inglés en EpC, el conseller sostuvo que la potenciación de ese idioma está "directamente ligado al empleo, que en momentos como los que corren es muy importante" y a la Universidad, "por propia decisión del Gobierno de Madrid".
Asimismo, aseguró "haber percibido en todos los agentes educativos la sensación profunda de que ésta es una meta que nos tenemos que plantear como sociedad: ir hacia un modelo en que de una manera efectiva al finalizar la enseñanza obligatoria los alumnos, por las vías que procedan, entiendan y hablen perfectamente los dos idiomas cooficiales y el inglés, sin descartar otras lenguas". "Eso está en una línea de modernidad indudable y creo que en esto estamos todos de acuerdo", dijo.Sobre la desconvocatoria de la huelga, Font de Mora afirmó que "todo lo que sea caminar por caminos de normalidad me parece una decisión aceptable" y añadió que "todas las partes han dado una muestra de que son sensibles a la mejora del sistema educativo".
En su opinión, se puede enfocar este tema "desde un punto de vista positivo" ya que "hay un antes y un después tras estas cuestiones, y el después es una mayor atención al desarrollo de la lengua extranjera en la Comunitat", aseveró Font de Mora, quien recordó que tras el inglés, siguiendo el modelo europeo, se tendrá que incluir en el sistema una segunda lengua extranjera.
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Font de Mora se compromete ante los padres a invertir 7 millones para el plurilingüismo
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Educación renunciará al inglés obligatorio en Ciudadanía para evitar la huelga
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dissabte, 6 de desembre del 2008
Camps desvia diners de Dependència a residències mentre continua amb les polítiques de grans esdeveniments i propaganda i mentida a C9.
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El Consell "entierra" 54 millones en Proyectos Temáticos y avala 60 para que TVV se endeude
El Ejecutivo inyecta otros 15 millones en la empresa que construye los colegios
J. G. G., Valencia
El chorro de millones que engullen los proyectos de ocio del Consell es un suma y sigue. El Gobierno valenciano autorizó ayer una operación acordeón en la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana, SA, empresa pública mediante la que la Generalitat participa en Terra Mítica o controla la Ciudad de la Luz, por la que se volatilizarán 54,4 millones de euros en la iniciativa de ocio. Según informó el vicepresidente primero, Vicente Rambla, tras el pleno del Consell, el Ejecutivo autorizó la ampliación de capital social de la SPTCV en 59.995.014,00 euros y su reducción simultánea en 54.410.508 euros. De este modo, se restablece el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad mediante la reducción del valor nominal de las acciones, que queda fijado en 2.302 euros.
La operación viene obligada para enjugar pérdidas de la mercantil y salir de la situación técnica de quiebra en la que encontraba por el desfase entre ingresos y gastos. Rambla explicó que esta medida es "consecuencia" de la decisión del Consell de la semana pasada de conceder avales a la SPTCV por 40 millones para que esta entidad se endeude con el fin de financiar sus actividades. "Se aprueba primero el aval que permite el crédito para la ampliación de capital y después tiene que haber un segundo acuerdo", dijo Rambla, por lo que, añadió, no supone una nueva inyección de capital. La afirmación implicaría que la SPTCV se endeuda para ampliar capital en una operación que acaba sirviendo para enjugar sus pérdidas. Otras fuentes del Consell matizaron que se trata de la ampliación de capital de todos los años suscrita por el Consell y al margen del aval. No en balde, la operación se practica ahora (casi un año después) con base al balance cerrado en fecha 31 de diciembre de 2007.
Un año en situación de disolución
Los 54,4 millones son lo que costó el año pasado Proyectos Temáticos al bolsillo de los valencianos. La firma ha estado todo este año en situación legal de disolución. Al mismo tiempo, el Consell autorizó ayer a Construcciones Educativas de la Generalitat, S.A. (Ciegsa), a suscribir el 100% de las nuevas acciones generadas como consecuencia de la ampliación de capital efectuada en esta sociedad, por un importe de 14.99.940 euros. Esta ampliación de su capital social en la empresa que construye los centros educativos se ha efectuado mediante la emisión de 4.990 nuevas acciones nominativas, de 3.006, quedando fijado el capital social de la sociedad en 300.110.022 euros, representado por 99.837 acciones nominativas de 3.006 euros de valor nominal cada una.
El Ejecutivo también autorizó la concesión de avales a RTVV por un 60 millones para financiar sus actividades, y de 9,6 al Circuito del Motor y Promoción Deportiva (ver página 55). Los 60 millones de RTVV forman parte de los 194 de deuda con que el ente podrá financiarse este año por última vez mediante endeudamiento, ya que el próximo ejercicio entrará en vigor el contrato-programa no podrá recurrir a créditos, destacó Rambla. Del total, aún le quedan 37.306.275 euros para endeudarse.
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Decenas de dependientes dejan de cobrar las prestaciones de la conselleria
Bienestar adeuda el mes de octubre y noviembre a la cuidadora de una anciana inválida
Rafel Montaner, Valencia"Después de que tardaron más de un año en concedernos una ayuda de la Ley de Dependencia, nunca creíamos que nos fuera a pasar esto", explica Josep Vázquez, a cuya suegra, una anciana de 85 años que con una minusvalía del 90% ha sido reconocida como gran dependiente, la Conselleria de Bienestar le adeuda los últimos dos meses de la prestación económica que le concedió para poder contratar a una cuidadora no profesional. "Encima que no hacen reconocimientos, si a los pocos que les pagan no lo hacen, apaga la luz y vámonos", lamenta Josep.
Este caso no sería el único ya que según el responsable de Servicios Sociales de la Federación de Servicios Públicos del sindicato UGT (FSP-UGT), Antoni Femenia, "decenas de personas con la prestación económica de Dependencia reconocida no han cobrado las ayudas de octubre y noviembre". Femenia explica que "varios ayuntamientos se han quejado a la conselleria de que ha habido un corte en el pago de las prestaciones, que se abonan a mes vencido y que hasta ahora se venían pagando la segunda semana". El portavoz sindical, que añade que esta situación "genera una alarma increíble", atribuye el impago "al desinterés y la ineficacia administrativa de la conselleria de Bienestar Social, que no ha creado una estructura para gestionar las ayudas".
Bienestar Social niega los impagosSin embargo, desde el departamento que dirige el conseller Juan Cotino, negaron que existan retrasos en el pago de las prestaciones. Según fuentes de Bienestar Social "no hay ningún problema en los pagos, las prestaciones siempre se abonan a primeros de mes". Estas mismas fuentes, que calificaron de "muy extraño" el caso denunciado por Vázquez, descartaron que esta situación, "si efectivamente existe, sea generalizada". Estas ayudas están financiadas a partes iguales por el Estado y la Generalitat.
La suegra de Josep lleva cinco años luchando contra la enfermedad, ya que tras sufrir un derrame cerebral quedó postrada en silla de ruedas y necesita oxígeno las 24 horas del día. La anciana, que además sufre demencia senil, vive con su marido, que tiene 75 años y no puede prestarle la atención que precisa, por lo que una cuidadora todo el día.
Un año de espera La familia solicitó las ayudas a la Dependencia el 6 de junio de 2007, pero la resolución no llegó hasta el 30 de mayo de 2008. En ella se reconocía a la mujer como gran dependiente -grado 3, nivel 2- y se le concedía una prestación de 525 euros para contratar a una cuidadora no profesional, a la que el Estado abona la Seguridad Social. Josep explica que decidieron no reclamar el pago retroactivo desde la fecha de la solicitud, "porque, después de cinco años de lucha, preferíamos cobrar y empezar a respirar al menos económicamente".
El respiro ha sido breve puesto que desde el 8 de octubre, día en el que les abonaron septiembre, ya no han visto ningún euro. "Vemos la luz, después de tanto bregar, y ahora que empezábamos a cobrar, nos cierran el grifo", lamenta. La familia ha abonado de su bolsillo los dos meses de sueldo que adeuda el Consell a la cuidadora. Femenia, finalmente, califica de "inmoral" e "indecente" que la Generalitat "además de boicotear la Ley de Dependencia, deje de pagar las pocas ayudas que ha otorgado".
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Cotino exige "una revisión" de la Ley de Dependencia y un pacto de Estado para financiarla
El "Eje de la Prosperidad", a la cola en resoluciones y solicitudes
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Más de trece mil dependientes con derecho a prestación continúan sin cobrar las ayudas
El retraso se debe a que la conselleria no les ha hecho el plan individual de atención
Rafel Montaner, Valencia
"Van a empezar a cobrar en breve".
Esta es la única frase que pudo arrancar este periódico ayer de la Conselleria de Bienestar Social respecto a la noticia publicada por Levante-EMV de que el departamento que preside el conseller Juan Cotino adeuda a decenas de dependientes las prestaciones de los meses de octubre y noviembre. El anuncio del inminente pago supone que, en 24 horas, Bienestar ha pasado de negar que exista "ningún problema" en los abonos de las ayudas a reconocer, al menos implícitamente, que existen demoras en los cobros.
De hecho, ayer mismo, una lectora de la edición digital de este diario anotaba el siguiente comentario: "Efectivamente después de poder conseguir la ayuda minina de 405.99 euros, para mi padre dependiente al 100%. Desde el 8 de octubre no ha cobrado la ayuda y que no diga la Conselleria de Bienestar Social, el Sr. Cotino o quien corresponda que no hay ningún atraso en el pago, porque es una mentira más de la Ley de Dependencia. Son unos impresentables, seguro que a ellos no les falta nada".
El portavoz de Políticas Sociales de la Federación de Servicios Públicos de la UGT (FSP-UGT), Antoni Femenia, añade que los retrasos en los pagos que niega la conselleria "son ciertos, hoy -por ayer- me han telefoneado técnicos de Servicios Sociales de otros cinco ayuntamientos valencianos para confirmarme que en sus municipios hay dependientes que llevan dos meses sin cobrar".
Ayudas sin especificar
El portavoz de Servicios Sociales del grupo socialista en les Corts, Antonio Torres, critico ayer que la conselleria "no se haya dotado de personal suficiente para gestionar los pagos de las ayudas a los dependiente". "Es grave que se retrasen en las prestaciones ya concedidas, pero es más grave todavía que a 13.331 dependientes con derecho a prestación no les paguen nada por que todavía no han especificado que ayuda deben recibir", denunció. Torres se refiere a los últimos datos ofrecidos por la Secretaría de Estado de Política Social sobre el Sistema de Atención a la Dependencia. Este informe detalla que, a 1 de diciembre, de los 25.437 dependientes con derecho a ayudas que ha reconocido la conselleria, 13.331 tienen la prestación sin especificar. Esto significa, según Torres, que el 52% de los beneficiarios de la ley "no reciben ninguna ayuda ni prestación económica porque la conselleria no les ha hecho el Programa Individual de Atención (PIA)".
Todos los trámites completados
El portavoz socialista añade que estas personas tienen todos los trámites completados -solicitud, valoración, dictamen- y lo único que les falta es el PIA para poder cobrar o recibir atención. "La mayoría llevan año y medio esperando desde que presentaron la solicitud", concluye. También acusa a Bienestar Social de haber registrado sólo 34.145 solicitudes de ayudas, "la mitad de las presentadas".
Conselleria no quiso responder ayer a las críticas del PSPV, mientras que la diputada autonómica de EU, Glòria Marcos, dijo que a Cotino "se le debería caer la cara de vergüenza por permitir que los dependientes dejen de cobrar las ayudas de la conselleria".
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"Y el Alzheimer acabando con mi madre y mi familia"
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modificaciones en vísperas de puente
La Generalitat cambia el presupuesto en 200 millones, 60 de ellos por ingresos de Madrid
Suprime la línea de 2 millones para el convenio con Ford. Dota un pago de 500.000 euros para los partidos y desvía 7 millones de Dependencia para pagar plazas en residencias
J. G. G.,
Valencia El Consell aprovechó ayer el puente festivo para hacer pública una veintena de modificaciones al presupuesto de este año -aprobadas entre julio y septiembre-, que mueven de sitio o incrementan en más de 200 millones las cuentas que salieron de las Corts hace un año. La información se difundió a través del «DOCV» en puertas del tramo final del debate presupuestario para 2009. Del montante total, unos 60 millones vienen obligadas por transferencias del Gobierno en favor de la Comunitat, lo que pone en evidencia el discurso victimista, según sostuvo ayer la portavoz adjunta del PSPV en la Cámara Cristina Moreno.
Como ejemplo, el Consell ha tenido que cambiar las cuentas para recibir 7,4 millones del Ministerio de Educación para gratuidad de libros de texto. Asimismo, el Ejecutivo ha procedido a incorporar el remanente de 2007 de actuaciones financiadas por el Gobierno que el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef) tiene en marcha. Del total, 29 millones vienen del INEM y otros 7,9, de la UE. En Sanidad, transferencias finalistas del ministerio nutren nada menos que 7,8 millones y hay otros 7,3 del Feder. La inyección en Agricultura es de 6,6 millones, más otros 5,3 del Feoga. Hasta en Inmigración aparece ahora un convenio del Gobierno por 22 millones, de los que se generan nuevos 657.000 euros. En Industria, fondos de Madrid engordan las arcas del Impiva con 6,7 millones. Una modificación se lleva la palma: La que sirve para reclamar al Instituto de la Mujer 9 euros más, 181.639 euros, en vez de 181.630.
En muchas de las modificaciones el Ejecutivo rebaña gastos, de hasta 6.000. Aunque sobresale la supresión de una línea: La que figura en el programa Gastos diversos, destinada al convenio con Ford. Dotada con 2 millones, ha sido un clásico en las cuentas. Integra un paquete de reducciones, por importe de 12 millones, que sirven para nutrir actuaciones como el aumento en 1,6 millones de los conciertos en educación infantil y primer ciclo o los 10,5 millones adicionales para financiar estancias en residencias de la tercera edad.
Este periódico se dirigió ayer al Consell para recabar una explicación sobre la supresión, pero finalmente no hubo respuesta. Junto a la de Ford, se suprime la línea de 3,8 millones para la Fundación para el Desarrollo y la Innovación, que debía apoyar las inversiones energéticas en I+D+i. Otros 600.000 euros para el parque industrial Juan Carlos I y zona Almussafes se caen.
«Alzira y Vallada»
Otra modificación de julio dota 500.000 euros como parte de la subvención para gastos de los partidos políticos (3,5 millones en 2008). Pero no se puede saber de dónde sale el dinero, ya que se engloba en un paquete de recortes de 5,5 millones (y nuevas actuaciones por la misma cuantía). Entre las supresiones, está la línea de apoyo a entidades privadas por el valenciano (120.000 euros). El Consell también cambia 7 millones de subvenciones derivadas de la ley de Dependencia y las traslada al capítulo 2, para financiar plazas en residencias también para personas dependientes. Para el PSPV, el problema es que éstas no generan nuevos beneficiarios. Cristina Moreno defendió ayer que las cuentas del Consell «se sustentan con el esfuerzo del Gobierno». Moreno criticó el «sectarismo» del Consell ya que una línea de financiación destinada a la Atención de Personas y Familias se acaba empleando para financiar solo las residencias de los Ayuntamientos de Alzira y Vallada, gobernados por el PP. El popular José Marí, por su parte, destacó que los cambios van destinados a la «prestación de servicios públicos como sanidad, educación y bienestar social».
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El Delegado del Gobierno asegura que el Consell pone obstáculos a la Ley de Dependencia
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La privatización de la lavandería del Arnau deja sin ropa de cama a 300 pacientes
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El Consell "entierra" 54 millones en Proyectos Temáticos y avala 60 para que TVV se endeude
El Ejecutivo inyecta otros 15 millones en la empresa que construye los colegios
J. G. G., Valencia
El chorro de millones que engullen los proyectos de ocio del Consell es un suma y sigue. El Gobierno valenciano autorizó ayer una operación acordeón en la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana, SA, empresa pública mediante la que la Generalitat participa en Terra Mítica o controla la Ciudad de la Luz, por la que se volatilizarán 54,4 millones de euros en la iniciativa de ocio. Según informó el vicepresidente primero, Vicente Rambla, tras el pleno del Consell, el Ejecutivo autorizó la ampliación de capital social de la SPTCV en 59.995.014,00 euros y su reducción simultánea en 54.410.508 euros. De este modo, se restablece el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad mediante la reducción del valor nominal de las acciones, que queda fijado en 2.302 euros.
La operación viene obligada para enjugar pérdidas de la mercantil y salir de la situación técnica de quiebra en la que encontraba por el desfase entre ingresos y gastos. Rambla explicó que esta medida es "consecuencia" de la decisión del Consell de la semana pasada de conceder avales a la SPTCV por 40 millones para que esta entidad se endeude con el fin de financiar sus actividades. "Se aprueba primero el aval que permite el crédito para la ampliación de capital y después tiene que haber un segundo acuerdo", dijo Rambla, por lo que, añadió, no supone una nueva inyección de capital. La afirmación implicaría que la SPTCV se endeuda para ampliar capital en una operación que acaba sirviendo para enjugar sus pérdidas. Otras fuentes del Consell matizaron que se trata de la ampliación de capital de todos los años suscrita por el Consell y al margen del aval. No en balde, la operación se practica ahora (casi un año después) con base al balance cerrado en fecha 31 de diciembre de 2007.
Un año en situación de disolución
Los 54,4 millones son lo que costó el año pasado Proyectos Temáticos al bolsillo de los valencianos. La firma ha estado todo este año en situación legal de disolución. Al mismo tiempo, el Consell autorizó ayer a Construcciones Educativas de la Generalitat, S.A. (Ciegsa), a suscribir el 100% de las nuevas acciones generadas como consecuencia de la ampliación de capital efectuada en esta sociedad, por un importe de 14.99.940 euros. Esta ampliación de su capital social en la empresa que construye los centros educativos se ha efectuado mediante la emisión de 4.990 nuevas acciones nominativas, de 3.006, quedando fijado el capital social de la sociedad en 300.110.022 euros, representado por 99.837 acciones nominativas de 3.006 euros de valor nominal cada una.
El Ejecutivo también autorizó la concesión de avales a RTVV por un 60 millones para financiar sus actividades, y de 9,6 al Circuito del Motor y Promoción Deportiva (ver página 55). Los 60 millones de RTVV forman parte de los 194 de deuda con que el ente podrá financiarse este año por última vez mediante endeudamiento, ya que el próximo ejercicio entrará en vigor el contrato-programa no podrá recurrir a créditos, destacó Rambla. Del total, aún le quedan 37.306.275 euros para endeudarse.
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Decenas de dependientes dejan de cobrar las prestaciones de la conselleria
Bienestar adeuda el mes de octubre y noviembre a la cuidadora de una anciana inválida
Rafel Montaner, Valencia"Después de que tardaron más de un año en concedernos una ayuda de la Ley de Dependencia, nunca creíamos que nos fuera a pasar esto", explica Josep Vázquez, a cuya suegra, una anciana de 85 años que con una minusvalía del 90% ha sido reconocida como gran dependiente, la Conselleria de Bienestar le adeuda los últimos dos meses de la prestación económica que le concedió para poder contratar a una cuidadora no profesional. "Encima que no hacen reconocimientos, si a los pocos que les pagan no lo hacen, apaga la luz y vámonos", lamenta Josep.
Este caso no sería el único ya que según el responsable de Servicios Sociales de la Federación de Servicios Públicos del sindicato UGT (FSP-UGT), Antoni Femenia, "decenas de personas con la prestación económica de Dependencia reconocida no han cobrado las ayudas de octubre y noviembre". Femenia explica que "varios ayuntamientos se han quejado a la conselleria de que ha habido un corte en el pago de las prestaciones, que se abonan a mes vencido y que hasta ahora se venían pagando la segunda semana". El portavoz sindical, que añade que esta situación "genera una alarma increíble", atribuye el impago "al desinterés y la ineficacia administrativa de la conselleria de Bienestar Social, que no ha creado una estructura para gestionar las ayudas".
Bienestar Social niega los impagosSin embargo, desde el departamento que dirige el conseller Juan Cotino, negaron que existan retrasos en el pago de las prestaciones. Según fuentes de Bienestar Social "no hay ningún problema en los pagos, las prestaciones siempre se abonan a primeros de mes". Estas mismas fuentes, que calificaron de "muy extraño" el caso denunciado por Vázquez, descartaron que esta situación, "si efectivamente existe, sea generalizada". Estas ayudas están financiadas a partes iguales por el Estado y la Generalitat.
La suegra de Josep lleva cinco años luchando contra la enfermedad, ya que tras sufrir un derrame cerebral quedó postrada en silla de ruedas y necesita oxígeno las 24 horas del día. La anciana, que además sufre demencia senil, vive con su marido, que tiene 75 años y no puede prestarle la atención que precisa, por lo que una cuidadora todo el día.
Un año de espera La familia solicitó las ayudas a la Dependencia el 6 de junio de 2007, pero la resolución no llegó hasta el 30 de mayo de 2008. En ella se reconocía a la mujer como gran dependiente -grado 3, nivel 2- y se le concedía una prestación de 525 euros para contratar a una cuidadora no profesional, a la que el Estado abona la Seguridad Social. Josep explica que decidieron no reclamar el pago retroactivo desde la fecha de la solicitud, "porque, después de cinco años de lucha, preferíamos cobrar y empezar a respirar al menos económicamente".
El respiro ha sido breve puesto que desde el 8 de octubre, día en el que les abonaron septiembre, ya no han visto ningún euro. "Vemos la luz, después de tanto bregar, y ahora que empezábamos a cobrar, nos cierran el grifo", lamenta. La familia ha abonado de su bolsillo los dos meses de sueldo que adeuda el Consell a la cuidadora. Femenia, finalmente, califica de "inmoral" e "indecente" que la Generalitat "además de boicotear la Ley de Dependencia, deje de pagar las pocas ayudas que ha otorgado".
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Cotino exige "una revisión" de la Ley de Dependencia y un pacto de Estado para financiarla
El "Eje de la Prosperidad", a la cola en resoluciones y solicitudes
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Más de trece mil dependientes con derecho a prestación continúan sin cobrar las ayudas
El retraso se debe a que la conselleria no les ha hecho el plan individual de atención
Rafel Montaner, Valencia
"Van a empezar a cobrar en breve".
Esta es la única frase que pudo arrancar este periódico ayer de la Conselleria de Bienestar Social respecto a la noticia publicada por Levante-EMV de que el departamento que preside el conseller Juan Cotino adeuda a decenas de dependientes las prestaciones de los meses de octubre y noviembre. El anuncio del inminente pago supone que, en 24 horas, Bienestar ha pasado de negar que exista "ningún problema" en los abonos de las ayudas a reconocer, al menos implícitamente, que existen demoras en los cobros.
De hecho, ayer mismo, una lectora de la edición digital de este diario anotaba el siguiente comentario: "Efectivamente después de poder conseguir la ayuda minina de 405.99 euros, para mi padre dependiente al 100%. Desde el 8 de octubre no ha cobrado la ayuda y que no diga la Conselleria de Bienestar Social, el Sr. Cotino o quien corresponda que no hay ningún atraso en el pago, porque es una mentira más de la Ley de Dependencia. Son unos impresentables, seguro que a ellos no les falta nada".
El portavoz de Políticas Sociales de la Federación de Servicios Públicos de la UGT (FSP-UGT), Antoni Femenia, añade que los retrasos en los pagos que niega la conselleria "son ciertos, hoy -por ayer- me han telefoneado técnicos de Servicios Sociales de otros cinco ayuntamientos valencianos para confirmarme que en sus municipios hay dependientes que llevan dos meses sin cobrar".
Ayudas sin especificar
El portavoz de Servicios Sociales del grupo socialista en les Corts, Antonio Torres, critico ayer que la conselleria "no se haya dotado de personal suficiente para gestionar los pagos de las ayudas a los dependiente". "Es grave que se retrasen en las prestaciones ya concedidas, pero es más grave todavía que a 13.331 dependientes con derecho a prestación no les paguen nada por que todavía no han especificado que ayuda deben recibir", denunció. Torres se refiere a los últimos datos ofrecidos por la Secretaría de Estado de Política Social sobre el Sistema de Atención a la Dependencia. Este informe detalla que, a 1 de diciembre, de los 25.437 dependientes con derecho a ayudas que ha reconocido la conselleria, 13.331 tienen la prestación sin especificar. Esto significa, según Torres, que el 52% de los beneficiarios de la ley "no reciben ninguna ayuda ni prestación económica porque la conselleria no les ha hecho el Programa Individual de Atención (PIA)".
Todos los trámites completados
El portavoz socialista añade que estas personas tienen todos los trámites completados -solicitud, valoración, dictamen- y lo único que les falta es el PIA para poder cobrar o recibir atención. "La mayoría llevan año y medio esperando desde que presentaron la solicitud", concluye. También acusa a Bienestar Social de haber registrado sólo 34.145 solicitudes de ayudas, "la mitad de las presentadas".
Conselleria no quiso responder ayer a las críticas del PSPV, mientras que la diputada autonómica de EU, Glòria Marcos, dijo que a Cotino "se le debería caer la cara de vergüenza por permitir que los dependientes dejen de cobrar las ayudas de la conselleria".
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"Y el Alzheimer acabando con mi madre y mi familia"
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modificaciones en vísperas de puente
La Generalitat cambia el presupuesto en 200 millones, 60 de ellos por ingresos de Madrid
Suprime la línea de 2 millones para el convenio con Ford. Dota un pago de 500.000 euros para los partidos y desvía 7 millones de Dependencia para pagar plazas en residencias
J. G. G.,
Valencia El Consell aprovechó ayer el puente festivo para hacer pública una veintena de modificaciones al presupuesto de este año -aprobadas entre julio y septiembre-, que mueven de sitio o incrementan en más de 200 millones las cuentas que salieron de las Corts hace un año. La información se difundió a través del «DOCV» en puertas del tramo final del debate presupuestario para 2009. Del montante total, unos 60 millones vienen obligadas por transferencias del Gobierno en favor de la Comunitat, lo que pone en evidencia el discurso victimista, según sostuvo ayer la portavoz adjunta del PSPV en la Cámara Cristina Moreno.
Como ejemplo, el Consell ha tenido que cambiar las cuentas para recibir 7,4 millones del Ministerio de Educación para gratuidad de libros de texto. Asimismo, el Ejecutivo ha procedido a incorporar el remanente de 2007 de actuaciones financiadas por el Gobierno que el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef) tiene en marcha. Del total, 29 millones vienen del INEM y otros 7,9, de la UE. En Sanidad, transferencias finalistas del ministerio nutren nada menos que 7,8 millones y hay otros 7,3 del Feder. La inyección en Agricultura es de 6,6 millones, más otros 5,3 del Feoga. Hasta en Inmigración aparece ahora un convenio del Gobierno por 22 millones, de los que se generan nuevos 657.000 euros. En Industria, fondos de Madrid engordan las arcas del Impiva con 6,7 millones. Una modificación se lleva la palma: La que sirve para reclamar al Instituto de la Mujer 9 euros más, 181.639 euros, en vez de 181.630.
En muchas de las modificaciones el Ejecutivo rebaña gastos, de hasta 6.000. Aunque sobresale la supresión de una línea: La que figura en el programa Gastos diversos, destinada al convenio con Ford. Dotada con 2 millones, ha sido un clásico en las cuentas. Integra un paquete de reducciones, por importe de 12 millones, que sirven para nutrir actuaciones como el aumento en 1,6 millones de los conciertos en educación infantil y primer ciclo o los 10,5 millones adicionales para financiar estancias en residencias de la tercera edad.
Este periódico se dirigió ayer al Consell para recabar una explicación sobre la supresión, pero finalmente no hubo respuesta. Junto a la de Ford, se suprime la línea de 3,8 millones para la Fundación para el Desarrollo y la Innovación, que debía apoyar las inversiones energéticas en I+D+i. Otros 600.000 euros para el parque industrial Juan Carlos I y zona Almussafes se caen.
«Alzira y Vallada»
Otra modificación de julio dota 500.000 euros como parte de la subvención para gastos de los partidos políticos (3,5 millones en 2008). Pero no se puede saber de dónde sale el dinero, ya que se engloba en un paquete de recortes de 5,5 millones (y nuevas actuaciones por la misma cuantía). Entre las supresiones, está la línea de apoyo a entidades privadas por el valenciano (120.000 euros). El Consell también cambia 7 millones de subvenciones derivadas de la ley de Dependencia y las traslada al capítulo 2, para financiar plazas en residencias también para personas dependientes. Para el PSPV, el problema es que éstas no generan nuevos beneficiarios. Cristina Moreno defendió ayer que las cuentas del Consell «se sustentan con el esfuerzo del Gobierno». Moreno criticó el «sectarismo» del Consell ya que una línea de financiación destinada a la Atención de Personas y Familias se acaba empleando para financiar solo las residencias de los Ayuntamientos de Alzira y Vallada, gobernados por el PP. El popular José Marí, por su parte, destacó que los cambios van destinados a la «prestación de servicios públicos como sanidad, educación y bienestar social».
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El Delegado del Gobierno asegura que el Consell pone obstáculos a la Ley de Dependencia
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La privatización de la lavandería del Arnau deja sin ropa de cama a 300 pacientes
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divendres, 14 de novembre del 2008
EpC. "Dar Ciudadanía en inglés es un disparate educativo"
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"Dar Ciudadanía en inglés es un disparate educativo"
NEUS CABALLER
Inspectores de toda España critican la política del Consell
Cerca de 400 inspectores de educación de toda España aprobaron un texto en el que se califica de "disparate educativo" y "arbitrariedad administrativa" la regulación que la Generalitat ha hecho de la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC). Los inspectores, que asistían al X Congreso de Adide-Federación en Zaragoza mostraron su preocupación por las contradictorias regulaciones e interpretaciones que se han hecho por determinadas administraciones de esta asignatura.
"Es una decisión arbitraria porque no tiene justificación objetiva"
Los inspectores creen que el empecinamiento de la Generalitat es una arbitrariedad "porque no tiene justificación objetiva la elección de esta materia [EpC] para introducir el inglés como lengua de instrucción, cuando no se garantiza la incorporación del inglés en el segundo ciclo de Educación Infantil, siendo obligatorio".
La Asociación de Inspectores de Educación (Adide) que representa al 90% de los funcionarios de toda España, consideró en su comunicado un "disparate educativo la fórmula organizativa y metodológica de dos profesores en el aula simultáneamente: uno que conoce la materia, pero desconoce la lengua de instrucción; y otro, que desconoce la materia, pero es necesario para darla en inglés". La resolución rechaza la "utilización de la inspección por parte de cualquier Administración para imponer al profesorado y a los centros fórmulas de impartir u obstaculizar la aplicación de la Ciudadanía, tan arbitrarias y disparatadas como las citadas".
La federación valenciana de Adide denunció en octubre la instrumentalización de los inspectores como "comisarios políticos", a través de unas "instrucciones" de la Consejería de Educación que ordenan interrogatorios y controles en las 2.120 aulas donde se ha estrenado esta conflictiva versión inglesa.
La resolución de Adide recuerda que el Informe Delors de 1996 incluía la necesidad de tratar desde el sistema educativo los temas éticos y los problemas de convivencia. El Consejo de Europa en 1997 consideró la EpC "un objetivo prioritario de la política educativa".
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Ciudadanía en inglés llega a la BBC
La cadena inglesa BBC ha visitado los IES Veles e Vents de Gandia y el Serra Perenxisa de Torrent para comprobar 'in situ' como se está impartiendo la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC), que en la Comunitat Valenciana se da en lengua inglesa.
EUROPA PRESS
Los reporteros se han entrevistado además con miembros de la comunidad educativa sobre el "conflicto generado por la Conselleria de Educación" por la impartición de esta materia en lengua extranjera, según informaron hoy fuentes del Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV-Iv).
Desde hace más de un mes la cadena está preparando un programa de radio sobre este tema que se emitirá el próximo 4 de diciembre. Para hacerlo se pusieron en contacto con STEPV-Iv y ayer martes, 11 de noviembre, un equipo se desplazó desde Londres hasta tierras valencianas, relataron las mismas fuentes.
Por la mañana asistieron a una clase de EpC a la IES Veles e Vents de Gandia (Valencia) y entrevistaron varios miembros del profesorado, dirección del centro, padres y madres y alumnado. Los periodistas de la BBC "pudieron comprobar las dificultades por poder impartir con normalidad esta asignatura en inglés y con dos profesores en el aula", aseguraron.
Ya por la tarde, asistieron al encierro realizado por el IES Serra Perenxisa de Torrent (Valencia) acompañados por representante de STEPV. En este instituto también registraron las opiniones de la comunidad educativa al respecto de EpC y de las movilizaciones y acciones de los centros educativos valencianos a la política educativa del Gobierno valenciano.
Los periodistas también pudieron grabar las actividades del encierro, como videoforum, un taller de pancartas, una cena de hermandad y un concierto del cantautor torrentino Pau Alabajos.
Para STEPV, el interés de la BBC "pone de manifiesto la internacionalización del conflicto, que nunca se tendría que haber producido", subrayaron.En este sentido, consideraron que "la imagen que se está transmitiendo de la enseñanza a la sociedad valenciana, al resto del Estado Español y en Europa es denigrante para los profesionales de la enseñanza que se ven obligados a cumplir normas absurdas y contrarias a su dignidad profesional".
REUNIÓN
Por otra parte, y sobre la reunión que la Plataforma en defensa de l'ensenyament públic mantendrá el próximo 17 de noviembre con la secretaria autonómica de Educación, Concha Gómez, STEPV avanzó que va a exigir que "se aborde la solución del conflicto con la retirada o suspensión del orden de la Conselleria de Educación de EpC".
"De lo contrario --advirtieron-- la reunión no supondrá ningún avance en la solución del conflicto" y el sindicato exigirá la convocatoria de una reunión con el presidente de al Generalitat, Francisco Camps. Asimismo, hace un llamamiento a la "participación masiva" en la manifestación del 29 de noviembre y en la huelga del día 17 de diciembre.
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Concha Gómez convoca a la Plataforma por la Enseñanza para el lunes
Inspectores educativos de toda España califican de disparate Ciudadanía en inglés
Desestimada la suspensión cautelar de la orden de impartir Ciudadanía en inglés
El Ministerio niega que Ciudadanía pueda ser impartida por profesores de inglés
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Inspectores de Educación boicotean claustros y censuran webs sobre EpC
"Si un claustro no tiene derecho a discutir las cuestiones pedagógicas que los afectan día a día, para qué sirve", se preguntan desde el sindicato
EUROPA PRESS
El Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV-Iv) denunció hoy el "acoso" al que algunos inspectores de educación están sometiendo a los centros docentes para impedir que aprueben manifiestos contra la política educativa del Consell y que debatan sobre Educación para la Ciudadanía (EpC). Así, el sindicato aseguró tener constancia de que la inspección ha impugnado la celebración de claustros porque entre los puntos a discutir figuraba EpC afirmó que se han "censurado" webs y levantado actas por el mismo motivo.
Las mismas fuentes detallaron que para justificar el "boicot" a un claustro que iba a abordar el tema de EpC, el inspector alega en su impugnación que "no es competencia del claustro debatir cuestiones pedagógicas que están reguladas por órganos de rango superior".
Agregaron que los claustros de la Comunitat Valenciana están aprobando manifiestos propios o adhiriéndose al de la Plataforma per l'Ensenyament Públic contra la política educativa del Gobierno valenciano, entre "cuyos despropósitos se encuentra EpC". "Si un claustro no tiene derecho a discutir las cuestiones pedagógicas que los afectan día a día, para qué sirve", se preguntaron desde el sindicato.
La entidad aseguró también que se han producido "otras presiones" a centros educativos al retirar imágenes de la web de los institutos sobre las acciones de protesta organizadas por la propia comunidad educativa.
Por ello, STEPV manifiesta que "los claustros de los centros educativos tienen la libertad y todo el derecho del mundo de discutir sobre aquello que los afecta directamente", al tiempo que denuncia "el abuso de poder de la inspección educativa y de la Administración al intentar conculcar este derecho".
En esta línea, tildaron de "intolerable que en un estado democrático la administración obstaculice, boicotee y censure el debate y la libertad de expresión del profesorado".
Ante esta situación, STEPV anima a los claustros a "no dejarse intimidar por estas presiones y a continuar debatiendo sobre la nefasta y autoritaria política educativa del Gobierno valenciano, aprobando y publicitando los manifiestos que consideren oportunos, organizando encierros y acciones de protesta junto con la comunidad educativa y acudiendo masivamente a la gran manifestación del 29 de noviembre y a la huelga del 17 de diciembre".
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El debate de Ciudadanía llega a la BBC
Un real decreto impide al profesor de inglés dar EpC
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CCOO vuelve a la carga contra las instrucciones de Ciudadanía
El sindicato presentó hoy ante el TSJ un recurso contencioso-administrativo contra las instrucciones dictadas por la conselleria para concretar su modelo de impartición de la asignatura
EUROPA PRESS
La Federació d'Ensenyament de CCOO (FE CCOO PV) presentó hoy ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) un recurso contencioso-administrativo contra las instrucciones dictadas por la Conselleria de Educación para concretar su modelo de impartición de la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC) en inglés.
El sindicato interpone este recurso después de que el TSJCV rechazara dejar sin efecto estas instrucciones al desestimar el escrito presentado por CCOO de incidente de ejecución la sentencia de suspensión cautelar dictado por el propio Tribunal de algunos de los artículos de la orden valenciana de desarrollo de EpC, en concreto los referentes a la posilibidad de superar la materia mediante un trabajo y de evaluar los conocimientos de inglés.
La federación de enseñanza ha recurrido a este trámite porque considera que las instrucciones de 1 de septiembre "conculcan derechos laborales del profesorado y van contra la legislación de ámbito estatal vigente".
La entidad dio a conocer la presentación del recurso hoy en el marco del VIII Congreso de la FE CCOO PV que está celebrando en la localidad de Calp (Alicante). En intervenciones particulares, los delegados han informado de que en los IES Alcàsser, Albal y Picassent no hay clases de EpC desde el inicio de curso porque la persona destinada por la Conselleria --un docente de la bolsa de Historia, habilitada en inglés-- está de baja y no se ha asignado ningún sustituto.
Asimismo, en la sesión se aprobó además el informe del secretario general saliente, Manolo Picó. La aprobación del informe supone el aval del máximo órgano federal, la asamblea congresual, a la gestión y las líneas ideológicas seguidas por el organismo en los últimos cuatro años, destacaron fuentes del sindicato, que apuntaron que este vez el informe ha sido valorado como un motivo por avalar también la trayectoria del actual secretario general que no se presenta a la reelección dado que estatutariamente no se pueden superar los tres mandatos consecutivos.
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Los directores de instituto de España piden que EpC quede fuera del debate político
Los inspectores mantienen la presión
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"Dar Ciudadanía en inglés es un disparate educativo"
NEUS CABALLER
Inspectores de toda España critican la política del Consell
Cerca de 400 inspectores de educación de toda España aprobaron un texto en el que se califica de "disparate educativo" y "arbitrariedad administrativa" la regulación que la Generalitat ha hecho de la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC). Los inspectores, que asistían al X Congreso de Adide-Federación en Zaragoza mostraron su preocupación por las contradictorias regulaciones e interpretaciones que se han hecho por determinadas administraciones de esta asignatura.
"Es una decisión arbitraria porque no tiene justificación objetiva"
Los inspectores creen que el empecinamiento de la Generalitat es una arbitrariedad "porque no tiene justificación objetiva la elección de esta materia [EpC] para introducir el inglés como lengua de instrucción, cuando no se garantiza la incorporación del inglés en el segundo ciclo de Educación Infantil, siendo obligatorio".
La Asociación de Inspectores de Educación (Adide) que representa al 90% de los funcionarios de toda España, consideró en su comunicado un "disparate educativo la fórmula organizativa y metodológica de dos profesores en el aula simultáneamente: uno que conoce la materia, pero desconoce la lengua de instrucción; y otro, que desconoce la materia, pero es necesario para darla en inglés". La resolución rechaza la "utilización de la inspección por parte de cualquier Administración para imponer al profesorado y a los centros fórmulas de impartir u obstaculizar la aplicación de la Ciudadanía, tan arbitrarias y disparatadas como las citadas".
La federación valenciana de Adide denunció en octubre la instrumentalización de los inspectores como "comisarios políticos", a través de unas "instrucciones" de la Consejería de Educación que ordenan interrogatorios y controles en las 2.120 aulas donde se ha estrenado esta conflictiva versión inglesa.
La resolución de Adide recuerda que el Informe Delors de 1996 incluía la necesidad de tratar desde el sistema educativo los temas éticos y los problemas de convivencia. El Consejo de Europa en 1997 consideró la EpC "un objetivo prioritario de la política educativa".
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Ciudadanía en inglés llega a la BBC
La cadena inglesa BBC ha visitado los IES Veles e Vents de Gandia y el Serra Perenxisa de Torrent para comprobar 'in situ' como se está impartiendo la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC), que en la Comunitat Valenciana se da en lengua inglesa.
EUROPA PRESS
Los reporteros se han entrevistado además con miembros de la comunidad educativa sobre el "conflicto generado por la Conselleria de Educación" por la impartición de esta materia en lengua extranjera, según informaron hoy fuentes del Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV-Iv).
Desde hace más de un mes la cadena está preparando un programa de radio sobre este tema que se emitirá el próximo 4 de diciembre. Para hacerlo se pusieron en contacto con STEPV-Iv y ayer martes, 11 de noviembre, un equipo se desplazó desde Londres hasta tierras valencianas, relataron las mismas fuentes.
Por la mañana asistieron a una clase de EpC a la IES Veles e Vents de Gandia (Valencia) y entrevistaron varios miembros del profesorado, dirección del centro, padres y madres y alumnado. Los periodistas de la BBC "pudieron comprobar las dificultades por poder impartir con normalidad esta asignatura en inglés y con dos profesores en el aula", aseguraron.
Ya por la tarde, asistieron al encierro realizado por el IES Serra Perenxisa de Torrent (Valencia) acompañados por representante de STEPV. En este instituto también registraron las opiniones de la comunidad educativa al respecto de EpC y de las movilizaciones y acciones de los centros educativos valencianos a la política educativa del Gobierno valenciano.
Los periodistas también pudieron grabar las actividades del encierro, como videoforum, un taller de pancartas, una cena de hermandad y un concierto del cantautor torrentino Pau Alabajos.
Para STEPV, el interés de la BBC "pone de manifiesto la internacionalización del conflicto, que nunca se tendría que haber producido", subrayaron.En este sentido, consideraron que "la imagen que se está transmitiendo de la enseñanza a la sociedad valenciana, al resto del Estado Español y en Europa es denigrante para los profesionales de la enseñanza que se ven obligados a cumplir normas absurdas y contrarias a su dignidad profesional".
REUNIÓN
Por otra parte, y sobre la reunión que la Plataforma en defensa de l'ensenyament públic mantendrá el próximo 17 de noviembre con la secretaria autonómica de Educación, Concha Gómez, STEPV avanzó que va a exigir que "se aborde la solución del conflicto con la retirada o suspensión del orden de la Conselleria de Educación de EpC".
"De lo contrario --advirtieron-- la reunión no supondrá ningún avance en la solución del conflicto" y el sindicato exigirá la convocatoria de una reunión con el presidente de al Generalitat, Francisco Camps. Asimismo, hace un llamamiento a la "participación masiva" en la manifestación del 29 de noviembre y en la huelga del día 17 de diciembre.
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Concha Gómez convoca a la Plataforma por la Enseñanza para el lunes
Inspectores educativos de toda España califican de disparate Ciudadanía en inglés
Desestimada la suspensión cautelar de la orden de impartir Ciudadanía en inglés
El Ministerio niega que Ciudadanía pueda ser impartida por profesores de inglés
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Inspectores de Educación boicotean claustros y censuran webs sobre EpC
"Si un claustro no tiene derecho a discutir las cuestiones pedagógicas que los afectan día a día, para qué sirve", se preguntan desde el sindicato
EUROPA PRESS
El Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV-Iv) denunció hoy el "acoso" al que algunos inspectores de educación están sometiendo a los centros docentes para impedir que aprueben manifiestos contra la política educativa del Consell y que debatan sobre Educación para la Ciudadanía (EpC). Así, el sindicato aseguró tener constancia de que la inspección ha impugnado la celebración de claustros porque entre los puntos a discutir figuraba EpC afirmó que se han "censurado" webs y levantado actas por el mismo motivo.
Las mismas fuentes detallaron que para justificar el "boicot" a un claustro que iba a abordar el tema de EpC, el inspector alega en su impugnación que "no es competencia del claustro debatir cuestiones pedagógicas que están reguladas por órganos de rango superior".
Agregaron que los claustros de la Comunitat Valenciana están aprobando manifiestos propios o adhiriéndose al de la Plataforma per l'Ensenyament Públic contra la política educativa del Gobierno valenciano, entre "cuyos despropósitos se encuentra EpC". "Si un claustro no tiene derecho a discutir las cuestiones pedagógicas que los afectan día a día, para qué sirve", se preguntaron desde el sindicato.
La entidad aseguró también que se han producido "otras presiones" a centros educativos al retirar imágenes de la web de los institutos sobre las acciones de protesta organizadas por la propia comunidad educativa.
Por ello, STEPV manifiesta que "los claustros de los centros educativos tienen la libertad y todo el derecho del mundo de discutir sobre aquello que los afecta directamente", al tiempo que denuncia "el abuso de poder de la inspección educativa y de la Administración al intentar conculcar este derecho".
En esta línea, tildaron de "intolerable que en un estado democrático la administración obstaculice, boicotee y censure el debate y la libertad de expresión del profesorado".
Ante esta situación, STEPV anima a los claustros a "no dejarse intimidar por estas presiones y a continuar debatiendo sobre la nefasta y autoritaria política educativa del Gobierno valenciano, aprobando y publicitando los manifiestos que consideren oportunos, organizando encierros y acciones de protesta junto con la comunidad educativa y acudiendo masivamente a la gran manifestación del 29 de noviembre y a la huelga del 17 de diciembre".
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El debate de Ciudadanía llega a la BBC
Un real decreto impide al profesor de inglés dar EpC
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CCOO vuelve a la carga contra las instrucciones de Ciudadanía
El sindicato presentó hoy ante el TSJ un recurso contencioso-administrativo contra las instrucciones dictadas por la conselleria para concretar su modelo de impartición de la asignatura
EUROPA PRESS
La Federació d'Ensenyament de CCOO (FE CCOO PV) presentó hoy ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) un recurso contencioso-administrativo contra las instrucciones dictadas por la Conselleria de Educación para concretar su modelo de impartición de la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC) en inglés.
El sindicato interpone este recurso después de que el TSJCV rechazara dejar sin efecto estas instrucciones al desestimar el escrito presentado por CCOO de incidente de ejecución la sentencia de suspensión cautelar dictado por el propio Tribunal de algunos de los artículos de la orden valenciana de desarrollo de EpC, en concreto los referentes a la posilibidad de superar la materia mediante un trabajo y de evaluar los conocimientos de inglés.
La federación de enseñanza ha recurrido a este trámite porque considera que las instrucciones de 1 de septiembre "conculcan derechos laborales del profesorado y van contra la legislación de ámbito estatal vigente".
La entidad dio a conocer la presentación del recurso hoy en el marco del VIII Congreso de la FE CCOO PV que está celebrando en la localidad de Calp (Alicante). En intervenciones particulares, los delegados han informado de que en los IES Alcàsser, Albal y Picassent no hay clases de EpC desde el inicio de curso porque la persona destinada por la Conselleria --un docente de la bolsa de Historia, habilitada en inglés-- está de baja y no se ha asignado ningún sustituto.
Asimismo, en la sesión se aprobó además el informe del secretario general saliente, Manolo Picó. La aprobación del informe supone el aval del máximo órgano federal, la asamblea congresual, a la gestión y las líneas ideológicas seguidas por el organismo en los últimos cuatro años, destacaron fuentes del sindicato, que apuntaron que este vez el informe ha sido valorado como un motivo por avalar también la trayectoria del actual secretario general que no se presenta a la reelección dado que estatutariamente no se pueden superar los tres mandatos consecutivos.
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Los directores de instituto de España piden que EpC quede fuera del debate político
Los inspectores mantienen la presión
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dissabte, 18 d’octubre del 2008
Dependència al PV: La Casa Real se interesa por el retraso en aplicar la ley de Dependencia a una vecina de Orihuela.
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Dependència
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La Casa Real se interesa por el retraso en aplicar la ley de Dependencia a una vecina de Orihuela
El Síndic de Greuges asegura que ya ha recogido 1.600 quejas de personas con discapacidad
Efe/E.P., Orihuela/Valencia
Un vecino de Orihuela, cuya madre padece Alzheimer y presenta una minusvalía del 100 por cien, ha solicitado a Doña Sofía que interceda para que en la Comunidad Valenciana se aplique la Ley de Dependencia, según ha explicado el propio afectado.En respuesta a su petición, la Casa Real le ha informado que Su Majestad "ha dispuesto la remisión" de la carta al Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, así como a la Consellería de Bienestar Social de la Generalitat, "para estudio y consideración, y de donde recibirá la contestación que proceda al respecto".
Tanto su petición como la respuesta dada por la Casa Real fue mostrada ayer por Manuel García, quien, además de atender a su madre, ayuda a su padre de 86 años y a su hermana, quien recientemente fue operada de los brazos.García ha explicado que solicitó "la intermediación" de la Casa Real con el objeto de lograr "que en el más breve plazo posible de tiempo la Generalitat desbloquee las ayudas que están previstas y que tienen dotación presupuestaria".
En su carta, García relata que su madre lleva veinte años padeciendo la enfermedad, con una minusvalía del cien por cien, por lo que solicitó "hace más de un año" la ayuda que otorga la Ley de Dependencia para poder sufragar la contratación de una persona que le ayude en las labores asistenciales.
Según recoge la carta de respuesta de la Casa Real, el jefe de la Secretaria de Su Majestad la Reina informa que Doña Sofía "lamenta profundamente las circunstancias" descritas por Manuel García y traslada un mensaje para encontrar "una pronta solución".La orden dispuesta por Doña Sofía de remitir la carta al citado Ministerio ya ha recibido respuesta de este último, quien ha comunicado al afectado que corresponde a las comunidades autónomas "la planificación, ordenación, coordinación y dirección de los servicios de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia".
Asimismo, la Subdirección General de Planificación, Ordenación y Evaluación del Ministerio de Política Social añade que es competencia de las comunidades autónomas "el reconocimiento del grado y nivel de dependencia , así como la gestión de los servicios y prestaciones del sistema". En este sentido, García ha explicado que la Consellería de Bienestar Social reconoce en un informe que su madre tiene un grado 3 de dependencia y nivel 2, es decir "dependencia permanente", según un dictamen técnico realizado por la Comisión de Valoración.
El Síndic tiene 1.600 quejasPor otra parte, el Síndic de Greuges, Carlos Morenilla, aseguró ayer, durante su visita al Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunitat Valenciana (Cermi-CV), que ha recibido 1.600 quejas de personas con discapacidad en situación de dependencia, según fuentes de la entidad. El Síndic ofreció su intermediación ante la administración, así como a actuar como altavoz de las reivindicaciones de las personas con discapacidad ante los responsables de los poderes públicos.
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Dependència
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La Casa Real se interesa por el retraso en aplicar la ley de Dependencia a una vecina de Orihuela
El Síndic de Greuges asegura que ya ha recogido 1.600 quejas de personas con discapacidad
Efe/E.P., Orihuela/Valencia
Un vecino de Orihuela, cuya madre padece Alzheimer y presenta una minusvalía del 100 por cien, ha solicitado a Doña Sofía que interceda para que en la Comunidad Valenciana se aplique la Ley de Dependencia, según ha explicado el propio afectado.En respuesta a su petición, la Casa Real le ha informado que Su Majestad "ha dispuesto la remisión" de la carta al Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, así como a la Consellería de Bienestar Social de la Generalitat, "para estudio y consideración, y de donde recibirá la contestación que proceda al respecto".
Tanto su petición como la respuesta dada por la Casa Real fue mostrada ayer por Manuel García, quien, además de atender a su madre, ayuda a su padre de 86 años y a su hermana, quien recientemente fue operada de los brazos.García ha explicado que solicitó "la intermediación" de la Casa Real con el objeto de lograr "que en el más breve plazo posible de tiempo la Generalitat desbloquee las ayudas que están previstas y que tienen dotación presupuestaria".
En su carta, García relata que su madre lleva veinte años padeciendo la enfermedad, con una minusvalía del cien por cien, por lo que solicitó "hace más de un año" la ayuda que otorga la Ley de Dependencia para poder sufragar la contratación de una persona que le ayude en las labores asistenciales.
Según recoge la carta de respuesta de la Casa Real, el jefe de la Secretaria de Su Majestad la Reina informa que Doña Sofía "lamenta profundamente las circunstancias" descritas por Manuel García y traslada un mensaje para encontrar "una pronta solución".La orden dispuesta por Doña Sofía de remitir la carta al citado Ministerio ya ha recibido respuesta de este último, quien ha comunicado al afectado que corresponde a las comunidades autónomas "la planificación, ordenación, coordinación y dirección de los servicios de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia".
Asimismo, la Subdirección General de Planificación, Ordenación y Evaluación del Ministerio de Política Social añade que es competencia de las comunidades autónomas "el reconocimiento del grado y nivel de dependencia , así como la gestión de los servicios y prestaciones del sistema". En este sentido, García ha explicado que la Consellería de Bienestar Social reconoce en un informe que su madre tiene un grado 3 de dependencia y nivel 2, es decir "dependencia permanente", según un dictamen técnico realizado por la Comisión de Valoración.
El Síndic tiene 1.600 quejasPor otra parte, el Síndic de Greuges, Carlos Morenilla, aseguró ayer, durante su visita al Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunitat Valenciana (Cermi-CV), que ha recibido 1.600 quejas de personas con discapacidad en situación de dependencia, según fuentes de la entidad. El Síndic ofreció su intermediación ante la administración, así como a actuar como altavoz de las reivindicaciones de las personas con discapacidad ante los responsables de los poderes públicos.
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Ensenyament al País Valencià.
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Educació
EpC
EpC al País Valencià.
EpC: Rebel.lió a les aules. I el Sheriff dóna instruccions de mà dura.
La 'Citizenship' de Camps tropieza con una semana de movilizaciones y paros.
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El PSPV cifra en seis millones el alquiler anual de los barracones
Font de Mora dotará de contenido a la VIU este curso y nombrará rector
Carlos Alós, ValenciaEl alquiler de los barracones en los que estudian unos 30.000 escolares le cuesta al Consell seis millones de euros anuales, a razón de 500.000 al mes y 360 por alumno. Son datos del diputado del PSPV-PSOE Adolf Sanmartín, quien ayer preguntó en el pleno de las Corts al conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, por el inicio del curso.Font de Mora no respondió a la cifra de Sanmartín, aunque rebatió con los 1.300 millones invertidos desde que Camps preside la Generalitat. Desde la conselleria de Educación señalaron que el coste anual de los alquileres ronda el millón de euros y que la cifra de escolares en barracones en este curso era de 26.407, el 2,9%, remarcaron. Sanmartín acusó al conseller de falta de previsión y éste respondió con un reto: Que el diputado socialista adivinara el número de escolares inmigrantes que iban a llegar el próximo año.
El conseller aseguró que si el Gobierno no regula la inmigración es "muy difícil" planificar la llegada de alumnos "de fuera". "Hace tres años fueron 5.000, después 9.000 y cuando parecía que iba a bajar han venido 11.000", dijo el conseller. Sanmartín tildó de ocurrencias el decreto de derechos y deberes, los planes Exit e Integra o el uniforme escolar voluntario. Afirmó que el único interés que tiene el Consell en que Educación para la Ciudadanía se imparta en inglés es "darle varapalos", al Gobierno y aseguró que los centros públicos absorben en la actualidad el 85% de los escolares inmigrantes.
Deficiencias estructurales Respecto al inicio del curso, el diputado socialista afirmó que había comenzado con las mismas deficiencias estructurales "de siempre". Criticó que haya plazas docentes sin cubrir y el absentismo o el fracaso escolar. Font de Mora dijo que los datos que manejaba el diputado estaban "anticuados y manipulados" y le reprochó que siempre recurriera a los "mismos tópicos, como Ciegsa o los barracones".
El titular de Educación aplaudió que el PSPV apoye el trilingüismo mientras Sanmartín se removía en su asiento y recordó que la ministra de Educación dijo que le parecía bien que EpC se impartiera en inglés. Antes, Font de Mora había anunciado que "en breve" nombrará al rector de la Universidad Internacional de Valencia (VIU) y que a lo largo del presente curso "aparecerán los primeros contenidos docentes con carácter experimental"para la nueva universidad.
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Educació
EpC
EpC al País Valencià.
EpC: Rebel.lió a les aules. I el Sheriff dóna instruccions de mà dura.
La 'Citizenship' de Camps tropieza con una semana de movilizaciones y paros.
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El PSPV cifra en seis millones el alquiler anual de los barracones
Font de Mora dotará de contenido a la VIU este curso y nombrará rector
Carlos Alós, ValenciaEl alquiler de los barracones en los que estudian unos 30.000 escolares le cuesta al Consell seis millones de euros anuales, a razón de 500.000 al mes y 360 por alumno. Son datos del diputado del PSPV-PSOE Adolf Sanmartín, quien ayer preguntó en el pleno de las Corts al conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, por el inicio del curso.Font de Mora no respondió a la cifra de Sanmartín, aunque rebatió con los 1.300 millones invertidos desde que Camps preside la Generalitat. Desde la conselleria de Educación señalaron que el coste anual de los alquileres ronda el millón de euros y que la cifra de escolares en barracones en este curso era de 26.407, el 2,9%, remarcaron. Sanmartín acusó al conseller de falta de previsión y éste respondió con un reto: Que el diputado socialista adivinara el número de escolares inmigrantes que iban a llegar el próximo año.
El conseller aseguró que si el Gobierno no regula la inmigración es "muy difícil" planificar la llegada de alumnos "de fuera". "Hace tres años fueron 5.000, después 9.000 y cuando parecía que iba a bajar han venido 11.000", dijo el conseller. Sanmartín tildó de ocurrencias el decreto de derechos y deberes, los planes Exit e Integra o el uniforme escolar voluntario. Afirmó que el único interés que tiene el Consell en que Educación para la Ciudadanía se imparta en inglés es "darle varapalos", al Gobierno y aseguró que los centros públicos absorben en la actualidad el 85% de los escolares inmigrantes.
Deficiencias estructurales Respecto al inicio del curso, el diputado socialista afirmó que había comenzado con las mismas deficiencias estructurales "de siempre". Criticó que haya plazas docentes sin cubrir y el absentismo o el fracaso escolar. Font de Mora dijo que los datos que manejaba el diputado estaban "anticuados y manipulados" y le reprochó que siempre recurriera a los "mismos tópicos, como Ciegsa o los barracones".
El titular de Educación aplaudió que el PSPV apoye el trilingüismo mientras Sanmartín se removía en su asiento y recordó que la ministra de Educación dijo que le parecía bien que EpC se impartiera en inglés. Antes, Font de Mora había anunciado que "en breve" nombrará al rector de la Universidad Internacional de Valencia (VIU) y que a lo largo del presente curso "aparecerán los primeros contenidos docentes con carácter experimental"para la nueva universidad.
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EpC al País Valencià.
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A la república bananera del PV el sàtrapa nostrat no sap com fer per romandre al poder i per ajudar el cap de La Cosa Seua a arribar-hi a l'estatal. El PP -Partit Proletari si jutgem con n'estan de preocupats per l'mpacte de la crisi sobre els treballadors- segueix utilitzar com a contrapoder per fer oposició les autonomies on governa, sobretot València i Madrid, passant per l'angonal les lleis estatals de superior rang i obligat compliment, encara que sigui per la via de segrestar la comunitat educativa de llurs autonomies. Utilitzar la rebel.lia contra l'EpC o en el tema de la sanitat o de la dependència no és sinó la peculiar manera de fer oposició de la nostra dreta.
Ja sabem que, com Jaime Camino fa dir al General Rojo contestant el també General -de Navarra- Mola a "Dragon Rapide": "Todos sabemos dónde tenemos los militares la bandera: en los cojones". Allí i al compte corrent té la nostra dreta la pàtria, la bandera i la parada militar del Dia de les Forces Armades -¡qué coñazo tengo para mañana!-.
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CCOO pide al TSJ que anule las instrucciones sobre Ciudadanía por "incumplir" el auto de suspensión cautelar
El sindicato considera que hay conflicto por la presencia simultánea en el aula de dos docentes y porque el profesor de inglés participa en la evaluación.
EUROPA PRESS
El sindicato CCOO ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) la anulación de las instrucciones emitidas por al Conselleria de Educación sobre la impartición de la asignatura Educación para al Ciudadanía por entender que "incumplen" el contenido del auto de suspensión cautelar dictado por ese organismo y que anulaba la opción B --aprobar la materia con un trabajo-- y evaluar los conocimientos de lengua inglesa, informaron hoy fuentes sindicales.
Así, el pasado 2 de octubre, ante la misma Sala que emitió el auto de suspensión cautelar de la Orden de 10 de junio de 2008 por la que se regula la enseñanza de Educación para la Ciudadanía, se presentó un escrito de Incidente de Ejecución del referido auto por entender que las Instrucciones que se publicaron el 15 de septiembre, firmadas por los directores generales de Personal y de Ordenación "entran en colisión con la parte resolutiva del auto de suspensión cautelar".
En concreto, la federación de enseñanza de CCOO entiende que el conflicto se produce "con los dos puntos nucleares de las citadas Instrucciones: la presencia simultánea en el aula de dos profesores --el de filosofía o geografía e historia y el de inglés-- y que el profesor de inglés participaba en la elaboración de los criterios de evaluación y por consiguiente en la evaluación", explicaron las mismas fuentes.El pasado 6 de octubre el Tribunal Superior de Justicia dio traslado a la Conselleria de Educación del escrito de CCOO de cuyo contenido son conocedores sus responsables políticos desde el viernes de la semana pasada.
"Estos saben perfectamente de la fuerza de nuestro razonamiento y que esas instrucciones serán declaradas contrarias al auto de suspensión cautelar por lo que a la Federación de Enseñanza de CCOO PV", afirmaron fuentes de la entidad, que agregaron que por ello, "no le ha extrañado que la Conselleria haya manifestado hoy en la mesa de portavoces que va a modificar las Instrucciones por lo que hace referencia a la presencia del profesor de inglés en el aula mientras se explica Educación para la Ciudadanía y que este participe en la evaluación de esa materia".
"Después de esto --prosiguieron-- ya sólo queda la Orden en su parte no suspendida que es que se dé en inglés, lo que significa que allí donde esté o haya ido un profesor o una profesora de Filosofía o de Geografía e Historia con competencias en la lengua inglesa se impartirá en esa lengua o en la que ese profesorado considere pedagógicamente oportuno, atendiendo a las capacidades y necesidades de su alumnado o a las peticiones del mismo".
Esta parte como el resto de la Orden, "al haber sido objeto de la impugnación de la Federación de Enseñanza de CCOO PV, será objeto de la sentencia que pronuncie la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2, del TSJCV, pero mientras ese fallo se produce en aquellos centros en los que Educación para la Ciudadanía no haya sido adscrita a un profesor a una profesora de Filosofía o Geografía e Historia con competencias en inglés, esa asignatura se deberá impartirse en una de las lenguas oficiales de la Comunitat Valenciana y respetando escrupulosamente el derecho constitucional de libertad de cátedra".
Desde CCOO PV pusieron de relieve también que desde la Conselleria se les ha manifestado que no se ha abierto expediente disciplinario alguno por esta causa, pues "obviamente, de abrirse alguno, son plenamente consciente de que una vez anuladas las instrucciones los expedientes abiertos como consecuencia del supuesto incumplimiento de las mismas carecerían de motivación y no podrían concluirse con una propuesta de sanción, por lo que estarían obligados a su archivo", argumentaron.
Finalmente, recalcaron que "en ningún caso la FE CCOO PV entrará a negociar instrucción alguna que desarrolle una orden cuya anulación ha sido pedida ante el Tribunal Superior de Justicia".
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Cadena contra Educación
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Educación elaborará nuevas instrucciones para impartir EpC y reitera que habrá expedientes
CCOO, UGT y STEPV abandonan la junta de portavoces y los directores de Secundaria creen que la propuesta "no supone una solución"
EUROPA PRESS
La Conselleria de Educación va a elaborar, ante las "dudas" planteadas por la actual normativa, unas "instrucciones complementarias y aclaratorias" dirigidas al profesorado de los centros de la Comunitat sobre cómo impartir la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC) con el fin de facilitar que los docentes "puedan aplicar la normativa de manera correcta según la ley". Estas aclaraciones "se refieren exclusivamente a la organización metodológica de la asignatura", apuntaron fuentes de este departamento, que advirtieron de que quien no cumpla la norma podrá ser expedientado.Así lo han comunicado hoy representantes de la Conselleria que dirige Alejandro Font de Mora o a los sindicatos y a los directores de Secundaria, con los que se han mantenido reuniones.
Desde la Conselleria de Educación señalaron a Europa Press que, "ante las dudas planteadas por la aplicación de la actual normativa, los representantes de la Administración se han comprometido a elaborar unas instrucciones complementarias y aclaratorias dirigidas al profesorado sobre cómo impartir la asignatura para facilitar que estos puedan aplicar la normativa de manera correcta según la ley".
Agregaron que el director general de personal docente, David Barelles, ha manifestado a los representantes de la comunidad educativa la voluntad de "cooperar, colaborar y ayudar en todo lo posible al normal funcionamiento de los centros educativos en esta cuestión", al tiempo que reiteró que "aquellos que no cumplan la norma podrán ser expedientados".
Tras este encuentro, los sindicados FE-CCOO, FETE-UGT-PV y STEPV-Iv han abandonado la Junta de Portavoces de la Mesa Sectorial de Educación al "no obtener una respuesta positiva de la Conselleria para resolver el conflicto de EpC", anunciaron estas entidades en un comunicado
Los sindicatos criticaron que la Administración "no se haya comprometido a no iniciar ningún expediente contra el profesorado que imparta la asignatura en valenciano o castellano" y sobre las instrucciones aclaratorias consideraron que, "aun cuando es un reconocimiento explícito de que la Conselleria está haciendo mal las cosas, no resuelve el conflicto creado en el sistema educativo valenciano".
Ante esa propuesta, CCOO, UGT y STEPV han pedido "que no se abra ningún expediente a ningún profesor por EpC; que se deje a los centros impartir EpC de acuerdo con su programa lingüístico y que se elabore un calendario de negociación pactado que aborde los problemas reales que tienen los centros docentes".
Al no darse "ningún avance en la negociación", afirmaron, los tres sindicatos han pedido la convocatoria de una próxima reunión presidida por la secretaria autonómica de Educación, Concha Gómez, para "reconducir la situación" y abandonaron la reunión a la espera de una nueva convocatoria.
El otro sindicato representado en la Mesa, Anpe, entendió que con las instrucciones aclaratorias "la Conselleria accede a nuestra petición de que la asignatura EpC sea impartida por un solo profesor en el aula". Desde Anpe recordaron que son contrarios a la inclusión en el currículo de esta asignatura aunque recalcaron que acatan su impartición en inglés en la Comunitat, "siempre que los tribunales no se pronuncien en contra".
"ÚNICO AVANCE"
Por su parte, el portavoz de la Asociación de directores de Secundaria, Vicent Bagetto, declaró que estas instrucciones aclaratorias han supuesto el "único avance" tras al reunión que ha mantenido el colectivo con Concha Gómez.
No obstante, Bagetto subrayó a Europa Press que esta propuesta "no significa una solución, ya que va en la misma línea que hasta el momento ha mantenido la Conselleria de Educación". "Se han ratificado en que la línea roja es la impartición de la materia en inglés", agregó el director.
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Los sindicatos aseguran que el 85% de los centros educativos participa en los encierros
Para mañana está prevista una concentración simultánea en Castelló, Alicante y Valencia en las delegaciones de la Generalitat bajo el lema "Con esta educación, Font de Mora dimisión".
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Sí: una conspiració judeomasònica.
El Consell cree que las protestas contra Ciudadanía esconden intereses políticos
Rambla afirmó que "cuando se habla con los profesores, no tienen inconveniente en que se dé en inglés"
EUROPA PRESS
El vicepresidente y portavoz del Consell, Vicente Rambla, aseguró hoy que no entiende los motivos de las manifestaciones en contra de la orden de la Conselleria para que la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) y para pedir que se imparta en valenciano o castellano. En este sentido, dijo que estas protestas "esconden la voluntad de querer manifestar una discrepancia contra un modelo de Gobierno que va mucho más allá del propio de la Educación".
Rambla, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell señaló, tras ser preguntado por la manifestación ayer en contra de la orden autonómica de Educación para la Ciudadanía (EpC), consideró que "no hay ninguna razón" para que no se imparta esta asignatura que además puede hacerse en inglés, señaló.
En este sentido, criticó que se está "utilizando como excusa" la confrontación porque "cuando se habla con ellos --los profesores--, no tienen inconveniente en que se dé en inglés", afirmó.
Así pues, "si no tienen inconveniente en que se dé en inglés y quieren que se dé la asignatura, no entiendo por qué todas estas movilizaciones" que "creo que esconden otra cosa", apostilló.
El portavoz del Consell dijo al respecto que estas movilizaciones "esconden la voluntad de querer manifestar una discrepancia contra un modelo de Gobierno que va mucho más allá del propio de la Educación". Pero, "frente a eso, cada cuatro años tenemos la oportunidad de manifestarnos todos en las urnas" y, mientras "como Estado de Derecho, intentaremos cumplir la Ley como Gobierno" y hacerla cumplir a "todo el mundo", aseveró.
Por tanto, apuntó que "no hay ningún inconveniente" para que nuestros alumnos hablen valenciano, castellano y puedan también hablar inglés" y "como estamos convencidos de que eso es bueno para nuestra sociedad y futuro, respetando todas las opiniones que pueda tener parte de esa comunidad educativa, por decirlo de alguna forma --dijo en relación a a los manifestantes--, seguimos creyendo que este es un proyecto que es bueno para la enseñanza en la Comunitat y para el futuro de los alumnos".
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Clamor contra la política de Font de Mora
Las concentraciones anti Ciudadanía en inglés reunieron a miles de profesores, padres y alumnos
Maite Ducajú, ValenciaLa escueta pancarta resumía el malestar de los profesores, padres y alumnos que ayer se concentraron en la plaza de Manises de Valencia, ante el Palau de la Generalitat. "Amb aquesta educació, Font de Mora dimissió" fue el lema que firmaba, sin siglas, la Plataforma per l'Ensenyament Públic.Igual que en Valencia, con unas 3.200 personas concentradas -mil según la policía local-, las movilizaciones se repitieron en Castelló, con un millar, y en Alicante, alrededor de 3.000, según los datos que ofrecieron los sindicatos docentes al concluir la protesta en la que, sólo al final, se llegó a realizar la cadena humana, más por falta de organización que de personas. En total, unos 7.000 manifestantes -hasta 11.000 los eleva el STE- que clamaron contra "el caos" que, en su opinión, ha supuesto la política educativa del Presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y del conseller titular, Alejandro Font de Mora, con el eje de su normativa sobre la impartición de la asignatura de Ciudadanía en inglés, según repitieron uno tras otro los portavoces de las distintas organizaciones. Hacía más de diez años, y fue contra el mapa escolar, que no se daba una movilización tan secundada contra la Generalitat, recordó Luis Trapiello, de CC OO.Junto a los representantes del STE-PV, FE-CC OO, FETE-UGT, estaban los de la FAPA, la Escola Valenciana, las asociaciones de directores de Primaria y de Secundaria, el Sindicat d'Estudiants, los movimientos de renovación pedagógica, un buen porcentaje de la comunidad escolar y muchos líderes de los grupos políticos de la oposición. Por el PSPV acudieron su secretario general Jorge Alarte y Carmen Alborch; el del Bloc, Enric Morera o los responsables de UGT y CC OO, Rafael Recuenco y Joan Sifre.
La presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) de Valencia, Gemma Piqué, encargada de leer en valenciano el manifiesto con las reivindicaciones, realizó un simulacro con un profesor de inglés, traduciendo en esta esta lengua, de cómo se da la asignatura de Ciudadanía con dos docentes: "Do you understand?" (¿Entendéis) dijeron."El sistema educativo valenciano es muy malo, con graves problemas estructurales y un funcionamiento ineficiente" afirmó Piqué, quien pidió la retirada de la orden de Ciudadanía en inglés así como "la paralización de cualquier proceso administrativo iniciado contra profesores o directivos". Subrayó, también, que "antes del trilingüismo se debería conseguir el bilingüismo real" del castellano y el valenciano.
Durante la protesta se escucharon o leyeron lemas como "Yo también tengo Fontdemoramanía" o "Con la educación no se juega. Basta de amenazas de represión".Los próximos días 20 y 27 están previstas nuevas concentraciones, además de una asamblea y una movilización estudiantil.
Indignación de los equipos directivosMiembros de los equipos directivos valencianos también se concentraron ayer ante el Palau de la Generalitat reclamando trabajar en condiciones. El presidente de la permanente, Vicent Baggetto, explicó a Levante-EMV que se habían autoconvocado para manifestar "nuestro descontento" ante las dificultades que han tenido este curso para organizarlo por las distintas instrucciones de la Conselleria de Educación o el retraso en recibirlas.
"La situación continua siendo la misma; no hay movimiento ni avance" explicó Baggetto sobre el anuncio de la conselleria de emitir unas normas que "aclaren" sus propias instrucciones sobre Educación para la Ciudadanía en inglés.
"De momento, de aclaración, nada" aseguró."Si el curso ha empezado sin mayores problemas es porque los equipos directivos nos hemos dejado la piel" añadió el director del instituto Joan Fuster, de Sueca, quien recordó que "ésta es la primera vez que pasa una situación como la actual".
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El PP veta EpC en lenguas oficiales porque "muchísimos padres están encantados de que sea en inglés"
Camps dice que el secretario de la Unesco también lo apoyó y el PSPV le advierte que "pasará a la historia como presidente de los esperpentos"
Comunitat Valenciana
J. G. G., Valencia La comunidad educativa está en pie de guerra pero el PP apeló ayer a que "hay muchísimos padres que están encantados con que Educación para la Ciudadanía (EPC) se dé en inglés" para rechazar sendas propuestas del PSPV y de Compromís que reclamaban que la asignatura se imparta en una lengua oficial, castellano o valenciano, pero no en inglés con un profesor de traductor simultáneo. "No sé en qué Comunitat Valenciana vive usted; imagino que estamos en comunidades diferentes", continuó la popular Maira Barrieras al socialista Adolf Sanmartín, para insistir en que los padres demandan Education for the Citizenship para que la Comunitat sea, dijo, "pionera" en potenciar esta lengua.
El debate de la propuesta fue el colofón de una mañana en las Corts -seguida desde el palco de invitados por los sindicatos educativos- que comenzó con la pregunta del portavoz socialista, Ángel Luna, al presidente Francisco Camps. Luna, quien acusó al jefe del Consell de actuar al dictado de la "jerarquía católica", le recriminó el haber generado un "caos organizativo de todo tipo" por "torpeza, porque son unos torpes", o bien "porque quieren utilizar a los niños para una batalla moral que no se tiene que dar aquí". El PP, dijo, "sigue sin aceptar una ética pública, civil, sin estar secularizado". "Son ustedes premodernos", asestó, para ofrecerle un "pacto", "retire la orden y hablaremos en serio del asunto".
El peaje de ser "novedosos y mejorar"
Camps ni lo consideró al entenderlo como una "imposición". El presidente defendió que el modelo de EpC en inglés es "responsable, coherente y correcto", y negó que le mueva "ninguna jerarquía" ("si fuera en latín lo entendería, pero no en inglés", ironizó), sino que el Consell tomó la decisión "en aras de su propia competencia". Además del "apoyo" de la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, Camps desveló que el secretario general de la Unesco le dijo en el Palau que la iniciativa era "excepcional", e incluso acusó al PSPV de "boicotear la asignatura". El conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, admitió que el "proceso inicial complejo" dará paso "poco a poco a la normalidad", un precio que hay que pagar, vino a decir, si se quiere "mejorar", porque "hay que ser novedosos".
Manuel Bueno (PSPV) avisó a Camps: O rectifica o "pasará a la historia como presidente de los esperpentos".
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El Gobierno apela a un "diálogo responsable"
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A la república bananera del PV el sàtrapa nostrat no sap com fer per romandre al poder i per ajudar el cap de La Cosa Seua a arribar-hi a l'estatal. El PP -Partit Proletari si jutgem con n'estan de preocupats per l'mpacte de la crisi sobre els treballadors- segueix utilitzar com a contrapoder per fer oposició les autonomies on governa, sobretot València i Madrid, passant per l'angonal les lleis estatals de superior rang i obligat compliment, encara que sigui per la via de segrestar la comunitat educativa de llurs autonomies. Utilitzar la rebel.lia contra l'EpC o en el tema de la sanitat o de la dependència no és sinó la peculiar manera de fer oposició de la nostra dreta.
Ja sabem que, com Jaime Camino fa dir al General Rojo contestant el també General -de Navarra- Mola a "Dragon Rapide": "Todos sabemos dónde tenemos los militares la bandera: en los cojones". Allí i al compte corrent té la nostra dreta la pàtria, la bandera i la parada militar del Dia de les Forces Armades -¡qué coñazo tengo para mañana!-.
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CCOO pide al TSJ que anule las instrucciones sobre Ciudadanía por "incumplir" el auto de suspensión cautelar
El sindicato considera que hay conflicto por la presencia simultánea en el aula de dos docentes y porque el profesor de inglés participa en la evaluación.
EUROPA PRESS
El sindicato CCOO ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) la anulación de las instrucciones emitidas por al Conselleria de Educación sobre la impartición de la asignatura Educación para al Ciudadanía por entender que "incumplen" el contenido del auto de suspensión cautelar dictado por ese organismo y que anulaba la opción B --aprobar la materia con un trabajo-- y evaluar los conocimientos de lengua inglesa, informaron hoy fuentes sindicales.
Así, el pasado 2 de octubre, ante la misma Sala que emitió el auto de suspensión cautelar de la Orden de 10 de junio de 2008 por la que se regula la enseñanza de Educación para la Ciudadanía, se presentó un escrito de Incidente de Ejecución del referido auto por entender que las Instrucciones que se publicaron el 15 de septiembre, firmadas por los directores generales de Personal y de Ordenación "entran en colisión con la parte resolutiva del auto de suspensión cautelar".
En concreto, la federación de enseñanza de CCOO entiende que el conflicto se produce "con los dos puntos nucleares de las citadas Instrucciones: la presencia simultánea en el aula de dos profesores --el de filosofía o geografía e historia y el de inglés-- y que el profesor de inglés participaba en la elaboración de los criterios de evaluación y por consiguiente en la evaluación", explicaron las mismas fuentes.El pasado 6 de octubre el Tribunal Superior de Justicia dio traslado a la Conselleria de Educación del escrito de CCOO de cuyo contenido son conocedores sus responsables políticos desde el viernes de la semana pasada.
"Estos saben perfectamente de la fuerza de nuestro razonamiento y que esas instrucciones serán declaradas contrarias al auto de suspensión cautelar por lo que a la Federación de Enseñanza de CCOO PV", afirmaron fuentes de la entidad, que agregaron que por ello, "no le ha extrañado que la Conselleria haya manifestado hoy en la mesa de portavoces que va a modificar las Instrucciones por lo que hace referencia a la presencia del profesor de inglés en el aula mientras se explica Educación para la Ciudadanía y que este participe en la evaluación de esa materia".
"Después de esto --prosiguieron-- ya sólo queda la Orden en su parte no suspendida que es que se dé en inglés, lo que significa que allí donde esté o haya ido un profesor o una profesora de Filosofía o de Geografía e Historia con competencias en la lengua inglesa se impartirá en esa lengua o en la que ese profesorado considere pedagógicamente oportuno, atendiendo a las capacidades y necesidades de su alumnado o a las peticiones del mismo".
Esta parte como el resto de la Orden, "al haber sido objeto de la impugnación de la Federación de Enseñanza de CCOO PV, será objeto de la sentencia que pronuncie la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 2, del TSJCV, pero mientras ese fallo se produce en aquellos centros en los que Educación para la Ciudadanía no haya sido adscrita a un profesor a una profesora de Filosofía o Geografía e Historia con competencias en inglés, esa asignatura se deberá impartirse en una de las lenguas oficiales de la Comunitat Valenciana y respetando escrupulosamente el derecho constitucional de libertad de cátedra".
Desde CCOO PV pusieron de relieve también que desde la Conselleria se les ha manifestado que no se ha abierto expediente disciplinario alguno por esta causa, pues "obviamente, de abrirse alguno, son plenamente consciente de que una vez anuladas las instrucciones los expedientes abiertos como consecuencia del supuesto incumplimiento de las mismas carecerían de motivación y no podrían concluirse con una propuesta de sanción, por lo que estarían obligados a su archivo", argumentaron.
Finalmente, recalcaron que "en ningún caso la FE CCOO PV entrará a negociar instrucción alguna que desarrolle una orden cuya anulación ha sido pedida ante el Tribunal Superior de Justicia".
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Cadena contra Educación
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Educación elaborará nuevas instrucciones para impartir EpC y reitera que habrá expedientes
CCOO, UGT y STEPV abandonan la junta de portavoces y los directores de Secundaria creen que la propuesta "no supone una solución"
EUROPA PRESS
La Conselleria de Educación va a elaborar, ante las "dudas" planteadas por la actual normativa, unas "instrucciones complementarias y aclaratorias" dirigidas al profesorado de los centros de la Comunitat sobre cómo impartir la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC) con el fin de facilitar que los docentes "puedan aplicar la normativa de manera correcta según la ley". Estas aclaraciones "se refieren exclusivamente a la organización metodológica de la asignatura", apuntaron fuentes de este departamento, que advirtieron de que quien no cumpla la norma podrá ser expedientado.Así lo han comunicado hoy representantes de la Conselleria que dirige Alejandro Font de Mora o a los sindicatos y a los directores de Secundaria, con los que se han mantenido reuniones.
Desde la Conselleria de Educación señalaron a Europa Press que, "ante las dudas planteadas por la aplicación de la actual normativa, los representantes de la Administración se han comprometido a elaborar unas instrucciones complementarias y aclaratorias dirigidas al profesorado sobre cómo impartir la asignatura para facilitar que estos puedan aplicar la normativa de manera correcta según la ley".
Agregaron que el director general de personal docente, David Barelles, ha manifestado a los representantes de la comunidad educativa la voluntad de "cooperar, colaborar y ayudar en todo lo posible al normal funcionamiento de los centros educativos en esta cuestión", al tiempo que reiteró que "aquellos que no cumplan la norma podrán ser expedientados".
Tras este encuentro, los sindicados FE-CCOO, FETE-UGT-PV y STEPV-Iv han abandonado la Junta de Portavoces de la Mesa Sectorial de Educación al "no obtener una respuesta positiva de la Conselleria para resolver el conflicto de EpC", anunciaron estas entidades en un comunicado
Los sindicatos criticaron que la Administración "no se haya comprometido a no iniciar ningún expediente contra el profesorado que imparta la asignatura en valenciano o castellano" y sobre las instrucciones aclaratorias consideraron que, "aun cuando es un reconocimiento explícito de que la Conselleria está haciendo mal las cosas, no resuelve el conflicto creado en el sistema educativo valenciano".
Ante esa propuesta, CCOO, UGT y STEPV han pedido "que no se abra ningún expediente a ningún profesor por EpC; que se deje a los centros impartir EpC de acuerdo con su programa lingüístico y que se elabore un calendario de negociación pactado que aborde los problemas reales que tienen los centros docentes".
Al no darse "ningún avance en la negociación", afirmaron, los tres sindicatos han pedido la convocatoria de una próxima reunión presidida por la secretaria autonómica de Educación, Concha Gómez, para "reconducir la situación" y abandonaron la reunión a la espera de una nueva convocatoria.
El otro sindicato representado en la Mesa, Anpe, entendió que con las instrucciones aclaratorias "la Conselleria accede a nuestra petición de que la asignatura EpC sea impartida por un solo profesor en el aula". Desde Anpe recordaron que son contrarios a la inclusión en el currículo de esta asignatura aunque recalcaron que acatan su impartición en inglés en la Comunitat, "siempre que los tribunales no se pronuncien en contra".
"ÚNICO AVANCE"
Por su parte, el portavoz de la Asociación de directores de Secundaria, Vicent Bagetto, declaró que estas instrucciones aclaratorias han supuesto el "único avance" tras al reunión que ha mantenido el colectivo con Concha Gómez.
No obstante, Bagetto subrayó a Europa Press que esta propuesta "no significa una solución, ya que va en la misma línea que hasta el momento ha mantenido la Conselleria de Educación". "Se han ratificado en que la línea roja es la impartición de la materia en inglés", agregó el director.
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Los sindicatos aseguran que el 85% de los centros educativos participa en los encierros
Para mañana está prevista una concentración simultánea en Castelló, Alicante y Valencia en las delegaciones de la Generalitat bajo el lema "Con esta educación, Font de Mora dimisión".
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Sí: una conspiració judeomasònica.
El Consell cree que las protestas contra Ciudadanía esconden intereses políticos
Rambla afirmó que "cuando se habla con los profesores, no tienen inconveniente en que se dé en inglés"
EUROPA PRESS
El vicepresidente y portavoz del Consell, Vicente Rambla, aseguró hoy que no entiende los motivos de las manifestaciones en contra de la orden de la Conselleria para que la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) y para pedir que se imparta en valenciano o castellano. En este sentido, dijo que estas protestas "esconden la voluntad de querer manifestar una discrepancia contra un modelo de Gobierno que va mucho más allá del propio de la Educación".
Rambla, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell señaló, tras ser preguntado por la manifestación ayer en contra de la orden autonómica de Educación para la Ciudadanía (EpC), consideró que "no hay ninguna razón" para que no se imparta esta asignatura que además puede hacerse en inglés, señaló.
En este sentido, criticó que se está "utilizando como excusa" la confrontación porque "cuando se habla con ellos --los profesores--, no tienen inconveniente en que se dé en inglés", afirmó.
Así pues, "si no tienen inconveniente en que se dé en inglés y quieren que se dé la asignatura, no entiendo por qué todas estas movilizaciones" que "creo que esconden otra cosa", apostilló.
El portavoz del Consell dijo al respecto que estas movilizaciones "esconden la voluntad de querer manifestar una discrepancia contra un modelo de Gobierno que va mucho más allá del propio de la Educación". Pero, "frente a eso, cada cuatro años tenemos la oportunidad de manifestarnos todos en las urnas" y, mientras "como Estado de Derecho, intentaremos cumplir la Ley como Gobierno" y hacerla cumplir a "todo el mundo", aseveró.
Por tanto, apuntó que "no hay ningún inconveniente" para que nuestros alumnos hablen valenciano, castellano y puedan también hablar inglés" y "como estamos convencidos de que eso es bueno para nuestra sociedad y futuro, respetando todas las opiniones que pueda tener parte de esa comunidad educativa, por decirlo de alguna forma --dijo en relación a a los manifestantes--, seguimos creyendo que este es un proyecto que es bueno para la enseñanza en la Comunitat y para el futuro de los alumnos".
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Clamor contra la política de Font de Mora
Las concentraciones anti Ciudadanía en inglés reunieron a miles de profesores, padres y alumnos
Maite Ducajú, ValenciaLa escueta pancarta resumía el malestar de los profesores, padres y alumnos que ayer se concentraron en la plaza de Manises de Valencia, ante el Palau de la Generalitat. "Amb aquesta educació, Font de Mora dimissió" fue el lema que firmaba, sin siglas, la Plataforma per l'Ensenyament Públic.Igual que en Valencia, con unas 3.200 personas concentradas -mil según la policía local-, las movilizaciones se repitieron en Castelló, con un millar, y en Alicante, alrededor de 3.000, según los datos que ofrecieron los sindicatos docentes al concluir la protesta en la que, sólo al final, se llegó a realizar la cadena humana, más por falta de organización que de personas. En total, unos 7.000 manifestantes -hasta 11.000 los eleva el STE- que clamaron contra "el caos" que, en su opinión, ha supuesto la política educativa del Presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y del conseller titular, Alejandro Font de Mora, con el eje de su normativa sobre la impartición de la asignatura de Ciudadanía en inglés, según repitieron uno tras otro los portavoces de las distintas organizaciones. Hacía más de diez años, y fue contra el mapa escolar, que no se daba una movilización tan secundada contra la Generalitat, recordó Luis Trapiello, de CC OO.Junto a los representantes del STE-PV, FE-CC OO, FETE-UGT, estaban los de la FAPA, la Escola Valenciana, las asociaciones de directores de Primaria y de Secundaria, el Sindicat d'Estudiants, los movimientos de renovación pedagógica, un buen porcentaje de la comunidad escolar y muchos líderes de los grupos políticos de la oposición. Por el PSPV acudieron su secretario general Jorge Alarte y Carmen Alborch; el del Bloc, Enric Morera o los responsables de UGT y CC OO, Rafael Recuenco y Joan Sifre.
La presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) de Valencia, Gemma Piqué, encargada de leer en valenciano el manifiesto con las reivindicaciones, realizó un simulacro con un profesor de inglés, traduciendo en esta esta lengua, de cómo se da la asignatura de Ciudadanía con dos docentes: "Do you understand?" (¿Entendéis) dijeron."El sistema educativo valenciano es muy malo, con graves problemas estructurales y un funcionamiento ineficiente" afirmó Piqué, quien pidió la retirada de la orden de Ciudadanía en inglés así como "la paralización de cualquier proceso administrativo iniciado contra profesores o directivos". Subrayó, también, que "antes del trilingüismo se debería conseguir el bilingüismo real" del castellano y el valenciano.
Durante la protesta se escucharon o leyeron lemas como "Yo también tengo Fontdemoramanía" o "Con la educación no se juega. Basta de amenazas de represión".Los próximos días 20 y 27 están previstas nuevas concentraciones, además de una asamblea y una movilización estudiantil.
Indignación de los equipos directivosMiembros de los equipos directivos valencianos también se concentraron ayer ante el Palau de la Generalitat reclamando trabajar en condiciones. El presidente de la permanente, Vicent Baggetto, explicó a Levante-EMV que se habían autoconvocado para manifestar "nuestro descontento" ante las dificultades que han tenido este curso para organizarlo por las distintas instrucciones de la Conselleria de Educación o el retraso en recibirlas.
"La situación continua siendo la misma; no hay movimiento ni avance" explicó Baggetto sobre el anuncio de la conselleria de emitir unas normas que "aclaren" sus propias instrucciones sobre Educación para la Ciudadanía en inglés.
"De momento, de aclaración, nada" aseguró."Si el curso ha empezado sin mayores problemas es porque los equipos directivos nos hemos dejado la piel" añadió el director del instituto Joan Fuster, de Sueca, quien recordó que "ésta es la primera vez que pasa una situación como la actual".
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El PP veta EpC en lenguas oficiales porque "muchísimos padres están encantados de que sea en inglés"
Camps dice que el secretario de la Unesco también lo apoyó y el PSPV le advierte que "pasará a la historia como presidente de los esperpentos"
Comunitat Valenciana
J. G. G., Valencia La comunidad educativa está en pie de guerra pero el PP apeló ayer a que "hay muchísimos padres que están encantados con que Educación para la Ciudadanía (EPC) se dé en inglés" para rechazar sendas propuestas del PSPV y de Compromís que reclamaban que la asignatura se imparta en una lengua oficial, castellano o valenciano, pero no en inglés con un profesor de traductor simultáneo. "No sé en qué Comunitat Valenciana vive usted; imagino que estamos en comunidades diferentes", continuó la popular Maira Barrieras al socialista Adolf Sanmartín, para insistir en que los padres demandan Education for the Citizenship para que la Comunitat sea, dijo, "pionera" en potenciar esta lengua.
El debate de la propuesta fue el colofón de una mañana en las Corts -seguida desde el palco de invitados por los sindicatos educativos- que comenzó con la pregunta del portavoz socialista, Ángel Luna, al presidente Francisco Camps. Luna, quien acusó al jefe del Consell de actuar al dictado de la "jerarquía católica", le recriminó el haber generado un "caos organizativo de todo tipo" por "torpeza, porque son unos torpes", o bien "porque quieren utilizar a los niños para una batalla moral que no se tiene que dar aquí". El PP, dijo, "sigue sin aceptar una ética pública, civil, sin estar secularizado". "Son ustedes premodernos", asestó, para ofrecerle un "pacto", "retire la orden y hablaremos en serio del asunto".
El peaje de ser "novedosos y mejorar"
Camps ni lo consideró al entenderlo como una "imposición". El presidente defendió que el modelo de EpC en inglés es "responsable, coherente y correcto", y negó que le mueva "ninguna jerarquía" ("si fuera en latín lo entendería, pero no en inglés", ironizó), sino que el Consell tomó la decisión "en aras de su propia competencia". Además del "apoyo" de la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, Camps desveló que el secretario general de la Unesco le dijo en el Palau que la iniciativa era "excepcional", e incluso acusó al PSPV de "boicotear la asignatura". El conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, admitió que el "proceso inicial complejo" dará paso "poco a poco a la normalidad", un precio que hay que pagar, vino a decir, si se quiere "mejorar", porque "hay que ser novedosos".
Manuel Bueno (PSPV) avisó a Camps: O rectifica o "pasará a la historia como presidente de los esperpentos".
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El Gobierno apela a un "diálogo responsable"
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